Introducción

Actualmente la idea de participación se encuentra en auge en América Latina, pues se entiende que profundiza los valores democráticos. Si le adjuntamos la calificación de “comunitaria”, “se convierte en un importante instrumento organizacional, incluyente y dinamizador, por medio del cual las comunidades se articulan y formalizan la democracia, de tal suerte que sus prácticas e instituciones las beneficien en los procesos y luchas contra la pobreza, exclusión, ingobernabilidad y todos los flagelos que las agobian” (Ibarra 2010, 1). Es tal el valor de la participación comunitaria, que no en vano forma parte de la constitución política colombiana (Muñoz 2010) y venezolana (Berenice 2013). No obstante, su significación puede tornarse vaga. La participación es una idea polisémica, se habla de participación política, económica, empresarial, gremial, entre muchas otras y, además, la sola idea de participación ha cambiado con el paso de los años (Briceño-León 1998). Este artículo tiene por objetivo comprender la asociación entre participación comunitaria, confianza en la comunidad y percepción de respeto a derechos ciudadanos.

Este estudio es una contribución al estado actual de la literatura y a la acción en múltiples formas. A nuestro conocimiento, este es el primer estudio que busca entender los predictores de participación comunitaria con una perspectiva comparada en Latinoamérica y el Caribe. Para esto utilizaremos datos de American Barometer 2012 de LAPOP para 18 países de la región. Como se expondrá en la revisión de la literatura, existen importantes trabajos que buscan comprender la participación ciudadana considerando un país en particular, ya sea con metodologías cuantitativas o cualitativas. Sin embargo, en este artículo buscamos generalizar estos resultados para una muestra más amplia de países de Latinoamérica y el Caribe. En segundo lugar, contribuimos con una operacionalización más detallada de participación comunitaria distinguiendo entre participación comunitaria institucionalizada y acción colectiva destinada a la solución de problemas específicos. Finalmente, este artículo aporta información relevante para comprender la participación cívica en las bases. Esto es significativo para cualquier acción ciudadana o desde el Estado que busque incentivar la participación a este nivel o promover el rol pedagógico de estas organizaciones. Para generar cambios a través de las organizaciones es fundamental entender qué lleva a las personas a involucrarse[1].

El artículo se estructura de la siguiente forma. Primero, definiremos lo que entendemos por participación comunitaria y cómo se inserta en una discusión más amplia de participación política. En segundo lugar, se discute de qué forma la participación comunitaria se relaciona con el capital social y la confianza comunitaria como uno de sus elementos constitutivos. Tercero, se presenta la literatura que sustenta el efecto de la percepción de derechos en la participación. Cuarto, se describen los datos y el método utilizados para testear nuestras hipótesis. Quinto, se reportan los resultados de los análisis. Finalmente, discutimos los hallazgos en función del marco teórico desarrollado.

¿Qué entendemos por participación comunitaria?

Formas tradicionales de participación social y política incluyen instancias formales tales como la votación o la participación en partidos políticos, e informales como la protesta o la manifestación de opiniones políticas en la esfera pública. La tendencia actual es un creciente nivel de participación a través de canales menos institucionalizados (Neilson y Paxton 2010; Baumgartner y Morris 2010). A pesar de que América Latina muestra un modesto crecimiento de la confianza política a partir de 2003-2004 (Bargsted et al. 2017), los niveles de confianza en las instituciones están bajo los niveles de otras regiones del mundo (Segovia 2008). En este escenario general de desconfianza política, la comprensión de la participación en instituciones a nivel comunitario adquiere relevancia. Sin embargo, antes de discutir sobre los predictores y diferencias individuales en el nivel de participación, definiremos lo que entenderemos por participación comunitaria.

La participación social puede ser entendida como un proceso en el cuál los sujetos se involucran para la toma de decisiones en instituciones, programas, y ambientes que los afectan (Talò et al. 2014). Así, la confianza comunitaria puede ser entendida como un tipo de participación social, cívica o ciudadana. Asimismo, puede ser definida en diferencia a la participación política institucionalizada a mayor escala como partidos políticos o elecciones. Si bien la participación comunitaria puede estar institucionalizada, esta toma lugar en la comunidad de los sujetos, en su entorno inmediato fuera del hogar y con un carácter local. La participación en juntas de vecinos es un ejemplo de participación comunitaria. Pero también sistemas de ahorro colectivo o clubes de fútbol barriales.

