Artigo
ARGENTINA Y LA DOCTRINA MONROE: ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA GUERRA FRÍA
Argentina e a Doutrina Monroe: antes, durante e depois da Guerra Fria
Argentina and the Monroe Doctrine: before, during and after the Cold War
ARGENTINA Y LA DOCTRINA MONROE: ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA GUERRA FRÍA
HISTÓRIA DEBATES E TENDÊNCIAS, vol. 23, núm. 3, pp. 10-40, 2023
Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Passo Fundo
Resumen: Hace 200 años, cuando las colonias hispanoamericanas luchaban por terminar de consolidar sus independencias, nació la doctrina Monroe, que se sintetizó en el lema America for the Americans. A lo largo de dos siglos, la misma cobró distintos matices, pero sostuvo un proyecto continental por parte del país que pasó a ser una potencia en el siglo XIX y una superpotencia en el XX. Desde entonces, la Argentina ya constituida tuvo un vínculo complejo con dicha doctrina. El país, ubicado al otro extremo del continente americano, y con lazos económicos más fuertes con Europa, resistió la presión estadounidense por alinear bajo su influencia sus vecinos del sur. En el siguiente artículo nos enfocaremos de la posición de la Argentina frente a la doctrina Monroe en momentos destacados de los dos últimos siglos, que incluyen el reconocimiento de la independencia, el del surgimiento del panamericanismo moderno, el rechazo a la intervención militar europea en Venezuela, para garantizar el cobro de deudas - cuando se planteó la doctrina Drago - y, especialmente, la resignificación de la misma durante la guerra fría, y el rol que jugó en el conflicto de Malvinas - cuando se invocó infructuosamente el TIAR.
Palabras clave: Argentina, Doctrina Monroe, Guerra Fría.
Resumo: Há 200 anos, quando as colônias hispano-americanas lutavam para terminar de consolidar sua independência, nasceu a Doutrina Monroe, que foi sintetizada no lema América para os americanos. Ao longo de dois séculos, assumiu diversas nuances, mas sustentou um projeto continental por parte do país que se tornou potência no século XIX e superpotência no século XX. Desde então, a já consolidada Argentina manteve uma complexa relação com essa doutrina. O país, localizado na outra ponta do continente americano, e com laços económicos mais fortes com a Europa, resistiu à pressão dos Estados Unidos para alinhar seus vizinhos do sul sob sua influência. No artigo a seguir, enfocaremos a posição da Argentina em relação à Doutrina Monroe em momentos marcantes dos últimos dois séculos, que incluem o reconhecimento da independência, a emergência do pan-americanismo moderno, a rejeição da intervenção militar europeia na Venezuela, para garantir a cobrança de dívidas - quando foi levantada a doutrina Drago - e, especialmente, sua redefinição durante a guerra fria, e o papel que desempenhou no conflito das Malvinas - quando o TIAR foi invocado semsucesso.
Palavras-chave: Argentina, Doutrina Monroe, Guerra Fria.
Abstract: 200 years ago, when the Spanish-American colonies were struggling to finish consolidating their independence, the Monroe Doctrine was born, which was synthesized in the motto America for the Americans. Throughout two centuries, it took on different nuances, but sustained a continental project on the part of the country that became a power in the 19th century and a superpower in the 20th. Since then, already established Argentina had a complex relationship with this doctrine. The country, located at the other end of the American continent, and with stronger economic ties to Europe, resisted US pressure to align its southern neighbors under its influence. In the following article we will focus on Argentina's position regarding the Monroe Doctrine in outstanding moments of the last two centuries, which include the recognition of independence, the emergence of modern Pan-Americanism, the rejection of European military intervention in Venezuela, to guarantee the collection of debts - when the Drago doctrine was raised - and, especially, the redefinition of it during the cold war, and the role it played in the Malvinas conflict - when the TIAR was unsuccessfully invoked.
Keywords: Argentina, Monroe Doctrine, Cold War.
Introducción
Hace 200 años, cuando las colonias hispanoamericanas luchaban por terminar de consolidar sus independencias, nació la doctrina Monroe, que se sintetizó en el lema AmericafortheAmericans. A lo largo de dos siglos, la misma cobró distintos matices, pero sostuvo un proyecto continental por parte del país que pasó a ser una potencia en el siglo XIX y una superpotencia en el XX. A principios del XXI se aceleraron los cambios geopolíticos que determinaron el declive relativo del poder imperial estadounidense, el ascenso de otros polos en el mundo y una inédita coordinación y cooperación política en Nuestra América, que incluyó el rechazo del ALCA en 2005 y la creación de mecanismos de coordinación y cooperación política por fuera de la órbita de Washington.
En diciembre de 2013, durante la segunda presidencia de Barack Obama, el Secretario de Estado John Kerry la dio por finiquitada. Sin embargo, años después, RexTillerson, el jefe de la diplomacia de Donald Trump volvió a reivindicarla y a plantear su pervivencia. La actitud de la Administración Biden en la última Cumbre de las Américas, en junio de 2022, excluyendo a varios países de la región -Cuba, Venezuela y Nicaragua no fueron invitadas a Los Ángeles-, muestra que en los hechos sigue vigente. Desde hace dos siglos, las Provincias Unidas del Río de la Plata y luego la Argentina ya constituida tuvo un vínculo complejo con dicha doctrina. El país, ubicado al otro extremo del continente americano, y con lazos económicos más fuertes con Europa, resistió la presión estadounidense por alinear bajo su influencia sus vecinos del sur.
En este artículo nos enfocamos de la posición de la Argentina frente a la doctrina Monroe en momentos destacados de los dos últimos siglos, que incluyen el reconocimiento de la independencia, el del surgimiento del panamericanismo moderno, el rechazo a la intervención militar europea en Venezuela, para garantizar el cobro de deudas -cuando se planteó la doctrina Dragoy, especialmente, la resignificación de la misma durante la guerra fría, y el rol que jugó en el conflicto de Malvinas -cuando se invocó infructuosamente el TIAR-.
Las Provincias Unidas ante la doctrina Monroe en 1823
Estados Unidos iba a expresar su interés expansionista en América a través de lo que luego se conoció como la “doctrina Monroe”, planteada por primera vez por el presidente estadounidense, el 2 de diciembre de 1823. El lema “América para los americanos” significaba que Estados Unidos pretendía ser el garante de la independencia y sustentabilidad de los países que se habían emancipado de sus antiguas metrópolis, o más bien que pretendía que los europeos se mantuvieran fuera de América: “hands off” the Western Hemisfere2. Monroe establecía este principio con palabras claras: “Debemos, por lo tanto, dada la sinceridad y las amistosas relaciones que existen entre los Estados Unidos y esas potencias [los integrantes europeos de la Santa Alianza], declarar que consideraríamos cualquier intento por su parte de extender su sistema político a cualquier lugar de este continente como peligroso para nuestra paz y seguridad. En las actuales colonias y dependencias de cualquier potencia europea no nos hemos inmiscuido y no nos inmiscuiremos. Pero con respecto a los gobiernos que han declarado su independencia y la han mantenido y cuya independencia nosotros, basándonos en una gran consideración y principios justos, hemos reconocido, no podríamos admitir ninguna interposición con el propósito de oprimirlos o de controlar de cualquier otra manera su destino por potencia europea alguna, de otro modo que como la manifestación de una disposición inamistosa con respecto a los Estados Unidos…”3.
Luego de varios años de eludir el reconocimiento de las naciones independientes de América Latina, para evitar confrontar directamente con las potencias europeas y por no estar seguros del resultado que tendrían esas guerras por la emancipación, Estados Unidos iniciaba un largo camino de construcción de vínculos propios y más estrechos con los otros países americanos. Esta doctrina expresaba, por un lado, el interés de Washington en disputarle a Europa el área de influencia del continente americano, en el período histórico en el que las naciones latinoamericanas intentaban consolidarse, luego de una larga guerra contra España. Estados Unidos, además, lograba así posicionarse para avanzar en su expansionismo en el continente, ocupando nuevos territorios que anteriormente pertenecían a distintas potencias europeas. Más allá de las manifestaciones, de ninguna manera el objetivo de Monroe era salvaguardar la independencia latinoamericana, sino establecer bases duraderas para una hegemonía que iría ampliando a lo largo de los años. Esta interpretación parece reforzada por el momento en que Monroe planteó esa orientación de su política exterior, lo cual devela su “oportunismo”: cuando las tropas realistas estaban en franco retroceso en América Latina, estando su suerte casi sellada.
