El voluntariado femenino y la política de vivienda social en la dictadura chilena (1980-1983)

Women volunteers and social housing policy in the chilean dictatorship (1980-1983)

La dictadura chilena (1973-1990) le dedicó un lugar destacado a la búsqueda permanente de apoyos sociales para exhibir a nivel internacional y local cierta legitimidad, mientras apostaba por el repliegue del Estado. Según las Fuerzas Armadas, fundar un “nuevo Chile” requería extirpar al marxismo mediante el uso del terror y “vaciarlo” de contenido social y culturalmente. Así, la dictadura se implantó en las estructuras comunitarias como en los Centros de Madres, las Juntas de Vecinos, etc., donde históricamente la Democracia Cristiana y la Unidad Popular tuvieron gran influencia. La dictadura promovió una forma de organización social y de participación centrada en diversas organizaciones sociales territoriales: juveniles, femeninas, comunitarias, gremiales, económicas, cuya base fundamental era la familia. En ese sentido, el pinochetismo apuntó a insertarse en la vida cotidiana de los sectores populares y a “ganar” las calles. De ahí la importancia que adquirió el rol del voluntariado de las jóvenes y de las mujeres en el proyecto social refundacional del régimen.

Existen pocos estudios dedicados al rol del voluntariado durante la dictadura. Durante los años ochenta surgieron los trabajos sociológicos sobre el papel desempeñado por el voluntariado femenino en los Centros de Madre y en la Secretaría Nacional de la Mujer (LECHNER y LEVY, 1984; VALDES, et al, 1989). Inicialmente, predominó el enfoque del adoctrinamiento y el disciplinamiento social de la dictadura sobre dichas instituciones, interpretadas como el espacio donde los civiles habían plasmado sus proyectos políticos. Sin embargo, en este trabajo destacamos los aportes de la historiadora Verónica Valdivia (2010; 2013) quien analizó el rol político de la Secretaría de la Mujer y de la Juventud en relación a las estrategias de las Fuerzas Armadas para convocar al voluntariado. Como señaló la autora, la dictadura no se agotó en la dimensión represiva ni se limitó a la exclusión y despolitización de los sectores populares. Por el contrario, desde la Secretaría General de Gobierno, uno de los ministerios más poderosos y ligado al liderazgo de Pinochet, se buscó movilizar y organizar las bases sociales de apoyo político, difundir y legitimar las medidas neoliberales (VALDIVIA, 2010).

En ese sentido, consideramos que la dictadura buscó reeducar, resocializar y reorganizar al mundo poblacional bajo nuevas coordenadas sociales y pertenencias políticas-partidarias. Para ello, se creó la Dirección de Organizaciones Civiles (DOC), cuyo objetivo era promover el proyecto social del régimen e impulsar la adhesión de la civilidad a los planes gubernamentales, ofreciendo vías de participación activa de la ciudadanía en las tareas nacionales. La DOC se estructuró a partir de cuatro secretarías que apuntaron a crear una “nueva conciencia cívica” y operaron como intermediarias entre el gobierno y la comunidad: la Secretaría Nacional de la Mujer (SNM), la de los Gremios, la de la Juventud y la de la Cultura. La SNM fue liderada por la esposa de Pinochet, Lucía Hiriart, quien coordinó a un cuerpo de voluntarias de la Fundación Centro de Madres de Chile (CEMA Chile) que conservaba autonomía de gestión y donde participaba el “grupo de Señoras de Generales” de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas.

Simultáneamente, este trabajo dialoga con los estudios sobre la política social y de la vivienda en la España franquista, cuyo recorrido inició Carme Molinero (2005), quien abordó la extensa la red de programas asistenciales, de construcción de infraestructura y de vivienda destinadas a intentar “captar” a las masas, más allá de los altos niveles de violencia y de represión cotidiana. Por su parte, González Madrid y Ortiz Heras (2016; 2017) mostraron que el paternalismo asistencial de impronta nacionalista y católica del franquismo tuvo efectos sobre una sociedad fracturada por la miseria. Por ejemplo, la Obra Nacional Sindicalista de Protección a la madre y al Niño (ONSPMN) – dependiente de la Delegación Nacional del Auxilio Social y luego de Sección Femenina – se abocó a brindar ayuda social a las embarazadas y madres (MOLINERO, 2005, p. 166-167). Asimismo, la Obra Sindical del Hogar fomentó incentivos públicos directos e indirectos para facilitar el ahorro personal y la compra de la vivienda, así como la construcción de conjuntos de alta densidad. En esa línea, Fandiño Pérez (1999, p. 176) señaló que el problema de la vivienda fue exitosamente explotado “a fin de elaborar un nuevo mito, el del Estado franquista como constructor, sobre todo, como constructor de vivienda protegida” para los sectores más vulnerables. Algunas de las viviendas se entregaban bajo un régimen de alquiler con opción a compra (BETRÁN ABADÍA, 2002, p. 35; MOLINERO, 2002, p. 139-141). De ese modo, más allá de la pésima calidad de la construcción, un amplio sector de la población urbana obtuvo su primera vivienda de la mano del franquismo, algo que también ocurrió bajo el pinochetismo con la política de los Subsidios Habitacionales.

