Sistemas comunales, estatalidades y gobernanza. Las respuestas de comunidades en defensa de los bienes comunes en Santiago del Estero, Argentina

Communal systems, statehoods and governance. The responses of communities in defense of common goods in Santiago del Estero, Argentina

Sistemas comunais, estados e governança. As respostas das comunidades em defesa dos bens comuns em Santiago del Estero, Argentina

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Los procesos organizativos de los sujetos rurales han sido el foco de interés de las políticas públicas del sector en las últimas décadas. Para el caso argentino en las décadas de los 70, 90 y en la actualidad, se generaron importantes procesos de organización institucional hacia adentro de las distintas dependencias estatales para desde allí impulsar procesos de ordenamiento y organización de la sociedad civil.

Detrás de estos procesos de “organizar” está implícito “el presupuesto del estado de desorganización de los destinatarios de sus acciones” o bien la idea de que “sus lógicas de articulación son insuficientes” (Cowan Ros y Berger, 2018) y no responden a las reglamentaciones institucionales. De ahí deriva su necesidad de implantar prácticas de regulación de la organización tanto institucional, comercial y productiva de los sujetos rurales.

A pesar de tales circunstancias, lejos de ser sujetos pasivos, receptores de las políticas públicas, los actores locales disputan los sentidos acerca de sus mundos de vida desplegando estrategias que les permitan entrelazar y dialogar con eso que desde afuera se busca imponer.

En estos procesos donde los grupos sociales plantean formas particulares de vinculación y ordenamiento, las prácticas que se intentan promover interaccionarán armónica o conflictivamente con las lógicas organizativas preexistentes (Cowan Ros y Berger, 2018).

En este sentido, Osorio (2013) observa que las intervenciones externas sobre las comunidades generan un proceso de adecuación permanente que se origina en la resistencia desde la raíz y se concreta en prácticas colectivas según la norma comunal. Pero la adecuación no es una síntesis entre la intervención y la resistencia/aceptación sino una entidad paradójica o bien un oximorón, pues lo comunal en sí mismo es resultado de una suma de adecuaciones cotidianas a lo largo de los años. En palabras de Long (2007) los procesos de intervención operan como campos de disputa y negociación en los que convergen actores con visiones de mundo, valores, lógicas cognitivas y motivaciones heterogéneas.

Entonces, crear y mantener comunalidad implica crear o mantener la soberanía de un sujeto capaz de gobernarlo y gestionarlo en un capitalismo que deja huecos o grietas en los que puede emerger ese sujeto comunitario que resulta incompatible con su dinámica pero que puede vincularse sin perder esa condición de comunalidad (Osorio, 2013).

En Santiago del Estero se cuenta con evidencia sobre diversos sistemas comunales que han pervivido a través del tiempo ligados a un ethos o la racionalidad económica campesina, no determinada totalmente por el valor de cambio (Paz, 2017), mientras que otros se inventan y recrean en la lucha por la tierra mediados por las vinculaciones con agentes estatales, como los encierros ganaderos comunitarios (De Dios y Ferreyra, 2011; Gómez y Villalba, 2018); o bien, pretenden la puesta en marcha de un modelo de producción generador de procesos de acumulación alternativos (Suárez y Paz, 2017).

En este trabajo se propone analizar relacionalmente las representaciones, motivaciones y lógicas de comportamiento que despliegan las instituciones públicas y los sujetos rurales que conviven en sistemas comunales en Santiago del Estero. Más precisamente, lo que interesa estudiar son las estrategias de adecuación/resistencia/subsunción que despliegan los sujetos en defensa de los bienes comunes que participan de los procesos de producción y comercialización, y la institucionalidad que resulta de esos encuentros para sostener la gobernanza de dichos bienes y del territorio en su conjunto.

Se abordarán dos experiencias de sistemas comunales, Colonia Jaime y el encierro comunitario de Santa Catalina. Colonia Jaime es una comunidad agropecuaria ubicada en el Departamento Robles de Santiago del Estero (Argentina). Se emplaza sobre un predio de alrededor de 607 hectáreas de las cuales aproximadamente 350 has. se destinan a cultivos y producciones pecuarias varias. Está conformada por aproximadamente 100 personas que integran unas 25 familias.

Mientras que Santa Catalina es una comunidad de 24 familias asentadas en 4.535 has., que ante una amenaza de desalojo por parte de empresarios ligados al agronegocio, crea un encierro comunitario¹ a partir del vínculo con agentes estatales donde hacen uso compartido de bienes naturales como la tierra, el monte y el agua para el desarrollo de sus prácticas productivas.

La elección responde a varios motivos. En primer lugar por tratarse de experiencias que se han mantenido en el tiempo como casos únicos. Colonia Jaime fue fundada en el año 1932 como primer núcleo comunal sobre las bases del espiritismo Luz y Verdad junto a otras dos experiencias en el país (una en Mendoza y otra en Salta) que finalmente se desarticularon hasta el año 1970. Santa Catalina fue pionera en la puesta en funcionamiento de un encierro comunitario ganadero que luego de más de 10 años aún persiste. En segundo lugar, en ambos casos, se pudo observar procesos interesantes de articulación con instituciones estatales. En el caso de Santa Catalina esa articulación dio origen al encierro como estrategia de resistencia frente al despojo y en el caso de la Colonia promoviendo innovaciones tecnológicas en el sistema productivo. En tercer lugar, en ambos casos se dieron procesos de resistencia y adecuación a las presiones externas por parte de organismos públicos y del mercado. Finalmente, construyeron estructuras de gobernanza de bienes comunes estableciendo un diseño institucional sobre el cual se erigen sus prácticas sociales, basado en los principios de producción, ampliación y gestión de bienes comunes y ámbitos.

Por consiguiente, en ese encuentro entre dos mundos de sentido (estatalidades y comunalidades) pretendemos reconocer por un lado, los dispositivos de control, regulación y/o apoyo que despliegan los organismos estatales ante las prácticas (institucionales, productivas y comerciales) comunales y por el otro, los mecanismos de resistencia, negociación y/o adaptación por parte de los comuneros.

En virtud de responder estas interrogantes se parte de tres rupturas epistemológicas. En primer lugar se busca eludir las interpretaciones esencialistas que entienden la “comunidad”² y el “Estado” como entidades dadas, universales y objetivas. Ambos conceptos refieren a procesos de construcción social a partir de prácticas, representaciones y procesos cotidianos. Razón por la cual partimos de categorías como sistemas comunales³ y estatalidades⁴.

En segundo lugar, para evitar caer en un binarismo tradicional-moderno que mira a las comunidades como resabios pre-modernos destinados a desaparecer, incapaces de adaptarse o progresar se afirma que es posible identificar una pluralidad de formas de integración y tensión entre lo comunal y el capitalismo (y la modernidad), dando lugar a hibridaciones o yuxtaposiciones (Jara, Hoffman y Palomo, 2018). De esta manera, se entiende que los sistemas comunales y las estatalidades se reproducen como esferas concéntricas en cuyo encuentro se generan procesos de resignificación, negociación y/o imposición de prácticas y representaciones sobre ambos ámbitos sociales.

Finalmente, se entiende que estos encuentros y desencuentros adquieren mayor visibilidad en momentos históricos donde la estatalidad neoliberal se profundiza.

