1. Introducción

LA preocupación por la profundización, en los últimos años, de los problemas socioeconómicos en las fronteras venezolanas, ha contribuido a transformar los marcos normativos con el fin de fortalecer las áreas comunes, incrementar la seguridad y fomentar el desarrollo social y económico de estos espacios. No obstante, en el caso específico de la frontera colombo- venezolana, se observa que existe una brecha importante entre la propuesta gubernamental y la dinámica propia de la zona.

Para desarrollar este artículo, se utiliza una metodología de tipo descriptiva y de diseño documental. Para lo cual, se examina la normativa vigente del Estado venezolano en materia de fronteras, a través de la revisión de la Constitución Nacional, el Plan Nacional de desarrollo 2013-2019 y la Ley de Fronteras. Además, se estudia la teoría del desarrollo local y literatura que explica la relación entre instituciones y desarrollo económico. También, se exploran algunas características geográficas y socioeconómicas, relacionadas con la dinámica del municipio Bolívar del estado Táchira en Venezuela. Finalmente, se realizan algunas recomendaciones de políticas públicas para esta zona, a la luz de los planteamientos del desarrollo local. Esto, se lleva a cabo a través de la revisión de material bibliográfico, de periódicos, revistas y vídeos relacionados con la temática a tratar.

2. Marco teórico

En esta sección se revisa el marco teórico que fundamenta este estudio; los cuales, se han dividido en: a) El papel de las instituciones en el desarrollo económico y b) La importancia del desarrollo local para las zonas de frontera.

a) El papel de las instituciones en el desarrollo económico

A continuación se presentan distintas ideas desplegadas por expertos acerca de la importancia que tiene para el desarrollo económico sostenible un marco institucional robusto.

North (1996: 15), explica que:

Las instituciones representan las reglas del juego de una sociedad. Están formadas por la normativa formal –leyes, reglamentos, ordenanzas- y, con igual rango de importancia, por las normas informales de comportamiento –códigos de conducta, convenios- cuya importancia radica en la imposibilidad de que una economía funcione eficientemente si sólo cuenta con una normativa formal; además de las normas y reglamentos que rijan la economía, se hace necesario complementarla con normas de conducta que rijan el comportamiento. Las normas de conducta ideales que promueven bajos costos de transacción, son aquellas que establecen a la honestidad, la integridad, el cumplimiento de los acuerdos y otros similares como normas primordiales de funcionamiento (…).

Del mismo modo, expone que deben considerarse además de la normativa formal e informal, la manera como se obliga al cumplimiento de las mismas; ya que, el funcionamiento de las instituciones será totalmente diferente, si no hay nadie que obedece las reglas. Por lo que, se debe integrar la política y la economía. Así mismo, es necesario que haya transparencia y credibilidad en los compromisos adquiridos por parte de todos los involucrados (North, 1996).

Salama (2009), indica que la causa probablemente más importante de la persistencia de las desigualdades en el desarrollo de los países es la debilidad de las políticas sociales. En este sentido, deja ver la importancia que tienen el establecimiento de políticas más eficientes y focalizadas para atender los sectores más vulnerables de la población.

Acemoglu y Robinson (2012), refieren cómo ni la cultura, ni la geografía, ni la ignorancia es lo que mantiene pobre a un país. Y, que el desarrollo y la prosperidad de una nación están asociados con instituciones económicas inclusivas (este postulado, constituye la tesis central del trabajo de estos autores)¹. Advierten los especialistas, que para que las organizaciones de un país sean incluyentes, deben ofrecer seguridad a la propiedad privada, un sistema jurídico imparcial y servicios públicos que proporcionen igualdad de condiciones en lo que las personas puedan realizar intercambios y firmar contratos; además de permitir la entrada de nuevas empresas y dejar que cada persona elija la profesión a la que se quiere dedicar. Estas condiciones permiten fomentar la actividad económica, aumentar la productividad y la prosperidad económica. Así mismo, la sociedad necesita servicios públicos, infraestructura pública, transporte para poder trasladar las mercancías y algún tipo de regulación básica para impedir el fraude y las malas conductas. Es por esto, que las instituciones inclusivas necesitan al Estado y lo utilizan, porque son este tipo de organizaciones las que permiten fortalecer el desarrollo económico².

Del mismo modo, hacen mención al hecho de comprender cómo la historia y las coyunturas críticas perfilan el camino de las instituciones económicas. Explican como el círculo virtuoso surge no solamente por la lógica inherente del pluralismo y el Estado de derecho, sino también porque las instituciones políticas inclusivas tienden a apoyarse entre sí. De esta forma, se tiende además a una distribución más igualitaria de la renta, lo que confiere poder a un segmento más amplio de la sociedad y hace que las reglas del juego político sean más equitativas. Esta situación limita lo que se puede lograr usurpando poder político y reduce los incentivos para recrear instituciones políticas extractivas (Acemoglu y Robinson, 2012).

