Introducción

Este artículo es uno de los productos que presenta avances del proyecto aprobado en convocatoria interna de proyectos de investigación del Tecnológico de Antioquia, en 2018, titulado: “Descripción, análisis y seguimiento de las medidas que incorporan la perspectiva de género en el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC -EP en Antioquia”. El objetivo principal es hacer unas reflexiones iniciales de la relación entre lo pactado y el avance de la implementación de los acuerdos firmados, luego de las negociones entre el Estado colombiano y el grupo insurgente de las FARC-EP. El acuerdo de paz (AP) representa la posibilidad de construir un país, donde la violencia no siga siendo protagonista de la cotidianidad, se resignifique la paz y se de-construyan las estéticas de la guerra.

Por su parte, las acciones y disposiciones que involucran la perspectiva de género dentro de lo pactado, tendrán relevancia y serán protagonistas dentro del análisis propuesto; puesto que, uno de los elementos que se destaca en el AP es la transversalización del enfoque de género en los seis puntos pactados; hecho que se configura como un aporte al trabajo para la erradicación de algunas de las violencias simbólicas, culturales y estructurales que sufren las mujeres por su condición de sexo, raza, etnia y clase. Se hace necesario mencionar que las mujeres, y en especial las mujeres de los contextos rurales, representan el 58% de las víctimas del conflicto (Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), 2015; ONU Mujeres, 2015). La aplicación y materialización del enfoque de género propuesto en el AP es, sin lugar a dudas, uno de los desafíos de la implementación del acuerdo, ya que representa una posibilidad para superar elementos de la violencia directa producto del conflicto, como también propone la superación, o al menos trabajar en su reducción, de las violencias culturales y estructurales que han padecido históricamente las mujeres y especialmente las mujeres campesinas colombianas.

La guerra y la confrontación armada han sido en la historia de Colombia una constante, durante el siglo pasado se pueden contar al menos 22 guerras; todas ellas enmarcadas dentro de una lucha de poder entre el Estado, los empresarios y la iglesia, transversalizada y acentuada en la disputa por el poder territorial y estatal librada por los partidos políticos tradicionales. En una de sus reflexiones sobre la génesis del conflicto en Colombia, María Emma Wills evidencia que la guerra tiene unas características propias del contexto histórico-político del país, enmarcada dentro de unas grandes rupturas y atravesada, a su vez, por unas transformaciones sociales, políticas y económicas complejas. Wills determina que el conflicto bélico colombiano tiene tres nudos que se entretejen según se configuran las relaciones de poder entre los diferentes actores, por lo que las problemáticas creadas por la interacción de estos, y que son a su vez la raíz de la guerra, se puede resumir en: “[…] un campesinado sin representación política, una polarización social en el marco de una institucionalización fracturada y unas articulaciones perversas entre las regiones y el centro” (2015, p. 1).

En efecto, para Ugalde-Zubiri y Freytter-Florián (2014) la violencia se convirtió en un fenómeno cultural presente en todas las esferas sociales del país y de la cual participan no solamente los grupos insurgentes, los paramilitares, el narcotráfico y las fuerzas militares, sino que también están vinculados “empresarios, comerciantes, terratenientes y políticos” (p. 176). A finales de la década de los cincuenta, y después de varios años de violencia bipartidista, se agudizó en el país la violencia política, la cual se enmarcó en los acontecimientos propios del contexto histórico-político del momento, en donde las tensiones entre los poderes políticos, económicos, religiosos y el contexto internacional de la guerra fría influyeron directamente en la creación de un ambiente que posibilitaría el inicio de una guerra entre el Estado y los grupos guerrilleros nacientes (Ugalde-Zubiri y Freytter-Florián, 2014).

Por otro lado, y con respecto a las víctimas la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), en un informe elaborado en el año 2015, determinó que las principales víctimas de la confrontación armada, eran en su gran mayoría campesinos empobrecidos que habían sido, de alguna manera, instrumentalizados por los actores armados. El informe de la CHCV estableció que dentro de las causas más profundas del conflicto colombiano estaban: el tema de la cuestión agraria sin resolver; la debilidad institucional en los territorios más golpeados por la violencia; la creciente desigualdad que genera grandes brechas, por ejemplo, en el acceso a dimensiones básicas como salud y educación; la pobreza y, por ende, las precarias condiciones sociales que estas desigualdades generan en la población colombiana (CHCV, 2015). Al respecto de instrumentalización del campesinado, la investigadora Donny Meertens evidencia que una de las facetas de los que habitan los campos ha sido su participación en la guerra como soldados, ocasionando en ellos la construcción “[…] de colectividades identificadas con un caudillo, un partido o una bandera de guerra (produciendo) unas ciudadanías fragmentadas por lealtades clientelistas y prácticas violentas” (Meertens, 1997, p.14).

