Introducción

Agua, tierra, seres vivos: la red originaria

He aquí que se conseguía al fin la sustancia que debía entrar en la carne del hombre construido, (…) esto fue su sangre, (…) esta mazorca entró en fin (en el hombre) por los Procreadores, los Engendradores (…). Entonces fueron molidos el maíz amarillo, el maíz blanco. (…). El alimento se introdujo (en la carne), se volvió esencia de los brazos, (de) los músculos del hombre. Popol Vuh, Libro del Consejo de los Indios Quichés

La co-constitución de las sociedades humanas con la tierra, el agua y el resto de los seres vivos parece evidente en la más simple lógica epistémica: en las cadenas alimenticias, el agua es el soporte para la existencia de cualquier clase de vida. En el lenguaje del mito, el Popol Vuh lo plantea diáfanamente: sin maíz, el hombre no habría subsistido, pero tampoco el maíz -base de la alimentación de los pueblos mesoamericanos-, habría podido ser el prodigio nutricional que es sin la interven- ción humana. Nada de esto hubiera existido sin el agua y la tierra. Una red se ha constituido; como en una gigantesca malla gravitacional, el peso y movimiento de cada uno de los actores humanos y no humanos provoca deformaciones en toda la estructura.

¿Por qué resulta tan complicado entender estas relaciones para ciertas tradiciones científicas y filosóficas? Cada cultura asume formas diversas de estructurar estas relaciones en el curso de su historia y negar las relaciones equivale a “negar las raíces interculturales de un aquí plural y un ahora” (Fornett, 2014: 2); desde esta ceguera, aun si no se lo proponen, dejan libre el terreno a la ideología del “ídolo del progreso y la rentabilidad económica” (12). Los grandes megaproyectos de esta era neoliberal están diseñados justamente sin tomar en cuenta este entramado de vínculos y, entonces, en nombre del progreso, se estructuran ahondando la exclusión y la pobreza de muchos para el enriquecimiento de muy pocos.

Compartiremos nuestra preocupación por el deber de la filosofía en esta hora adversa para la mayoría de los seres humanos y para la existencia de cualquier clase de vida. Nos preocupa la cómoda frivolidad en la que los académicos solemos instalarnos con cierta frecuencia; decimos, con Ellacuría:

La reflexión crítica -creadora de la filosofía latinoamericana- se realizará a partir de la memoria de hechos y situaciones que hayan generado vida y dignidad en nuestra historia, desde la sabiduría de nuestros pueblos y sus organizaciones, y desde la práctica de sujetos y comunidades que de algún modo muestran o recuperan su identidad, resisten, tienen esperanza y luchan por la justicia. (2009: 495)

Marco de referencia teórica

El quehacer filosófico, para ser profundamente ético en América Latina, tendría que reconocer su responsabilidad en la liberación de nuestros pueblos, en toda su diversidad, en su alteridad respecto a otras culturas, otros desarrollos históricos, otras formas de concebir al hombre y a sus acompañantes animales, vegetales, agua y otros sustentos de la vida. Tendría que ir al conflicto de origen, irresuelto, entre la concepción del mundo de los antiguos mesoamericanos, subsistente hoy en los pueblos originarios, y la concepción del mundo de los conquistadores europeos. Luis Villoro dice lo siguiente de la cosmogonía de los aztecas: “Los dioses son una presencia tangible en todas las cosas: los árboles, los ríos, las montañas, los momentos del tiempo, las dimensiones del espacio. Aunque existe en el último cielo Ometéotl, la divinidad dual, la creadora, su fuerza originaria se manifiesta en una muchedumbre de dioses. Los dioses cubren los cielos y la tierra” (2002: 171).

De allí que la relación con lo que llamamos “naturaleza” esté impregnada de la idea de que el mundo no es algo que haya que transformar, sino, al contrario, de que es el hombre quien está al servicio del mantenimiento de ese orden y esa presencia. La idea moderna, europea, de “dominar la naturaleza”, les es totalmente extraña a los aztecas. En su concepción, el ciclo de los soles y el ciclo vida-muerte es consustancial; la extinción de los soles y su renacer en otro sol -en otro ciclo de vida-, depende del mantenimiento de los dioses que habitan en cada cañada, árbol, ave, roca y río. La diferencia ontológica radical entre seres humanos y sus compañeros de hábitat, que para la filosofía occidental europea y moderna resulta evidente, no lo es para los pueblos mesoamericanos: para ellos la “comunidad” es la institución clave que puede mantener la vida (comunidad no sólo entre los hombres, sino también con los demás compañeros de vida no humanos).

