Reivindicaciones y demandas de los/as trabajadores/as no asalariados/as: el dilema redistribución-reconocimiento en la economía popular

Claims and demands of non-salaried workers. The redistribution-recognition dilemma in the popular economy

Johanna Maldovan Bonelli johannamaldovan@gmail.com

Centro de Innovación de los Trabajadores, Argentina

Mariana Melgarejo mgmelgarejo70@gmail.com

Programa de Estudios e Investigaciones de Economía Popular y Tecnologías de Impacto Social , Argentina

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.

El trabajo, en tanto actividad, pero también como eje de organización política, productiva y social, se ha visto cuestionado en sus sentidos y formas organizativas desde diversos ámbitos y bajo argumentos disímiles. Desde la década del 90, algunos autores han señalado cómo las nuevas tecnologías conllevarían una reducción sustancial del trabajo humano necesario, vaticinando el inminente fin del trabajo (Rifkin, 1995), otros se han centrado en la pérdida de la especificidad del trabajo, dada por la extensión del sentido del término a una multiplicidad de actividades humanas (Méda, 1998). Otros análisis se han centrado en remarcar las tensiones del modelo clásico de abordaje y regulación del trabajo, a causa de la crisis del fordismo como modelo de organización productiva y social (Antunes, 2001), así como de la aparición y extensión de nuevas ocupaciones y formatos laborales que tensionan al modelo sindical clásico y sus respectivas formas de acción colectiva (De la Garza Toledo, 2011) y que, al mismo tiempo, han quedado por fuera de los pisos de protección social (Schwarzer, Casalí y Bertranou, 2014). Si bien parte de estos postulados han sido refutados, en líneas generales los cuestionamientos hacia el papel del trabajo en la sociedad continúan vigentes y forman parte de los supuestos con los cuales se abordan las distintas propuestas de reformas sociales y laborales. En base a éstas y otras razones, en las últimas décadas los estudiosos del trabajo han señalado sostenidamente la necesidad de construir nuevos marcos (analíticos y regulatorios) que permitan asir la heterogeneidad de prácticas y relaciones laborales del mundo del trabajo actual (Bialakowsky y Hermo, 1995; Castillo, 2000).

En Argentina, en los últimos años, la acción y movilización de un conjunto de trabajadores/as organizados/as que se reconocen como parte de la economía popular contribuyó a instalar parte de estos debates en la agenda pública, poniendo en discusión las definiciones sobre qué es el trabajo y cuáles son sus límites, formas organizativas posibles y derechos y recursos a regular y distribuir. Tal es el caso de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) quien, desde el 2011, se ha constituido como una organización gremial de representación de los trabajadores de la economía popular y sus familias. Ésta se propone como una herramienta de lucha reivindicativa para la restitución de los derechos laborales y sociales perdidos por vastos sectores del trabajo, como consecuencia de la implementación del modelo neoliberal en el país y que, continuaron quedando por fuera de los marcos de protección del trabajo en los años subsiguientes, caracterizados por la mejora en los indicadores de empleo y pobreza.

La creación de la CTEP fue producto del acuerdo de un conjunto de movimientos sociales en pos de generar una herramienta gremial de los trabajadores sin derechos, sin reconocimiento, sin capital y sin patrón (Grabois, 2015). Actualmente agrupa cartoneros, campesinos, artesanos, vendedores ambulantes, feriantes, costureros, limpiavidrios, cuidacoches, constructores, gasistas, cerrajeros, trabajadores de empresas recuperadas, del transporte informal, de cooperativas populares, de programas sociales, de infraestructura barrial, de organizaciones de acción comunitaria (cuidadores, cocineros, educadores) o de pequeños talleres y unidades productivas (mecánica, carpintería, alimentos).

En este artículo proponemos que, desde su creación, la CTEP ha orientado sus luchas en un doble sentido complementario. Por un lado, sus demandas se han centrado en la disputa por el reconocimiento de sus representados en tanto “trabajadores” y, asociado a esto, su inclusión como parte del mundo del trabajo organizado nucleado en la Confederación General del Trabajo (CGT). Por otro, sus demandas se han dirigido hacia garantizar el acceso a un conjunto de recursos y derechos (monetarios, simbólicos, en especie y protectorios, entre otros) a partir de proponer una nueva lógica distributiva que contemple al sujeto de la economía popular como parte de la política laboral. Es decir que, en línea con lo planteado por Nancy Fraser (2008), las demandas de las organizaciones que conforman la CTEP combinan una disputa por el reconocimiento de su condición de trabajadores (que define como interlocutor principal al sindicalismo tradicional, aunque también contempla al Estado y a la sociedad en su conjunto), con una disputa de tipo redistributiva,que busca garantizar el acceso a un conjunto de derechos y recursos -asociados al reconocimiento como trabajadores-y que tiene como principal interlocutor al Estado. A fin de dar cuenta de nuestra argumentación, proponemos analizar las demandas (por el reconocimiento y la redistribución) entabladas por la CTEP en los últimos siete años, teniendo en cuenta cómo éstas se expresan en las representaciones respecto de las posibilidades de consolidación de una organización sindical de los/as trabajadores/as de la Economía Popular.

El artículo se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, luego de dar cuenta de nuestro abordaje metodológico, comenzaremos por presentar la discusión teórica en la que se enmarca nuestro análisis; en segundo lugar nos referiremos a los sentidos y representaciones de los/as referentes de la CTEP acerca de la condición de los/as trabajadores de la economía popular y su lugar en el mundo del trabajo actual, a fin de dar cuenta de lo que está en juego (Bourdieu y Wacquant, 2005) en las disputas por el reconocimiento de este sector; en tercer lugar, analizaremos cómo dichos/as referentes sitúan al sector en el marco del modelo de acumulación actual, cuáles son y hacia quiénes se dirigen sus principales demandas y el modo en el que buscan alcanzar un mayor grado de justicia social, en pos de dar cuenta los sentidos otorgados a las luchas redistributivas llevadas a cabo por el sector. Finalmente, daremos cuenta de las conclusiones del artículo y de los interrogantes a futuro que surgen de los resultados de nuestra investigación.

