Introducción

Como producto de la convergencia entre fuerzas impulsadas por la Guerra Fría y las contradicciones sociales en los países centroamericanos en los años ochenta, la frontera sur de México se visibilizó como territorio de refugio de miles de guatemaltecos desplazados por el conflicto armado entre la guerrilla y el ejército guatemalteco, y se proyectó para los años venideros en un espacio geopolítico de gran importancia para México y Estados Unidos. En 1991, en el marco del nuevo regionalismo impulsado por Estados Unidos, México promovió un proceso de integración comercial con Centroamérica, que excluyó el ámbito social. La primera acción fue convocar a los gobiernos de la región a una cumbre, la cual se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas. A partir de esta reunión se instituyó el llamado Mecanismo de Concertación de Tuxtla, que hasta hoy permanece como un foro de alto nivel donde se discuten los avances en materia de integración comercial y asuntos de interés para los países involucrados, en particular el tema del tráfico de drogas, la migración irregular, la trata de personas y la seguridad.

La migración irregular centroamericana de tránsito por México comenzó a ser objeto de estudio sistemático a partir del año 2000, aunque algunos trabajos pioneros datan de los primeros años de la década de los noventa (Castillo, 1993). Una explicación plausible de esta falta de atención a un fenómeno social relevante se debe a que los reflectores estaban encendidos sobre el tema de la guerra en Guatemala y los refugiados. Sin embargo, como lo registra Castillo (2000), a partir de 1990 las estadísticas oficiales comenzaron a reconocer un aumento sostenido de centroamericanos deportados, devueltos y rechazados. Estábamos en presencia de desplazamientos por conflictos y comenzaba cierto éxodo por la implementación, todavía incipiente, del modelo neoliberal.

En el año 2000 ya eran evidentes los efectos del neoliberalismo, los cuales se podían advertir en el crecimiento sostenido de la migración irregular. Los flujos migratorios transnacionales crecieron con tal magnitud que las secretarías de gobernación, del trabajo y de relaciones exteriores, en colaboración con El Colegio de la Frontera Norte, decidieron instituir una encuesta periódica para medir los flujos migratorios y sus cambios: la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte (EMIF); a partir de 2004, la EMIF GUAMEX; y después, en 2008, la EMIF-Sur, que incluye, además de Guatemala, a Honduras y El Salvador. La encuesta es un indicador de la preocupación del gobierno mexicano por conocer con mayor detalle el comportamiento de los flujos migratorios.

La crisis financiera y económica en Estados Unidos de finales de 2007, que llevó a una crisis del mercado laboral, hizo visible la crisis del sistema migratorio que se venía perfilando años atrás, cuyos atisbos comenzaron a reflejarse en un cambio en el patrón migratorio (fincado en una población predominante de varones jóvenes) hacia la inclusión cada vez más visible de mujeres, adolescentes y niños. Desde mayo de 2014 se observa la acumulación de un número elevado de detenciones de menores migrantes, muchos de ellos no acompañados de familiares, en la frontera sur de Estados Unidos. La mayoría de los migrantes provienen de los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), una ubregión donde se articulan por lo menos tres fenómenos estructurales: altos índices de breza y exclusión social; desempleo, subempleo y precariedad laboral; y criminalidad y violencia. Es un espacio complejo por donde pasa entre el 80 y el 90% de la droga que consume Estados Unidos; de ahí el interés del gobierno de Washington por mantener su presencia. En este escenario, el gobierno de Estados Unidos llamó la atención sobre la frontera sur de México y activó una serie de mecanismos diplomáticos para que el gobierno de México endureciera su política de control.

México y su frontera sur están, así, inextricablemente articuladas a los intereses políticos y geopolíticos que definen las relaciones entre la región centroamericana y los Estados Unidos, y la migración irregular de tránsito hacia Estados Unidos es uno de los problemas más candentes de la agenda diplomática regional mexicana, plegada cada vez más a los intereses estadounidenses.

De la crisis de los niños migrantes a la crisis de la migración cubana

La detención de los menores migrantes en la frontera sur de Estados Unidos es un indicador de una crisis mayor en el sistema migratorio Centroamérica-México-Estados Unidos, que desde tiempo atrás se venía expresando en la falta de respuesta al creciente flujo migratorio, sólo atenuado por la crisis económica y laboral en Estados Unidos en los años 2008-2010. Como veremos, el gobierno de Barack Obama desde el inicio de su primer período prometió una reforma migratoria para resolver la crisis; sin embargo, hasta finales de 2015 no se había avanzado en este tema, y es muy poco probable que en lo que resta de su segunda administración puedan darse medidas de fondo.