En este mismo sentido, y dentro del contexto colombiano, la violencia tiene varias facetas que Meertens (1995) describe como un período de tiempo, a mediados del siglo XX, en donde se intensificó la guerra y aparecieron nuevos actores, como los grupos insurgentes, dentro del escenario de la confrontación. También se define como una cultura producto del longevo conflicto armado que vive el país; igualmente, es mencionada por algunas víctimas del conflicto como una fuerza anónima sin autores que mató a alguno o a varios de sus seres queridos (Meertens, 1995, p. 37).

Se podría decir entonces que en la historia de la violencia en Colombia se pueden analizar dos elementos característicos del conflicto: el primero es que la pobreza, en sí, es una causa y, a la vez, consecuencia de la violencia y la confrontación; el segundo muestra que la guerra es un ejercicio patriarcal, en donde los hombres representan los principales protagonistas de las armas y las mujeres se convierten en las principales víctimas. En palabras de Wills:

[…] la agresión contra las mujeres y las marcas que los armados dejaban en los cuerpos de las mujeres torturadas y violadas, tienen un sentido instrumental y simbólico, que consiste en no dejar semilla del enemigo (2015, p. 11).

La investigación de Meertens (1995) evidencia que la relación mujer, género y violencia es un tema que empezaba a aparecer en el horizonte de la reflexión académica; sin embargo, en la multiplicidad de estudios e investigaciones sobre las causas y consecuencias del conflicto armado en Colombia, la perspectiva de género dentro de estas investigaciones no aparece como un aspecto diferenciador dentro de los análisis propuestos.

Hoy en día, gracias al auge y avance que ha tenido en los últimos 20 años el pensamiento y la construcción epistémica feminista, junto con la llamada feminización de varios espacios, incluido el académico, se ha propiciado la complejización y apogeo de las reflexiones sobre las diferentes problemáticas de las mujeres, visibilizando y poniendo en la lupa sus problemáticas en clave del acceso y protección de sus derechos, empujando, por un lado estudios e investigaciones sobre el tema en el ámbito académico y, por otro, el establecimiento de agendas públicas y privadas que proponen e intencionan acciones afirmativas concretas que buscan darle solución a estas problemáticas.

Por lo tanto, el enfoque de género propuesto dentro del AP, se presenta como una oportunidad para materializar iniciativas en aras de la mejora de las condiciones de vida de las mujeres, pero también brinda la posibilidad de construir la paz de forma democrática e inclusiva, en el sentido de que promueve la participación e incluye las demandas de las mujeres que han sido víctimas del conflicto o relegadas por el sistema patriarcal que instaura imaginarios y formas de relacionamiento social jerárquico, soslayando y subordinando las voces y sentires de las mujeres.

Metodología

Breve aproximación al enfoque metodológico

El presente artículo como se menciona en párrafos anteriores es uno de los resultados de investigación aprobada en convocatoria interna de proyectos del Tecnológico de Antioquia. El proyecto como tal pretende realizar una descripción en clave de seguimiento a la implementación de las medidas que incorporan la perspectiva de género en el AP firmado entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. Y para ello se plantea, en este primer ejercicio, un análisis cualitativo de tipo descriptivo y exploratorio, en donde se puntualice y se resuman elementos claves de las 130 disposiciones o medidas que incorporan y transversalizan el enfoque de género dentro de los seis puntos pactados en dicho acuerdo.

El enfoque metodológico que se propone en este artículo está guiado por la revisión bibliográfica y documental de textos como: Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (2016), CONPES 3932 (2018) y Plan Marco de Implementación (PMI). En estos textos, se plasman indicadores que posibilitan hacerles seguimiento a las 130 disposiciones que contienen sobre la perspectiva de género. A su vez, estos mismos documentos sirven de guía para diseñar y formular estrategias que serán la ruta para la materialización del enfoque de género en la implementación del AP.

Adicionalmente, se revisó el informe del Instituto Kroc; (2019), que junto con la revisión al II informe elaborado por el grupo Género y Paz (GPAZ) (2019) y de algunas reflexiones del encuentro Nacional de Mujeres en Proceso de Reincorporación: Farianas y Diversas, realizado a mediados del 2019, por mujeres firmantes de la paz, completan el análisis desde perspectivas y lugares diversos.

La revisión de estos documentos brindará las bases para identificar los elementos principales que se establecen en el acuerdo y que guiarán la construcción de una paz inclusiva y con enfoque de género. Así mismo, la consulta de informes sobre el proceso de implementación del AP permitirá realizar un primer acercamiento a la relación entre lo acordado y lo implementado, en clave de seguimiento a lo pactado.

Aproximación a lo pactado en el AP

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) emite en 2018 el documento CONPES 3932, en donde se dictan medidas y se diseñan estrategias para la implementación del AP. En este documento se diseña el plan para la implementación de los acuerdos, fijando una serie de retos que propician el desarrollo de un país que camine hacia la construcción de la paz. Se hace necesario mencionar que el AP está construido sobre la base de tres enfoques: el enfoque territorial, el cual propone la priorización de municipios en los cuales la guerra se ha librado más fuertemente, dejando a su paso desplazamiento, despojo y poblaciones en estado de vulnerabilidad y el enfoque étnico y de género, los cuales pretenden intencionar acciones concretas hacia algunas poblaciones identificadas como de alta vulnerabilidad y donde se puede contar el mayor número de víctimas.