Por otra parte, se adopta una visión amplia de los comunes y por ende de los procesos de gobernanza de estos. Elinor Ostrom quien fundó la corriente de la nueva economía institucional planteó la posibilidad de que los usuarios realicen una gestión y administración efectiva del recurso natural de uso común debido a la prevalencia de instituciones y reglas de uso establecidas por los propios individuos y supervisadas por ellos garantizando la sostenibilidad del manejo productivo. (Ostrom, 2000). Sin duda Ostrom colocó nuevamente a las comunidades como espacios sociales y económicos potenciales para la protección del medio ambiente, capaces de desarrollar estrategias que les permitan persistir y construir autonomía, justicia y equidad.

Pero este enfoque presenta ciertas limitaciones cuando se observa la complejidad que subyace al manejo comunal de bienes o recursos por parte de las comunidades. Algunas de las críticas señalan que los postulados de Ostrom se ajustan solo a un estilo de vida occidental y que el comportamiento de los usuarios fue estudiado desde una mirada individualista y una única racionalidad económica convencional (Aguilera Klink, 2012). Bollier (2016) argumenta que no siempre los individuos toman decisiones en forma aislada, sino que también pueden actuar en concierto con otros en una unidad social mayor, considerando los intereses del grupo.

Además, es posible observar que como señalan algunos autores, el enfoque pierde de vista aspectos importantes que resultan determinantes al momento de evaluar la posibilidad de que se generen acuerdos en torno a un recurso común, como la historia de las comunidades vinculadas al recurso (Ibáñez y de Castro, 2015), el contexto bajo el cual se desarrolla la experiencia (Giménez Romero, 1991) o el tipo de necesidad que satisface el recurso, lo cual genera formas de apropiación específicas de acuerdo a las particularidades del usuario (Toledo y Barrera-Bassols, 2008). Todos estos aspectos también influyen en el posible destino de un recurso gestionado comunalmente (Rodríguez y Gutiérrez, 2019).

David Bollier⁵ reúne un panorama más complejo y holístico sobre el mundo de los comunes o procomún. Presenta el mundo de lo común como “formas de producción nuevas, de gobernanzas más abiertas y responsables, de tecnologías y culturas innovadoras y de modos de vida más saludables e interesantes, es una revolución silenciosa, autogestionada, diversa y con sensibilidad social” (Bollier, 2016, p. 14). Este artículo adopta esta perspectiva de los comunes, ya que amplía la mirada para pensar los comunes como algo más que recursos de uso compartido, sino como formas de gobernanza que crea la comunidad.

El trabajo recupera datos recabados durante el periodo 2014 y 2017 donde se aborda la construcción de lo comunal desde las prácticas económicas, el diseño institucional y los principios éticos compartidos, reconociendo el carácter dinámico y procesual. La información fue obtenida a partir de la observación participante (en sesiones de estudio y reuniones comunitarias; eventos festivos; eventos productivos y educativos) conversaciones en los pasillos y entrevistas en profundidad a representantes de la comunidad; revisión de archivos, revistas y libros en la biblioteca de la colonia y análisis de fuentes secundarias sobre los encierros comunitarios en la provincia; y análisis de material audiovisual realizado por organismos estatales y no estatales disponibles en la web, así como el sitio oficial de la Asociación Civil Colonia Jaime y la Fanpage de Facebook de la Organización de base campesina DUFINOC⁶ (Delegaciones unidades de Figueroa norte Once comunidades).

El artículo se organiza de la siguiente manera: en primer lugar, se presentan brevemente los casos de estudio haciendo referencia a la formación de las comunidades y la construcción de las formas organizativas que gobiernan los recursos comunales. En segundo lugar, discutimos a partir de los casos cómo se movilizan dispositivos estatales para disciplinar y moldear las formas organizativas de los sistemas comunales, imponiendo en primer lugar figuras jurídicas para luego avanzar sobre las prácticas de comercialización y producción. En respuesta a este avance, la comunidad se moviliza y resiste cuestionando al ente estatal, buscando ayuda externa, construyendo alianzas y adecuando modalidades estatales a su condición comunal. A partir de un conflicto con AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) veremos las disputas de sentido entre los comuneros y representantes de la institucionalidad pública en torno a la idea de la generación o no de utilidades dentro de un sistema comunal. Finalmente, en tercer lugar, proponemos una reflexión de conjunto sobre la naturaleza de los bienes comunales, sus modificaciones en el tiempo y los nuevos retos que ello plantea para la gobernanza de los bienes comunales ante las presiones que ejercen las estatalidades así como agentes externos (principalmente empresarios).

Colonia Jaime, una comunidad agropecuaria asentada sobre un predio de aproximadamente 600 hectáreas de las cuales 350 están ocupadas con actividades productivas y la casa comunal. Está ubicada en el departamento Robles de la provincia de Santiago del Estero a unos 12 kilómetros de la Ciudad de La Banda.

Fue fundada en el año 1932 por un filósofo espiritista llamado Joaquín Trincado quien organizó la comunidad a partir de ciertos principios éticos que regularían la vida tanto en sus aspectos sociales como económicos, productivos y educativos. Estos principios ético-organizativos quedaron asentados sobre un “Código” y un reglamento interno que fue sufriendo modificaciones a lo largo del tiempo.

Está conformada por aproximadamente 100 personas que se distribuyen en unas 25 familias. Las mujeres no sólo se dedican a las tareas domésticas sino también administrativas y educativas, son quienes reciben las visitas que llegan a conocer el particular sistema de vida (destacándose además que la comunidad está dirigida por una presidente mujer). Mientras que los hombres son los encargados de las diferentes actividades agropecuarias mediante la constitución de grupos de trabajo de entre tres y cuatro personas. El sistema productivo es ampliamente diversificado tanto es sus aspectos pecuarios como agrícolas.

En los últimos años fue incorporando distintas tecnologías, principalmente a partir de vínculos que construyeron con distintos organismos estatales de la provincia. Cuenta con dos locales comerciales en una de las localidades más importantes de la provincia (La Banda) donde concentra la venta de gran parte de su producción. En cuanto a la organización institucional a partir del año 2004 la comunidad tuvo que adoptar la figura de Asociación Civil sin fines de lucro, pues desde la década de 1990 arrastraba un problema impositivo con AFIP, órgano recaudador de impuestos. Entonces como primera medida de solución del conflicto la comunidad adoptó el nombre de Asociación Civil Colonia Jaime. La Colonia maneja la economía destinando todos los ingresos a un fondo común. Estos ingresos contemplan todo lo obtenido por las ventas en las bocas de expendio, en los viajes al sur de la provincia y algunas ventas ocasionales dentro de la misma comunidad. Los comuneros que perciben jubilaciones renuncian voluntariamente al fondo común, pero la institución les continúa proveyendo vivienda, alimentos y protección social a los más ancianos. Entonces, con los ingresos obtenidos, se cubren las necesidades institucionales que incluyen aquellos gastos destinados a la educación dentro de la comunidad (compra de material didáctico, insumos varios), el mantenimiento de la infraestructura (salón de estudio, salón de computación) y los gastos de las actividades productivas (maquinarias, herramientas, insumos, etc.).

