Constitución de subjetividades a través de las esferas públicas dominantes del desplazamiento forzado: el caso del escándalo de Carimagua en Puerto Gaitán, Meta (Colombia)¹

Constitution of subjectivities through hegemonic and subaltern public spheres of forced displacement of people: the scandal of Carimagua, Puerto Gaitán, Meta (Colombia)

Constituição de subjetividades através das esferas públicas dominantes de deslocamento forçoso: o caso do escândalo de Carimagua, Puerto Gaitán, Meta (Colombia)

Constitution des subjectivités dans les sphères publiques dominantes du déplacement forcé: le cas du scandale de Carimagua, Puerto Gaitán, Meta (Colombie)

Cuando comencé a tener contacto, a finales del 2011, con miembros de las comunidades del Bajo Atrato con las que desarrollaría mi investigación doctoral en torno a los procesos de subjetivación que estas habían vivido a partir de 1996 y a lo largo de su penosa experiencia de desplazamiento forzado, conocí de primera mano una serie de testimonios de algunos de los sujetos que después de haber vivido la violencia en el territorio y de haber tenido que abandonarlo para salvar sus vidas, daban cuenta de lo que para ellos había sido un aspecto positivo de su experiencia: un progreso económico que con alguna frecuencia pasaba por la inclusión en lo que llamaban una “vida moderna y de desarrollo”. Por supuesto, este balance no era ajeno a la cuenta que ellos mismos daban de la dramática experiencia de su trasegar, y de lo devastador que también había sido perder familiares, amigos y vecinos, así como su tierra, sus animales y sus bienes. Balances como este son frecuentes entre aquellos que después del desplazamiento se han asentado de manera definitiva en las ciudades, pero también se encuentran entre aquellos que han podido retornar después de meses, e incluso años, de resistencia, refugiados en albergues temporales.

Algunos meses después y siguiendo mi propia deriva investigativa, me topé, inicialmente por referencia de algunos de los miembros de las zonas humanitarias del Jiguamiandó, y luego por el registro mediático que el caso había producido (Montero, 2011), con la noticia de un líder de la región de apellido Marmolejo, que había promovido entre los años 2008 y 2010 la adhesión de las comunidades a los proyectos de palma africana, proyectos que, según muchos, e incluso según la justicia penal colombiana, compartían parte de la responsabilidad de los desplazamientos que habían ocurrido a partir de 1996.

Pero Marmolejo no era un caso de excepción: eran varios los miembros de las comunidades que, a pesar de las denuncias de los líderes y del grueso de las comunidades retornadas, apoyaban los cultivos de palma, pues haciendo eco de lo que les habían dicho los agroinversionistas, “ellos traerían trabajo, ingresos y progreso para la región” (entrevista personal a César, 13 de marzo del 2013).

En la larga e intensa experiencia etnográfica de seis años de investigación entre comunidades e individuos que vivieron el desplazamiento, el alto número de testimonios o referencias como los que he señalado -más del 30% de los testimonios recogidos contienen afirmaciones en algo similares- han dirigido mis inquietudes investigativas hacia la potencia de las agencias que desde sectores económicos, políticos y sociales difunden las miradas y los mensajes que hacen posible que muchos de los sujetos desplazados no solo valoren positivamente lo que desde ciertos lugares de las ciencias sociales ha sido una forzosa alternativa en su experiencia de resiliencia, sino que se conviertan en sus heraldos.

Allí se hace imperativo atender al papel de los sujetos desplazados como agentes interpelantes. Es decir, como sujetos que en su existencia y en la persecución de sus intereses se exponen al lenguaje de los otros (Austin, (1955) 1982; Butler, 1997, 2001, 2009), haciendo a su vez a los otros objeto del propio lenguaje, y resultando reconstituidos permanentemente en este flujo, en lo que Huergo (2005) entiende como un proceso educativo.

Entre los agentes interpelantes que además de los propios desplazados pudieron tener alguna incidencia en sus reconfiguraciones “subjetuales” durante su desplazamiento, se encuentran los miembros de ONG o miembros de entidades del Estado, los representantes del sector productivo y de la academia, y los medios de comunicación, entre otros. Me he interesado en este trabajo por los medios de comunicación dominantes, es decir, aquellos que según Fraser (1992) hacen circular las opiniones y los discursos en unas esferas públicas en la que se toman decisiones de amplio impacto para el Estado. En estas esferas, unos agentes, unos temas y unos discursos conquistan, como no lo logran otros, la posibilidad de hablar y ser escuchados a través de medios de la más amplia difusión; entre tanto, otras voces, con sus temas y discursos, deben limitarse a la constitución de esferas públicas rivales o subalternas en las que, si bien son escuchadas, aplaudidas y controvertidas, no tienen ni la difusión ni el impacto de las primeras. En ellas se da curso a la guerra, pero de modos que exploraré en este documento, también se da curso al sujeto. Los medios de comunicación participan en la configuración de las esferas públicas en las que se modulan las acciones de los sujetos que controvierten los hechos de la guerra o toman decisiones en ella.

Abordar las dinámicas relativas a la estructuración de las esferas públicas en las que aún hoy se construye la inteligibilidad del fenómeno del desplazamiento forzado permite en este artículo contribuir con la comprensión del campo de los efectos “subjetivantes” de la guerra, y en particular del desplazamiento forzado. Se trata de una de las aristas que en medio de una profusa producción académica en torno al fenómeno, en la que se destacan trabajos como los de Bello (2000a), Bello et al. (2000b), Merteens (2002) y más recientemente Salcedo (2012, 2015), ofrece nuevas oportunidades de dilucidación; oportunidades que ahora, cuando soplan vientos de transición política -lejos de retornar a un idílico estado original de las cosas nos encontramos con “un mundo después de la guerra”- nos exigen ampliar y profundizar nuestras indagaciones para poder entender qué, al fin de cuentas, es lo que nos ha quedado.