El trasfondo de la falta de avance en la reforma migratoria está definido por las tensiones políticas entre fuerzas ultraconservadoras del Partido Republicano y sectores demócratas que apoyan las medidas del presidente Obama. Entre ambos sectores hay consenso en los límites de una eventual reforma migratoria: negar la amnistía a los casi 12 millones de indocumentados, aunque el proyecto de ley del Senado de 2013 abría la posibilidad de alcanzar la ciudadanía recorriendo un largo camino. La posición de los conservadores era hacer a un lado la propuesta del Senado e iniciar una discusión sobre el tema en la Cámara Baja. El senador John McCain delineó algunos de los elementos que debería contener el nuevo proyecto de ley: mejorar la seguridad en la frontera, establecer un sistema en línea para que las compañías revisaran la situación legal de sus trabajadores y ampliar el programa de visas para trabajadores extranjeros en el sector tecnológico.

En medio del campo de batalla entre republicanos y demócratas, la migración centroamericana se mantiene como un recurso de fuga para miles de familias que no encuentran posibilidades de una vida medianamente aceptable en sus lugares de origen. Este derecho, sin embargo, es negado por los gobiernos de México y Estados Unidos que han implementado políticas persuasivas para contener la migración, que van desde la deportación rápida hasta la militarización de las fronteras. El Programa Frontera Sur, implementado por al gobierno de México a partir de julio de 2014, va en esa dirección, y cuenta con recursos de la Iniciativa Mérida² suministrados por el gobierno de Estados Unidos. Los efectos de ese programa se pueden observar en la Tabla 1: entre 2013 y 2014 se produjo un cambio radical en el número de detenciones tanto en México como en Estados Unidos.

Tabla 1
Aprensiones de migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica desde Estados Unidos y México

Asimismo, en la Tabla 2 se puede observar un incremento en las aprensiones de niños migrantes procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica, lo que revela la dureza de las medidas antimigrantes y al mismo tiempo los cambios significativos en el patrón migratorio que comenzó con la migración de hombres, predominantemente jóvenes, luego mujeres, y en los últimos años menores de edad de ambos sexos. También revela una crisis del sistema migratorio, pues Estados Unidos no ha dado una respuesta eficaz a la migración indocumentada y se ha limitado a endurecer su política de seguridad fronteriza y de control en los centros de trabajo, al tiempo que ha incrementado las deportaciones.

Tabla 2
Aprensiones de menores migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica desde Estados Unidos y México

La crisis del sistema migratorio Centroamérica-México-Estados Unidos no termina de superarse y no hay visos de que en lo que resta de la administración de Obama pueda llegarse a una reforma bipartidista. A este impasse se suma la crisis de los migrantes cubanos que, utilizando la llamada Ley de Ajuste Cubano, han aprovechado su salida legal de Cuba para viajar como turistas a Ecuador y de allí de forma irregular hasta México, pasando por la frontera sur.

Figura 1
Frontera sur de México y países del Triángulo Norte de Centroamérica
Fuente: elaboración propia

Desde hace algunos años la migración de cubanos por la frontera sur de México hacia Estados Unidos es una realidad, aunque permaneció un tanto invisibilizada. Hasta mediados de 2013, oficialmente no se reconocía el tránsito de migrantes cubanos por territorio guatemalteco: no hay registros de detenciones o deportaciones. Sin embargo, una fuente de la embajada de Cuba en ese país indicó que le parecía extraño que el gobierno de Guatemala no tuviera conocimiento y denunció “que opera una red ilegal de personas que funciona en EE.UU., que cobra fuertes cantidades para trasladar a personas de Cuba a EE.UU.” (Girón y Sión, 2013). En este sentido, el sacerdote Ademar Barilli, director de la Casa del Migrante ubicada en la localidad guatemalteca de Tecún Umán, fronteriza con México, reconoció que “el paso de cubanos por Guatemala en los últimos meses ha aumentado considerablemente” (Girón y Sión, 2013). Este refugio cobijó en 2012 a 550 cubanos que iban con destino a Estados Unidos.

