Reseña

En la indiferencia casi generalizada,¹ la universidad muere a fuego lento. Haciendo suya una antífona formulada por la OCDE y el Banco Mundial, la unión europea se lanzó desde el inicio de los años 2000 en la promoción de una “economía del conocimiento” en la cual la universidad está obligada a volverse una empresa “competitiva” al servicio del crecimiento económico. Este movimiento se ha acelerado en Francia desde la adopción de la mal llamada Loi Relative aux Libertés et Responsabilités des Universités (LRU) votada sigilosamente en el veraro de 2007, no obstante una oposición masiva de la comunidad universitaria. En todo caso, reconozcamos que, sea cual sea el país considerado, una misma lógica está en acción desde hace varias décadas y consiste en la introducción de mecanismos de mercado en la universidad. La difusión de la ideología neoliberal en un espacio que hasta entonces estaba al abrigo de su influencia conduce a transformaciones profundas que impactan fuertemente la investigación, la formación e, in fine, el funcionamiento de la universidad en su conjunto.

La esencia misma de la ciencia radica en la libertad total de los investigadores para elegir su objeto de investigación y para llevar a cabo sus investigaciones de manera independiente. Hoy es inevitable constatar que ya no es el caso, y es así por múltiples razones.

En primer lugar, la investigación está cada vez más sometida a los criterios del mundo económico. Para alcanzar la “excelencia” –cuyo indicador pueril es la clasificación de Shanghai – conviene mimetizar el modelo desigual anglosajón y renunciar a las fortalezas propias. Nuestro sistema de investigación, históricamente basado en el financiamiento público continuo que asegura una previsión de largo plazo y ofrece la posibilidad de correr riesgos, cada vez más cede el lugar a la investigación condicionada por las agencias de financiamiento y las convocatorias. El resultado de esa carrera hacia la “excelencia” es poco edificante ya que justifica la precarización del mayor número. Los financiamientos se concentran en un pequeño número de proyectos –L´Agence Nationale de la Recherche (ANR), por ejemplo, financia solamente 10% de los proyectos que le son sometidos–² y por cortos periodos de tiempo (generalmente tres años), lo que conduce a producir una investigación cada vez más homogénea y empobrecida, constantemente presionada para producir resultados económicamente rentables. Albert Fert, premio Nobel de física 2007, reconoce de hecho que semejante sistema no le habría permitido financiar trabajos que entonces no estaban “de moda” pero que han abierto la vía a progresos de gran envergadura.

La investigación financiada por proyecto tiene otro sesgo importante. Someter un proyecto requiere, por lo general, varios meses de trabajo; tiempo restado a las actividades de enseñanza e investigación para las cuales el profesor-investigador es remunerado. Frente a estos procedimientos siempre más complejos, ahora de manera específica se contrata a gestores cuyo cometido es ayudar en la elaboración de proyectos, lo que representa un primer criterio de selección dado que las universidades que pueden hacerse de un equipo de “elaboradores de proyecto” tienen claras ventajas en la competencia por el financiamiento respecto de las que no. Para seleccionar los mejores proyectos son necesarios los evaluadores, tarea realizada por los mismos universitarios y que de nuevo resta a su tiempo de investigación. Finalmente, para los felices ganadores de lo que se asemeja a una lotería, conviene redactar un sinnúmero de informes para justificar la pertinencia de la utilización de los fondos obtenidos, permitiendo así a las agencias administradoras de fondos de producir sus propios informes para mostrar la eficacia con la cual el dinero público es utilizado… Así es como, con el fin de volver la universidad más eficaz, las recetas neoliberales conducen a la burocratización creciente sumada a una pérdida de autonomía de los universitarios.

Otro problema concierne a la difusión de la investigación. Si bien existen numerosas plataformas para publicar, la mayoría de las disciplinas no valoran más que la investigacion publicada en las revistas científicas. En el caso de la economía, la que mejor conocemos, el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) y el Haut Conseil de l´Evaluation de la Recherche et de l´Enseignement Superieur (HCERES) van hasta establecer una clasificación jerarquizada de revistas, conduciendo así a privilegiar las revistas alineadas con la corriente de pensamiento mainstream y a abandonar (al atribuirles una nota menos buena) las revistas que no se inscriben en dicha corriente de pensamiento; esto conduce de facto a poner en peligro la renovación del pensamiento económico al obstaculizar toda crítica interna.