Sin embargo, aún existía un considerable temor por parte de las naciones latinoamericanas, que discutían cómo podían repeler una potencial intervención de la Santa Alianza europea. Esto explica, en parte, por qué la doctrina fue recibida con entusiasmo en diversos países americanos4. En las Provincias Unidas, el estadounidense John Forbes se dedicó a trasmitir el mensaje de su presidente, que se conoció en Buenos Aires en mayo de 1824. El propio Rivadavia envió traducción del discurso de Monroe a los gobiernos de Chile, Perú y Colombia. Cuando reemplazó a Rodríguez como gobernador de Buenos Aires, Juan Gregorio de Las Heras alabó la política exterior estadounidense, destacando que la nación del Norte “se ha constituido en guardián del campo de batalla para que ninguna potencia extranjera pueda intervenir o ayude a nuestro rival”5. Los periódicos argentinos también la recibieron elogiosamente. Sin embargo, para el representante Forbes, existió una “mal contenida apatía” por parte de las autoridades del Río de la Plata frente al pronunciamiento de Monroe. El “Memorándum de Polignac”, entregado por Canning al gobierno francés el 9 de octubre de 1823 -planteaba que Gran Bretaña no toleraría que Francia se inmiscuyera en América Latina-, que obligó a París a declarar que no tenía pretensiones en las ex colonias españolas, fue considerado en Buenos Aires tan influyente como el discurso de Monroe.
En el fondo de la “frialdad” diplomática entre ambos países, se encontraba no sólo la prolongada negativa de Washington a reconocer la independencia de las Provincias Unidas, sino el creciente vínculo argentino-inglés y las diferencias económicas que ya empezaban a emerger entre Estados Unidos y el país del Sur. El carácter más competitivo que complementario de ambas economías dificultaría el intercambio comercial, y favorecería también los vínculos privilegiados entre Buenos Aires y Londres, en detrimento de Washington.
Argentina contra el panamericanismo de Blaine: “Sea América para la humanidad”
Retomando el viejo legado de la doctrina Monroe, quien primero formuló en este período una iniciativa concreta para contrarrestar la influencia europea en América y para ampliar el comercio estadounidense en la región fue James G. Blaine, entonces secretario de Estado del presidente republicano Garfield. La propuesta, que retomaba el proyecto expansionista del ex secretario de Estado Seward, fue presentada en 18816. La idea de Blaine era que Estados Unidos convocara a una conferencia a los demás países americanos con el objetivo de concretar una unión aduanera y mejorar las comunicaciones continentales. Además, el secretario de Estado temía que los resultados de las Guerras del Paraguay (1865-1870) y del Pacífico (1879-1883) habilitaran una nueva intervención de las potencias europeas en América, por lo cual alentaba un acuerdo para resolver, a través del arbitraje, los diferendos entre los países del continente.
El proyecto panamericano impulsado por la Casa Blanca a partir de la reunión de Washington intentó incrementar el comercio interamericano y a la vez hallar soluciones a los conflictos que involucraban a los países del hemisferio, como forma de establecer una mayor injerencia en América Latina, y de erosionar la influencia europea, de modo de afianzar la doctrina Monroe. Respondió, además, a las necesidades de los grandes capitalistas del país del Norte, que paulatinamente ampliaban sus inversiones en otros países americanos. No es casual, entonces, que la delegación de Blaine estuviera integrada mayoritariamente por grandes industriales y financistas. El objetivo de Washington de concretar su viejo proyecto panamericano cobraba una especial significación en el contexto del último cuarto de siglo, de consolidación de su expansión económica y de su disputa con Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia y Bélgica por acrecentar los intereses económicos, políticos y estratégicos en América Latina, constituyéndola en su “área de influencia”. Se concretó, además, cuando había algunos proyectos de articulación a través de los congresos latinoamericanos y de reconstruir viejos lazos con España y Portugal, a partir de una Unión Iberoamericana, en el marco del cuarto centenario de la llegada de Colón a América. Ésta es una de las razones por las que la prensa europea reaccionó en general con abiertas críticas a la Conferencia de Washington y, tras su finalización, habló de rotundo fracaso7.
En realidad, el resultado más significativo para Estados Unidos fue el hecho de haber concretado la conferencia, que sería la piedra fundamental del proceso panamericano que se desarrollaría en las siguientes décadas y que había logrado imponerse sobre otros congresos iberoamericanos y latinoamericanos, en los que el país del Norte hubiera quedado excluido. Se constituyó, en ese sentido, la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, que bajo la dirección de la Oficina Internacional (o Comercial) de las Repúblicas Americanas constituiría luego la Unión Panamericana.
Blaine, a través de su proyecto de unión aduanera de 1881, luego retomado en la conferencia de 1889-1890, planteaba que su país podría beneficiarse con un mayor mercado exportador, si accedía con mayores facilidades al comercio con América Latina. Éste era el principal objetivo de la Primera Conferencia Panamericana, ya que la exportación de capitales estadounidenses hacia esta región aún no era tan significativa. El mayor impulsor del panamericanismo en Washington era el Partido Republicano, o más bien ciertos sectores del republicanismo del este, que querían incrementar sus exportaciones fabriles, aunque debieron enfrentar el dogma partidario del proteccionismo. Pero también había apoyo de sectores demócratas. Para mejorar el intercambio con América Latina, quienes necesitaban exportar cada vez más planteaban que era necesario abrir el mercado estadounidense a las lanas, el cobre y el azúcar, es decir, otorgar contraprestaciones. El acceso al mercado latinoamericano requería “reciprocidad”, o sea permitir que ciertos productos de los países del Sur pudieran entrar sin tantas trabas en el mercado estadounidense. Esto los enfrentaría, como veremos en el capítulo siguiente, a los sectores proteccionistas, fundamentalmente a los productores agropecuarios.
¿Qué suerte corrieron los proyectos aprobados en la conferencia? Luego de ésta, Blaine entregó al presidente Harrison un informe y una recomendación para fomentar la reciprocidad interamericana y las demás recomendaciones acordadas en la conferencia. Harrison envió las propuestas al Congreso, poniendo especial énfasis en los subsidios para los vapores, con el objetivo de mejorar la marina mercante estadounidense. Sin embargo, la oposición en el Congreso a estos subsidios fue muy significativa, por lo cual no se avanzó casi nada. Se aprobó la comisión para el ferrocarril panamericano, que empezó a trabajar unos meses más tarde, aunque pocos países latinoamericanos pagaron la cuota que les correspondía. Los ingenieros empezaron su labor, hasta que la crisis de 1893 dificultó la disponibilidad de capitales para tamaña obra y todo volvió a paralizarse. Ningún gobierno americano ratificó el tratado de arbitraje. El proyecto del banco interamericano, impulsado por Flint, no recibió el apoyo de Blaine y naufragó. El Congreso estadounidense aprobó la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas, a cuyo cargo quedó William Curtis, que comenzó a publicar reportes de comercio, industria, agricultura y derecho latinoamericanos.
El objetivo de la delegación argentina, desde el inicio, fue dificultar lo más posible cualquier proyecto que planteara Blaine. La economía, fundamentalmente, explicaba los desacuerdos con el país del Norte y, en este aspecto, la élite argentina optó por proteger el vínculo privilegiado con Europa y en especial con Gran Bretaña. Sáenz Peña y Quintana supieron aprovechar la falta de experiencia y las contradicciones internas de sus pares estadounidenses - casi todos hombres de negocios sin experiencia alguna en las lides diplomáticas - para hacer que fracasaran la mayoría de las iniciativas impulsadas por el secretario de Estado. Según el balance de Roque Sáenz Peña, la posición previa de los países participantes en la conferencia auguraba un panorama poco favorable para Argentina: Brasil obedecía a Blaine para conseguir su apoyo en el arbitraje por Misiones, Uruguay había terminado votando por el secretario de Estado para la presidencia de la conferencia, Perú tenía deudas con él luego de su enfrentamiento con Chile, Colombia debía respetar a Estados Unidos por el tratado de neutralidad del istmo de Panamá, Venezuela buscaba el apoyo de la Casa Blanca por su disputa con Inglaterra por Guayana, Centroamérica se resentía por su debilidad y México actuaba con timidez8.