En ese sentido, dentro del enfoque territorial se dispone la creación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para intervenir integralmente los municipios más afectados por el conflicto armando. En esa medida, el Decreto 893 de 2017 define que los PDET serán implementados en 170 municipios agrupados en 16 subregiones y 11 mil veredas, representando el 36% del territorio nacional. En dichos municipios el número de habitantes oscila entre los 6,6 millones, concentrando el 24 % de la población rural. De esos 6,6 millones de personas, el 57% de la población rural vive en condiciones de vulnerabilidad; además, una de cada tres personas de estos territorios son víctimas inscritas en el Registro Único de Víctimas (CONPES 3932, 2018, p. 17).

En cuanto a las zonas de implementación de los acuerdos, el documento final establece algunos territorios con características especiales, los cuales serán prioritarios para el establecimiento de los PDTE. Estos corresponden a las zonas del país afectadas principalmente por la violencia, la pobreza, la ausencia del estado y por cultivos de uso ilícitos. Los PDTE guiarán la construcción de políticas públicas territoriales y la planificación y desarrollo de planes, programas y proyectos que mejoren la calidad de vida de los habitantes de estos territorios.

Uno de los retos que presenta la implementación y materialización de los PDTE es que en cierta medida su cumplimiento depende, en buena parte, de la voluntad política de las administraciones territoriales. Si bien es cierto que estos establecen presupuestos de inversión, si no hay voluntad de los gobiernos territoriales no será posible la materialización de los mismos. En la Tabla 2 se menciona las zonas prioritarias para el desarrollo de los PDET establecidas por el Decreto 893 de 2017.

La implementación del AP, y en concordancia con los PDTE, deberá entonces:

(i) reconocer las necesidades, características y particulares socioeconómicas y culturales de los territorios; (ii) promover la integración de los territorios más apartados al interior de las regiones y así mismo su integración con el resto del país; (iii) construirse desde las regiones y territorios con la participación de las autoridades locales; y (iv) promover una articulación multinivel para intervenir de manera integral, coordinada y articulada en los territorios.

Se hace necesario mencionar que el AP se logra en un contexto de profunda polarización en el país. El mecanismo de refrendación del acuerdo firmado, se hace a partir de un plebiscito realizado el 2 de octubre de 2016, en este el triunfo del NO a la firma del acuerdo se da con un 50,21 % frente a un 49,79 % por el Sí. Ante esta situación, el gobierno y las FARC-EP entran a renegociar algunas partes del acuerdo y el 24 de noviembre del 2016 se firma el AP en el Teatro Colón, ubicado en la capital de Colombia, Bogotá. Según lo pactado en el AP, se espera la satisfacción de los derechos fundamentales (derechos políticos, sociales, económicos, culturales); también los derechos de las víctimas del conflicto, como el derecho a la verdad, la justicia y la reparación; los derechos de las mujeres, niños y niñas y adolescentes; el derecho a la libertad de culto, el derecho a la seguridad jurídica individual o colectiva y la seguridad física; el derecho de la sociedad a no sufrir la repetición los vejámenes de la guerra, junto con el derecho inalienable a vivir en paz como mandato constitucional.

Perspectiva de género en el AP. Reto y oportunidad

En el contexto del AP colombiano, la participación de las mujeres se dio luego de un reclamo al gobierno nacional, y gracias a la presión ejercida por el movimiento social de mujeres en el 2013. El enfoque de género del AP nació de un proceso participativo y social que culminó con la II Cumbre de Mujeres y Paz llevada a cabo en el 2016, donde:

[…] se recibieron 7.172 propuestas de 301 organizaciones de mujeres y LGTBI, que nutrieron y aportaron la construcción del documento final de acuerdo pactado. Adicionalmente, fueron invitadas a participar como aportantes en la subcomisión de género 16 lideresas de organizaciones de mujeres y 10 expertas colombianas en violencia sexual (Serrano et al., 2019, p. 166).

Resumiendo, los resultados concretos de la participación de las mujeres en el AP que propiciaron el diseño y planificaciòn del enfoque de género, se describen como:

[…] la creación de la subcomisión de género en septiembre de 2014 que convocó la participación de un amplio número de mujeres y organizaciones de mujeres; la inclusión de la voz de las mujeres en el Acuerdo Final con la participación de la sociedad civil a través de los foros y las mesas regionales de trabajo; el nombramiento formal de tres plenipotenciarias (negociadoras) en la mesa de negociación; y finalmente con la transversalización de la perspectiva de género en todos los seis puntos que conforman el Acuerdo Final (Serrano et al., 2019, p. 167).