Las reflexiones aquí presentadas parten de hallazgos preliminares de una investigación en curso que nos encontramos realizando desde el Programa de Estudios e Investigaciones de Economía Popular y Tecnologías de Impacto Social .PEPTIS), radicado en el Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA-CONICET/UMET). El objetivo es indagar en el proceso de sindicalización de los/as trabajadores/as de la economía popular, a fin de dar cuenta de sus estrategias de organización y disputa, así como de demanda y construcción de derechos sociales y laborales, en el período 2011-2020¹. El diseño de investigación utilizado ha sido principalmente cualitativo y ha tenido como estrategia metodológica al estudio de casos (Yin, 1994), utilizando estrategias de interpretación inductivas de la información obtenida.

Los casos de estudio abordados son el de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (y a las organizaciones que la componen) y la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA)²; organizaciones de primer y segundo grado que, en la presente década, han sido dos de los principales exponentes de la organización sindical del sector.

En relación al recorte espacial, se ha tomado el nivel nacional a fin de dar cuenta de las estrategias llevadas a cabo por ambos casos para construir la representación sindical y negociar las demandas entablabas con el Estado nacional, con las cámaras empresariales que corresponden a los sectores de actividad que representan y con el sindicalismo “tradicional”. Sin embargo, hasta el momento el relevamiento de campo se ha concentrado en la Provincia de Buenos Aires, en función de la accesibilidad y la posibilidad de sostener el contacto con los/as referentes y representantes de las organizaciones, así como de participar en instancias de observación, tales como movilizaciones, asambleas y reuniones, entre otros espacios.

Si bien el desarrollo de nuestra investigación contempla la utilización de diversas técnicas de relevamiento, las reflexiones presentadas en este artículo se basan principalmente en los datos e información obtenida a partir de la realización de entrevistas en profundidad y son dichas fuentes las que aparecen referenciadas en mayor medida a lo largo de las páginas siguientes.

Éstas se han llevado a cabo con referentes de las ramas de trabajadores/as que conforman la CTEP, militantes y dirigentes de la Confederación, así como con delegados/as y dirigentes sindicales de otras asociaciones gremiales que han desplegado estrategias de representación de la economía popular (como el caso de la UOLRA). Al respecto, en este trabajo nos hemos centrado principalmente en el análisis de las entrevistas a los/as referentes y dirigentes dado que son éstos/as los/as principales encargados/as de delinear las estrategias políticas y gremiales de las organizaciones y quienes usualmente negocian con las contrapartes correspondientes. Esto corresponde a un corpus de catorce entrevistas en profundidad, habiéndose complementado la información obtenida con charlas informales en diversos espacios. La utilización de esta técnica tuvo por objeto reconstruir los sentidos que los sujetos otorgan a sus actos, para conocerlos en sus propios términos y expresiones, con el fin de captar en profundidad todo lo que desean comunicar (Taylor y Bogdan, 1996).

Otra de las técnicas utilizadas ha sido, la recopilación, clasificación y análisis de fuentes documentales, entre las cuales se incluyen: leyes y normativas relacionadas a la institucionalización de los dispositivos de reconocimiento y regulación de los/as trabajadores/as de la economía popular, así como de los derechos y recursos a los que pueden acceder³, artículos periodísticos publicados en los diarios de principal tirada nacional que, entre 2011 y 2018, han abordado el accionar de estas organizaciones y; publicaciones académicas cuyo tema de estudio se vincula al interés de nuestra investigación. Para ello se ha utilizado la estrategia metodológica de análisis documental (Quintana y Montgomery, 2006), la cual implica un proceso de relevamiento, selección y lectura comparativa de documentos.

Finalmente, también hemos recurrido a la observación y participación en instancias de movilización y discusión política de las organizaciones, así como en conferencias, talleres y espacios de debate entablados entre los actores de la economía popular y la academia⁴. La observación permitió acceder al universo simbólico de las personas que establecen las relaciones que se pretenden estudiar, así como captar aquello que forma parte de sus prácticas pero que no suele ser verbalizado, en este sentido constituyó un complemento indispensable de las entrevistas (Johnson, Avenarius y Weatherford, 2006).

Si bien el relevamiento a partir del trabajo de campo se encuentra en proceso (y abarcará toda la etapa 2019), el análisis preliminar del material disponible permite anticipar discusiones a partir de algunos hallazgos que se presentan en este artículo.

A lo largo del siglo XX y gracias a la organización de los/as trabajadores/as y sus luchas se han ampliado los derechos laborales, mejorando así las condiciones de trabajo y de vida de amplios sectores de la población trabajadora. Estos avances se cristalizaron en un sustantivo despliegue de regulaciones e instituciones en torno al trabajo asalariado formal, así como al diseño e implementación de políticas públicas y de seguridad social centradas en esta relación laboral “clásica”, que tuvo a su vez como principal sujeto de identificación al varón adulto. El trabajo asalariado cobró así, durante gran parte del siglo XX, un doble papel: por un lado, se constituyó como el principal eje de redistribución del ingreso a partir del cual la población logró acceder, a su vez, a una amplia gama de derechos y protecciones. Por otro, devino en la principal fuente de reconocimiento social y de integración de los individuos en la sociedad (Paugam, 2012). Asimismo, fue sobre este reconocimiento que se entablaron las principales luchas sociales, cuyo eje estuvo centrado en la organización sindical.

