Introducción

El 10 de diciembre de 2015 asumió en Argentina el gobierno conducido por Mauricio Macri junto a un conjunto de empresarios de grandes empresas y representantes del gran poder económico, lo que algunos autores denominaron el gobierno de los CEO’s (Canelo y otros, 2017).

Lejos de cumplir con su promesa electoralista de Pobreza cero esta nueva gestión profundizó la desigualdad social y económica de la población (según datos del INDEC el coeficiente de Gini aumenta de 0.4005 en 2015 a 0.422 en el segundo trimestre de 2018¹) y busca continuamente legitimar las desigualdades por medio de un discurso que pondera las virtudes y méritos individuales

En este escenario sociopolítico signado por un discurso gubernamental meritocrático y en el marco de un Estado que propugna el restablecimiento del modelo neoliberal, este estudio se propone analizar la relación entre educación y trabajo de los y las jóvenes durante la presidencia de Mauricio Macri, indagando detrás del velo meritocrático. Estudiar el proceso de acceso al mundo del trabajo de los jóvenes nos lleva a incorporar variables como el género y el origen social que nos permitirán complejizar un extendido diagnóstico basado en el sentido común y comprender las causas detrás del éxito o fracaso en su inserción laboral.

Es frecuente escuchar explicaciones acerca del éxito o el fracaso laboral basadas en relaciones causales simplistas entre educación y trabajo. En ese sentido, si para analizar el mercado laboral tomamos en consideración únicamente variables educativas, efectivamente observaremos una correlación positiva entre nivel educativo y tasas de actividad y empleo, y una relación negativa respecto de la tasa de desocupación (es decir, mejores condiciones en el mercado laboral). Pero esta mirada simplista y lineal, que se corresponde con un primer análisis agregado de datos estadísticos, esconde una intrincada relación entre educación y trabajo, relación que nos proponemos reexaminar en el presente artículo.

Nos concentraremos en el análisis de un grupo social particular: los y las jóvenes, para lo cual recurriremos a datos estadísticos provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, correspondientes al año 2017². Utilizamos una definición cronológica de jóvenes, en la que incluimos a personas de entre 19 y 29 años, etapa que concentra el ingreso al mercado de trabajo y se encuentran en edad teórica de haber finalizado estudios secundarios.

El trabajo se encuentra organizado en cinco apartados. En el primero se presentarán los principales lineamientos del diagnóstico de los problemas laborales, según el gobierno de Cambiemos. En el segundo apartado se explicitará la categoría de mérito y su vinculación con los debates acerca de la relación entre educación y trabajo. Luego el procesamiento de datos estadísticos permitirá abonar a nivel agregado la hipótesis meritocrática, para posteriormente ofrecer elementos que deconstruyen esa argumentación. El cuarto apartado aborda las desigualdades de género como configuradoras de desiguales oportunidades educativas. El lugar ocupado en la estructura social (analizado a partir de estratos de ingresos) es incorporado en el quinto apartado, y permite complejizar la idea de inequidades del mercado de trabajo. Las reflexiones finales sistematizan los principales aportes de la pesquisa, a fin de contribuir a la comprensión de la compleja relación entre educación y posibilidades laborales de los y las jóvenes argentinos durante el gobierno de la alianza Cambiemos.

Breve diagnóstico de los problemas laborales según Cambiemos

El diagnóstico oficial al momento de asumir el gobierno en diciembre de 2015, señalaba que los principales problemas de la economía argentina respondían al hecho que las empresas se encontraban desalentadas a invertir por una baja tasa de ganancia, originada en los elevados salarios en dólares y su difícil traslación hacia precios, lo cual acarreaba una baja en la creación de empleo.

Desde una perspectiva neoclásica, el relato oficial señalaba entonces que, si se lograba aumentar la rentabilidad de las empresas, éstas aumentarían su inversión y así se elevaría el nivel de empleo (lo cual, siguiendo la teoría del derrame, se asociaría a una mejora general de la economía). La propuesta del gobierno se centró en disminuir los costos laborales: es decir, no sólo bajar los salarios en dólares, sino también flexibilizar las normas que rigen sobre el contrato de trabajo.

