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Recepción: 05 Octubre 2015
Aprobación: 24 Diciembre 2015
Resumen: El artículo examina el devenir de las Universidades Católicas en Argentina, durante las dictaduras militares de 1966 y1976. Si bien ambas dictaduras ejercieron indudablemente un peso determinante en el proceso de consolidación del espacio universitario privado en general –en el que las instituciones confesionales ocuparon un sitial preponderante–, la forma e intensidad de dicho proceso fueron radicalmente distintas. El régimen militar de 1966 alentó –legislación mediante– la expansión e institucionalización del sector, posibilitando el acceso de académicos católicos a posiciones claves de poder en el Estado. En cambio, durante la dictadura de 1976 el crecimiento institucional del sector privado resultó refrenado, en el marco del avasallamiento más brutal del sistema universitario en su conjunto. Sólo resultaron beneficiadas algunas Universidades Católicas que, entre otras cosas, recibieron un fuerte estímulo económico.Desde un enfoque sociológico reflexivo –vinculado el estructuralismo genético de Pierre Bourdieu (1995)–, el trabajo describe el papel desempeñado por la jerarquía eclesiástica en este contexto, a la vez que indaga acerca de sus principales relaciones y tensiones con los sectores militares. Articulando una vía socio-histórica (anclada en la exploración de las leyes y corpus documentales sobre los que se asienta el proceso de institucionalización de las Universidades Católicas) con una vía etnográfica (centrada en la recuperación del “testimonio oral” de agentes académicos claves de la época), se despliega un análisis reflexivo respecto a los procesos de expansión y consolidación del mundo académico católico que tuvieron lugar durante este complejo interregno de la historia reciente en nuestro país.
Palabras clave: universidades católicas, dictaduras militares, historia reciente, testiomonios orales.
Abstract: The article examines the becoming of Catholic Universities in Argentina during the military dictatorships of 1966 and1976. Even though both dictatorships undoubtedly exerted a decisive weight in the consolidation process of the private university space in general -in which confessional institutions occupied a preponderantly seat-, the shape and intensity of that process were radically different. The 1966 military regime encouraged -through legislation- the expansion and institutionalization of the sector, allowing access of Catholic scholars to key positions of power in the State. Instead, during the 1976 dictatorship the institutional growth of private sector was restrained, in the frame of the most brutal enslavement of the university system as a whole. Only some Catholic Universities were benefited that, among other things, received a strong economic stimulus.From a reflective sociological approach -linked to genetic structuralism by Pierre Bourdieu (1995) -, the paper describes the role played by the church hierarchy in this context while inquires about their principal relationships and tensions with the military sectors. Articulating a socio-historical way (anchored in the exploration of laws and documentary corpus over it sits the process of institutionalization of Catholic Universities) with an ethnographic way (focused on the “oral testimony” recovery of keys academic agents of the time), its unfolds a reflexive analysis about the processes of expansion and consolidation of the catholic academic world that took place during this complex interregnum of recent history in our country.
Keywords: catholic universitie, military dictatorships, recent history, oral testimonies.
Introducción
Como parte del complejo y acelerado proceso de modernización universitaria, ocurrido entre fines de 1950 y principios de 1960, el Estado argentino otorgó una importancia estratégica a la universidad en la producción de conocimientos, siendo concebida como herramienta central en la estimulación de los procesos de desarrollo económico y social del país. A fin de fortalecer el vínculo entre producción de saberes y desarrollo económico, el ámbito universitario fue convirtiéndose en un actor crucial para el Estado nacional, y a partir de entonces fue centro de arduas disputas entre diferentes sectores: políticos, eclesiásticos y militares particularmente.Pero más allá de su dinamismo inicial, el proceso modernizador fue menguando por efecto de la endémica inestabilidad política del país y la recurrente intervención de las instituciones universitarias por parte de los regímenes autoritarios. En este artículo, nos detendremos especialmente en torno a las dictaduras militares de 1966 y 1976 que además de marcar un punto de inflexión para el desarrollo autónomo de la investigación social e interrumpir el incipiente proceso de profesionalización académica en las instituciones públicas, ejercieron un peso determinante en la configuración estructural del espacio universitario privado.El foco de análisis estará puesto, particularmente, en torno al devenir de las Universidades Católicas en este contexto. Por un lado, analizaremos el advenimiento del régimen militar de 1966, que –mediante la sanción de un nuevo cuerpo legislativo– alentó los procesos de expansión e institucionalización del sector privado, abriendo la posibilidad de que grupos de académicos católicos accedieran a posiciones claves de poder en el aparato del Estado. Por otro lado, veremos que la última dictadura militar significó una contradictoria etapa de desarrollo. Pese a la alternancia de católicos conservadores en el área educativa y al sesgo privatista identificado comúnmente como un hito del modelo económico implementado, el gobierno de facto de 1976 no estimuló el crecimiento institucional del sector universitario privado, que contrariamente resultó refrenado en el marco del avasallamiento más brutal del sistema universitario en su conjunto. Sólo resultaron beneficiadas unas cuantas Universidades Católicas que, entre otras cosas, recibieron un fuerte estímulo económico.El trabajo procura desplegar una mirada sociológica reflexiva (Bourdieu, 1995) sobre los procesos de expansión y consolidación del subsistema de Universidades Católicas en Argentina entre 1966 y 1983. Partiendo de entablar un dialogo productivo con la literatura especializada disponible 3, se avanzará en el estudio de la cuestión mediante la articulación de una vía socio-histórica anclada en la exploración de leyes y corpus documentales (momento de análisis objetivista) con otra etnográfica centrada en la recuperación del “testimonio oral” de académicos claves de la época (momento de análisis subjetivista). Pero es la puesta en relación de ambos momentos de análisis (relacionismo metodológico) lo que nos ha permitido describir el papel desempeñado por la jerarquía eclesiástica nacional en este contexto a la vezque indagar acerca de sus principales relaciones y tensiones con la cúpula de los gobiernos militares.