La comunidad Santa Catalina presenta una población de 24 familias asentadas en 4.535 has. En el departamento Figueroa de la provincia de Santiago del Estero y constituye una de las primeras experiencias de Cerramientos ganaderos⁷. En el año 2000 comenzó con conflictos por la tenencia de sus tierras con empresarios provinciales y extraprovinciales que buscaban despojar a la comunidad. En el año 2005 a partir de subsidios del Programa Social Agropecuario se concluyó el alambrado de las 4.500 has, consolidándose como el primer encierro comunitario de la zona. Posteriormente se adquirieron tanques australianos, se construyeron las aguadas y finalmente se compraron animales de ganado vacuno de manera comunitaria.

Durante muchos años constituyó la sede y principal motor de una organización de base campesina zonal denominada DUFINOC (Delegados Unidos de Figueroa Norte Once Comunidades). Se dedicaban tradicionalmente a la actividad extractiva forestal y a la ganadería, luego con la construcción de un encierro comunitario decidieron reconvertir productivamente la zona y apelar a la protección ambiental del recurso monte.

La comunidad de Santa Catalina se encuentra dividida en dos facciones, tanto simbólicas como fácticas ya que se asientan en grupos separados dentro de las 4500 has. Por un lado, se encuentra el grupo de Santa Rita y, por el otro, el resto de los miembros de Santa Catalina. Ambas facciones, decidieron asumir como comunidad el nombre de la patrona del lugar otorgada por la pastoral social de la Iglesia Católica, el cual es Santa Catalina.

El grupo de Santa Rita se especializó en la producción de postes y durmientes, extraían y vendían hasta el año 2006 un promedio de 500 y 600 postes por semana. La zona era también explotada por vecinos de zonas aledañas como La Cañada, Santo Domingo y otros parajes tanto del norte como del sur. Este sector de hacheros, nunca se dedicó a la producción de rodeo bovino, su principal fuente de ingresos fue la extracción forestal.

Los conflictos por la tierra iniciaron en Santa Catalina en el año 2004, en ese entonces se gesta la idea de cerrar la posesión completa e iniciar un juicio de prescripción veinteañal. Al momento de establecer las reglas bajo las cuales realizarían el encierro comunitario, los intereses subyacentes de los grupos transitaban direcciones distintas, en el momento no se hicieron visibles pero con el correr de los años y al eliminarse la amenaza externa, afloraron y generaron disputas⁸.

Los sistemas comunales se apoyan sobre instituciones (normas y reglamentaciones) que regulan el comportamiento de los miembros y garantizan la protección de ciertos derechos adquiridos por pertenecer a él. Estos principios de organización comunitarios no sólo están circunscriptos al espacio físico y a la existencia material de los comuneros sino también a su existencia espiritual, a su código ético e ideológico y por consiguiente a su conducta política, social, jurídica, cultural, económica y civil (Díaz, 2004). En el caso de la Colonia estos principios están asociados a una doctrina filosófica que le dio origen, pero que son puestos en tensión a partir de las relaciones que mantienen con el exterior. Por lo tanto, se dan fuertes procesos de discusión sobre las formas correctas de proteger esos principios aunque a lo largo de la historia se vayan incorporando otros.

Así, el diseño institucional de un sistema comunal, consiste en un conjunto de pautas organizativas a nivel consuetudinario y/o a nivel de estatutos escritos, con la consagración de una estructura de órganos con división de funciones y medios para la resolución de conflictos. En Santa Catalina, el transcurrir de la experiencia fue sentado las bases para la creación de dicho diseño, donde el trazado de una institucionalidad estuvo fuertemente marcada tanto por las divisiones internas de la comunidad como por la influencia del equipo técnico perteneciente a agencias de desarrollo rural del estado (Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación Argentina, delegación Santiago del Estero). En estas polarizaciones es que emergen acuerdos, negociaciones y disputas con y entre los pobladores.

Tanto Santa Catalina como Colonia Jaime, a lo largo de su historia han sufrido transformaciones en sus diseños institucionales, es decir en la estructura de gobernanza, las reglas de acceso, tenencia y uso de los bienes comunales.

Algunos de estos cambios fueron impulsados por presiones internas, otros se debieron a presiones externas, más precisamente a la necesidad de adecuarse a las nuevas leyes nacionales y provinciales.

Cuando se compraron las tierras de Colonia Jaime se firmó un boleto de compra-venta el 24 de julio de 1931 y luego fueron escrituradas a nombre de la Cátedra Provincial N° 71 Luz y Paz. En el año 1932 Joaquín Trincado escribió el Reglamento Interno para el funcionamiento de la comunidad y acompañó la solicitud de reconocimiento como institución civil tramitado ante las autoridades del Ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública de la provincia de Santiago del Estero. Dos años después, el 15 de junio de 1934, fue reconocida con el carácter de persona jurídica (SERIE A N° 766) en tanto institución de base mutualista, no lucrativa, sin ningún color político y religioso persiguiendo solamente fines de asistencia social⁹. Ese reconocimiento como persona jurídica no fue otorgado a la Colonia sino a la “Cátedra 71 Luz y Paz de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal”, pues el propio reglamento la reconoce como “madre y árbitro” en todo lo que concierne a la comunidad y según lo establecido por el fundador era esa entidad la que debía cargar con la personería¹⁰. Por lo tanto, Colonia Jaime se constituyó con el carácter de propiedad privada (en tanto institución jurídica), gestionada y administrada por un grupo de adherentes que no vivían en ella, pero hacia su interior el uso y aprovechamiento del territorio era comunal. A partir de ese momento fundacional, la comunidad fue organizada a partir de normas y derechos plasmados en el Estatuto, Reglamento y circulares prácticas de la Escuela y por el Reglamento Interno redactado por el fundador y aceptado en Asamblea en la Cátedra N°71.

El Reglamento Interno otorgaba a la Cátedra capacidades y facultades para emprender acciones civiles y comerciales, fijar las tareas de producción y demás trabajos comunales, fomentar el estudio espiritual, la armonía y cooperación en el trabajo cotidiano para llegar a constituirse en una ciudad modelo, invertir los fondos obtenidos en la diversificación de la producción, el mejoramiento de las instalaciones y cubrir todas las necesidades materiales de los colonos.

Así lo expresaba el Reglamento:

Art. 3: La Colonia es administrada rigurosamente por un administrador civil, siendo el Titular de Hacienda de la Cátedra Provincial N°71, que es la iniciadora; pero la administración se sujeta a las leyes civiles y comerciales para lo externo; siendo la garantía de su firma, para créditos, peticiones, representación social, etc., la misma Colonia con todo su valor, obrando siempre esas operaciones de acuerdo con el Consejo de la Cátedra, dejando de ello constancia y firmado por el Director (Reglamento Interno, año 1932).

Joaquín Trincado falleció tres años después de la fundación de la comunidad. El Reglamento siguió vigente por muchas décadas mientras la Cátedra mantuvo su poder sobre la Colonia, en efecto, la economía fue manejada por los administradores que se fueron sucediendo. Y en cuanto a la satisfacción de las necesidades materiales, hubo muchas críticas de los comuneros hacia la administración. Pues las condiciones de las infraestructuras donde vivían las familias eran precarias, se alimentaban de los remanentes de los productos cosechados, cuando la Cátedra enviaba alimentos solían llegar en mal estado, y en ocasiones asignaban dinero a un pequeño grupo de comuneros que viajaba a la ciudad a comprar alimentos y telas para que las mujeres confeccionaran las vestimentas.