Sin embargo, la delegación argentina logró en los meses que duró la conferencia revertir esa pasividad general y la sumisión frente al creciente poderío estadounidense. Esto trajo prestigio y reconocimiento a Argentina entre los demás países latinoamericanos y además potenció las figuras de sus representantes9. Así justificaba Sáenz Peña la actitud confrontativa de su delegación en Washington, que la había situado en un status superior al resto: “Tuvimos que tomar iniciativas inevitables, que nos trajeron choques y asperezas, hasta habernos dicho la prensa de Nueva York que veníamos comprados por el oro de Inglaterra; hoy la situación está invertida y si los E.U. nos consideran sobre todas las Delegaciones, es porque saben que alguna influencia ejercemos sobre todas las demás”10.
Argentina, por esos años, consolidaba una economía agroexportadora más competitiva que complementaria con la potencia del Norte. La reacción ante el proyecto estadounidense, entonces, fue oponerse a toda “integración”, cosa que logró admirablemente ya que la conferencia fue un gran fracaso, al menos en términos de las expectativas previas.El recurso retórico del “antiimperialismo” esbozado en distintos momentos por los enviados argentinos, sin embargo, no era más que la máscara de una dependencia cuyos socios mayores se encontraban en Europa. En esta conferencia panamericana, la postura argentina era una manifestación de las contradicciones estructurales entre las economías argentina y estadounidense.
La delegación argentina operó, en parte, como agente inglés-europeo en el continente, aun cuando sus representantes decían estar defendiendo los intereses nacionales. Por eso no hay que confundir estas posturas antinorteamericanas de los representantes de la oligarquía argentina con posturas antiimperialistas y autonómicas. ¿Qué querían los delegados argentinos en esta primera conferencia? Impedir todo avance concreto de Washington en el continente y, a la vez, presionar para que se abriera el mercado estadounidense para los exportadores de lanas argentinos. La lana era por esos años una de las principales exportaciones nacionales, pero no hacia el mercado estadounidense, que estaba protegido. La oposición a la unión aduanera propuesta por el país del Norte no se explicaba por ningún tipo de postura que tendiera a proteger la producción industrial local, sino que tenía por objeto presionar para profundizar el libre comercio, clave en la inserción económica internacional agroexportadora que protagonizaba el país del Sur. Por eso, la delegación argentina, sabiendo de las dificultades de su país para ampliar su participación en el mercado estadounidense, operaría como obstaculizador de las propuestas estadounidenses. El lema de “América para la Humanidad”, esgrimido por Sáenz Peña, podría leerse como “América con Europa”, claramente contrario a la “América para los (norte) americanos”, propuesto varias décadas antes por Monroe y reactualizado en la última década del siglo XIX.
Así interpretaba Martí el meollo de la problemática que se desarrollaba en Washington: “De una parte hay en América un pueblo que proclama su derecho de propia coronación a regir, por moralidad geográfica, en el continente, y anuncia, por boca de sus estadistas, en la prensa y en el púlpito, en el banquete y en el congreso, mientras pone la mano sobre una isla y trata de comprar otra, que todo el norte de América ha de ser suyo, y se le ha de reconocer derecho imperial del istmo abajo, y de otra están los pueblos de origen y fines diversos, cada día más ocupados y menos recelosos, que no tienen más enemigo real que su propia ambición, y la del vecino que los convida a ahorrarle el trabajo de quitarles mañana por la fuerza lo que le pueden dar de grado ahora. ¿Y han de poner sus negocios los pueblos de América en manos de su único enemigo, o de ganarle tiempo, y poblarse, y unirse, y merecer definitivamente el crédito y respeto de naciones, antes de que ose demandarles la sumisión el vecino a quien, por las lecciones de adentro o las de afuera, se le puede moderar la voluntad, o educar la moral política, antes de que se determine a incurrir en el riesgo y oprobio de echarse, por la razón de estar en un mismo continente, sobre pueblos decorosos, capaces, justos, y como él, prósperos y libres?”11. El cubano, a diferencia de la delegación argentina, expresaba sus juicios sobre las iniciativas estadounidenses desde una posición antiimperialista y latinoamericanista. Aun teniendo en claro que su objetivo era lograr la independencia de España, ya era plenamente consciente de que había que evitar el otro imperialismo que acechaba sobre Cuba y el resto de América Latina: Estados Unidos. No planteaba recostarse en una potencia imperial para limitar a la otra.
Si bien parte de la oligarquía argentina “utilizó” los punzantes argumentos de Martí -recordemos que el periódico de Mitre lo nombró su corresponsal en Washington y publicó sus furibundas crónicas-, debe quedar en claro que fue más bien un recurso para oponerse a la Casa Blanca, pero desde una posición totalmente distinta de la que planteaba Martí e intentaría llevar a la práctica en 1895, cuando desembarcó en Cuba para retomar la guerra de independencia contra España. El “antiimperialismo” de Sáenz Peña y Quesada no pasaba de ser una serie de recursos de oratoria para atacar las posiciones de los delegados estadounidenses.
La delegación argentina se había salido con la suya en Washington: impidió que el tratado de arbitraje obligatorio fuera firmado por todos, logró que todos sí firmaran su proyecto que condenaba el derecho a la conquista y, fundamentalmente, echó por tierra el proyecto de unión aduanera que había entusiasmado a los industriales exportadores del país del Norte. En cada una de las comisiones, los delegados argentinos se ocuparon de intentar encolumnar al resto de los delegados latinoamericanos para “poner palos en la rueda” en todos los proyectos estadounidenses.
Sáenz Peña y Quintana fueron la pesadilla de Blaine, que había trabajado durante muchos años para lograr la concreción de esta conferencia -como trampolín político para sus aspiraciones presidenciales-, asegurando que de ella saldrían aprobados los proyectos que había elaborado. Lograron, así, proteger los intereses comerciales que vinculaban a Argentina con Europa, ahuyentando cualquier fantasma de asociación continental que pusiera límites al intercambio con el Viejo Continente. Esta línea de intervención estaba caracterizada no sólo por un enfrentamiento y toma de distancia respecto al gobierno de Washington, sino por la oposición a cualquier perspectiva que alentara una unión latinoamericana alternativa.
La referencia, en casi todos los discursos, era el vínculo privilegiado con Europa, que debía ser resguardado a toda costa. Eso es lo que escondía la célebre frase de Sáenz Peña de “América para la Humanidad”. La clase dominante argentina entendía que su posición privilegiada dependía de mantener y reforzar las relaciones económicas con el Viejo Continente, evitando las “amenazas” que pudieran derivarse del avance de otras potencias en el “área de influencia” británica. Quienes basaban su posición en esta relación de complementaridad subordinada con Londres, no necesitaban al resto de las naciones latinoamericanas, ni como mercados, ni para construir una asociación que permitiera ampliar el margen de autonomía en las negociaciones con las potencias. La generación del ’80 seguía tan lejana del ideario bolivariano como lo habían estado sus predecesores. Se consideraban superiores y distintos del resto de los países latinoamericanos, y veían a Estados Unidos como un potencial competidor y como un país que, por sus pretensiones hegemónicas en la región, podía hacer peligrar esa posición privilegiada.
Doctrina Drago 1902 y oposición al corolario Roosevelt: rechazo uso fuerza
En el lustro que separó la Conferencia Panamericana de México (1901) de la de Río (1906) ocurrieron algunos sucesos fundamentales en la relación entre Estados Unidos y América Latina. Entre ellos debe citarse, en primer lugar, el conflicto por el ataque que sufrió Venezuela y las “doctrinas” que de allí se derivaron, que sin duda marcaron el ritmo de la Conferencia de Río.
El conflicto se inició con la intervención militar de Alemania y Gran Bretaña (y más tarde Italia) contra Venezuela, en diciembre de 1902. El objetivo de esos países europeos fue obligar al gobierno de Cipriano Castro a pagar las deudas que había contraído con “ciudadanos” del Viejo Continente. Los reclamos diplomáticos que habían realizado para “defender a sus ciudadanos” fueron desestimados por el gobierno venezolano, entendiendo que correspondían al derecho privado y no al internacional público. Las potencias europeas, entonces, bloquearon puertos y bombardearon objetivos militares del país caribeño. Previo al ataque, Gran Bretaña y Alemania habían comunicado al gobierno de Washington que no abrigaban intenciones de ocupar definitivamente o anexionarse parte del territorio venezolano, con lo cual, entendían, ese ataque debía quedar fuera de la órbita de la doctrina Monroe.