Para ello, el desempleo comienza a jugar un rol central. Desde la misma asunción del gobierno se multiplican los despidos, tanto en el sector público como en el privado. En el primer caso, se lo intenta justificar sugiriendo que se trata de ñoquis . militantes empleados en el Estado sin tareas asignadas; sin embargo, rápidamente la magnitud de los despidos indica que se trata de un cambio estructural que abarca a sectores enteros de la administración pública. A tres años de la asunción de este gobierno, y luego de sucesivas oleadas de despidos en el Estado, se observa que el empleo estatal se sostuvo a nivel agregado, aunque se desmantelaron sectores y programas completos mientras ingresó nuevo personal vinculado a la coalición gobernante. Los despidos también se hicieron presentes de manera recurrente en el sector privado, principalmente entre las pequeñas y medianas empresas, a las cuales se les complica mantener la producción (y el empleo) con las elevadas tasas de interés destinadas a bajar la inflación y un mercado interno cada vez más débil.

De esta forma, se configura un escenario donde el desempleo crece, siendo una amenaza presente para miles de argentinos, y cumple un rol funcional al nuevo esquema económico: disciplina la fuerza de trabajo y condiciona de alguna manera su poder de negociación en las paritarias. Es decir, el desempleo induce una baja salarial (el temor a la pérdida del empleo reduce las pretensiones salariales), lo cual mejora la competitividad de la economía y aumenta los márgenes de rentabilidad de las empresas. A su vez, pretende “enfríar” la economía mediante un menor consumo (por la baja salarial), menor presión sobre la demanda y sobre los precios (disminuye la inflación).

Siguiendo este diagnóstico, el gobierno busca implementar diversos instrumentos orientados a modificar el marco regulatorio del mercado de trabajo³ que posibilitan la profundización de la flexibilización laboral, tanto en el sector público como privado, así como también intenta imponer un discurso que tienda a justificar y legitimar las desigualdades en el mercado de trabajo.

En cuanto a la inserción laboral de los jóvenes, en el diagnóstico gubernamental aparece como central la baja empleabilidad y el supuesto de que la misma estaría originada por bajos niveles de educación. La empleabilidad combina actitudes, habilidades y calificaciones de los trabajadores, consideradas indispensables para enfrentar los rápidos cambios en una economía globalizada. En esta perspectiva, cada trabajador aparece como gestor de su propia trayectoria laboral, enfoque que no es neutro respecto de las representaciones de los desempleados, ya que, al individualizar las situaciones, responsabiliza a los propios desempleados por encontrarse en esa situación.

En la misma línea se propaga el ideal meritocrático. El mérito, expresado principalmente por las capacidades intelectivas -sancionadas por el sistema escolar a través de diplomas-y casi siempre asociado con el esfuerzo, sentaría las bases para determinar qué lugares ocupan las personas en la estructura social y/o en el mercado de trabajo.

En síntesis, las intervenciones del gobierno tendieron a debilitar a la clase trabajadora, configurando un escenario de mayor desigualdad social, aumento del desempleo y un empeoramiento de los indicadores sociales. La justificación de esta nueva realidad recae en la profundización del discurso meritocrático según el cual cada uno recibe lo que merece, argumentación que analizaremos en el próximo apartado.

El mérito como legitimador de las desigualdades en la sociedad moderna

El discurso meritocrático sostiene que cada uno recibe, alcanza o posee lo que merece, y el merecer remite a la idea de esfuerzo o virtud individual. El término meritocracia, aparece por primera vez en el ensayo The rise of meritocracy 1870-2033 del sociólogo y politólogo inglés Michael Young (1958), donde alerta, a modo de sátira, el riesgo de una sociedad meritocrática. En ese sentido hace alusión a un mundo distópico en que las personas adquieren su estatus en la sociedad en función de su coeficiente intelectual, configurándose una élite basada en el mérito que produce una sociedad estratificada generando nuevos mecanismos de inclusión y exclusión social (Kreimer, 2001).

Ya en Economía y Sociedad, publicado póstumamente en 1922, Max Weber sostenía que la más sencilla observación muestra que [...] el que está mejor situado siente la urgente necesidad de considerar como “legítima” su posición privilegiada, de considerar su propia situación como resultado de un “mérito” y la ajena como producto de una “culpa” (Weber, 1969, p.705).

Desde las últimas décadas del siglo XX esta línea de razonamiento cobra vigor en varios países de América Latina, vinculada a la ideología neoliberal (Sader y Gentili, 2003; Galafassi, 2004), y por tanto a una menor presencia del Estado como garante de derechos sociales y económicos, y a la promoción de una cultura del individualismo basada en las virtudes y esfuerzos personales.