El quiebre en lo instituido así como las tensiones entre los comuneros y la Cátedra tuvieron su momento de mayor expresión en la década de 1990 cuando la comunidad comenzó a vender sus productos en sus propios locales. Todas las compras, ventas, solicitudes de préstamos o subsidios necesariamente debían realizarse con la firma legal de Cátedra 71 Luz y Paz-Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Esta situación llamó rápidamente la atención de entes reguladores del comercio y recaudadores de impuestos provinciales y nacionales, ante un contexto nacional de mayor control y presencia de los organismos recaudadores de impuestos¹¹.

Por estos años, el número de comuneros ya superaba al de los adherentes de la Cátedra, la cual se encontraba en un estado de deterioro, mantenida en sus funciones por unas pocas personas que eran las firmantes ante cualquier trámite que realizaba la colonia. En el año 1995 los comuneros inician un trámite ante la DGI (luego absorbida por AFIP) para solicitar la inclusión en el Registro de Entidades Exentas del Impuesto a las Ganancias, en tanto que en su carácter de persona jurídica e institución sin fines de lucro le correspondía por ley. Dos años después el organismo responde denegando la exención y exponiendo lo confuso del caso pues la solicitud era realizada por miembros de Colonia Jaime pero la personería jurídica correspondía a la Cátedra 71. Fue a partir de este hecho que la comunidad comenzó un proceso de transformación en las formas de administración y gobierno. Proceso que generó conflictos con los miembros de la Cátedra que se negaban a apoyar los cambios exigidos por la colonia y hacia el interior mismo de la comunidad. Pues, según algunos comuneros, estos hechos marcaron el inicio de la construcción de la propia identidad, mientras que para otros significaron un alejamiento de los principios doctrinarios que los guiaban.

Ante las negativas de los miembros de la Cátedra en permitir a la comunidad constituir su propio gobierno y las presiones de los organismos públicos en dar forma legal a la institución para seguir desarrollando sus tareas, miembros de la comunidad solicitaron a las autoridades de la Dirección General de Personas Jurídicas constituir una Comisión Normalizadora que pueda llevar adelante los trámites necesarios para dar forma legal a la entidad. Se llevó a cabo una profunda reforma estatutaria, cambio de denominación, perfeccionamiento de las rendiciones contables, mayor precisión en la definición de la naturaleza y finalidad de la institución. Luego de un largo proceso de discusiones, visitas a juzgados y organismos públicos, el 22 de febrero de 2004 en Asamblea General Extraordinaria los comuneros aprobaron las reformas introducidas al estatuto y solicitaron a la Dirección General de Personas Jurídicas su reconocimiento como institución Civil resuelto favorablemente en julio de ese mismo año con la denominación de Asociación Civil Colonia Jaime. De esta forma pasó a ejercer la totalidad de los derechos y responsabilidades, la titularidad de su patrimonio social con todos los bienes muebles e inmuebles registrados hasta la fecha bajo el nombre de Catedra 71. Quedaron sin efecto el Reglamento Interno del año 1932, y el Reglamento y Régimen de la Asamblea Comunal.

El Código Civil y Comercial de la Nación reconoce a las Asociaciones Civiles como personas jurídicas privadas, siendo el patrimonio propiedad exclusiva de la entidad. En este punto resulta oportuno la diferenciación conceptual entre control y régimen de propiedad pues permite albergar la posibilidad de una pluralidad de sistemas comunales. Por ejemplo, propiedad común de los recursos con gestión y utilización privada (Patzi, 2004) o propiedad privada con gestión y utilización comunal. Se puede decir entonces, que en Colonia Jaime existe la propiedad privada con personalidad jurídica combinada con la gestión, distribución y apropiación colectiva de todos los bienes y recursos. Pues internamente no existen parcelas individuales y el producto del trabajo comunal es apropiado por la comunidad en su conjunto. Los comuneros consideran que la única forma posible que encontró el fundador y luego ellos para resguardar la integridad y sostenibilidad del sistema fue aquella figura jurídica, aunque con autoridades diferentes en cada caso.

El reconocimiento legal de Colonia Jaime le concedió personería jurídica y derechos sobre su territorio comunal. Y se convirtió en un instrumento útil que empodera a la comunidad y le permite planificar y desarrollar en el propio territorio en un marco de autonomía total ante las viejas estructuras dominantes. Además se constituyeron en actores reconocidos por el Estado como interlocutores válidos de las políticas de desarrollo y la comunidad es hoy un espacio social donde distintas instituciones estatales y privadas ponen en marcha proyectos de innovación productiva que luego son aplicadas en otros productores.

En el caso de Santa Catalina la construcción de la institucionalidad estuvo atravesado por la participación en la organización de base campesina DUFINOC (Delegaciones unidades de Figueroa norte Once comunidades).

La DUFINOC surge en el año 1992 como producto de la acción promocional del Obispado de Añatuya, a través de la ejecución de lo que se llamó El Proyecto del Salado, con el apoyo económico de la Agencia de Cooperación MISEREOR perteneciente a la Iglesia Católica Alemana. Inició con 70 socios y el principal propósito fue atender las necesidades de las comunidades y ser el medio a través del cual se podrían bajar recursos para las poblaciones socias. Está regida por un Estatuto reconocido por el Estado Provincial; cuenta con una Asamblea General de Miembros. El Consejo Directivo dirige, administra y ejerce la representación de la entidad.

Un año más tarde, en la comunidad de Santa Catalina se constituye una Asociación de Fomento Vecinal por influencia de la pastoral social y en el mismo contexto de la creación de la DUFINOC contando con un estatuto y un reglamento de funciones que debe cumplir cada socio.

Desde el año 2006 al 2012 el principal representante de la comunidad de Santa Catalina (Don Zerda), ocupó también el cargo de Presidente de la Dufinoc. Durante este periodo no sólo se registraron la mayor cantidad de subsidios y créditos blandos que se emplearon en las mejoras del encierro comunitario (construcción de dos represas, un potrero ganadero con animales comprados de manera comunitaria, dos aguadas, dos tanques australianos, un canal, un salón de usos múltiples, entre otros) sino también conflictos y desacuerdos hacia el interior.

Sus avances son notorios en cuanto al cerramiento de la explotación y la incorporación de distintos emprendimientos productivos en el predio. Las causas a la que aluden tanto los técnicos como los productores involucrados, es la “capacidad de gestión”, relacionada con la “capacidad de hacer escuchar sus necesidades y de llegar a los lugares correctos”. Dicho aspecto es considerado por la misma comunidad como una de sus virtudes en relación a los objetivos alcanzados. Los pedidos de subsidios a distintas oficinas estatales se realizaron llevando propuestas concretas a ser materializadas en su territorio.

En Santa Catalina la organización y sus referentes son quienes diseñan, gestionan, administran y ponen en marcha nuevos emprendimientos productivos, los cuales buscan ser respetuosos con las condiciones agroecológicas de la zona. En este proceso de generación de novedades se ponen en juego otras dimensiones tales como el capital social, ya que desde Santa Catalina se tejen redes de relaciones de conocimiento mutuo con distintas instituciones del Estado, tanto nacionales como ser el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), La Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación; como así también provinciales tal es el caso del ministerio de producción, Vialidad provincial, Secretaría del agua y Dirección provincial de Riego.

No obstante, la ejecución de proyectos y el organigrama mismo de la institución generó rispideces entre dos grupos polares, el perteneciente al poblado de Santa Rita (los hacheros) y el sector de Santa Catalina (los ganaderos).