Como parte del proyecto social refundacional, la dictadura chilena promovió una serie de políticas sociales supuestamente destinadas “proteger” y “fortalecer” la familia, considerada como el principal núcleo social de la “Reconstrucción Nacional”. Se le asignó a la mujer la tarea de “defender” a la familia y “resguardar” a las futuras generaciones de la influencia marxista. En este trabajo, indagaremos sobre el rol del voluntariado femenino convocado para defender la “Reconstrucción Nacional” y qué papel desempeñó en la promoción de la política habitacional del régimen. La política de vivienda social fue un instrumento que utilizó la dictadura chilena para buscar la adhesión de los sectores populares y “proteger” a la familia chilena, además de favorecer a los grupos más concentrados de la industria de la construcción (GOMES, 2018).

La tarea de las voluntarias consistía en difundir entre los sectores populares los “beneficios” del Plan de Desarrollo Social del régimen. Nuestra hipótesis es que el trabajo territorial de las voluntarias favoreció el despliegue de las iniciativas gubernamentales de la SNM a escala nacional. El voluntariado femenino funcionaba mediante un mecanismo de reclutamiento celular y contribuía a que el régimen sumara adhesión social, es decir era “deseable” que cada voluntaria pudiera sumar la participación de otras mujeres en las tareas requeridas para la “Reconstrucción Nacional” (QUÉ PASA Nº 151, 1974, p. 16)3. En el mundo poblacional, las voluntarias de la SNM inspiraban “confianza” por la condición “natural” que se les adjudicaba: la de mujeres-voluntarias (y la de mujeres-madres), eso permitió que sus visitas domiciliaras se desarrollaran en un marco de “complicidad”, lo que contribuyó a que pudieran incidir en algunas de las prácticas cotidianas y en los modos de habitar de los sectores populares. Así, las voluntarias fueron el “rostro social” de la dictadura y el vínculo entre el mundo poblacional, el municipio y los alcaldes. Así, su trabajo social favoreció a las redes clientelares que sustentaron al régimen a nivel local.

La dictadura convocó a que el “pueblo” sea protagonista de la “Reconstrucción Nacional”. Los militares redefinieron la noción de “pueblo” chileno”, al convertirlo en sinónimo de los trabajadores, jóvenes y mujeres que habían luchado contra el gobierno de la Unidad Popular (VALDIVIA, 2010, p. 177-179). Dichos sujetos fueron objeto de movilización por parte del gobierno dictatorial. Según Augusto Pinochet, la mujer cumplía un rol determinante en los planes del gobierno y en la lucha contra el marxismo:

Hoy más que nunca su participación es necesaria en la movilización de recursos, indispensables para arrancar al país del retraso y de la pobreza en que nos han sumido la demagogia de los irresponsables y el sectarismo de los marxistas. Chile necesita y agradece el aporte técnico de sus profesionales femeninas (…). Pero no subestima por eso la labor anónima de las mujeres que trabajan en el laboratorio silencioso del hogar, velando por resguardar el más precioso capital de la Nación: el cuidado de sus hijos, esperanza futura de la Patria (PINOCHET, 1974, p. 10).

Concretamente, Pinochet convocó a que las mujeres se integraran a las actividades del Plan de Desarrollo Social Comunal, ya que su “natural vocación de servicio y de generosidad” contribuiría a resolver los problemas de su barrio y de su hogar: “así podrá ella incorporarse a la batalla por el progreso de Chile, sin desvincularse del contorno físico en que se desenvuelve, su familia, sino por el contrario, identificándose en una sola causa” (PINOCHET, 1974, p. 12). Según dicho general, los CEMA habían sido objeto de disputa de intereses políticos y no habían contribuido a satisfacer las necesidades del “pueblo”, de ahí que la dictadura promovió el accionar de los Centros de Madres como centros de capacitación para la mujer y de “progreso” moral y cultural para la familia supuestamente “despojado” de todo interés político.

En noviembre de 1973 la División de Desarrollo Social (anterior Consejería de Desarrollo Social) se convirtió en una dependencia del Ministerio del Interior. Allí se implementó el Programa de Desarrollo Comunal, que promovió el fomento y consolidación de las organizaciones comunitarias, asesoramiento técnico a organismos locales y capacitación social a juntas vecinales, centros de madres, consejos de desarrollo comunales, funcionarios públicos y colaboradoras del Centro de Madres de Chile (CEMA Chile). Se consideraba que la descentralización política y administrativa y la promoción del desarrollo comunitario, le permitiría reducir las funciones sociales al Estado central en el corto plazo, de ahí la importancia que se les adjudicó a las organizaciones comunitarias (JUNTA DE GOBIERNO MILITAR, 1974, p. 34-35).

Desde 1974 el régimen comenzó a manifestar cierta “preocupación” por los efectos sociales de las medidas de shock económico y diseñó un conjunto de políticas destinadas a paliar los efectos de la pobreza. Un ejemplo de ello fue el Plan Nacional Social que lanzó el ministro del Interior, general de división César Raúl Benavides Escolar (1975-1978), con el objetivo de atenuar los efectos negativos del Plan de Recuperación Económica. Paralelamente, se estableció una Política General de Acción Social para “combatir” la marginalidad mediante el fomento de la organización comunitaria: “es preocupación nuestra aliviar la condición de las familias más modestas” (PINOCHET, 1974, p. 13). Se apuntó a incorporar a los afectados por la extrema pobreza a través de sus propias organizaciones con el aporte del Estado y organismos privados.