Luego de años de gobiernos posneoliberales, que priorizaron políticas en pos de la inclusión social junto a un fuerte énfasis en el discurso de “derechos”⁴, el paradigma que propugna la exacerbación de lo individual se hace nuevamente explícito en algunos gobiernos latinoamericanos, y en particular, en el argentino.

El mérito, basado en la igualdad de oportunidades (formales) para todas las personas, reaparece entonces como un principio legítimo para la asignación de posiciones sociales y económicas, un clasificador social considerado justo, ya que se basa principalmente en el esfuerzo individual (o la falta de él). Este resurgir del discurso meritocrático en distintos países del mundo, fue cuestionado desde las ciencias sociales (Dubet, 2017), defendiendo el ideal de la igualdad de posiciones (y no a la igualdad de oportunidades) como alternativa a ser priorizada por los responsables de la acción política.

Sin embargo, lejos de lo anhelado por Dubet, el principio meritocrático se multiplicó como discurso hegemónico en distintos países del mundo. En Argentina se exacerbó en el último período en el escenario sociopolítico. Ello no sólo es perceptible en el discurso político oficial, sino también a través de publicidades y medios de comunicación. A modo de ejemplo remitimos al discurso del presidente Mauricio Macri cuando en agosto de 2017, en un Centro Comunitario de Florencio Varela afirmó: No estamos acá para lograr la supervivencia de aquellos que están en la pobreza [...] ellos no son pobres, están pobres⁵; tenemos que arrimarles esas herramientas que les permitan a ellos, a partir de su propio trabajo y de su propio esfuerzo, salir adelante para “lograr lo que todos queremos en este mundo que es ser felices”⁶. La idea que la meritocracia es un valor que debe ser aprendido⁷ fue expresada por la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Maria Eugenia Vidal, en mayo de 2016 y retomada en distintas intervenciones de funcionarios de Cambiemos de los distintos niveles del Estado.

En el mismo sentido podemos identificar publicidades comerciales que apelan al “éxito” como resultado del “esfuerzo individual”. A pocos meses del inicio del mandato de Mauricio Macri como presidente de los argentinos, aparece una publicidad de autos cuya voz en offdecía: Imagínate vivir en una meritocracia. Un mundo donde cada persona tiene lo que merece.

[...] Donde el que llegó, llegó por su cuenta, sin que nadie le regale nada. Un verdadero meritócrata que sabe que cuanto más trabaja, más suerte tiene. [...] El meritócrata sabe que pertenece a una minoría que no para de avanzar y que nunca fue reconocida, hasta ahora⁸.

La presencia de principios meritocráticos no se acota a lo discursivo sino que también atraviesa políticas gubernamentales concretas, como así también las prácticas de quienes contratan fuerza de trabajo. Es frecuente escuchar que junto con la educación se valora el “esfuerzo”, la “actitud”, “las ganas” que cada joven pone para encontrar un trabajo. Atributos tales como motivación, iniciativa, fiabilidad, son muy valorados por los empresarios y están presentes también en la idea de emprendedorismo (Herrera Guerra y Montoya Restrepo, 2013). Contrariamente, la pereza, la ausencia de esfuerzo o motivación han sido fuertemente sancionadas como causa de problemas sociales desde las clásicas leyes de pobres inglesas y su distinción entre pobres merecedores y no merecedores de la asistencia. No obstante, dado que estas competencias, por lo general, sólo se evidencian en la práctica, sólo sirven para conservar un empleo pero no para conseguirlo. Para obtener un empleo por lo general los empresarios contemplan las características individuales más “visibles”, primordialmente el nivel de educación, dado que vislumbran la trayectoria educativa como cristalización de los méritos, virtudes y esfuerzos de las personas, la cual se correspondería a un lugar a ocupar en el mercado de trabajo.

También es posible observar una serie de políticas concretas implementadas por el gobierno de Cambiemos, que buscaron llevar a la práctica el ideal de la meritocracia. En la esfera educativa se evidencia claramente en la modificación de criterios en el otorgamiento de las becas Progresar, donde el promedio y el rendimiento académico pasaron a ser un criterio primordial para su asignación. En un sentido más amplio, el desprestigio de la educación pública (que se evidencia en los recortes en materia de caída del poder adquisitivo del salario docente, recortes en los presupuestos para los comedores escolares e infraestructura edilicia, entre otros), apunta a desdibujar la igualdad de derechos. En la esfera laboral se incorpora la idea de emprendedurismo, y se recortan programas que fomentaban la creación de cooperativas de trabajo. Ese tipo de políticas no ponen en cuestión las desigualdades estructurales como puntos de partida heterogéneos (Sennet, 2003).