Don Zerda impulsó a la comunidad a lograr el cerramiento total de la explotación, la presentación del plano de levantamiento territorial donde cuenta la mensura completa de la explotación y el pago mensual del impuesto de catastro provincial. Este último, se estableció como requisito principal para seguir perteneciendo a la asociación y seguir contando con los beneficios societales, lo que generó gran división entre estos grupos puesto que consideraban que el pago no debería establecerse de manera igual para todos.

A partir de dicha disputa, la comunidad decide por reglamento establecer la obligatoriedad del pago mensual del impuesto de catastro provincial como elemento que sería utilizado ante un juicio de usucapión en virtud de detentar y manifestar la posesión veinteañal.

Los hacheros decidieron deslegitimar dicha obligación argumentando que quienes poseían vacas y tenían los potreros comunitarios hacían un uso intensivo del espacio, mientras que ellos no podían explotar las especies leñosas de su posesión (a partir de una reglamentación de manejo de actividades productivas) por lo que solamente sus viviendas estaban en el encierro comunitario sin sacar rédito económico de la explotación por ende sus ingresos no alcanzaban para hacer el pago del canon estipulado. El sector de los ganaderos continuó pagando el impuesto de catastro hasta que hubo un punto, en el que al pagar cada vez menos integrantes de la comunidad, el valor total de la posesión se fue encareciendo en pocas manos, por ende dejaron de hacerlo.

Estos hechos puntuales llevaron no solo a dividir prácticamente la mayoría de los ingresos provenientes de las actividades productivas, sino también a discrecional los subsidios y créditos hacia aquellos que abonaban el canon del impuesto de catastro, proceso que generó la deslegitimación de referentes como Don Zerda y de la comisión directiva. Esto a su vez reincidió en los procesos de trabajo comunitario y en la posterior división y fragmentación de las actividades productivas destinadas a obtener beneficios individuales.

Dentro de las comunidades puede encontrarse una combinación de normas consuetudinarias (institucionalizadas o no) y normas especiales de mercado que asignan insumos y productos combinando grados de eficiencia-equidad (Bardhan y Dayton, 2003). En este marco, una reflexión sobre la sustentabilidad de los bienes comunales abre dos caminos: entender las fuerzas que tienden a potenciar la comercialización de la producción de los comunes como un elemento de destrucción de las estructuras comunitarias, al reemplazar los principios de cooperación por los de competencia (Long et al., 1999; Martínez, 2002) o bien entender que la explotación comercial de los bienes comunales implica una forma de protección de los bienes, al dar lugar a apoyos financieros para lograr la reinversión en tecnología, equipamientos y sostenimiento institucional (Ascher,1995; Barkin y Rosas, 2006; Ortega Santos, 2012). Los gobiernos pueden ofrecer apoyo para los bienes comunes facilitando el establecimiento de nuevas instituciones que puedan ser manejadas por sus propios comuneros. Este autogobierno a escala adecuada del recurso puede contribuir a garantizar que la administración y la rendición de cuentas sean mejores (Bollier, 2008).

Gran parte de los bienes comunales de Colonia Jaime están integrados al mercado, pero no un mercado nacional o global, sino más bien a un mercado local que fue construido por los propios comuneros. Bollier considera que “encontrar un acercamiento sostenible entre comunes y mercado es un desafío complicado, pero comprender el hecho de que el mercado no es necesariamente lo mismo que el capitalismo lo mitiga enormemente” (Bollier D., 2016, p. 136). Colonia Jaime autoriza la venta de sus recursos en el mercado pero trata de hacerlo de una manera sustentable, que no afecte su sostenibilidad en el tiempo y no cause daños a la integridad de los bienes comunes. Lo cual no significa ausencia de contradicciones. En los espacios de venta se yuxtaponen las distintas lógicas aunque procuran generar el mayor control posible sobre sus ventas.

Patzi Paco (2004) expresa que la constitución de las empresas comunales necesita, sin dudas, de una especie de acumulación originaria; eso significa que por una parte el Estado más que prestar dinero a la población, debe otorgarle tecnologías para que estas asociaciones comunales puedan emprender como trabajadores directos. En este sentido, los comuneros construyeron redes con distintas instituciones del Estado y otros productores para mejorar sistemáticamente el proceso productivo, obtener insumos, conseguir financiamiento, obtener información y asesoramiento tecnológico. Sin embargo, muestran una clara conciencia de los riesgos en que puede incurrir el sistema si el capital y las instituciones penetran en la explotación y toman el control del proceso productivo y las decisiones. Por lo tanto la apertura y construcción de alianzas con fuerzas externas al sistema no significó, al menos hasta ahora, una pérdida de autonomía. En los ejemplos que siguen se pone en evidencia esta tensión entre la autonomía relativa y las presiones externas en los sistemas comunales.

En el caso de Colonia Jaime la vinculación con el Estado le permitió adquirir equipamiento a partir de subsidios y capacitaciones por parte de organismos de ciencia, técnica y sanidad para la mejora, continuidad y sustentabilidad del modelo productivo que viene desarrollando. Algunos ejemplos lo constituyen la práctica de la inseminación artificial¹² en el ganado vacuno difundida en la comunidad por agentes del Ministerio de Tecnología y Gestión Pública de la Provincia de Santiago del Estero siendo actualmente realizada por los propios comuneros llegando incluso a realizar capacitaciones para otros productores de la zona. También el riego por goteo y el desarrollo de prácticas agroecológicas (compostaje, tratamiento de plagas y malezas con asociaciones de especies, entre otras) fueron desarrollados y perfeccionados a partir de redes de apoyo mutuo no sólo con agentes estatales (Ministerio de Tecnología y Gestión Pública de la Provincia de Santiago del Estero) sino también a través de proyectos promovidos por la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Para la elaboración de chacinados la comunidad adquirió una cámara frigorífica de doble propósito con un subsidio otorgado por el gobierno provincial y el asesoramiento técnico del Ministerio de Producción de la provincia.

La incorporación de estas innovaciones tecnológicas al sistema de producción significaron grandes ventajas para la comunidad pero al mismo tiempo implicaron un mayor control por las estatalidades en cuanto al manejo de la genética, la sanidad, la alimentación y las formas de producción y agregado de valor en las actividades pecuarias (cerdos, vacunos y aves de corral). La habilitación de la cámara frigorífica por parte del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) implicó que los comuneros que trabajan en la actividad incorporaran ciertas prácticas tales como vestimenta adecuada (ropas, delantales y botas blancas), extremos cuidados de limpieza y el mantenimiento de la cámara. En los últimos años, este organismo ha venido presionando a la comunidad para introducir reformas sustanciales en el manejo de las majadas porcinas que implique una transición desde sistemas mixtos hacia un sistema de confinamiento.

Entonces, una reflexión que surge tiene que ver con el rol del estado, un estado liberal que ha venido actuando de catalizador e incluso como creador de propuestas tecnológicas que son transformadas al interior de la Colonia como alternativas contrahegemónicas. El éxito de tales alternativas se basó principalmente en la construcción en redes de colaboración y apoyo mutuo entre colonos e instituciones del Estado, pero también en la capacidad de un sistema comunal que supo tomar lo “bueno del modelo modernizante” para asimilarlo a una visión comunal, donde la lógica capitalista perdió su centralidad. Este planteo abre un debate en cuanto al rol del Estado y su participación en la construcción de sistemas comunales dentro del propio capitalismo. El Estado ha mostrado en muchas oportunidades que su participación y sus prácticas suelen ser oscilantes y difusas; en ciertos momentos, buscó ahogar o disciplinar la lógica comunal a una lógica más liberal, como por ejemplo desde el encuadre impositivo de la AFIP, exigiendo la conformación de La Colonia Jaime como asociación civil, o en otros casos, apoyando los procesos de organización comunal con tecnologías orientadas a generar una especie de acumulación originaria para su posterior desarrollo (Suárez y Paz, 2017).