El tránsito de migrantes cubanos por territorio centroamericano era conocido y facilitado por los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua mediante un “mecanismos de deportación”: en Costa Rica las autoridades migratorias recibían a los ciudadanos cubanos, se citaban para efectos de registro y luego se deportaban a Nicaragua. En este sentido, Kathya Rodríguez, Directora General de Migración y Extranjería del gobierno de Costa Rica, dijo en una entrevista:

Nunca se les ha dado un permiso como tal para ingresar a Costa Rica, lo que se les hace es una citación policial, un parte policial para iniciar el trámite de deportación, que es una cosa muy diferente. Esta citación nos permite llevar estadísticas que yo he compartido con todo ustedes en los últimos años: en 2013 fueron 2.500, en 2014 entraron 5.600 y ahora antes de todo esto 13.000 personas. (Bravo, 2015)

Esta práctica la llevaba a cabo el gobierno de Costa Rica por lo menos desde 2012. Sin embargo, con el tiempo se hizo insostenible por el incremento en el número de migrantes. Esto lo reconoce la funcionaria de migración de Costa Rica al señalar el modus operandi: “Anteriormente, le estoy hablando de 2012, nosotros empezamos a recibirlos en la frontera, montarlos en nuestras busetas, traerlos a San José, pero esa dinámica no es sostenible, nosotros no tenemos los recursos suficientes” (Bravo, 2015).

La justificación de esta práctica, de acuerdo con las declaraciones de la citada funcionaria, radica en que el gobierno de Costa Rica no puede deportar a los ciudadanos cubanos a su lugar de origen porque el gobierno de Cuba no acepta “devoluciones”, de manera que tanto Costa Rica como Nicaragua utilizaban la vía de la deportación para que los migrantes cubanos pudieran transitar por El Salvador y Guatemala de manera invisible.

Al llegar a la frontera sur de México la situación para los cubanos cambia porque, de acuerdo con los términos del “Memorando de Entendimiento entre el gobierno de la República de Cuba y el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar el flujo legal, ordenado y seguro entre ambos países”, firmado el 20 de octubre de 2008,

Las partes se comprometen a devolver a todos los nacionales que sean aceptables para la contraparte en virtud del presente artículo. México aceptará la devolución de sus connacionales. Cuba aceptará la devolución de sus ciudadanos en las siguientes categorías: a) los que ingresen directa e ilegalmente al territorio mexicano; b) los que se encuentren temporalmente en el exterior dentro de los términos legales establecidos por sus normativas migratorias y que tengan una situación migratoria irregular en el territorio mexicano, con excepción de los autorizados a viajar a los Estados Unidos de América; c) los que hayan emigrado directa e ilegalmente a países de Centroamérica, y estén en situación irregular en territorio mexicano, siempre y cuando se encuentren comprendidos dentro del plazo contado desde su salida de Cuba, que será establecido por la vía diplomática.

En México se sabía de la existencia de redes que utilizaban la ruta del Caribe y entraban por el estado de Quintana Roo, y de ahí no se sabía más. Sin embargo, un incidente que llamó la atención y que visibilizó el fenómeno del tráfico de personas fue el ocurrido el 6 de junio de 2008, cuando un grupo armado “rescató” a 33 cubanos que eran custodiados por agentes de migración de México, en el municipio fronterizo de Playas de Catazajá, en el estado de Chiapas.

En efecto, en la referida fecha, 33 cubanos fueron rescatados por la Marina de México cuando navegaban en aguas del estado de Quintana Roo. Estas personas fueron entregadas a las autoridades migratorias de Cozumel, quienes las trasladarían a la estación migratoria de Chetumal; sin embargo, como dicha estación sólo contaba con capacidad para alojar a 40 personas, los agentes decidieron conducirlos a Tapachula, Chiapas, donde se encuentra la estación migratoria Siglo xxi, una de las más grandes de América Latina.

Luego de recorrer varios kilómetros, la noche del 11 de junio, el autobús donde eran transportados los migrantes, custodiado por agentes de migración, fue detenido por sujetos con los rostros cubiertos con pasamontañas, que portaban fusiles de asalto y armas de grueso calibre, llevándose el vehículo con los migrantes a bordo. Este hecho se registró en el poblado Chancalá, a unos 140 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas. Nadie supo de los cubanos “secuestrados” hasta el 19 de junio, cuando un primer grupo de 18 personas apareció en la ciudad de Hidalgo, Texas, en la frontera con Reynosa, estado de Tamaulipas, en México (Ramos, 2008).

El Instituto Nacional de Migración (INM) ha publicado estadísticas sobre migrantes cubanos detenidos (“asegurados”, en la jerga del INM) en México de manera notoria desde 2004, año en que fueron detenidos 1.616; en los años 2005 y 2006 la cifra alcanzó poco más de 2.200 migrantes, para luego bajar a 1.400 en el siguiente año y repuntar en 2008 con casi 2.500. En los siguientes años se mantiene en un promedio de 500 y a partir de 2012 hay un repunte sostenido hasta 2015.