La relación educación-trabajo: ¿una cuestión de méritos?

El sentido común nos indica que mayor educación supone mejores condiciones de vida y de trabajo. Sin embargo se trata de una relación compleja, no lineal (Jacinto, 2016) interactiva (Riquelme, 2006), conflictiva (Pérez y Busso, 2018), a la cual se ha llegado a calificar de inencontrable (Tanguy, 1986). Estos adjetivos evidencian que no se trata de una correspondencia unívoca, sino que se encuentra mediada por múltiples factores, además de tener una interacción histórica, cambiante en el tiempo y en el espacio (De Ibarrola, 1994).

Los datos analizados nos muestran que efectivamente los y las jóvenes que poseen mayor nivel educativo generalmente presentan mejores condiciones en el mercado laboral: mayores tasas de actividad y empleo, y menores tasas de desempleo (ver Cuadro 1).

Cuadro 1

Condición de actividad de jóvenes (19 a 29 años que ya no asisten al sistema educativo) según nivel de educación formal alcanzado. Año 2017

Elaboración propia a partir de la base de datos EPH-INDEC, 2017.

Ante esta correlación positiva entre mayor nivel de educación formal y mejores condiciones en el mercado de trabajo, la economía y la sociología del trabajo y de la educación han desarrollado múltiples explicaciones.

Desde la economía, la mayoría de las investigaciones se basan en la ortodoxa Teoría del Capital Humano (Becker, 1964) que considera a la educación como una inversión en conocimientos que mejora la productividad del trabajado y consecuentemente sus posibilidades en el mercado laboral. De esta forma, la educación aparece como una variable fuertemente discriminante al analizar el acceso de los jóvenes a un empleo.

Alternativas a la concepción del Capital Humano, diversas teorías originadas en los 70 plantean esencialmente que la educación no es productiva por sí misma, es decir que no aumenta las competencias productivas del individuo, sino que es utilizada por los empleadores como una señal de la habilidades y esfuerzo de los potenciales empleados en un contexto en el cual la información es imperfecta.

En esta línea, las teorías del credencialismo (Collins, 1979) y la correspondencia (Bowles y Gintis, 1976) sostienen que el título educativo es una certificación de hábitos culturales o factores no cognitivos, más que de saberes o conocimientos específicos. Las teorías de la reproducción entienden que la educación es un medio mediante el cual se reproducen o perpetúan las desigualdades existentes en una sociedad. En Los Herederos, Bourdieu y Passeron (2013) buscan demostrar que las instituciones educativas en Francia actúan predominantemente otorgando títulos y reconocimientos educativos a quienes provienen de familias cultural, social y económicamente privilegiadas, legitimando y reproduciendo desigualdades sociales de origen.

Sin embargo, los desajustes encontrados entre los niveles educativos de los trabajadores ocupados y los requeridos por el puesto de trabajo que ocupan -la denominada sobreeducación-cuestionan la idea popularizada de una relación lineal positiva entre educación y trabajo, interrogando la validez de una mayor educación como garantía para acceder a un empleo. Este fenómeno acrecienta la competencia entre jóvenes por un puesto de trabajo: desplaza a aquellos con menores niveles de educación, dificulta la situación de aquellos con títulos intermedios y reduce las ambiciones de los más educados (Rose, 1998).

Paradójicamente, en momentos en que los diplomas parecen disminuir su cotización, dado el denominado proceso de inflación de títulos . credencialismo, su posesión pareciera ser esencial para las posibilidades de los y las jóvenes de obtener un puesto de trabajo. Como en esta etapa de la vida generalmente se tiene poca o ninguna experiencia y formación profesional, el diploma representa la única referencia certificada para mostrar al potencial empleador en sus primeros pasos en el mercado de trabajo.

Si bien a nivel micro, el haber completado cualquier nivel de educación está asociado a una mayor probabilidad de obtener un empleo y las posibilidades aumentan para aquellos que han alcanzado los niveles educativos más altos, nos proponemos indagar puntos de partida heterogéneos, en particular la existencia de oportunidades desiguales para varones y mujeres.