La formación de los encierros comunitarios constituyó en cierta medida, una estrategia congruente con esta lógica productiva, aunque supuso la re-invención del modo tradicional de manejo y gestión de recursos del monte y el ganado a partir de la interacción con operadores estatales en el marco de la implementación de políticas de desarrollo rural. Estos emprendimientos surgen y se desarrollan en la interface comunidad – Estado en el contexto de creciente conflictividad agraria en que la presión sobre la tierra comprometía la reproducción social y económica del campesinado.

La presencia del estado en el territorio se materializa en la implementación de una amplia gama de programas y proyectos dirigidos a promover el desarrollo rural en sectores que ocupan posiciones subalternas¹³ debido a la escasez de capital(es). Entre ellos, destacamos el Programa Social Agropecuario¹⁴ (PSA) de alcance nacional, puesto que los técnicos y agentes estatales de desarrollo que actuaban bajo la órbita de este programa diseñaron y ejecutaron con las familias de Santa Catalina una serie de acciones que resultaron en la conformación de los cerramientos comunitarios.

Pudimos identificar dos líneas de acción; una de ellas apuntaba a resguardar y afianzar la posesión de las tierras, mientras que otra buscaba obtener mejoras productivas en la actividad ganadera y en consecuencia en el ingreso de las familias de cada comunidad. A continuación, enunciamos las acciones que realizaron a partir de la intervención de técnicos estatales que operaban en el marco del Programa Social Agropecuario, posteriormente reconvertido en Secretaría de Agricultura Familiar:

- Aporte del trabajo comunitario en la planificación y posterior ejecución de actividades tanto en lo que respecta a la organización para la defensa de la tierra como en el emprendimiento productivo.

-La delimitación y cerramiento de las áreas de pastoreo común en ambas poblaciones campesinas. Esto posibilitó afianzar las marcas de posesión y ejercer un control más efectivo del rodeo de las familias campesinas sobre todo en períodos de parición, a fin de atenuar las amenazas del robo de animales y depredadores en el monte.

-Mensura de las superficies reivindicadas por la comunidad de Santa Catalina, la posterior confección del plano de levantamiento territorial y el pago del impuesto inmobiliario que es asumido por todos las familias allí asentadas.

-El desarrollo de un sistema de manejo silvopastoril en áreas cerradas en el marco de la implementación de un proyecto de “Experimentación Adaptativa Sustentable (EAS)” financiado por el Programa de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios Adicional (PROINDER). Esto contempló un rolado selectivo y la implantación de pasturas Gatton Panic, Grama Rhodes y Cenchrus en áreas cercadas para aprovechamiento comunitario a modo de optimizar y asegurar una oferta forrajera estable a pesar de la escasez de precipitaciones.

-Implementación de un plan sanitario administrado por los propios campesinos a partir del asesoramiento técnico que consistía en vacunación antiaftosa, desparasitación externa y control de reproductores de enfermedades venéreas y condiciones para servicio.

-Mejoramiento genético a partir de la compra comunitaria de reproductores de raza Brangus y Bradford. Asimismo en la Comunidad de Santa Catalina, se efectuó la compra comunitaria de vientres que permitió aumento del lote de animales y atenuar las desigualdades respecto a la tenencia de recursos pecuarios entre las familias-miembro.

- Optimización de la infraestructura productiva: compra de instalaciones ganaderas (como mangas, bretes, bebederos y una balanza) y maquinaria agrícola para uso comunitario.

Cabe destacar que si bien, la puesta en funcionamiento de los emprendimientos asociativos ganaderos es concomitante con la práctica institucionalizada de uso comunal del monte para el pastoreo, también supuso la gestión de otros recursos productivos obtenidos de las prestaciones contempladas en las políticas públicas que pasaron a ser de propiedad colectiva. Los reproductores bovinos, la superficies implantadas y la infraestructura productiva que adquirieron las familias campesinas involucradas en los emprendimientos a partir de la asistencia financiera brindaba por distintos programas de desarrollo rural¹⁵ pasaron a formar parte de su sistema de recursos comunes¹⁶.

Los cambios técnicos promovidos por la institucionalidad pública en torno al manejo del monte y el ganado produjeron mutaciones en la organización social y la matriz tecnológica¹⁷ de las familias.

A continuación, daremos cuenta de algunas contradicciones generadas al interior de las comunidades a partir de su vinculación con el dominio estatal respecto a la gobernanza de “los comunes” como una arena en que los actores sociales se disputan distintos modos de gestión comunitaria, y que traslucen pujas entre las visiones de desarrollo divergentes.

Las trasformaciones productivas como organizativas patrocinadas desde las políticas públicas y llevadas adelante por los técnicos estatales apuntaban a despegar un proceso de modernización agrícola que consistía en emprender la actividad de la cría de terneros y su venta al destete en forma comunitaria. Desde el punto de vista de estos agentes estatales ello suponía “la asimilación de conceptos técnicos” que les permita a los campesinos “convencerse” de que el ordenamiento de la actividad ganadera conduciría a mejores resultados que los obtenidos a través de las prácticas tradicionales de pastoreo en los campos comunales.

De este modo, la transmisión de los conocimientos asociados a estos cambios técnicos y organizativos basados en el uso común de recursos productivos también abrió paso a la emergencia de nuevas formas de dominación a través de la legitimación de los saberes técnicos. Según Cowan Ros y Nussbaumer (2011), los técnicos que actúan como promotores estatales del desarrollo ocupan una posición de dominación frente a los campesinos a quienes asesora en la medida que asumen el rol de difusores y facilitadores de estos conocimientos. Esto se debe a que la supremacía del conocimiento científico-técnico sobre otros tipos de saberes es parte de la doxa¹⁸ de la sociedad capitalista y por lo tanto su incorporación a los procesos productivos a través del cambio tecnológico es uno de los imperativos de la modernización agrícola. En esta misma línea Martins de Carvahlo (2012), sostiene que la tecnología tiene un papel fundamental en la reproducción social de las clases dominantes. Entonces la figura del técnico es reproducida y su autoridad reconocida sobre los campesinos en tanto detenta una forma de capital cultural ampliamente legitimado como el conocimiento derivado de los sistemas científicos-técnicos.

Las mediaciones de los técnicos estatales en estos asentamientos rurales dieron lugar a una forma de dominación simbólica mediante la tarea de impartir conocimientos técnicos entre los mediados. El argumento de los mediadores es que la apropiación de los saberes técnico-productivos les permitiría a los pobladores de Santa Catalina el salto cualitativo de “tenedores de hacienda a productores de ganado”¹⁹, y en este sentido lograr mayor autonomía en el control de los recursos de la comunidad y del proceso productivo. Sin embargo, bajo este mismo argumento se reproduce una relación de dependencia de la figura del técnico y por lo tanto se ejerce una forma sutil de dominación al asumir la tarea pedagógica que supone trasmitir conocimiento a través de recomendaciones técnicas.

