Editorial
Los momentos que vive la educación en México son apremiantes, pues más que discutir el proyecto nacional para la formación deseable de las nuevas generaciones, la atención general y la opinión pública se focalizan en el sostenido conflicto de los maestros agrupados en la CNTE que rechazan la Reforma Educativa promulgada a principios del presente sexenio. Esta situación rebasó el plano educativo para poner de manifiesto un conflicto social en el cual se muestra la incapacidad del gobierno federal para negociar y lograr acuerdos sobre la modificación de un proyecto que impuso en el ámbito nacional
El conflicto entre el gobierno federal y los maestros del CNTE se ha sostenido a lo largo de tres años, desde la aparición de la Reforma Educativa y, bajo las condiciones actuales, no se muestra la suma de voluntades para llegar a una solución. En medio de la confrontación prevalece un discurso oficial plagado de dureza, una negativa del gobierno para establecer mesas de diálogo en las cuales se puedan modificar los términos de la reforma y un abierto desafío de los maestros hacía el gobierno que se expresa en las constantes marchas y manifestaciones que se celebran en muchos estados del país.
En esta circunstancia, conviene preguntarse sobre el daño que el conflicto ha provocado a la educación, especialmente en el tema central de discutir y direccionar la mejor formación de los jóvenes. Con los fallidos intentos de control de daños que ha desarrollado el gobierno, en los cuales prevalece el sistemático uso de recursos llenos de intimidación simbólica y material, se ha generado un desgaste intenso de su papel de coordinador de las voluntades entre los organismos y miembros de la sociedad para tomar las decisiones importantes. Es decir, el conflicto ha propiciado el desgaste de la credibilidad en el Estado para generar una plataforma nacional consensuada de educación.
En el presente sexenio, la gestión de la Secretaría de Educación Pública se avocó a sostener el pacto formulado por el presidente Peña Nieto con los presidentes de los partidos, apenas un día después del inicio de su mandato, lo que mostró la forma en la cual sería conducida la educación. El acuerdo alcanzado por unos cuantos definía contenidos, plataforma de legitimación y medidas para sostener la reforma.
Peña Nieto optó por instaurar en primer término el marco legal para someter al magisterio a los requerimientos de evaluación y aumento salarial por resultados de dicha evaluación. El mayor problema de esta acción es haberla gestado con el apoyo exclusivo del aparato estatal. Ni los maestros ni la sociedad tuvieron participación en la reforma. Con ello se clausuraron mecanismos de confianza social basados en la comunicación con la población y el gremio, la consecuencia de ello ha sido una enorme dificultad para obtener la legitimación social y para desarrollar un proyecto de educación nacional.
La posición distante del gobierno con la sociedad puede interpretarse como una manifestación de asumirse como los mejor informados para imponer su proyecto no consensuado, y como una clase política privilegiada que parece creer que está por encima del dialogo y la crítica pública. Una postura de este tipo rompe con los puentes de confianza y credibilidad que cualquier gobierno debe tender con la sociedad.
En ese contexto, el trabajo académico aparece como una expresión política, como una actividad que nos permite evidenciar las enormes debilidades y carencias que se tienen en el sistema educativo, y cómo la actual postura del gobierno federal no contribuye a su resolución.
La escritura científica de los hechos que reflejan una dolorosa realidad de una población que se debate entre la inseguridad, la pobreza y la desigualdad se convierte en una herramienta de re- flexión capaz de contribuir a la formación colectiva mediante la creación de una postura crítica que construye sus objetos en torno a la educación.