Rodrik (2001), explica que el desarrollo requiere mercados respaldados por instituciones públicas sólidas. Las actuales economías industriales avanzadas –los Estados Unidos, Europa Occidental, Japón– deben su éxito a haber desarrollado sus modelos propios, específicos, factibles, de economía mixta. Mientras estas sociedades son parecidas en el énfasis que ponen en la propiedad privada, la moneda sólida y el imperio de la ley, son diferentes en muchos otros aspectos y sus prácticas en las áreas de relaciones laborales, seguridad social, organización empresarial, regulación de los mercados de bienes e imposición diferen substancialmente.

North (2002), revela que lo que se intenta entender a través de la teoría del desarrollo económico es el proceso de formación, cambio y progreso de los mercados económicos y políticos y el modo como ocurre tal proceso. Y, que se conocen las condiciones económicas; así como, las institucionales que llevan a un buen desempeño económico. No obstante, lo que no se conoce es cómo alcanzar estas condiciones. Para ello, es necesario construir un cuerpo teórico que explore el proceso de cambio económico, político y social.

De acuerdo con los autores anteriores, la estrategia de desarrollo económico de una nación debe tomar en cuenta a las instituciones⁴; las cuales, van a garantizar que el proceso se lleve a cabo en un marco de seguridad jurídica, social y económica confiable; inclusivo y coherente que permita la participación de todos los sectores de la economía. Desde luego, es relevante considerar no sólo, la puesta en marcha de un plan que permita el crecimiento económico; sino, que además garantice su sostenibilidad en el tiempo y que se difunda al total de la población.

b)La importancia del desarrollo local para las zonas de frontera

En esta sección se examina la teoría del desarrollo local y la perspectiva de especialistas con relación a la importancia que tiene conocer las especificidades de la zona a la hora de instrumentar políticas públicas. Particularmente, lo relevante de considerar estos postulados para el área de estudio de este trabajo.

En los años ochenta y principios de los noventa, los gobiernos nacionales y las agencias internacionales destacan la necesidad del “desarrollo económico local” y, en consecuencia, políticas de mejoras de infraestructuras y promoción de las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, en los últimos 15 años se ha desarrollado una idea más amplia, con el impulso de organizaciones de la sociedad civil, grupos indígenas y movimientos sociales. Es decir, esta nueva perspectiva, incluye el desarrollo social y político (Lindert y Verkoren, 2010).

Potter (2008), señala que cada vez hay más conciencia del importante papel que tiene el desarrollo local dentro de estrategias nacionales y supranacionales de desarrollo. Entre los factores que contribuyen con este "retorno a lo local" se encuentran: El reconocimiento de la importancia de las estructuras y procesos locales para maximizar los beneficios y minimizar los inconvenientes de la globalización; el dinamismo de los sistemas de producción; la necesidad de prestar más atención al equilibrio social y a fomentar el capital social; y, una mayor conciencia de la calidad del empleo.

Vásquez-Barquero (1988: 129), define el desarrollo local como:

Un proceso de crecimiento económico y de cambio estructural que conduce a una mejora en el nivel de vida de la población local, en el que se pueden identificar tres dimensiones: una económica, en la que los empresarios locales usan su capacidad para organizar los factores productivos locales con niveles de productividad suficientes para ser competitivos en los mercados; otra, sociocultural, en que los valores y las instituciones sirven de base al proceso de desarrollo; y, finalmente, una dimensión político- administrativa en que las políticas territoriales permiten crear un entorno económico local favorable; protegerlo de interferencias externas e impulsar el desarrollo local.

El enfoque de estos estudios sobre lo "local" examinan no sólo las relaciones locales-nacionales, sino también las relaciones internacionales, porque muchas regiones están distantes de las capitales nacionales y de las principales ciudades; por lo que, se hace necesario establecer vínculos más estrechos con municipios vecinos en los países adyacentes. En este sentido, la integración regional ofrece alternativas realistas para el desarrollo. Por lo que, el éxito de la misma desde abajo hacia arriba; no sólo depende del compromiso de las partes locales interesadas; sino, también de los gobiernos que estimulan el proceso. La promoción mediante las actividades transfronterizas, armonización de medidas gubernamentales, reducción de los obstáculos al comercio tendría un impacto muy positivo. Es decir, las alianzas podrían dar lugar a una gradual desaparición de las fronteras nacionales a otras formas más adecuadas de gobernanza regional y transnacional (Lindert y Verkoren, 2010).