No obstante, la participación de las mujeres en la elaboración y puesta en marcha de procesos de reconciliación y de re-construcción de tejido social no es novedosa, este papel está ligado de muchas maneras al rol histórico de cuidadoras de la vida. Algunas investigaciones establecen (Enríquez, 2015; Magallón, 2008), que las mujeres llevan a las mesas de negociación otras propuestas, pues son capaces de analizar las problemáticas con mirada de cuidadoras y protectoras, proyectando el rol ancestralmente asignado. Además, según algunas experiencias de participación de las mujeres en procesos de paz y ejercicios de reconciliación llevados cabo en Guatemala, Sudáfrica e Irlanda del Norte, se evidencia en las investigaciones de las autoras mencionadas que estos procesos resultaron ser más inclusivos, integrales, sólidos y con mayor enfoque en los Derechos Humanos.

A su vez, es importante mencionar que el camino para la construcción de una agenda sobre la mujer comienza formalmente en 1947, cuando en la recién creada Organización de Naciones Unidas (ONU), se reúnen 15 mujeres representantes de diferentes países, para conformar la Comisión de Igualdad Jurídica y Social de la mujer y gracias a la participación de estas mujeres en la Conferencia de San Francisco en 1945, momento en el cual la ONU emite la carta fundamental de los derechos humanos y asigna una comisión para esta área, por medio de la cual se manifiesta el rechazo de toda discriminación por condiciones de sexo (Facio, 2011). Algunas convenciones internacionales impulsadas por esta comisión durante la época de la postguerra, se resumen en la Tabla 3.

De la misma forma, en el marco de la Plataforma de Beijín (1995), se nombra la relación de las mujeres con los contextos de la guerra, mostrando el efecto diferenciado de la última en las primeras, dando como resultado la inclusión de la categoría de violencia contra las mujeres, propuesto desde la CEDAW y sus conferencias celebradas años atrás.

Desde esta perspectiva, uno de los temas abordado durante la Plataforma fue la problemática de las mujeres rurales en torno a la violencia, pobreza y el acceso al uso y tenencia de la tierra. Esta problemática ha suscitado profundas reflexiones y análisis en el contexto colombiano, entendiendo que a consecuencia del conflicto armado se presentan fenómenos como el desplazamiento y el despojo, y que juntos traen consigo deterioro de las condiciones de vida de las mujeres campesinas.

Sin embargo, solo hasta 1998, el derecho penal internacional incluye categorías como perspectiva de género, desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes en los tribunales creados en la década de los 90 para juzgar los crímenes de guerra ocurridos en la ex Yugoslavia y Ruanda. Estos ejemplos aportan elementos importantes para la incorporación del crimen de violencia sexual contra las mujeres en contextos de guerra (Gauché, 2018).

Un hecho importante para resaltar es que, en el año 2000, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución 1325 la cual cambia el paradigma de seguridad que se venía trabajando a nivel de las agendas internacionales, ya que incorpora la seguridad con perspectiva de género dentro de los contextos de guerra. En este sentido, y en concordancia con el contexto internacional, el enfoque de género en el AP es definido como:

[…] el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las circunstancias especiales de cada uno, especialmente de las mujeres independientemente de su estado civil, ciclo vital y relación familiar y comunitaria, como sujeto de derechos y de especial protección constitucional. Implica la necesidad de garantizar medidas afirmativas para promover esa igualdad, la participación activa de las mujeres y sus organizaciones en la construcción de la paz y el reconocimiento de la victimización de la mujer a causa del conflicto (Gobierno nacional y FARC-EP, 2016, p. 192)

Cabe destacar, que el informe de la Defensoría del Pueblo establece según investigaciones de la corporación Sisma Mujer y datos del Ministerio del Interior que la violencia sexual ha sido usada como estrategia de guerra para impulsar intereses de actores armados legales e ilegales, con la intención de subordinar y atemorizar a la población. El informe establece que este tipo de violencia no representa un hecho fortuito, sino que es una de las estrategias de guerra utilizadas con intencionalidades políticas de extensión y control territorial (Defensoría del Pueblo, 2019).

En este sentido, la violencia sexual simbólica, física, económica y patrimonial que han sufrido las mujeres campesinas colombinas ha sido evidenciada en varias investigaciones (Meertens, 1995; Meertens, 2000; Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y ONU-HABITAT, 2012). Estas violencias producto de las dinámicas de la guerra, han sido las principales causas de fenómenos como el despojo, el desplazamiento, la pobreza y, en general, de la continua violación de los derechos humanos padecida por las mujeres en contexto rural. Este ha implicado que, las diferentes problemáticas de mujeres rurales también hayan emergido en las últimas décadas en los ámbitos académicos y políticos del país. Dicha articulación ha dado pie para visibilizar y emprender acciones desde diferentes lugares en pro de la búsqueda de soluciones de las diferentes problemáticas que aquejan a las mujeres campesinas tales como; el acceso al uso y propiedad de la tierra, así como a servicios básicos (educación, salud y vivienda dignas), como también la reivindicación de sus derechos cuando han sido víctimas del conflicto. No obstante, se debe aclarar que estas situaciones han estado presentes desde siempre dentro de los contextos de las mujeres rurales, pero que a causa del conflicto armado algunas de ellas se han deteriorado y agudizado aún más.