El período 2008-2015 está asociado al proceso de negociación entre el gobierno de Cuba y el de Estados Unidos para reestablecer relaciones comerciales. En él se manejó la hipótesis de que en el proceso el gobierno de Washington eliminaría la llamada Ley de Ajuste Cubano, también conocida como “Pies secos, pies mojados”. Frente a esta eventualidad, los cubanos interesados en salir de la isla estarían aprovechando la oportunidad para hacerlo.

Como se puede ver en la Tabla 3, la frontera sur de México ocupa un lugar central en la ruta migratoria de ciudadanos cubanos. Las estadísticas disponibles revelan un incremento notable en las detenciones, que en más de un 80% ocurren a su paso por esta frontera. Es un largo viaje³ cuyo punto de partida es Ecuador, donde hasta el primero de diciembre de 2015 los ciudadanos cubanos podían ingresar sin necesidad de contar con una visa de turista.⁴ A partir de ahí, se inicia el tránsito de manera irregular por Colombia y Panamá, luego los inmigrantes cruzan todo el territorio centroamericano hasta llegar a México, donde se les otorga una visa de tránsito con la cual es fácil llegar a Estados Unidos.

Tabla 3
Migrantes cubanos detenidos en México y en la frontera sur de México

De acuerdo con el Memorando de 2008, citado arriba, México estaba obligado a devolver a los ciudadanos cubanos a su país de origen en condiciones de irregularidad, incluyendo los que entraran por territorio centroamericano; sin embargo, el gobierno de Peña Nieto no aplicó la medida: por el contrario, les otorgó un salvoconducto de veinte días para seguir el viaje a Estados Unidos. Esto puede interpretarse como parte del distanciamiento de las relaciones entre ambos países durante los gobiernos de derecha de Vicente Fox y Felipe Calderón. Durante el gobierno de Calderón (2007-2012) fueron deportados 1.224 cubanos, frente a 8.992 asegurados, lo que representa únicamente el 13,6%.

A partir de la administración del gobierno de Peña Nieto, comenzaron los acercamientos con Cuba para restablecer el clima de confianza que existió en los años gloriosos del PRI-Gobierno. De esta manera, en el marco de la visita oficial del presidente Raúl Castro a México con la finalidad de restablecer un diálogo político al más alto nivel, y de la crisis reciente de los migrantes, el 6 de noviembre de 2015 ambos gobiernos firmaron un acuerdo migratorio que actualizaba el memorando bilateral de 2008 con la finalidad de “garantizar el flujo migratorio legal, ordenado y seguro”, que ratificaba la devolución de cubanos irregulares, dado que, como indicamos arriba, el gobierno mexicano no estaba cumpliendo los términos del memorando, pues entre el 2013 y octubre de 2015 se habían devuelto 782 ciudadanos cubanos frente a los 12.509 asegurados, lo que representaba únicamente un 6,2%.

A mediados de noviembre de 2015, la situación para los migrantes cubanos en tránsito por Centroamérica entró en crisis. El mecanismo de deportación utilizado por Costa Rica y Nicaragua dejó de funcionar debido a que Nicaragua cerró su frontera, por lo que los migrantes cubanos quedaron atrapados en territorio costarricense: desde el 14 de noviembre el gobierno de Costa Rica entregó 5.366 visas de tránsito, además de permanecer otros 2.238 en la frontera con Panamá. Esta crisis ocurrió en medio de un conflicto diplomático entre Nicaragua y Costa Rica que inició el 18 de octubre de 2010 por el dragado del fronterizo río San Juan para facilitar la navegación por parte de Nicaragua, y por la pequeña isla Calero, sobre la que Costa Rica reclamaba su soberanía.

Después de un largo litigio, el 16 de diciembre de 2015 la Corte Internacional de Justicia de La Haya falló a favor de Costa Rica. Durante los cinco años que duró el conflicto, las relaciones entre ambos países llegaron a sus niveles más bajos cuando Nicaragua envió tropas a la frontera con el pretexto de combatir el narcotráfico y puso una bandera en el sitio; adicionalmente, cuando Nicaragua tenía la presidente Pro-Tempore del SICA, Costa Rica no asistía a los eventos y viceversa. La crisis de los migrantes cubanos trascendió más allá de las fronteras centroamericanas: el presidente de Costa Rica viajó a Cuba para tratar el tema con su homólogo cubano, Raúl Castro. La OEA declaró estar dispuesta a colaborar y el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) sesionó el 24 de noviembre: Costa Rica planteó crear un corredor humanitario regional. A la reunión fueron invitados México, Ecuador, Colombia y Cuba, es decir, todos los países involucrados. Costa Rica indicó que México estaría dispuesto a permitir el paso de los cubanos sólo si estos llegaban por una frontera terrestre, desde Guatemala o Belice, pero estos dos últimos se han negado a servir de puente aéreo (La Prensa, Nicaragua, 16 de diciembre de 2015).