Todos estos autores, coinciden al señalar que el desarrollo local permite generar políticas públicas más eficientes y eficaces, porque emanan de las comunidades que las requieren y que conocen más claramente cuáles son sus necesidades; lo cual, podría contribuir a la obtención de mejores resultados que las que pueden ofrecer las derivadas de los centros de poder. No obstante, refieren que deben ir acompañadas de rigurosos procesos de evaluación y revisión. En este sentido, es importante considerar las recomendaciones realizadas a través de esta literatura para llevar a cabo políticas con estos lineamientos en las zonas de frontera

En resumen, la teoría del desarrollo local, refiere que para que el desarrollo económico, político y social se produzca en una región, debe existir un conocimiento claro de la realidad de la zona por parte de quienes diseñan e instrumentan políticas públicas, que permita generar una institucionalidad que sea coherente con las particularidades del lugar. Lo cual, será posible con la participación de todos los actores de la localidad.

3.Política fronteriza del Estado venezolano

En este capítulo se examinan tres instrumentos del Estado venezolano: La Constitución Nacional, el último Plan Nacional y la Ley de fronteras para conocer los factores institucionales del gobierno nacional sobre los cuales se fundamenta la política fronteriza y sí estos contribuyen con el desarrollo local del municipio Bolívar del estado Táchira en Venezuela. En este trabajo no se incluyen los planes estatales, ni municipales. Esto, será analizado por la autora, en estudios posteriores⁴.

a)Constitución Nacional

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela [CRBV] (1999),en su artículo 15, título II relacionado con el espacio geográfico y la división política, capítulo I del territorio y demás espacios geográficos refiere que:

El estado tiene la obligación de establecer una política integral en los espacios fronterizos terrestres, insulares y marítimos, preservando la integridad territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultural, económico, social y la integración. Atendiendo a la naturaleza propia de cada región fronteriza a través de asignaciones económicas especiales, una ley orgánica de fronteras determinará las obligaciones y objetivos de esta responsabilidad.

Por su parte, el artículo 156, título IV del Poder Público, capítulo II de la competencia del Poder Público Nacional, sección Quinta de las Relaciones Internacionales, literal 30, expresa: “El manejo de la política de fronteras con una visión integral del país, que permita la presencia de la venezolanidad y el mantenimiento territorial y la soberanía en esos espacios”.

Similarmente, el artículo 327 del título VII de la seguridad de la Nación, capítulo II de los principios de seguridad de la Nación indica que:

La atención de las fronteras es prioritaria en el cumplimiento y aplicación de los principios de seguridad de la Nación. A tal efecto se establece una franja de seguridad de fronteras cuya amplitud, regímenes especiales en lo económico y lo social, poblamiento y utilización serán regulados por la ley protegiendo de manera expresa los parques nacionales, el hábitat de los pueblos indígenas allí asentados y demás áreas bajo régimen de administración especial.

En este mismo capítulo; pero, en el artículo 329 enuncia: “El ejército, la Armada y la Aviación tienen como responsabilidad esencial la planificación, ejecución y control de las operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la Nación (…)”.

Ahora bien, en materia municipal; el artículo 174 del capítulo IV del Poder Público Municipal contempla lo siguiente: “El gobierno y administración del Municipio corresponderán al Alcalde o Alcaldesa, quien sera también la primera autoridad civil (…)”.

Así mismo, señala en su artículo 178: “Son de la competencia del Municipio el gobierno y administración de sus intereses y la gestión de las materias que le asignen esta Constitución y las leyes nacionales, en cuanto concierne a la vida local, en especial la ordenación y promoción del desarrollo económico y social(…)”.

Del mismo modo, el artículo 182 indica que: “Se crea el Consejo Local de Planificación Pública, presidido por el Alcalde o Alcaldesa e integrado por los concejales y concejalas, los Presidentes o Presidentas de las juntas parroquiales y representantes de organizaciones vecinales y otras de la sociedad organizada, de conformidad con las disposiciones de esta ley”.

De acuerdo con la revisión anterior acerca de la visión que tiene la constitución venezolana respecto al desarrollo fronterizo, no se observa ninguna mención. Particularmente, en el título VI del sistema socioeconómico, no se refleja ningún objetivo relacionado con este tema. Sólo en el artículo 327 de este texto, se señala la “atención a la fronteras”; pero, como principio de seguridad de la Nación y no como política de desarrollo económico, social o político.

No obstante, destaca la creación del Consejo Local de Planificación Pública como instancia para la planificación del municipio. En este sentido, la Ley de reforma parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (Asamblea Nacional, 2010), en su artículo 2, señala que:

El Consejo Local de Planificación Pública es la instancia de planificación en el municipio, y el órgano encargado de diseñar el Plan Municipal de Desarrollo y los demás planes municipales, en concordancia con los lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, los demás planes nacionales y los planes estadales, garantizando la participación ciudadana y protagónica en su formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control, en articulación con el Sistema Nacional de Planificación Pública.