En ese orden de objetivos, se implementaron una serie de programas focalizados cuyos principales destinatarios eran las madres, los jóvenes y los niños de menores ingresos para garantizar la “estabilidad” del núcleo familiar. Por ejemplo, la dictadura emprendió una política de nutrición y creó el Consejo Nacional para la Alimentación y Nutrición dependiente del Ministerio de Salud Pública. Otro ejemplo fue el Programa de Alimentación Escolar mediante el cual buscó reducir al mínimo la deserción escolar e institucionalizar los comedores escolares que otorgaban una ración alimenticia “complementaria” para niños que vivían alejados de sus centros de enseñanza (QUÉ PASA Nº 159, 1974).

La SNM asumió la tarea de colaborar con el Plan Nacional Social que coordinaba el Ministerio del Interior. Las voluntarias de la SNM desempeñaban labores sociales en todo el territorio nacional, por ello contar con mano de obra gratuita se volvió imprescindible para el régimen. Recordemos que hasta septiembre de 1976 la SNM contaba con 290 oficinas y 7.700 voluntarias. Como se observa en la figura 1, las voluntarias participaban en los Programas de Alimentación Escolar. En los Centros Abiertos, instituciones dedicadas a la atención a los menores en edad pre-escolar, participaban en tareas de cuidado, preparaban y entregaban almuerzos, colaboraban en los jardines infantiles, dictaban cursos de alfabetización para los adultos y participaban de la atención y organización de bibliotecas en zonas rurales. Asimismo, realizaban visitas periódicas a hogares de adultos mayores y niños.

Figura 1
Fuente AMIGA N° 50 1980 p 46

Figura 1. Fuente. AMIGA N° 50, 1980, p. 46.

En los Centros de Madres del país, las voluntarias organizaban bazares, galerías artesanales y tiendas donde las socias vendían sus productos elaborados en los talleres. Según Adriana García de Nuño (esposa del uniformado), quien formaba parte del Consejo Asesor de la SNM, sostuvo que en los centros de madres se ayudaba a la mujer chilena para que aprenda a escuchar a las autoridades, comparar y ahorrar para satisfacer las necesidades mínimas de su hogar (QUÉ PASA Nº 134, 1973).

La SNM preparaba las cartillas conocidas como “Doña Juanita” que se distribuían gratuitamente en las sedes provinciales o comunales de la SNM y que tenían una impronta propagandística de las laborales de la SNM. Esas cartillas expresaban la voluntad pedagógica del régimen. Una pedagogía que apuntaba a resignificar valores como la importancia del ahorro y de “buena emprendedora”. Por ejemplo, para enfrentar sus problemas económicos y de acceso a la vivienda, se apuntaba a entrenar a las mujeres en la búsqueda de soluciones individuales antes que colectivas.

La tarea de la SNM estaba orientada principalmente a la “mujer-madre”, por ello, la SNM incluía en sus capacitaciones y en las Cartillas Doña Juanita, conceptos que tendían a reforzar que el rol tradicional de las mujeres en el hogar. La familia era el eje de la comuna vertebral de la “Reconstrucción Nacional”. Así, el subsecretario de General de Gobierno Jovino Novoa señaló que el Estado debía “destinar una atención preferencial a lograr [sic] que las familias estén constituidas en una forma armónica” (AMIGA N° 50, 1980, p. 9). Sostuvo que el Plan de Desarrollo Social del régimen apuntaba a “preservar” la familia y “defenderla” de la doctrina marxista que “suponía” la “destrucción” del núcleo familiar, mientras que la dictadura haría lo contrario.

Por su parte, Pinochet había anunciado la creación del Ministerio de la Familia, un proyecto del gobierno de Salvador Allende en 1971 que llegó a convertirse en ley pocos días antes del golpe militar pero no a ser promulgado (CORVALÁN, 2003). El Ministerio de la Familia que inicialmente había propuesto Pinochet –iniciativa que luego no prosperó– se trababa de un organismo técnico que se ocuparía de preservar los valores familiares y promover una “mejor” vida familiar. Para eso contaría con personal especializado en solucionar conflictos familiares como asistentes sociales, abogados, y personal de la salud que trabaje de manera coordinada con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), el de Educación, Justicia, el de Trabajo y Previsión Social (AMIGA N° 60, 1981, pp. 6-7). En ese sentido, las Secretarías de la Mujer y de la Juventud adquirieron funciones decisivas en esa materia. Sin embargo, el ministerio no llegó a implementarse debido a motivos presupuestarios. La SNM brindaba los cursos de educación al consumidor sobre cómo fomentar el ahorro. Dictaba cursos de corte y confección, peluquería, elaboración de huertas familiares, de apoyo escolar, de educación cívica, educación familiar, asistencia al párvulo, educación al consumidor, alfabetización, salud, nutrición y alimentación (SECRETARÍA NACIONAL DE LA MUJER, 1982). En 1980, Carmen Grez4, a cargo de la SNM, indicó que mediante de cursos y charlas, la acción de las voluntarias había llegado a 296.369 personas y entre 1973 y 1980 había capacitado a 860.369 personas (AMIGA N° 58, 1980 p. 7). Las huertas familiares eran parte de la Campaña Nacional de Ahorro en el Hogar que apuntaba a “cuidar” el presupuesto familiar (figuras N° 2 y 3). La Campaña Nacional de Ahorro en el Hogar consistía en que toda familia disponía de un pequeño terreno en su casa, pudiera “aprovecharlo” con criterio económico. La tarea de las voluntarias consistía en enseñar cómo plantar verduras que sirvieran de complemento de la economía doméstica (SECRETARÍA NACIONAL DE LA MUJER, 1983).