Pese a la lucha interimperialista desatada años atrás entre Estados Unidos y las potencias europeas por el control de América del Sur, y a que la intervención militar en el país caribeño violaba el espíritu de la doctrina Monroe, la política exterior desplegada por el presidente Roosevelt justificó esta intervención militar en Venezuela, cuyas costas fueron bombardeadas por unidades navales inglesas y alemanas, relativizando la aplicación de la doctrina de Monroe en este caso.
Roosevelt había manifestado que no garantizarían a ningún Estado la protección frente a su “mala conducta”. Esta postura dejaba a su gobierno con las manos libres para ejercer el “gran garrote”12. Según su planteo, el respeto a la soberanía de los países más débiles dependía de que éstos conservaran y garantizaran el orden dentro de sus fronteras y cumplieran con sus obligaciones con los extranjeros. La consideración de la soberanía como valor supremo, según la nueva visión de la Casa Blanca, quedaba supeditada al cumplimiento de los pagos externos, lo cual parecía haberse anticipado en el discurso de Roosevelt al Parlamento estadounidense, pronunciado algunos meses antes de esta acción militar. Ya no podía apelarse a Estados Unidos para frenar incursiones europeas, dado que el país del Norte desarrollaba sus propias acciones militares en otras regiones, con lo cual el principio de no intervención y de respeto a la soberanía quedaba claramente relegado.
Tras el ataque, el gobierno venezolano denunció el avasallamiento y pidió la adhesión del resto de los países del continente. Ante esta situación, el presidente Roca instó a su ministro de Relaciones Exteriores, Luis María Drago, a que hiciera consultas -entre otros, Drago se entrevistó con Pellegrini y con Mitre- y sentase la posición argentina frente al gobierno de Estados Unidos.
Nuevamente fue Argentina, a través de su canciller, quien se opuso a Estados Unidos en el plano diplomático y planteó la ilegitimidad del empleo de la fuerza para el cobro de deudas: “La deuda pública no puede dar lugar a la intervención armada, ni menos a la ocupación material del suelo de las naciones americanas por una potencia europea”13. Se reafirmaba, contra los intereses norteamericanos y estableciendo una doctrina que se discutiría durante largo tiempo, el principio de no intervención.
Esta “doctrina” fue proclamada formalmente por el ministro de Relaciones Exteriores en nota enviada al gobierno estadounidense el 29 de diciembre de 1902. ¿Cuáles eran los principios que se planteaban en esta comunicación? Quienes prestaban dinero a un Estado extranjero debían estimar previamente el riesgo; un Estado soberano no podía estar sujeto unilateralmente a procedimientos judiciales; no podía forzarse a un Estado a pagar sus deudas; el uso de la fuerza en Venezuela implicaba de hecho la ocupación territorial, o sea, era contrario a la doctrina Monroe; la expansión europea se dirigiría ahora hacia América Latina, por lo cual se requería una declaración de Estados Unidos, en el sentido de la doctrina Monroe, que defendiera el principio de no intervención extracontinental predicado en 1823. Era la primera vez que un alto representante argentino reconocía de hecho la validez de la doctrina Monroe. Por este motivo, el intercambio suscitado a partir del escrito de Drago atrajo la atención de la prensa estadounidense y latinoamericana.
La respuesta de Washington, a través del secretario Hay, llegó el 17 de febrero de 1903, y retomaba el espíritu y la letra del mensaje de Roosevelt de enero de 1902, al que hicimos alusión más arriba: la doctrina Monroe no garantizaba protección contra ataque de otra potencia a países que hubieran procedido mal -que no hubieran pagado sus deudas, por ejemplo-14. Desde esta perspectiva, la “protección estadounidense” al resto del continente sólo podría aplicarse cuando el ataque exterior implicara adquisición territorial por parte de una potencia no americana. Más allá de la posición de la Casa Blanca, la “doctrina Drago” tuvo una buena acogida en la opinión pública estadounidense, temerosa del avance europeo en el continente. Es decir que, paradójicamente, buena parte de la opinión pública estadounidense recibió bien el planteo del jefe de la diplomacia argentina.
La respuesta oficial del gobierno estadounidense, por su parte, generó un gran debate al interior de la clase dirigente argentina y también en los medios de comunicación. El debate en cuanto a la postura que debía llevarse adelante en América se profundizó en 1904, momento en que Roosevelt planteó el “corolario” que llevaría su nombre, que suponía que su país se erigiera en el virtual “gendarme” continental, al autoproclamarse facultado para intervenir en los países más “caóticos” de América, en caso de que el orden interno no estuviera garantizado por su propio gobierno.La Casa Blanca no estaba dispuesta a ceder en lo que consideraba su “derecho de intervención”, y aseguraron que seguirían su propia línea de acción en cuanto al problema del cobro compulsivo de las deudas públicas de los países americanos.
El “corolario Roosevelt a la doctrina de Monroe” era, entonces, la formalización del autoasignado derecho de “gendarme” en el Caribe y Centroamérica. El gobierno de Washington se planteaba como el custodio de las naciones débiles, previniéndolas de insolvencias financieras que justificaran el uso de la fuerza (de potencias europeas), para lo cual se arrogaba el derecho a intervenir con el fin de evitar situaciones como la de Venezuela.
La forma de la Casa Blanca de contrarrestar el avance europeo no fue plantear, junto al resto de los países americanos, y cómo se desprendía de la propuesta de Drago, un rechazo de plano a la intervención en Venezuela, y organizar cómo prevenir esos ataques, sino autonombrarse gendarme, con atributos para intervenir en aquellos países donde no se respetara el orden y la seguridad financiera, situación que había generado las condiciones para la acción militar europea contra el país caribeño. Tras esta reinterpretación, las doctrinas Monroe y Drago se hicieron incompatibles, mutuamente excluyentes. Estados Unidos, que protagonizaba una expansión creciente en el continente, no estaba dispuesto a supeditar su política exterior al consenso con el resto de los países americanos y menos aún con países como Argentina, cuya clase dirigente había dado pruebas de sostener una política exterior de orientación europeísta y antiestadounidense.
Este “debate” se dio justo en el momento en que el país del Norte concretaba un nuevo “avance” en el continente, esta vez sobre Panamá. Si bien existía un acuerdo entre el gobierno de Washington y el de Londres (Tratado Clayton-Bulwer de 1850) para construir juntos un canal interoceánico, Roosevelt negoció con su par inglés el respeto de ciertas zonas de influencia, con lo cual Gran Bretaña dejaría de lado esta pretensión en el Caribe a cambio de que la Casa Blanca apoyara a Londres en la resolución de sus conflictos en Lejano Oriente. Ya sin Gran Bretaña de por medio, el Congreso estadounidense aprobó una ley, el 28 de junio de 1902, autorizando al Ejecutivo a comprar la concesión de la quebrada compañía francesa que había intentado construir dicho canal unos años antes. Debía negociarse con el gobierno colombiano o, en su defecto, con el nicaragüense para establecer el lugar exacto en el que se construiría la monumental obra. El secretario Hay firmó, en enero de 1903, un acuerdo con el encargado de negocios de Colombia en Washington, pero dicho acuerdo no fue ratificado luego por la legislatura colombiana.
La banca Morgan, que veía peligrar sus negocios con el rechazo del Parlamento colombiano y que no estaba de acuerdo con la construcción del Canal en Nicaragua, presionó al Departamento de Estado, que aplicó la “diplomacia del dólar”. Una revolución acicateada por el país del Norte se produjo en Panamá, en donde existían sectores separatistas que pretendían autonomizarse de Colombia. Una flota estadounidense, ya prevenida, cerró el paso a las tropas colombianas que se disponían a sofocar dicho levantamiento. Un día más tarde se proclamó la independencia de Panamá, y tan sólo dos días después se produjo el apresuradísimo reconocimiento estadounidense de esta nueva nación. Otra manifestación de la política pro balcanización latinoamericana que fomentaba la Casa Blanca.