De esta manera, se infiere que la incorporación del principio de participación de los actores municipales en el desarrollo económico y social local a través de la anexión de este artículo y la promulgación de esta ley, permite diseñar, ejecutar e instrumentar políticas públicas en las zonas de fronteras que sean específicas y más incluyentes; lo cual, podría contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona⁵.

b)Plan Nacional de Desarrollo

En el último Plan Nacional de Venezuela correspondiente al periodo 2013-2019, denominado “Plan de la Patria”, se establecen las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la Nación. El mismo:

(…) se fundamenta en los principios y valores de la Carta Magna, esbozando a cabalidad los planes y políticas a desarrollar en este periodo constitucional, los cuales procuran la mayor suma de felicidad social y estabilidad política al pueblo venezolano, bajo el pensamiento y la acción socialista del Comandante Supremo y Líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, inspirado en el ideario antiimperialista del Padre Libertador Simón Bolívar (Asamblea Nacional, 2013:3).

El mismo, contempla cinco grandes objetivos históricos, a saber: I) Defender, expandir y consolidar la independencia nacional, II) Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI, III) Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político, IV) Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional y V) Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana (Asamblea Nacional, 2013).

En materia de fronteras, explícitamente, se menciona en el objetivo estratégico 1.6.1.2: “Incrementar la actividad operativa cívico-militar en las fronteras para la defensa de nuestro territorio, a fin de controlar y neutralizar el crimen trasnacional, así como la acción de grupos generadores de violencia” (Asamblea Nacional, 2013:46).

Por su parte, el objetivo estratégico 3.4.7 establece: “Reforzar y desarrollar mecanismos de control que permitan al Estado ejercer eficazmente su soberanía en el intercambio de bienes en las zonas fronterizas” (Asamblea Nacional, 2013:101).

El objetivo estratégico 4.1.10, expone: “Promover la resolución armoniosa y cooperativa de las delimitaciones pendientes, entendiendo la estabilización de las fronteras como un elemento de unidad y de paz”. Así mismo, el 5.2.3.1, refiere: “Reimpulsar la cooperación con los países fronterizos en temas de gestión ambiental y zonas ecológicas de interés común conforme a los principios del derecho internacional, respetando la soberanía nacional” (Asamblea Nacional, 2013:111).

Finalmente, se establece dentro de la política para el sector energía eléctrica el programa: “Sistemas con fuentes alternas de energía en comunidades aisladas indígenas y fronterizas” (Asamblea Nacional, 2013:126).

Es importante hacer notar que en el marco de estas políticas y programas para los sectores: Formación (cultura, educación y deportes); salud; protección social y seguridad social; poder popular y organización social; seguridad; energía eléctrica, hidrocarburos; petroquímica; minería; transporte acuático y aéreo; transporte terrestre; ambiente (conservación y ordenación territorial, acueductos y saneamiento); vivienda y hábitat; industrias; agricultura, tierra y alimentación; turismo (infraestructura); ciencia y tecnología (telecomunicaciones), no se contempla ninguna política específica para las zonas de fronteras, sólo la indicada en el párrafo anterior para el sector eléctrico.

En este sentido, se observa como en el Plan de la Patria no se hace referencia en ninguno de sus apartes o en el conjunto de políticas o programas al tema del desarrollo fronterizo: Así la exposición de motivos; las metas macroeconómicas y macrosociales; los objetivos históricos, nacionales, estratégicos y generales al referirse a frontera son asumidas como zonas de seguridad y defensa.

c)Ley Orgánica de fronteras

Esta Ley fue aprobada en Venezuela según Decreto Presidencial Nº 2.170 el 30.12.2015, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.210 de este mismo día y refrendado por el Presidente de la República, el Vicepresidente Ejecutivo, Primer Vicepresidente del Consejo de Ministros y Ministros. En la misma, se reconoce que los espacios fronterizos se caracterizan por contar con innumerables potencialidades que favorecen su desarrollo integral. No obstante, se señala que es necesario redimensionar la política del Estado, con el objeto de fortalecer el conjunto de elementos y mecanismos que posee para el manejo, gestión y administración de estas potencialidades, con la participación de los diferentes sectores de la sociedad. Por lo que, se debe incentivar la ocupación de los territorios poco poblados, fomentando el desarrollo de actividades económicas y promoviendo la producción de bienes y servicios primordiales; lo cual requiere modificar el patrón de producción e inversión, sumando la formación y capacitación del talento humano en diversas áreas de interés a corto y mediano plazo.

