Introducción: El fin de la guerra pero no del conflicto

Tras la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular (FARC-EP) y el Gobierno de Colombia, representado por el presidente Juan Manuel Santos, en el Teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre de 2016, se dio por finalizada una cruenta guerra de más de 52 años, que acarreó secuelas mortales de enorme proporción y generó graves inconvenientes sociales, económicos, políticos y culturales.

Si bien el proceso logra apaciguar al principal grupo armado, este suceso no supone el fin del conflicto político y social en Colombia, tal como lo destaca Sánchez (2016), al señalar que la firma de los acuerdos de paz de La Habana entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, es sin duda la mejor noticia de los últimos años en materia de seguridad, pero esto no supone el fin del conflicto entre el Estado y las diversas fuerzas subversivas a las que se lleva enfrentando desde hace medio siglo, ya que las FARC-EP, no son las únicas fuerzas subversivas presentes hoy en día en Colombia. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), activo en amplias zonas del país, tratará de copar las abandonadas por las FARC-EP, y las bandas criminales que hacen parte de la delincuencia organizada también harán lo suyo en ese nuevo escenario. Este hecho histórico para Colombia también trae consigo un serio desafío para los responsables políticos y las comunidades afectadas, directa o indirectamente, por esta guerra.

Describir la violencia que ha transformado la historia de Colombia en estas últimas décadas resulta una ardua y compleja labor, debido a las disímiles representaciones que adquiere este fenómeno social, sean estas sociopolíticas, interpersonales, familiares y asociadas al narcotráfico, así como también resulta difícil diferenciar en esta violencia una reconfiguración impregnada de resentimientos, desconfianza y de ausencia de respuestas hacia las víctimas. Tal como lo subraya el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC, 2017), si bien las víctimas letales del conflicto han disminuido desde la firma de la paz, con la cifra más baja de homicidios en 42 años con 12.000 casos registrados en 2017, el fin de la guerra con las FARC-EP no ha logrado liberar a Colombia de la violencia que muchos expertos esperaban disminuiría prácticamente en todas partes. La firma ha impulsado el aumento de otras formas de violencia, lo que supone un serio desafío para el diseño y evaluación de las políticas del posconflicto con la FARC-EP.

En este contexto, el fin de la guerra rara vez es seguido por el florecimiento de la paz. Por el contrario, “los contextos posteriores a los conflictos suelen verse afectados por un aumento de la violencia, de tipo delictivo, así como, el aumento de la victimización que a menudo viene como una desilusión amarga de sociedades agotadas por décadas de lucha” (Aguirre y Muggah, 2017a). Este aspecto describe la amenaza que se cierne sobre este proceso, que puede alimentar la polarización política e incluso socavar la paz por completo.

El artículo se divide en cinco apartados: el primero muestra el contexto de la violencia en Colombia tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP; el segundo refiere a los desplazados como las víctimas inocentes de un conflicto que persiste, el tercero considera la muerte de líderes sociales y el cuarto el fenómeno del narcotráfico en el posconflicto con la FARC-EP; finalmente, hay un apartado de conclusiones. Para ello se hace una revisión de los planteamientos y datos de fuentes secundarias, en especial de organismos oficiales y oenegés que trabajan el tema de la violencia y el posconflicto, a fin de conocer sus señalamientos sobre el impacto y consecuencias de un conflicto que, a pesar del esfuerzo, aún continúa generando víctimas.

I. La violencia colombiana en contexto

Para finales de 2017, la violencia en Colombia continuaba disminuyendo sostenidamente como viene sucediendo desde 2012, en la cantidad de víctimas fatales en la que se destaca que la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes se redujo de 34 a 24 casos, tal como lo reseña el Informe ¿Cómo va la paz? de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) de 2018, en el que también se muestra que los desplazamientos que habían llegado a las 272.000 personas en 2012 afectaron en 2017 a 75.000. En medio del proceso de paz, el descenso de la violencia es notable si se compara con períodos anteriores, tal como lo destaca el Gráfico 1 en el que se observa que las muertes de combatientes se redujeron notablemente.

Por otra parte, se destaca la caída en los niveles de violencia vinculados al conflicto, ya que los incidentes entre el ejército y los desmovilizados casi han desaparecido por el cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad entre las partes. De acuerdo al Informe de la Misión de Apoyo de la Organización de Estados Americanos al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA) de 2017, las estadísticas muestran que de 860 acciones ofensivas de las FARC-EP (tomas, emboscadas, etc.) y de 558 combates con la fuerza pública en el 2002, se pasó a cero en los dos ítems en 2016. En el mismo lapso se pasó de 1.863 guerrilleros, 583 civiles y 381 militares y policías muertos en medio del conflicto, a un registro de cero en 2016.

