Organización y luchas profesionales: memoria e historia del Trabajo Social en España de 1960 a 1980

Organização e lutas profissionais: memoria e história do Serviço Social na Espanha de 1960 a 1980

Organization and professional struggles: memory and history of Social Work in Spain from 1960 to 1980

Esta comunicación expone parte de los resultados de una investigación internacional5 más amplia que trató sobre las interlocuciones del Trabajo Social latino-americano con el Trabajo Social español durante las décadas de 1960-1980, y sobre las influencias del Movimiento de Reconceptualización Latino-americano (MRL) en la formación, organización y ejercicio profesional de las trabajadoras sociales6 españolas del período referido.

América Latina, en los años 60 y 70, según Netto (1996, p. 142-143), vivía las consecuencias de un “terremoto económico-social, político, ideológico y cultural” a nivel internacional y el tono de las luchas sociales estuvo ligado a perspectivas anti-imperialistas atravesadas, a su vez, por las demandas de los movimientos de mujeres, personas negras y jóvenes. Estas transformaciones fueron consideradas por este autor como uno de los elementos que provocó la precipitación de la erosión del Trabajo Social tradicional en América Latina, culminando con el MRL.

Este Movimiento, a pesar de tener una mayor incidencia en España que en Portugal (ANDER-EGG, 1982), no se ha generalizado en el ámbito académico y profesional del Trabajo Social español (ZAMANILLO, 1987). Es importante recordar que, en la década de 1970, en un contexto de transición democrática - marcada por un fuerte atraso económico, social, político y cultural fruto de la dictadura franquista -, el Trabajo Social en España vivía un intenso proceso de lucha por su reconocimiento profesional y búsqueda de autodefinición (ZAMANILLO, 1987, MATOS-SILVEIRA, 2013).

En este trabajo nos centraremos en abordar, desde una perspectiva crítica, el proceso de organización y luchas profesionales, enfatizando como hechos históricos las alianzas de los sectores más progresistas del Trabajo Social español con los movimientos sociales durante las décadas de 1960-1980, en la lucha anti-franquista y por la conquista de derechos democráticos. Este enfoque histórico-crítico concibe el origen de la profesión y sus fundamentos como un proceso desarrollado en el período del capitalismo monopolista; por consiguiente, está inscrito “en la división socio-técnica del trabajo” y determinado por las tensiones entre las clases (IAMAMOTO y CARVALHO, 1982).

En este periodo histórico, una parte de las trabajadoras sociales (entonces denominadas asistentes sociales), españolas avanzan en la organización político-institucional de la profesión de Trabajo Social moviéndose en sintonía con las luchas sociales del momento.

En este sentido, es importante señalar que ni toda organización político-profesional, ni siquiera los sindicatos, son sinónimo de espacio democrático y progresista. Los sindicatos verticales del franquismo son el ejemplo clásico de control, disciplina y supervisión represiva de la clase obrera. Los consejos profesionales también pueden constituirse como entidades de carácter básicamente corporativo, con función fiscalizadora y burocrática, reflejando los supuestos ético-políticos hegemónicos que orientan el ejercicio profesional. En todo caso, ambos espacios de organización política están atravesados por el contexto sociopolítico más amplio, las correlaciones de fuerza nacional, los partidos políticos, los movimientos sociales, en fin, la cultura política del país; hay también que grupos y segmentos de la categoría profesional que expresan tendencias profesionales democráticas, progresistas y críticas, construyendo estrategias para la disputa en el campo de la formación y del ejercicio profesional.