En este universo, donde los dioses crean y destruyen, han nacido los hombres, “los merecidos” (macehualtin), que, por el sacrificio de los dioses, con su sangre, les habían “merecido” la vida. En compensación, los seres humanos tendrán que hacer tlamacehualiztli, “merecimiento”, sacrificio -incluso de sangre-, para compensar a los dioses y mantener así un equilibrio cósmico. La edad presente, como las anteriores, está también amenazada de muerte. Es esta la “edad del Sol de movimiento” (Ollintonatiuh), que habrá de terminar con un gran terremoto. Los humanos, haciendo “merecimiento”, pueden posponer ese final (Portilla, s. f.: 1).

Si para la modernidad capitalista las distinciones entre sujeto-objeto y hombre-naturaleza son ontológicamente fundamentales, no lo son para la filosofía antigua de los pueblos mesoamericanos, para quienes la vida del hombre se justifica sólo si hace “merecimiento” para mantener el equilibrio cósmico. Ellos, como otros pueblos no occidentales a los que se refiere Latour (2004), jamás se interesaron por la “naturaleza” en el sentido de considerarla como una categoría de orden distinto al de los seres humanos.

Al afirmar que las otras culturas hacían “corresponder” orden natural y orden social, los antropólogos pretendían que esta división existía por sí misma, que de alguna manera estaba en “la naturaleza” de las cosas. Ahora, las otras culturas no mezclaban de ninguna manera el orden social y el orden natural, sino que “ignoraban” esta distinción. Ignorar una dicotomía no significa confundir los dos conjuntos en uno solo y menos aún “sobrepasar” la diferencia (Latour, 2004: 66).

El conflicto de origen entre los conquistadores y las antiguas civilizaciones existentes en lo que hoy llamamos “América” se formula entre pensarse como parte del orden de lo que llamamos naturaleza, o dominar esta como una extraña entidad distinta o incluso enemiga. Ello tiene consecuencias en ideas teleológicas distintas respecto a las acciones humanas: la acción “civilizatoria” occidental se propone dominar, controlar y usar, y todo lo que a ello se oponga habrá que combatirlo (trátese de la energía del río, del territorio de los pueblos agrícolas, de las montañas, de las vidas humanas y no humanas). En cambio, para los pueblos originarios, mantener el orden de la vida es el sentido de la existencia.

La pretendida superioridad civilizatoria

Por algunas razones, Weber, Hegel y otros filósofos e historiadores concedieron a Europa el papel de la cuna de la civilización humana; de manera que en la actitud de los invasores europeos a América, a la idea de la presunta superioridad humana frente al resto de los seres vivientes y de los sustentos de la vida (el agua, el territorio), se sumó la elaboración filosófica e histórica de una presunta superioridad extrema de Europa frente al resto del mundo. América, África e Indostán tendrían como único destino ser colonias de la región que representaría la cúspide de la civilización; esta presunta superioridad otorgaría un derecho de conquista, de sometimiento. El postulado es insostenible, como bien lo ha explicado Dussel, entre otros, con quien coincidimos en que estamos frente a una monumental deformación histórica y filosófica. La primera paradoja es que la construcción de Europa como centro de la historia mundial parte del hecho de que fueron los europeos quienes “descubrieron América” y de que, por lo tanto, esto les concedería tal centralidad. Pero tal cuestión, además de ser falsa, como lo muestra Dussel con la documentación de los viajes chinos a este continente, es la base de una construcción del todo ideológica, según la cual el resto de las regiones del mundo estarían retrasadas respecto a esta civilización. Un ejemplo de esto es el argumento de Weber al que se refiere Dussel:

La posición tradicional “eurocéntrica” creyó que Europa tenía ciertas potencialidades muy antiguas (Max Weber se remonta hasta el origen del cristianismo y aún hasta el pensamiento de los profetas de Israel), que atravesando la llamada “Edad Media”, irrumpieron con fuerza creadora en la Modernidad. Europa pretendía probar desde antiguo su “superioridad” cultural sobre las otras culturas (aún sobre la indostánica, la china o la islámica, y por ello había originado el capitalismo, cuestión histórica a la que M. Weber dedica extensas obras). (2004: 6)