Las transformaciones en el ámbito de la producción y el trabajo, así como en las formas de intervención social del Estado, signadas por el avance del modelo neoliberal tuvieron como una de sus principales consecuencias un cambio en la morfología del mundo del trabajo, atravesada de aquí en más por distintas modalidades de precarización laboral. En la actualidad tener trabajo no es más sinónimo del acceso a la estabilidad y la seguridad social que brindaba el empleo décadas atrás (Castel, Kessler, Merklen, y Murard, 2013; Sennett y Najmías, 2000). Más aún, la cantidad de trabajadores sin trabajo se incrementa día a día, al mismo tiempo que crece la cantidad de trabajadores pobres, precarios o vulnerables (Lope Peña, 2015; Pradella, 2015). En este marco, la economía popular aparece como un conjunto heterogéneo de prácticas laborales en el cual se combinan formas extendidas de precarización y pauperización económica y laboral (signadas por la informalidad, los bajos ingresos, la desprotección, inestabilidad y baja productividad), experiencias innovadoras en los procesos de organización y gestión del trabajo (basadas en la autogestión y el asociativismo), la movilización de una amplia y diversa cantidad de recursos materiales e inmateriales que provienen del sector público, del privado y de la sociedad civil; el desarrollo, apropiación e innovación de tecnologías; y la construcción de prácticas e instituciones protectorias y de representación innovadoras que buscan garantizar condiciones de trabajo y de vida dignas para los sectores no asalariados (Maldovan Bonelli, 2018).

La difuminación de la frontera entre empleados y desempleados afectó, a su vez, a las formas de representación política institucionalizada, en las cuales el trabajo operaba como el principal eje de articulación de la representación colectiva en base a los grupos de renta (Alonso, 2004). En este marco, proliferaron nuevos tipos de luchas y formas de acción colectiva centradas en disputas que proponen no sólo mecanismos alternativos al modo de distribución de la riqueza imperante, sino también el reconocimiento identitario de diversos grupos sociales. De ahí que, el discurso de la justicia social, centrado otrora casi exclusivamente en la distribución, se encuentra cada vez más dicotomizado entre las reivindicaciones por la redistribución y aquellas que pugnan por el reconocimiento de las especificidades identitarias.

Al respecto, Nancy Fraser (2011) ha analizado cómo ambos tipos de disputas asumen concepciones diferentes de injusticias. En el caso del paradigma del reconocimiento, éste supone que las injusticias se encuentran arraigadas en los patrones sociales de representación, interpretación y comunicación y de ahí, requerirían un tipo de justicia moral o cultural. Ejemplos de estas injusticias son aquellas que incluyen la dominación cultural, el no reconocimiento y el irrespeto. Por su parte, el paradigma de la redistribución asume que la primera injusticia es la socioeconómica, estando ésta arraigada en la estructura económico-política de la sociedad, por lo que para saldarla se requeriría de un tipo de justicia económica. Este tipo de injusticias son aquellas que incluyen la explotación, la desigualdad económica y la privación. El dilema central que atraviesa a ambos tipos de disputas, que la autora ha llamado dilema redistribución/reconocimiento se centra en que mientras las primeras tienden a orientarse a la afirmación y valorización de la especificidad de los grupos y, por ende, a promover su diferencia; las segundas tienden a promover la abolición del orden económico que sostiene dichas diferencias y, por ende, la especificidad de los grupos. La tensión que atraviesa a este dilema consisten entonces en que la política de reconocimiento y la política de la redistribución aparentan tener objetivos mutuamente contradictorios. Mientras que la primera tiende a promover la diferenciación de grupo, la segunda tiende a socavarla (Fraser, 2000, p. 8).

Esta diferenciación pareciera ser en principio determinante para afirmar la necesidad de dos tipos de justicia. Sin embargo, en palabras de la autora, esta dicotomía es inválida en tanto que en la práctica ambas reivindicaciones se entrecruzan. Y ello porque incluso las instituciones económicas más materiales tienen una dimensión cultural constitutiva, irreductible; están atravesadas por significaciones y normas. Análogamente, aun las prácticas culturales más discursivas tienen una dimensión político.económica constitutiva, irreductible; están atadas a bases materiales (Fraser, 1997, p. 4). A su vez, ambos tipos de injusticias -y sus respectivas formas de justicia-se encuentran arraigadas en procesos y prácticas que sistemáticamente ponen a unos grupos de personas en desventaja frente a otros (Fraser, 1997, p. 4). De ahí que las personas sujetas tanto a injusticias culturales como económicas necesitan reconocimiento y redistribución. Necesitan afirmar y negar a la vez su especificidad (Fraser, 1997, p. 6).

Tomando como ejemplo el de las clases explotadas, la autora analiza cómo se expresan las tensiones en la búsqueda de soluciones para ambos tipos de injusticia. En este caso, las soluciones afirmativas redistributivas a las injusticias de clase tienden a implicar transferencias de ingresos de dos tipos: por un lado, programas de seguridad social dirigidos al sector primario de la clase trabajadora y, por otro, programas de asistencia dirigidos en función de los recursos que poseen los beneficiarios y que son asignados a los desempleados o subempleados. Esta división:

lejos de abolir las diferencias de clases per se [...] las mantienen y ayudan a darles forma [...] El resultado es que la clase menos favorecida queda marcada como inherentemente deficiente e insaciable, como si siempre necesitara más y más. Con el tiempo, puede parecer incluso que se privilegia a dicha clase, por cuanto es objeto de un trato especial y de una generosidad inmerecidos. Por consiguiente, una aproximación dirigida a resolver las injusticias de redistribución puede terminar generando injusticias de reconocimiento. (Fraser, 1997, p. 13)

Retomando las reflexiones de la autora, en nuestro caso nos interesa reflexionar sobre cómo este dilema, entre la redistribución y el reconocimiento, cobra forma en las luchas entabladas por las organizaciones de representación de los/as trabajadores/as de la economía popular, a fin de dar cuenta de los puntos de entrecruzamiento entre ambas dimensiones. Para ello partimos de considerar que, en los últimos años, estas organizaciones han direccionado sus demandas, por un lado, hacia su reconocimiento como trabajadores, lo cual conlleva la reparación de una injusticia histórica que en términos simbólicos tiende a despreciar a este sector por su lugar de subordinación en la estructura productiva, laboral, gremial y social. Por otro lado, la demanda se estructura hacia la construcción de nuevas formas de redistribución económica que garanticen una mayor igualdad en términos de ingresos, derechos y protecciones para un sector históricamente invisibilizado y desvalorizado.