Cabe preguntarse ¿Cuáles son los valores ético-políticos que orientan la práctica de las trabajadoras sociales? Esta cuestión, para nosotras es fundamental y es la que posibilita la construcción de los caminos y arroja luz sobre la realidad, a fin de comprender los procesos sociales en los cuáles el Trabajo Social se desarrolla hacia la calidad de la intervención profesional. Pero tenemos que preguntarnos también ¿calidad para quién? ¿Para el capital o para la vida de las personas, sujetos de derechos a una vida con acceso a vivienda, salud, alimentos, empleo, ocio…? La dimensión teleológica, nuestra capacidad de plantear anticipadamente nuestra acción profesional a una determinada finalidad, se orienta indisociablemente de nuestro marco teórico-metodológico, de nuestra capacidad de analizar y comprender la dinámica contradictoria de la realidad social en articulación con la dimensión ético-política. Ello significa, que nuestra intervención profesional va a reflejar un modo determinado de ser de la profesión, en confrontación con las condiciones objetivas y subjetivas del ejercicio profesional (GUERRA, 1995). Según la misma autora, las condiciones objetivas son las relativas a la producción material de la sociedad y puestas en la realidad material: las relaciones de trabajo y la división social, sexual, étnico-racial y técnica del trabajo, los objetos y los espacios laborales, etc. Las condiciones subjetivas son aquellas relativas a las personas, que ellas escogen, su grado de competencia y calificación en relación a su preparación técnica, estudios y formación permanente, aportaciones metodológicas y teóricas, éticas y políticas.

Pasado y presente, aunque distintos, muestran las posibilidades para el futuro. La profesión de Trabajo Social en España es heredera de muchas luchas y conquistas colectivas (durante el período franquista, las que se iniciaron en la transición democrática y otras más recientes, como las conocidas con el nombre de la marea naranja), y la labor de las organizaciones profesionales tuvo, y sigue teniendo un papel fundamental. Lima (2012) destaca en este sentido, importantes retos para el futuro de la profesión impactada por la dinámica y cambios a nivel nacional, en la formación y ejercicio de las trabajadoras sociales, como: las modificaciones de Bolonia para el grado y postgrado generando una mayor autonomía para el Trabajo Social en la producción de conocimiento con el reconocimiento de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), y por consiguiente la difusión de la producción científica en publicaciones propias del Trabajo Social; los tradicionales y nuevos ámbitos de intervención sobre los que se recuerda que “debemos reinventar creando nuevos espacios y fortaleciendo nuestra posición allá donde ya estamos” (p.30). Para ella:

El Consejo General del Trabajo Social tiene como misión principal ostentar la representación, promoción y defensa de la profesión a nivel nacional e internacional y contribuir a una mayor calidad en la atención a la ciudadanía, así como formar y acompañar a profesionalizar la intervención de nuestros colegiados (2012, p.29).

En el caso de la profesión de Trabajo Social las profesionales suelen compartir un proyecto profesional común en consonancia con los Consejos en cuanto órgano de orientación, normalización, fiscalización y defensa del ejercicio profesional. Este debe ser construido hegemónicamente en consonancia con los principios democráticos, el pluralismo de las perspectivas profesionales y sus respectivas corrientes teóricas, para lo cual es importante el reconocimiento del papel de la colegiación, de la necesidad de la participación por parte de las trabajadoras sociales en los Colegios y Consejos profesionales. Por otra parte, tenemos una profesión que se constituye, especialmente, con cuatro sujetos interdependientes: las profesionales de la formación, las estudiantes, las profesionales de la intervención, y los ciudadanos y ciudadanas que demandan a los servicios sociales la intervención de las trabajadoras sociales. Recientemente fue creada la Asociación Universitaria Española de Trabajo Social (AUETS) en 2020, como organismo que ostenta la representación institucional del área de conocimiento del Trabajo Social en España. Entre los siete fines de la Asociación destacamos:

Fomentar la coordinación y el intercambio de información entre entidades universitarias relacionadas con el Trabajo Social; Promover la calidad en la docencia, la investigación y la organización de los estudios de Grado, Posgrado y Doctorado en Trabajo Social; Avanzar en la reivindicación y defensa de los espacios que el Trabajo Social debe ocupar en las distintas instituciones u organismos (tanto a nivel nacional como autonómico) encargados de la valoración de la actividad científica, promoción profesional de los y las docentes e investigadores/as y acreditación de los títulos [...] (AUETS, 2020).