Una comunión entre el poder de la Iglesia y el poder del Estado durante la “RevoluciónArgentina”
El 28 de junio de 1966 se produjo el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Arturo Illia e instauró de la mano del general Juan C. Onganía, un nuevo régimen de facto autodenominado “Revolución Argentina”. Entre los objetivos explícitos del régimen militar, se procuraba modernizar el Estado y emprender el ordenamiento de la nación, particularmente del espacio universitario considerado un bastión del protagonismo estudiantil y la izquierda marxista.
Prácticamente un mes después del golpe, el 29 de julio de 1966, grupos de estudiantes y docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) iniciaron la toma pacífica de las Facultades de Filosofía y Letras, Medicina, Ingeniería, Arquitectura y Ciencias Exactas (Buchbinder, 2010). Pero esa misma noche, la Policía Federal los desalojó violentamente. Fue la recordada “noche de los bastones largos”, en la que varios docentes y una importante cantidad de estudiantes, fueron brutalmente golpeados y trasladados a las comisarías de la zona 4. Algunos días después del episodio, el régimen militar promulgó el Decreto- Ley N° 16.912 que determinó la intervención y el establecimiento de un “gobierno provisional” en el conjunto de las Universidades Nacionales.
A consecuencia, se produjo la renuncia de un importante número de docentes de distintas universidades del país: se estima que la ola de dimisiones incluyó más de 2 mil profesores en todo el campo universitario y que 1.378 de ellos pertenecían sólo a la UBA (Orione, 2008). En cierta medida, la situación resultó favorable para las universidades privadas, que se beneficiaron al atraer a varios profesores excluidos del ámbito público5.
Devenido en el país este nuevo estado de situación, las especulaciones de las autoridades eclesiásticas acerca del gobierno militar iban en aumento, dadas sobre todo por su adhesión al mito de la “nación católica”. Decidida a brindar apoyo material y simbólico al orden social procurado por la dictadura, la jerarquía de la Iglesia católica demandó en contraparte la posibilidad de que un grupo de académicos formado en sus filas, integrara el nuevo aparato burocrático junto a las autoridades militares. Por su parte, el gobierno, en comunión ideológica con el nacionalismo católico preconciliar, consideraba que la constante presencia del clero a su lado traería aparejado para sí el prestigio social del que aquella gozaba por su misma tradición.
En este contexto, se entablaron férreos vínculos entre los sectores eclesíasticos y la cúpula liberal de la dictadura militar. Los cursos para oficiales de las Fuerzas Armadas inaugurados en la Universidad Católica Argentina (UCA) durante 1965, la visita de su entonces rector: Mons. Derisi a Ongania a los cuatro días del golpe militar y el cursillo que sobre el “Acta y Estatutos de la Revolución Argentina” impartieran en la misma institución los Dres. De Pablo, Bidart y Estrada pusieron de manifiesto, según Saguier (2006), la abierta connivencia existente entre la Universidad Católica, y la jerarquía eclesiástica en general, con el régimen militar.En consonancia, Onganía decidió poner al frente de los Ministerios, Secretarías y Subsecretarías de Estado que componían su gobierno a un grupo de personalidades vinculadas directamente a sectores del catolicismo6. “Este gobierno militar pasaría a la historia como el primer ensayo de la Iglesia católica en el poder temporal, a través de sus militantes” (Baruch Bertocchi, 1987: 78).
Las universidades confesionales –particularmente la UCA– jugaron aquí un papel muy importante. Como el espacio de las universidades estatales estaba intervenido, porque según su diagnóstico no funcionaba como correspondía para proveer de clases dirigentes al país, las instituciones de la Iglesia funcionaron como semillero de los profesionales nacionalistas católicos que accedieron a posiciones de poder en el gabinete del régimen militar.
En este punto conviene destacar algunos aspectos del riguroso estudio de Neiburg y Plotkin (2004), que examina el itinerario de varios miembros de la primera generación de economistas profesionales del país. Egresados a fines de los años cincuenta de las carreras de Economía y Administración de Empresas de la UCA, estos profesionales católicos integraron el recientemente conformado gabinete administrativo de la “Revolución Argentina”.
El primero en incorporarse fue Jorge Salimei, de conocida militancia católica, que desempeñó el cargo de ministro de economía. “Salimei era dueño del holding SASETRU que incluía el Banco de Boulogne, que manejaba las cuentas de la Iglesia católica Argentina” (Giorgi y Mallimaci, 2012: 125). Durante su gestión convocó a varios economistas de origen católico para formar su equipo. Felipe Tami, por ejemplo, fue nombrado presidente del Banco Central. Junto a él pasaron a actuar en organismos vinculados a la formulación de la política económica algunos científicos del Centro de Investigaciones Económicas del Instituto Torcuato Di Tella (ITDT): entre ellos Alberto Petrecolla, Eduardo Zalduendo y Alieto Guadagni, también vinculados a grupos católicos. Se fue conformando así “un cruce dentro del campo de la economía entre círculos católicos, economía internacionalizada a través de centros de investigación, universidad y poder del Estado” (Plotkin, 2006: 51).