Finalmente, poner a competir a las instituciones de educación superior conlleva la jerarquización de las universidades en función del lugar que ocupan en los rankings internacionales.

Esta puesta a competir justifica, en Francia, la creación de nichos de excelencia y el agrupamiento (o la fusión) de universidades con el fin de que al ser más grandes éstas mejorarían sus posiciones en el ranking mundial de universidades y así atraerían tanto a los mejores estudiantes como a los mejores investigadores. Más allá de lo poco adecuado que resulta guiarse por los rankings internacionales, cuyos criterios sesgados privilegian por definición a las universidades anglosajonas,³ éstos contribuyen sobre todo a la creación de un sistema universitario de dos velocidades: por un lado están algunos establecimientos visibles a nivel internacional y que permiten afirmar que la universidad francesa goza de buena salud mientras que, por el otro lado, la mayoría de ellas batallan con recursos cada vez más limitados.

Las recientes reformas en la enseñanza superior tienen también importantes impactos sobre los estudiantes y sobre la naturaleza misma del servicio educativo que reciben. La independencia y el desinterés, que constituyen el ADN de la universidad, son más que nunca sacrificados en aras de las “oportunidades económicas”. El acento está puesto en la “oferta de formación”, cuyo objetivo ya no es despertar la inteligencia sino ser “útil”. Poco a poco, la adecuación a las “necesidades del mercado de trabajo” remplaza el espíritu crítico en tanto las “competencias profesionales” remplazan los conocimientos en el diseño curricular. Se nos propone tanto la adquisición de un conocimiento concebido como un bien público como la acumulación de “capital profesional”, los estudiantes tienden a volverse clientes y el conocimiento una mercancía. La individualización de las trayectorias de los estudiantes son parte de esa evolución en la que la inserción profesional y la empleabilidad parecen ser más importantes que la coherencia pedagógica.

En el marco del proceso de Bolonia, la adopción de una organización armonizada de los estudios en el ámbito europeo de tipo LMD (licenciatura - maestría - doctorado) tiene como objetivo dar forma a un mercado de la educación superior al interior del cual los estudiantes son incitados a racionalizar sus trayectorias educativas al comparar los costos y beneficios y las diferentes opciones que se les ofrece. La lógica económica subyacente es la de la teoría del capital humano según la cual el alargamiento de los estudios es resultado de una comparación entre el costo de éstos y los beneficios esperados en el mercado de trabajo.

Esta situación es también perfectamente ilustrada por la introducción creciente de las cuotas de inscripción en numerosos países (Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, etc.). Los estudiantes se vuelven entonces clientes que invierten en su capital humano al contratar un préstamo con miras a ganancias económicas individuales futuras, según un cálculo de tipo costos-beneficios. Frente a la retirada del Estado y a pesar de todos los desmentidos actuales, la vía adoptada condena al estudiante-cliente a hacerse cargo de una parte cada vez más importante del costo de su formación. Así, frente a la crisis sin precedente que conoce la universidad francesa, algunas voces se alzan para reclamar un aumento de las cuotas de inscripción, a la manera de las derogaciones ya concedidas a la Universidad Paris-Dauphine, a las Écoles des Mines y a las de los Telecom o, más recientemente, a la École Polytechnique y a la Toulouse School of Economics. Presentadas como capaces de resolver todos los males de la universidad, las cuotas de inscripción contribuirían a volver el sistema más equitativo, a motivar a los estudiantes y a responder a las necesidades de financiamiento de los establecimientos. Basta detenerse en el caso de la Universidad Paris-Dauphine para darse cuenta de que esas cuotas, que son generadoras de mecanismos de segregación social entre estudiantes, no contribuyen a generar estudiantes mejor formados. En cuanto a la cobertura de las necesidades de financiamiento supuestamente inducida por dichas cuotas, basta mirar lo que pasa en los países que han introducido cuotas de inscripción elevadas para darse cuenta de que siempre y en todos lados el aumento va acompañado de una reducción significativa del gasto público. A manera de ejemplo, en 2012, la triplicación de las cuotas de inscripción en Inglaterra, acompañada de una disminución de más de 40% en las subvenciones a los establecimientos, cuesta actualmente más cara al Estado que el antiguo sistema; es así debido al aumento de la tasa de garantía sobre los préstamos estudiantiles para los cuales el Estado funge como aval. Por cierto, estas cuotas de inscripción tienen efectos dramáticos sobre la enseñanza, porque conducen a analizar las relaciones entre estudiantes y universidades como relaciones entre clientes y proveedores, transformando de facto la naturaleza misma de la educación.