En este sentido, es preciso tener en cuenta la articulación entre los cuatro agentes mencionados, respetando cada una de sus funciones como condición para una profesión asentada en la defensa de la democracia y los derechos de la ciudadanía, pues la enseñanza se realiza para el ejercicio profesional y para atender a las necesidades del mercado, pero fundamentalmente, para la defensa del proyecto ético-político profesional.

A partir de finales de los 60, España vivió una crisis creciente de la dictadura franquista. El estado dictatorial (1939), surgido de la oposición a las expectativas de cambios profundos de la Segunda República (1931), presentó en los años cincuenta importantes elementos de disputa entre las clases dominantes con las viejas oligarquías, la Iglesia católica y con Franco al frente, que mantenía una escalada de violencia fascista en una España aislada de Europa y del mundo occidental. La dictadura de Franco se apoyó en el ejército como garantía del orden, en la religión, la propiedad y la unidad nacional como valores y estrategias de coerción y cohesión en la sociedad española (MUNIESA, 2005). Sin embargo, esto no impidió la existencia de luchas y resistencias de los sectores más militantes del movimiento obrero (MATTOS Y VEGA, 2014), que se convirtió en el enemigo más temido de la dictadura. La llamada Unión Vertical - también llamada Organización Sindical Española (OSE), fue la única legalmente autorizada en España durante el período de 1940-1977, ya que los sindicatos CNT o UGT pasaron a la clandestinidad con el inicio de la dictadura, en un proceso de debilitamiento de la lucha de clases. El nazismo alemán y el fascismo italiano se entrelazaron con el franquismo y se prohibió cualquier otra organización de trabajadores.

Pero fue en la década de 1950, en Barcelona, núcleo central de la industria española, cuando tuvo lugar la primera manifestación popular contra Franco. En Cataluña, una de las zonas más ricas, la burguesía ilustrada se había mantenido en gran medida a grandes distancias del régimen, con una fuerte cultura ideológica nacionalista catalana, a menudo apoyada por facciones más progresistas de la Iglesia Católica (GÓMEZ, 2008). La huelga del tranvía, en 1951, fue el inicio del movimiento reivindicativo que derivó en la huelga general (prohibida por el régimen). En 1956, el revuelo en las universidades con el Sindicato Español Universitario (SEU), imprimió un cierto movimiento de salida del aislamiento de España a nivel internacional. Los años de 1964-1968, son considerados un período de notable presencia de movimientos rebeldes de estudiantes en las facultades, y su mayor intensificación en la universidad fue entre 1969-1975, con un fuerte posicionamiento en el movimiento obrero y en el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), la rama del PCE en Cataluña, constituida como entidad autónoma capaz de unir comunismo y catalanismo (GÓMEZ, 2008, p. 96-99).

Por otra parte, desde el final de la guerra civil, el país estuvo sometido a una política económica para la producción nacional, centrada exclusivamente en el mercado interior. España estaba social y económicamente atrasada, con una población pobre, sin acceso a los derechos sociales y dependiente de la caridad en una Europa Occidental donde se estaba forjando el Estado de Bienestar. Esta situación de escasez económica en España provocó la emigración de miles de españoles. En los países industrializados de Europa, los créditos del Plan Marshall habían sido un impulso significativo para sus economías hasta el punto de recurrir a la fuerza laboral de otros países en una Europa que acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial. Es importante recordar que, en ese momento, en España, la emigración se veía positivamente en los círculos oficiales ya que constituía una "válvula de escape" para hacer frente a las tensiones sociales provocadas por el paro, las huelgas, etc. En este sentido, cabe mencionar la creación en julio de 1956 del Instituto Español de Emigración, cuyo fin era el de promover y gestionar los movimientos migratorios hacia Europa. En ese momento, las remesas de la emigración constituían la segunda fuente en términos de ingresos de divisas en la balanza de pagos.