En relación a Alieto Guadagni, cabe destacar que fue presidente del Consejo Nacional de Desarrollo(CONADE)7. Si bien se había graduado en la UBA como contador público, había tomado paralelamente cursos en la Escuela Superior de Economía, organizada por la que luego sería la UCA. También en el CONADE, ocupando un puesto de calculista, se incorporó Juan Carlos De Pablo, que había obtenido el título de licenciado en economía en la UCA y un puesto en el ITDT como asistente de investigación de Dagnino Pastore. A propósito, podríamos sumar también la trayectoria de Dagnino Pastore que ilustra el lugar ocupado por la UCA y el ITDT en la reconfiguración del espacio político a mediados de 1960: fue asesor presidencial de Frondizi (1958-1959), profesor de la UCA desde 1963, miembro del Consejo Superior durante la gestión de Derisi, ministro de economía de la Provincia de Buenos Aires (1966-1968), secretario del CONADE (1968-1969) y ministro de economía de la Nación (1969-1970)8.Pero además de este conjunto de profesionales de la economía, interesa destacar aquí el rol de un grupo de católicos nacionalistas que junto a ciertos desarrollistas –ligados también a la Iglesia Católica– asumieron la dirección de la Secretaría de Cultura y Educación, rango al cual se había rebajado el Ministerio de Educación en este contexto. Luego de un breve paso de Carlos María Gelly y Obes (1966-1967) por ésta última, su titular a cargo fue el Dr. José Mariano Astigueta (1967-1969), vinculado ideológicamente a las cúpulas de la dirigencia católica y representante del sector privado confesional más conservador, quién ya se había desempeñado como ministro en 1963 durante el gobierno de José M. Guido. Durante su gestión, Juan Rafael Llerena Amadeo, destacado profesor de la UCA y la USAL (Universidad del Salvador), desempeñó el cargo de subsecretario de educación (siendo luego tercer ministro de la última dictadura).
Con posterioridad a las experiencias del Cordobazo y el Rosariazo, que sacudieron fuertemente al país marcando un punto de gran confrontación política y comienzo de una etapa de repliegue militar, Onganía decidió renovar íntegramente su gabinete. Pero al frente de la cartera educativa, convocó nuevamente a personalidades ligadas a la Iglesia católica. Así, en la Secretaría de Educación fue convocado el Dr. Dardo Pérez Guilhou (1969-1970), que había ejercido el cargo de rector en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Asimismo, Llerena Amadeo fue suplantado por Emilio Mignone –amigo de Pérez Guilhou desde los tiempos de Juventud de Acción Católica– como subsecretario técnico de educación9. Durante esta gestión se elevó la Secretaría de Educación a nivel de Ministerio e implementaron una serie de cambios que tenían por objeto enviar señales de una política menos represiva y más dialoguista con las universidades. Prontamente, conformaron un equipo de colaboradores católicos, todos especialistas en educación, entre los que se destacan: Alfredo M. Van Gelderen, Antonio Salonia, Gustavo Cirigliano y Jorge Luis Zanotti, entre otros. Al respecto, uno de estos colaboradores señala:
“Pérez Gilhou me convocó en aquellos años junto a Emilio Mignone, entre varios más. No teníamos funciones de conducción ni administrativas, fuimos sólo asesores en materia de política educativa. Como tal, hacíamos sugerencias sobre los planes del ministro o de política educativa que se discutían en ese Consejo Asesor que coordinaba Emilio Mignone. No era una función de permanente presencia en el Ministerio, sino de esporádicas reuniones de temas concretos. Todos estábamos vinculados a la política educativa. Varios estaban vinculados a sectores católicos también, pero no eran representantes eclesiásticos. Había católicos, había católicos militantes y habíamos otros que solo teníamos respeto por el catolicismo pero no recibíamos directivas ni de obispos ni de cardenales”. (José -seudónimo-10, Entrevista, 2011)
Pero si bien los diversos nombres aquí esbozados mantuvieron estrechos lazos con la institución eclesial,conformaron una trayectoria colectiva que de ninguna manera supone una comunidad de ideales. Formaron parte de diversos grupos católicos y provenían de tradiciones político-partidarias múltiples. Constituyen simplemente un claro ejemplo de la forma en que los círculos católicos, actuaron en un escenario favorable para insertarse en la gestión política.
Una nueva reglamentación para las universidades privadas en dictadura: constitución del CRUP y posibilidad de financiamiento público.