Al respecto, se abren algunos interrogantes que buscaremos responder en las páginas que siguen: ¿cómo se expresan las demandas por el reconocimiento y la redistribución en el caso de los/as trabajadores/as no asalariados/as? Si partimos de la necesidad de reconocer la especificidad de este sector, sus pautas culturales, productivas y laborales, ¿no estaríamos relegando, a través de dicho reconocimiento, la posibilidad de incluirlos en un conjunto de iguales y, por ende, legitimando aquellas diferencias que los colocan en un lugar de “carentes” o “desposeídos”? En este sentido, el reconocimiento y afirmación de dichas diferencias, ¿nos llevaría necesariamente a consolidar una forma de trabajo precarizada para la cual es necesario diseñar políticas específicas que se encuentran, en la mayor parte de los casos, ligadas a lógicas distributivas asistenciales? Con ello no estamos afirmando que necesariamente éste sea el camino, sino buscando dar cuenta de las tensiones implícitas en los supuestos que atraviesan las luchas de estos sectores del trabajo por alcanzar una mayor justicia social. En tal caso, ¿cuál sería el camino más apropiado para deconstruir las instituciones vigentes sin que ello implique pérdida de derechos, sino por el contrario, su ampliación hacia una base más universal? Para ello, en los próximos dos apartados analizaremos a través de los discursos de los/as principales referentes del sector cuáles son los sentidos y representaciones arraigadas en las demandas y disputas de las organizaciones de representación de la economía popular.

Si bien la economía popular es un fenómeno que recorre momentos históricos y contextos diversos, la visibilización de prácticas y formas de organización específicas se expresan con más fuerza en situaciones de crisis socioeconómica, en las cuales se concentran altos índices de desempleo. La última crisis de envergadura en términos de empleo y pobreza por la que atravesó el país entre fines del siglo pasado y comienzos del presente dio paso a la emergencia de una amplia heterogeneidad de movimientos populares que tenían como principal base de representación a quienes, por aquel entonces, fueron concebidos como trabajadores desocupados.

Dicha categoría se constituyó como una primera aproximación que permitió visibilizar la condición de trabajadores de un sector que había sido privado del trabajo asalariado y los derechos vinculados a éste. Por lo cual, la idea misma de trabajadores desocupados, buscaba enfatizar la condición o disposición de trabajador perdida, y aparece como la base de un nuevo sujeto político que interpela al Estado en pos de la mejora de su condición, al mismo tiempo que despliega su acción de manera territorial. De ahí que, ante la desarticulación de las mediaciones tradicionales (papel ocupado por el sindicalismos tradicional), la crisis de identidad y representación del peronismo junto a las nuevas condiciones estructurales y de conflicto (más vinculados a la pobreza, la desocupación y el territorio) se abrieron espacios de acción y construcción de nuevas subjetividades en los sectores populares (Retamozo, 2006, p. 155).

En el transcurso de los últimos quince años, la recomposición del mercado de trabajo, el crecimiento del consumo interno y la mejora en los indicadores de pobreza e indigencia, llevaron a una reorientación de las demandas de los movimientos sociales y, a la par de ello, a una reconfiguración de los sentidos vinculados a sus luchas y sujetos de representación. En este contexto, algunas organizaciones sociales, comenzaron a hablar ya no de trabajadores desocupados, sino de trabajadores excluidos y, posteriormente, de trabajadores de la economía popular. Al respecto, cabe considerar que si bien la noción de economía popular ha sido acuñada durante la década del ochenta para dar cuenta de las nuevas conformaciones de los mundos del trabajo latinoamericanos frente al avance del neoliberalismo, se ha difundido más ampliamente en los últimos años, como consecuencia de la organización social y gremial de diversas agrupaciones de trabajadores y trabajadoras que se reivindican como parte de dicho sector (Fernández Mouján, Maldovan Bonelli e Ynoub, 2018).

De ahí que la economía popular surge -principalmente-como una categoría de la práctica (Brubaker, 2013) en el marco de la reivindicación de derechos de un conjunto deorganizaciones sociales y gremiales que, en la última década han propiciado la sindicalización de un sector que comprende una gran diversidad de trabajos que se diferencian del trabajo típico en tanto que: poseen distintos espacios de trabajo (en la vía pública, en el hogar, en un espacio comunitario o en un taller); se insertan en distintos sectores de actividad económica (agricultura, industrial, comercial y servicios); se caracterizan por distintas relaciones laborales (trabajo cuentapropista o familiar, trabajo comunitario o cooperativo); y tienen distintas formas legales, impositivas y contables (de totalmente informales a monotributistas, cooperativas o asociaciones civiles).

Lo novedoso en esta nueva acepción, radica principalmente en la búsqueda de reconocimiento de este sector en su condición de trabajadores/as, pero ya no desocupados/as sino autoempleados/as, productores/as de riqueza y valor. Los/as trabajadores/as de la economía popular son aquellos/as que inventan su trabajo, pero que se encuentran por fuera de la relación salarial y, por ende, de los derechos y protecciones que ésta provee. Tal como lo expresa una de nuestras entrevistadas, este reconocimiento mutuo permite abrir nuevos horizontes de encuentro y de lucha:

Nuestro mundo se abrió. Se abrió al hermano del cotidiano, al verme reflejada. A mí me costaba explicarles a los compañeros cartoneros que ser mantero o ser busca también es un trabajo. A esta altura es fácil contar por qué somos de la economía popular, porque no hay trabajo, porque se perdieron derechos laborales. Vamos visualizándonos dentro de nuestra propia historia y somos un montón, somos casi el 40% del trabajo de la República Argentina. (Jackie Flores, Coordinadora del Programa de Promotoras Ambientales de la CABA., MTE-CTEP, Junio de 2018)

De ahí que, la disputa central en términos simbólicos, políticos y normativos refiere a una demanda de reconocimiento en calidad de “trabajadores”, que propone una nueva forma de pensar las identidades colectivas en el mundo del trabajo e interpela al conjunto de trabajadores en pos de una unidad común. En este sentido, Fraser retomando las ideas hegelianas habla de una relación recíproca entre sujetos, donde el reconocimiento propio se constituye por medio del reconocimiento del otro, siendo esta relación constitutiva de la subjetividad. En palabras de la autora: uno se convierte en sujeto individual sólo en virtud de reconocer a otro sujeto y ser reconocido por él (2008, p. 85).