Durante la década de los sesenta e inicios de los setenta se visibiliza, en una España que avanza en un proceso de modernización hacia una Europa de capitalismo desarrollado, la “cuestión social”, a la que se refieren Iamamoto y Carvalho (1982), al tratar la contradicción de la relación capital/trabajo, y en el que las expresiones de la desigualdad de clase ganan el escenario político en el cotidiano de las ciudades y la lucha por la democracia es central a todos los movimientos.

El Trabajo Social en España se desarrollará durante el siglo pasado en el marco de la dictadura franquista y desde una estrecha vinculación de este con la Iglesia Católica del momento, expandiéndose como profesión a lo largo de la década de los 60, y de forma, por tanto, más tardía que en la mayor parte de los países europeos.

Si el Trabajo Social en España se expandió especialmente a partir de los años 60, sus orígenes se remontan a la época de la Segunda República. La primera Escuela de Trabajo Social en España - Escola d'Assistència Social per la Dona de Barcelona - fue creada en Barcelona en 1932, durante la Segunda República, influenciada por la Escuela de Trabajo Social de Bruselas (Bélgica), en un contexto de secularización de la sociedad española y de intensos movimientos de la clase obrera marcados por el anarquismo. Dos años después de la creación de la escuela, y con la formación de 35 alumnos durante este período, se organizó la Associació d'Assistents Socials. En el libro de actas de la asociación, en junio de 1935, consta la idea de crear una revista dedicada a la profesión, así como la información de que la escuela había sido financiada por la Generalitat de Catalunya, existiendo ya un reconocimiento oficial de títulos profesionales, mientras que, en abril de 1936, se puso en marcha una oficina de Servicios Sociales para Barcelona (FEU y RUBIOL, 2014).

Con el inicio de la guerra civil en julio de 1936, todo este proceso se paralizó, con el cierre de la escuela y de la asociación. Finalizada la guerra civil, en 1939, cuando se reanudaron las actividades escolares, el curso se reabrió con otro nombre: Escuela de Formación para el Hogar y Obras Sociales Femeninas, que pasará a depender de la Junta Diocesana de Mujeres de Acción Católica. Según Feu y Rubiol (2014), el colegio pasó a ser filial del Secretariado de la Caridad Diocesana, con el apoyo del obispado de Barcelona, bajo la protección de la iglesia. Durante este proceso, el nombre se cambió a Escuela Católica de Enseñanza Social. En 1942, la asociación reanudó sus actividades, estableciendo una Junta Provisional de la asociación, pero con el nombre de Secretariado d'Antigues Alumnes. A partir de esos años, el Trabajo Social en España se desarrollará vinculado al franquismo, a la Iglesia católica, a la sección femenina del partido falangista, y también a las escuelas patrocinadas por el Opus Dei.

Los años 60 pueden considerarse una época de expansión de la formación profesional y del trabajo (en espacios privados o en empresas), y su legitimidad educativa vendrá dada por los organismos estatales, con un mayor incremento de la organización de las asociaciones de asistentes sociales españolas. Cabe recordar que en la década 1960-1970 se fundan las primeras asociaciones profesionales y la Federación Española de Asistentes Sociales (FEDASS), en un contexto histórico carente de democracia y caracterizado por la represión al asociacionismo de la sociedad civil.

En esta expansión de la profesión en los años 60, se lleva a cabo un trabajo en los barrios de las grandes ciudades, que como señala Ramos-Feijóo (2000, p. 198), contenía “claras connotaciones ideológicas”, y que era desarrollado fundamentalmente por entidades como Cáritas, debido a una casi inexistencia de los Servicios Sociales y del Trabajo Social desde la administración (DOMENECH, 2013, FEU 2007).