Asesorado por aquel el grupo de funcionarios católicos, el régimen de facto sancionó en 1967 la Ley 17.604 para las universidades privadas. Fue un nuevo intento por avanzar en los procesos de institucionalización y regulación del sector11. La nueva reglamentación alentaba la expansión institucional del sistema privado pero no eliminaba la sujeción que mantenía desde mediados de los años cincuenta frente al contralor del Estado. En su artículo Nº 1, la norma establecía: “La creación y funcionamiento de establecimientos universitarios privados requerirán el otorgamiento de la autorización pertinente por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Este ejercerá la fiscalización permanente del Estado sobre dichos establecimientos, con el objeto de verificar si se cumplen las condiciones bajo las cuales están autorizados a funcionar”.Pero si bien la normativa resultaba menos estricta (respecto a lo prefijado por la antigua Ley Domingorena) y las instituciones privadas podían obtener su reconocimiento definitivo –quedando facultadas a otorgar grados académicos y habilitación profesional–, se acentuaba una serie de exigencias burocráticas. Entre otras cosas, la norma establecía que estas casas de estudio debían constituirse sin fines de lucro, obteniendo personería jurídica como asociación civil o fundaciones. Por tanto, sus estatutos, programas y planes de estudio debían someterse a la autorización previa del Ministerio de Educación.Dicha Ley preveía, también, la puesta en funcionamiento del llamado Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP)12, como un órgano de coordinación en el ámbito de estas instituciones. Así lo establece en su artículo Nº 17: “El Consejo de Rectores de las Universidades Privadas será órgano de consulta en todo lo concerniente al régimen legal de la enseñanza universitaria privada, a la aplicación de éste y al planeamiento educativo en dicho sector”. En tanto órgano representativo del conjunto de las universidades privadas, es importante destacar el peso relativo que tuvieron las instituciones confesionales en su devenir durante los años de intervencionismo autoritario. Basta señalar cuales fueron los rectores de las universidades en cuestión que durante estos años desempeñaron el cargo jerárquico de Presidente del CRUP, para establecer significativas diferencias respecto a aquellos académicos que no detentaron otro cargo más que el de rector de sus propias instituciones.
Presidentes del CRUP, por período de gestión e institución de pertenencia.
Elaboración propia en base a datos provenientes del CRUP (2003).
Simultáneamente al devenir del CRUP, las Universidades Católicas se fueron agrupando además en torno a otros organismos nacionales y regionales de cooperación católica, tales como la Federación Argentina de Universidades Católicas (FAUC) y la Organización de Universidades Católicas de América Latina (ODUCAL). Claro está, que la presencia y participación de las universidades y sus académicos en estos ámbitos fue acentuadamente desigual. Ejemplo de ello fue el desempeño, por más de diez años, de Mons. Derisi, Rector de la UCA, como primer Presidente del CRUP (1962-1973) y segundo Presidente de la ODUCAL donde fue reelegido durante 8 períodos consecutivos (1967-1985).
Pero volviendo al nuevo marco regulatorio sancionado por la dictadura, un dato importante a tener en cuenta es que por primera vez se facultaba al Poder Ejecutivo a otorgar un tipo especial de contribución económica a las instituciones privadas.Frente al predominio casi absoluto en el sector de las universidades estatales de una sola fuente de recursos para su sostenimiento económico –que es precisamente el Tesoro Público–, las instituciones bajo gestión privada tuvieron vedado el financiamiento directo del Estado desde su propia génesis (según lo establecía la Ley Domingorena), solventándose fundamentalmente con los aranceles cobrados a los beneficiarios del servicio educativo: los estudiantes13. No obstante, el artículo Nº 16 de la nueva legislación las eximió de impuestos, contribuciones y tasas al tiempo que las habilitó para acordar algún tipo de contribución económica con el Estado, “cuando aquel considere que ello conviene al interés nacional”. Pero fue recién con el decreto reglamentario N° 8.472 de 1969 cuando se esclareció el procedimiento: las universidades debían presentar por medio del CRUP un “proyecto subsidiario” pidiendo la contribución económica estatal. Pero aunque esta norma autorizaba al Estado a otorgar subsidios a las universidades privadas, aclaraba que no debían convertirse en aportes regulares, política que si se concertó por ejemplo en torno a los colegios privados. Sin embargo, como veremos enseguida la dictadura de Videla, valiéndose de esta reglamentación, otorgó de forma regular dos grandes subsidios a universidades católicas.
La dictadura militar de 1976: alternancia de especialistas católicos en educación y fin de la autonomía universitaria.
Aunque muy relevante, no examinaremos en este trabajo el devenir de la educación superior privada durante el tercer peronismo (1973-1976). Baste señalar, por un lado, que en el marco de una reestructuración general del sistema educativo acorde al proyecto de Reconstrucción y Liberación Nacional entonces promulgado, se sancionó el decreto 451/73 que pausó la creación de nuevas universidades (incluidas las privadas). Por otro lado, conviene señalar que la llegada de Ivanissevich (en agosto de 1974) al Ministerio de Educación, constituyó un prolegómeno de la política educativa desplegada por la última dictadura militar.En cuanto al autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” (PRN) que accedió el poder delEstado el 24 de marzo de 1976, cabe destacar una de sus primeras medidas: la sanción de la Ley N°21.276–“Prioridad para la normalización de las Universidades Nacionales” –. La misma restringió la actividad política y generó la malla legal para que las universidades quedaran bajo control del Poder Ejecutivo. Se desplegó desde entonces un nefasto régimen de disciplinamiento y control en los claustros universitarios cuyo complemento fueron las prácticas clandestinas de desaparición, torturas y muerte. Así, el cuerpo docente de las universidades quedó “depurado” y el estudiantado diezmado (Pérez Lindo, 1985).En cuanto a los máximos representantes de la Iglesia católica, constituyeron una pieza fundamental en el diseño y ejecución del nuevo proyecto educativo autoritario. En este trabajo, veremos que hubo relativa continuidad entre los funcionarios de educación que actuaron durante la dictadura de 1966 y quienes lo hicieron en este periodo. Pero no nos referimos solamente a quienes desempeñaron cargos ejecutivos, sino también a un grupo de especialistas en educación que si bien ocuparon posiciones más periféricas, influyeron también en los designios de la política universitaria durante esta nueva dictadura.