Además, la ley destaca que:

(…) Esta nueva visión del territorio pasa por la propuesta de conformación y análisis riguroso, no sólo constitucional, sino político y fronterizo, incorporando lo económico, histórico, cultural, geográfico, ambiental, incluso institucional; todo ello, tiene que ver con el hecho de que los ciudadanos tomen conciencia que los espacios fronterizos tienen una importancia neurálgica y estratégica que estriba en el desarrollo Integral de la Nación; dentro de esta estrategia, cabe rescatar el concepto de soberanía del territorio no sólo en lo referente a la reserva y a la protección de las fronteras sino también, en lo relativo a su desarrollo en beneficio de la economía del país” (Ley Orgánica de Fronteras, 2015).

Con relación al plan de desarrollo integral en los espacios fronterizos, este decreto expresa en el artículo 9, lo siguiente:

El Plan de Desarrollo Integral en los Espacios Fronterizos, será elaborado por el Ministerio del Poder Popular en materia de planificación, en coordinación con los Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de defensa y relaciones exteriores, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y la ley que regula la regionalización integral para el desarrollo socioproductivo de la Patria, atendiendo a las especificidades de los espacios fronterizos y tomando en cuenta los planes, programas y proyectos de las regiones fronterizas respectivas (Ley Orgánica de Fronteras, 2015).

Para la Presidenta de la Asociación Civil Control Ciudadano Rocío San Miguel:

Esta Ley de enorme trascendencia, como lo es la Ley Orgánica de Fronteras, concebida en las disposiciones fundamentales de la Constitución, así como en el título relativo a la seguridad de la Nación, ha sido promulgada por el Presidente Nicolás Maduro en fraude a la Constitución, sin ser consultada a gobernadores y alcaldes de estados y municipios fronterizos. Con esta Ley el gobierno ha sustraído, deliberada e inconstitucionalmente, al poder público nacional de las competencias que tiene atribuidas en el manejo de la política de fronteras. Y ha omitido el deber constitucional de establecer asignaciones económicas especiales a los pueblos de frontera (San Miguel, 2016).

Así mismo, considera lamentable el contenido de esta Ley y explica: “No parece hecha por personas que conozcan la frontera venezolana ni la Constitución. Hay tan graves omisiones que hacen de este un instrumento completamente inútil para resolver la problemática de los Estados y Municipios fronterizos en Venezuela” (San Miguel, 2016).

Ya en 2003, los especialistas Rodríguez y Colomine (2003:44) referían que: “el país debe avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo de sus fronteras, dotándolas de un marco jurídico e institucional. Programando su desarrollo integral mediante leyes que transciendan históricamente a los cambios político- gubernamentales”. Así mismo, exhortaban a que: “El fenómeno fronterizo no puede ni debe ser reducido a un problema de límites (…), debe reconocerse que el desarrollo progresivo de los espacios fronterizos y la ocupación humana constituyen los elementos fundamentales para preservar la integridad territorial y la identidad nacional de cualquier país” (Rodríguez y Colomine, 2003: 36).

Bello, en 2005, expresaba que: “(…) Si bien la propuesta de instrumentos jurídicos para regular determinadas actividades en espacios de fronteras no es nueva, sí lo es su inclusión en el articulado de la reciente Carta Magna” (Bello, 2005: 88). Del mismo modo, indicaba que: “(…) también debe señalarse el reconocimiento de la diversidad en los grados y requerimientos de desarrollo de la frontera y que éstos son espacios donde confluyen tanto la política interna (doméstica) como la exterior (…)” (Bello, 2005: 92).

De acuerdo con el planteamiento de especialistas y con los instrumentos legislativos estudiados, se observa cómo ni los actores económicos, sociales y políticos de la localidad han sido tomados en cuenta para participar en el desarrollo fronterizo de sus poblaciones. Por lo tanto, la visión de esta región para el gobierno central sigue estando asociada al límite y no a la frontera como un espacio caracterizado por especificidades que la diferencian del resto del país y que requiere de la participación activa de todos los ciudadanos que la habitan. De allí, la necesidad expresada por los especialistas, desde hace algunos años, con relación a la necesidad de crear leyes, políticas y programas que se correspondan con la realidad y las necesidades de esta región.

4.Municipio Bolívar del Estado Táchira

En este capítulo se exploran los aspectos geográficos y socio-económicos del Estado Táchira en Venezuela y del Municipio Bolívar de este Estado con la fonalidad de conocer algunas de sus particularidades.

a)Aspectos geográficos

El estado Táchira posee una superficie de 11.100 Km², que representa el 1,2% del territorio nacional, limita al Norte con el estado Zulia, al Sur con el estado Apure y la República de Colombia, al Este con los estados Mérida y Barinas y al Oeste con la República de Colombia (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2014).

b)Particularmente, el municipio Bolívar del estado

Táchira se ubica al oeste del Estado y limita al norte con el municipio Pedro María Ureña, al Sur con Junín, al este con Junín y Libertad y al oeste con las ciudades colombianas de Villa del Rosario y Juan Frío. Es paso obligado entre la ciudad colombiana de Cúcuta y San Cristóbal, la capital del estado. Está muy próxima al área metropolitana de Cúcuta (Colombia) (Contraloría del Municipio Bolívar, 2016).