Con esta cartilla queremos despertar su interés en lo que se refiere a huertas familiares y a todo lo que significa ahorro en el Hogar. (…) Amigas, sé que estarán de acuerdo conmigo en que con la Huerta lograremos muchas ventajas: mejorar al máximo la alimentación familiar (…), enseñaremos a (…) nuestros niños a consumir las diferentes verduras que cultivemos (…), nuestros hijos y esposos aprenderán lo que significa tener responsabilidades compartidas (…). Los hijos se verán integrados, junto a sus padres, en la tarea de economizar el presupuesto, multiplicar recursos (DOÑA JUANITA, 1975, pp. 2-6).

Figura 2
Doña Juanita 1975

Figura 2. Doña Juanita (1975).

Figura 2
Doña Juanita 1975

Figura 3. Doña Juanita (1975, pp. 22-23).

En el Ministerio del Interior funcionaron dependencias administrativas que asumieron la tarea de diseñar y poner en práctica políticas sociales hacia los sectores sociales sometidos a la extrema pobreza que, en el mejor de los casos, apenas garantizaba la subsistencia. Además de afirmar su precariedad, generaban una situación de dependencia y vulnerabilidad. En ese sentido, la “guerra social de Pinochet” – como la denominó Valdivia (2010) – consistió en promover una serie de políticas sociales focalizadas que se tornaban más imprescindibles a medida que se profundizaba el modelo económico y aumentaba la extrema pobreza, así la dictadura insistió en su “vocación social”. En ese sentido, pese a la alianza y apoyo a la política económica de los tecnócratas neoliberales, las Fuerzas Armadas no abandonaron su preocupación por la cuestión social, pues el “combate” contra la pobreza era visto como un problema de seguridad nacional (VALDIVIA, 2003)4. Por su parte, la Dirección de Asistencia Social (DAS) dependiente del Ministerio del Interior, brindaba atención social en casos de incendios, derrumbes y ayuda material “transitoria” a indigentes mediante la entrega de elementos básicos para la subsistencia (alimentos, vestuario, calzado, etc.). Todo ello iba acompañado de “contenidos educativos” que apuntaban a “mejorar” la calidad de vida y brindar herramientas para “superar” la situación de pobreza e “incorporarlos” al sistema productivo del país.

Si bien en el documento de la Junta Militar titulado la Declaración de Principios de 1974 se señalaba que la vivienda era un derecho, se le había asignado un papel subsidiario al Estado, por tanto, su acceso dependía de la responsabilidad compartida entre el Estado y la capacidad de ahorro producto del esfuerzo familiar. La dictadura insistió en que la deficiencia habitacional se solucionaría mediante la participación de la comunidad, los organismos del Estado y el sector privado en un lapso de 10 años. Optó por los Comités Habitacionales Comunales (CHC) destinados a los sectores de bajos recursos. Los Comités se construyeron en las periferias de las ciudades, lo que incrementó la segregación socioespacial. El Programa de Viviendas Sociales de los CHC se financiaba a través del 5% de utilidades de las empresas y aportes especiales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). Ese tipo de viviendas tenían una superficie de 35 a 45 m2 y eran financiadas por el Programa de la Secretaría Ministerial Metropolitana (SMM) del MINVU. La base del Programa radicaba en que la ocupación y arriendo de la vivienda social por parte del grupo familiar debía ser transitoria, de manera tal que

ahorrando pueda optar a una casa propia y definitiva de mayor tamaño que le permita vivir con su familia con más comodidad. Al hacer dejación [sic] de la Vivienda Social, permitirá que otra familia que habita una Vivienda de Emergencia la ocupe, sirviéndole como solución intermedia a la obtención de la vivienda definitiva (MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, circa, 1981).

Ese tipo de vivienda transitoria, de espacios muy reducidos e incómodos, fue pensada para que cada familia se fijara como meta adquirir su vivienda propia mediante el sistema de ahorro y de subsidios que promovía la dictadura en Chile. Inclusive, eran muy similares los compromisos que los habitantes contraían con el gobierno respecto a los cuidados de las viviendas transitorias.

A lo largo de la dictadura se implementó el programa de erradicación en la ciudad de Santiago, se trasladaban las familias que vivían en campamentos –asentamientos autoproducidos o informales- a conjuntos de vivienda social. Allí, las voluntarias de la SNM asumieron la tarea de acompañar y ayudar a las familias en el “traslado” a las nuevas viviendas. Las voluntarias buscaban un acercamiento con los pobladores para contarles sobre los “beneficios” sociales y materiales de la erradicación. Ellas eran el “rostro social” más visible del régimen, su presencia y trato cotidiano con los pobladores tenía por objetivo generar “confianza” en las políticas gubernamentales del régimen. Así, los pobladores podían conocer a las voluntarias, conversar con ellas y plantear sus inquietudes.