Esta agresión apenas velada de Estados Unidos contra Colombia no generó una reacción crítica por parte del gobierno argentino, a diferencia de lo que había ocurrido en el caso venezolano. Lo aparentemente difícil de entender es por qué, en esta oportunidad, la reacción de Roca no fue como la suscitada luego de la intervención europea en Venezuela. Tras la presión de Estados Unidos, José A. Terry, canciller argentino (1903-1904), le confirmó al representante estadounidense en Buenos Aires, John Barrett -próximo a ser nombrado justamente como representante del país del Norte en Panamá-, que el gobierno de su país tenía disposición a reconocer al nuevo Estado y que no criticaría la posición de Estados Unidos en Centroamérica. En este sentido, y pese a las críticas de diversos políticos locales como Bernardo de Irigoyen, el gobierno nacional finalmente reconoció a Panamá el 3 de marzo de 1904, siguiendo las recomendaciones del Departamento de Estado, que había comunicado a las demás naciones del continente, en tono de amenaza, que vería con disgusto el no reconocimiento de la nueva República de Panamá15.
La pregunta pendiente, claro está, es por qué Argentina se comportó de forma tan distinta en estos dos conflictos. La respuesta, en parte, se debe a la diferencia entre ambos. Mientras que la situación en Venezuela resultaba flagrante, por ser una agresión abierta que podía implicar una ocupación general del territorio por parte de las potencias europeas cuyos intereses financieros se habían visto afectados, en el caso de Panamá la intervención extranjera se ocultaba, formalmente, en el separatismo local y tenía un objetivo más específico, la construcción del canal interoceánico. Argentina, en el primer caso, se cuidaba, además, por la potencial represalia militar que podría recibir en caso de una crisis que le impidiera honrar sus compromisos financieros.
Pese al alineamiento con Europa -y en especial Gran Bretaña-, la crisis originada por la intervención en Venezuela marcó una posición distinta en cuanto a la política exterior argentina. La oligarquía, a través del gobierno roquista, cuidaba sus propios intereses, amenazados por el excesivo endeudamiento externo nacional y trataba de comprometer a Washington en esta posición.Esto muestra que la subordinación de los distintos sectores de la clase dirigente argentina a los intereses europeos distaba de ser mecánica. Incluso, en algunas oportunidades, su accionar podía ser contrario a las necesidades de las potencias del Viejo Continente o hasta condicionado por una reacción popular, como en el citado caso de la consolidación de la deuda externa argentina de 1901, y el rechazo masivo que dicha iniciativa ocasionó.
De todas formas, la actitud de la clase dirigente argentina no fue homogénea frente a la situación venezolana. Una corriente, cuyo principal referente era el influyente Zeballos, sostenía que la relación privilegiada con Europa debía mantenerse a cualquier precio y más allá de cualquier circunstancia. Esta vertiente se recostaba sobre el europeísmo y el racismo que habían caracterizado a buena parte de la generación del ochenta. La otra corriente, por el contrario, se oponía a cualquier tipo de intervención armada y ocupación territorial por cuestiones de deuda. Drago, exponente de esta corriente mayoritaria, llegó a plantear que debía aplicarse la doctrina Monroe para impedir el avance europeo en Venezuela. Esta posición, como fue señalado, es la que le granjeó a Drago cierto prestigio en la opinión pública de Estados Unidos. Sin embargo, como fue explicado más arriba, para el gobierno de Roosevelt la histórica doctrina cobró un nuevo sentido, con una reinterpretación de lo que había planteado Monroe en 1823. Se extendió su alcance con el objetivo de desalojar a Europa de sus viejas posesiones en América y de reemplazarla en los privilegios que antes ostentaba. Así, Gran Bretaña terminó abandonando la idea de construir un canal interoceánico, iniciativa que se transformó en uno de los objetivos centrales de la diplomacia estadounidense en el hemisferio occidental, y que le garantizaría el control de un punto estratégico de las comunicaciones y el comercio interoceánico por varias décadas.
Los “desencuentros” continentales siguieron en el breve período que transcurrió entre la Segunda Conferencia Panamericana y la Tercera. Pese al aumento del comercio entre Argentina y Estados Unidos que se produjo en estos años, el gobierno argentino seguía sin ser proclive a avanzar en acuerdos comerciales interamericanos.
Las relaciones interamericanas durante la Guerra Fría y la resistencia argentina
Estados Unidos, con la excusa de la defensa del mundo libre y con su autoproclamación como “guardián” de ese mundo, supuestamente amenazado por el avance soviético y chino, aumentó sus operaciones en todo el globo. Eran los años de la pax americana, correlato de un mundo capitalista bajo el control de instituciones internacionales, pero con un centro financiero en Wall Street y en el Tesoro estadounidense. La avanzada económica iba de la mano de un mayor control militar en todo el mundo.
A la par que crecían las tensiones con la Unión Soviética y el campo socialista, se inició una “guerra interna” contra los comunistas estadounidenses. En 1938 se había creado el Comité de Actividades Antiamericanas, que investigaba a los sindicados calificados como izquierdistas. Ese organismo luego fue convertido en comisión permanente, a la par que creció la paranoia de posguerra. Bajo la conducción del tristemente célebre senador Joseph McCarthy, y con el apoyo del Departamento de Estado, el Federal Bureau of Investigation (FBI) y la Corte Suprema, entre 1947 y 1954 fueron sometidos a investigaciones y represalias miles de personas.
En 1948, en medio del “giro anticomunista”, Truman consiguió la reelección y ocupó la Casa Blanca por cuatro años más. En este segundo mandato, su secretario de Estado fue DeanAcheson, en reemplazo de Marshall, con quien el presidente había tenido diferencias en relación al reconocimiento del Estado de Israel. Sería el quinto y último período consecutivo de los demócratas, que con Roosevelt y Truman habían gobernado el país durante dos décadas.
Hacia fines de la década de 1940 habría un giro en la estrategia exterior estadounidense. Tras la estabilización europea y la creación de la OTAN (1949), ahora las tensiones políticas apuntaban a los países periféricos, hacia donde se trasladaba la Guerra Fría. La revolución china (1949), la guerra de Corea (1950-1952) y la presión sobre los países productores y exportadores de petróleo pusieron la mira en otras regiones del planeta. La estrategia global de Estados Unidos como potencia obligaría a ampliar las miras de la política exterior y a poner el foco en regiones en las que, como América Latina, en los años de la inmediata posguerra no habían estado entre los primeros lugares de las preocupaciones del Departamento de Estado.
El influyente diplomático George Kennan planteó su teoría de cómo debía contenerse a la Unión Soviética luego de la Segunda Guerra Mundial. Hacia 1950, tras una gira que realizó por América Latina, planteó su alarma por la creciente influencia comunista y enunció lo que para algunos historiadores fue un nuevo corolario a la doctrina Monroe. El Corolario Kennan sostenía que el comunismo era un instrumento de infiltración soviética en el “hemisferio occidental”. Por ese motivo, Estados Unidos, tal como lo había planteado Monroe, debía intervenir por cualquier medio para erradicar esa amenaza, aunque ello implicara aliarse o apoyar regímenes dictatoriales que reprimieran a sus poblaciones: “No podemos ser muy dogmáticos con los métodos para tratar con los comunistas locales. […] donde los conceptos y las tradiciones de los gobiernos populares sean demasiados débiles para absorber con éxitos la intensidad de los ataques comunistas, nosotros debemos considerar que las medidas más duras de represión pueden ser la única solución; que esas medidas puede provenir de regímenes cuyos orígenes y métodos no estén a la altura de los conceptos americanos de procedimientos democráticos; y que esos regímenes y esos métodos son alternativas preferibles, y verdaderamente las únicas posibles, al éxito de los comunistas” (Smith, 1994, pp. 70-71).
En la Guerra Fría la doctrina Monroe pasaría a utilizarse como justificación del apoyo a los golpes de Estado, a las dictaduras y a las represiones que se desparramarían por el continente en las tres décadas siguientes.