En cuanto a la formación cabe señalar que, si en 1957 existían 6 escuelas, en 1964, año del reconocimiento de los estudios de Asistente Social por el Ministerio de Educación y Ciencia, las escuelas de asistentes sociales eran ya 32 - el periodo más productivo en la creación de escuelas -, mientras que, en 1974, España contaba con 42 escuelas, aunque sin reconocimiento universitario. Este período estará precisamente marcado por debates que cuestionan y exigen la entrada y reconocimiento de los estudios en las universidades. De todas esas escuelas, treinta estaban integradas en la Federación Española de Escuelas de la Iglesia de Servicio Social (FEEISS) y cinco dependían de la Sección Femenina de la Falange Española Tradicionalista (FET) de las JONS, el resto dependían de diversas instituciones públicas o sindicales, aunque mantenían relaciones de coordinación con las de la Iglesia y la Sección Femenina y formaron parte de la Junta y de las Comisiones de trabajo para el reconocimiento de los Estudios. En un solo año (1958), la Sección Social de Cáritas abrió quince escuelas que por su amplitud requirieron de una estructura que las coordinara; surgió así la Confederación Católica de Escuelas de la Iglesia, un año más tarde reconvertida en la FEEISS, con la prioridad de formar y capacitar al profesorado de las escuelas y a los profesionales. Hacia 1957, la FEEISS, que por entonces contaba con más de veinte centros, se sumó a las medidas para lograr que la titulación obtuviera el reconocimiento oficial (MORALES, 2010). El número de estudiantes irá por tanto en esos años, aumentando significativamente: los estudiantes pasaron de cincuenta mil en 1955, a triplicarse en 1971, reflejando este hecho, los cambios sociales que se venían dando en el país con el acceso de los hijos de los trabajadores a las universidades, lo que significó para ellos “una toma de conciencia política y de adquisición de compromisos con el antifranquismo” (FERRER, 2017, p. 24). Desde el primer momento de creación de la FEEISS, en el contexto de modernización de las estructuras económicas del país, las escuelas tuvieron necesidad de desarrollar una formación más técnica. A través del Plan de Estudios de 1964, y posteriormente con la FEDAAS se apostó “por la modernización de los Sistemas de Protección Social del país” (CORTAJARENA, 1984, p.26).

La investigación para la realización de este trabajo ha utilizado un enfoque metodológico socio-histórico-crítico, analizando fuentes de carácter bibliográfico-documental, y también se ha llevado a cabo la realización de entrevistas en profundidad a trabajadoras sociales que, en la época a la que se hace referencia, protagonizaron las luchas democráticas y la defensa por el reconocimiento de la profesión.

Utilizamos dos frentes para acercarnos a la realidad investigada: uno bibliográfico, sobre la realidad socio histórica del franquismo, las luchas y resistencias de la clase trabajadora, sobre los movimientos de protesta y la “transición democrática" de los 70, a través de artículos e informes presentados en Congresos y Jornadas de trabajadoras sociales que se iniciaron en los 60 y que cobran especial relevancia en los 70 con la crisis de la profesión. Entre ellos destacamos el Seminario de Manresa (1971), el Seminario de Los Negrales (1972), la VI Jornada de Levante (1975), así como también la creación de la Revista de Treball Social (del Col.legi Oficial de Treball Social de Catalunya), cuyo primer número se remonta a 1969 y representa una muestra significativa sobre el Trabajo Social y las inquietudes que giraban en torno a él en la época a la que nos referimos. También consultamos diferentes publicaciones entre las que destacamos, El Método Básico de Trabajo Social (1973), y El Trabajo Social que yo he vivido (2009), ambas de Montserrat Colomer. El otro frente de acercamiento al tema en cuestión fue a través de la realización de 8 entrevistas semiestructuradas a trabajadoras sociales que vivieron y participaron activamente en este período de la historia del Trabajo Social en España.

Del análisis realizado, queremos destacar el significativo esfuerzo de las trabajadoras sociales en las décadas de 1970 y 1980, en la búsqueda, ampliación y actualización de sus conocimientos, y en relación con otras perspectivas teóricas que hasta entonces no estaban presentes en la profesión. Según Doménech (1990), esto se debió a la necesidad de enfrentar las nuevas posibilidades que presagiaba el agotamiento de la dictadura:

Tenemos que hablar diferente de los años sesenta y pico de los años ochenta, que es cuando estuvimos trabajando en los Ayuntamientos democráticos. El país iba hacia arriba, el país prosperaba, y teníamos la suerte de que los asistentes sociales. (…) estábamos colaborando con la socialdemocracia y como todo estaba por hacer en el país (...) a partir, no de nuestro quehacer político, sino de nuestro quehacer profesional, pero con el respaldo detrás de lo que era político (DOMÉNECH, 2008).

