Introducción

El interés por la relación que existe entre la educación superior y el mercado de trabajo, particularmente en la inserción laboral de los egresados, es compartido por diversos actores de la sociedad. Los estudiantes y sus familias quieren saber cuáles son los beneficios potenciales de ingresar a la universidad, o al menos saber “a qué le tiran” con la elección de determinada carrera. Los actores políticos están interesados en conocer el resultado de la inversión de recursos públicos en la educación superior, con la finalidad de apoyar los programas existentes o bien de fomentar la creación de nuevas propuestas formativas. Las instituciones de educación superior (IES) necesitan tener el pulso del mercado laboral para verificar la vigencia de sus planes y programas de estudio, y determinar si las habilidades y conocimientos desarrollados por sus estudiantes están siendo valorados por el sector productivo. Las instituciones privadas, y en algunos casos también las públicas sobre todo de reciente creación, están urgidas de mostrar los beneficios de ingresar a sus planteles, entre ellos el éxito de sus profesionistas en el ámbito laboral. Las autoridades educativas a diferentes escalas del sistema, en tanto garantes de la calidad educativa, requieren tener información sobre la pertinencia de las carreras ofertadas, tarea que se ha realizado en años recientes a través de mecanismos de evaluación y acreditación (ciies, copaes), que incluyen el seguimiento de egresados entre los indicadores de calidad. Finalmente, desde la academia, con los economistas a la cabeza pero con contribuciones importantes desde la sociología, la psicología y desde luego las ciencias de la educación, se puede observar un interés continuo y creciente por comprender el impacto de la educación superior en el empleo a través de una serie de indicadores sociales, económicos, culturales y, más recientemente, de bienestar individual entendido de manera integral.

Sin embargo, a pesar de la importancia de tener datos sobre este fenómeno y de que existe una larga tradición de investigación sobre la relación entre educación y trabajo, con pioneros desde los años ochenta como María de Ibarrola y Carlos Muñoz Izquierdo, no contamos todavía con un sistema nacional de información sobre la inserción de los egresados de educación superior (tampoco existe para otros subsistemas, como el de media superior, pero en este artículo nos concentramos exclusivamente en la educación superior). Esta situación ha provocado que, para satisfacer la demanda de información, los diferentes actores interesados en esta problemática tengamos que recurrir a fuentes de información parciales o, en todo caso, limitadas desde un punto de vista comparativo. Después de hacer un breve repaso sobre algunos conceptos fundamentales para entender la relación entre educación superior y trabajo, haremos un recuento de las fuentes de información disponibles actualmente para abordar esta problemática, para posteriormente finalizar con la puntualización de algunos de los principales retos a que se enfrenta nuestro país de cara a la creación de un sistema de información sobre egresados de educación superior.

Educación y trabajo: conceptos básicos

La relación que existe entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo, particularmente el trabajo productivo, es un campo fértil para la controversia y el debate ideológico sobre el papel que deben jugar ambas dimensiones de la vida social. Antes que entenderla como una relación mecánica, la evidencia apunta a que se trata de un fenómeno con más preguntas que respuestas (De Ibarrola, 2010). En términos generales, es importante reconocer que, por un lado, los fines de la educación van más allá de las necesidades del mercado de trabajo y, por otro, que las empresas no dependen exclusivamente de la educación para formar a sus empleados o a los emprendedores y empresarios que las dirigen. Por tanto, si damos por buenas estas dos premisas, la política educativa se tendría que distanciar del “enfoque proveedor-cliente”, que asume la existencia de un “cliente” –las unidades productivas– que tendría información completa, específica, y actualizada sobre los requerimientos de sus puestos de trabajo actuales y futuros, y un “proveedor” –el Estado, a través de la provisión directa y/o la regulación del servicio educativo privado– que dotaría en tiempo y forma de una fuerza laboral preparada para cubrir las necesidades del mercado de trabajo (Planas, 2014). Ahora bien, suponiendo que desde el sector productivo se tuviera plena certeza del tipo de formación que requieren los futuros empleados, algo que creemos resulta problemático, particularmente entre las empresas de tamaño micro o pequeño que concentran la mayor parte del volumen de empleo en México, habría un desfase natural entre el momento en que se requieren los perfiles y el tiempo que toma al sector educativo la formación de los futuros trabajadores. Además, cuando se asume esta postura se suele ignorar el potencial de innovación que los recién egresados representan para las empresas, el llamado “efecto oferta” (Béduwé y Planas, 2002).