Hacia fines de 1952 se impuso un candidato republicano, Dwight Eisenhower, quien había sido el comandante supremo de los Aliados en el desembarco en Normandía. Los republicanos criticaron la política exterior demócrata, según ellos muy dependiente de los aliados europeos, que no había logrado contener el avance comunista y había descuidado otras regiones estratégicamente importantes, entre las que se encontraba América Latina. Eisenhower gobernaría durante dos mandatos, por lo que sería presidente hasta el final de los años cincuenta. Representante de Wall Street y de las corporaciones estadounidenses más importantes, uno de sus primeros propósitos fue negociar el retiro de Corea, comprendiendo que era inútil seguir soportando bajas allí y que no debía irse a un enfrentamiento directo con China. El 27 de julio de 1953 se firmó el armisticio. Para Estados Unidos, el saldo fue de 150 mil soldados muertos, heridos y desaparecidos y asumir que por primera vez se retiraban de una guerra sin triunfar. John Foster Dulles, nuevo secretario de Estado (1953-1959), puso énfasis en lograr superar a la Unión Soviética en el desarrollo de las armas nucleares. A pesar de las promesas electorales previas, que hacían foco en el excesivo gasto militar de Truman, durante la administración Eisenhower no se redujo de ninguna manera la carrera armamentista.
La política hacia América Latina también tuvo un nuevo capítulo. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo numerosos intercambios y acuerdos comerciales entre Washington y los países latinoamericanos. Además, dieciséis naciones pusieron a disposición del coloso del norte bases navales y aéreas, sumado esto a que tanto México como Brasil enviaron tropas a pelear a Europa. De todas formas, la principal contribución latinoamericana a la derrota del Eje fue como proveedora de materias primas que resultaron estratégicas, como cobre, manganeso, berilo, estaño y petróleo, entre otras. Estados Unidos prometió, al finalizar la guerra, una nueva etapa panamericana, en la que apoyaría a las naciones latinoamericanas para su desarrollo y su industrialización. Esa esperanza, incluso de los países que más rápidamente se habían alineado con la potencia del norte, rápidamente se desvaneció. A medida que la Casa Blanca focalizaba su atención en la “contención” del comunismo, los préstamos fluyeron a través del Plan Marshall, pero no hacia América Latina. A esta región, no considerada como estratégica ni con peligro inminente de avance del socialismo, Estados Unidos le tenía reservado ser parte de un renovado sistema interamericano. Las bases de la nueva organización continental se habían sentado en la Conferencia de Chapultepec y se afianzaron en las conferencias de Río de Janeiro de 1947, cuando se estableció el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), y de Bogotá de 1948, cuando se puso en marcha la Organización de las Estados Americanos (OEA). El flamante esquema regional implicaba una consolidación militar y política de la hegemonía de Washington en la región.
Pero la ayuda económica esperada fue más que exigua. América Latina vería, así, frustradas sus expectativas de ser incluida en el Plan Marshall. La región, entre 1945 y 1952, recibió en conjunto menos asistencia económica por parte de Estados Unidos que Bélgica y Luxemburgo.16 El gobierno de Truman pregonaba que la profundización del libre comercio y el aumento de la inversión privada serían los pilares del desarrollo latinoamericano. Por supuesto, lo hacía protegiendo los intereses de las empresas que comerciaban con la región y radicaban filiales en los países del sur. Apenas se otorgaron créditos limitados, a través del Eximbank, que era una forma de subvencionar las exportaciones y las importaciones privadas de Estados Unidos hacia la región y desde esta. No hubo préstamos para empresas estatales latinoamericanas, para no favorecer ni el nacionalismo económico ni el estatismo, considerados los “males” de esa época. A pesar de que las prioridades comerciales de Estados Unidos tendían a orientarse a otras regiones, los intercambios con América Latina aún representaban el 30% del comercio exterior de la potencia del norte y allí tenían colocadas el 40% de sus inversiones externas. Desde el punto de vista económico, entonces, la región seguía siendo vital para la economía estadounidense.
Durante el segundo mandato de Truman, a medida que se profundizaban los enfrentamientos con la Unión Soviética, se presionó más a América Latina con el concepto de “seguridad nacional”. El gobierno estadounidense reconoció y se apoyó en diversas dictaduras latinoamericanas, fundamentalmente centroamericanas, flexibilizando el requerimiento “democrático” que otrora había exigido el Departamento de Estado. Con el estallido de la guerra de Corea, Estados Unidos logró alinear a los países de su amplio patio trasero, en el cual se había ilegalizado el comunismo y se lo perseguía cada vez más duramente. La Casa Blanca alentó la ruptura de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, en sentido inverso a lo que había hecho en los primeros meses del año 1945. En plena guerra de Corea, la Unión Soviética solo conservaba lazos diplomáticos con México, Argentina y Uruguay. Hacia 1950 se produjo además una reinterpretación de la doctrina Monroe. Así, se flexibilizó la “no intervención” que se había establecido en la carta fundacional de la OEA -luego de haberse votado en la Conferencia de Montevideo, en 1933-, aceptándose una “alternativa de intervención”, conocida como la “doctrina Miller” -quien era en ese entonces el secretario asistente de Asuntos Interamericanos de Truman-, que planteaba la creación de mecanismos de intervención multilaterales en caso de que un Estado americano fuera amenazado por la actividad política de fuerzas comunistas.
En forma paralela, se promovió un rearme en el continente y se establecieron pactos militares bilaterales. Sin embargo, como se verá, América Latina ofreció resistencias a los planes de Estados Unidos y, hacia 1952, distintos gobiernos preocupaban a Washington: el de Vargas en Brasil -que había regresado al poder con el apoyo del comunista Luís Carlos Prestes-, el de Perón en Argentina, el de Ibáñez del Campo en Chile, el de Paz Estenssoro en Bolivia -cuya llegada al poder, luego de un golpe militar que intentó desconocer su elección, había sido antecedida por una revolución con amplia participación obrera y campesina-, el de Velasco Ibarra en Ecuador, y el de Jacobo Arbenz en Guatemala, que impulsó una reforma agraria y un proceso de nacionalizaciones que afectaron a empresas estadounidenses, como la poderosa United Fruit Company.
En la propia campaña presidencial de 1952, el republicano Eisenhower denunció justamente que el gobierno de Truman carecía de una política hacia América Latina, con lo cual había descuidado a la región, generando descontento, la posibilidad de la expansión de los nacionalismos y el peligro de que esta situación pudiera ser utilizada por el bloque socialista para ampliar su influencia en América. Washington agitaba el fantasma del comunismo en América Latina, pero con el objetivo más concreto de aplacar la potencial radicalidad de los movimientos nacionalistas que afloraban en muchos países.
Ya electo Eisenhower, con Dulles como secretario de Estado, la Casa Blanca inició su cruzada en la región para combatir al nacionalismo emergente, en el marco de la Guerra Fría. La estrategia fue dar respuesta a ciertos reclamos de desarrollo económico, para aislar a los nacionalismos radicales y evitar cualquier potencial desarrollo de las tendencias revolucionarias. Siendo Eisenhower más pragmático y flexible, las bases y objetivos de la nueva política exterior hacia América Latina no diferían demasiado de los de su antecesor: combatir el comunismo, alentar el libre comercio y fomentar las inversiones extranjeras. Se mantenía la falta de apoyo o ayudas económicas directas. Más que la política del buen vecino, su punto de referencia era la doctrina Monroe (Immerman, 2010).
En pocos años, la política de Estados Unidos pareció conseguir sus frutos. La intervención del presidente republicano, al menos a principios de la década del cincuenta, fue en el sentido de aplacar el reformismo que presentaban algunos gobiernos latinoamericanos y que afectaban, en parte, a los intereses estadounidenses en la región. Claro que, poco después, durante el segundo mandato de Eisenhower, la situación cambiaría radicalmente, a partir del triunfo de la Revolución cubana en 1959, que marcaría un nuevo capítulo en la historia del continente latinoamericano y obligaría al gobierno estadounidense a cambiar de estrategia. A partir de ese proceso, la preocupación por el avance del socialismo en América pasó a primer plano, y el país del norte desplegó nuevas tácticas en el continente.
En síntesis, podemos decir que, luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos logró terminar de desplazar a las potencias europeas y erigirse como el poder hegemónico en América. Consiguió fortalecer el sistema interamericano, acordar en 1947 el TIAR y, un año más tarde, conformar la OEA. Esto lo logró con promesas de ayuda económica (mandatarios regionales reclamaban una suerte de Plan Marshall para América Latina), cuya concreción se fue postergando hasta que la Revolución Cubana instaló la Guerra Fría en la retaguardia estadounidense (aunque Washington ya había utilizado la excusa del peligro rojo para apoyar el golpe contra Jacobo Arbenz en Guatemala, en 1954). En los años sesenta, Estados Unidos desplegó hacia la región una política bifronte: el ambicioso programa de la Alianza para el Progreso (una promesa de ayuda por 20 mil millones de dólares) y a la vez el clásico intervencionismo militar, que incluyó un variado menú: invasión a Playa Girón, terrorismo y desestabilización en Cuba, con intentos de magnicidios, apoyo a golpes de Estado (el encabezado por Castelo Branco en Brasil, en 1964, fue el más significativo) y desembarco de marines (Santo Domingo, 1965). La Doctrina de Seguridad Nacional y las alianzas con militares golpistas fueron una constante en los años siguientes. Ya en la era Reagan, la Casa Blanca logró el apoyo de dictaduras latinoamericanas para la lucha contrainsurgente en Centroamérica.
