Introducción

Definir la frontera que comparten Venezuela y Colombia desde la mirada estrictamente geográfica es sencillo. Basta con ubicar en los mapas, los cuatro estados venezolanos que comparten límite internacional con los seis departamentos colombianos e identificar los pasos legales donde operan regularmente las aduanas y están presentes las autoridades policiales, militares y fiscales. Pero, podemos afirmar que esa es realmente la frontera que comparten 2.200 kilómetros dos naciones hermanadas por la historia, separadas por la historia y obligadas a entenderse porque la vecindad es mayor que la distancia y la política que gira en torno a ellas (Ibanez, 1996).

Como fue descrito en el trabajo titulado Venezuela y Colombia: 12 años de encuentros y desencuentros

…Venezuela y Colombia comparten un espacio territorial que constituye la zona fronteriza más dinámica de toda Sudamérica, afirmación que deriva de las múltiples relaciones que en ella cohabitan y que trascienden el ámbito meramente geográfico para adentrarse en el quehacer cotidiano de los ciudadanos de ese tercer país llamado la frontera (Belandria, 2013, p. 147).

Cuadro de construcción propia.

La frontera entre la República Bolivariana de Venezuela y la Republica de Colombia ha sido definida como una Zona de Integración Fronteriza (ZIF). Este es un concepto ampliamente conocido y debatido. Al respecto, y para ahondar en los aspectos positivos que queremos resaltar inicialmente, tomamos lo que señala la página oficial de la Comunidad Andina, la Decisión 501 en su artículo 1 define a las ZIFs “Las Zonas de Integración Fronteriza(ZIF) sonlosámbitosterritoriales fronterizos adyacentes de los países miembros de la Comunidad Andina, en las que se ejecutarán planes y proyectos para impulsar su desarrollo de manera conjunta, compartida y coordinada”. (CAN, 2001).

Si bien es cierto que Venezuela abandonó la CAN en 2011, tanto los criterios para su identificación y delimitación, como las acciones que deben emprenderse en la ZIF deberían ser considerados en una relación binacional cuyo desarrollo es concomitante a los dos países.

Igualmente, y para mayor comprensión de la complejidad que nos ocupa, consultamos el trabajo de la profesora Socorro Ramírez denominado “Las Zonas de Integración Fronteriza (ZIF): Avances y Retrocesos. (Ramirez, 2005), que aborda los aspectos esenciales de una dinámica fronteriza de complementariedad y cooperación, necesarias, indispensables y perentorias

La frontera, históricamente ha carecido de lo que se denomina la política integral en los espacios fronterizos, pues la visión centralista y ordenadora ha privilegiado bien el manejo militar, bien la concepción desarrollista, pero nunca una perspectiva realmente integradora y que responda tanto a las realidades cotidianas de los habitantes de la frontera, como a un esfuerzo concertado entre ambas naciones. Los gobiernos actúan de espaldas a los espacios fronterizos no a través de ellos.

Si revisamos brevemente el marco normativo venezolano, encontramos multiplicidad de leyes. Estas, atienden la coyuntura, pero no la globalidad. Amodo solo referencial se mencionan: la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación; Ley Penal del Ambiente; Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos, el Decreto Nº 1859 de fecha 18 de junio de 2015 que creó las Zonas de Defensa Integral Marítima e Insular (ZODIMAIN), la Gaceta Oficial Nº 40.744 del 11 de septiembre de 2015 que fijó el concepto de Nueva Frontera de Paz y finalmente, las previsiones contenidas en el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley, de diciembre 2014, conocida como la Ley de Regionalización Integral para el desarrollo socio- productivo y la Ley Orgánica de Fronteras, dictada bajo ley habilitante el 30 de diciembre de 2015 y bajo la influencia del cierre decretado en agosto de 2015.

Es fácil percibir que el aspecto militar dentro de la política integral en los espacios fronterizos, tiene un peso mayor y lejos de ser concurrente con las actividades civiles, excluye a las autoridades legítimamente electas, concediendo al estamento castrense el control, la regulación y por ende el manejo de los espacios fronterizos, con las consecuencias que abordaremos más adelante.