Las ciencias políticas, económicas y administrativas han explorado, en el desplazamiento forzado de la población producido por la guerra, las dimensiones relativas a procesos de ordenamiento territorial llevados a cabo violentamente. En estos enfoques, los investigadores se han servido de categorías como “contrareforma agraria” y “latifundización” (Osorio y Lozano, 1999; Ramírez, 2001; Fajardo, 2002), y “relatifundización regresiva” o “colonización armada” (Mondragón, 2000). Los investigadores han atendido a las causas y los efectos que vinculan al desplazamiento con el narcotráfico (Reyes, 1994; Rojas, 1998; Afrodes, 2001) y, por supuesto, en una mirada sobre los desequilibrios y la incapacidad de absorción de los mercados locales, han intentado entender el problema del desplazamiento como el movimiento de una población de un entorno económico a otro (Reyes, 1997; Vargas, 2000; García y Mejía, 2001; González, 2002). Pero aún es insuficiente lo que se ha indagado y escrito sobre un cuestionamiento de gran calado frente al tipo de subjetividades y sujetos que debieron ser producidos para que las nuevas territorialidades tuvieran al menos una mínima productividad social y económica.

Por otro lado, si durante los últimos treinta años la sociología, la antropología, el trabajo social o la psicología han avanzado en la comprensión tanto de las dimensiones del fenómeno relativas al compromiso de la existencia colectiva de los grupos sociales despojados y muchas veces atomizados en una diáspora a lo largo y ancho del territorio, como de la difícil existencia del individuo desplazado (Osorio, 1996; Osorio y Lozano, 1998, 1999; Bello, 2000a y 2006; Bello et al., 2000b; Castillejo, 2000;), una buena parte de estos trabajos han adoptado una visión de los escenarios individuales y colectivos de lo que puede llamarse un “postconflicto”, como escenarios de procesos resilientes (Meertens, 1995, 1998, 2002; Segura, 1998; Duque, 2000; Ramírez et al., 2004;) que buscaban la renovación de la existencia perdida, o al menos de la capacidad de salir adelante ante el dolor, el trauma y las ausencias dejadas por la guerra.

La posibilidad de que ciertas reconfiguraciones “subjetuales” hubieran otorgado a los sujetos que vivieron el desplazamiento una articulación funcional con el tipo de vida que ahora les correspondía vivir, resultó durante mucho tiempo una posibilidad menor que terminó por enclaustrar en el lugar de víctimas impotentes a los desplazados que arribaban por cientos de miles a las ciudades. El hecho es que tal subjetivación estuvo siempre allí, y no solo operó como un conjunto de condicionantes externos para una población que debía reponerse de la pérdida difícilmente reversible de la vida misma o de la forma en que la había vivido, sino también como profundas trasformaciones “subjetuales” frecuentemente adaptativas que emergían de una supuesta interioridad del sujeto para detonar su nuevo “nacimiento”.

En esta aproximación a la naturaleza de los procesos de transformación o reconfiguración “subjetual” (Austin, (1955) 1982; Butler, 2001), y a los efectos de tales transformaciones, se inscribe el presente trabajo. Se trata de una aproximación que ha encontrado su oportunidad en el escenario transicional actual, en el que independientemente de que hayan o no cesado las dinámicas de la guerra, los objetivos de algunos de sus agentes violentos -la expulsión de la población de un territorio, la reactivación de una economía agroindustrial como la bananera o la instalación de una nueva como la de la palma africana, la “docilización” de una población potencialmente trabajadora o la neutralización de la lucha guerrillera- parecen, al menos parcialmente, objetivos cumplidos e irreversibles. Las víctimas que sobrevivieron al conflicto fueron transformadas por la guerra y, entre estas, lo fueron millones de desplazados; su ser y su potencia los ofrece ahora como nuevos tipos de sujetos que esperan ser absorbidos por el orden económico y social que participó en su desplazamiento.

He elegido, en la tarea aquí propuesta de indagar por la acción y la potencia de los medios de comunicación en la constitución de subjetividades, al medio del desplazamiento forzado, en el connotado “escándalo de Carimagua”. Si bien este no involucró directamente a los sujetos desplazados del Bajo Atrato con los que he venido desarrollando mi investigación, Carimagua resulta un episodio excepcional de la vida política del país y de las minorías que han vivido los más recientes procesos de desplazamiento forzado, dada la deriva que tomó durante los dos meses de intensa disputa mediática y dados tanto los actores que fueron involucrados, como los argumentos que allí se expusieron. Se trata de un episodio de la reciente historia política colombiana ocurrido en el curso del año 2008, en el que algunas comunidades de desplazados se enfrentaron con el aparato administrativo del Estado colombiano a raíz del incumplimiento de este último en su promesa de resarcirles algo de la pérdida de su territorio mediante la entrega de la finca Carimagua, localizada en el municipio de Puerto Gaitán, en la Orinoquía colombiana, al suroriente del país. Mediante una serie de argucias políticas y administrativas, el Ministerio de Agricultura, bajo la instrucción del gobierno nacional, intentó ofertar en arriendo el predio para su aprovechamiento agroindustrial, una vez que una serie de actos administrativos ya habían destinado las tierras a los desplazados.

Los hechos ocurridos en Carimagua fueron noticia nacional y, como acontecimientos notables de la vida política, permanecieron en muchos de los medios de comunicación que los difundieron durante varios meses. En esta difusión podemos observar con especiales matices las tensiones que operaron y operan aún entre distintos actores involucrados, incluidas algunas agencias estatales; algunos de ellos expresaron de manera explícita sus expectativas y lo hicieron a través de medios cuya producción noticiosa e informativa llegaba a públicos amplios de vital importancia para la salvaguarda de la legitimidad estatal, en particular del gobierno de Álvaro Uribe, que por aquel entonces no pasaba por uno de sus mejores momentos.² Vale decir que si estos medios daban voz a públicos dominantes, no solían representar ni dar exposición a las posturas de los desplazados y sus organizaciones.