Gráfico 1
Muertes violentas de combatientes en Colombia
Policía Nacional y Ministerio de la Defensa. Colombia

De igual manera, luego de la firma de los acuerdos de paz las muertes letales se redujeron drásticamente, la mayoría de ellas de guerrilleros, militares y policías. En el mismo tiempo, las muertes de civiles por el conflicto disminuyeron en 688 casos, tal como lo señala el CERAC (2017) que también subraya que estas cifras refieren un descenso de la violencia en Colombia que le permitió, en 2016, salir de la lista de los diez países con mayores tasas de homicidio a nivel mundial. Sin embargo, con una tasa de 25,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, aún supera la tasa promedio de América Latina y el Caribe, que está alrededor de 21 por cada 100.000 habitantes.

En cuanto a los diferentes delitos, en el primer semestre de 2017, las tasas de homicidios disminuyeron un 6% en comparación con el mismo período de 2016. Además, otros delitos cometidos por grupos armados también disminuyeron significativamente, incluyendo amenazas (35%), extorsión (43%), terrorismo (52%) y secuestros (18%), de acuerdo con lo señalado por Aguirre y Muggah (2017b), quienes también insisten en que estas mejoras no se deben únicamente al proceso de paz, sino que son el resultado de políticas de seguridad pública en Colombia adelantadas desde hace más de dos décadas. De igual manera, los descensos han sido significativos en los municipios que se encontraban en las zonas de influencia de las FARC-EP. La disminución ha sido particularmente notoria en los 28 municipios en los que las muertes por causa de la confrontación armada concentraron entre el 29 y el 65 % del total acumulado entre 2003 y 2016. En este grupo se encuentran zonas de los departamentos del Meta, Caquetá, Catatumbo, Arauca, Guaviare, y otros como Antioquia y Guajira que han visto cómo los combates han ido perdiendo fuerza.

Pese a este escenario alentador a nivel nacional, la violencia está adquiriendo niveles preocupantes en la mayoría de los centros urbanos e incluso en algunas zonas afectadas por el conflicto. Llorente (2017) expone que los asesinatos aumentaron en un 15% en las zonas más afectadas por la guerra en 2017, en comparación con el mismo período de 2016, debido a que cuando las FARC-EP se retiran de estas áreas, otros grupos están llenando el vacío. Uno de estos grupos, el Clan del Golfo, cuya actividad principal es el narcotráfico, ya está presente en Antioquia, Córdoba, Chocó, Nariño, Valle de Cauca y Caquetá. Por otra parte, en la medida que estos grupos armados llegan a los espacios abandonados por las FARC-EP, su primera tarea será acabar con la competencia, lo que originará nuevos focos de violencia. Ya para 2018, la Fiscalía General de Colombia señala que las cifras de homicidios como resultado del narcotráfico han aumentado 7,22% hasta el mes de junio, frente a igual periodo de 2017 (Fiscal: Tasa de… 2018, mayo 5).

Asimismo, tras la firma de la paz, la persistencia de otras organizaciones ilegales aún sigue generando intranquilidad en varias regiones del territorio nacional. De acuerdo con el Informe 2017 del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), durante 2016, se registraron 838 posibles infracciones del Derecho Internacional Humanitario, en parte debido a una reconfiguración de actores armados, por ello se considera prematuro hablar de una etapa de posconflicto en Colombia dado que persiste el conflicto armado con el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Ejército Popular de Liberación (EPL) (CICR, 2017)

Adicionalmente, el mismo informe revela que la paz sigue siendo amenazada por la existencia de disidencias de las FARC-EP en diferentes zonas de Colombia, el reacomodo de grupos de criminalidad organizada, la limitada reconciliación y deseos de venganza, conflictos sobre la tierra y formas ilegales de vigilancia y justicia, asociados a la limitada provisión de seguridad y justicia por parte del Estado. De igual manera subraya que, habitualmente todos los acuerdos de paz van acompañados de cierta volatilidad y resentimiento, y Colombia no es la excepción. Generalmente, hay riesgos de resurgimiento de la violencia especialmente cuando se trata de disputas de larga duración sobre la tenencia de tierras, cuando las familias desplazadas vuelven a encontrar sus casas ocupadas o cuando los excombatientes regresan a sus comunidades y no siempre son bienvenidos, lo que conlleva a que la violencia relacionada con la justicia por mano propia también puede aumentar si el proceso de paz no se mueve con rapidez. Estos aspectos impactan en las nuevas fases que está adaptando la violencia en el país neogranadino y describe que tras estos nuevos escenarios después de la firma de la paz con las FARC-EP y la reconfiguración de la violencia en Colombia, el apoyo y resguardo a las víctimas civiles es una tarea pendiente que comienza a generar desconfianza (CICR, 2017).