Sin embargo, los comuneros de Santa Catalina se manifestaron reticentes a algunas recomendaciones técnicas de los agentes estatales, en particular a la implantación de pasturas megatérmicas en complemento a la oferta forrajera natural. Aunque vale decir que esto coincidió con el momento inicial de la constitución del cerramiento comunitario, el rechazo a la introducción del “pasto invasivo” fue ampliamente resistida por los pobladores de esta comunidad bajo la argumento de la “defensa del monte tal cual está”.

El contra-argumento abogado por los técnicos estatales es que el “salto de tenedores de hacienda a productores”, categoría que resume la meta de ampliar el lote de ganado de las familias y su calidad a modo de asegurar una oferta estable de terneros para su venta en el mercado implicaba poner fin a la práctica de pastoreo a monte abierto que es inconsistente con la lógica utilitarista de la escasez de los recursos al que se encuentra asociada su visión productivista.

El cerramiento de Santa Catalina abarca la totalidad de la posesión, es decir una superficie de 4.535 hectáreas. Al aumentar el tamaño de los rodeos de propiedad de la familia individual y sobre todo luego de efectuar una compra de vientres a otra experiencia de encierro comunitaria, las familias campesinas de Santa Catalina advirtieron que la oferta de forraje natural era insuficiente para esta carga animal. Frente a ellos cedieron a la posibilidad de destinar dentro de la superficie de uso común áreas de 25 a 50 hectáreas para la implantación de pasturas megatérmicas.

La singularidad de esta comunidad es que los costos derivados de la reproducción del sistema de recursos comunes -las inversiones en la compra de semillas y combustible, como el pago del impuesto inmobiliario, entre otras asuntos de la comunidad -se realiza a partir de los beneficios generados por la venta de los animales de propiedad comunal además de microcrédito otorgado por intermedio de la organización DUFINOC.

En este caso, la capacidad de gobernanza sobre los recursos de uso común se cristaliza en que la decisión de las familias campesinas de introducir cambios en la matriz tecnológica aunque congruentes con las recomendaciones de los mediadores técnicos, que los condujo a su vez a una mercantilización – aunque limitada - no significó la pérdida de control y gestión de dichos recursos. Por el contrario, implicó una reafirmación de la capacidad de autogobierno ya que la explotación, manejo y control de los recursos comunales es concomitante con lógica de reproducción social de las familias campesinas y los campesinos en tanto usuarios del sistema de recursos comunes participan de los costos y beneficios de su reproducción al instituir acuerdos para el financiamiento de esos cambios técnicos. Empero, este proceso organizativo que involucra el establecimiento de arreglos institucionales en torno a la gobernanza de los comunes no se desarrolla libre de tensiones no sólo con agentes externos, sino que al interior del dominio de la comunidad debido a la puja entre fracciones con intereses divergentes.

Al inicio del emprendimiento, el principal objetivo fue asegurar la posesión y realizar mejoras productivas en el monte. La comunidad dedicada antiguamente a la extracción forestal para la venta de carbón y postes, tuvo que reconvertirse productivamente ya que el espacio destinado para pastoreo de los animales se había reducido al cercarla perimetralmente.

Es por ello que dejaron de realizar extracciones del monte y diseñaron una distribución del espacio para el empleo de nuevas actividades. De la totalidad de familias, en los comienzos del cerramiento comunitario, un grupo de campesinos tenía como principal fuente de ingresos la extracción forestal. Dicho grupo, en un principio acordaron seguir los principios fijados de utilización del monte por la comunidad, pero con el correr del tiempo decidieron priorizar sus intereses individuales por encima de los colectivos. Buscaron de esta manera desvincularse del trabajo en el encierro, exigiendo sus partes correspondientes de tierra y negándose a la contribución para el pago del impuesto inmobiliario de la posesión. A su vez, los resultados económicos de la venta de terneros, reportaron beneficios solo para aquellos dueños de animales en el encierro y no para aquellos de la comunidad que no contaban con animales.

Estas decisiones genera modificaciones en la red de relaciones construidas en el cerramiento comunitario, porque la tendencia individualista manifestada por algunos grupos condiciona el desempeño del resto de los integrantes de la comunidad ya que el uso y la gestión de los recursos pueden ser de índole comunitaria, pero los resultados de la producción siguen la lógica instrumental planteada por el régimen dominante, la de acumulación y beneficio individual.

Entonces, en Santa Catalina la tensión está relacionada con los diferentes usos de la tierra y se refleja en la puja entre los que tenían como principal ingreso los derivados de la actividad extractiva forestal y aquellos que se dedican a la producción pecuaria.

Los recursos de uso común que presenta esta comunidad son destinadas a la mejora de la producción de terneros. Tales instrumentos responden a lo que fue señalado en apartados previos como la visión del especialista técnico vinculado a la Comunidad que visualizaba un emprendimiento con una lógica empresarial de venta de terneros producidos de “forma orgánica”²⁰.

Al desatender las pautas establecidas por los técnicos y crear nuevos actores que entran en escena, observamos la priorización al beneficio individual por encima de aquellos pautados “para la comunidad”, lo que podría estar vinculado con la lógica extractivista individual previa a la formación del cerramiento. En el inicio del emprendimiento y ante el entusiasmo impartido por el equipo técnico, la Experimentación Adaptativa constituía una fuente de dinero capaz de suplir o complementar el ingreso principal proveniente de la venta de carbón, empero dicho anhelo se fue desgastando mientras que se priorizó la práctica arraigada de no comercializar y retener el ganado vacuno a modo de “ahorro” conduciendo al sobrepastoreo de las pasturas implantadas y desgaste del monte nativo ante la extracción forestal.

Uno de las principales decisiones individualistas que condujeron a desacuerdos internos de la comunidad por la forma de apropiación de los recursos de uso común, atañe a la cantidad de cabezas de ganado que cada familia ingresaba en el potrero. El pacto sobre el límite de carga animal para cada socio se fue trasgrediendo en forma creciente y sistemática, dando lugar a cierta actitud calificada por algunos de ellos como “ventajista”. Es decir que si bien la organización de la producción y la dotación de recursos eran comunitarios, la persecución de resultados en la producción empezó a responder prioritariamente a objetivos individuales y no a los colectivos previamente pactados.

A fin de hacer frente a estas tendencias a la concentración individual de los intereses de los pobladores, se ponen en juego en la actualidad procesos de socialización tradicionales ya presentes en estas comunidades como ser el compadrazgo, el intercambio reciproco, el escaso uso de dinero como instrumento de cambio, que permitan cotidianamente reafirmar su identidad en cuanto al modo de producir y de vivir comunitario, que constituye una “otredad” en las leyes que rigen al capital.

La puesta en marcha de cerramientos ganaderos con uso compartido de los recursos como estrategia de defensa de la tierra, produjo modificaciones en el paisaje y vida cotidiana de las comunidades implicadas en el proceso. Estas transformaciones de índole productiva en las prácticas de manejo de rodeo, reconfiguraron los roles de los comuneros debido a la distribución y asignación diferencial de los recursos (tanto materiales como simbólicos) al interior de cada encierro afectando de manera directa los fines perseguidos por la comunidad.

A raíz de lo expuesto, consideramos pertinente introducir el siguiente planteo: ¿en qué medida la provisión de recursos simbólicos (a través de la difusión de conocimientos técnicos-productivos) y materiales por parte de mediadores que operan en la institucionalidad pública condicionan a los comuneros en la creación de instituciones de gobernanza de los bienes comunes?