Desde un punto de vista teórico, con la aparición y auge de la teoría del capital humano (tch) en los años sesenta (Becker, 1964; Schultz, 1972), se creó una percepción generalizada sobre los beneficios económicos que la educación traería a la sociedad. Si bien se trata de una promesa que se cumple en términos generales –a mayor educación mayores ingresos–, pronto se descubrieron debilidades de la teoría a partir de la evidencia empírica (Bonal, 1998;Klees, 2016). Como alternativa han surgido otros planteamientos teóricos que han intentado dar cuenta de fenómenos que la tch no logra explicar: el credencialismo (Collins, 1989), la teoría de la señalización (Thurow, 1983), la teoría del filtro (Arrow, 1973), la teoría de la correspondencia (Baudelot y Establet, 1987; Bowles y Gintis, 1983) o la teoría de la segmentación del mercado de trabajo (Piore, 1983). Los autores que proponen estas teorías abrieron el debate para pensar en la influencia de elementos no económicos tales como la influencia de la clase social, la edad, el género, la ubicación geográfica, la especialidad de formación, la raza o etnia, o el periodo económico analizado, entre otras variables que vuelven heterogéneos los beneficios que la educación aporta, tanto desde un punto de vista individual como colectivo.

Otra arista del debate sobre educación y trabajo radica en el grado de adecuación que guarda la oferta de egresados con la demanda de trabajo. Como fruto de años de investigación comparativa a nivel internacional, Planas (2011, 2014) hace una fuerte crítica a los “enfoques adecuacionistas” que pretenden, desde un punto de vista más normativo que empírico, encajonar las especialidades y/o niveles de formación con las especialidades de trabajo como indicador de éxito en el mercado de trabajo. El autor es contundente en señalar que la pregunta no debe estar centrada en el grado de adecuación predefinida a priori de manera normativa, sino en la evaluación de las situaciones reales de trabajo en las que los egresados aplican las competencias adquiridas en la formación:

En la realidad, sin establecer correspondencias predefinidas, observamos que las personas son aptas para diferentes tipos de empleos, con pocas restricciones respecto a la especialidad de formación inicial y, simétricamente, la mayor parte de los empleos pueden ser desempeñados por personas que han recibido diversos tipos y niveles de formación (Planas, 2014: 97).

En el mismo sentido, De Vries y Navarro (2011) afirman que estamos frente a una especie de “ambiente bipolar”, en el que por un lado existe un optimismo indiscriminado sobre los beneficios de la educación para el progreso social y, por otro, se observa un pesimismo que pone el acento exclusivamente en los problemas que ciertos egresados tienen para insertarse en el mercado de trabajo, o bien en los empresarios que no encuentran candidatos suficientemente preparados para ocupar sus vacantes (Bolio et al., 2014; Mourshed et al., 2013; cidac, 2014). Desde nuestro punto de vista, esta dinámica bipolar está alimentada, entre otras cosas, por la falta de información sólida y sistemática sobre el fenómeno, lo cual deja lugar a interpretaciones que muchas veces están basadas en premisas de tipo ideológico. Una revisión periódica de la prensa es un buen indicador para tomar el pulso de la percepción, normalmente pesimista y en ocasiones sesgada, que existe sobre un fenómeno tan complejo como el que hemos apuntado hasta aquí.¹

Fuentes de información sobre la inserción laboral de egresados universitarios

Antes de revisar las fuentes de información que dan cuenta de la inserción laboral de los universitarios en México, es importante identificar estos datos dentro de un marco más amplio acerca de la relación entre educación superior y mundo del trabajo. De forma analítica, Brenan et al. (1996) proponen tres dimensiones: una dimensión de la educación superior que es “relevante para el trabajo” (relevant to work), otra dimensión del trabajo que es “relevante para la educación superior” (relevant to higher education) y otra distinta en la que se analiza el cruce entre ambas dimensiones, “vínculos entre educación superior y trabajo” (linkages between higher education and work). En la Tabla 1 pueden observarse los componentes que integran cada una de las dimensiones y se puede identificar que, si bien se trata de una distinción analítica, la inserción laboral de los egresados se inscribe dentro de la dimensión del trabajo que está relacionada con la educación superior. Esto significaría que el acento en el análisis de la inserción debería ponerse desde el lado de la demanda, y no desde el lado de la oferta.