II. Desplazados: víctimas inocentes del conflicto

Pese al progreso en la implementación del acuerdo de paz, Colombia sigue viviendo las secuelas de un conflicto que se resiste a desaparecer y adquiere nuevas connotaciones. Entre las víctimas durante la guerra y posterior a la firma de la paz en 2016 se encuentra la población civil, la cual continúa en medio de la indefensión y las disputas entre las disidencias de las FARC-EP, organizaciones como el ELN y las bandas criminales. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), para finales de 2017, cerca de 56.000 civiles fueron afectados en esta etapa del posconflicto con las FARC-EP (Violencia en 2018… 2018, enero 3)

Este hecho ha generado incertidumbre sobre si el acuerdo de paz es suficiente para reducir la violencia, o si la negociación ha generado una dispersión de la criminalidad que ha redundado en el aumento de la inseguridad urbana y rural. A fin de mostrar gráficamente los retos que plantea el posconflicto con las FARC–EP y la afectación a la población civil, la Fundación Paz y Reconciliación determinó que en por lo menos 281 municipios deberán hacerse esfuerzos importantes en los determinantes que originaron el conflicto, para consolidar los acuerdos de paz que se alcancen en un futuro. A ello se suman unos 300 municipios en los que predominan actividades económicas ilegales. Se tiene conocimiento de presencia y dominio de grupos surgidos desde mediados de 2006, luego de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (PARES, 2015). Si bien estos 300 municipios no son foco fundamental del posconflicto, deberá pensarse un tratamiento especial para ellos, para lograr construir una sociedad pacífica y democrática a futuro.

En 2015, PARES representó las regiones según diferentes niveles de vulnerabilidad, aspecto que debe ser considerado al momento de analizar el impacto del posconflicto en la población civil, y en especial en los territorios rurales y distantes de los grandes centros urbanos de Colombia (Mapa 1). En la misma se observa el alto porcentaje de territorios proclives a violencia vinculada al posconflicto y/u otros factores como el narcotráfico, lo que conlleva a reflexionar sobre la complejidad y temporalidad de las medidas destinadas a mejorar la confianza y reducir los efectos del trauma del posconflicto.

Por otra parte, entre las medidas consideradas a raíz de las negociaciones y arreglos con las FARC-EP, se encuentra el acuerdo sobre las víctimas del conflicto, en el que se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición¹, que busca contribuir a garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición de sus actividades criminales, como elementos esenciales para el proceso de transición a la paz luego de décadas de conflicto armado.

Adicionalmente, Vanegas (2018) destaca que de acuerdo con el RUV durante 2017 se presentaron 54 mil casos de desplazamiento forzado, lo que representa el 79% del total de víctimas. Las regiones más afectadas por el flagelo son Chocó (9.684 casos), Nariño (7.776), Norte de Santander (5.512) y Antioquia (5.904). Estas cifras sobre desplazados internos en Colombia muestran un escenario de violencia que no ha desaparecido a pesar de los acuerdos de paz y la desmovilización de las FARC-EP; lo que lleva al Estado colombiano a establecer medidas de protección para la población civil, víctima de un conflicto que no termina de generar muertes y afectación en la población más vulnerable.

Mapa 1
Índice de Vulnerabilidad en el Postconflicto
Fundación Paz y Reconciliación (PARES, 2015).

Desde enero hasta mayo de 2018 se tiene información de por lo menos 150.000 personas que han sufrido el desplazamiento forzado, al mismo tiempo que la reorganización de los grupos armados que hacen parte del conflicto en algunas comunidades, ha obligado a la población civil a un confinamiento que violenta sus derechos fundamentales, tal como lo reseña Érika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional (Guevara, 2018). De igual manera, el Consejo Noruego para los Refugiados (NCR, por sus siglas en inglés) de Colombia, señala que en 2017 los enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad del Estado, el ELN, las disidencias de la FARC-EP y los grupos criminales, son una constante en los territorios rurales, como es el caso de comunidades de pueblos indígenas del Chocó y Risaralda (Tras la firma… 2017, noviembre 23). Asimismo, el ataque a las comunidades civiles en el Pacífico colombiano se incrementó en un 17%. Todo apunta a que la desmovilización de las FARC-EP exacerbó la violencia en la mayoría de los municipios del Pacífico y en el Catatumbo, frontera con Venezuela. Pese a la implementación del acuerdo de paz, la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señala que para 2017, Colombia sigue siendo el país con mayor número de desplazados internos en el mundo. Entre las regiones más afectadas por amenazas e intimidaciones están Antioquia (2.196 casos) Nariño (1.977) Valle del Cauca (1.424) y Chocó (847) (ACNUR, 2018).