Entre 1976 y 1983, estuvieron al frente del Ministerio de Cultura y Educación un grupo de funcionarios que se autodefinían como católicos: César A. Guzzetti (marzo 1976); Ricardo P. Bruera (marzo1976-abril y mayo 1977); Harguindeguy (mayo a junio de 1977); Juan J. Catalán (junio 1977-agosto1978); Harguindeguy nuevamente (agosto a noviembre de 1978); Juan R. Llerena Amadeo (noviembre1978-marzo 1981); Carlos A. Burundarena (marzo a diciembre de 1981) y Cayetano Licciardo (diciembre 1981-diciembre 1983). La mayoría eran profesionales egresados de universidades públicas, aunque dictaban clases o fueron partícipes de la creación de universidades privadas (católicas). Según Rodríguez (2011: 19) “en sus biografías públicas se observaba la pertenencia a distintos grupos preconciliares o de derecha”. Algunos habían ocupado, además, cargos en educación durante la denominada “Revolución Argentina”. 14 Respecto al paso de este grupo de católicos conservadores por el Ministerio de Educación, un entrevistado señala: “Uno de los primeros Ministros de Educación durante el periodo que Videla estuvo a cargo del gobierno, fue Ricardo Bruera, que venía del campo educativo. Si no recuerdo mal, en esa época Mignone estuvo cerca, (…) persiguiéndolo en la búsqueda infructuosa de su hija, que nunca apareció (…). A Catalán también lo conocí, pero poco. Él aceptó el Ministerio de Educación pero, según la gente informada de la época, aspiraba a una carrera política. Quería ir al Ministerio del Interior, pero cuando lo convocan le ofrecen el Ministerio de Educación y él creyó que era un paso para después ir al Ministerio del Interior y hacer su carrera política. Y de Licciardo, te puedo decir que fue más un técnico que venía de los grupos católicos. Él había tenido no sé si algún vínculo con La Plata, era un hombre probo, era un hombre de buena formación, muy respetable, fue ministro durante un periodo corto, no tuve nada más que un trato accidental, esporádico”. (José -seudónimo-, Entrevista, 2011)
En apretada síntesis, podríamos identificar dos grandes proyectos educativos durante las diferentesgestiones de estos ministros civiles: el primero formulado por Ricardo Bruera y el segundo por Juan R. Llerena Amadeo (Tedesco, 1987). Bruera fundó su discurso y accionar en una reivindicación de la libertad y la participación, siendo necesario para su concreción un prerrequisito fundamental: la imposición del orden y la disciplina. Durante su gestión se les impidió a las universidades la creación de nuevas carreras, facultades o unidades académicas sin autorización del Ministerio (Resolución Ministerial N°118). Además, se exigió a los nuevos rectores que dictaran los reglamentos internos necesarios para asegurarse un alumnado bien disciplinado. El ministro anunció, también, la implementación del examen de ingreso y la imposición de nuevos cupos de estudiantes por carrera (dos medidas que ya estaban vigentes en algunas universidades desde 1975).
Por su parte, Llerena Amadeo –que había sido militante de Acción Católica, profesor de la UCA y además subsecretario de educación durante el gobierno de Onganía– fue quién mejor encarnó las expectativas de los sectores católicos a quienes representaba. Respecto a él, un entrevistado comenta: “Tenía una formación política y cultural muy nítidamente definida hacia el clericalismo. Era una personalidad que llega al Ministerio además con un grupo de gente, un grupo de jóvenes de su propia ideología. En él había cierta ortodoxia, digamos, ideológico-cultural, bien definida en el sector católico. No sé si formó, pero tenía vínculos en la UCA, porque él era abogado. Pero tenía una buena formación cultural, era muy riguroso intelectualmente. Recuerdo que en su época se aprobó una lista de libros preferenciales para la escuela secundaria. (…) No era una lista de libros excluyentes pero eran los libros preferidos digamos, apoyados oficialmente”. (José-seudónimo-, Entrevista, 2011)
Una de las principales medidas tomadas por el nuevo ministro fue la sanción de la nueva Ley Universitaria N° 22.207 que procuraba “erradicar la subversión” y producir la definitiva “normalización” del sistema universitario15. Como veremos enseguida, esta nueva Ley marcó un antes y un después en el devenir de la política universitaria de la dictadura militar, con importantes repercusiones para el sector de las universidades privadas (católicas).Interesa, ahora, destacar que la carta de elevación que acompañó el texto de dicha Ley, atribuía su elaboración a las Universidades Nacionales y al Ministerio de Cultura y Educación, sobre la base de un documento elaborado por la Secretaría (ex ministerio) de Planeamiento de la Nación. Dicha Secretaría había convocado a un grupo de asesores para elaborar un documento de trabajo sobre antecedentes y bases para una ley general de educación, que fue publicado parcialmente en 1980 por el Ministerio de Educación. La mencionada comisión estuvo integrada por especialistas en educación, afines en su mayoría a los sectores católicos más conservadores. Muchos de ellos habían estado vinculados, además, al Ministerio de Educación durante la dictadura anterior (1966-1973): José Luis Cantini que fue presidente de la comisión y Alfredo M. Van Gelderen, por ejemplo. Respecto a la comisión, un entrevistado recuerda: “yo veo la experiencia del Ministerio de Planeamiento positivamente, en materia de educación. (...) Si bien el Ministerio tenía como asesor al Dr. Cantini, trabajamos un grupo para hacer esto [en relación al libro Bases…] convocados por el Ministerio de Planeamiento” (Roberto -seudónimo-, Entrevista, 2011)Un elemento clave del anteproyecto elaborado por estos especialistas era que introducían la formaciónético-religiosa para todos los niveles de la enseñanza. Se reconocía la misión educativa de “la Iglesia Católica y de las comunidades religiosas de otros credos” y a la familia como “comunidad educativa primaria”. Además de proponer una nueva estructura para el sistema educativo, entre las disposiciones generales que contenía el anteproyecto se afirmaba que “la actividad político-partidaria no estará permitida en los establecimientos educativos de todos los niveles” (Cantini, et.al., 1983: 223) y entre las condiciones para el ejercicio de la docencia figuraban: la nacionalidad argentina, la adhesión a los principios de la constitución nacional, la conducta inobjetable, entre otras. Además, se les reconocía a las universidades el dictado y reforma de sus estatutos pero “con aprobación del Poder Ejecutivo” (Cantini, et.al., 1983: 229). En suma, el papel crucial que desempeñó este grupo de especialistas católicos durante la última dictadura puede corroborarse rápidamente si se contrasta el texto de la Ley 22.207/80 con el anteproyecto de ley y documentos de trabajo elaborados por ellos en el área de Planeamiento, los cuales contienen entre si unaimportante batería de elementos similares.