Frente a la falta de soluciones en el seno del SICA, el canciller costarricense Manuel González, declaró: “Lamentablemente, a pesar de que estábamos reunidos 12 países que tenemos impacto directo en esta situación que atraviesan los migrantes en nuestra región, un país, Nicaragua, sistemáticamente sin hacer ningún aporte bloqueó el poder llegar a un acuerdo razonable” (La Prensa, Nicaragua, 25 de noviembre de 2015). En respuesta a estas declaraciones, el gobierno de Nicaragua expresó: “El gobierno de Costa Rica ha creado y manipulado esta crisis, que pretende desconocer e ignorar las causas y la responsabilidad de los Estados Unidos en el aliento de una migración insegura, indigna, desordenada e ilegal, que afecta a Cuba y que está afectando ya a la región centroamericana” (La Prensa, Nicaragua, 25 de noviembre de 2015).

Uno de los últimos intentos de Costa Rica para destrabar la situación fue proponer, de nuevo, una discusión en el seno de la reunión de la xlvi Cumbre Ordinaria del SICA, realizada en San Salvador el 18 de diciembre. Sin embargo, se produjo una negativa por parte de Guatemala, Belice y Nicaragua. A su regreso de la capital salvadoreña, el presidente de Costa Rica, Guillermo Solís, expresó que no es un problema geopolítico ni ideológico, sino de carácter humanitario, sobre el que esperaba solidaridad. El presidente Solís dijo sentirse defraudado por la respuesta del sistema regional y aunque indicó que no abandona completamente el SICA, sus palabras fueron contundentes: “El ente ignora la solidaridad y no es capaz de proporcionar una respuesta regional a la crisis generada por la llegada masiva de cubanos a sus fronteras” (La Prensa, Honduras, 19 de diciembre de 2015). Es claro que en la práctica se produjo una ruptura en el frágil proceso de integración regional, por lo que Juan Fuentes, vicepresidente de Guatemala, lamentó que Costa Rica abandonara su participación política en el organismo regional (Prensa Libre, 21 de diciembre de 2015).

En una negociación de última hora, en el marco de una reunión técnica del SICA, efectuada el 28 de diciembre de 2015 en la Ciudad de Guatemala, con la participación de Belice, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y México, así como de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se acordó dar luz verde al problema de los 8.000 cubanos varados en Costa Rica, quienes comenzarían a salir a partir de la primera semana de enero de 2016, vía aérea, hacia El Salvador y luego por autobús hacia México; Guatemala aceptó recibir a los cubanos en tránsito.

Aunque el presidente de Costa Rica expresó que no es un tema geopolítico, todo parece indicar lo contrario en tanto que varios países coinciden, sobre todo Cuba y Nicaragua, en que es un problema generado por Estados Unidos, que mantiene la Ley de Ajuste Cubano. Esto ha venido a revivir viejos conflictos y desacuerdos entre los gobiernos de los países, que siempre vieron a Costa Rica alejado de los problemas centroamericanos, como la “excepción” de la región en muchos sentidos: por su estabilidad política, sus niveles de desarrollo social y económico, etc. Sin embargo, en el presente la frontera entre este país y el resto se está diluyendo, y aunque parece muy lejana la distancia con los niveles de violencia y pobreza que caracterizan al resto de los países, Costa Rica registra problemas comunes como narcotráfico, violencia, pobreza y desempleo.⁵

Las medidas antimigrantes: entre el éxito y el fracaso

En el juego geopolítico de la migración centroamericana, Estados Unidos se mueve de manera contradictoria en medio de un campo de batalla que hasta ahora han ganado los grupos conservadores que están en desacuerdo con el enfoque del gobierno de Barack Obama. Como sabemos, una parte de los integrantes de la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, bloqueó la minuta aprobada por el Senado para dar luz verde a la propuesta del presidente Obama que beneficiaría a poco más de cinco millones de indocumentados, de manera que mientras se abría un compás de espera, el presidente Obama decidió decretar el 20 de noviembre de 2014 las llamadas “Acciones Ejecutivas de Responsabilidad por la Inmigración”.