Con relación al tamaño de la población residente en el estado Táchira era de 1.168.908 personas para 2011, específicamente, la población del Municipio Bolívar contaba con 61.630 habitantes. Este Municipio está conformado por cuatro (04) parroquias: Bolívar ,Juan Vicente Gómez, El Palotal e Isaías Medina Angarita (INE, 2014).

c)Aspectos socio-económicos

En el Censo 2011, se puede observar que el estado Táchira estaba constituido por una población mayoritariamente joven, que llegaba a una edad mediana de 28 años. Con relación a la población nacida en Venezuela fue de 1.021.689 personas (87,4%) y la nacida en el exterior 147.219 personas (12,6%). Destacaba la participación de los nacidos en Colombia; los cuales, representaban el 96,8% de la población nacida en el exterior residente en la entidad (INE, 2014). Con respecto a las viviendas, el 99,9% de las empadronadas eran familiares⁶, mientras que 245 unidades eran colectivas⁷ (0,1%). Se puede apreciar que la mayoría de las viviendas (85,6%) eran quintas, casaquintas o casas; proporción que aumentó con respecto al censo de 2001. Así mismo, se observaba que la disponibilidad de tecnologías en los hogares aumentó en valores absolutos, destacándose el notable incremento de los hogares que disponen de TV por cable o satélite, computadora y acceso a Internet, lo cual indica un significativo avance tecnológico de los mencionados hogares (INE, 2014).

La economía del estado, presenta como actividad principal la agricultura, con énfasis en el cultivo del café, junto a la explotación del carbón y el cobre; además de contar con una intensa vida comercial, debido a su condición de estado fronterizo. La producción artesanal es la cantera de muchas familias, que a través de generaciones han heredado el arte de convertir la materia prima en hermosas piezas, elaboradas en barro, cerámica y la tradicional cestería (Corporación para el Desarrollo Integral del estado Táchira [Corpotáchira], 2016).

5. Dinámica económica y social de la zona

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ([CEPAL], 2016), el comercio formal entre Venezuela y Colombia ha tendido a disminuir a partir de 2008; tanto en términos absolutos como en términos de su participación de las importaciones y exportaciones totales. Entre 2008 y 2014 las exportaciones de Colombia hacia Venezuela cayeron de 6.000 millones de dólares a 1.000 MM de US$; mientras, las de Venezuela, se contrajeron de 1.000 MM de US$ a menos de 300.000 MM de dólares.

No obstante, señala este informe, que fuentes no oficiales, revelan que el comercio informal tiene una tendencia creciente y citan:

(…) Según algunas estimaciones existen cerca de por lo menos 247 rutas ilegales por los cuales se lleva a cabo el comercio ilegal de productos. El comercio informal se concentra en la parte Noreste de la frontera entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela y afecta a los departamentos de Norte de Santander, La Guajira y Vichada, y Arauca en el caso de la República de Colombia. En el caso de la República Bolivariana de Venezuela los efectos se concentran sobre todo en Táchira y, en menor medida, en Apure y Zulia (CEPAL, 2016: 9).

Además, el estudio revela que:

El comercio informal incluye una variedad de productos (…) aunque afecta esencialmente a los combustibles, alimentos y medicamentos. Según estimaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de la República de Colombia (DIAN) el tráfico diario de combustible de la República Bolivariana de Venezuela a la República de Colombia puede oscilar entre uno y tres millones de galones de combustible. Además los productos pueden venderse a distintos precios según la zona fronteriza y su distancia con la frontera (CEPAL, 2016: 9).

Este estudio, también devela que son dos los factores que contribuyen con este comercio: a) Los diferenciales de precios y b) el tipo de cambio. Para el primer caso, los controles de precios determinan la lógica de formación de los mismos en Venezuela; lo cual, ha incentivado el comercio informal, en particular para aquellos productos incluidos en la Ley de Precio Justo. Es decir, aquellos bienes que tienen un precio máximo de venta y que se ubican por debajo del precio de equilibrio del mercado y que lo hacen más competitivos con relación a los productos colombianos. Por su parte, el control y establecimiento de distintos tipos de cambio en Venezuela genera distorsiones en el mecanismo de precios nacional e internacional; lo cual, hace que las brechas entre los diferenciales de precios entre un país y otro sean muy profundas (CEPAL, 2016).

San Miguel (2014), señala que los cuatro tráficos ilícitos de mayor gravedad en el territorio venezolano ocurren en la frontera: Droga, minerales, alimentos y gasolina. Y, señala la responsabilidad de la institución militar en evitar que esto ocurra. Al respecto refiere: “La Fuerza Armada es responsable por acción o por omisión de estos tráficos, pues la Constitución le ordena expresamente impedirlos”.