La “explosión democrática” que sacudió a España tras la muerte de Franco impulsó a las trabajadoras sociales - que en este momento histórico vieron una clara oportunidad para abrir nuevas perspectivas en Trabajo Social -, a avanzar en la consolidación de un nuevo marco teórico-jurídico profesional que pudiera orientar los nuevos campos que emergen a partir de entonces y/o rescatan campos afines con los movimientos históricos anteriores.

Como recuerda García (1977), las trabajadoras sociales querían superar las prácticas paternalistas, la despolitización y la neutralidad que invadieron la profesión durante los largos años de dictadura. Dentro del colectivo profesional se abrieron dos debates: el primero, sobre la politización o no del Trabajo Social, y el segundo sobre el significado de los nuevos campos de acción profesional.

En este contexto se muestran dos tendencias profesionales en disputa. Como señalan Barenys (1975); Banda (2017) y Matos-Silveira et al (2021), las trabajadoras sociales que representaban la vertiente más progresista se comprometían con un Trabajo Social politizado, participando junto a los movimientos vecinales de los barrios populares influenciados por movimientos que venían del exterior y de los sectores progresistas de la iglesia católica. Como recuerdan algunas de las entrevistadas al señalar:

¿Qué hacíamos aquí en los años 70? Estábamos sensibilizando a la población, con los movimientos sociales, con el trabajo comunitario, la gente - más inquieta - estábamos en los barrios para, de alguna manera, preparar a la gente (E3).

En las comunidades de base que había en esta época, que vivían en los barrios, había médicos, trabajadores sociales, etc. desde un punto de vista creyente, pero en contra del régimen y también de la organización eclesiástica vigente (E1).

En ese contexto de luchas sociales en España, las trabajadoras sociales intervenían junto a los conocidos como curas obreros - considerados “peligrosos, subversivos, o directamente, comunistas”, por parte de la dictadura (HERNÁNDEZ, 2019, p.161) - , trabajando en las comunidades y barrios más desfavorecidos, junto a los movimientos vecinales en las áreas periféricas de las grandes ciudades españolas (MIRANDA, 2003; FEU, 2007; DOMÉNECH, 2008), representando los cambios significativos de aquel momento en una profesión que pretendía abandonar su carácter benéfico y apostar por una concienciación social.

Por otro lado, existía también una tendencia conservadora, que defendía una profesión que se mantuviera al margen de la ideología política pretendiendo la conservación de prácticas tradicionales de caridad y paternalistas vinculadas al espíritu religioso.

Es en la década de los años 70, cuando se muestran, por otra parte de forma clara, las interlocuciones del Trabajo Social latino-americano con el Trabajo Social español, y las influencias del MRL. Si en 1959, habían llegado ya a España, expertas como Nadir Kfouri, quien permaneció por un período de un año capacitando a docentes y profesionales, y como recuerda Colomer (2009), destacando la necesidad de una metodología para el Trabajo Social, en la década de los 70, destaca la presencia en diferentes eventos de la categoría profesional, de exponentes latinoamericanos como Ander-Egg, Herman Kruse, Natalio Kisnernam, y brasileños como Paulo Freire. Algunas obras de diferentes autores latinoamericanos eran introducidas en España de forma clandestina, cuestionando entre otros aspectos, la neutralidad del trabajador social. A estas publicaciones accedieron las trabajadoras sociales más progresistas, con inquietudes sociales e implicación en la lucha por las libertades democráticas.