De acuerdo con la Defensoría de Pueblo de Colombia (DPC), en el primer semestre de 2018 hubo 17.825 personas desplazadas, concentradas en 5.262 familias. En el caso de la frontera de Colombia con Venezuela, en el departamento Norte de Santander, específicamente en la región del Catatumbo, el conflicto no cesa y sigue generando desplazamientos forzados que impulsan el incremento de la exclusión social, mortalidad, trastornos psicosociales y el rompimiento de la propia identidad de sus habitantes (Gráfico 2).

Desde el 14 de abril de 2018, en la región del Catatumbo, se vienen presentando combates entre agrupaciones guerrilleras y bandas criminales, específicamente en el ELN y disidencias del EPL denominadas Los Pelusos, por el control de territorios claves para la siembra, producción y distribución de drogas, así como del control de los diferentes mercados ilícitos que existen en la frontera con Venezuela. Hasta el mes de junio de 2018, la Defensoría del Pueblo contabiliza 9.686 personas desplazadas en el Catatumbo, lo que representó el 54% de los desplazados a nivel nacional. Ya para el mes de julio, se reanudaron los enfrentamientos en los municipios de San Calixto y Teorama (Región del Catatumbo), generando cerca de 173 nuevos desplazados (DPC, 2018a).

En lo que se refiere al departamento fronterizo de Arauca, el Centro Regional de Atención y Reparación a las Víctimas (CRARV) en esa entidad, subraya que se han presentado 74 desplazamientos de enero a julio de 2018. Aunque esta cifra es la mitad de los ocurridos en 2017, las condiciones de inseguridad y presencia del ELN, así como de disidencias de las FARC-EP, forman parte de las causas que han originado los desplazamientos, en especial de las veredas El Caracol, Feliciano y Clarinetero. (Desplazamiento en Arauca…, 2018, 28 de febrero).

III. La muerte de líderes sociales. Una realidad advertida

Si bien el acuerdo de paz de Colombia ha permitido reducir la violencia en líneas generales, el asesinato selectivo de activistas sociales e indígenas se convierte en un problema que matiza el posconflicto con la FARC- EP y apunta a implementar nuevas medidas. Tal como lo señala la oenegé Somos Defensores (2018a) en su boletín trimestral julio – septiembre 2018, la violencia política

Gráfico 2
Desplazamiento en Colombia en 2018
Defensoría del Pueblo de Colombia

ya ha cobrado más de 50 víctimas en el primer semestre de 2018, acompañado del aumento de amenazas a los líderes sociales por parte de grupos criminales. Tanto los excombatientes de las FARC-EP como sus familias se encuentran ahora en excepcional riesgo. Como la seguridad es en doble vía, hay que advertir que hoy preocupa la violencia contra excombatientes y líderes sociales. Con respecto al 2017, los homicidios contra estos últimos han aumentado en 30%.

Como aspecto vinculante a esta problemática, la posesión de las tierras en manos de terratenientes es uno de los grandes asuntos que desencadenó esta guerra, aspecto aún no resuelto. En ese sentido y de acuerdo con Eduardo Álvarez Vanegas, director del área de Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz, el gobierno colombiano calcula que los campesinos fueron despojados de 8,3 millones de hectáreas que fueron a parar a manos de grandes empresarios que compraron, generalmente a muy buen precio, a medida que los lugareños se veían obligados a abandonar sus casas. Muchas de estas situaciones obedecen a la débil presencia del Estado en territorios controlados por grupos guerrilleros y bandas criminales. Las FARC-EP también se dedicaron, desde hace algún tiempo, al narcotráfico y con ello construyeron fuentes de poder, de autoridad e incluso de gobernabilidad. La confianza generada a raíz de los acuerdos de paz a finales de 2016, se ha ido transformando en rechazo, perplejidad y desconfianza, a raíz de las constantes noticias sobre asesinatos de líderes sociales o defensores de derechos humanos en diferentes departamentos de Colombia. (Colombia tras el… 2017, diciembre 1).