Dichas mujeres realizaban visitas domiciliarias semanales en las poblaciones que serían erradicadas. El objetivo de las visitas era conocer sus necesidades, brindar contención social y “motivar” a las pobladoras para que asistieran a los cursos y talleres que brindaba la SNM sobre orientación familiar, educación al consumidor y las huertas familiares. Las voluntarias dictaban cursos en los Centros de Madres y de Padres y a grupos de familias que participaban en programas de erradicación de poblaciones y “promocionaban” las “ventajas” de las pequeñas casas que otorgaba el régimen. Por ejemplo, argumentaban que las “casas” podían ampliarse mediante el “esfuerzo” y el trabajo familiar (AMIGA N° 58, 1980, p. 7). Para los pobladores interesados en la autoconstrucción, la Municipalidad de Santiago ofrecía cursos y dirección técnica de la obra y, en algunos casos, materiales para la construcción. Asimismo, en la Municipalidad, la SNM contaba con una oficina destinada a la atención del público, formaba parte de los diversos comités comunales, de las subcomisiones de salud y de beneficios asistenciales (AMIGA N° 92, 1983 p. 8).

En las visitas domiciliarias, las voluntarias explicaban sobre los “beneficios” que el régimen había creado para “paliar” algunos problemas que afectaban a las familias, y brindaban información acerca de cómo acceder y gestionar los programas sociales y subsidios. Ese tipo de voluntariado tenía algún grado de incidencia en la esfera privada y cotidiana de los pobladores, ya que se involucraban en la intimidad hogareña. Eso les permitía estrechar lazos más personales con las familias a las que “asistían”. Asimismo, la “confianza” que inspiraban entre las mujeres de los hogares de los sectores populares, de algún modo, les permitía incidir en algunas de sus prácticas cotidianas y modos de habitar, según los valores morales que promovía el régimen. Por ejemplo, en esas visitas domiciliarias se concientizaba a las mujeres pobladoras acerca de la importancia de que sus hijos asistieran a la escuela y realizaran los controles periódicos de salud del núcleo familiar. Incluso, tal como reportó Patricia Délano, una delegada de la SNM, algunas voluntarias llegaron a “convencer” a varias parejas convivientes con hijos a que contrajeran matrimonio para “consolidar” la familia (AMIGA N° 87, 1983, p. 32).

La política de los CHC perduró hasta 1979, a partir de ese año la construcción de viviendas pasó a depender estrictamente del MINVU, una política que convivió con los Subsidios Habitacionales que se lanzaban cada año a partir de 1978. Se trataba de entrega de dinero en efectivo que debía destinarse para la compra o la construcción de una vivienda definitiva. Los subsidios habitacionales estaban destinados específicamente a familias en condiciones de extrema pobreza, cuya capacidad de pago resultaba insuficiente para adquirir una vivienda mediante su propio esfuerzo6. Otro tipo de intervención en materia habitacional de la dictadura fue la regulación de la tenencia de la tierra mediante la entrega de título de dominio. Con ello se esperaba generar un ordenamiento del trazado de las calles y los sitios en los campamentos, y la construcción de casetas sanitarias compuestas por un baño y un espacio para la cocina.

En 1975 al calor de la propuesta de descentralización, se reformó el MINVU y se decretó la descentralización territorial de sus funciones, de ahí la importancia que tuvieron los municipios para ejecutar la política social. En muchos casos recibir una caseta sanitaria dependía de la voluntad del alcalde de turno. De ese modo, el régimen promovía una la gestión de la “proximidad” hacia los sectores populares a través del trabajo social de las voluntarias en las comunas, ya que operaban como el nexo entre el mundo poblacional, el municipio y el alcalde. La concentración de ayudas sociales a nivel social favoreció al asistencialismo y generó redes clientelares y bases de apoyo político al régimen, personificados en sus alcaldes y en las voluntarias de la SNM. En ese sentido, consideramos que el trabajo social y territorial de las voluntarias fue determinante para entender cómo Pinochet consiguió contener la crisis social, más allá del ciclo de las Protestas Nacionales7. La SNM fue uno de los instrumentos gubernamentales más importantes del régimen usados por las autoridades para imponer el neoliberalismo y ofrecer una “cara social” en medio del achicamiento del Estado.

La reforma municipal de 1979 permitió que el municipio concentrara funciones económicas, sociales y culturales que antes estaban en manos del Estado central. En 1981 el Estado entregó a los municipios los fondos de que disponía el fisco, más un aporte adicional (de aproximadamente un 4%) por una sola vez. Se suponía que, con estos nuevos recursos, se completaba la autonomía municipal: las comunas podrían realizar las tareas sociales de las que antes se ocupaba el Estado central. La municipalización de servicios sociales consistió en el traspaso del manejo de escuelas, hospitales, atención de menores, políticas habitacionales, postas, asistencia social y otros servicios pertenecientes al sector público (REPÚBLICA DE CHILE, 1981, p. 35-36). Esto significó la privatización de una gama de actividades sociales y la corporización del Estado Subsidiario y la materialización del Estado Subsidiario y el plan social dictatorial (VALDIVIA et al, 2012). En junio de 1982 se aprobó la Ley N° 18.138 a través de la cual las municipalidades obtuvieron facultades para la construcción de viviendas económicas y de infraestructura sanitaria. Esa facultad fue un elemento clave para llevar adelante las erradicaciones. En ese sentido, los municipios adquirieron un rol protagónico en lo que respecta a la reproducción y estabilización del modelo neoliberal y en la ejecución de programas de erradicación de la pobreza.