Repensando el signo “privatizador” de la dictadura: contracción y reestructuración del sector universitario privado (católico).
A partir del escenario descripto, reflexionaremos en torno a una idea profundamente arraigada en el imaginario colectivo: aquella que supone que el último régimen militar con una orientación económica neoliberal, constituyó un hito en la privatización de las instituciones educativas.En particular, los orígenes del supuesto proceso privatizador suelen encontrarse en la política económica desplegada por Martínez de Hoz, y en el ámbito educativo en torno a la gestión del católico Llerena Amadeo. Pero, tal como han señalado Azpiazu y Basualdo (2004) si bien la dinámica asumida por el proceso económico en este contexto trajo aparejada la consolidación estructural de un conjunto reducido de conglomerados empresarios, será recién durante los años noventa cuando pasarán a controlar determinadas áreas estatales de clara importancia estratégica. En cuanto al ámbito educativo, Romina De Luca (2008) ha demostrado que mientras en 1974 se registraban 8.992 establecimientos del sector privado, la cifra se redujo en 1976 a 8.679, alcanzando su punto más bajo en 1980 con 8.093 establecimientos. De manera que, durante los años de la última dictadura las instituciones privadas resultaron más bien contraídas que expandidas. Pero focalicemos la lente analítica en torno al nivel universitario privado y veamos los designios de la política educativa en este contexto16. Autores como Pérez Lindo (1985) y Tedesco (1987), concuerdan en que la política universitaria de la dictadura podría dividirse en dos grandes etapas: la primera de control y “depuración” iniciada en1974 y extendida hasta 1978/79; y la segunda, de “normalización”, a partir de 1980, con la sanción de la nueva Ley universitaria. Esta periodización demuestra que a medida que se fueron “depurando” los diversos espacios les fue posible aplicar su proyecto a través de una “normalización” que sostenía la más brutal heteronomía universitaria: aquella que se logró con la expulsión y la represión, al tiempo que se pregonaban valores tradicionales y católicos. Por supuesto, el sector universitario privado estuvo inmerso en esta compleja trama.En cuanto a la primera etapa de “depuración”, el CRUP señalaba:
“El contexto sociopolítico que vive el país, obliga a una vigorosa y paciente tarea de saneamiento ideológico, despolitización y trabajos de reorganización académica. En consecuencia (...) [venimos] asumiendo las actitudes necesarias que han comprendido desde la revisión de Planes de Estudio, Bibliografías y Programas; nombramiento de personal docente con capacidad académica y moral, hasta la organización de Cursos, Seminarios, Cursillos y Conferencias destinados a que los alumnos puedan revisar sus planteos filosóficos y antropológicos en el más alto nivel científico y en una clara definición cristiana, fiel al Magisterio de la Iglesia” (CRUP, 1978: 110).
Durante esta primera etapa de la dictadura, continuó rigiendo en términos legales el Decreto 451 sancionado por el tercer gobierno peronista en 1973 que, como vimos, frenó la creación de nuevas instituciones universitarias en el país, incluidas las de gestión privada.
La postura que asumió la jerarquía eclesiástica al respecto, fue no solamente aceptar el “freno” impuesto a la expansión del sector sino además estimularlo, en vistas sobre todo a que ya habían creado instituciones universitarias en gran parte de las ciudades con mayor tamaño poblacional del país. Así lo pusieron de manifiesto autoridades de la UCA, por ejemplo:
“El desarrollo actual de la Universidad aconseja la máxima concentración posible de sus actividades y recursos para extremar el rigor de las exigencias académicas (…). En consecuencia la Universidad suspenderá en adelante la anexión de instituciones (Art. XX de los Estatutos), reconsiderará las condiciones de las anexiones acordadas y establecerá un sistema de relaciones que conecte positivamente su gobierno con el de esta Universidad. En cuanto a la anexión de Facultades que funcionan fuera de su sede central, la suspensión obedece, asimismo, al hecho de haberse creado Universidades Católicas en todas las regiones del país” (UCA, Anuario 1976-1977: 511).