Tal como lo reseña la Defensoría del Pueblo de Colombia, desde enero de 2016 hasta junio de 2018, han sido asesinados 311 líderes sociales en todo el país; para el mes de agosto la cifra aumentó a 326 líderes objeto

Mapa 2
Homicidios de líderes sociales y defensores de DD.HH.
Defensoría del Pueblo de Colombia.

de homicidio. Los departamentos en los cuales han muerto más líderes sociales son Cauca y Antioquia, en tercer lugar el Departamento Norte de Santander y en quinto lugar el Departamento de Arauca, los dos últimos, fronterizos con Venezuela (Mapa 2). (La escalofriante radiografía… 2018, julio 11)

Por otra parte, el perfil de los líderes asesinados permite entender las posibles causas que originan la violencia contra estas figuras luego de la firma de la paz en Colombia. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, se trata de líderes comunales, comunitarios e indígenas la mayoría de ellos, dedicados a labores de defensa del territorio en procesos de restitución de tierras y de retornos, a la promoción de derechos humanos, el respeto del agua y en especial previniendo el reclutamiento por parte del ELN y el Clan del Golfo.

Asimismo, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) subraya que los patrones por los cuales están siendo asesinados los líderes sindicales obedecen al cultivo de coca, la minería ilegal, y el tema de la restitución de tierras. Hasta julio de 2018, los conflictos por tierra, territorio y recursos humanos han causado el 83,19% de los homicidios, mientras que los conflictos por cultivos de coca relacionados con los pactos de sustitución o erradicación forzada, han provocado el 13% de las víctimas (La escalofriante radiografía… 2018, julio 11). De igual manera, el Informe Anual 2017 de la oenegé Somos Defensores (2018b), destaca que la comparación de los hallazgos con otros estudios sobre las motivaciones para asesinar líderes sociales coinciden en que están relacionados con las disputas por la tierra, nuevos escenarios de participación política, intereses de explotación minera o de otros recursos naturales, tráfico de drogas, microtráfico, cultivos de uso ilícito y sustitución de éstos, entre otros.

Otro elemento para considerar lo refiere la Defensoría del Pueblo de Colombia, al señalar que los homicidios contra los líderes sociales se están perpetrando bajo tres situaciones de riesgo (La escalofriante radiografía… 2018, julio 11):

1. 1. La expansión del ELN en los departamentos del Chocó, Norte de Santander, Cauca, Arauca y Nariño. Una circunstancia que ha llevado a enfrentamientos con la Fuerza Pública y otros actores armados.
2. 2. La conformación de las disidencias de las FARC en Meta, Guaviare, Vichada, Vaupés, Caquetá, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, tras la desmovilización de esta guerrilla por el acuerdo de paz alcanzado en 2016.
3. 3. La consolidación del área de dominio de los grupos armados “posdesmovilización” en Córdoba, Sucre, Magdalena, Chocó, Antioquia, Risaralda, Caldas, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo.

En consecuencia, los líderes sociales son amenazados o asesinados principalmente en lugares donde operan los grupos dedicados al narcotráfico y el comercio ilegal, debido a la presencia del ELN, a que parte de la nueva dinámica de violencia obedece al surgimiento y fortalecimiento de grupos delincuenciales que buscan consolidarse en territorios donde tenían presencia las FARC-EP a fin de controlar los cultivos ilícitos, mantener el dominio de los corredores de narcotráfico y controlar los negocios ilícitos, y el afianzamiento de grupos en la categoría de “posdesmovilización”. De otra parte, también son asesinados porque defienden territorio para la restitución de tierras y de retornos, son promotores de derechos humanos, propugnan el respeto del agua y previenen el reclutamiento por parte de grupos irregulares.

IV. Narcotráfico, posconflicto y fronteras

En la medida que progresaban las conversaciones para la búsqueda de la paz en Colombia, el narcotráfico continuó perfeccionando sus actividades criminales, aumentando las hectáreas sembradas de drogas, así como su reconfiguración tras la firma de la paz, promoviendo la violencia como estrategia para controlar territorios clave, tanto para la siembra y procesamiento de la materia prima, como para las rutas de comercialización de los alcaloides.

De acuerdo con Medicina Legal Colombia (2018), durante el primer trimestre de 2018, se han registrado 3.491 homicidios asociados al narcotráfico, lo que representa un incremento del 7,22% respecto a lo registrado durante el primer trimestre de 2017; aspecto que se vincula con el aumento de cultivos ilícitos y las pugnas por el control y comercialización de estas drogas. Ya para 2017, la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP por sus siglas en inglés), señaló que en Colombia se alcanzó la cifra récord de 209.000 hectáreas de cultivos de coca en Colombia, aumentando un 11% en comparación a 2016, mientras que la producción potencial de cocaína pura también aumentó en 19% hasta las 921 toneladas métricas (Colombia llega a… 2018, junio 25).