En el escándalo no participaron directamente los sujetos desplazados y su voz fue casi nula durante el cubrimiento noticioso por parte de la prensa revisada; aun así, como testigos atentos de todo lo que allí se decía, su subjetividad fue expuesta a intensas interpelaciones que modularon sus narrativas, discursos e intereses. Estos quedaron conminados a esferas públicas en las que al fragor de sus propias disputas y tensiones se modelaron las posturas, se movilizaron los intereses y se tomaron las decisiones que por otras vías y por otros medios de seguro incidieron también en su destino. Ello resulta comprensible si asumimos, al decir de Fraser (1992), que más que una exclusiva esfera pública hegemónica (Habermas (1962) 1981), existe una plétora de esferas públicas rivales en las que operan “contrapúblicos” subordinados, parcial o totalmente excluidos de los sectores dominantes de la sociedad; es decir, sectores que, desde la concepción de Habermas, participan en la toma de las decisiones que atañen o inciden en la vida del conjunto de la sociedad. Estas esferas públicas rivales no solo están constituidas por otros públicos, sino que en ellas circulan también otros intereses, otros registros lingüísticos e incluso otros temas que pueden no relacionarse con aquello que de manera dominante se considera un asunto público.

En el escándalo se exhibieron las tensiones en que se sumergen los contrapúblicos, así como el desbalance que opera en el escenario democrático colombiano y en su cultura política. En tanto modulación de posturas, narrativas y acciones, la cultura política se mediatiza en las opiniones públicas dominantes, en las subalternas y en las generales, enriquecidas por temas, argumentos y opiniones, pero también por la conciencia reflexiva de los involucrados. Reflexividad que se opera en torno a las identidades, las memorias y las narrativas del sujeto, como actividades modeladoras de aquello que le permite visualizar un horizonte de expectativas y de posibles acciones colectivas encaminadas a cumplir con dichas expectativas.

Partiendo entonces de la idea de que la opinión publica constituye una de las aristas de la cultura política, y reconociendo que la acción de la prensa escrita y de los medios de amplia circulación y divulgación que participaron en el escándalo pudieron haber tenido como destino un tipo de público o una esfera pública parcial o relativamente ajena a las propias comunidades desplazadas -un gran público, por cierto-, debo examinar algunos de los componentes de los discursos movilizados dentro de la opinión pública que cobraba visibilidad durante el escándalo. Estos componentes me permitirán al mismo tiempo dar cuenta de algunos de los rasgos, las variables y los procesos relevantes en la constitución de las subjetividades.

Me he planteado, en consecuencia, tres preguntas para entender la gran esfera pública concernida, así como la capacidad de la acción mediática desplegada durante el escándalo, para promocionar una “paridad de participación” consistente, según Fraser (1992), en la existencia de una pluralidad de esferas públicas en las cuales los públicos subalternos puedan poner a circular sus propios temas e intereses, y en sus propios lenguajes, asegurando una mejor vida pública y una mejor democracia.

Una primera pregunta es relativa a los actores que intervinieron en la esfera durante los hechos analizados, así como a los significados e intereses más relevantes, pero también inmediatos, de sus posturas y de los tipos de agencia que desarrollaron. Una segunda pregunta es frente a la dinámica comunicacional de la esfera, y en particular frente a los temas, los significados, e incluso el lenguaje y el tipo de argumentación que fueron utilizados como recursos de los actores; y una tercera pregunta está relacionada con el paradigma o modelo de desarrollo en el que se apuesta por una estructura para la sociedad y para el Estado, pero en el que también se definen tendencias y acentos en los ideales de realización individual y colectiva; también, a partir de estos, se dinamizó la esfera pública concernida. Estas tres preguntas dan lugar a cada uno de los títulos en los que se divide el documento. La narración que se presenta a continuación es la reconstrucción de los hechos denunciados y expuestos a lo largo de dos meses por el periódico El Tiempo, diario de circulación nacional con el mayor número de lectores dentro de la oferta de prensa del país, tanto en su edición impresa como en su edición virtual. De manera paralela, y con el propósito de identificar posibles tendencias adicionales, se hizo una revisión prospectiva de tres fuentes complementarias: El Espectador y La República -dos matutinos de circulación nacional en Colombia- y un documento técnico titulado Carimagua: un modelo desplazador, publicado en la web algunos meses después por el equipo de investigación de la entonces senadora Cecilia López de Montaño (López, 2008).

A comienzos de febrero del año 2008, el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder), organismo adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, abre una licitación para ceder en arriendo a empresarios, por un periodo de 50 años, el predio público Carimagua, que cuatro años atrás, en el 2004, había sido destinado mediante acto administrativo³ a la población desplazada. El 9 de febrero del 2008, El Tiempo denuncia ante sus lectores, en su edición virtual, la pretensión del Incoder y del Ministerio de Agricultura en cabeza del entonces ministro Andrés Felipe Arias, de entregar a empresarios inversionistas del sector agroindustrial las 17.000 hectáreas de Carimagua (El Tiempo, 2008a). Al día siguiente haría la denuncia en la primera plana de su edición dominical impresa (El Tiempo, 2008c). La licitación, que en principio habría llamado la atención de cuatro empresas del sector palmicultor,⁴ habría culminado con éxito y de acuerdo con el cronograma definido, de no ser porque tras la oferta se desató el malestar de algunas organizaciones sociales de desplazados de la Coordinación Nacional de Desplazados (CND),⁵ a quienes les había sido prometido el predio en el 2004, mediante acuerdo administrativo firmado también por Arias, entonces viceministro de agricultura.

En dicho acuerdo se transfería la posesión del predio al Incoder y se definía el objetivo de beneficiar a la población desplazada, mediante la destinación de los terrenos “al Programa de asentamiento de desplazados reincorporados orientado a brindar opciones productivas y de futuro a familias afectadas por la violencia” (López, 2008: 15).

Durante aproximadamente un mes, el “destapado” escándalo de Carimagua fue conducido por instancias políticas, legislativas, administrativas y mediáticas, a cargo de actores como el propio gobierno nacional a través del ministro de agricultura, los partidos políticos y sus representantes, congresistas, funcionarios públicos como el procurador general de la nación y sus delegados, y, por supuesto, los medios de comunicación. Estos actores se sumergieron en una polémica en la que las opiniones y decisiones se intercambiaron en los espacios mediáticos, en el espacio legislativo del Congreso, y en el administrativo de la Procuraduría General de la Nación. Aunque actores protagónicos, los desplazados tuvieron una casi nula participación testimonial en el proceso.