El presidente Obama ahora está tomando otro paso racional. A medida que la Administración implementa estas acciones ejecutivas, el Congreso debe terminar su trabajo aprobando un proyecto de ley al igual que el proyecto de ley bipartidista del Senado que continúe fortaleciendo la seguridad fronteriza mediante la adición de más de 20.000 agentes de la Patrulla Fronteriza; tome medidas enérgicas contra las compañías que contratan a trabajadores indocumentados; cree un camino ganado hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que paguen una multa e impuestos, pasen una investigación de antecedentes penales, aprendan inglés y esperen su turno; e impulse nuestra economía y mantenga a las familias unidas reduciendo la burocracia para simplificar nuestro proceso de inmigración legal. (La Casa Blanca, 2014)

En su discurso a la nación sobre inmigración, Obama explicó y justificó la medida del ejecutivo:

No será aplicable para nadie que haya entrado a este país en fecha reciente. No será aplicable para nadie que venga a Estados Unidos de manera ilegal en el futuro. No otorga ciudadanía ni el derecho de quedarse aquí de manera permanente ni ofrece los mismos beneficios que reciben los ciudadanos, sólo el Congreso puede hacerlo. Lo único que estamos ofreciendo es no deportarlo (sic). Una amnistía masiva sería injusta, pero una deportación masiva sería tanto imposible como contraria a nuestro carácter. Lo que estoy describiendo en este momento es responsabilidad; una estrategia con mucho sentido que alcanza un punto medio: si reúne las condiciones, puede salir de las sombras y hacer todo conforme a la ley. Si es un delincuente, será deportado. Si tiene pensado entrar a Estados Unidos de manera ilegal, acaban de aumentar las posibilidades de que lo capturen y envíen de regreso (sic). (Obama, 2014)

El 4 de noviembre de 2014 se llevaron a cabo las elecciones intermedias, en las que los republicanos aspiraban a tener mayoría en el Senado. El propósito se cumplió, de manera que la composición después de las elecciones fue de 56 republicanos frente a 46 demócratas. En la Cámara de Representantes, los republicanos contaban con 233 escaños antes de los comicios, mientras que los demócratas tenían 199 curules; después de las elecciones los republicanos obtuvieron 243 curules, mientras los demócratas bajaron a 178. Además de obtener la mayoría en ambas cámaras, los republicanos ganaron las gobernaciones de Arkansas, Illinois, Maryland y Massachusetts. En este contexto desfavorable para el gobierno de Obama, a un mes de distancia de las elecciones, la Cámara echó abajo las medidas ejecutivas mediante la aprobación de dos artículos que prohibían al gobierno “eximir por decreto a inmigrantes irregulares de ser deportados, estableciendo que cualquier acto del presidente en ese sentido es nulo y carente de legalidad” (La Jornada en línea, 4 de diciembre de 2014).

En febrero de 2015, las acciones ejecutivas fueron suspendidas por un juez federal de Texas, Andrew S. Hanen, con base en las impugnaciones realizadas por 26 estados de la Unión Americana, gobernados en su mayoría por republicanos, quienes consideraron que las medidas eran anticonstitucionales. En marzo, el gobierno de Obama interpuso un recurso de apelación; sin embargo, el 10 de noviembre la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, ratificó la decisión del juez Hanen, fallo que fue celebrado por el gobernador de Texas, Grey Abbott (BBC Mundo, 2015).

En medio de esta tensión entre republicanos y demócratas ocurrió la crisis migratoria, y la punta del iceberg fue justamente la detención de alrededor 68.000 menores que viajaron sin compañía de sus familiares. Este acontecimiento llevó al gobierno de Obama a sacar sus cartas diplomáticas para que México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica tomaran medidas para detener la migración, especialmente de menores, por tratarse de un tema sensible que implicaba recursos financieros y jurídicos porque la ley prohíbe hacer deportaciones sin que medie un juicio legal. México y los países del Triángulo Norte cedieron a las presiones del gobierno de Washington para detener la migración centroamericana: el gobierno mexicano puso en funcionamiento, en julio de 2014, el llamado Programa Frontera Sur, cuyo eje central es la contención migratoria; por su parte, los gobiernos centroamericanos diseñaron un plan denominado Iniciativa para la Prosperidad del Triángulo Norte, que tiene dos componentes principales: uno de seguridad y otro dirigido a promover la inversión productiva. Para su implementación, el presidente Obama propuso al Congreso de su país la autorización de mil millones de dólares, además de comprometer al Banco Interamericano de Desarrollo en su financiamiento, formulación y seguimiento técnico.