Fue recién hacia 1980 cuando el gobierno de facto demostró relativo interés en regular el devenir delas instituciones privadas. La Ley 22.207 sancionada por Llerena Amadeo dispuso, entre otras cosas, que estos establecimientos debían regirse según los artículos 2º, 3º y 4º de la normativa: referidos a los fines, funciones y prohibiciones en los recintos universitarios. Un dato adicional muy importante es que, el artículo N° 1 de la normativa establecía que el sector debía regularse conforme a las disposiciones delimitadas en el cuerpo de la Ley 17.604/67, restituyéndose así el segundo marco regulatorio sancionado por Onganía para la oferta universitaria privada.Aún bajo este marco legal, la dictadura no creó nuevas universidades privadas, pero otorgó reconocimiento definitivo a otras ya existentes17. Para realizarlo promulgó un decreto de excepcionalidad, en el que se incluía la siguiente leyenda: “la presente medida tiene carácter de excepción respecto a lo determinado por el artículo Nº 5 del decreto 451/73” (Zelaya, 2001).Pero en este contexto el sector universitario privado no solo vio refrenado el proceso de creación de nuevas instituciones, también el ritmo de crecimiento de la matrícula comenzó a desacelerarse. Entre 1976 y 1980 se incorporaron un total de 14.099 nuevos estudiantes al sector, lo que visto en términos absolutos significa que la matrícula aumentó durante estos 4 años. Sin embargo, para correr el velo que implica la fría lectura de números absolutos, proponemos examinar la “tasa de crecimiento promedio anual de la matrícula”, que permitirá evidenciar la evolución histórica del cuerpo estudiantil, identificando momentos de expansión y de contracción18. Durante los años que van entre 1965 y 1971, atravesando la complejidad del interregno militar que constituyó la “Revolución Argentina”, la matrícula en estas universidades creció a una tasa promedio anual del 18%, pasando de 15.042 alumnos registrados en 1965 a 40.783 en 1971. Pero este acelerado ritmo de crecimiento, fue declinando durante los complejos años setentas. Así, para el quinquenio 1971-1975 la tasa de crecimiento se contrajo casi a la mitad respecto a los niveles anteriores: fue del 8,2%, incorporándose sólo 15.081 nuevos alumnos en dicho periodo.Durante la primera etapa de la última dictadura (1976-1980), la matrícula pasó de 59.062 alumnos registrados en 1976 a sólo 73.191 en 1980. Durante estos 4 años la tasa de crecimiento promedio anual registró un fuerte descenso: cayó al 5,5%. Recién a partir de 1981, el sector inició un ciclo expansivo al contabilizar un total de 94.973 estudiantes universitarios. Consideramos que fue la sanción de la Ley universitaria de 1980 (que devolvió relativa continuidad al marco regulatorio promulgado por Onganía) el suceso que impactó favorablemente en esta dinámica. Lo hasta aquí dicho, permite poner en discusión aquel lugar común que supone que el “PRN” impulsó una privatización del sistema nacional de educación superior, promoviendo la expansión de instituciones privadas en detrimento de las públicas. Además, según la SPU (1994), el sector universitario privado sólo logró captar el 15% del total de la matrícula hacia 1983 mientras que las universidades estatales controlaban el 85%, de modo que extendieron durante todo el periodo su tradicional hegemonía pese a las políticas restrictivas aplicadas por la dictadura.Pero aunque no se avanzó durante este periodo en un proceso privatizador de la educación superior, si se reestructuró por ejemplo el subsistema de las Universidades Católicas, que en medio de un complicado escenario educativo de drástica reducción presupuestaria19 emprendieron una etapa de crecimiento económico.
Bekerman (2011), ha demostrado que el desmantelamiento de las Universidades Nacionales no obedeció sólo a los dispositivos de disciplinamiento y depuración impuestos por la dictadura, sino también a un reordenamiento financiero en el Estado que implico una relativa transferencia de recursos de dichas instituciones hacia el CONICET. En este contexto, el organismo derivo parte de los subsidios que regularmente destina para promover la investigación científica, hacia algunas Universidades Católicas. Según la autora, entre 1976 y 1983 el CONICET entregó 9.982 subsidios: prácticamente el 50% de ellos fue destinado a sus propios institutos mientras que el porcentaje restante se repartió entre investigadores individuales, universidades públicas y entidades sin fines de lucro (fundaciones o asociaciones), entre éstas últimas se destacan las universidades privadas. Respecto a este sector, los subsidios se repartieron de la siguiente manera: el 59% se destinó a la UCA, el 15% fue para la USAL y el resto se repartió entre otras universidades confesionales del interior. En líneas generales, estos subsidios contribuyeron a fortalecer en las Universidades Católicas el germen de la investigación científica.Analicemos el caso de la UCA, en tanto principal destinataria de los subsidios. Hasta 1976, desarrollaba un tipo de investigación más bien endógena y precaria a través de sus docentes y en las mismas instalaciones de las facultades. Pero en 1978, centralizó dichas actividades en un Consejo Asesor de Investigaciones Científicas creado “con el objeto de orientar, intensificar y coordinar las acciones de investigación de la Casa” (Derisi, 1983: 77). Al frente del Consejo se desempeñó el Dr. Fausto Toranzos, destacado matemático e investigador que cumplía funciones como docente en la UCA y en la UBA. Dicho Consejo Asesor poseía también una Secretaría Técnica, que estuvo a cargo del Dr. Argentino L. Pico, médico reconocido, que había sido designado por Videla como