Una vez publicada la noticia, la Procuraduría anunció su intervención a favor de la población desplazada mientras parlamentarios del Partido Liberal colombiano anunciaban una próxima citación al ministro Arias ante el Congreso para que respondiera por unas decisiones que, al enfrentar los intereses de los empresarios con los de la población desplazada, contradecían las consideraciones hechas por la Corte Constitucional frente a la necesidad de privilegiar y resarcir a las víctimas del conflicto. Los congresistas sugerirían una moción de censura que condujera a la destitución del funcionario. La dimensión que cobró la polémica evidenció la limitación de las políticas de reasentamiento y restitución de tierras para las víctimas del conflicto, y, para el gobierno, la necesidad de controlar un escándalo que podía seguir deteriorando su credibilidad e imagen.

El 13 de febrero, cuatro días después de la primera denuncia hecha por El Tiempo, el ministro Arias anunció la suspensión de la licitación, mientras se estudiaba en profundidad el caso por una comisión de expertos: dos exministros, uno de economía y el otro de agricultura; un exdirector del Departamento de Planeación Nacional y un especialista en gestión de proyectos agrícolas en la región de Carimagua; los tres primeros eran economistas, el cuarto, administrador de negocios (El Tiempo, 2008i). Ante el notable énfasis agrofinanciero y económico de la comisión, ante la ausencia de representantes de la comunidad desplazada y de organizaciones vinculadas a la problemática, y por la acción de presión de los medios, el Ministerio anunció tres días después la ampliación de la comisión encargada de estudiar el caso, con la integración de múltiples líderes regionales y municipales, así como de líderes de organizaciones sociales de desplazados y del propio representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Colombia.

Durante las siguientes dos semanas, la polémica se disipó gracias a la oportuna decisión del gobierno de poner en estudio el destino de Carimagua. Por su parte, los representantes liberales en el congreso continuaron con la promoción del debate contra el ministro, que se realizó un mes después y en el que, gracias al apoyo de los partidos cercanos al gobierno, no prosperó la moción de censura. El 2 de abril el ministro anunció la decisión de dar por cancelada la licitación. Por su parte, el Partido Liberal anunció al día siguiente la suspensión de la moción de censura en vista del “triunfo político” que representaba la decisión del ministro. El 15 de mayo siguiente, y por sugerencia de la comisión encargada del estudio del caso, el gobierno decidió que en Carimagua se implementaría una estrategia que favoreciera equilibradamente a la población desplazada y a los inversionistas agroindustriales, sin implicar la cesión del predio (El Tiempo, 2008j). Esto se debería lograr a través de un proyecto que permitiera la participación de la población en la cadena productiva agroindustrial al tiempo que su seguridad alimentaria.

Durante el escándalo son múltiples los rasgos y atributos que de los desplazados y del desplazamiento toman relevancia en la esfera público-mediática configurada, sesgando en muchas ocasiones la comprensión que tienen diversos públicos del desplazamiento y de sus víctimas. Uno de estos rasgos es el aparente lugar de indefensión de los desplazados frente a un orden económico e incluso político. La indefensión de la población desplazada parece conprometer incluso su ciudadanía, especialmente cuando, concebida esta como empresarial y autogestora, se duda sistemáticamente de su capacidad de agencia. En este tipo de ciudanía, analizada críticamente por autores como Aparicio (2012), Foucault (2007), Jodar y Gómez (2007) y Rose (1997), habría mutado la ciudanía de derechos contemporáneamente.⁶ El problema no es aquí que distintos actores tengan en consideración su condición de vulnerabilidad, la cual puede ser evidente, sino que esta, por la presunción de su limitada capacidad de agencia, conduzca acríticamente a su silenciamiento.

Será claro para la Procuraduría (El Tiempo, 2008b y 2008f), en lo más temprano del escándalo, que las comunidades de desplazados merecen un trato preferencial por parte del Estado por su condición de vulnerabilidad. Esta condición y los desafíos jurídicos que implica en materia de garantía de derechos, constituirán una primera línea argumental durante la controversia. Para la Procuraduría, que objetó las pretensiones del gobierno, existía un compromiso legal fundamental entre las víctimas y el Estado, que debía ser respetado: la sentencia T-025 del 2004 de la Corte Constitucional (Colombia, 2004), el cual obligaba a la atención especial que la población desplazada debía recibir ante un estado de cosas inconstitucional en su precaria condición.⁷ Sobre esta misma línea argumental, en defensa de la población desplazada, pero con la misma lectura del desplazado como un sujeto inerme que espera la atención del Estado, esgrimirá sus argumentos Cecilia López, congresista liberal que acusará al ministro por su “postura negligente frente a las víctimas” (El Tiempo, 2008d), y al gobierno, en general, por el ocultamiento de las decisiones tomadas frente a la apertura de la licitación. Por su parte, la Acnur, en la misma línea argumental, “se manifestará preocupada por el impacto negativo de la decisión sobre los desplazados” (El Tiempo, 2008d).