La participación de la comunidad y el sentido de comunidad están relacionados con la participación activa de los miembros de la comunidad en temas que afectan la vida de esas personas y que afectan a la comunidad en general (Briceño-León 1998; Muñoz 2010). El papel de la participación comunitaria en el fomento del desarrollo local, la justicia social y la salud de la población ha sido reconocida en múltiples áreas de investigación, como el desarrollo comunitario y el análisis de políticas de psicología comunitaria (Briceño-León 1998).

La participación comunitaria aumenta la calidad de vida, mejora el bienestar social, fomenta el empoderamiento social y refuerza el capital social (Talò et al. 2014). Ahora bien, una distinción que creemos importante es la que señalan Walgrave y Klandermans (en Talò et al. 2014), pues se debe distinguir entre comportamientos participativos estables y transitorios. Esta distinción establece un límite crucial entre "participación", un conjunto de patrones de comportamientos casi estables y repetidos en contextos y tiempo, y "movilización", un conjunto transitorio de comportamientos ligados a una situación específica (por ejemplo, elecciones, huelgas o movimientos de protesta). Participar en una junta de vecinos sería un tipo de participación estable, institucionalizada y que se asocia a la membresía de una organización barrial. Por otro lado, los vecinos también pueden participar de forma esporádica u organizarse para resolver un problema específico de la comunidad. En este último caso nos referimos a acción colectiva no institucionalizada, orientada a un fin en específico y más esporádica.

Cuando estas acciones buscan cambio social o político, la participación comunitaria es una acción política (Rothmund, Baumert y Zinkernagel 2014). En este sentido, la literatura ha presentado amplia evidencia sobre distintos factores que explican la participación política. Como sugieren Schussman y Soule (2005), uno de los predictores más importantes son las oportunidades estructurales de participación. En la evidencia presentada por los autores, haber sido invitado a participar en una protesta es el principal predictor de involucramiento, seguido por el interés en política. Desde la psicología social, aspectos de la personalidad explican distintos niveles de participación política. Al respecto Curtin et al. (2010) muestran que la apertura a la experiencia de los individuos predice el nivel de activismo en distintas esferas y a lo largo del tiempo. Sujetos que están más dispuestos a experimentar lo diferente y desconocido son más propensos a participar políticamente y, a su vez, esta participación tiene un mayor significado personal. Si bien esta literatura es extensa y no puede ser resumida en este artículo, los estudios enfocados particularmente en la participación comunitaria son escasos.

Considerando este vacío en la literatura, en las siguientes secciones discutimos cómo la participación comunitaria puede estar asociada con el nivel de confianza comunitaria y con la percepción de protección de derechos ciudadanos.

La participación, la política comunitaria o incluso las movilizaciones y las protestas, ha sido un tema de interés que ha cruzado la teoría política desde hace casi dos siglos, porque se ha sostenido que es un elemento que fortalece las democracias (Tocqueville 1835; Olson 1965; Putnam 1993; Li y Zhang 2017). Aquí se han planteado diversas teorías que buscan explicar la participación. La primera de ellas fue elaborada por Olson (1965), quien sostenía que el individuo racional no tendría motivos para invertir sus recursos personales en bienes públicos, como su tiempo o esfuerzo, si no existe un incentivo adicional que lo mueva a eso (Olson 1965).

Estudios posteriores (Verba et al. 1993; Verba et al. 1995) buscaron testear empíricamente esta teoría y evaluar así los determinantes de la participación. En esta tradición se señaló que serían los individuos con más estatus los que participan y se involucran, lo que harían porque disponen de recursos valiosos como el tiempo y el dinero.