México desplegó fuerzas policiales y militares para fortalecer su frontera sur, así como la “frontera vertical” que se extiende a lo largo de las rutas migratorias, hasta la frontera norte, con Estados Unidos. El resultado fue un incremento sustantivo en el número de detenciones y deportaciones de migrantes centroamericanos: en el 2014 fueron detenidos (presentados), 118.446 migrantes del Triángulo Norte, y los deportados (devueltos) sumaron 104.269; para el 2015, los migrantes detenidos alcanzaron la cifra de 170.323, y los deportados sumaron 150.170.⁶ El comparativo entre 2014 y 2015 arroja un incremento de 43,7 y 44,02%, respectivamente. Las deportaciones vía aérea desde Estados Unidos presentaron en 2015 una sensible baja en comparación con 2014. En el caso de El Salvador, la cifra estimada hasta el 20 de diciembre fue de 21.213 personas, mientras que en 2014 se registró la cifra de 28.720 personas, lo que representa 26,3%. En el caso de Honduras, la cifra al 29 de diciembre fue de 19.000, frente a 36.361 en 2014, es decir, se dio una baja de 47,7%; y en el caso de Guatemala el año cerró con 31.443 deportados, frente a 51.157 del año anterior, es decir, 38,5% menos. En resumen, los migrantes de los países del Triángulo Norte deportados durante 2015 ascendieron a 71.656,⁷ frente a 116.238 de 2014, es decir, una disminución de 38,3%.

En cambio, como se ha indicado, las deportaciones desde México sumaron, en 2015, 150.170 personas, en comparación con los 104.269 casos registrados durante 2014, lo que supone un incremento de 44,02%; es decir, la disminución en las deportaciones de Estados Unidos fue compensada por el aumento de las deportaciones efectuadas por el gobierno mexicano. El mayor número de deportados correspondió a Guatemala, con 70.493, seguido de Honduras, con 50.527, y El Salvador, con 29.154. Estas cifras sugieren que el gobierno mexicano aplicó medidas de contención de manera más estricta, lo que supone un incremento en la condición de vulnerabilidad de los migrantes.

Organismos de derechos humanos internacionales y de México, así como organizaciones de la sociedad civil de apoyo a los migrantes han venido denunciando sistemáticamente la persecución, detención y deportación de migrantes como parte de las acciones emprendidas en el marco del Programa Frontera Sur, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida. Mirando las estadísticas, se podría decir que el programa de contención-detención-deportación de migrantes ha sido un éxito; sin embargo, para el sujeto migrante ha representado un costo financiero, social y humano muy alto.

A pesar de todo, la migración no se ha detenido y de acuerdo con el escenario económico y sociopolítico, aderezado de violencia en los lugares de origen (El Salvador, Guatemala y Honduras), no se detendrá a menos que se produzcan cambios sustantivos en el modelo económico.

La Iniciativa para la Prosperidad del Triángulo Norte, después de un año de su presentación en las oficinas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Washington -noviembre de 2014-, no se había ejecutado debido a que el Congreso de Estados Unidos necesitaba autorizar los fondos solicitados por el presidente Obama. Solo hasta el 18 de diciembre de 2015 se autorizó un monto de 750 millones de dólares (250 millones menos a lo solicitado originalmente), dinero que será gestionado por los tres países del Triángulo Norte durante 2016.

Mientras tanto, los menores migrantes provenientes de esta zona de Centroamérica siguen aumentando. Las estadísticas de la Patrulla Fronteriza, reveladas a mediados de diciembre de 2015, indican un incremento en los meses de octubre y noviembre del año fiscal 2016⁸ con respecto al mismo período de 2015 (Tabla 4). En este contexto, el gobierno de Estados Unidos ha levantado nuevamente una voz de alarma frente a los números, los cuales pueden llegar a ser iguales o superiores con relación al año fiscal 2015 (octubre 2014-septiembre 2015).

El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Salud y Servicios Humanos han notado un aumento en el número de niños no acompañados y en las unidades familiares detenidos a lo largo de la frontera suroeste. Toda la administración ha seguido de cerca estas tendencias actuales y ha coordinado todo el territorio para asegurar una respuesta eficaz a los cambios en los flujos migratorios. (CBP, 2015)

Tabla 4
Aprensiones de niños no acompañados (0-17 años) en la frontera sur de Estados Unidos entre el 1.° de octubre y el 30 de noviembre del año fiscal 2016, en comparación con el mismo período del año fiscal 2015

Tabla 4. Cont
Aprensiones de niños no acompañados (0-17 años) en la frontera sur de Estados Unidos entre el 1.° de octubre y el 30 de noviembre del año fiscal 2016, en comparación con el mismo período del año fiscal 2015

El aumento en las detenciones y deportaciones de migrantes entre 2014 y 2015 tiene una doble lectura: por una parte, puede verse como un éxito de los programas de contención; y por otra, como un fracaso porque no se ha logrado frenar la migración. Esto se explica porque la concepción y el diseño de las políticas no atacan las fuentes generadoras de la migración: no existe una política migratoria en Centroamérica como región y tampoco existe, en los países que la conforman, las condiciones de empleo y bienestar para miles de jóvenes, mujeres y niños, que eviten la migración forzada.