El desarrollo económico, social y la integración no dependen del pie de fuerza militar o policial. La participación de la fuerza armada nacional en los espacios fronterizos se encuentra delimitada por la Constitución Nacional, la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y las demás leyes y reglamentos aplicables. En la práctica, ha sido todo lo contrario, los límites se flexibilizaron en detrimento de la sociedad civil o sencillamente no existen y la militarización de los espacios es cada vez más evidente. La frontera debe ser civilista, democrática e integradora y se debe privilegiar el desarrollo a través de la descentralización.

1. Cierre de la Frontera o Restricción en los pasos fronterizos

El cierre de las fronteras y de los pasos fronterizos en el mundo contemporáneo solo debe ocurrir excepcionalmente. Laintegración, lacomplementariedad y la cooperación son los elementos que deben orientar una verdadera política de fronteras.

Para emplear el ejemplo más conocido de la eliminación de los pasos y de la consolidación de los espacios, bueno es recurrir a lo que se denomina el espacio Schengen de la Unión Europea. De acuerdo a la definición que emplea el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de España.

¿Qué es el espacio Schengen? El espacio Schengen es un grupo de 26 países que abolieron los controles inmigratorios en sus fronteras comunes, funcionando en términos de fronteras exteriores como un solo país. Este espacio fue creado en 1995 por el Acuerdo de Schengen. Los países que aplican íntegramente el acervo Schengen expiden visados uniformes, que permiten a sus titulares tránsitos aeroportuarios (visados tipo A) o estancias de hasta 90 días por semestre en todo su territorio (visados tipo C), de modo que, una vez cruzada la frontera de cualquiera de los países incluidos en el espacio Schengen, podrán circular libremente por dicho espacio y permanecer en el mismo hasta la fecha límite de sus visados, sin verse obligados a obtener un visado distinto para cada país que pretendan visitar (Espana, 2000).

La CAN avanzo en este mismo sentido, e igualmente lo ha hecho el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Entre Venezuela y Colombia, esa dinámica no ha sido fácil de implementar. En primer lugar, porque Venezuela exigía a todos los ciudadanos colombianos que ingresaban por tierra un visado, requisito que no era solicitado por Colombia y en segundo lugar, porque la movilidad, la rapidez y la interconexión entre ambos espacios supera la capacidad de las autoridades migratorias por controlar las migraciones o los cruces de frontera.

En 2012, Venezuela eliminó el requisito de visado para los tránsitos menores a 90 días con lo que suprimió uno de los principales elementos de corrupción de los pasos. Sin embargo, lejos se encuentra una frontera abierta, libre y cooperativa. La desconfianza, los controles militares y la centralización en la toma de las decisiones sigue siendo el elemento preponderante en las relaciones fronterizas binacionales.

Como hemos señalado solo por causas verdaderamente excepcionales, los estados en uso de sus atribuciones soberanas pueden limitar el libre tránsito de los ciudadanos y todo ello, en el caso venezolano, ajustado a las previsiones de los Estados de Excepción, contenidas en los artículos 337 al 339 de la Constitución Nacional. Lamentablemente, no ha sido este el caso.

La frontera comenzó a cerrarse, sin que mediara un decreto que indicara las causas, el plazo de ejecución y los límites al ejercicio de las competencias de las autoridades encargadas de realizar las acciones.