La segunda corriente relevante dentro de los estudios sobre la participación, es la que podríamos denominar como le teoría de las asociaciones, que señala que los individuos aprenden las virtudes cívicas en las asociaciones cívicas (Tocqueville 1835; Putnam 1993, 1995). Esta perspectiva la expondremos en el siguiente apartado, ya que se vincula al tema conceptual del capital social. Sin embargo, hay académicos que han evaluado el compromiso de los individuos en las asociaciones, que se podría medir a través del tiempo que ellos dedican a participar o a través de las actividades que realizan en ellas. Así un grado de participación activa, sería relevante a la hora de la acción política o de la movilización política (Li y Zhang 2017). Somma (2010), señala que una participación activa en las protestas, lo que se podría llamar como un tipo acción cívica, estaría asociada a un mayor grado de compromiso en organizaciones cívicas, medido en dinero y tiempo invertido en ellas.

Capital social y participación comunitaria

Las asociaciones comunitarias se pueden englobar dentro del marco conceptual del capital social. Particularmente, la pertenencia a asociaciones permite a los individuos percibir a los demás miembros de la comunidad como conciudadanos y no como extraños, enemigos o extranjeros (Misztal 1996; Uslaner 2002). Asimismo, la participación en comunidades permite que las personas puedan acceder a recursos que van más allá de las familias y, generalmente, asociados a entornos inmediatos fuera del hogar, tales como el barrio.

Además de la participación y asociatividad, otro elemento central del capital social es la confianza social. Existen diferentes maneras de concebir la confianza y la confianza comunitaria. Podemos entenderla en un sentido relacional (Sztompka 1999), que es el tipo de confianza predominante en nuestra región, como muestran encuestas como Latinobarómetro. Este tipo de confianza se reduce a las interacciones cara a cara entre los individuos, es decir se presenta en la familia y entre los amigos y los vecinos, como es el caso de nuestro estudio. Sería un tipo de confianza densa (Putnam 2002) o particularista (Uslaner 2002; Traunmüller et al. 2009) y se referiría a relaciones entre personas conocidas, con las que mantenemos vínculos fuertes (Granovetter 1973), donde el cálculo racional que hemos expuesto anteriormente estaría basado en una relación previa y personal del truster con el fiduciario. Es decir, el tipo de confianza comunitaria descansaría en los vínculos previos de reciprocidad de los individuos y sería parte del capital social (Torche y Valenzuela 2011).

La confianza que se presenta sólo en la familiaridad, donde existe un conocimiento previo del fiduciario, implica un radio de confianza, en general, más estrecho y se otorgaría a las personas conocidas. De esta manera, habría un número reducido de potenciales relaciones de confianza, sobre todo teniendo en consideración la magnitud de las sociedades modernas. Bajo este presupuesto no existiría la confianza en extraños, o sólo sería posible, a lo sumo, en la medida que éstos cumplan los criterios predeterminados de pertenencia a tales grupos como la edad, el género, el origen étnico o la confesión religiosa (Uslaner 2002; Torche y Valenzuela 2011).

Se ha argumentado que la membresía en asociaciones voluntarias es un activo o un bien social, propio de las sociedades modernas (Putnam 1993), que es importante favorecerlo y promoverlo, sobre todo cuando hay evidencia de que puede decaer, como sucede en Estados Unidos desde la década de 1960 en adelante (Putnam 2002). El capital social, entendido como “las conexiones sociales y normas que las conllevan, además de la confianza”, serían características de la vida social que “habilitan a los participantes para actuar juntos con más eficacia para perseguir objetivos compartidos” (Putnam 1995, 665-6).

Siguiendo a autores como Putnam (1995), Brehm y Rahn (1997), se define el capital social, como “la red de relaciones de cooperación entre los individuos que facilitan la solución de problemas de acción colectiva” (Brehm y Rahn 1997, 999). Por lo tanto, las asociaciones voluntarias, como parte del capital social, serían relevantes porque facilitarían la acción colectiva y la coordinación entre las personas.