Siguiendo lo propuesto en el AP, el PMI contiene de manera prioritaria las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres, identificando las variadas discriminaciones y problemáticas que deben ser atendidas y ejecutadas en el marco de acuerdo. El documento PMI establece que “el acuerdo impulsará políticas públicas, programas y reformas que tengan en cuenta las particularidades de las mujeres en los territorios” (Gobierno nacional y FARC-EP, 2016, p. 196). Por su parte, el CONPES 3932 documento base para la configuración del PMI, incluye actividades explicitas de la incorporación del enfoque de género, tales como asegurar la participación de las mujeres firmantes de la paz en el diseño y ejecución de proyectos productivos que aporten a mejorar las condiciones económicas de las mismas; como también establece que es fundamental la creación de elementos jurídicos que vinculen y prioricen a las mujeres, especialmente a las mujeres campesinas, en los procesos de restitución y acceso a la propiedad de la tierra y a la participación en procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Según se ha establecido, el enfoque deberá ser entendido y aplicado de manera trasversal, reconociendo la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, y las circunstancias especiales de cada uno, pero aplicando un efecto diferenciador e histórico en el caso concreto de las mujeres campesinas. El propósito de este enfoque se enmarca, principalmente, en la inclusión de la mujer como sujeta de derecho con especial protección constitucional, teniendo en cuenta la aplicabilidad y garantía de esa igualdad, promoviendo su participación activa y potenciando sus iniciativas de construcción de paz.

A ese respecto, se presenta un desafió en la implementación del AP en algunas transformaciones que deben ser claves para la restitución y acceso de tierras con perspectiva de género, planteadas en el punto 1 del acuerdo, sobre Reforma Rural Integral (RRI), y en el punto 5, en el cual se crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías para la No Repetición (SIVJRNR). Se anota en el sentido de la restitución con justicia de género que se requiere de una buena combinación entre voluntad política y apoyo del movimiento social de mujeres y feminista (Meertens, 2016).

La construcción de paz con perspectiva de género se agrupa en diferentes puntos temáticos, transversalizados en los seis puntos del AP, como se mencionó en párrafos anteriores. En el punto 1, Reforma Rural Integral (RRI), se estable como principal objetivo una reforma al reconocimiento de las mujeres rurales como sujetas de derechos. Desde este aspecto, los derechos de las mujeres estarán protegidos sin importar su estado civil, sus relaciones familiares o comunitarias. Con este punto, se pretende garantizar el acceso a condiciones iguales, por ejemplo, a los títulos y propiedades de tierras, a los proyectos productivos, a las opciones de financiamiento, a la formación, a los servicios técnicos, entre otros.

Por otra parte, desde la participación política, segundo punto del acuerdo, se plantea la necesidad de buscar una alta cualificación democrática para configurar espacios políticos diversos e incluyentes de construcción de paz. Dichos espacios deberán estar constituidos con una alta participación democrática y en harás de proteger los intereses de las mujeres y sus derechos, se busca implementar conductas de respeto sobre ellas, de promoción de la convivencia, la tolerancia y la igualdad. También se busca con estas estrategias que las mujeres puedan tener más oportunidades en la conformación de partidos políticos, teniendo más posibilidades de pertenecer a fórmulas de co-gobierno, como también hacer parte de evaluaciones, controles de las políticas de gobierno y acceder a la capacitación en participación en espacios políticos.

Para el fin del conflicto, punto 3 del acuerdo, se establecen elementos para la reincorporación de los y las combatientes a la vida social, política y económica, que significa a su vez buscar mecanismos y desarrollar estrategias que conduzcan al perdón y a la re-conciliación en la población. Para los y las combatientes esto supone una etapa llena de desconfianza y miedo, por lo tanto, se anota que las garantías de seguridad deben se propuestas y brindadas por parte del gobierno; la desmovilización debe contener elementos que incluyan la repercusión que cae sobre ellos y ellas en materia de seguridad y protección de sus vidas este hecho. En este sentido, el gobierno deberá destinar más recursos, y brindar garantías de proyección de las vidas de los y las firmantes de la paz. Algunas de las estrategias planteadas en este punto son: El programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios, y el sistema de alertas tempranas.

Para la solución al problema de drogas de uso ilícito, punto 4, se plantea la incorporación de las mujeres a los procesos de concertación con los diferentes actores involucrados, pues se reconoce que el papel de las mujeres en cualquier tipo de conflicto tiende a ser conciliador, ellas tienden a la protección y armonización de los territorios y trabajan en acciones de reconciliación cotidianas dentro del contexto de la vida familiar y comunitaria. Por ende, incentivar la participación política de las mujeres en contextos rurales será esencial para enfrentar los retos que este punto requiere.

Cabe destacar qué en relación a la violencia contra las mujeres se logra evidenciar que el consumo de drogas de uso ilícito, el tráfico de las mismas, y, la cultura que emerge del narcotráfico desarrolla costumbres donde la integridad física, política y económica de las mujeres se ve afectada, y son la razón de la aparición de fenómenos como la prostitución de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes; las violaciones, abuso, acosos y en casos más extremos el feminicidio.