De las desiguales oportunidades de varones y mujeres

La correlación positiva entre mayor nivel educativo y mejores condiciones en el mercado laboral presenta diferencias significativas al tomar en consideración al género. Es decir, el nivel educativo de varones y mujeres jóvenes evidencia repercusiones distintas en la inserción en el mercado de trabajo como podemos observar en el cuadro 2.

Cuadro 2

Condición de actividad de jóvenes (19 a 29 años que ya no asisten al sistema educativo) por género, según nivel educativo alcanzado. Año 2017.

Elaboración propia a partir de la base de datos EPH-INDEC, 2017.

Se observa que 9 de cada 10 jóvenes varones son parte de la población económicamente activa, independientemente de su nivel educativo. Quienes no finalizaron el secundario y quienes accedieron a estudios terciarios/universitarios presentan similar situación laboral, mientras que entre las mujeres el diferencial educativo tiene clara repercusión en la manera de relacionarse con el mercado de trabajo. Es decir, varones con disímiles niveles de educación presentan similares condiciones de ingreso al mercado laboral, mientras que entre las mujeres vemos que se incrementan considerablemente las disparidades en el acceso a la actividad y al empleo en relación a sus trayectorias educativas. Las oportunidades de ingreso al mercado laboral mejoran considerablemente en el caso de las mujeres a medida que incrementan las credenciales educativas.

Esta situación nos revela que entre los varones la relación entre nivel educativo y participación en el mercado laboral es claramente menos relevante que en el caso de las mujeres. En este sentido sostenemos que el precepto de varón proveedor pareciera estar muy presente, más allá de las distintas trayectorias educativas de los jóvenes.

En el caso de las mujeres la asociación entre nivel educativo y participación en el mercado de trabajo pareciera estar mediada por distintas maneras de insertarse en el mercado laboral (empleo pleno, combinación de empleo de pocas horas y trabajo doméstico, sólo trabajo en el hogar). Las tareas reproductivas, históricamente asociadas al rol femenino, y los procesos de segregación del mercado laboral, configuran distintos escenarios de posibilidad para varones y mujeres. A su vez, la relación que establecen las personas con el trabajo productivo y reproductivo configura diferentes grupos con desigual capacidad de acceso a recursos materiales, culturales y simbólicos (Kergoat 1994, Carrasquer 2009), lo cual va conformando un círculo de exclusión social y reproducción de las desigualdades.

Son diversos los enfoques económicos que intentan explicar las diferencias que enfrentan varones y mujeres para insertarse en el mercado de trabajo, algunas centradas en las prioridades de la demanda de fuerza de trabajo, otras en las características y racionalidades de la oferta. Desde la economía ortodoxa se parte del supuesto de la elección racional de las mujeres, quienes elegirían trabajar pocas horas (menos que los varones) dado que les permitiría compatibilizar su empleo con su función de madre y/o el trabajo en el hogar (elección trabajo-ocio, maximiza su utilidad individual). Una extensión de este enfoque considera que es la familia quien “elige” cuales integrantes se harán cargo de las tareas domésticas y quiénes saldrán a buscar un empleo remunerado (maximiza la utilidad conjunta del hogar). Debido a que el mercado paga mejor a los varones que a las mujeres⁹ son estas últimas quienes se responsabilizan mayoritariamente de las tareas reproductivas mientras que los varones son los encargados del trabajo productivo.

No obstante, estas elecciones racionales, individuales, no se toman en libertad, ya que se encuentran condicionadas por normas sociales y culturales que determinan que mientras la responsabilidad primaria de insertarse laboralmente y llevar un ingreso al hogar sea masculina (modelo del varón proveedor), el trabajo doméstico sea una tarea esencialmente femenina. Esta naturalización de la feminización del trabajo doméstico condiciona sus posibilidades de acceso al mercado de trabajo, situación que se manifiesta mediante una menor participación laboral que los varones y/o una participación con jornada reducida que le permita atender también sus obligaciones domésticas (Pérez, 2016). También imperan prácticas de contratación discriminatorias por parte de las empresas. Dado que la mayor parte de las “obligaciones domésticas” recaen sobre las mujeres, los empresarios preferirían varones dada su mayor disponibilidad hacia el empleo (en relación a la jornada laboral, movilidad geográfica, etc.). Asimismo impera lo que podríamos denominar doble estándar: mientras que algunas empresas ven de buen grado que los varones tengan familia (visto que consideran que les da estabilidad), lo contrario sucede con las mujeres (priorizan a solteras y sin hijos).