Inicialmente, el gobierno venezolano cerraba los pasos- entiéndase los sitios de transito legalmente establecidos- primero 24 horas antes de un proceso de elecciones, posteriormente, durante las noches y hastapor 12 horas aduciendo razones de seguridad, y finalmente, mediante Resoluciones Ministeriales conjuntas de los ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz conjuntamente con el de la Defensa de fechas 20 y 28 de agosto de 2015 y publicadas en Gacetas Oficiales de la república de Venezuela números 40728 y 40734 se ordena “restringir el desplazamiento fronterizo de personas tanto por vía terrestre aérea y marítima, así como el paso de vehículos por un lapso de setenta y dos (72) horas…”; restricción que se prorroga hasta tanto el Ejecutivo Nacional decida levantar la medida”. Adicionalmente, el decreto de estado de excepción numero 1.950 publicado en la Gaceta Oficial 6194 del 22 de agosto de 2015, con el propósito de “atender eficazmente la situación coyuntural, sistemática y sobrevenida del contrabando de extracción, de gran magnitud, …., así como la violencia delictiva que le acompaña y delitos conexos con el objeto de impedir la extensión o prolongación de sus efectos …” restringe las garantías de los derechos relacionados a la inviolabilidad del hogar doméstico y de las comunicaciones privadas en todas sus formas; así como también los derechos de libre tránsito, reunión pública o privada sin permiso previo, manifestación pacífica y la dedicación a la actividad económica de preferencia. Este decreto ha sido prorrogado en varias oportunidades da origen al presente trabajo de investigación.

Las causas aducidas en el citado decreto de estado de excepción, son las mismas que han venido esgrimiéndose desde el arribo al poder del ex presidente Hugo Chávez Frías y continuadas por el actual mandatario Nicolás Maduro Moros: paramilitarismo, contrabando y delitos financieros.

Huelgan comentarios en torno a la ausencia de mención sobre la actuación de la guerrilla tanto de las FARC-EP como del ELN que históricamente han transitado ambos lados del límite, bien para aliviarse, bien para aprovisionarse o para escapar de la persecución que las autoridades colombianas emprendieron contra ellos.

www.laranadigital.com.ve publicado el 11 de julio de 2016

En Venezuela, se abandonó la práctica instaurada por la Comisión Militar Binacional Fronteriza (Combifron). Se archivaron los manuales de operaciones combinadas y se cerraron los canales de comunicaciones fluidas e indispensables entre los mandos militares y policiales cuyos enemigos comunes poco respetan los límites legales.

La frontera para esos grupos irregulares, es el escenario propicio para comunicarse, entrenarse, aprovisionarse y actuar. La ausencia de debate entre quienes están llamados por ley a combatirlos, es precisamente lo que fomenta el incremento de las acciones violentas.

Como señala el prólogo de la obra (Avila, 2012). La Frontera caliente entre Colombia y Venezuela, titulado Unas Relaciones Atravesadas por la Violencia:

…las fronteras se presentan como zonas grises donde la débil institucionalidad estatal y los liderazgos políticos locales no solo son permisivos frente a la criminalidad, sino que en algunos casos actúan en coalición con ella. Dicho de una manera enfática, existe hoy en la frontera colombo-venezolana el creciente ascenso de un Estado virtualmente mafioso, donde no se pueden distinguir las acciones del crimen organizado de algunas instituciones estatales (Pág. 11-12).

El Presidente Nicolás Maduro Moros, entregó el Decreto de Excepción Constitucional a la Asamblea Nacional (AN) para su aprobación, lo que ocurrió el 25 de agosto de 2015. Al respecto, se explicó que el decreto “faculta ampliamente a las autoridades civiles, militares y policiales para restablecer el orden, la paz, la convivencia de la región venezolana fronteriza con Colombia”.

Con posterioridad, el estado de excepción fue extendido a los municipios Indígena Bolivariano Guajira, Mara y Almirante Padilla del Estado de Zulia. Asimismo, el 8 de septiembre de 2015, fue publicada en la Gaceta Oficial 40.742 la sentencia de la Sala Constitucional - Expediente N°. 15-0991 - sobre el Decreto Presidencial 1969, en la cual se declara la constitucionalidad de la medida de estado de excepción en los municipios Lobatera, Panamericano, García de Hevia y Ayacucho del estado Táchira, en concordancia con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.

La sentencia aclara que el decreto: “atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad ciudadana, económicos y de seguridad y defensa integral de la Nación”, la Sala igualmente estimó que el decreto resultaba “proporcional, pertinente, útil y necesario” para la protección por parte del Estado. Y por último destaco que se “atendió una situación alarmante y grave” en los seis municipios “a fin de controlar eficazmente el flagelo del contrabando de extracción de gran magnitud, organizado a diversas escalas, entre otras conductas delictivas”.