Respecto al punto 5 del acuerdo, es decir, sobre las víctimas del conflicto, se reconoce, y a la luz del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los Derechos Humanos (DDHH), que los actos que atentan contra la vida y la integridad de las mujeres, niñas y la población LGTBI incurren en faltas más graves; por eso, la apuesta de los acuerdos enfatiza en el desarrollo de acciones afirmativas dirigidas hacia las mujeres y la población con orientación sexual diversa.

Estas son algunas de las estrategias que se establecen dentro de este punto: espacios de participación para definir prioridades en la implementación de las medidas de reparación colectiva para garantizar la participación de las mujeres; acciones concretas de atención psicosocial para la recuperación emocional, en especial a víctimas de violencia sexual. Estas intervenciones psicológicas harán que las mujeres y niñas que han sufrido maltratos, mitiguen de alguna manera el daño causado por estas violencias que en ocasiones dejan huellas irreversibles. Adicionalmente, se propone el desarrollo de actos de justicia restaurativa.

A este respecto y en concreto, el PMI tiene un capítulo dedicado a establecer la ruta para la implementación del enfoque de género, en el cual se establecen 51 indicadores para hacer un correcto seguimiento a lo pactado, de los cuales 19 están en el RRI, nueve se especifican en el punto dos (sobre participación política), dos indicadores en el punto tres (sobre fin del conflicto), 13 indicadores están en el punto sobre cultivos de uso ilícito y tres en el punto cinco (sobre víctimas). La siguiente tabla describe los principales elementos que se establecen en el PMI sobre la ruta de implementación del enfoque.

En conclusión, el AP establece seis puntos que guiarán la construcción de paz en un período de quince años, a partir de la firma de los acuerdos (2016). El AP contiene un total de 578 disposiciones, de las cuales 130 medidas corresponden a acciones afirmativas propuestas para la reducción del sesgo entre hombres y mujeres, por lo que cada uno de los puntos tiene alguna orientación a la inclusión de las mujeres, la mejora de sus condiciones sociales y la garantía de sus derechos.

Reflexiones sobre el avance en implementación del enfoque de género en el AP

En las conclusiones del Encuentro Nacional de Mujeres en Proceso de Reincorporación, se identifican tres elementos claves, que surgen a partir de las experiencias de 400 mujeres firmantes de la paz: en primer lugar, se evidencian las necesidades e intereses de las mujeres; en segundo, se presentan algunas reflexiones sobre la economía del cuidado, permitiendo que estas reflexiones sean uno de los temas centrales a trabajar en la integralidad del proceso de reincorporación, ya que da paso a la participación de las mujeres en otros escenarios de la vida pública; tercero, la propuesta de una ruta para la transversalización del enfoque de género en las iniciativas productivas de economía solidaria.

Algunos de los elementos claves mencionados en el encuentro van dirigidos a la consolidación de propuestas que mejoren el bien-estar de las mujeres, sus familias y los territorios que habitan. Por ejemplo: la necesidad de impulsar los liderazgos de las mujeres, diseñar proyectos para sensibilizar y prevenir las violencias contra las niñas y mujeres, establecer estrategias para el impulso de proyectos productivos y procesos comunitarios y organizativos, garantizar el apoyo a la siembra y el incentivo a proyectos de tipo pecuario, visibilizar y reconocer el efecto diferenciado que tiene la guerra en el cuerpo y la vida de las mujeres.

Según lo planteado en el AP, con respecto a las necesidades manifestadas por las mujeres en proceso de reincorporación, este no ha sido integral y las acciones no han ido de la mano con los intereses de los y las firmantes; se anota que hombres y mujeres han manifestado que la reincorporación ha sido un proceso fragmentado, que ha impulsado solo algunas iniciativas de un grupo pequeño de firmantes de la paz. Además, ha sido afectado por los graves problemas de seguridad que enfrentan los y las excombatientes. Sin embargo, y pese a estas complicaciones en lo territorial y, especialmente, en las zonas ETCR, se han planteado propuestas para avanzar en los procesos organizativos, culturales y de reflexión. Entre estos: procesos de diálogos e incidencia en la institucionalidad, actividades culturales y artísticas, redes de cuidado para el apoyo de actividades laborales y educativas, y otras que se resumen en la Figura 5.

Adicionalmente, el informe Farianas y Diversidad (2019) establece que:

[…] en el período que abarca dicho informe, aproximadamente el 14% de los excombatientes (1.773) se inscribieron en clases de educación básica en espacios territoriales de capacitación y reincorporación en el marco del programa Arando la educación (p. 8).

No obstante, un hecho que preocupa son los asesinatos y amenazas a personas que lideraban organizaciones sociales. A este respecto, el informe señala que el porcentaje de lideresas asesinadas ha aumentado y, según cuatro alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, la violencia sexual sigue siendo un factor de desplazamiento forzado (2019, p. 12). Por otra parte, las cifras de la Fundación Paz y Reconciliación Pares (2020) muestran que, desde la firma del acuerdo, se han asesinado 197 firmantes del proceso y 40 de sus familiares, y tan solo en lo que va corrido del año 2020 se han asesinado a 34 desmovilizados, a la fecha de finalización de este documento.