Una segunda línea argumental en el debate, relativa a los equivocados procesos administrativos seguidos dentro de la acción administrativa en cuestión, deja ver también el supuesto carácter pasivo de la población desplazada. El conjunto de actos administrativos que habrían posibilitado la apertura de la licitación para la adjudicación de los predios en arriendo,⁸ ejecutados en una presunta ilegalidad, en particular la modificación de la destinación del predio de Carimagua, así como la propia gestión y responsabilidad de los funcionarios involucrados, incluido el ministro, son hechos que parecen no concernir a los desplazados en cuanto ciudadanos, sino tan solo por los efectos negativos que percibirían como comunidades vulneradas. Esta dimensión administrativa del escándalo tampoco se desarrolló con la profundidad requerida cuando hubo reestructuraciones organizacionales de por medio, como la del Incoder, o traslados de funciones de una entidad a otra, como aquellas que se pasaron del Incoder a Acción Social.⁹

El vago análisis de estos hechos, seguro objeto de una ciudadanía activa y vigilante, posiblemente se debió a la poca importancia que a juicio de los medios podía tener para las víctimas y para los públicos en general. Resulta notable y revelador el hecho de que la percepción de la experiencia y de la condición de ciudadanía del desplazado se reduce, por cuenta de la acción mediática descrita, a aquello que los constituye en su condición de víctimas. Ello resulta problemático, como lo identifica Amartya Sen en sus trabajos sobre la identidad (2007: 31), en la medida en que distorsiona la consideración de la complejidad de la subjetividad en cuestión e impone al desplazado, en una total carencia de libertad y en lo que Wieviorka (2001) identifica como una subjetividad suspendida, lo que supuestamente lo define identitariamente de manera esencialista y exclusiva.

También, en una tercera línea argumental, se observa, y quizás de manera mucho más explícita, el silenciamiento de las organizaciones de desplazados. Se trata de una serie de argumentos relativos a la productividad del terreno de Carimagua, tema sobre el cual, a pesar de tratarse de comunidades campesinas, nada tuvieron que decir los afectados. El debate en torno a este tema fue promovido para posicionar la alternativa de una utilización de los terrenos para la puesta en marcha de proyectos agroindustriales con altos niveles de inversión y rentabilidad, y con una utilización intensiva de mano de obra. Se abordaron los siguientes temas: a) la infraestructura necesaria para sacar el mejor provecho de los terrenos, b) los montos de inversión necesarios y por lo tanto la conveniencia de entregar los terrenos directamente a los desplazados, y c) la calidad y acidez de los suelos.

Tanto en su versión en línea (El Tiempo, 2008a) como en su versión impresa (El Tiempo, 2008c), El Tiempo citará los argumentos del ministro Arias en la defensa de la apertura de la licitación, así como los argumentos de los actores contradictores. En ningún momento citará los argumentos de los desplazados. Notorias y polémicas serán afirmaciones del gobierno como la del ministro Arias, según la cual “sacarle recursos a ese predio (a través de su arrendamiento a empresarios) genera más recursos que entregárselo a desplazados” (El Tiempo, 2008a), o la del entonces presidente Uribe, en la que mostrándose a favor de la promoción de proyectos que permitieran la generación de empleo para desplazados, antes que en el facilitamiento de la propiedad de la tierra y en la creación de unidades productivas autónomas, expresaría: “Tememos que si simplemente se distribuyen en pequeñas parcelas, eso se vuelva rastrojo y rancherío de pobreza e improductivo” (El Tiempo, 2008e, itálicas añadidas).

Por otro lado, en un artículo en línea de El Tiempo (2008f) y en el trabajo de López (2008) se menciona que, según un investigador de la Fundación para el Desarrollo Sostenible (Fundes),¹⁰ el predio sería apto en materia de infraestructura y condiciones estratégicas para la instalación de las comunidades de desplazados. También la acidez de los suelos fue objeto de la discusión, y también sobre este tema se pronunciarán exclusivamente los expertos (El Tiempo, 2008f). Claramente, desde el inicio del escándalo, a los desplazados, condenados a no ser más que desplazados, el ministro, los medios de comunicación y muchos de los agentes involucrados les relevaron de toda injerencia en un asunto sobre el que de seguro habrían tenido algo que decir. La razón era clara: se trataba de la promoción que Arias, miembro del gobierno de Uribe, estaba decidido a dar a un modelo agroindustrial al cual, al menos entonces, los desplazados no estaban invitados a participar: “Creo que no podemos ser irresponsables al entregar unas tierras que no les van a servir a los campesinos y que con seguridad su destino será el rastrojo. Otra cosa distinta es si le damos un carácter empresarial para desarrollo de la zona” (El Tiempo, 2008g). Ante la presión de los medios, de la Procuraduría y del Congreso, Arias suspendió el proceso licitatorio y encomendó el caso a la comisión de economistas y expertos, que será ampliado posteriormente.

Si el silenciamiento de las víctimas, o su aparente consideración como interlocutores no idóneos, y si el despojo no solo de su tierra sino de su propia capacidad de agencia, o de su propia ciudadanía, no parecen ser asuntos “tematizables” dentro de esta esfera pública, sí lo será el sesgo simplificador de las discusiones en torno a su dimensión económica. Empobrecimiento relativo de la discusión que constituirá una cuarta línea argumental en el escándalo. Esta se plantea ante el hecho de que las razones expuestas desde el campo de la productividad parecen estar sesgando a la opinión pública, o mejor, la opinión de un público que, al menos según algunos actores que logran incidir en la esfera, podría y quizás debería reconocer que existen otras variables relevantes en juego. Esto se percibe en el despliegue que se le da a las razones técnicas y financieras en los múltiples artículos publicados, antes que a las de tipo humanitario y legal que abogan por la atención integral de las víctimas y por un proceso que respete el principio de legalidad. El artículo titulado “El tema de Carimagua se debate entre la razón y el corazón” (El Tiempo, 2008h) expone muy bien este sesgo; allí se entrevista a un funcionario del organismo estatal Corpoica,¹¹ de quien afirma El Tiempo que es uno de los hombres que más sabe de producción de suelos. El funcionario afirma:

si no se desarrolla un proyecto agroindustrial no habrá frutos, pues los suelos necesitan altas inversiones para ser realmente productivos. Debemos aprovechar la tierra y dar empleo para que vivan en condiciones dignas y aprovechar la tierra para que se convierta en un polo de desarrollo. El sesgo mencionado coloca en una balanza la razón y cordura de una decisión tomada a partir de aspectos técnicos y financieros, frente al corazón o la sinrazón de tomar una decisión tendiente exclusivamente a resarcir a las víctimas.