Adicionalmente, el Estado venezolano indicó que:

“el intento de asesinato de militares venezolanos quienes cumplieron con su deber estaban haciendo rondas para prever el contrabando de extracción, que se ha convertido en un gravísimo problema para nuestro país, y en los cuales están involucrados bandas criminales y grupos paramilitares y narcotráfico, ocasiono que el gobierno nacional decidiera cierre parcial de la frontera y declarara Estado de Excepción para abordar tan grave problemática, lo que ocasiono la intervención militar en el borde de la frontera con el estado Táchira, en una zona considerada como de Seguridad de Estado y que estaba habitada por nacionales colombianos indocumentados en gran medida […]” (CIDH, 2015).

Como hemos dicho, inicialmente, la medida incluía 23 municipios del estado Táchira y del Estado Zulia; lo que constituía el 66 % de la frontera con Colombia y que se extendía a más de 1.460 kilómetros aproximadamente. En la primera etapa se cerraron las dos aduanas San Antonio del Táchira y Paraguachón, así como las oficinas de migración y extranjería.

En una segunda fase, el gobierno venezolano extendió la excepción a los municipios del estado Apure colindante con el departamento de Arauca y en una tercera y última etapa se incluyeron los municipios del estado Amazonas que poseen límite con los departamentos de Guainía y Vichada.

El gobierno decidió atacar las consecuencias de la inacción y de la falta de cooperación sin atender a las causas y sin medir el impacto que dicha medida ocasionaría en la vida de los habitantes de la frontera. En ese marco se produce un evento inédito que es mandatorio analizar, un cierre de los pasos fronterizos que transformo la vida, la dinámica y la relación de los habitantes de la frontera.

2. Consecuencias

“Los habitantes de la frontera colombo-venezolana, sortean a diario los obstáculos de las decisiones centrales. El limite se endurece o flexibiliza conforme al tono del discurso Caracas-Bogotá” (Belandria, 2013, p. 162) y eso fue precisamente lo que ocurrió en 2015, se cerró el límite y se endurecieron las condiciones.

3. Violación de Derechos Humanos

De acuerdo a los informes de las organizaciones no gubernamentales y especialmente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos-CIDH, que luego realizar una visita in situ en el lado colombiano de la frontera con Venezuela, la medida de cierre se ejecutó haciendo uso de la fuerza militar y policial.

Elaboración propia

En el sector La Invasión ubicado en San Antonio del Táchira del estado Táchira, fue particularmente agresiva la forma mediante la cual las autoridades venezolanas ejecutaron la orden emanada del ejecutivo. Sin que mediara un censo previo que determinara con precisión la nacionalidad o la condición migratoria de sus habitantes, se les forzó a abandonar sus viviendas y acto seguido, las maquinas destruían las casas y locales. Los pobladores cargaron sus enseres para irse apresuradamente viendo destruido su patrimonio.

El Informe de la CIDH de 2015 con relación a los hechos que se desarrollaron desde el 19 de agosto de 2015 señala:

…La CIDH pudo constatar la crisis humanitaria en la que se encontraban las personas deportadas y las que retornaron como consecuencia del temor, y la situación que estaban viviendo en Venezuela. La Comisión recibió información preocupante sobre la forma en la que se realizaron las deportaciones desde Venezuela, incluyendo las expulsiones colectivas, la cual muestra la inobservancia a múltiples derechos humanos. Las consideraciones de la Comisión al respecto serán planteadas en la sección IV. A, sobre personas en el contexto de movilidad humana. […] A la luz de este panorama sobre inseguridad ciudadana en Venezuela y los desafíos que plantea para el Estado el establecimiento de una política de lucha contra la criminalidad dentro del marco del respeto de los derechos humanos, la Comisión considera que la política y las prácticas implementadas por el Estado mediante las milicias, el Plan Patria Segura y la OLP han resultado en la detención y deportación masiva de colombianos, la detención y muerte de numerosos venezolanos en enfrentamiento con las fuerzas del orden y la violación de una serie de derechos humanos de las personas bajo la jurisdicción de Venezuela. (CIDH, 2015).