A fin de dar cuenta de las reivindicaciones de tipo redistributiva que las organizaciones de representación de la economía popular llevan a cabo, en este apartado nos centraremos en analizar cómo éstas sitúan al sector en el marco del modelo de acumulación actual, cuáles son, hacia quiénes se dirigen sus principales demandas y el modo en el que buscan alcanzar un mayor grado de justicia social.

En relación al primer punto, tanto nuestros entrevistados como las diversas fuentes analizadas realizan un diagnóstico similar: los/as trabajadores/as de la economía popular son consecuencia de un sistema cada vez más injusto que tiende a la expulsión continua de la mano de obra, en tanto que el papel del trabajo en el modelo de acumulación ha quedado descentrado, entre otras cuestiones, por la progresiva incorporación de tecnologías en los procesos productivos. Situación que, al menos en el mediano plazo, parecería irreversible:

La economía popular es hija del capitalismo del descarte. No es un modelo alternativo. No puede ser un modelo alternativo porque brinda respuestas a una minoría social. ¿Cuánto es el sector de la economía popular? un 20, 25%. Eso no es un modelo alternativo. (Gildo Onorato, Secretario de Políticas Sociales del Movimiento Evita-CTEP, Mayo de 2018)

Nosotros sabemos que la existencia de los trabajadores de la economía popular nace del capitalismo, del neoliberalismo. Donde prácticamente un modelo industrial en un país periférico es casi imposible de aplicar sin que haya un avance. Es difícil de solucionar dentro de este mundo de hoy. Muchos dudan que un modelo planteado como el de la economía popular con el centro en el trabajador pueda combatir al capitalismo, que pone en el centro al dinero. Obviamente hay un choque en eso. Yo creo que nosotros vamos a ser protagonistas de esa contradicción. No los únicos, pero sí los fundamentales por el número y porque nosotros no tenemos a dónde retroceder. Es la última frontera antes de la marginalidad total. (Gabriela Olguín, Presidenta de la “Cooperativa de Trabajo El Adoquín” -CTEP, mayo de 2018)

De las entrevistas se desprenden algunas cuestiones que nos interesa remarcar: en primer lugar, la dimensión intrínseca de la pobreza en la definición de la economía popular. Estos/as trabajadores/as son hijos del capitalismo del descarte, nacen del neoliberalismoy se sitúan en la última frontera antes de la marginalidad total. Como mencionaba otro de nuestros entrevistados, los vasos comunicantes con la pobreza estructural son muy fuertes. En segundo lugar, ello no implica que no exista una potencialidad política en términos organizativos (que se expresa a través de la sindicalización) ni que se desdeñe su capacidad productiva, lo que, como vimos, se ha convertido en el eje principal de las disputas entabladas por el reconocimiento de este sector como trabajadores/as (antes que como pobres, asistidos o informales). Lo que se ha modificado entonces, es el mundo del trabajo, sus instituciones de regulación y representación. Como explica Gildo Onorato la sindicalización de los trabajadores industriales surge de un proceso del capital donde la industria explota [mientras que] nosotros surgimos de un lugar distinto. De ahí que, se vuelve imperante la necesidad de transformar las instituciones vigentes, si lo que se quiere es propiciar formas alternativas para universalizar los derechos (al menos laborales, pero no únicamente) y ampliar las bases de protección social para el conjunto de la clase trabajadora. En tercer lugar, la vía política propuesta no es la construcción de un modelo alternativo, en el sentido de hacer de la economía popular un modelo a expandir, sino buscar nuevos mecanismos para garantizar una distribución más justa en términos económicos y sociales, al menos en el corto y mediano plazo, a partir de la sindicalización del sector.

De este diagnóstico sobre una situación estructural del capitalismo global se desprende -y es uno de los ejes que da fundamento a la reivindicación de reconocimiento de este sector como trabajadores/as-un análisis sobre el lugar que ocupan los distintos oficios de la economía popular en las cadenas de valor que integran, la mayoría de las veces, de manera invisibilizada o no reconocida. Tal como sucede en el caso de los cartoneros, los vendedores ambulantes y los productores de ladrillo artesanal (entre otros):

Muchas veces me causa gracia cuando dicen que no somos explotados, porque si vos hablás con cualquier trabajador de la economía popular ellos saben quién se queda con su plusvalía, con el sudor de su frente. Por ejemplo, el cartonero levanta una lata de coca en la calle, la traslada –tracción a sangre-, la lleva a su casa, la clasifica, usando su inteligencia, la acopia, la tiene en su casa [...] Eso termina en los galpones de acopio, camiones. Va a una planta de reciclado y esa lata vuelve a ser una lata de Coca Cola, que la empresa te cobra lo mismo y no está pagando ni un solo peso por derechos laboral, ni salario, por ese trabajador que indirectamente trabaja para el mismo grupo económico. Eso es un ejemplo. Otro, los que venden pañuelos trabajan para una marca. Otro, compañeros que compran chocolates a un mayorista. Otro, la ropa de los talleres [...] Los cuidacoches también, no es producción, es un servicio, pero también [...] Otro ejemplo, doce años de construcción en avance. Boom inmobiliario. Se llenaron los bolsillos las empresas inmobiliarias y no les llegó nada de eso a los ladrilleros de la economía popular. Les seguían pagando un peso cada ladrillo. Y vos ibas a Easy y tenías que comprar al doble o al triple. En el medio ¿quién se queda? [...] Entonces, cuando nosotros luchamos por derechos, lo estamos haciendo por derechos que deben ser restituidos, que nos pertenecen. (Gabriela Olguín, Presidenta de la Cooperativa de Trabajo “El Adoquín”-CTEP, Mayo de 2018)