En este contexto, The Washington Post publicó el 23 de diciembre de 2015 un artículo donde refiere que el Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) planea redadas masivas para el 2016:

Las deportaciones propuestas han sido motivo de controversias dentro de la administración de Obama, que ha estado discutiendo durante varios meses. El secretario del DHS Jeh Johnson ha estado presionado por los movimientos, de acuerdo con los que tienen conocimiento del debate, en parte debido a un nuevo aumento en el número de inmigrantes ilegales en los últimos meses. Los expertos dicen que la violencia, que fue un factor clave en la motivación de personas para huir de América Central el año pasado, se ha disparado de nuevo, con la tasa de homicidios que en El Salvador alcanza su nivel más alto en una generación.⁹ Una sequía en la región también ha llevado a las salidas. (Markon y Nakamura, 2015)

Diciembre de 2015 fue el segundo año en que miles de niños pasaron la Navidad en los albergues, algunos, los que llegaron acompañados, con su familia; y los otros, los que arribaron sin acompañantes, no tuvieron la oportunidad de convivir con sus seres queridos. La Red Católica Legal de Inmigración (CLINIC), refiriéndose al 2015, dijo: “esta será una fría Navidad para todos los niños y familias que deberán pasar la ‘Noche Buena’ resguardados por frías celdas a la espera de que su caso sea escuchado por un juez y tener una oportunidad para permanecer en el país, mientras otros celebrarán en sus hogares con cenas y regalos”. La directora de la red, Jeanne Atkinson, sentenció:

El advenimiento y la temporada de Navidad traerán muchos recuerdos de María y José, su lucha por encontrar un lugar de acogida para el nacimiento de su hijo Jesús. Incluso más pertinente con la historia de los que cruzan la frontera hoy, es la historia que recuerda la Iglesia con la huida de la sagrada familia a Egipto. (La Prensa, Honduras, 24 de diciembre de 2015)

La violencia es un factor, entre otros, que genera el éxodo de menores centroamericanos, aunque en definitiva es la falta de expectativas la que explica la migración en los países del Triángulo Norte. De acuerdo con Mauricio Ramírez, director de la Policía Nacional Civil de El Salvador, a principios de octubre de 2015 la cifra de homicidios acumulados durante ese año sumaban 5.015, la cantidad más alta registrada después de los Acuerdos de Paz en 1992, con un promedio de 22 homicidios por día (Quintanilla, 2015). Hacia mediados de diciembre del mismo año, el número de homicidios ascendía a 6.603, se habían contabilizado 106 masacres con un saldo de 399 muertos, y la mayoría de las víctimas eran jóvenes de entre 18 y 30 años (Santos, 2015).

Reflexiones finales

La crisis de los niños migrante en la frontera sur de los Estados Unidos ocurrida en 2014 devela la crisis de un sistema migratorio que cruza los límites de un derecho interestatal sustentado en los derechos humanos. La opción deliberada del reforzamiento de las fronteras y el endurecimiento de las políticas de control y criminalización a la migración por parte de Estados Unidos; la abierta colaboración del gobierno mexicano para hacer de su frontera sur un contenedor de migrantes y de su territorio sur-norte, una frontera vertical; y la supeditación de los propios gobiernos del Triángulo del Norte a los designios del poder estadounidense, nos llevan a sostener que crisis como las del 2014 no sólo no han tocado fondo, sino que tampoco pueden ser resueltas en los marcos estatales e interestatales de un sistema migratorio en crisis, aferrado al imperativo estadounidense de que sus fronteras no están abiertas a la migración irregular o ilegal.

La crisis de los migrantes cubanos que estalló a mediados de noviembre de 2015 hizo evidente no sólo las fuertes tensiones y diferencias políticas y diplomáticas entre los gobiernos de Centroamérica y México, sino también la ausencia de una estrategia regional y externa autónoma en materia migratoria.

Inhibir el reconocimiento del hecho real de que los actuales flujos migratorios y mexicanos son producto, ayer como hoy, de políticas y estrategias aplicadas por Estados Unidos en los países de origen, significa no sólo obviar las causas reales de la migración, aduciendo la inevitabilidad de una globalización que intenta saldar todo conflicto por medio de una contraofensiva ideológica que hace de los hechos -como los atentados terroristas, el narcotráfico, el tráfico de personas y la misma migración- el combustible para discursos y prácticas políticas que legalizan el recurso de la excepción y su normalización

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Notas