La violación de la condición de refugiados de 106 ciudadanos colombianos, que fueron expulsados sin considerar su particular situación, se suma a la lista de desmanes que fueron cometidos por los funcionarios policiales, oficiales y soldados de la fuerza armada nacional y de las autoridades civiles de la gobernación del estado Táchira.

Lo ocurrido, además, fue revestido de legalidad sobrevenida que anuló las competencias de los Alcaldes y cuerpos policiales de los municipios sometidos al decreto del estado de excepción; colocando la toma de decisiones y la ejecución de las acciones en una autoridad única, el General de División del Ejercito Carlos Martínez Stapulionis.

Otro aspecto que reclamo la atención de la CIDH, fue la crisis sanitaria y de salud que se puso de manifiesto con el cierre de la frontera. Ciudadanos sometidos a tratamientos médicos (quimioterapias, radioterapias, diálisis y otros) quedaron de uno y otro lado del límite por varios días sin recibir atención con el consecuente daño a su salud. Luego de un apresurado censo, hubo de abrirse un corredor humanitario, sin embargo, 24 personas fallecieron por la interrupción de sus tratamientos o por las demoras ocasionadas por el cierre para poder atravesar el límite.

Por último, la crisis también alcanzó a los más vulnerables: los niños. En los municipios fronterizos es frecuente que los menores en edad escolar cursen sus estudios de uno u otro lado de la frontera. Justamente, el periodo escolar en Colombia se inicia en agosto, y el cierre se produjo como ya ha sido señalado el 19 de agosto de 2015. Cientos de escolares, fueron privados de su derecho a asistir a clases, perdiendo casi 3 semanas hasta que se acordó un mecanismo para el tránsito entre los dos países. En el sector de Apure/ Arauca, los menores para poder asistir a sus clases, tenían que emplear las embarcaciones al impedírseles hacerlo por el puente, con el consecuente riesgo para sus vidas. La violación de derechos humanos, no prescribe. Corresponderá hacer efectiva dicha responsabilidad y establecer las sanciones a que haya lugar.

4. Destrucción del Comercio Binacional

La frontera entre Venezuela y Colombia, fue considerada en el pasado, la frontera más dinámica de toda América Latina. En sus pasos legales, llegaron a contabilizarse intercambios por cifras superiores a 8.000 millones de dólares en 2008. La legalidad del comercio, se encontraba bajo los acuerdos suscritos primero en el Acuerdo de Cartagena que dio origen a la CAN.

www.runrunes.es fotografías publicadas el 25 de agosto de 2015.

Ese intercambio, siempre fue favorable a Venezuela, aun y cuando las dos economías se complementaban, las exportaciones desde suelo venezolano superaban con creces las exportaciones colombianas. Esto comenzó a cambiar en 1998 cuando Colombia comenzó a aumentar su oferta exportable en + 505,05% con respecto a 1997. Presentándose por primera vez una variación negativa para nuestro país en -24,8% según cifras oficiales del extinto Ministerio de Comercio Exterior y de Cámara Venezolano-Colombiana de Integración (CAVECOL) (Cavecol, 2000).

La dinámica transfronteriza se traducía en empresas de transporte, almacenes, silos, fabricas, ventas de auto partes, construcción y fundamentalmente, puestos de trabajo. Y obligaba a los gobiernos a mantener la política subordinada al intercambio, a colocar el interés comercial sobre los desacuerdos.

A modo ilustrativo, y tal como lo expresa la Cámara Venezolano-Colombiana de Integración (CAVECOL) para su informe de enero/octubre de 2016

…El comercio entre Venezuela y Colombia hasta el mes de octubre del año 2016 ha acumulado una cifra de 722 millones de USD, sin embargo, esto significa una caída del 38% en comparación con el intercambio comercial del mismo período en el año 2015 cuando registró un total de 1.169 millones de USD, de acuerdo a las cifras publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística Colombiano (DANE)” (Cavecol, 2016).