Muchas han sido las interpretaciones políticas, académicas y técnicas sobre las causas que originaron este aumento de cultivos. Según Ávila (2018), se debe al vacío de poder que se generó con la salida de las FARC- EP de sus zonas de operación; lo que llevó al surgimiento y llegada de diferentes estructuras criminales, que aumentaron la presión para que los campesinos sembraran más hoja de coca. Sumado a ello, en diversas regiones del país familias de cocaleros aumentaron la siembra ante la expectativa de recibir beneficios en el marco del acuerdo de paz. En correspondencia a lo anteriormente expuesto, Ávila (2018) también sostiene que otro factor que pudo haberlo motivado fue el aumento del consumo de cocaína en países como Estados Unidos, Brasil, Argentina y varios países europeos.

Asimismo, la recomposición del negocio del narcotráfico en las antiguas zonas de influencia de las FARC-EP, los débiles resultados alcanzados en erradicación manual y sustitución voluntaria, las expectativas generadas entre los campesinos cocaleros con el Programa Nacional Integral de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS)², y la presión que genera el aumento global de la demanda por droga, especialmente de clorhidrato de cocaína, podrían explicar los aumentos de los cultivos de hoja de coca para uso ilícito en el último año en Colombia. (Por qué aumentaron… 2018, diciembre 8). Por otra parte, la Fundación Paz y Reconciliación (PARES, 2018b) subraya que para mediados de 2018, existen cerca de 200.000 hectáreas de hoja de coca, el 49%, se concentra en 10 municipios de los 1.122 que tiene el país; varía es el número de hectáreas, pero el bajo Putumayo y el Pacífico nariñense siempre han punteado. El siguiente cuadro muestra los 10 municipios con mayor concentración de cultivos de hoja de coca en Colombia para 2017:

Cuadro 1

Municipios colombianos con mayor concentración de cultivos de coca (2017)

Fundación Paz y Reconciliación (PARES, 2018b).

Por último, es importante destacar que, exceptuando el municipio de El Tambo en Cauca, las entidades señaladas están ubicadas en regiones fronterizas, en donde la porosidad geográfica, la débil presencia del Estado y la fuerte presencia de grupos criminales, posibilitan los cultivos de coca, así como su procesamiento y distribución. Esta situación indica que la violencia asociada al narcotráfico y grupos criminales estará presente en estas regiones, estimulando el conflicto con diversos actores, escenarios y, sobre todo, con víctimas civiles inocentes. En el caso de la frontera con Venezuela, complementando las características del entorno anteriormente expuesto, el deterioro de las relaciones diplomáticas entre ambos países, su distanciamiento a raíz del cierre de la frontera en 2015 y la ausencia de políticas de cooperación transfronteriza, pueden haber impulsado la actividad del narcotráfico y elevado los índices de conflictividad social.

V. Conclusión

La firma de la paz con las FARC-EP y su posterior desmovilización, simbolizó un antes y un después del largo conflicto social que vive Colombia, reduciendo las muertes por enfrentamiento entre la fuerza pública y el principal grupo guerrillero, pero no aseguró el fin del conflicto debido a que no se consideraron otros aspectos trascendentes y relevantes. Quizás la débil presencia institucional en muchos territorios, así como también la persistencia de problemas que impulsaron el conflicto durante décadas, trae consigo nuevos retos para el Estado colombiano, entre estos, se encuentra lograr la presencia física de sus instituciones en los territorios vulnerables, no solo para generar confianza, sino para impulsar la gobernanza que desmonte la violencia y promueva un desarrollo integral acorde a las necesidades de los ciudadanos, en especial las víctimas directas o indirectas del conflicto.

En las nuevas dinámicas persiste la violencia, el desplazamiento, la muerte de líderes sociales y el narcotráfico como referentes de un conflicto que pasó a una nueva etapa. En cuanto al narcotráfico, no extraña la ubicación de los principales cultivos de coca en regiones de frontera, debido a las dificultades de presencia institucional del Estado, la porosidad de sus fronteras, así como las débiles políticas de cooperación transfronteriza, muchas de ellas supeditadas a frágiles relaciones con países vecinos como Venezuela y Ecuador.

A pesar de las promesas y ofertas que se enmarcaron en el proceso para la firma de la paz con las FARC- EP, el desplazamiento, la muerte de líderes sociales y la impunidad, siguen siendo una realidad en Colombia tras décadas de conflicto armado. Suponer que la desmovilización e inserción a la vida política del principal grupo guerrillero en Colombia frenaría el conflicto social, resultó ser una quimera en diversas regiones del país debido a la prominente presencia de otros grupos armados y a la ausencia de oportunidades distintas a las ya establecidas cuando las FARC-EP hacían presencia en estos territorios.