Este reconocimiento al valor que el trabajo de estos/as trabajadores/as genera es otro de los argumentos centrales para entablar una disputa por un nuevo tipo de redistribución económica que incluya a la diversidad de ocupaciones, relaciones laborales, articulaciones y formas organizativas y productivas que componen el sector. Solo de ese reconocimiento es que puede emerger una política que contemple las distintas situaciones de explotación vigentes y que construya nuevos marcos y estrategias redistributivas. Es a su vez este análisis el que sostiene y fundamenta la disputa por derechos laborales y protecciones sociales, por medio del cual, como menciona Gildo Onorato se demanda una intervención del Estado de otro tipo. La dificultad de establecer nexos y responsabilidades en las cadenas de valor en las que se insertan la mayor parte de los trabajos de la economía popular imprime algunas características particulares a la construcción de las demandas y los actores de interlocución. En este punto, es en mayor medida el Estado con quien se negocia, mientras que las demandas al capital quedan rezagadas a negociaciones puntuales de algunos sectores. De estas lecturas de diagnóstico que entienden a la economía popular como un producto de una economía del descarte y que refiere a un análisis más estructural de las lógicas de expulsión que realiza el capitalismo en su fase actual, a aquella que conecta el papel de estos/as trabajadores/as en cadenas más amplias de intermediación y explotación muchas veces invisibilizada por la inexistencia de relaciones asalariadas, es que emergen las principales demandas de la organización que podemos distinguir en dos grandes tipos.

El primer tipo comprende aquellas demandas que refieren a la distribución de derechos y recursos no laborales, que apuntan a resolver o paliar injusticias económicas y sociales de carácter estructural y que proponen diversos tipos de mejoras en la calidad de vida de las clases subalternas, más allá de la dimensión laboral. Al respecto, la CTEP ha presentado cinco proyectos de ley (nacionales y provinciales) que se basan en: una Ley de Emergencia Alimentaria, que propone realizar un relevamiento oficial para detectar a niñas, niños y adolescentes con malnutrición o en riesgo de estarlo y brindar asistencia acorde a dichas personas, entregando bonos alimentarios que cubran las necesidades de una dieta sustentable; una Ley de Infraestructura Social que propone garantizar que el 25% de las obras públicas sean realizadas por cooperativistas de trabajo; una Ley de Agricultura Familiar que parte de entender a la tierra como un bien social y, en ese marco propone que las familias que poseen y trabajan sus tierras deben ser protegidas y deben fomentarse sus emprendimientos productivos; una Ley de Adicciones que apunta a la prevención y asistencia en los casos de consumo problemático de sustancias; y una Ley de Integración Urbana que propone la regularización y urbanización de los barrios humildes para mejorar las prestaciones de servicios y las condiciones de vida en general⁵.

El segundo tipo de demandas está constituido por las demandas sectoriales centradas en la cuestión laboral, que tienen por finalidad acceder a distintos recursos materiales, así como institucionalizar nuevos derechos y dispositivos que apunten a solventar problemáticas específicas de los/as trabajadores/as no asalariados/as de la economía popular y que surgen de las propias características del sector. La identificación de estas demandas, en algunos casos atraviesan al conjunto del sector, mientras que en otras refieren a problemáticas específicas de algunos oficios. En el caso de las demandas de carácter sectorial, en los últimos tres años se ha avanzado en la institucionalización de tres dispositivos: la Personería Social, el Registro Nacional de Trabajadores de la economía popular y el Salario Social Complementario (SSC), creado en el marco de la Ley de Emergencia Social, promulgada en Diciembre de 2016:

el tema clave está en los derechos, es lo que nos lleva a nosotros a una definición que es muy importante, que es esta idea de pasar de la lógica de subsidio y de que el Argentina Trabaja o esos programas son de contención social a que son salarios, definirlos como salario. De hecho, la Ley de Emergencia Social específicamente lo llama salario social complementario [...] Que vos llames salario al ingreso que estás recibiendo es fundamental. Para empezar, por ejemplo, sobre los salarios complementarios nosotros estamos armando un instrumento para darles créditos para que puedan tener una vivienda. Porque ahora, como es salario, ahora sí son sujeto de crédito. (Ariel Geandet, integrante de la mesa de economía del Movimiento Evita, Mayo de 2017)

Estos avances son entendidos por los/as referentes de la CTEP (y los movimientos que la integran) como un cambio fundamental en términos de reconocimiento del sector en tanto sujeto trabajador, que permitirían ampliar no solo los recursos a asignar, sino los derechos a conquistar. El caso del SSC es paradigmático entre las conquistas obtenidas, quizás no tanto por su alcance en términos cuantitativos o su forma de implementación (que en términos generales no presenta elementos demasiado novedosos), sino porque propone un cambio en términos simbólicos que redefine el sentido de un subsidio de asistencia por una prestación salarial ligada a la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil. El modo en el cual este cambio permita resignificar los sentidos de los/as trabajadores/as que lo perciben es un camino que resta por estudiar y dependerá, principalmente, de cómo las organizaciones que median en su distribución construyan políticamente la utilización de estos recursos y su resignificación como un derecho ligado a la condición de trabajador/a.