Uno de los aspectos que se adujo para obligar al cierre de los pasos fronterizos fue el incremento del contrabando. Este fenómeno es un mal histórico que los habitantes conocen muy bien. La gasolina encabezaba los productos vendidos ilegalmente. Los vehículos de doble tanque, el desvío de camiones, e incluso el robo de las mismas formaron parte de la narrativa. En todos los informes elaborados por la Comisión Presidencial para Asuntos Fronterizos Colombo-Venezolanos (COPIAF), por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras instancias se urgía a ambos gobiernos a fijar un precio (pesos/bolívares) equivalente para reducir el comercio ilegal (Colombo-Venezolanos, 1991). A medida que la brecha cambiaria entre los dos países se ampliaba, más atractivo se hacia el contrabando, ya no solo de gasolina, sino de alimentos.

En Venezuela, comenzó a aplicarse, desde 2010 un férreo control de precios sobre 10 productos de la cesta básica alimentaria. Estos productos se hicieron sumamente lucrativos para los contrabandistas, especialmente desde 2013. La escasez se incrementó y con ella el traspaso de dichos bienes regulados a la frontera. Paralelamente, se inició el contrabando de dinero en efectivo, llegándose a cancelar el equivalente a 120 bolívares por cada billete de 100 bolívares.

Esta serie de eventos, endémicos se agravaron por el diferencial cambiario y fueron esgrimidos, junto con el ataque a unos soldados venezolanos, para justificar el estado de excepción y cerrar la frontera. El gobierno venezolano responsabilizó a las “mafias colombianas” del desabastecimiento, la escasez, el contrabando de combustible y de billetes.

Cerrar el límite y los pasos legales, se tradujo en el incremento de las trochas, ahora controladas también por los militares. Cerrar la frontera potenció todo aquello que precisamente buscaba combatirse: la ilegalidad y la informalidad.

Ahora, basta con recorrer las calles de lo que fue la muy dinámica Avenida Venezuela de San Antonio del Táchira, o la calle principal de Paraguachón para constatar los cientos de locales cerrados. Allí se acabó el trabajo, el intercambio, el pago de impuestos, los camiones descargando y cargando mercancías.

Nuevamente acudimos al auxilio de las cifras que aporta el Departamento Administrativo Nacional de Estadística Colombiano (DANE)¹, para el cierre de 2016, el intercambio entre los dos países alcanzó la cifra de 426,9 millones de dólares. El daño a la economía y a la capacidad productiva de los habitantes de la frontera es incalculable. Su recuperación tomara al menos tres generaciones.

5. Incremento de la inseguridad

La frontera entre Venezuela y Colombia en materia de seguridad ha sido ampliamente estudiada, la dinámica transfronteriza que favoreció el intercambio comercial y la movilidad de los ciudadanos, tiene también una expresión en la facilidad con la que los grupos irregulares de todo signo y afinidades ideológicas se han movido en los 2.219 kilómetros de límites.

Como destaco en mi trabajo (Belandria E., 2011), las bases de protección fronteriza fueron objeto de asaltos y refriegas muy intensas. La guerrilla usaba el territorio como aliviadero y tránsito, y al encontrarse con el resguardo del Ejército y la Guardia Nacional, trababa combate con saldos de muertos y heridos en ambos grupos.

El secuestro, el abigeato, el reclutamiento de jóvenes y las acciones violentas han sido parte de la narrativa de la frontera común a lo largo de su historia. El peso de las acciones siempre estuvo del lado venezolano, aspecto que cambió desde el arribo al poder de Hugo Chávez y de Álvaro Uribe.

“Las operaciones militares en el marco de la Seguridad Democrática cambiaron la correlación de fuerzas en Colombia al profundizar el uso militar tanto de la seguridad interna como en la defensa de las fronteras, obligando a la guerrilla a moverse a territorio venezolano. Esta nueva realidad aunada a la aparición de nuevos actores tanto regionales como extra regionales alineados con Venezuela, hizo que Colombia pasara de aliado a enemigo regional” (Belandria E., 2011, p. 83).

Las tensiones derivadas de la aplicación de la política de Seguridad Democrática en Colombia y el tratamiento laxo concedido por Venezuela a la guerrilla de la FARC-EP y el ELN, fueron fuente de innumerables desencuentros entre ambos gobiernos (Belandria, 2011). El inicio de las conversaciones de paz en Colombia con la activa participación de Venezuela y el despliegue de fuerzas colombianas a lo largo del límite si bien redujeron los delitos propios de los grupos irregulares (combates contra fuerzas), no se tradujeron en mejoras para la seguridad ciudadana.