Tras cumplirse poco más de 2 años desde la firma del acuerdo de paz, la experiencia y los hechos indican que las nuevas políticas deben promover estrategias que vayan más allá de las acciones militares, impulsando un desarrollo sostenible efectivo en regiones donde sus ciudadanos, a lo largo de décadas, solo han conocido a la violencia y la muerte como fenómenos que han configurado su existencia.

Referencias bibliográficas

ACNUR-ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (2018). “Crece el desplazamiento forzado en Colombia a pesar del acuerdo de paz”. [Documento en línea] [Fecha de consulta: 28/10/2018] Disponible en: https://www.acnur.org/noticias/briefing/2017/3/5aa142ce111/2763-crece-el-desplazamiento-forzado-en-colombia-a-pesar-del-acuerdo-de-paz.html

AGUIRRE, Katherine y MUGGAH, Robert (2017a). “¿Qué explica el cambio de violencia en Colombia después de la guerra?”. [Documento en línea] [Fecha de consulta: 24/10/2018] Disponible en: https://colombia2020.elespectador.com/pais/que-explica-el-cambio-de-violencia-en-colombia-despues-de-la-guerra

AGUIRRE, Katherine y MUGGAH, Robert (2017b). Cómo está cambiando la violencia en Colombia después de las FARC. Instituto Igarapé. [Documento en línea] [Fecha de consulta: 14/10/2018] Disponible en: https://igarape.org.br/en/how-violence-is-changing-in-post-farc-colombia/ (Original publicado en inglés en American Quartely y trata de la violencia en América Latina y cómo reducirla. https://www.americasquarterly.org/content/latin-america-could-cut-its-murder-rate-50-percent-heres-how).

ÁVILA, Ariel (2018). “El narcotráfico en Colombia. Una realidad compleja”. [Documento en línea] [Fecha de consulta: 12/11/2018] Disponible en: https://www.semana.com/opinion/articulo/cifras-de-narcotrafico-en-colombia-por-ariel-avila/573299

CERAC-CENTRO DE RECURSOS PARA EL ANÁLISIS DE CONFLICTOS (2017). “Datos del conflicto armado 2017”. Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos. [Documento en línea] [Fecha de consulta: 10/10/2018] Disponible en: http://www.cerac.org.co/es/recursos/datosconflictoscolombia/

CICR-COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (2017). Retos Humanitarios 2017. Informe Colombia: resultados y retos. Bogotá: CICR.

“Colombia llega a niveles de récord en cultivos de coca y producción de cocaína, según informe de Estado Unidos”. (2018, junio 25) [Documento en línea] [Fecha de consulta: 24/10/2018] Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/25/colombia-coca-cocaina-record-niveles-altos-estados-unidos-ondcp/

“Colombia tras el conflicto”. (2017, diciembre 1). [Documento en línea] [Fecha de consulta: 10/10/2018] Disponible en: https://elpais.com/especiales/2017/planeta-futuro/colombia-tras-el-conflicto/

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA (2018a). Por día, 100 personas son desplazadas en Colombia. [Documento en línea] [Fecha de consulta: 14/10/2018] Disponible en: http://www.defensoria.gov.co/es/public/atencionciudadanoa/1473/Asesoria-a-poblaci%C3%B3n-en-situaci%C3%B3n-de-desplazamiento.htm

“Desplazamiento en Arauca alcanza la mitad de la cifra de 2017” (2018, febrero, 28). [Documento en línea] [Fecha de consulta: 4/10/2018] Disponible en: https://lavozdelcinaruco.com/18931-desplazamiento-en-arauca-alcanza-la-mitad-de-la-cifra-de-2017#.W-2UEehKiUk

“Fiscal: Tasa de homicidios en Colombia va en aumento”. 2018, mayo 5 [Documento en línea] [Fecha de consulta: 16/10/2018] Disponible en: https://www.kienyke.com/noticias/fiscal-tasa-de-homicidios-en-colombia-va-en-aumento

GUEVARA, Erika (2018). “El Estado colombiano debe abordar las causas estructurales de la violencia”. [Documento en línea] [Fecha de consulta: 16/10/2018] Disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2018/05/el-estado-colombiano-debe-abordar-las-causas-estructurales-de-la-violencia/

“La escalofriante radiografía de los asesinatos contra líderes sociales en Colombia: esto es lo que sabemos” (2018, julio 11). [Documento en línea] [Fecha de la consulta: 14/10/2018] Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2018/07/11/asesinatos-lideres-sociales-colombia-cifras-defensoria-motivos-somos-defensores/

LLORENTE, María (2017). De la guerra a la paz: seguridad y estabilización de Colombia. En: Controlando el territorio y construyendo seguridad y justicia en el posconflicto colombiano. Edición especial de los Diálogos por la Seguridad Ciudadana, pp. 2-5. Instituto Igarapé. Brasil.