En relación a las demandas específicas de cada rama de actividad, la heterogeneidad de sectores en términos de actividades y ocupaciones que componen la economía popular, conduce a que cada rama diseñe estrategias propias de lucha, en función de las especificidades que las atraviesan. Una de las demandas principales ha sido la disputa por el acceso al espacio público:

En la defensa, en el conflicto, fuimos elaborando que el espacio público era un territorio en disputa. La burguesía, el poder tiene la idea de que es una continuación de la propiedad privada, donde se rigen las mismas reglas que en la propiedad privada. Una continuación de los negocios. Y nosotros creemos claramente que el espacio público está vinculado a los trabajadores [...] Lo que nos dimos cuenta era que el espacio público estaba en disputa y lo que estábamos discutiendo no era el ordenamiento del espacio público, sino la renta del espacio público. Estábamos discutiendo riqueza, la riqueza que nosotros producíamos, igual que cualquier otro trabajador. (Gabriela Olguín, Presidenta de la Cooperativa de Trabajo “El Adoquín” -CTEP, mayo de 2018)

La territorialidad que caracteriza a gran parte de los oficios de la economía popular coloca al acceso al espacio público como un eje de demanda central, en tanto que acceder a “la calle” es acceder a la fuente de ingresos. En base a esta disputa es que se han entablado una parte importante de las acciones de diversos colectivos de trabajadores/as en los últimos años, tales como los cartoneros, los manteros, vendedores ambulantes y feriantes. Para muchos de estos/as trabajadores/as la defensa por el acceso a la ciudad ha sido también el puntapié inicial de encuentro que habilitó la organización en pos de la disputa por otros derechos (Maldovan Bonelli, 2012), como en el caso de las organizaciones cartoneras:

Fuimos las mujeres las que dimos la discusión de las guarderías porque habíamos entendido algo que hace al hoy: nos veíamos como trabajadores y trabajadoras. Y eso nos permitió meternos en la agenda del Estado, exigirles todo lo no nos había dado. A medida que nos asumíamos como trabajadores nos dábamos cuenta de la cantidad de derechos que nos faltaban [...] Por eso exigimos que se nos pague por el trabajo que no dejaban hacer. Se acordó, lo llamamos “presentismo”. “No”, es el salario del servicio. Y sí empezamos a tener conciencia real que somos trabajadores que tenemos la capacidad de llevar adelante un servicio de reciclado pero que nuestros derechos laborales no estaban siendo cumplidos. (Jackie Flores, Coordinadora del Programa de Promotoras Ambientales de la CABA, MTE-CTEP, Junio de 2018)

El proceso de auto-reconocimiento como trabajadores/as y de valorización de las actividades realizadas abrió en varios de estos colectivos un camino al “darse cuenta” de los derechos negados. Esta reconfiguración de la idea de asistido, pobre o carente hacia la de sujeto productivo con capacidad de producir y aportar al ingreso nacional, opera en estas organizaciones como la base de las demandas redistributivas colocando al Estado en el lugar de principal sujeto de demanda. Y ello porque en algunas ocasiones su papel de regulador de ciertas actividades es más claro (como otorgar el derecho al uso del espacio público o reconocer al reciclado como un servicio público) y en otras, porque la complejidad propia de las cadenas de intermediación en ciertas actividades dificulta la identificación de una única “patronal” o sujeto de interlocución en el mercado. La dinámica de los acuerdos se entabla más bien por una demanda de recursos y derechos al Estado, acompañada por la construcción de acuerdos parciales con empresas o industrias que permiten mejorar el posicionamiento de los colectivos en las cadenas de valor de las que forman parte tal como sucede en la producción familiar y/o cooperativa del ladrillo artesanal:

Ahí la paritaria, se podría decir, la resuelven la oferta y la demanda. El precio del ladrillo se define a partir de la necesidad, del momento de producción y del nivel de organización que tenga. La paritaria está ahí, en el precio del ladrillo [...] Hay que regular la actividad. Teniendo una política nacional ladrillera, teniendo una mesa nacional ladrillera donde esté sentado el sector patronal, ahora las cooperativas. Estamos armando la federación de cooperativas. El Estado nacional y nosotros. Una política nacional. El precio nunca vamos a poder regularlo. Sí tiene que haber una base. Después que cada lugar se adecúe al precio que se va fijando. Hay acuerdos locales. Por ejemplo, en Traslasierra hay un precio de base. Nadie puede vender a menos. (Luis Cáceres, Secretario General UOLRA, mayo de 2018)

Esa pelea se da también. Es más indirecta. Por ejemplo, los textiles. Nosotros juntamos quince, veinte talleres que trabajaban en domicilio y hacen una cooperativa en un polo textil. Al levantar la productividad, la organización, habilitar el lugar, el monotributo, tener cuenta bancaria, etc. Cuando se sientan con un fabricante, sacan mucho mejor precio. Hay una disputa salarial, que no se da en el marco tradicional de un convenio colectivo porque no estamos dentro de la CGT, pero no está muy lejos. Pasa que hay que hacer un cambio drástico en las instituciones. Hay una disputa con lo que es el mercado. Y con el Estado, nosotros sabemos que también es una disputa para intermediar con el capital. No es el fin en sí mismo. Para subsidiar cualquiera de las políticas se las tiene que sacar a alguien. (Juan Martín Carpenco, referente del MTE-CTEP, junio de 2018)

En este punto aparece una cuestión clave que refiere a cómo las organizaciones buscan saldar la dificultad de establecer acuerdos formales y estables con el mercado, esto es, a través de la organización asociativa de productores en cooperativas de trabajo o servicios. La comercialización conjunta y en algunos casos también la producción asociativa es la vía que habilita un reposicionamiento en las cadenas de valor, permite incrementar las cantidades producidas o a vender, o bien establecer precios mínimos de manera colectiva. En el caso de los ladrilleros, la paritaria está en el precio del ladrillo, es decir que los ingresos de estos/as trabajadores/as se definen al momento de la venta. Acordar un precio mínimo conjunto y vender a través de la cooperativa es entonces una vía que permite saldar la competencia entre los pequeños productores familiares y garantizar una mejor distribución de los ingresos entre los asociados. Al mismo tiempo, aumentar las cantidades vendidas, como en el caso de los textiles, permite sortear intermediarios, realizar ventas directas a los fabricantes y de esta manera incrementar los ingresos recibidos por el producto realizado. La cooperativización tiene también en estos casos otro papel, y es el de brindar a los/as trabajadores/as ciertas protecciones sociales -aunque en ocasiones precarias-tales como aportes jubilatorios u obra social.