La doctrina Monroe, el TIAR y la guerra de Malvinas
Un capítulo fundamental en el conflicto por Malvinas tiene que ver con el rol que jugó el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Ronald Reagan (1981-1989). La incorrecta lectura del contexto geopolítico global por parte del gobierno dictatorial encabezado por Leopoldo Fortunato Galtieri (1982-1983) explica en parte el fracaso en sus iniciativas diplomáticas y el desenlace del conflicto con el Reino Unido de Gran Bretaña. La dictadura argentina hizo, además, una errónea interpretación de las implicancias de la doctrina Monroe.
Desde el año 1980 Argentina se involucró más en los conflictos del continente. Colaboró con el golpe de Estado de Luis García Meza en Bolivia, participó en la lucha antisandinista en Nicaragua y profundizó los operativos en el marco del Plan Cóndor (coordinación entre las dictaduras latinoamericanas y la CIA para la persecución y el exterminio de miles de dirigentes políticos y sociales). En los seis meses que Galtieri ocupó la Casa Rosada, la relación con Washington atravesó dos etapas. La primera, desde diciembre de 1981 hasta el 2 de abril de 1982, se caracterizó por una fuerte cooperación bilateral y una acción conjunta en la lucha contra las fuerzas revolucionarias en América Central. La estrategia del canciller Nicanor Costa Méndez fue mostrar la sintonía entre la adscripción occidental y anticomunista de su jefe y la orientación conservadora de Reagan. La mejora en las relaciones con la Casa Blanca, en función de las necesidades estratégicas del Departamento de Estado, llevó erróneamente a creer que estas afinidades podrían ayudar al gobierno militar para buscar una solución diplomática una vez que se recuperaron por la fuerza las Islas Malvinas. Las pretensiones de Galtieri chocaron contra la histórica alianza Washington-Londres. La OTAN, y no el TIAR, fue la esperable elección de Estados Unidos. Galtieri no pudo contar con el apoyo de Reagan, quien intentó disuadirlo el 1 de abril para que no ocupara las Malvinas. Galtieri debió sobreactuar una política tercermundista, que no hizo sino profundizar las tensiones con Washington, hasta el final de la guerra, y su renuncia, en junio de 1982. El estallido del conflicto bélico con Gran Bretaña cerró la etapa de acercamiento bilateral iniciada a principios de los años ochenta.
En el marco de la mediación entre Gran Bretaña y Argentina, el gobierno estadounidense se involucró no bien estalló el conflicto. El mismo 2 de abril, apenas pasadas las 22 horas, hubo una conversación telefónica entre Reagan y Galtieri, en la cual el primero intentó convencer al segundo de que diera marcha atrás, con el argumento de que habría una respuesta militar británica. El embajador estadounidense en Buenos Aires, Harry Shlaudeman, cumplió un rol preciso en esos días frenéticos: “Durante la guerra, Shlaudeman no debió ser otra cosa que un correo eficiente. Era el encargado de asegurar que el presidente Galtieri atendiera el teléfono a Reagan o a Haig, y naturalmente tenía que tratar de minimizar los costos del apoyo norteamericano a Londres” (Granovsky, 1992, p. 147).
El secretario de Estado Alexander Haig inició, el 8 de abril, una gestión de mediación, que incluyó sendas visitas a Buenos Aires y Londres. Primero dijo querer persuadir a ambos gobiernos de intentar una administración provisoria y neutral, tras el retiro de las tropas argentinas, hasta que se resolviera la suerte de las islas. La comisión, que reemplazaría al gobernador, estaría integrada por representantes del Reino Unido, Argentina y Estados Unidos, quienes se encargarían de asegurar que se cumpliera el acuerdo de paz. No prosperó. Ni los británicos estaban dispuestos a ceder la soberanía -pretendían que se restaurara la administración previa al 2 de abril- ni los argentinos a retirar las tropas. Las gestiones de Haig, como era previsible, no llegaron a nada, tras lo cual regresó a Washington, el 19 de abril.
En el marco de esa suerte de mediación, el encargado de las relaciones exteriores de Estados Unidos llegó a Buenos Aires el domingo 11, acompañado por Vernon Walters, experto de la CIA en misiones reservadas. Galtieri insistió en el argumento de que el desembarco argentino estaba justificado por la negativa británica a responder a las disposiciones de la ONU, mientras que el canciller estadounidense reiteraba la disposición de Margaret Thatcher a una respuesta militar. La Plaza de Mayo desbordaba de gente, por una movilización que se había pergeñado para conmover al enviado de Reagan, lo cual ocurrió, pero no como esperaba la Junta Militar: “Haig recordó instintivamente la revolución iraní de 1979, con su alianza entre un líder fundamentalista y las masas en la calle, y Shlaudeman completó ese recuerdo con el de la toma de la embajada norteamericana en Teherán por parte de un grupo de extremistas islámicos. Ambos convinieron en que, preventivamente, el embajador enviaría de regreso a Washington a la mayor parte de su personal” (Granovsky, 1992, p. 148). Quedaron en la capital argentina solo los agregados militares y agentes de inteligencia.
Tras el fracaso de las visitas de Haig en su rol como mediador con Londres, hubo un último intento, ejecutado por el embajador estadounidense, de convencer a Galtieri de que retrocediera para evitar la represalia británica, horas antes de que Reagan blanqueara el apoyo a Thatcher. En la madrugada del 30 de abril, Shlaudeman se reunió durante dos horas con Galtieri, en la jefatura del Ejército, y le solicitó que retirara sus tropas de las islas: “Venimos sin instrucciones de la Casa Blanca, general. Queremos saber si hay alguna forma de evitar la confrontación fatal”. El dictador argentino aceptó planteárselo a los otros jefes de la Junta, según consta en documentos secretos desclasificados hace poco más de una década, pero el jefe de la Armada no habría aceptado. Horas más tarde volvieron a reunirse y Galtieri le transmitió al embajador estadounidense la respuesta negativa que ya le había adelantado la noche anterior: “La Argentina no puede tomar ese paso unilateralmente porque aparecería cediendo a la presión” (Alconada Mon, 2017). Horas más tarde, ese mismo día, Reagan anunciaba su apoyo a Thatcher -aunque Caspar Weinberger, al mando del Pentágono, ya brindaba en secreto apoyo logístico al Reino Unido-. Al día siguiente se iniciaría el bombardeo a Puerto Argentino y, el 2 de mayo, el brutal hundimiento del crucero General Belgrano.
La guerra de Malvinas mostró, además, los límites del TIAR. Para la mayoría de los países latinoamericanos, fue la muestra de que había dejado de funcionar de hecho. Tras la recuperación de las islas, y ante la inminente contraofensiva militar británica, el gobierno de Galtieri buscó el apoyo regional e invocó el TIAR. El artículo tercero establece que un ataque armado contra un Estado que integra este esquema de defensa debe ser considerado como un ataque contra todo el continente. La avanzada de la flota británica, según Costa Méndez, era una amenaza contra la paz continental y justificaba que se invocara el TIAR. Reclamó la aplicación del artículo 8, que planteaba el compromiso por parte de los países firmantes a tomar represalias económicas o diplomáticas conjuntas contra el país agresor, siempre que fuera aprobado por la mayoría de sus integrantes.