El gráfico 1 muestra cómo el nivel de involucramiento en acciones comunitarias para la solución de problemas varía de forma importante en América Latina. Por ejemplo, 8 de cada diez personas en Costa Rica señala nunca haber contribuido en el último año, mientras que en Haití esa cifra es casi la mitad. Esto lleva a pensar que el involucramiento de los ciudadanos en acciones comunitarias tendría rasgos que varían entre los países de la región.

Pensando en la participación comunitaria, una persona desarrolla expectativas de reciprocidad en desconocidos, porque ha tenido buenas experiencias con sus compañeros de asociación y considera que esos otros miembros de la comunidad son una muestra representativa de la sociedad. Un segundo mecanismo que induce a los individuos a sostener expectativas de reciprocidad en las demás personas, y que opera tanto en las asociaciones voluntarias como en las redes más informales (como pueden ser las relaciones con amigos o vecinos) sostiene que las interacciones representan un mecanismo de socialización y una importante fuente de información para las personas (Huang 2011). De esta forma, establecer y mantener buenas relaciones sociales en la comunidad facilitaría el acceso a la información pertinente para la detección y evaluación de riesgos en un entorno cercano, pero incierto.

Ahora bien, muchos individuos al interactuar en sociedad, lo hacen con la expectativa de obtener retornos (Sztompka 1999; Hardin 2010). El capital social representa una serie de recursos a los que se accede a través de lazos sociales situados en lugares estratégicos y/o posiciones organizativas significativas. Estos recursos están arraigados en redes sociales a los que unos actores acceden y los usan para acciones determinadas, tales como la solución a problemas cotidianos en el barrio (p.e. pavimentación de una calle) o la organización de actividades barriales (p.e. loterías comunitarias, actividades de fin de año). Estos lazos sociales facilitan el flujo de información y pueden ubicar a una persona en posiciones valoradas con relación a los agentes que desempeñan un rol importante en la toma de decisiones. En distintos ámbitos de organización, los lazos sociales de un individuo pueden ser concebidos por la organización en la que se dan esos lazos o por sus agentes como credenciales, y por último, las relaciones sociales refuerzan la identidad y el reconocimiento (Lin 2001). En el caso de la comunidad, el capital social aporta un sentido de pertenencia a tal grupo. Tener lazos con otros en la comunidad, permite transformar a los vecinos desde extraños a conocidos.

El acceso a información, la pertenencia a un grupo y la reciprocidad llevan a que las personas adquieran virtudes cívicas, de lo que se podría inferir un rol pedagógico de la participación. Esta idea la ha popularizado Putnam (1993) donde sostiene que, dentro del marco de la comunicación y la cooperación con otros miembros de las asociaciones cívicas, los individuos adquieren ciertas habilidades o talentos que después se podrían emplear en otros contextos (Hardin 2010, 217). Esta teoría sugiere que las personas pueden extrapolar las experiencias localizadas y concretas en expectativas generalizadas. Es decir, las experiencias individuales en asociaciones voluntarias desarrolladas con grupos específicos de personas, como la familia, los vecinos, los compañeros de trabajo o con los demás miembros voluntarios de una asociación producen expectativas que los individuos extrapolan a otros grupos (Offe 1999; Putnam 2002; Herreros 2002, 2003 y 2004; Hardin 2010).

Como consecuencia de este presupuesto, Putnam (2002) sostiene que no todas las sociedades disponen de capital social. Éste es el supuesto básico que mueve su trabajo comparativo en Italia. Es decir, una “comunidad cívica” y el civismo al que refiere (o sea, la identidad de pertenencia que generan relaciones de cooperación y confianza recíproca), concepto básico de cómo entiende el capital social comunitario, lo podemos entender como un “stock” de capital social, que existe históricamente dentro de un contexto cultural determinado. Así podemos entender que la confianza y las asociaciones voluntarias florezcan más en unos contextos culturales que en otros. De esta manera, bajo esta perspectiva, el capital social comunitario tiene raíces históricas y cualquier análisis que involucre el capital social debe considerar el elemento histórico, es decir, debe ser circunscrito a realidades geográficas concretas y a momentos específicos.