La extensión del sistema de recursos de uso común en cada una de las comunidades en cuestión se realizó en gran medida mediante la asistencia financiera en el marco de implementación de programas de desarrollo rural. Este es un aspecto problemático puesto que, el financiamiento externo impone condiciones a las relaciones de los comuneros usuarios del sistema de recursos comunes en su vínculo con la institucionalidad pública como otras organizaciones que actúan de mediadoras con la esfera estatal empujándolos a una formalización de los modos de organización colectiva a través de la adecuación a la normativa.

Por ejemplo, la adquisición de la personería jurídica es un requisito a cumplimentar por las comunidades para acceder a un subsidio o crédito institucional. En efecto, implicó una restructuración interna de los modos de organización colectiva de las familias de Colonia Jaime al inscribirse como Asociación civil, al igual que en Santa Catalina con la creación de la Asociación de Fomento Comunal y la institucionalización mediante mecanismo formales (reglamentos escritos) que dotan de cierto poder a quienes se otorga la representación del grupo. Esto supone desde la óptica de Bourdieu (2013), conferirle la totalidad del capital social donde cristaliza la existencia del colectivo, pero al mismo tiempo activa la lucha dentro del grupo de comuneros por la apropiación de esa especie de capital (visto con mayor efervescencia en el caso de Santa Catalina).

Asimismo, la ampliación del sistema de recursos comunes a partir de las prestaciones desprendidas de la política pública no sólo repercutió en los modos de organización socio-política sino también en los modos de gestión económica de recursos comunales. Holloway (2011) advierte que la financiación estatal o de alguna fundación civil impone límites o condiciones a las relaciones sociales al instituir formas de hacer o producir diferentes a las hegemónicas como en los casos que son objeto de análisis.

De esta manera, la dialéctica al interior de las comunidades se alimenta de las contradicciones generadas por el impulso a la mercantilización de las actividades productivas en la medida que la reinvención de los estilos de producción ancestrales basados en la gestión de recursos comunales implica cambios técnicos a partir de la compra de insumos, la implementación de buenas prácticas de producción y elaboración de alimentos, tanto en Colonia Jaime como en Santa Catalina donde además se agrega la contratación de servicios de maquinaria agrícola.

Asumir los riesgos que impone la relación de los mercados para llevar adelante estas mutaciones en la matriz tecnológica de las familias rurales en cada una de estas comunidades es otro de los aspectos problemáticos de los modos de gestión comunitaria de los recursos.

Siguiendo las posturas de Holloway (2011) y Bourdieu (2013) asentimos que el contacto de los comuneros con el estado no es neutral, la violencia estatal, aún cuando en sus formas más eufemizadas impone relaciones sociales que reproducen la estructura jerárquica y de dominación social. Por lo tanto, entendemos que la reticencia de estos, ya sea a las imposiciones de la AFIP en la Colonia o a los ajustes productivos en Santa Catalina, implica un esfuerzo permanente en sus interacciones cotidianas por lograr mayor autonomía de fuerzas sociales externas como el poder estatal y el mercado.

Entonces algunos desafíos que surgen a partir del análisis de los casos para la construcción y sostenibilidades de las experiencias comunales en su encuentro con agentes estatales y del mercado son los siguientes: Un primer desafío refiere a la gobernanza de la tierra. La existencia de una multiplicidad de sistemas de gobernanza de estos recursos y los derechos de sus usuarios no son reconocidas en los regímenes jurídicos de propiedad en muchos estados, y la República Argentina no es la excepción. Esto se debe a que la propiedad privada individual sigue siendo un principio del sistema capitalista y por lo tanto un modo hegemónico de ejercicio de los derechos de propiedad. En este contexto la tierra es tratada como una mercancía que posee valor de cambio y se desdeñan de esta manera las relaciones de los seres humanos con este recurso, que es considerado por muchos grupos en particular para los campesinos donde se conserva el carácter de un bien común.

La gobernanza de la tierra ha sido históricamente, el móvil de la lucha política de los campesinos en distintas partes del mundo. En Santiago del Estero, los conflictos en torno a la cuestión de la tierra surgen debido a la desigual distribución y acceso a este recurso como a la inseguridad jurídica en su tenencia, por ello los pobladores se plantean la necesidad del reconocimiento de los derechos de propiedad comunal en el régimen jurídico a modo de contar con garantías legales que les permitan sostener los estilos de producción y de vida.

No pretendemos pregonar que la solución normativa pondrá fin a los conflictos territoriales en torno a la cuestión de la tierra, sino que consideramos que los modos de gestión colectiva de la tierra y los recursos naturales a ella asociados, constituyen un tipo de bien económico con una existencia independiente del sistema de derechos de propiedad contempladas en el marco legal. En este sentido, un reconocimiento de estos derechos a partir de su incorporación a la normativa vigente, implicaría visibilizar y legitimar otras formas de propiedad y con esto los modos de gestión colectiva de la tierra.

Un segundo desafío que advertimos en este estudio, refiere a las posibilidades de afianzar los modos de gestión comunitaria de recursos, en particular en la producción ganadera mediante el agregado de valor en origen a través de distintas vías. De Dios (2006) señala que si bien la persistencia y expansión de explotaciones campesinas en Santiago del Estero está asociada a la producción pecuaria también advierte el escaso valor agregado de la producción que se refleja en un aporte irrisorio en el producto bruto total.

Si bien en Colonia Jaime el agregado de valor se ha basado en la producción de chacinados y embutidos de carne bovina y porcina, en los encierros comunitarios pretenden agregar valor a la producción mejorando la calidad de los terneros a partir de una serie de cambios técnicos que implicaron la implementación de nuevas prácticas de manejo forrajero, sanitarias, y refinamiento genético, siguen aún sin trascender el eslabón primario de la producción.

Un tercer desafío se plantea sobre la gobernabilidad de los mercados. Uno de los aspectos centrales que advertimos en los relatos de los actores, fue la dificultad de insertar la producción para la venta en el mercado. Desde Colonia Jaime se planteó la idea de construir las granjas comunitarias de venta al público en la ciudad de la Banda, lo que implico instalarse dentro de los bordes del mercado capitalista, con regulaciones e imposiciones que socaban las bases mismas de la organización.

En Santa Catalina la comercialización de los terneros en destete es una asignatura pendiente tanto del punto de vista de los técnicos como de algunos comuneros. Esto nos condujo a identificar el carácter difuso de los mercados de productos ganaderos comunitarios, vinculado a que estos no contemplan los altos costos de mantenimiento y engorde del animal superada la etapa del destete, en detrimento de los beneficios generados por la actividad y por lo tanto retienen al ternero y no completan la etapa de comercialización. A su vez, estas acciones tienen repercusiones en la sostenibilidad económica y ambiental de los emprendimientos.

Al advertir estas cuestiones problemáticas acerca de la comercialización, se plantea el desafío de instituir estándares de calidad y precio como también la regulación de los canales de comercialización de los productos generados a partir de la gestión colectiva en vistas a afianzar la gobernanza de los sistemas comunales. Por último, considerando que el acceso al mercado de productos por parte de los comuneros es débil, debido a que las condiciones de intercambio son impuestas por los compradores, resultaría preciso avanzar en crear redes interinstitucionales en vías de profundizar espacios alternativos en este aspecto.