Tabla 1
Relación entre educación superior y trabajo
Brennan et al., 1996, p. 2. Traducción propia.

La información sobre el resultado que obtienen los egresados universitarios es importante, entre otras cosas, porque es un mecanismo que permite estrechar la distancia –sin pretender ingenuamente su desaparición– entre la oferta educativa y las necesidades del mercado laboral. De acuerdo con Grubb y Lazerson (2006), el acceso a la información, junto con la conexión directa entre escuelas y lugares de trabajo y el reforzamiento de los sistemas de certificación de competencias, serían tres mecanismos privilegiados para conseguir un mejor entendimiento entre educación y trabajo.

Por otro lado, cuando se trata de tener información sobre el destino laboral de los profesionistas en México, la fuente principal a la que se suele recurrir es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), que es responsabilidad del inegi. El objetivo de la enoe es tener un panorama amplio sobre la fuerza laboral del país, por lo que existe una representación agregada de diferentes colectivos en torno a variables como edad, sexo, nivel educativo, situación laboral, condiciones laborales, prestaciones, etc. Una primera consideración es que la enoe no está diseñada para tener información específica sobre colectivos en particular, como sería el caso de los egresados universitarios. Esta es una limitación importante, porque una práctica generalizada de los estudios de egresados es considerar a una cohorte de egreso de referencia, misma que es medida en su inserción en un rango que va normalmente desde el año hasta los cinco años después de haber terminado los estudios (Teichler, 2003). Es decir, a partir de la enoe se puede tener una aproximación a la realidad laboral del conjunto de profesionistas de todas las edades, independientemente del año en que las personas terminaron los estudios universitarios. La alternativa que utilizan algunos investigadores para analizar la inserción laboral es tomar a los profesionistas más jóvenes, por ejemplo, menores de 30 años, como proxy de las generaciones recién egresadas, dado que no existen muestras representativas por edades en particular. Esta situación deja de lado la posibilidad de analizar, por ejemplo, qué pasa con los universitarios que terminaron sus estudios fuera de las edades típicas, para observar el efecto que el haber obtenido un título universitario tuvo en sus trayectorias laborales.

En segundo lugar, y no menos importante, la enoe no contiene muestras suficientemente representativas por carreras. Si bien hubo un avance considerable en los últimos años con la incorporación de la variable “carrera” a la encuesta, desde un punto de vista estadístico no existe la certeza de que los universitarios encuestados sean representativos de lo que pasa con el resto de los egresados de su misma profesión. Aun así, esta situación no ha sido obstáculo para que se elaboren investigaciones y reportes² sobre resultados específicos de inserción laboral por carrera, que ofrecen a los jóvenes y a sus familias una alternativa remedial a la ausencia de información más precisa sobre el desempeño laboral de las carreras existentes en el sistema educativo. Pero es necesario enfatizar que se trata de panoramas generales sobre el mercado laboral de profesionistas, que no proporcionan información sobre procesos específicos de inserción, sobre la utilización de las competencias desarrolladas durante los estudios, o aspectos más subjetivos como la satisfacción con el empleo o con la formación recibida, aspectos todos que suelen formar parte de encuestas de seguimiento de egresados.