La influencia del MRL por otra parte, se manifiesta principalmente en Jornadas y Congresos realizados durante la década de los setenta, en los que tuvo lugar una especial movilización iniciada por un “fuerte planteamiento de Reconceptualización de los contenidos del Trabajo Social” (LAS HERAS, 2012, p. 22). Es un contexto en el cual se produce en España una intensa lucha profesional para alcanzar su reconocimiento como disciplina y en el que tuvieron una importante presencia documentos críticos llegados del MRL, que, a pesar de no ser hegemónicos, eran leídos por segmentos de la profesión que tenían posiciones politizadas más progresistas (CARRARA, et al., 2017).

La Reconceptualización latinoamericana apostaba por desarrollar un trabajo de concientización y organización popular en búsqueda del cambio social y, como señala Doménech (2013), debido a la “orfandad teórica e ideológica” del momento, supuso cambios significativos en el mundo profesional. También la Teología de la Liberación, tendrá en esos años, una presencia significativa en España, como señalan asistentes sociales como Colomer (2009), y que quedará reflejado en el Congreso de Teología Latinoamericana, celebrado en Madrid, en 1972. En ese mismo año, según Moran-Carrillo y Díaz-Jiménez (2016:199), durante el II Congreso de Asistentes Sociales de Madrid realizado en 1972, en la charla inaugural, se hablaba de la profesión como “agente de cambio” utilizando expresiones como “concienciar” y tres años después, en las Jornadas de Levante (1975), en Valencia, denominadas “El Trabajo Social dentro del proceso de cambio” destacan posiciones críticas que rescataban el pensamiento social marxista, con contenidos que defendían el cambio social y la concienciación como objetivo profesional. También destacan las Jornadas de Pamplona de 1977 denominadas “Jornadas de la Reconceptualización en España”, en las que se debatía entre dos tendencias profesionales: la técnico-operativa de cara a la construcción de un Sistema Público de Servicios Sociales, y otra desde la cual se enfatizaba el carácter comunitario e ideológico-político del ejercicio profesional. En estas Jornadas se realizan aportaciones de honda influencia social del colectivo profesional que optó por impulsar el Sistema de Bienestar Social dirigido a todos los ciudadanos y ciudadanas.

El colectivo profesional tuvo participación activa en el Proyecto de la Constitución aprobado por el Congreso de los Diputados. En cuanto al tema de la presencia de la Beneficencia Pública como forma de acción social, expusieron sus discordancias, dirigiendo a los parlamentarios una enmienda con los siguientes argumentos:

La Beneficencia Pública supone una regresión con respecto a la política social fijada en los tratados, acuerdos, convenios y recomendaciones internacionales, muchos de ellos suscritos por España; [...] Supone una falta de adecuación a la realidad del país [...] es un atentado contra la igualdad de los ciudadanos [...] Se caracteriza por la gracialidad y la voluntariedad del que la otorga, no teniendo ningún derecho reconocido frente a la misma quien la percibe (CORTAJARENA, 1984, p.27).

Otra posición política del colectivo fue en las conclusiones del IV Congreso Estatal de Asistentes Sociales, en Valladolid en 1980, en que las profesionales señalan: “la defensa de los servicios sociales para todos los ciudadanos, sin discriminación”, desde el que se exige una nueva política social al mismo tiempo que se reivindica una “amplia perspectiva de actuación profesional al servicio de la comunidad desde los servicios sociales”, así como que las asociaciones de asistentes sociales ante los poderes públicos tengan estatus consultivo en materia de servicios sociales como está reconocido a nivel internacional (FERNÁNDEZ et. al. 1984, p.46)

Como señala Cintora (2001), dentro del país, estudiantes, profesionales, sus organizaciones, las Escuelas, se implicaron en la defensa de la profesión y de una mejor cualificación a través de reuniones, debates y movilizaciones (p.18). A través también de interlocuciones internacionales, se acercaron los debates que estaban teniendo lugar sobre la protección y los servicios sociales en Europa como muestra el Seminario Europeo de la FITS que se celebró en Granada en 1981, y los encuentros que se realizaron ese mismo año en Lisboa, con la Asociación de Asistentes Sociales de Portugal, y un segundo encuentro hispano-lusitano celebrado en Badajoz organizado por la Asociación Extremeña (REY, 1985, p. 43).