De esta forma, las trayectorias laborales de varones y mujeres dependen tanto de las necesidades y prácticas de contratación por parte de las empresas como también de estrategias familiares que disponen (en muchos casos, desde edades tempranas) qué integrantes del hogar buscarán insertarse en el mercado laboral (a realizar un trabajo productivo) y quienes permanecerán en el hogar realizando tareas reproductivas. Estas dos esferas, la esfera productiva y la reproductiva, se encontrarían entonces fuertemente articuladas, lo que significa que es imposible analizar la situación laboral de varones y mujeres disociando el lugar que ocupan en la producción, de su lugar dentro de la familia (Barrere-Maurisson, 1984, 1999). Es decir, es necesaria una perspectiva relacional propia de la mirada de género.

Las tareas reproductivas no sólo pueden realizarla los integrantes de los hogares sino que parte de ellas también puede proveerlas el sector público (por ejemplo, servicios de cuidado de niños o ancianos) o bien adquirirse en el mercado. Cuando la provisión pública es insuficiente, el acceso a estos servicios va a depender del poder adquisitivo de los hogares, reflejando (y potenciando) la desigualdad (Esquivel, 2016). Mientras que los hogares de altos ingresos pueden contratar servicios privados para realizar tareas reproductivas, los hogares de bajos ingresos deben destinar una parte importante del tiempo de sus integrantes para las tareas domésticas, labor que realizan casi sin excepción las mujeres, limitando de esta forma sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo. Vemos así que las diferencias de género pueden asumir intensidades y formas distintas en diferentes sectores sociales (de Oliveira, 2007)¹⁰.

Los datos analizados nos permitieron constatar que, efectivamente, a mayor nivel educativo, mejores condiciones en el mercado de trabajo, pero esta asociación es más significativa en el caso de las mujeres.

Una vez destacado los límites de la meritocracia como mecanismo diferenciador de posiciones sociales alcanzadas, en el siguiente apartado ahondaremos en el análisis del origen social de los y las jóvenes, cuya desatención como variable explicativa podría llevarnos a entender las diferencias en el éxito educativo como desigualdades de entendimiento, de voluntad, de aptitudes, minimizando las condiciones económicas y culturales derivadas de la posición del joven (y su familia) en la estructura social.

Más allá de los méritos: de las desiguales oportunidades educativas a las inequidades del mercado de trabajo

Vimos que a nivel individual la educación puede mejorar o reducir las posibilidades de acceder a un empleo, lo cual es diferencial para varones y mujeres. Nos interesa ahora analizar la presencia de factores que permiten comprender el nivel educativo alcanzado por los y las jóvenes. ¿Se trata de una elección racional (costo-beneficio) en función de futuros salarios o probabilidades de empleo? ¿O sus posibilidades educativas están condicionadas por su posición en la estructura social?

Una primer mirada a los datos estadísticos hace explícita la relación entre estrato socioeconómico y nivel educativo alcanzando. A medida que aumentan los ingresos familiares¹¹ también aumentan las posibilidades de alcanzar estudios terciarios y universitarios, a la vez que disminuyen los porcentajes de jóvenes que no alcanzaron a terminar el secundario.

Cuadro 3

Nivel de estudios alcanzado según estrato de ingresos familiares. Jóvenes varones y mujeres de 19 a 29 años. Año 2017

Elaboración propia a partir de la base de datos EPH-INDEC.

Asimismo observamos que varones y mujeres presentan distintas chances de incrementar su formación educativa. Mientras que las jóvenes tienen más probabilidad de acceder a estudios superiores (terciarios/universitarios), son más los varones que no completaron el nivel secundario.

La situación económica de los hogares obliga en muchos casos a adelantar la entrada de ciertos jóvenes al mercado de trabajo -aun antes de completar su formación-. Como puede observarse en el cuadro 3 son los varones quienes abandonan con mayor frecuencia las instituciones educativas (predominantemente para incorporarse a actividades productivas). Esto no significa que no exista margen para las decisiones individuales, sino que éstas se ven condicionadas por estereotipos y normas sociales asignadas al género, como así también a la posición ocupada por el joven y su familia en la estructura social. Estas diferencias en

las posibilidades educativas objetivas se expresan de mil maneras en el campo de las percepciones cotidianas y determinan, de acuerdo con el medio social, una imagen de los estudios superiores como futuro “imposible”, “posible” o “normal” que se convierte a su vez en determinante de las vocaciones educativas” (Bourdieu y Passeron, 2013: p.14).