Son también inequitativas e ineficientes porque constituyen una barrera para el ingreso en el nivel superior de algunos estudiantes y modifica las elecciones de carrera y el acceso a ciertas oportunidades al egreso. En Alemania, por ejemplo, se han dado cuenta de que a nivel escolar equivalente, el aumento de las cuotas de inscripción ha conducido a los estudiantes de origen social modesto a cambiar sus eleciones privilegiando las formaciones profesionales en detrimento de las carreras generalistas. En los Estados Unidos, el aumento de las cuotas ha llevado a los estudiantes a cambiar sus elecciones de carrera privilegiando los empleos privados y bien remunerados en detrimento de los empleos públicos. Además, la deuda estudiantil, cuyo volumen ha superado los 1.2 billones de dólares en los Estados Unidos, amenaza con generar una crisis económica de alcance mundial en los próximos años.

Aparte de la introducción de cuotas de inscripción, uno de los últimos cerrojos contra la mercantilización de la educación en Francia radicaba en el carácter nacional de los diplomas. Sin embargo, es inevitable constatar que esta situación es cada vez más cuestionada con la proliferación de diplomas otorgados por universidades de paga, ligados a estudios de tipo Master, que permiten dar la vuelta al reglamento relativo a las cuotas de inscripción y, por ende, de elevar éstas a proporciones considerables.

En este entorno cada vez más competitivo en el cual conviene buscar la “excelencia”, es de buen tono denunciar el “arcaísmo” y la “inadecuación” de la formación universitaria y promover una gestión administrativa de las universidades a fin de volverlas rentables.⁴ Los presidentes de universidad se transforman en verdaderos directivos de empresa (remunerados como tales). Los estímulos individuales se multiplican e instauran una competencia generalizada entre los universitarios, los laboratorios y las universidades, siendo el objetivo atraer a los mejores investigadores y los mejores estudiantes.

Para hacer aceptar un sistema que una gran mayoría de la comunidad universitaria rechaza, una gobernanza basada en el miedo se instala y utiliza la “crisis” para organizar la precarización del personal y obtener una mayor docilidad. Hoy, un investigador y un docente-investigador de cada dos es precario. Y, contrariamente a la propaganda oficial, la precarización, presentada como “flexibilización” de un sistema demasiado rígido, es la condición del deterioro de las universidades (y no su efecto).

Con todo, no estamos condenados a una lógica mortífera que conduzca a una mercantilización creciente de la enseñanza superior y de la investigación. Negarse a malvender el futuro de nuestra juventud y, por consiguiente, el del país entero, supone aumentar significativamente el gasto público en estos terrenos. ¿Es imposible? Pero, países como Dinamarca y Finlandia tienen un nivel de gasto público en la educación superior, que alcanza 1.9% del PIB contra el 1.3% en Francia. En oposición a un régimen en el cual el estudiante se endeuda para invertir en su propio capital humano con miras a obtener un rendimiento privado, los países del norte de Europa han desarrollado un modelo de financiamiento alternativo en el cual los estudiantes son pagados durante sus estudios mediante la contribución de todos los ciudadanos. En ese modelo, la educación no es vista como una actividad económica con salidas únicamente privadas, sino como un vector de emancipación intelectual que tiene ante todo rendimientos colectivos y que por ende debe, de hecho, recibir apoyo de la colectividad en su conjunto. Si no existe un modelo ideal, sería útil realizar una reflexión en este sentido si se desea favorecer una enseñanza superior que promueva la equidad y la igualdad de oportunidades y cese de ser un agente de reproducción social.

Aumentar los recursos otorgados a la enseñanza superior y a la investigación es un primer paso pero evidentemente no es suficiente. La desaparición de las grandes escuelas,⁵ la adopción de cuotas para los egresados de bachilleratos tecnológicos y profesionales en los IUT,6 la suspensión de la entrega de recursos públicos a los establecimientos privados de enseñanza superior o aun la exclusión de las empresas de los consejos de administración de las universidades son otras tantas pistas que hay que analizar para devolver a la universidad sus cartas de nobleza

¡Tengamos el valor de llevar a cabo una política ambiciosa en la materia!

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