Con esta investigación se destaca el despertar de las asistentes sociales-trabajadoras sociales en cuanto categoría profesional en las décadas estudiadas, como un colectivo en búsqueda de reconocimiento académico y profesional, junto a los órganos del gobierno, desde la necesidad de fortalecer sus aportaciones teórico-metodológicas en una España hacia la europeización. En esta etapa tuvieron lugar importantes eventos político-científicos a través de jornadas y congresos, así como la producción de artículos y la creación de revistas que expresaban también la necesidad de producción científica.

Como tendencias profesionales presentes en el período, destacan: una tendencia conservadora y otra progresista. Aunque la primera defendía el ejercicio de una profesión que se mantuviera al margen de la ideología política, esta defensa ya expresa un posicionamiento político-ideológico al creer que la profesión puede quedarse al margen cuanto actúa directamente con las necesidades humanas: vivienda, salud, empleo, etc., sin embargo, no hay intervención social neutral. Las condiciones objetivas y subjetivas en nuestra labor son parte de nuestra intervención y al escoger determinada teoría o técnica subyace en ellas la dimensión ético-política.

La lucha por la conquista de la profesionalización en la década de los 70 y 80 movilizó a estudiantes, profesionales y sus organizaciones, en defensa de un sistema de protección social que se desarrollará con la nueva Constitución.

Durante el siglo XXI, la defensa y garantía de los derechos de ciudadanía sigue constituyendo uno de los motivos prioritarios para la organización profesional. El Consejo General de Trabajo Social de España, apoya y fortalece estos objetivos a través de distintas acciones e intervenciones. A modo de ejemplo cabe citar: el Manifiesto de Talavera de 2005 en defensa de la garantía del Estado de bienestar y del sistema público de Servicios Sociales; la puesta en marcha del Observatorio Nacional de los Servicios Sociales en 2008 y los Foros Estatales del Observatorio (I, II y III) en los años 2008, 2009 y 2010 respectivamente. Durante el XI Congreso Estatal de Trabajo Social realizado en 2009 se elaboró un manifiesto ante la crisis económica que reivindicaba el reconocimiento y garantía de los derechos sociales. En 2011 se creó una Alianza para la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales con la participación de distintos representantes sociales del campo profesional, sindical asociativo, gubernamental, del tercer sector y académico. Estos actores sociales, además de reflexionar sobre la situación actual de los Servicios Sociales, tenían como eje central la recuperación de la dignidad ciudadana y de los derechos sociales a través del fortalecimiento de las políticas públicas.

Mientras que la profesión ha conquistado ya oficialmente los reconocimientos jurídico-institucionales, y por tanto legales, en el ámbito académico y del ejercicio profesional, las condiciones objetivas de las profesionales en la contemporaneidad están marcadas por la precarización del trabajo y la pérdida de derechos impuesta por el neoliberalismo. Resultan cuestiones imprescindibles a seguir debatiendo: los fundamentos de la profesión con énfasis en la perspectiva crítica, la ética y la deontología como pilares claves para la calidad de la intervención y la producción del conocimiento. Otras cuestiones relevantes que exigen un debate de fondo son la atomización institucional y la necesidad de mayor coordinación entre los servicios, la carencia de recursos intermedios, la desconexión institucional a nivel socio-sanitario, la excesiva burocratización del Sistema Público de Servicios Sociales.

Como conclusión para seguir reflexionando, resaltamos que el recuerdo de la memoria y de la historia es fundamental para el análisis del pasado en su indisociable relación con el movimiento de la realidad hacia el porvenir y la construcción del presente con esperanza de futuro. Hemos visto nuevos y viejos retos que se imponen como desafíos para la profesión, pero no podemos olvidar que el camino fue abierto por trabajadoras sociales a través de las luchas que tuvieron lugar en los años de la transición democrática.