Aunque una vasta bibliografía muestra que la posición en la estructura social condiciona las oportunidades de acceso al mercado laboral, esta variable ha sido comúnmente subsumida dentro de la educación. No obstante, nuestro análisis indica que las diferencias en los niveles educativos no captan la totalidad de las desigualdades vinculadas a la inserción laboral de los y las jóvenes.

En la bibliografía, se señalan dos dimensiones que se complementan para intentar dar una respuesta a dicha situación: la primera, relativa a condiciones necesarias para el proceso enseñanza-aprendizaje, y la segunda a factores culturales. Ciertas condiciones reales de vida deben cumplirse para que un adolescente pueda ser educado: una alimentación inadecuada (o escasa), la falta de materiales, el cansancio (habitual en caso que trabaje) o la imposibilidad de concentrarse, son indicios de una cotidianeidad que dificulta el aprovechamiento de las prácticas educativas (López, 2004) y consecuentemente obstaculiza la obtención de un diploma. La otra dimensión es de orden cultural, confrontando la cultura escolar y familiar, es decir, apunta a dar cuenta de la distancia o cercanía entre la cultura familiar del joven con la cultura escolar. Como bien señalan Dubet y Martucelli (2000), que el éxito escolar se debe a la proximidad de las culturas familiar y escolar, mientras que el fracaso se explica por la distancia entre ellas y por el dominio social de la segunda sobre la primera.

Siguiendo a Eckert (2002) entendemos que el origen social afecta de dos formas las posibilidades de los y las jóvenes de acceder a un puesto de trabajo:

• previo a la entrada al mercado laboral, vinculado a las diferencias en el acceso y permanencia en el sistema educativo (ver cuadro 3)

• en las desiguales posibilidades de hacer valer la formación adquirida por jóvenes de diferente ascendencia social (cuadro 4).

Para analizar este último fenómeno, calculamos la condición de actividad para todos los y las jóvenes de entre 19 y 29 años que presentan el mismo nivel educativo (nivel secundario como máximo nivel educativo alcanzado).

Cuadro 4

Condición de actividad según estrato de ingresos Varones y mujeres de 19 a 29 años con secundaria completa¹² y que ya no asisten al sistema educativo. Año 2017

Elaboración propia a partir de la base de datos EPH-INDEC

De esta forma, se observan marcadas diferencias en las posibilidades de acceso al mercado de trabajo de acuerdo al estrato de ingresos del hogar, aun cuando se trate de jóvenes con igual nivel educativo. Por ejemplo, la desocupación del estrato de bajos ingresos es más de 4 veces superior a la correspondiente a los jóvenes del estrato de ingresos superiores, aun cuando ambos grupos de jóvenes detentan el mismo nivel educativo (diploma de estudios secundarios) ¿Qué factores pueden explicar estas diferencias? Podrían ser importantes el lugar de residencia, la discriminación por parte de los empleadores, la experiencia (no es lo mismo la experiencia de un joven de 19 años que recién termina la secundaria que la de otro 5 años mayor, más integrado al mercado laboral) y las relaciones sociales (amistades, parientes, vecinos, contactos en general) de los jóvenes y las de su familia, las cuales les permitirían “valorizar” la educación que han adquirido.¹³ El análisis de estas variables trasciende los alcances de este artículo, más allá de que varias de ellas deberían ser tratadas a partir de un abordaje cualitativo.

Diferentes niveles de empleo y desocupación para jóvenes con iguales niveles educativos muestran la insuficiencia de analizar únicamente la educación (indicador medular del ideal meritocrático) como variable explicativa distintiva para acceder a un puesto de trabajo. El lugar en la estructura social aparece como una variable relevante más allá del nivel educativo que detenten los jóvenes.

Al analizar la situación intergéneros vemos que, en el caso de los varones con el mismo nivel educativo, las diferencias por estrato social son menos marcadas que entre las mujeres, resaltando que el mandato social del varón proveedor se encuentra presente en todos los estratos sociales.