Ahora bien, situando el foco específicamente a nuestra región, podemos señalar, siguiendo a John Durston (2000 y 2002), que el capital social refiere a relaciones sociales que implican actitudes de confianza presentes en combinación con conductas de reciprocidad y cooperación. Estos elementos son fundamentales a considerar en nuestro estudio, pues la reciprocidad interpersonal y la cooperación comunitaria son dos recursos inherentes a sociedades tradicionales como la nuestra (Inglehart y Baker 2000). O sea, estos dos elementos básicos del capital social son elementos que caracterizan y definen nuestra región.

De esta manera, tanto la participación como la confianza social son componentes del capital social y se encuentran estrechamente vinculados. Específicamente, la literatura en participación política ha considerado que el capital social e involucramiento cívico formarían un “círculo virtuoso” (Brehm y Rahn 1997; Shah 1998; Putnam 2002). Las teorías que sostienen una influencia de las asociaciones voluntarias sobre el capital social han sido testeadas empíricamente. Brehm y Rahn (1997) examinan la relación recíproca entre la confianza social, la confianza en el gobierno y la participación cívica en los Estados Unidos a nivel individual. Su modelo relativo al involucramiento cívico tiene una relación recíproca con el capital social, aunque la dirección desde el primero al segundo es más fuerte. Estos resultados son consistentes con los reportados por Shah (1998). Brown et al. (2014) evaluaron la relación entre participación entre clubes deportivos y confianza. Sus resultados sugieren que un mayor nivel de confianza afecta positivamente el nivel de participación en este tipo específico de organización comunitaria.

Sin embargo, Uslaner (2002) hace una crítica a este estudio por la omisión de variables explicativas alternativas, pues considera que, al incorporar indicadores de optimismo en el modelo, esta estrecha relación se desvanece. Además, el principal nexo de causalidad iría desde la confianza generalizada a la participación cívica y no al revés como sostiene Putnam o Brehm y Rahn (Uslaner 2002). El mismo efecto de la confianza sobre participación es sostenido por Klesner (2007) para una muestra de países de Sudamérica. Como muestra el autor, la creencia en que las personas pueden ser confiables aumenta el nivel de activismo político en Argentina y Chile. Por lo tanto, esta literatura nos lleva a hipotetizar que un mayor nivel de confianza comunitaria se asocia a un mayor nivel de participación. Dado que buscamos distinguir entre tipos de participación, esto se hipotetiza tanto para la acción comunitaria específica como la participación institucionalizada. Por otro lado, el foco del estudio es la participación comunitaria, y como la literatura no es conclusiva en cuanto a la dirección, asumiremos que la participación comunitaria es predicha por la confianza comunitaria y no en la dirección opuesta.

Percepción de derechos

La confianza comunitaria pone el énfasis en características internas de las comunidades en las cuales la participación tiene lugar. No obstante, una larga tradición en el estudio de participación ciudadana ha considerado las condiciones estructurales que la posibilitan. Las acciones de los ciudadanos dependen de la existencia o ausencia de particulares oportunidades políticas como la conciencia insurgente, fortaleza organizacional y la existencia de vulnerabilidades del sistema susceptibles a cambio (Tarrow 2011). Adicionalmente, Hilson (2002) introduce el concepto de oportunidades legales en la teoría de movimientos sociales. En su entendimiento, la teoría de oportunidades políticas subsume las leyes a la política y no es considerada como un aspecto independiente y separado. La participación ciudadana no necesariamente implica la exista de condiciones legales que la posibiliten. Las oportunidades legales están compuestas tanto de características estructurales y contingentes que deben ser entendidas en independencia a las oportunidades políticas. Los aspectos estructurales incluyen el acceso a la justicia en sí mismo, un cuerpo de leyes establecido y la garantía de esos derechos. Por otro lado, los aspectos contingentes corresponden a la receptividad del sistema judicial a los argumentos políticos.