Justamente, el ataque a soldados de la fuerza armada nacional de Venezuela en la zona de La Invasión por parte de grupos “paramilitares” fue el detonante de la declaratoria del estado de excepción de 2015.

Conclusiones

Al cumplirse 365 días del cierre, los males de la frontera siguen allí, intactos. Ni la militarización, ni la creación de una autoridad única militar, ni siquiera el establecimiento de horarios restringidos para los pasos han resultado eficaces y efectivas para mejorar la seguridad de los habitantes de ese “tercer país”.

Venezuela y Colombia, tienen problemas pendientes en muchas áreas. La sustitución de los mecanismos permanentes de discusión, negociación y dialogo por comisiones ad hoc que se ocupan de la coyuntura; el retiro de Venezuela de la Comunidad Andina y su persistente negativa a abordar los problemas comunes desde la globalidad y la complejidad, reduciendo el análisis a eventos puntuales que menoscaban la institucionalidad construida, ha producido un daño no cuantificable a los ciudadanos.

La afectación del modus vivendi, la separación de familias, la destrucción del empleo y de los mecanismos de integración y la siembra de desconfianza entre habitantes que se reconocen familia, hermanados por la geografía, constituyen un nuevo capítulo en esta historia compartida.

Las perspectivas no lucen halagüeñas, pues la ruina en que se encuentra sumida la frontera no nos permite vislumbrar una salida rápida a la crisis, ni una recomposición de las relaciones entre sus habitantes en el corto plazo.

Y tal como afirmábamos en nuestros trabajos sobre esta problemática en 2011 y 2012, lo que se evidencia es un acelerado proceso de desinstitucionalización, marcado por el abandono definitivo de los mecanismos de globalidad con la sustitución de los acuerdos de integración multilaterales por tratados de complementación parciales, la reducción de la cooperación en materia de seguridad y defensa, limitándose a eventos puntuales como la entrega de narcotraficantes, pero que no aborda una política permanente de cooperación, todo lo cual se traduce en pobreza, exclusión, espacios fronterizos armados pero vacíos, militarizados pero inseguros, con comercios cerrados sin actividad, con intercambio al mínimo pero sin empleos. Una frontera cerrada, una desgracia institucionalizada.

Referencias

AVILA, A. F. (2012). La Frontera caliente entre Venezuela y Colombia. (A. F. Avila, Ed.) Cundinamarca, Colombia: Nomos Impresores.

BELANDRIA E., M. T. (2011). “Venezuela y Colombia. Avances y retrocesos en su relacion. Impacto en America Latina”. (U. S. Bolivar, Ed.) Mundo Nuevo, 2(7), 312.

BELANDRIA, M. T. (2013). Venezuela y Colombia: 12 anos de encuentros y desencuentros. En E.-C. Gonzalez, & Melvin (Ed.), Democracia, Paz y Desarrollo (pág. 349). Caracas, Venezuela: La Hoja del Norte.

CAN. (2001). Comunidad Andina. Recuperado el 20 de Octubre de 2016, de Comunidad Andina: www.comunidadandina. org

CIDH. (2015). Informe Anual. Washington, Dc: CIDH.

COLOMBO-VENEZOLANOS, C. P. (1991). Hacia una politica para las fronteras con Colombia. Caracas: Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela .

ESPAÑA, M. d. (2000). Ministerio de Asuntos Exteriores. Recuperado el 23 de Octubre de 2016, de Ministerio de Asuntos Exteriores: www.exterioes.gob.es

IBAÑEZ, G. (1996). Limites de Colombia. Bogota: Ediciones Juridicas Colombia.

RAMIREZ, S. (Mayo de 2005). “Las Zonas de Integracion Fronteriza (ZIF): Avances y Retrocesos”. (A. Mundo, Ed.) Aldea Mundo (18).

Notas

Notas de autor