Una esfera pública se hace dominante o reafirma un lugar de dominación, potenciando igualmente su capacidad de interpelar y constituir a los sujetos, a través de un puñado de medios masivos de comunicación e información, movilizando una batería de conceptos, argumentos y metáforas que poco a poco parecen haber logrado la adhesión de los indecisos y el silencio de los contradictores. En los reportajes y las notas de opinión, las posturas que se irán desplegando durante el debate generan la impresión de que los desplazados, o al menos el gran público al que los medios citados van dirigidos, habrían sido convencidos por las razones del gobierno en materia de grandes proyectos productivos, financiables exclusivamente por el gran capital del sector agroindustrial. Esta supuesta persuasión habría sido el resultado de unas discusiones realizadas lejos del alcance de los medios de comunicación.

Pero se trata solo de una impresión. Una mirada más atenta nos revela que los desplazados o las asociaciones que los representan nunca tuvieron voz en el espacio público configurado por periódicos como El Tiempo, El Espectador o La República, y si la tuvieron, esta fue muy limitada y sesgada, ya que versó no solo sobre temas sino sobre posturas que se impusieron más allá de toda discusión. En los artículos de Internet revisados en La República y El Espectador tampoco aparecen sus voces. Ellos siempre fueron protagonistas silenciosos, cuyos intereses fueron apoderados o representados por la Procuraduría, por los congresistas de los partidos Liberal y Polo Democrático, o por algunos columnistas en las secciones de opinión en la prensa referenciada. Lo que los medios revisados lograron construir, en este caso, fue una proyección de las voces más sonoras, y un vacío en torno a las expectativas de los propios desplazados. Tenemos noticia permanente de lo que debería interesarles a las comunidades a través de lo que la Corte estima como los derechos que les deben ser garantizados, pero nunca se acude a los propios desplazados.

Al final de este escándalo que se publicitó bajo la sombra de un debate, cada parte cobró de alguna manera algo de lo que le correspondía: el gobierno posicionó en la esfera pública dominante la idea sobre la conveniencia de un modelo de negocios acorde con la estrategia agroindustrial de las economías de escala en el agro, altamente productivas; quienes abogaban por los desplazados, lograron la posibilidad de la participación de los mismos no solo como empleados, sino como potenciales socios estratégicos de los agentes públicos y privados inversores de gran capital en Carimagua. Pero el debate no lo ganó el gobierno ni los congresistas opositores, y mucho menos los desplazados; lo ganó una postura, un enfoque neoliberal que fortaleció en un amplio número de esferas públicas un punto de vista y un modelo de producción que prioriza las estrategias de inversión y generación de riqueza como camino para responder a las demandas de bienestar, equidad y prosperidad para una sociedad.

Si en principio las razones de tipo político que hicieron de la decisión del ministro un escándalo se fundaban en un marco jurídico en que los desplazados detentaban una serie de derechos y requerían de unas garantías dispuestos por la Corte Constitucional para subsanar en algún grado su condición de vulnerabilidad, el campo en el que se desarrollará el debate será poco a poco copado por un discurso económico lleno de razones de tipo técnico y financiero. En este discurso no podía ser racional sacrificar parte de la potencial productividad de un terreno para entregarle tierra a los desplazados, ni ello era tan rentable como entregar estos terrenos al capital privado, a los agroindustriales del país.

Ahora, si se lee el escándalo en la clave de un interés genuino por configurar una cultura política y una democracia más incluyente, y si se reconoce la divergencia en los posibles horizontes de realización de un pueblo culturalmente diverso como lo es el colombiano, muchas voces, temas y posturas debieron ser incluidos; pero el hecho es que se trató de una esfera pública dominante, organizada en torno a unas convicciones económicas que, a pesar de su posible crédito, no comparten todos los colombianos. En esta esfera pública no todo tema era válido, ni lo eran todas las herramientas discursivas, ni los actores que pudieron haber estado allí. Se trataba de una esfera pública fuerte,¹² dada su cercanía tanto a electorados activos y preponderantes del sistema político colombiano como a las instancias decisorias del Estado. Claramente el Congreso, el ejecutivo, el ministerio público, las altas cortes y el propio gobierno resintieron el coletazo de un escándalo que fue detonado en un periódico de circulación nacional, con amplia difusión, aun cuando no todos los sectores de la sociedad colombiana estuvieron allí representados.

A primera vista, el escándalo fue trascendido por los efectos políticos de: 1) la exitosa defensa que las fuerzas políticas cercanas al gobierno hicieron del ministro, 2) la necesidad de mantener una opinión pública favorable a un gobierno que pretendía entonces la reelección para un tercer cuatrienio de mandato, y 3) las demandas y la presión de agencias y ONG nacionales e internacionales que trabajan en la defensa de los derechos humanos y de las víctimas. Pero es una cuarta razón la que mejor explica el cierre “prematuro” de este episodio sin unos efectos realmente notables en aquel momento, como lo pudieron haber sido la destitución del ministro o una decidida acción de restitución a las víctimas: la necesidad de posicionar y fortalecer un discurso argumental fundamentado en un orden económico que permitiera sin tanta controversia posteriores decisiones políticas y económicas cercanas a la racionalidad productivista y “eficientista” del Estado.

Será justamente dicho efecto el que posibilite, tres años después, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, la inclusión de un polémico artículo que privilegia los proyectos productivos a los derechos de los desplazados -el 99-, en la Ley 1448 del 2011 o Ley de víctimas y restitución de tierras, y que posibilitará también la descarada participación del actual procurador Alejandro Ordoñez, junto al exviceministro de agricultura y hoy presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Jose Felix Lafaurie, en eventos públicos realizados en el Caribe colombiano, en los que se pronunciaron en contra de la misma Ley 1448 por amenazar supuestamente la propiedad de los campesinos de buena fe del Magdalena y el Cesar (El Tiempo, 2016).

La construcción y posicionamiento de este discurso, o su alto nivel de aceptación por parte de una opinión pública plural, que incluirá paradójicamente a algunos de los desplazados, encuentra su condición de posibilidad en los logros de un proceso de subjetivación en torno a los distintos actores involucrados, quienes poco a poco y como producto de los discursos y contradiscursos puestos en juego van interiorizando las lógicas que les permiten hallarlos coherentes, apropiados, deseables y razonables.