Subsecretario de Estado de Salud Pública de la Nación. En definitiva, a comienzos de 1979: “funcionaban en la UCA 14 Institutos o Departamentos de Investigación;65 Centros, Sectores o Grupos de Investigación, con un total de 168 investigadores, incluidos los docentes que desarrollaban actividades de investigación. Muchos de estos investigadores han obtenido para sus trabajos la ayuda de la SECYT y del CONICET”. (Derisi, 1983: 78)El 28 de julio de 1978 el Consejo Superior de la UCA decidió crear un Centro de Investigación quereuniera los distintos institutos y coordinara el desarrollo científico general. Dicho Centro, contó con el reconocimiento de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación y del CONICET. Se destaca el rol de Carlos Pérez Companc (presidente del Consejo Superior de la UCA por muchos años) como uno de los empresarios que prestó apoyo fundamental al Consejo Asesor y que de hecho fundó el Instituto de Gastroenterología que también recibió subsidios del CONICET. Pero el apoyo brindado por dicho organismo a la UCA cristalizó también en el impulso que recibieron dos de sus publicaciones periódicas más importantes: las revistas “Mikael” y “Sapientia” (Derisi, 1983).Pero más allá del accionar del CONICET, fue la Ley N° 22.207 promulgada en 1980 quién favoreció la obtención de ventajas financieras en las Universidades Católicas. Al otorgar relativa continuidad a la Ley17.604/67 habilitó a dichos establecimientos, entre otras cosas, a solicitar una contribución económica al Estado, que éste podría otorgar si a su juicio ello “conviene al interés nacional”. Según dicta la norma legal, en caso de otorgarse la contribución ésta no podrá exceder el término de diez meses corridos. Sin embargo, durante la última etapa de la dictadura se otorgaron dos cuantiosos subsidios a las Universidades Católicas de Salta (UCASAL) y del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) que se extendieron más allá del tiempo estipulado.
Subsidios otorgados a la UCASAL y UNSTA entre 1980-1983. En moneda corriente a 1987.
Elaboración propia, en base a datos provenientes de Baruch Bertocchi (1987: 69)
La contribución económica que recibió la UCASAL fue autorizada el 18/9/1979 mediante la Ley22.078 (reglamentada por resolución ministerial 842/80), pero comenzó a ejecutarse anualmente desde mayo de 1980. Sobre el destino de los fondos, el artículo N° 2 de la Ley determinó que debían ser aplicados exclusivamente al pago de sueldos docentes. En cuanto a la UNSTA, la situación reviste gran particularidad. El decreto 70 con fecha del 15/1/1981 (reglamentado por resolución ministerial 313/81) habilitó el otorgamiento de la contribución económica del Estado, puntualizando que “ello conviene al interés nacional”. Pero a diferencia de la Católica de Salta, el artículo 5º de esta norma eximió a la institución del cumplimiento de los artículos 28, 29, 30 y 31 del decreto 8.472/69 (que reglamentó la Ley 17.604), referidos a los proyectos de investigación o propuestas educativas que cada institución debía presentar al momento de solicitar un subsidio. Según Baruch Bertocchi (1987: 73), Aníbal Ernesto Fósbery, entonces rector de la UNSTA confesó ya en democracia que utilizó los subsidios para “comprar armas para los militares argentinos”.20
Reflexiones finales
En dialogo con otros estudios recientes aquí referenciados y mediante una articulación de fuentes documentales con testimonios orales, este artículo pudo acercar la lente analítica a las políticas universitarias digitadas por los gobiernos militares de 1966 y 1976, con especial referencia al sector universitario privado (católico). Entre otras cosas, mostramos que si bien ambas dictaduras ejercieron un peso determinante en el proceso de configuración estructural de las Universidades Católicas, la forma e intensidad de dicho proceso fueron radicalmente distintas.Durante el régimen militar de 1966, las instituciones confesionales resultaron beneficiadas dados los férreos vínculos entablados por la cúpula militar con la jerarquía eclesiástica. Fue un momento clave de gravitación de sectores afines al catolicismo en el poder del Estado. La UCA particularmente ofició de semillero de intelectuales nacionalistas católicos. De sus filas emergió, por ejemplo, el grupo de profesionales que ocupó posiciones claves en el Ministerio de Economía y en el de Educación. Se sancionó en esta etapa la Ley 17.604/67 que concretó un nuevo marco regulatorio en la institucionalización de las universidades privadas.La última dictadura militar, en cambio, inauguró una contradictoria etapa de desarrollo para el sector privado. Aunque convocó al frente de la cartera educativa a un grupo de funcionarios católicos no generó ninguna legislación específica ni tampoco se crearon nuevas instituciones. Sin embargo, las Universidades Católicas fueron testigos de una serie de ventajas económicas que les permitió, entre otras cosas, institucionalizar la investigación científica en su seno.
Para concluir, resta indicar que si bien no todo lo que se propuso el poder cívico, militar o la misma Iglesia católica en materia educativa, se pudo concretar ampliamente, las estratégicas alianzas ad hoc entabladas entre los grupos eclesiásticos y los sectores militaristas de turno implicaron significativas conquistas: erogación del plexo legal que posibilita la creación de universidades privadas, emplazamiento de las Universidades Católicas en las principales ciudades del país, posicionamiento de profesionales católicos en áreas claves del Estado y nombramiento de funcionarios en las distintas gestiones de educación entre 1966 y 1983.
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Notas