De acuerdo con Ramírez (2014), aunque la mayor parte de las zonas fronterizas latinoamericanas han permanecido relegadas a la condición de periferias de cada nación, Colombia es uno de los países con mayores problemas fronterizos. La precaria y distorsionada presencia estatal y las bonanzas extractivas sin regulación crearon el escenario favorable para implantar los grandes ejes de la confrontación armada contemporánea (guerrillas, paramilitares y neoparamilitares), y su agudización con las disputas por el control de varios ámbitos fronterizos convertidos en corredores estratégicos para el narcotráfico y para todo tipo de contrabandos.

Para Sánchez (2014), las devaluaciones de la moneda venezolana afectan negativamente el empleo y la actividad económica en la frontera. Los efectos sobre las variables reales en Cúcuta, han sido significativos, pues ha tenido efectos sobre el desempleo, la informalidad y las ventas comerciales. Así mismo, señala el estudio que las economías analizadas son totalmente divergentes, lo que afecta de una manera particular a los habitantes de esta región. Por otra parte, revela que a pesar de ser una de las principales áreas metropolitanas de Colombia, Cúcuta se encuentra aislada del resto del país, debido a la escaza conectividad regional y el mal estado de las vías existentes. Por lo que, el aumento de la demanda colombiana de productos venezolanos a más bajos precios implica un aumento considerable en el flujo de mercancías hacia Colombia, lo que contribuye con la inflación de Venezuela y que aunado al diferencial cambiario, fomenta el aumento del contrabando.

En una entrevista realizada en 2015 para el programa “Los informantes” de Caracol Televisión a Juan Ricardo Ortega, quien en ese momento era el Director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia, indicaba: “literalmente estamos desocupando Venezuela”, Colombia es “un país de contrabandistas”, estamos “robando los dólares al gobierno venezolano producto de las importaciones subsidiadas”. Ortega, dejaba ver que a Colombia ingresaban vía contrabando 10 MMM de dólares al año; lo que, equivale al presupuesto del sistema educativo de ese país. Pero, “no existe un marco jurídico” para regular el ingreso de este dinero, que se estima sea producto del lavado de activos; además, “la corrupción penetro ya el Estado en todos sus poderes” (Arango, 2015).

También la periodista María Ibáñez de la Radio Televisora Española realizó en 2015 un especial intitulado: “Fronteras al límite: Colombia/Venezuela”, en el mismo señalaba que la frontera colombo- venezolana es una de las más peligrosas del mundo y que los 2.219 Km que separan a ambos países están constituidos por pasos clandestinos, narcotraficantes, contrabandistas, grupos paramilitares, guerrilleros y bandas criminales. Del mismo modo, la corrupción de las autoridades y las diferencias abismales de los precios entre ambos países son el caldo de cultivo para el contrabando; el cual, se estima que para la gasolina sea de 100.000 barriles diarios; a pesar, de los controles, como el chip y la revisión de los autos antes de pasar los puentes internacionales(Radio Televisora Española [RTVE], 2015).

De acuerdo con la información anterior, se infiere que la dinámica de la zona responde a las oscilaciones de las políticas nacionales instrumentadas por ambos gobiernos. No obstante, se observa como la no participación de los actores políticos, económicos y sociales que habitan esta región en el diseño de las políticas y programas, limita la eficiencia de las mismas; ya que, el diferencial en el tipo de cambio y en el sistema de precios en Venezuela y en Colombia, producto de la divergencia en las políticas nacionales, fomenta las oportunidades de negocios para quienes viven y transitan esta zona.

6.Políticas de desarrollo local del Estado venezolano en las zonas de frontera

La BBC Mundo (2015), relataba como en la frontera las personas están acostumbradas a vivir entre tonos de grises. Es decir, ni cien por ciento de un lado, ni cien por ciento del otro. Sus habitantes cruzan de un país al otro; trabajan o consumen, aprovechando los vaivenes económicos de los Estados cuyos límites se confunden en la frontera, sin generalmente, prestar mayor atención a las normativas de sus naciones.

Boisier (1987: 161), expresa que: “(…) se manifiestan formas particulares de relación y superposición de dos (o más) sistemas (o estilos) económicos y -de dos (omás) modelos diferentes de política económica”.

Del mismo modo, refiere que:

(…) una situación fronteriza pasa a convertirse en un “problema” específico de la política pública cuando la mencionada interacción de los dos (o a veces más) sistemas y modelos de política económica opera asimétricamente, con un inequitativo reparto entre las regiones vecinas de los costos y beneficios de la propia interacción y del efecto de las políticas económicas (…).( Boisier, 1987:163)

Por su parte, la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol, 2014), refiere que es la ausencia de políticas públicas del Estado venezolano el que ha contribuido con el deterioro de la calidad de vida de miles de venezolanos que residen en los espacios fronterizos y que se ve manifiesta en la realidad social, económica y de seguridad de estas regiones. Aunado, a la salida de Venezuela de la Comunidad Andina (CAN), que influyo para que muchas empresas asentadas en la zona cerraran sus puertas, aumentando los niveles de desempleo de la zona.