El conjunto de acciones alocusivas, metáforas e imágenes puestas en esta escena pública, de construcciones argumentales y oposiciones que se dieron en el marco del escándalo deben ser vistas como acciones educativas que habrían contribuido con algunos pliegues “subjetuales” (Deleuze, 1989), esto es, con la configuración de al menos una posibilidad de ser para sujetos cuyo carácter es histórico. En el escándalo, esta potencia educativa contribuyó con una reducción no solo temática sino también argumental que terminó por imprimir un sesgo simplificador en torno a las más convenientes y limitadas posibilidades para el destino que debía recibir el predio Carimagua; y por su parte, para las posibilidades de una nueva vida para los desplazados.

En torno a Carimagua y en el devenir del escándalo se constituye una esfera pública en que las comunidades desplazadas, sus organizaciones y mucho de lo que les interesa resulta excluido. Esto posiblemente no ocurriría en una esfera pública general, amplia e incluyente, pero esferas así son escasas en las democracias. Si bien la piedra angular del escándalo fue un periódico de amplia difusión y como producto de la acción mediática terminaron interviniendo diversos actores desde adentro y fuera del aparato del Estado, y aun si estos rasgos constituyen lo que Fraser (1992) llama un público y una opinión pública fuerte, la esfera pública configurada no deja de ser parcial, representativa de solo un segmento de la sociedad o de solo algunos de sus intereses. Ello no constituye necesariamente una excepción en los sistemas democráticos, pues hoy en día no solo es razonable, sino necesario, considerar las agencias, la potencia de estas agencias y los casi inevitables sesgos que subyacen a la configuración de toda esfera pública que se pretenda común y general. Es difícil probar que el escándalo de Carimagua haya sido previsto con el propósito de configurar una esfera pública parcial y dominante, pero así lo fue, y sin duda se configuró en una esfera pública altamente excluyente aunque dinamizada por actores heterogéneos, representantes de esquinas opuestas del poder político o económico, y lo que resulta más interesante y al mismo tiempo lamentable: con la pretensión de reunir y producir una opinión pública general, supuestamente común a la diversidad de la nación colombiana.

De allí que la importancia del análisis de acontecimientos notables como el escándalo de Carimagua revista al menos dos dimensiones: por un lado, aquella relativa a la forma en que los medios de comunicación pueden adjudicar a los públicos débiles la capacidad de incidir así sea indirectamente en estas decisiones. Por otro lado, aquella relativa a la cosmovisión con la que se quiso constituir a los sujetos, a través de las complejas dinámicas de una esfera pública y de la propia construcción de lo público.

Frente a la primera dimensión, debe decirse que la capacidad de incidir en las decisiones fundamentales de un Estado, por parte de públicos como los constituidos por comunidades de población desplazada, solo puede darse en la medida en que se amplía el rango de los asuntos o temas que pueden ser objeto de discusión, y se hace efectivo aquello que Bonilla llama el “poder temático de la sociedad” (2002: 83).

Los medios de comunicación pueden dar el relieve necesario a un contrapúblico y a su opinión pública para que se incremente su capacidad de agencia en una esfera pública amplia en la que, así sea de manera limitada, se encuentren las distintas esferas públicas rivales. Toda opinión pública es parcial, y dado que corresponde a alguna de las distintas esferas públicas que constituyen el escenario de la democracia, incluso aquella que resulta dominante o incluso hegemónica, es necesario considerar el lugar de disputa y tensión en el que estas cobran efectos. Si existe una opinión pública general o amplia, esta rara vez es el producto de sumas o restas aritméticas de argumentos, o de consensos racionales como los descritos por Habermas. Suele ser más bien el resultado de las inclusiones o las exclusiones, de los ruidos y los silencios tanto de las opiniones públicas dominantes como de aquellas rivales: de sus voces, sus lenguajes y sus temas, en el proceso de constitución de una esfera pública y de un público cercano o incluso integrado al aparato del Estado.

Un mejor balance o desbalance entre la participación de los contrapúblicos más excluidos y la de aquellos tradicionalmente mejor posicionados es una tarea que corresponde, entre otros, a los medios de comunicación. Los medios de comunicación, cuando actúan desde los lugares de rivalidad, pueden franquear la fortaleza de las voces más sonoras, pueden incidir en la constitución de públicos fuertes, potentes y efectivos, allí donde solo parece haber debilidad, silencio y lejanía. Pero si actúan al lado de los lugares hegemónicos, es previsible que refuercen de manera casi siempre desproporcionada la ruidosa voz de los públicos dominantes. Los medios de comunicación inciden entonces en la constitución de subjetividades potentes y capaces, tanto como de aquellas que se suman de manera inerme en la imposibilidad.

Por esto, corresponde a las organizaciones sociales de la población desplazada definir y ejecutar estrategias creativas y eficaces que les permitan, por un lado, acceder con mayor notoriedad a aquellas esferas públicas que, si bien se presentan como generales, no dejan de ser fuertemente parciales; pero, también, les corresponde fortalecer sus propias esferas públicas, en las que como sector y parcialidad en lo que se considera los intereses de una nación, se unifiquen esfuerzos, se consoliden posturas y se articulen discursos y acciones estratégicas que con altos niveles de notoriedad pública, de la mano de mediaciones potentes y de gran difusión, les permitan aumentar su presencia, la fuerza de su voz, la participación de sus intereses en aquellas esferas en las que se logra una mayor injerencia sobre la decisión y la acción pública. La tarea no es fácil, pues se trata de un escenario violento, en que la propia vida está en riesgo, pero en que se ponen en riesgo también las voces, los significados, las cosmovisiones y, en suma, las propias subjetividades.

La comprensión de procesos que modelan a los sujetos sumergidos en entornos sociales, atravesados por el poder y en tal medida políticos; sujetos que hacen elecciones y actúan bajo el amparo y la influencia de unas tendencias, de unas opiniones públicas y, en general, de una cultura política, resulta un ingrediente de gran valor para la formulación de políticas integrales y efectivas para la población que fue y es víctima del desplazamiento forzado, para la cual, al menos en el discurso, la sociedad y el Estado desea la restitución o, en su lugar, la recreación de un horizonte de realización y de reales posibilidades para alcanzarlo.