El 27 de abril de 1982 se produjo una reunión de la Comisión de Trabajo de la Conferencia de Cancilleres americanos, en la cual se aprobó la resolución que respaldaba la soberanía argentina en las islas, se exhortaba a Gran Bretaña a terminar urgentemente con las hostilidades y se reclamaba a las partes que se reanudaran las negociaciones para la solución pacífica del diferendo, a la vez que se repudiaban las medidas coercitivas de carácter económico y político que habían tomado la Comunidad Económica Europea y otros Estados, y que perjudicaban al pueblo argentino. Esta resolución fue aprobada con los votos de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Santo Domingo, Uruguay y Venezuela, pero con las significativas abstenciones de Chile, Colombia, Estados Unidos y Trinidad y Tobago. La ausencia en la sesión final del secretario de Estado Haig mostraba lo difícil que sería llevar a la práctica esa iniciativa, boicoteada por Estados Unidos.
La Junta Militar argentina pidió nuevamente la aplicación del TIAR en mayo, en rechazo a la ayuda que Estados Unidos estaba prestando a Gran Bretaña. En las reuniones de representantes americanos se acusó directamente al gobierno de Reagan de estar violando el pacto. Argentina volvió a obtener 17 votos favorables, y la abstención de los mismos cuatro países. Más allá de estas resoluciones, Argentina no logró que el TIAR se instrumentara para un apoyo concreto hacia su posición, tras lo cual ese pacto militar perdió toda legitimidad -no volvería a ser invocado hasta los atentados contra Estados Unidos, en septiembre de 2001-.
La negativa de Washington a permitir su aplicación muestra que el TIAR y la doctrina Monroe nunca sirvieron para resolver conflictos que no estuvieran vinculados directamente con los intereses y directivas de la Casa Blanca. Por eso, el Pacto de Río nunca se hizo efectivo para dirimir controversias limítrofes entre países latinoamericanos (como la de Honduras y El Salvador, en 1969) o conflictos coloniales, como el de Malvinas. Esto, entre otros motivos, llevaría a varios países de la región a plantear la necesidad de terminar con el TIAR, un instrumento propio de la etapa de la guerra fría.
Conclusiones
En este presente de feroz disputa a nivel global, es crucial analizar la historia y actualidad de la relación entre Estados Unidos y Nuestra América, que desde hace 200 años los gobiernos de esa potencia consideran como su esfera de influencia natural. En el presente artículo repasamos, a través del análisis de algunos procesos, el significado y los matices que fue adquiriendo la doctrina Monroe desde 1823, en particular durante la guerra fría, y cómo fue reaccionando la Argentina, muchas veces distante de las pretensiones hegemónicas continentales de Estados Unidos.
A lo largo de la historia, las políticas de Estados Unidos hacia el sur del continente, desde que abandonaron las invasiones abiertas con marines en pos de la buena vecindad, se nutrieron de dos componentes: zanahorias y garrotes. Promesas de ayuda financiera, concesiones comerciales, inversiones e intercambios académicos convivieron históricamente con amenazas, desestabilizaciones, sanciones económicas y apoyos a militares golpistas. Así, para conseguir aprobar el TIAR en 1947, se prometió una suerte de Plan Marshall para América Latina. Para lograr los votos que permitieran expulsar a Cuba de la OEA, se lanzó la Alianza para el Progreso.
Como repasamos en el presente artículo, en la etapa de la guerra fría el TIAR fue funcional a las directivas del Pentágono y operó como un mecanismo de subordinación política y de penetración en las fuerzas armadas de Nuestra América, a las que se financió, vendió armamento y adoctrinó para que adscribieran a la Doctrina de Seguridad Nacional y protagonizaran golpes de Estados. Como se demostró en los casos de Guatemala, Cuba y Santo Domingo, el esquema de defensa fue un instrumento de las políticas que la Casa Blanca procuró imponer en la región. En la década de 1970 se lograron introducir algunas reformas, pero la verdadera cara del TIAR se conoció durante el conflicto de Malvinas, cuando Estados Unidos se alineó con Gran Bretaña y boicoteó la aplicación del mismo. A partir de ese entonces, el final de la guerra fría parecía mostrar la caducidad del TIAR, pero el gobierno de Bush volvió a invocarlo justo cuando uno de sus aliados, el gobierno de México, planteaba que era inútil y obsoleto. El ímpetu intervencionista que se enmascaró en la “guerra contra el terrorismo” no pudo contrarrestar la nueva correlación de fuerzas regional, que produjo no sólo la derrota del ALCA, sino también la consolidación de nuevas formas de integración, coordinación y cooperación política entre los países de Nuestra América. Entre otras cuestiones, varios países del ALBA plantearon la necesidad de abandonar el TIAR, promesa que cumplieron entre los años 2012 y 2014. Además, en el marco de la UNASUR, se creó el Consejo de Defensa Suramericano, con una impronta distinta a la del Tratado firmado en 1947.
El rol de Argentina fue fundamental en la resistencia a la imposición de doctrina Monroe antes, durante y después de la guerra fría: puso límites a las agresiones contra Guatemala, Cuba y Santo Domingo, procuró reformar la OEA en los setenta y mostró, durante el conflicto de Malvinas, la verdadera naturaleza del TIAR. Esa oposición registra tempranos antecedentes que abordamos en el artículo: las tensiones en la etapa de las guerras de independencias, la oposición argentina al panamericanismo impulsado por Blaine y las resistencias a adoptar el corolario Roosevelt de la doctrina Monroe. Esa tradición histórica fue retomada en el presente siglo, en la crucial Cumbre de las Américas de 2005, en Mar del Plata, cuando se le dijo NO al ALCA, el proyecto de dominación continental impulsado por Estados Unidos.
Este nuevo contexto exige a nuestros países que avancen en la coordinación con sus vecinos para proponer un abandono conjunto del TIAR. Mucho más teniendo en cuenta que uno de los casos emblemáticos citados por quienes lo denunciaron es el de Malvinas. Luego de la guerra, hubo algunos planteos en Argentina sobre la necesidad de abandonar el TIAR. Es quizás el momento más oportuno para retomar la iniciativa que ya implementaron México, Bolivia, Venezuela, Ecuador y Nicaragua.
Como ocurrió a lo largo de todo el siglo XX, Estados Unidos no cejará en su política intervencionista en la región, que incluye concesiones y agresiones. Hoy conviven los ofrecimientos -acuerdos de libre comercio, inversiones, asistencia financiera-, con las amenazas para quienes confronten con los intereses de Washington: red de bases militares de nuevo tipo, desestabilización de los gobiernos bolivarianos, espionaje contra presidentes latinoamericanos, presión a través de las grandes corporaciones de prensa, financiamiento a grupos opositores a través de ONGs, quita de beneficios comerciales. Estados Unidos necesita restablecer la legitimidad e influencia que supo tener la OEA en la posguerra, una institución que fue, la mayor parte de las veces, funcional a su estrategia de dominio y ordenamiento regional.
La histórica estrategia de fragmentar la unidad latinoamericana, aún vigente, enfrenta serios desafíos. El ALBA, como proyecto de integración alternativa, y la UNASUR y la CELAC, como herramientas de coordinación y concertación política entre los países de Nuestra América, son una manifestación de la menguante hegemonía estadounidense. Superar la concepción de la defensa y la seguridad que planteaba el TIAR es fundamental para potenciar la autonomía regional. A 200 años de la doctrina Monroe, y en un momento de intensa disputa global, es fundamental entender la matriz de la política de Estados Unidos hacia el resto de lo que despectivamente llaman su “patio trasero”, y diplomáticamente el Hemisferio Occidental. La doctrina se yergue como uno de los obstáculos para las posibilidades de emancipación regional. Es una tarea intelectual fundamental, en una época de profundas transformaciones geopolíticas, entre las que destacan el declive estadounidense -ya no ostenta la hegemonía global que supo construir en la segunda mitad del siglo XX- y el ascenso de Asia-Indo-Pacífico, con China a la cabeza, reconfigurando un mundo más multipolar, en el que América Latina y el Caribe son cada vez más disputadas. Es un momento para que la región despliegue una estrategia de inserción internacional y de relación con Estados Unidos abandonando el esquema de sometimiento que dispuso la doctrina Monroe. Un paso en ese sentido, entonces, sería abandonar el TIAR y avanzar con mecanismos propios de defensa regional. En ese sentido, la historia ofrece algunos ejemplos de cómo sería posible repensar, y poner en práctica, una relación no subordinada con el gigante del Norte. El proyecto bolivariano de la patria grande, que fue la contracara del que planteó Monroe hace 200 años, plantea la necesidad de construir una estrategia continental, tendiente a ampliar la autonomía regional, en función de revertir las asimetrías históricas que padecen nuestros pueblos.
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Notas