MAPP/OEA-MISIÓN DE APOYO DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS AL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA (2017). Vigésimo Segundo Informe del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos. [Documento en línea] [Fecha de consulta: 9/10/2018] Disponible en: https://www.mapp-oea.org/wp-content/uploads/2018/02/XXII-Informe-Semestral-MAPPOEA.pdf

MEDICINA LEGAL (2018). “Medicina Legal confirma aumento del 7 % en casos de homicidios. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense de Colombia”. [Documento en línea] [Fecha de consulta: 16/10/2018] Disponible en: http://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/262076/Forensis+2017+Interactivo.pdf/0a09fedb-f5e8-11f8-71ed-2d3b475e9b82

PARES- FUNDACIÓN PAZ Y RECONCILIACIÓN (2015). Lo que hemos ganado. Han disminuido los combates, las muertes, los heridos, los secuestros y los desplazamientos. [Documento en línea] [Fecha de consulta: 12/10/2018] Disponible: https://www.pares.com.co/wp.../Descargue-Informe-Completo.pdf

PARES- FUNDACIÓN PAZ Y RECONCILIACIÓN (2018a). ¿Cómo va la paz? Informe. [Documento en línea] [Fecha de consulta: 12/10/2018] Disponible en: https://pares.com.co/2018/06/06/como-va-la-paz-2018/(Error 9: El enlace externo ¿Cómo va la paz? Informe debe ser una url) (Error 10: La url ¿Cómo va la paz? Informe no esta bien escrita)https://pares.com.co/2018/06/06/como-va-la-paz-2018/https://pares.com.co/2018/06/06/como-va-la-paz-2018/

PARES- FUNDACIÓN PAZ Y RECONCILIACIÓN (2018b). El narcotráfico en Colombia. Una realidad compleja. [Documento en línea] [Fecha de consulta: 12/10/2018] Disponible en: https://pares.com.co/2018/06/29/el-narcotrafico-en-colombia-una-realidad-compleja/

“¿Por qué aumentaron los cultivos de uso ilícito en Colombia?” (2018, julio 2). [Documento en línea] [Fecha de consulta: 2/10/2018] Disponible en: https://verdadabierta.com/aumentaron-los-cultivos-uso-ilicito-colombia/

SÁNCHEZ, Emilio (2016). “Colombia: ¿nos encontramos al final del conflicto o al comienzo de la paz. Documento de Análisis N° 60, pp. 59-77. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Madrid, España.

SOMOS DEFENSORES (2018a). Agresiones contra Defensores (as) de Derechos Humanos en Colombia julio – septiembre 2018. Boletín trimestral. [Documento en línea] [Fecha de consulta: 15/10/2018]. Disponible en: https://somosdefensores.org/wp-content/uploads/2018/08/Documentos/TODOS%20LOS%20INFORMES/informes%20en%20espa%C3%B1ol/boletines%20trimestrales/Boletin-Julio-Septiembre-SIADDHH-2018.pdf

SOMOS DEFENSORES (2018b). Informe Anual 2017 “Piedra en el zapato”. [Documento en línea] [Fecha de consulta: 16/10/2018] Disponible en: https://somosdefensores.org/wordpress/2018/03/01/piedra-en-el-zapato/

“Tras la firma del proceso de paz aumentó la violencia en Colombia” (2017, noviembre 23). [Documento en línea] [Fecha de consulta: 25/10/2018] Disponible en: https://www.aa.com.tr/es/mundo/tras-la-firma-del-proceso-de-paz-aument%C3%B3-la-violencia-en-colombia/975051

VANEGAS, María (2018). Por qué Colombia sigue viviendo a la sombra de la guerra. [Documento en línea] [Fecha de consulta: 5/10/2018] Disponible en: https://www.opendemocracy.net/democraciaabierta/mar-alejandra-vanegas/violencia-en-2018-estos-son-los-retos-que-afronta-colombia

“Violencia en 2018: estos son los retos que afronta Colombia” (2018, enero 3). [Documento en línea] [Fecha de consulta: 12/10/2018] Disponible en: https://pacifista.tv/notas/violencia-en-2018-estos-son-los-retos-que-afronta-colombia/

Notas

Notas de autor