Por otra parte, el informe del grupo GPAZ (2019) establece, en su informe titulado “Observaciones sobre la incorporación del enfoque de género en el Acuerdo de Paz”, que la implementación de las medidas con enfoque ha sufrido una desaceleración, argumentando que 54 de las medidas que contienen enfoque de género no han sido tenidas en cuenta en la implementación hecha hasta ahora. Igualmente, señala que el enfoque de género quedó reducido a un enfoque binario y excluyente, además que el sistema de información de agresiones (asesinatos, amenazas, detenciones y atentados) contra personas defensoras de DDHH tuvo uno de los mayores incrementos de los últimos 10 años. Por lo tanto, estos elementos han producido una disminución en la implementación de dichas medidas (GPAZ, 2019).

Por otra parte, según el segundo informe de seguimiento al enfoque de género en la implementación de lo pactado, elaborado por el componente de acompañamiento internacional del AP, conformado por el Instituto Kroc, ONU Mujeres, Suecia y la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM), identifica que 90 de los 130 componentes tienen al menos un indicador dentro del PMI. No obstante, establece que, a tres años del acuerdo, hay un rezago en el inicio e implementación de las medidas que tienen enfoque de género con relación a la totalidad de las medidas del AP. Este informe señala que el 42% de las medidas con enfoque de género no presentan ningún grado de avance, evidenciando que 28 de los 51 compromisos establecidos en el PMI, que debían completarse para el 2019, no presentaban hasta el momento de la elaboración del informe ningún avance (Instituto Kroc, 2019).

El informe determina, según muestra la siguiente gráfica que, de las 130 disposiciones, el 40% presenta un avance mínimo; el 10% presenta un avance intermedio; el 42% no ha iniciado ninguna actividad; mientras que un 8% se ha completado al 100%. Se establece que la mitad de las acciones que están pendientes de iniciarse deberían desarrollarse entre el 2019 y el 2026; por lo que el atraso en el inicio de estas medidas implica ya un componente de sesgo, que perjudica el efecto y la materialización de las mismas.

A su vez, el informe hace un balance sobre la implementación de la transversalización del enfoque en los seis puntos del acuerdo, en el cual se puede ver que las disposiciones del punto uno del AP sobre la RRI, punto álgido y crucial para el conflicto y su solución, presentan mayor retrasó, con un 59% de disposiciones no iniciadas; seguidas de un 47% no iniciadas del punto cuatro sobre la solución de la problemática sobre el cultivo de drogas de uso ilícito. Con respecto al punto cinco, sobre el SIVJRNR, se muestra como el punto con más avances en cuanto a implementación, pues cuenta con un 36% de disposiciones completas, y solo un 18% por iniciar (Instituto Kroc, 2019). La siguiente figura representa los datos sobre el avance de las disposiciones por punto.

A este respecto, GPAZ (2019) evidencia que dentro de la RRI algunas de las medidas con enfoque que no han sido nombradas o que no tienen ningún grado de avance son: las garantías de acceso equitativo a educación superior en zonas rurales, el otorgamiento de subsidios para la construcción o mejora de vivienda, la promoción de la economía campesina, la protección económica a la tercera edad y la protección y cobertura en salud de las mujeres gestantes.

Con respecto al punto de participación se señalan como medidas sin avances o sin información a: la promoción de redes de organizaciones y movimientos sociales excluidos, el impulso a la participación de mujeres en los Consejos Territoriales de Planeación, la promoción de formación y pedagogías que motiven la participación de mujeres en el escenario político, el desarrollo de campañas y talleres sobre la participación en democracia, y la creación de un canal de televisión como espacio para la promoción de partidos y movimientos políticos (GPAZ, 2019, pp. 8-10). En cuanto al punto cuatro del AP, que corresponde a los cultivos de uso ilícito, algunas de las medidas con enfoque que no presentan información o están sin avance, según este informe son: la garantía de la participación de las mujeres en las propuestas para los Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PSIDA), la creación de un programa de guarderías para madres cabeza de familia y la formulación y revisión de la política frente al consumo de drogas de uso ilícito con enfoque diferencial y de género.

Finalmente, las medidas que menciona el informe sin avance con respecto al punto cinco sobre víctimas son: la implementación de estrategias con enfoque de género y diferencial dentro del Plan de Rehabilitación Psicosocial para la convivencia y la no repetición y la garantía de la participación de las mujeres en los procesos de reparación colectiva (GPAZ, 2019, pp. 11-13).