Para la CEPAL (2016), las recomendaciones y lineamientos para el diálogo entre Venezuela y Colombia, producto de la crisis generada por el cierre en agosto de 2015, pasan por: Reducir el creciente comercio informal y restaurar la importancia del comercio formal y que debe ser abordado a mediano y largo plazo a través de acciones conjuntas y mancomunadas, la concientización a nivel público sobre los efectos negativos de este tipo de comercio y la mejora de las estadísticas de comercio transfronterizo; además, de disminuirlos incentivos a la especulación y al arbitraje. Así mismo, hay que aminorar el diferencial cambiario a través de la flexibilización del mismo por parte del gobierno venezolano como los esfuerzos realizados a través del tipo de cambio complementario (DICOM); similarmente, Colombia debe reforzar la regulación y supervisión de las casa de cambio y cambistas en aras de facilitar y mejorar los flujos de información y el comercio en esta zona.

Con relación a esto, Ferranti, Perry, Herreira y Walton (2003), señalan que la reforma de las políticas debe contar con el respaldo de cambios políticos y sociales, que van desde estados clientelistas y débiles a estados eficaces y redistributivos, élites sin prejuicios y dinamismo económico.

De acuerdo con la revisión anterior, se atisba que la ausencia de políticas públicas focalizadas y de un plan de desarrollo integral por parte del gobierno venezolano sin considerar las especificidades de la zona a la hora de instrumentar políticas, actúa en detrimento del desarrollo socioeconómico de la zona. La realidad y la dinámica de esta región, así lo corroboran. Por estas razones, resulta relevante tomar en cuenta las ideas propuestas por la teoría del desarrollo local a fin de generar mecanismos que vayan más allá de lo económico, tomando en cuenta las necesidades y las iniciativas de los propios pobladores de la zona; aún más, cuando esos espacios son compartidos con Colombia, nación que tiene un proyecto de país distinto al venezolano.

7. Conclusiones

Los especialistas del tema que se aborda en este artículo, coinciden al señalar que los esfuerzos realizados por las autoridades siguen siendo insuficientes y que variables como la porosidad de la frontera, las irregularidades del terreno, el alto nivel de desempleo, el diferencial cambiario entre ambos países y las divergencias políticas, sociales y económicas han contribuido a fomentar el tráfico ilícito de personas y mercancías, principalmente, el contrabando de extracción de gasolina venezolana hacia Colombia.

No obstante, la normativa nacional no contribuye a mitigar la problemática ni a fomentar el desarrollo local en las zonas fronterizas, especialmente en el municipio Bolívar del estado Táchira en Venezuela. Así mismo, se observa cómo la dinámica propia de la zona, desborda la institucionalidad formal; ya que, las asimetrías existentes en la perspectiva, instrumentación y ejecución de la normativa y el modelo de desarrollo local carecen de la participación de los actores de la comunidad.

Las personas involucradas en el comercio ilegal en esta región, alegan que las ganancias extraordinarias que obtienen y los laxos controles fronterizos entre ambos países, son un incentivo para llevar a cabo actividades al margen de la ley. Así mismo, la ausencia de empleo formal permite que este sector contraté un número importante depersonas; ya que, muchos no encuentran otra labor en que ocuparse porque no existe un plan de desarrollo integral que genere fuentes de empleo ni estímulos para la inversión. A todo lo anterior, se suman las diferencias en los precios de los bienes de Venezuela con respecto a Colombia, producto de la política cambiaria y de los subsidios otorgados por el gobierno venezolano a muchos productos y que fomentan los incentivos para la ilegalidad.

En este sentido, es importante atender a las recomendaciones realizadas recientemente por la CEPAL, y avanzar en temas sociales, económicos y políticos de manera mancomunados, orientados a mitigar las carencias presentes en calidad de vida de los pobladores y las asimetrías existentes entre ambas naciones; a través de una estructura de incentivos adecuada y un sistema de sanciones creíble, confiable y bien fundamentado que permitan reducir el intersticio que se hace evidente en una zona en donde confluyen dos modelos de país divergentes y en donde hace falta más que retórica y voluntad política para resolver los problemas que aquejan a los pobladores. De allí, la necesidad de instrumentar políticas públicas de desarrollo local en conjunción con el sector privado y los actores sociales de la población que atiendan a las especificidades de esta zona y que garanticen aprovechar las oportunidades y fortalezas para superar las debilidades y amenazas.

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Notas

Notas de autor