De ahí que, en las demandas y estrategias organizativas de las organizaciones de la economía popular en pos de garantizar una mejor redistribución se articulan demandas de tipo estructural que apuntan a saldar las brechas de acceso a bienes y servicios (como alimentación, vivienda y salud, entre otros), con demandas sectoriales orientadas al acceso a recursos, derechos y protecciones laborales. En ambos tipos de demandas las estrategias de disputa se orientan al Estado y se combinan con prácticas autogestivas que, en algunos casos, tienen al mercado como interlocutor o partícipe en la negociación.

Tal como se ha planteado en este artículo, las organizaciones de la economía popular desarrollan demandas en relación a una disputa en un doble sentido que, si bien en algunos momentos parecen apuntar a objetivos y resultados contradictorios, tienden a entrelazarse en la práctica. Por un lado, una de las demandas centrales de la CTEP ha sido el reconocimiento de sus representados/as como trabajadores/as, es decir, sujetos productivos. La resignificación del lugar otorgado a los/as trabajadores/as no asalariados/as de las clases populares se propone como una vía para revalorizar su posición (tradicionalmente relegada) como productores/as de trabajo y de ahí, generadores/as de riqueza. Este reposicionamiento es el que habilita también a construir nuevas demandas en el plano redistributivo, en tanto que reconocer el valor social y monetario que aportan a la sociedad es la base sobre la cual se argumenta la necesidad de construir nuevas instituciones que brinden derechos y protecciones a este sector. La reconfiguración de la institucionalidad laboral debe ir entonces, en esta propuesta, hacia un camino que comience por el reconocimiento de la diversificación de lo laboral y de la ampliación de las prácticas y relaciones del trabajo en el mundo actual, dejando de lado la dicotomía trabajadores vs. asistidosque atraviesa a gran parte de las políticas laborales y sociales actuales en Argentina. En estas demandas, el principal interlocutor es el Estado, aunque involucra de manera indirecta a otros actores como la Iglesia, la OIT y diversos organismos que a partir de sus declaraciones contribuyen a legitimar el accionar de las organizaciones de representación de la economía popular.

Esta demanda articula no solo la idea de trabajadores/as con la de derechos, sino que también se orienta a la búsqueda de reconocimiento en términos de sujeto político, esto es, como parte del movimiento de trabajadores/as organizados/as, en el cual el sindicalismo “tradicional” aparece como el principal interlocutor. La obtención de la Personería Social y el pedido de una Personería Gremial aparecen como los principales exponentes de la propuesta organizativa de la CTEP que tiene al modelo sindical como objetivo e ideal de construcción. Al momento, si bien la Confederación ha llevado a cabo diversas acciones en conjunto con la CGT, como movilizaciones o declaraciones, su incorporación a ésta en tanto organización central de representación de los/as trabajadores/as de la economía popular parece un camino menos probable, al menos en el corto plazo.

Sobre este plano del reconocimiento en tanto trabajadores/as con derechos . trabajadores/as organizados/as es que se asientan las principales demandas redistributivas que se han entablado en los últimos años. Al respecto, hemos analizado cómo éstas contemplan demandas de redistribución ampliadas que tienen como objetivo garantizar condiciones de vida dignas y que trascienden el plano laboral, con otras que se centran en una redistribución de recursos y asignación de derechos de corte sectorial, basados en la identificación de las especificidades de los/as trabajadores/as del sector.

A lo largo de nuestra investigación hemos podido identificar cómo ambas disputas se expresan de forma explícita en los discursos de los/as referentes entrevistados/as y en las distintas fuentes consultadas y analizadas. No obstante, a nivel de las prácticas no es fácil discernir cómo se distribuyen las acciones hacia una u otra (reconocimiento y redistribución) dado que éstas se entraman de forma compleja y se complementan estructurando demandas e intenciones que apuntan a incidir tanto sobre interlocutores externos a la organización (Estado, organizaciones sindicales, mercado, etc.) como hacia los/as propios/as trabajadores/as nucleados/as en la CTEP.

También es compleja la forma en que estas disputas se orientan a construir, al mismo tiempo, identidades generales y sectoriales, produciendo tensiones entre la demanda de reconocimiento como trabajadores/as (y por ende, la inclusión a un conjunto de derechos que ostentan los colectivos tradicionales, representados por las centrales sindicales) y la demanda de reconocimiento de las condiciones específicas de este sector de la economía popular, y con ella la exigencia de derechos específicos, que garanticen la participación en la economía desde una relación no asalariada. En este sentido, podría decirse que los derechos específicos -obtenidos a través de exigencias al Estado-expresan también la continuidad de una lucha contra las reglas de un mercado que los ha excluido de la posibilidad de ser trabajadores/as formalizados/as, en la cual se reconoce el lugar de las instituciones públicas como reguladoras de esta relación.

Estas disputas reconocen a su vez distintos sujetos de demanda, hacia los cuales se dirigen de manera selectiva las acciones de la CTEP como organización. Si bien el Estado es el principal referente en relación a ambas demandas, la necesidad de reconocimiento contempla una dimensión simbólica, que debe ser legitimada también por el conjunto de trabajadores/as organizados/as y por la sociedad en general. En este punto se inscribe también la lucha por formalizar este reconocimiento en instrumentos normativos, avalados por las cámaras legislativas y el Poder Ejecutivo, máximas instituciones de representación social y política de la ciudadanía.

Como punto interesante a continuar indagando se propone profundizar en las formas que adquieren las disputas por el reconocimiento y la redistribución hacia adentro de la propia organización, tanto en los discursos de los/as referentes y conductores/as dirigidos a los/as trabajadores/as de cada rama y colectivo, como en la forma en que éstas determinan o estructuran estrategias internas”, en tanto no sólo consolidan y aglutinan internamente a la organización, sino que también funcionan como orientadoras del sentido político y práctico de las acciones a desarrollar.