La “confianza” depositada en las mujeres y no en los hombres explicaría –en parte– el “éxito” del trabajo de las voluntarias. La dictadura había convocado a asistentes sociales para cumplir funciones en los Comités de Desarrollo Comunales y en los Centros de Atención Diurna de los municipios, para difundir los “beneficios” que otorgaban las cajas de previsión social y trabajar en los programas del Servicio Nacional de Salud y en los Departamentos de Bienestar Social. En 1980 Aída Villagrán, Sub-jefa del Departamento Jurídico de la SNM y Presidenta del Consejo Regional de Santiago del Colegio de Asistentes Sociales, señaló que había seis mil asistentes matriculados, de los cuales solo trescientos cincuenta y cuatro eran hombres. Villagrán entendía que esa distancia numérica se debía a que “en la práctica diaria podemos comprobar que las personas prefieren confiar sus problemas a una mujer. Sin embargo, no podemos desconocer la labor que realizan los asistentes sociales hombres, en industrias y, especialmente en Gendarmería” (AMIGA N° 53, 1980, p. 18). Al respecto, Mercedes Ezquerra, directora General del Servicio de Seguro Social quien además asumió la jefatura del Departamento del Acción Social de la Asociación Chilena de Seguridad, afirmaba que el campo ocupacional de “la” asistente social era amplio. Las profesionales tenían cabida en el área de la salud, de la vivienda, de la seguridad social, en los municipios, en la agricultura, en la empresa privada, en los servicios de asistencia judicial. Sin embargo, destacó que se trataba de una carrera para personas con “real vocación” de servicio:

esta carrera no tiene horarios determinados, exige tratar diariamente con personas modestas, a las cuales se les deben traducir a un “idioma fácil” las disposiciones legales que las benefician. No se trata de crear personas dependientes. No. Nosotros tenemos que educar y capacitar, y eso requiere de una gran vocación (AMIGA N° 53, 1980, p. 19).

El trabajo de las asistentes sociales y de las voluntarias resultó fundamental antes y durante la erradicación de los campamentos. Las mujeres visitaban a las familias en las diversas comunas en las que fueron “instaladas” y las “capacitaban” para que pudieran “apartarse” a los espacios de sus nuevos hogares. Asimismo, un grupo de mujeres trabajaba para el Departamento de Evaluación de la Opinión Pública, dependiente de la DOC, cuya función era “informar” a las autoridades correspondientes acerca de las “inquietudes” que ocasionaban agitación social en diversas poblaciones y detectar los “focos de conflictividad” (QUÉ PASA Nº 134, 1973). Carmen Grez señaló que en cada comuna las voluntarias realizaban encuestas de “estratificación social” para detectar con mayor “precisión” a las familias que estaban en la pobreza extrema. Supuestamente, el objetivo era “garantizar” que los recursos y las viviendas se destinaran correctamente a los sectores más necesitados: “sin una debida protección a la institución de la familia, los pueblos quedan expuestos impunemente a cualquier amenaza totalitaria (…). Por algo el marxismo corroe primero las bases de la familia, para luego, cual fácil presa, apoderarse de los pueblos” (AMIGA N° 51, 1980, p. 7). Por su parte, Carmen Morandé, Secretaria Provincial y Comunal de Santiago y miembro de la SNM, destacaba la “intensa” labor del grupo de 97 voluntarias activas y 89 colaboradoras que estaban bajo su dirección en la comuna de Santiago. Morandé subrayó la activa participación de las voluntarias en la erradicación del campamento Isabel Riquelme en La Granja: “hemos cooperado en encuestas, operativos, erradicaciones, hemos estado presente en el traslado de once campamentos de Santiago y actualmente cuarenta voluntarias se turnan para visitar dos veces por semana a las familias erradicadas” (AMIGA N° 92, 1983, p. 8).

Entre 1980 y 1983 se produjo el momento de mayor tensión social como consecuencia de los efectos ocasionados por las políticas neoliberales. La protesta social obligó a que la dictadura ampliara las políticas sociales para paliar la extrema pobreza, pero también para reforzar la idea de que el Estado estaba al “servicio” de los más pobres y que apostaba por el fortalecimiento de la familia, dichas políticas fueron promovidas desde el Ministerio del Interior y la DOC. La crisis económica y el desempleo derivó en que las mujeres salieran del hogar en búsqueda de trabajo. En ese contexto, las funcionarias de la SNM junto a Lucía Hiriart de Pinochet, Presidenta Nacional del Voluntariado Femenino, reivindicaban el Día Nacional de la Mujer Chilena, independiente del Día Internacional de la Mujer. Se trataba del aniversario de la Marcha de las Cacerolas (Cf. POWER, 2008), entendido como el “acontecimiento que abrió la puerta definitiva para que nuestra Patria venciera al marxismo” (AMIGA N° 84, 1983, p. 2)8. En un acto de conmemoración a la “mujer chilena” se entregaban medallas a las voluntarias que se habían destacado en cada organismo y se las “premiaba” por su “abnegación, disciplina, iniciativa, esfuerzo y superación en su labor” (AMIGA N° 4, 1983, p. 2). Una de las mujeres más premiadas fue Dolores Lizama, representante de la SNM quien ingresó a la Secretaría en 1975 y que en 1983 pasó a desempeñarse como Delegada Comunal de Concepción. La SNM destacó el trabajo de Dolores como monitora en Educación al Consumidor, su labor en los AUCOS (autoservicios comunitarios), su participación en los operativos cívicos y su rol como capacitadora a las mujeres de las poblaciones periféricas y en los cursos motivacionales para las “nuevas” voluntarias que se incorporaban al trabajo poblacional. Asimismo, se subrayó las actividades que Dolores había realizado en las oficinas comunales y en el Centro de Atención Diurna que había promovido: “Dolores es más que una voluntaria, es un verdadero apóstol” (AMIGA N° 84, 1983, p. 3). El caso de Dolores ofrece algunas pistas para subrayar las cualidades que las funcionarias del régimen destacaban de las voluntarias. Se enfatizó en su disciplina, devoción y dedicación a su trabajo, su disposición para “estar siempre dispuesta a sacrificarse por sus semejantes y los más desprotegidos, así como su valentía para enfrentar las adversidades. En síntesis, el régimen destacaba del voluntariado femenino valores apreciables para la “Reconstrucción Nacional” como la devoción, el sacrificio, la vocación de servicio y el culto al emprendedurismo.