Como un ejemplo de la relevancia de las oportunidades legales para la acción colectiva, Wilson y Rodríguez (2006) discuten cómo los cambios institucionales en Costa Rica a comienzos de los años noventa tuvieron impacto en la distribución del poder político en el país. Sus resultados indican que grupos marginalizados como homosexuales, enfermos de SIDA y sindicatos se vieron positivamente afectados por el establecimiento de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 1989. Sin embargo, no es la creación de esta instancia la que benefició los derechos políticos de estos grupos, sino que las reglas específicas que regularon el acceso y el costo de las acciones judiciales. Desde ese momento, se entregaron oportunidades legales a estos grupos que les permitió movilizarse en la defensa de sus derechos y efectivamente ejercer una mayor influencia en el proceso de toma de decisiones.

Por otro lado, la relevancia de las oportunidades legales radica en que la conciencia sobre conflictos económicos y sociales no se transforma necesariamente en acción colectiva (Klandermans 2002). Así, no es posible asumir que las personas estén dispuestas a involucrarse en organizaciones comunitarias o en la solución colectiva a sus problemas por el solo hecho de percibir que la comunidad está bajo algún tipo de amenaza. En este sentido, las oportunidades legales para la participación y la percepción de que existen garantías legales para la participación serían condiciones para la acción colectiva a nivel comunitario. Como ha sugerido la literatura de oportunidades legales, la garantía de acceso a la justicia y el respeto a los derechos incrementa la percepción de efectividad de la acción la acción colectiva (Ruzza 2014). Y esa percepción de efectividad es un antecedente de participación como ha sido sugerido por la evidencia empírica en estudios sobre movimientos sociales (Hornsey et al. 2006). Por lo tanto, la teoría de oportunidades legales nos permite hipotetizar que la percepción de respeto y/o protección de derechos ciudadanos tiene un efecto positivo sobre la participación comunitaria tanto institucional como específica.

En resumen, a un nivel interno de la organización comunitaria, la confianza entre los miembros de la comunidad conllevaría un aumento tanto del nivel de participación institucionalizada (asociatividad), como de la acción colectiva específica para la solución de problemas. Asimismo, las condiciones estructurales externas, a través de las oportunidades legales, también sería otro factor que se asocia a mayores niveles de participación comunitaria en sus dos formas.

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Notas

Información adicional

Citar este artículo: Chicago (Autor/a año): Sossa, Alexis, Francisco Olivos y Andrés Brange. 2019. “Participación comunitaria, confianza y percepción de derechos en Latinoamérica y el Caribe: evidencia de 18 países”. Revista nuestrAmérica 7 (14): 228-57.

Chicago (notas): Sossa, Alexis, Francisco Olivos y Andrés Brange, “Participación comunitaria, confianza y percepción de derechos en Latinoamérica y el Caribe: evidencia de 18 países”, Revista nuestrAmérica 7, no. 14 (2019): 228-57.

APA 6a ed.: Sossa, A., Olivos, F. & Brange, A. (2019). Participación comunitaria, confianza y percepción de derechos en Latinoamérica y el Caribe: evidencia de 18 países. Revista nuestrAmérica, 7 (14), 228-257.

MLA : Sossa, Alexis, Francisco Olivos y Andrés Brange. “Participación comunitaria, confianza y percepción de derechos en Latinoamérica y el Caribe: evidencia de 18 países”. Revista nuestrAmérica, vol. 7, n° 14, 2019, pp. 228-257. Ediciones nuestrAmérica desde Abajo Ltda. Web. [fecha de consulta].

Harvard: Sossa, A., Olivos, F. y Brange, A. (2019) “Participación comunitaria, confianza y percepción de derechos en Latinoamérica y el Caribe: evidencia de 18 países”, Revista nuestrAmérica, [en linea] 7(14), pp. 228-57. Disponible en: URL

ISO 690-2 (Artículos de revistas electrónicas): Sossa, Alexis, Francisco Olivos y Andrés Brange, Participación comunitaria, confianza y percepción de derechos en Latinoamérica y el Caribe: evidencia de 18 países. Revista nuestrAmérica [en linea] 2019, 7 (JulioDiciembre): 228-257 [Fecha de consulta: xxxxxx] Disponible en: ISSN 0719-3092.