La segunda fuente de información que existe para dar cuenta de la inserción laboral de los universitarios son precisamente los estudios de egresados que realizan las universidades por iniciativa propia, de la mano de procesos de evaluación y acreditación por organismos externos (ciies, copaes). En este sentido, la anuies desempeñó un papel importante como impulsor de estos estudios desde finales de los años noventa, mediante el establecimiento de un “Esquema básico para estudios de egresados” (anuies, 1998) que, no obstante ser una recomendación a la cual las instituciones pueden o no adscribirse, continúa siendo el documento base para el seguimiento de egresados en muchas ies del país. Aun así, dada la complejidad del arreglo institucional que existe en nuestro sistema de educación superior, los seguimientos de egresados se realizan con metodologías diversas, con resultados desiguales y suelen ser poco transparentes de cara a la sociedad. Lo que se puede encontrar al hacer una revisión de la literatura, suelen ser reportes o investigaciones sobre universidades o carreras específicas (ver los estados del conocimiento que publica cada diez años el comie: Barrón, 2003; Reynaga y Ruiz, 2003; Márquez et al., 2013), o en el mejor de los casos, estudios más ambiciosos como el proyecto proflex (De Vries y Navarro, 2011) que no ha tenido réplicas posteriores. Desde luego, los datos que se pueden rastrear de estas investigaciones distan mucho de poder constituirse como información sistemática y comparable desde el punto de vista temporal, institucional o geográfico. Para tener un parámetro, cuando hablamos de un sistema de información sistemático y comparable, nos referimos a experiencias como las de Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña o, desde una escala regional, Cataluña.³

Conclusión: algunos retos ante la creación de un sistema nacional de seguimiento de egresados

La configuración del sistema mexicano de educación superior nos hace pensar que un sistema nacional de información y seguimiento de egresados puede resultar una tarea imposible de materializarse. Entendemos los retos a los que se enfrenta un sistema que cuenta con casi cuatro mil instituciones de educación superior, más de seis mil planteles y que oferta casi 34 mil carreras de educación superior, incluyendo licenciaturas y posgrados (sep, 2017). Además, para añadir un dato más de la complejidad de nuestro sistema de educación superior, existe una división en tres grandes grupos, más o menos semejantes en términos de los estudiantes a los que atienden: educación superior pública federal, educación superior pública estatal y educación superior privada. Aun así, la experiencia internacional indica que, cuando existe voluntad y consenso para reconocer las ventajas que aporta al país la existencia de un sistema de información robusto, la tarea se vuelve posible. En concreto, proponemos dos aspectos que podrían discutirse, desde la política pública intersectorial, para la creación de un eventual sistema nacional de información de egresados.

• El financiamiento. El seguimiento de egresados y el procesamiento de la información es un proceso costoso. Por lo tanto, se trata de uno de los escollos principales al que se enfrenta un sistema de información sobre egresados universitarios. Ante este reto, la evidencia internacional muestra que esquemas como la financiación colectiva por parte de las ies, pero gestionado por una institución que centralice la inversión, podría ser una solución óptima. Las ies ya invierten sumas importantes en tener oficinas y/o encuestas de seguimientos de egresados, por lo que las universidades podrían aportar una parte de ese presupuesto para la creación del sistema.

  El acceso a los registros sobre egresados. En términos generales existen dos vías posibles para identificar a los egresados: encuestas a hogares y encuestas a partir de datos de registro de egresados. En el primero caso estamos pensando en la elaboración de una encuesta nacional, que podría materializarse por ejemplo como un módulo adicional a partir de una muestra de la enoe (similar al módulo enilems sobre egresados de educación media superior, levantado en 2010 y en 2012). Esta estrategia tendría que ser fruto de una decisión centralizada desde el Estado y, dados los recortes presupuestales de los últimos años, no se vislumbra como un escenario viable. En el segundo caso, nos referimos a estudios que utilicen los datos de contacto de los egresados recogidos por las propias ies. Es decir, cada institución aportaría datos de una muestra seleccionada de egresados para que la instancia que centralice el sistema busque a los propios egresados. Aquí, uno de los retos a sortear es el manejo de la información privada de los egresados, y la desconfianza que se ha generado en los últimos años a partir del aumento de la violencia generada por el crimen organizado. Por lo tanto, una solución intermedia sería lograr generar incentivos suficientes para que, por un lado, las ies lleven a cabo estudios de egresados comparables, a partir de metodologías semejantes y con fechas de aplicación consensuadas y, por otro, que compartieran la información de sus estudios con el resto de actores del sistema.

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Notas