En el marco de la crisis económica de 1982, el gobierno militar había aumentado el 50% del gasto público en políticas sociales para atenuar sus efectos (AMIGA N° 50, 1980, p. 7). Se registró una tasa de desempleo del 28.2% y el PBI cayó un 15.7% (RAMOS, 1989, p. 29). A raíz del enorme desempleo, los sectores populares urbanos desarrollaron una “economía de subsistencia”, surgió una serie de iniciativas como los “comprando juntos”, ollas comunes, “pollas”9, “bingos” y rifas de alimentos para alimentar a miles de familias sin recursos (VERGARA, 1982; 1990). En ese contexto, el gobierno militar lanzó un conjunto de subsidios destinados a paliar la extrema pobreza. Entre ellos se destacó el subsidio familiar a menores y a mujeres embarazadas, el subsidio de ancianidad e invalidez, el subsidio de cesantía, la entrega de becas escolares y los hogares estudiantiles (AMIGA N° 80, 1982, p. 21-28). Para paliar los efectos del desempleo se estableció “un sistema por cesantía y uno de trabajo mínimo asegurado, el Plan de Empleo Mínimo (PEM), al que en 1978 estaba adscrito el 5% de la fuerza laboral del país. Estos trabajadores percibían un ingreso de alrededor de 25 dólares al mes, sin derecho a ningún beneficio de seguridad social (VERGARA, 1982, p. 436). El clima de protesta obligó a que el régimen ampliara las políticas sociales para paliar la extrema pobreza:

Aplicaremos una estrategia de desarrollo social que contemple la reorientación de los recursos fiscales hacia el financiamiento de programas sociales de beneficio directo a los sectores más desposeídos, acentuando la efectiva redistribución del ingreso; a la vez, se llevará a efecto una política de subsidios habitacionales, programas nutricionales, atención integral de menores, pensiones asistenciales y otros, buscando así la erradicación de la extrema pobreza. (…) En cuanto a la vivienda, el Estado continuará apoyando a los necesitados a través de mecanismos selectivos que premien el esfuerzo y la responsabilidad de cada familia, buscando crear las condiciones para que todo chileno tenga acceso a su propia vivienda” (PINOCHET, 1981, p. 10).

En respuesta al problema de la desocupación estructural y al incremento sustantivo de la pobreza, se creó el PEM y el Programa para Jefes de Hogar (POJH). El PEM y el POJH reconfirmaron la desprotección social y la miseria al disciplinar la fuerza de trabajo, precarizar y abaratar la mano de obra. Como demostraron Álvarez Vallejos y Valdivia (2012, p. 52) a “medida que se producía la desestatización de la economía, habría estado apareciendo una estatización de la pobreza”. El PEM y el POJH permitieron, por un lado, amortiguar la conflictividad social provocada, por el otro, permitieron hacer del órgano comunal la cara más visible del Estado.

Tras el estallido de las Protestas Nacionales en 1983, conocidas como “revueltas de las poblaciones”, la situación se volvió dramática (VERGARA,1990). Una de las soluciones a las que se echó mano para atenuar el descontento social fue un aumento del gasto en vivienda a partir de ese año, con el que el régimen pudo sortear su peor momento político (VERGARA, 1985). Por ejemplo, en abril de 1983 el alcalde de Santiago, Carlos Bombal, hizo entrega de 1.758 viviendas en la comuna de La Granja, cumpliendo así con el anuncio que hizo Pinochet (1980) en septiembre de 1982 sobre la erradicación definitiva de los campamentos del Gran Santiago. En 1982 la División Nacional de Comunicación Social (DINACOS) se encargó de dar a conocer la acción gubernamental en materia habitacional para los sectores más pobres. En el marco de la Nueva Política Habitacional y de Desarrollo Urbano (1977-1978), se elaboró un folleto propagandístico sobre las “ventajas” que ofrecía la política del Subsidio Habitacional para mejorar las condiciones de vida: “además de solucionar el problema habitacional, también cumple su objetivo al crear condiciones favorables para el desarrollo de la ciudad de manera que esta sea un buen lugar para la vida humana” (REPÚBLICA DE CHILE, 1982). Los subsidios habitacionales eran presentados como la solución al problema de la vivienda, que radicaba en el “esfuerzo” y en el “ahorro” de la familia.