Frente a la segunda dimensión, debe reconocerse que el conflicto colombiano ha venido produciendo subjetividades acordes con una idea y una práctica del desarrollo hegemónicas; y debe reconocerse que el Estado, su aparato y su gobierno han promovido cierto tipo de producciones “subjetuales” articuladas con tales ideas y prácticas. La posibilidad de constituir un campo de problematización en torno a estos hechos solo se dará, por un lado, ante la proximidad de un escenario político transicional que nos enfrente a la pregunta por los saldos de la guerra; y por otro, porque ha disminuido la confianza en una visión del desarrollo que, si bien justificó durante mucho tiempo formas de intervención social y cultural, su violencia hoy nos parece inaceptable. Llevar el desarrollo a los rincones más lejanos del planeta, lo que se asocia frecuentemente a llevar el progreso técnico, el bienestar material y ciertos estilos de vida, e incluso, como se hizo en el llamado “primer mundo” desde mediados del siglo pasado, asociarlo a la expansión de la capacidad de compra y de la libertad de consumo, constituye hoy por hoy un objetivo que genera una creciente desconfianza. Hoy es claro que no todos los posibles intereses de un pueblo pueden ser satisfechos mediante la consecución del incremento de la riqueza material. Muchas de las necesidades relacionadas con el medio ambiente y con la realización personal definida como posibilidad en el marco de la cultura pueden darse no solo al margen sino incluso en oposición radical a la propia generación de riqueza. ¿Qué hacer con el sentido trascendente de una población que define su horizonte de realización en la conservación de los referentes naturales y paisajísticos de un territorio, y que contiene, por otro lado, una riqueza mineral que se espera sea eficientemente explotada? ¿Cómo seguir protegiendo la realización y al mismo tiempo la propia formación de sujetos que se movilicen en otras racionalidades, inteligencias, sensibilidades y destrezas, distintas a aquellas del homo economicus empresarial altamente productivo? Esto requiere un examen cuidadoso de los efectos de las intervenciones que hace el Estado con miras al desarrollo, lo que exige un despliegue de esfuerzos políticos, técnicos y académicos que, en un escenario marcado por distintas formas de violencia como el colombiano, encuentra con frecuencia obstáculos difícilmente salvables.

Analizar la medida en que en el conflicto colombiano se desplegaron visiones del mundo y argumentaciones que apuntaron a formar a los sujetos de una modernidad nunca lograda cabalmente nos permite hoy en día ampliar y profundizar nuestra idea sobre los desafíos que el Estado tiene en un contexto que clama por la multiplicación de las posibilidades “subjetuales” de individuos y colectivos. Nos permite también profundizar líneas de problematización en torno a los principios del Estado, en especial a las tensiones que entre estos principios se generan. En el escándalo de Carimagua, por ejemplo, se observa que el disfrute y la garantía plena de los derechos de las comunidades entran en tensión con la búsqueda de la prosperidad material de la población general, e incluso con la “participación de todos” en las distintas decisiones de la vida económica y política del país. En principio, estos fines son complementarios, pero lo que se enuncia en el derecho con frecuencia no prescribe la realidad. Resulta hoy día claro, a la luz de análisis como los de Habermas y Fraser, que toda construcción o consecución de puntos comunes supone una negociación y un sacrificio de algo de lo propio, pudiendo conducir incluso al sacrificio de la propia diferencia. Corresponde al Estado mediar en este riesgo al que se exponen las minorías y por supuesto los públicos subalternos que las incorporan. En Carimagua, como ocurre en muchas políticas de atención a víctimas, en especial del desplazamiento forzado, pero también como puede observarse en las estrategias que el Estado despliega para dar garantía a los derechos de muchas minorías, esta mediación no ocurre; de hecho, el marcado sesgo de algunos representantes del Estado y de su propio gobierno no parece considerar la posibilidad de que exista una diferencia ni cultural, ni de principios, ni mucho menos de objetivos entre los actores involucrados: todo lo contrario, se presume una homogeneidad que, a la larga, fuerza su propia producción. Carimagua y los hechos que constituyeron el escándalo no son otra cosa que una expresión de las tensiones en las que se sumergen los contrapúblicos que emergen en la diversidad cultural, así como del desbalance de poder que opera al medio de esta, en una escena democrática en la que el Estado, atomizado en sus instituciones y en sus funcionarios, adopta un abanico de posturas, algunas sin duda más fuertes y sesgadas que otras.

Pueden plantearse entonces, y a propósito del actual escenario de posible postacuerdo, algunas preguntas que permitan comprender los poderes y las posibilidades de distintos públicos que, como aquellos constituidos por las víctimas, luchan por la incorporación de sus voces y sus asuntos en una esfera pública dominante en la que se está definiendo la agenda de los temas que son prioritarios para el Estado: ¿Cuál es el nivel de representación que las víctimas logran efectivamente en la construcción de una opinión pública que les concierne? ¿Cuál es el nivel real de inclusión al que conducen los debates que les conciernen? ¿Qué tanto se juegan como sujetos en este espacio de encuentro de voces y de construcción de opinión?

¿Qué tanto juega el sacrificio de algunos de sus intereses, como la justicia, en la configuración de una subjetividad acorde con las circunstancias y las decisiones que tomadas desde lo público las afectarán directamente? Estas y otras preguntas se abren en una indagación por la potencia de los intereses de las comunidades de víctimas, en una hipotética paz y en una democracia en la que sin duda sobresalen ciertos públicos; públicos que, como el empresariado o las élites tradicionales del poder local y nacional, protagonizan una esfera pública dominante que los privi- legia con una homogeneidad temática y hasta paradigmática. Se trata de interrogantes que deben ser atendidos por futuras investigaciones, pero también por los actores sociales, públicos y privados, involucrados con el diseño y la operación de una transición política hacia una paz que, con sensatez, espera no sacrificar los pilares de una democracia diversa