En cambio, las condiciones de ingreso de las mujeres jóvenes al mercado laboral se encuentran más asociadas al estrato de pertenencia que a sus credenciales educativas. El desempeño o delegación de tareas reproductivas permite comprender dichas discrepancias socioeconómicas, frente al desdibujamiento del sector público como proveedor de servicios de cuidado (guarderías y cuidado de ancianos), como así también a las limitaciones para delegarlas a terceros/as a través del mercado. En otras palabras, en la decisión de incorporarse al mundo productivo, las desiguales situaciones para afrontar las tareas reproductivas nos permiten comprender las heterogéneas inserciones laborales.

Las mismas credenciales educativas nos estarían indicando méritos equivalentes. Sin embargo, hemos visto que son valorados de manera diferencial para varones y mujeres, y para jóvenes provenientes de distintos estratos sociales de pertenencia, dando lugar a desiguales oportunidades para incorporarse a tareas productivas.

Reflexiones finales

Cuanto más se considera la riqueza como prueba concluyente del mérito, más se tiende a juzgar la pobreza como prueba de fracaso.

Marshall, T. H. (1997: p.314)

Las diferentes posiciones laborales alcanzadas por jóvenes con iguales niveles educativos revelan la insuficiencia de analizar exclusivamente la educación (como indicador básico del ideal meritocrático) como variable explicativa distintiva para acceder a un puesto de trabajo.

Existen factores estructurales que configuran distintos escenarios de oportunidades para las y los jóvenes, oportunidades que se vislumbran por el acceso restricto a las instituciones educativas según estrato social, las cuales se encuentran, además, mediadas por desigualdades entre varones y mujeres.

El género no solo configura oportunidades diferentes para los jóvenes en el acceso a la educación, sino también en su incorporación en el mercado de trabajo. Mientras que las mujeres presentan mayores índices de asistencia a instituciones educativas, y acceden a mayores niveles de educación, los varones ingresan más tempranamente al mercado laboral, independientemente de sus años de formación escolar. El mandato de varón proveedor y obligación social de la mujer como garante de las tareas reproductivas y de cuidado del hogar aún se encuentran presentes en los roles que asumen en el sistema educativo y en el mercado laboral.

El “éxito” educativo o laboral, por tanto, no remite sólo a factores individuales sino principalmente a condicionamientos estructurales que habilitan o restringen las posibilidades de acceso a la educación y el trabajo. Estos elementos no determinan de manera exhaustiva y lineal el devenir de cada individuo, sino que establecen horizontes de posibilidad que se ven mediados por aspectos subjetivos y dan lugar a márgenes de acción diferenciales entre unos y otros.

La meritocracia, al menos en su acepción neoliberal, busca igualar las condiciones formales de acceso y permanencia, ya sea en el sistema educativo o en el mercado laboral, a través del principio de igualdad ante la ley, lo cual tendría sentido si el punto de partida de todos los jóvenes fuera el mismo. No obstante, las desigualdades de origen social y género, permiten comprender las diferentes trayectorias educativas y distintas participaciones en el mercado de trabajo más allá de la cuestión del mérito individual.

Mientras no se asegure una igualdad real de oportunidades (de género y para todos los estratos sociales), el discurso meritocrático sólo justifica una división/estratificación social donde los “ganadores” (quienes acceden a estudios superiores, los que consiguen un empleo formal) parecieran merecer lo que obtienen, mientras que los que fracasan en su intento no habrían hecho lo suficiente para acceder a posiciones privilegiadas.

Criticar la meritocracia no implica de ninguna manera sugerir que no vale la pena educarse. Es cuestionar la idea que el éxito en la educación o en el mercado laboral y, por tanto, el lugar a ocupar en la estructura social, depende del esfuerzo individual y de decisiones libres. Creemos que el presente artículo ofrece elementos para comprender que el mérito acarrea desigualdades estructurales, al partir del principio de igualdad de oportunidades, principio que no se encuentra garantizado en este escenario sociopolítico.

En este sentido, el discurso meritocrático actúa como un velo que encubre y al mismo tiempo legitima las desigualdades sociales, culpabilizando a cada uno por el lugar que ocupa en la estructura social. En el marco de una embestida neoliberal tanto en Argentina como en otros países de América Latina, donde se enaltece la primacía de la individuación frente al desvanecimiento del Estado como garante de derechos, consideramos importante aportar análisis académicos con evidencia empírica que develen los mecanismos legitimadores de la desigualdad estructural.

Referencias

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Becker, G. (1964). Human Capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education. New York: National Bureau of Economic Research.

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Notas