Asimismo, Pinochet había anunciado que en la comuna La Granja se entregarían otras 376 viviendas correspondientes a un plan extraordinario del MINVU, destinado a la construcción de 2.355 viviendas sociales cuyo objetivo era erradicar definitivamente quince campamentos de la Región Metropolitana de Santiago. Así, Pinochet, el alcalde de Santiago y las voluntarias de la SNM, señalaban a la erradicación de campamentos como parte de la política social del régimen. Como se observa en la figura N° 4, Pinochet asistía personalmente junto a Lucía Hiriart a la entrega de los títulos de propiedad de las viviendas en distintas comunas a las nuevas propietarias. Como señaló Álvarez Vallejos (2012), Pinochet supo ganar beneficios políticos del asistencialismo. Por ejemplo, utilizó propagandísticamente la entrega de “soluciones habitacionales” a los más pobres para mostrar la vocación social de su gobierno y se autoproclamó el “General de los pobres”.

Figura 4
Fuente AMIGA N° 87 1983 p 31

Figura 4. Fuente. AMIGA (N° 87, 1983, p. 31).

Pese al anuncio de Pinochet, el Catastro Nacional de Marginalidad de 1985 registró 482 asentamientos del tipo campamento con 40.493 familias (MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, 2008, 14). En ese mismo año, el gobierno militar puso en marcha el Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) destinado al saneamiento de asentamientos precarios urbanos y rurales. La apuesta por los CHC y los Subsidios Habitacionales como políticas de viviendas provisorias en la programática dictatorial, confirma la intención del régimen por mostrar su “acción social”, pero también por reeducar y resociabilizar a los sectores populares en el emprendedurismo, en estimular el deseo de desarrollo estrictamente individual mediante el ahorro, el esfuerzo y el sacrificio10.

Como hemos visto, la dictadura construyó un discurso donde la familia era la columna vertebral de la “Reconstrucción Nacional” y sus políticas sociales estaban orientadas a su consolidación. La política económica neoliberal del régimen operó como estrategia de disciplinamiento de los sectores populares, sometiéndolos a la extrema pobreza. A medida que se consolidaba el modelo neoliberal y aumentaba la extrema pobreza, se tornaban más imprescindibles una serie de políticas sociales. Por ende, la tarea social de las voluntarias y su vínculo territorial se tornó relevante. De ese modo, los sectores más pobres se volvieron cada vez más dependientes de todo tipo de subsidios, como los habitacionales o los relacionados al Programa de Empleo Mínimo, que sirvieron como instrumentos para amortiguar la conflictividad social. Así, en el marco de las protestas nacionales, la dictadura consiguió desplegar una extensa red clientelar controlada por los alcaldes que contribuyó a mantener cierto control político en el territorio y le aportó estabilidad al régimen a largo plazo.

La “mujer chilena” y las voluntarias de Pinochet ocuparon un rol central en la tarea de “proteger” a Chile del marxismo. La dictadura usó un discurso que apuntó a generar consensos sociales en torno a la lucha contra el “enemigo” marxista. Por eso, se le asignó a la mujer la tarea de “proteger” a la familia, ya que había sido el primer sector social en movilizarse y oponerse al gobierno de Salvador Allende.

Las voluntarias se movían en el espacio público y privado y la SNM desplegó una serie de estrategias destinadas a “visibilizar” su trabajo. A través de las voluntarias, la dictadura logró penetrar en los hogares de los sectores populares. Las voluntarias estaban encargadas de promocionar las “bondades sociales” del régimen, así como de reeducar y resocializar a los sectores populares. Mediante sus visitas domiciliarias, destinadas a monitorear los usos de los espacios domésticos, brindaban charlas y cursos sobre economía familiar, huertas caseras, recetas económicas, los valores familiares tradicionales, la importancia del ahorro y el esfuerzo para adquirir una casa propia o conseguir un préstamo para hacer de las casetas sanitarias una vivienda “digna”. De ese modo, las voluntarias favorecieron al disciplinamiento moral y cívico del mundo popular, ya que enseñaban a “convivir” en condiciones de pobreza extrema. El voluntariado femenino apuntó a “convencer” a los chilenos de que sus sufrimientos y la escasez de alimentos, obedecía al “caos” provocado por el gobierno de Allende. Como vimos, se reivindicó a un estereotipo de mujer “dispuesta” a entregarse desmedidamente por la “Reconstrucción Nacional”, sin esperar grandes retribuciones para abocarse al servicio social. Sus méritos se asociaban a su dedicación, esfuerzo y el amor por la patria, la familia y los niños. Las voluntarias “encarnaban” una serie de valores y principios que eran funcionales a la consolidación del modelo económico y cívico del régimen.

Tal como señalamos, la política de vivienda social de la dictadura fue un instrumento destinado a “proteger” al núcleo familiar y a normalizar los espacios cotidianos de los sectores populares urbanos. Sin embargo, se trató de una política extremadamente precaria, dado que no consiguió atenuar el déficit habitacional, sino que se profundizó con la implementación del modelo neoliberal. Asimismo, dejó como marca urbana una profunda segregación socioespacial que se transformó en una de las principales herencias posdictatoriales. Todo eso convivió con la intención del régimen de mostrar su “vocación social” con sus políticas sociales destinadas a los sectores más pobres. Como agenda pendiente de investigación resulta pertinente reponer el perfil social de las voluntarias, su rango etario, cuánto tiempo permanecían en el voluntariado, cuál era su estado civil y qué tipo de beneficios o incentivos sociales y/o materiales recibían.