Conclusivamente, el informe del componente internacional insta al gobierno a comprometerse con más ahínco con el cumplimiento de las medidas que contienen la perspectiva de género dentro del AP, ya que con estas se garantiza la participación efectiva de las mujeres y la disminución de los sesgos, que representan en sí mismos dimensiones de transformación que construyen dinámicas para el establecimiento y fortalecimiento de la paz. Adicionalmente, estas medidas representan el cumplimiento de un compromiso con los acuerdos internacionales suscritos por el Estado colombiano en el marco de la resolución 1325 de la ONU. En ese mismo sentido, el informe del grupo GPAZ (2019), reconoce la oportunidad histórica de lograr la paz, logrando transformaciones de problemáticas de fondo que impiden a la población vivir en bien-estar.

No obstante, llama la atención sobre el bajo nivel de compromiso del gobierno actual por iniciar la implementación rápida y eficaz de las medidas, provocando un incumplimiento estructural de lo pactado. Menciona el deterioro en la situación de seguridad del país, como un hecho que demuestra el fracaso de la construcción de la paz en Colombia.

Como reflexiones finales las mujeres farianas, por su parte, reiteran la necesidad de trabajar por la integralidad de la reincorporación, la promoción de espacios culturales y artísticos, la garantía de derechos, la proyección de liderazgos de las mujeres, el acceso al diálogo con la institucionalidad y la reflexión y trabajo colectivo sobre la igualdad de género, lo cual evitaría el relego de la mujer a los espacios privados y a las actividades domésticas. También aparecen las ideas de construir una Escuela de Formación Electoral en los ETCR, implementar los proyectos productivos no estereotipados, que den paso a la sostenibilidad de los Espacios Territoriales y trabajar en la construcción de una estrategia nacional de seguridad y autoprotección con enfoque de género, que incentive la creación de redes de seguridad, prácticas colectivas de autocuidado y autoprotección en los territorios.

Conclusiones

El AP sugiere un cambio de paradigma y un intento por encaminar acciones e iniciativas que construyan paz y de-construyan la guerra. Por lo tanto, este se convierte en la puerta de entrada a una nueva generación que desea otros caminos para la solución de conflictos. No obstante, se hace evidente la falta de voluntad del partido del gobierno actual del presidente Iván Duque en la implementación del AP, desconociendo que la paz es un derecho constitucional y que lo pactado no es un asunto de gobierno, sino que debe ser una política de Estado.

La apuesta del enfoque de género dentro de los acuerdos es visualizar a las mujeres en igualdad de condiciones en relación con sus derechos y contribuir a la disminución en los sesgos de participación en dimensiones como la económica, la política y la familia. En este respecto, la implementación del AP está regida por una serie de principios que posibilitan la disminución de brechas y conducen a la construcción de un país más equitativo, diverso y en paz. La transversalización del enfoque, junto con las acciones emprendidas en ese sentido, representa un logro dentro de la lucha contra las violencias simbólicas y culturales emprendidas varias décadas atrás por las mujeres colombianas y, sin duda, representan una ganancia para la sociedad colombiana y un aporte importante a la construcción de una cultura de paz en el país.

Por otra parte, el acuerdo establece que algunas de las organizaciones internacionales que harán acompañamiento a lo pactado serán: la Unión Europea, la FAO, PNUD, UNESCO, UNDOC, ACNUR, Gobierno de Alemania, Suecia, ONU Mujeres, Federación Democrática Internacional de Mujeres, Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Por lo que, el AP está blindado por la comunidad internacional y se espera que esta actúe y se pronuncie sobre el incumplimiento y la falta de voluntad política del gobierno del presidente Iván Duque.

Quizá lo que más haga falta, en estos momentos, sea una educación sólida, integral, ética y que incluya valores sobre la diversidad y el respecto por la diferencia, trabajar en procesos pedagógicos de construcción de memoria colectiva y diseño de acciones y hechos que lleven a la construcción de una cultura de paz. En resumen, apostarle a una educación humanizada donde lo que más prevalezca sea el respeto por el otro/a y el coexistir signifique dignificar la vida del otro/a y protegerla. Los encuentros culturales, el arte, el relato de las experiencias sobre la guerra y la paz pueden ser ejercicios de reconciliación que logren cambios significativos en la sociedad colombiana. Tal vez, esta generación no tenga la posibilidad de vivir verdaderamente la paz, pero la consigna es caminar hacia ese objetivo. Esta es una generación donde se intentaron realizar grandes cambios, corresponde a las futuras generaciones analizar el pasado, retomar lo más importante de la historia y proponer en un futuro, ojalá no muy lejano, una Colombia libre de guerra.

Por último, y haciendo referencia a los retos y desafíos que tienen las instituciones educativas en la construcción de una cultura de paz, estos pasan principalmente por el compromiso por la educación en el respeto mutuo, la reconciliación, la solidaridad y la cooperación, por comprometerse a educar con ética y respetar a los que piensan diferentes, por co-crear espacios en donde se reflexione con miradas diferentes sobre las causas y principales razones de la permanencia del conflicto y las violencias. Se trata de trabajar por el desarrollo de capacidades y habilidades que de-construyan las estéticas de la guerra y que, a la vez se construyan y propongan acciones que tejan un nuevo camino hacia la paz.

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