Esta presunta superioridad le permitió a Europa la impunidad respecto a la multitud de crímenes cometidos en su nombre. Sólo para poner un ejemplo, en 1857 Marx denunciaba las atrocidades inglesas cometidas en China y calladas por la prensa británica: la enorme riqueza acumulada por el tráfico ilícito del opio, la tortura “incluso hasta la muerte” infligida a “emigrantes embaucados y hechos cautivos, a los que se vende, en condiciones peores que las de la esclavitud, en las costas del Perú y como siervos en Cuba” (Engels y Marx, 1972: 175). Tal condición providencial fue otorgada en otro momento a Estados Unidos, incluso por Engels, quien en 1848 se complacía de la conquista de México por parte de dicho país, porque aquel, “desgarrado por perpetuas guerras civiles”, por fin se vería arrojado violentamente al movimiento histórico y estaría en el futuro bajo la tutela de Estados Unidos, en interés del desarrollo de toda América, si bien reconocía que los progresos beneficiarían a los grandes capitalistas (Engels y Marx, 1972: 183).

Fue con esta actitud de superioridad y dominio que los conquistadores españoles se encontraron frente a los pueblos de América y, en términos generales, las burguesías criollas, en particular la mexicana, la asumieron después de las luchas de independencia salvo meritorias excepciones.

Desde esta perspectiva, los pueblos originarios fueron vistos como una herencia de un pasado que había que olvidar, eliminar; así, la nación estatal se sobrepuso a la nación cultural (Velasco, 2010: 122), como en el caso más que evidente de las fronteras entre México y Centroamérica. Sobre las múltiples tradiciones, costumbres, formas de ver el mundo, los Estados-nación se impusieron, asfixiándolas desde el poder estatal para caminar en la vía de una homogeneidad imposible basada en la ficción del ciudadano como “agente libre no coaccionado”, la fantasía de un poder centralizado impuesto sobre una sociedad homogénea, de individuos iguales en derechos que se coaligan voluntariamente en igualdad de circunstancias (Villoro, 2002: 79-80).

Si la diferencia de visiones de mundo entre los conquistadores fue fundamental en el siglo xvi, porque enfrentó el afán desmedido de dominación y el individualismo de los modernos conquistadores contra la perspectiva de los pueblos que asumían ser parte del colectivo, del entramado con la naturaleza, ahora, en el siglo xxi, tal diferencia no sólo persiste, sino que incluso se agrava en la medida en que la destrucción de seres humanos y naturaleza no tiene parangón quizá con ninguna otra época en la historia de la humanidad. Para dar un ejemplo, entre 1521 y 1830, en lo que hoy es México, los españoles extrajeron 191.825 kilogramos de oro. Ahora, en solo diez años, entre 2000 y 2010, se han extraído de las minas mexicanas 419.097 kilogramos; los concesionarios, sobre todo canadienses, han extraído más del doble que lo extraído en trescientos años. En cuanto a la plata, las cifras son igualmente escandalosas: entre 1521 y 1830, se extrajeron 56.144 toneladas; entre 2000 y 2010 se han extraído 33.465; es decir, más de la mitad (González, 2011: 5-6).

En el contexto de este extractivismo brutal, las poblaciones humanas, las de otros animales, las poblaciones vegetales, los mantos de agua, las montañas con su equipaje de significados simbólicos y los patrimonios materiales e inmateriales son un estorbo. Ese es el gran dilema filosófico y social que enfrentamos.

He aquí el neoliberalismo

Dice Olivé: “Para los pueblos tradicionales, el territorio es mucho más que un espacio solo geográfico, también tiene un contenido simbólico, íntimamente ligado a la cosmovisión que constituye un eje central de su cultura” (2015: 33). El conflicto de origen entre esta noción de territorio y la política neoliberal es mucho más que una confrontación económica: confronta visiones opuestas de la vida y del mundo, porque “El neoliberalismo, no sólo es un programa económico, es una visión de mundo, una idea de la naturaleza humana, del orden social, una idea de la justicia y una idea también de lo que es el conocimiento” (Escalante, 2015: 55). ¿Cuál es esta visión del mundo?

Partamos de la concepción fundamental de los neoliberales respecto a la condición humana: la reivindicación principal, para ellos, es la libertad del individuo; cualquier traba a esta, sobre todo de carácter estatal, debe ser rechazada, y en especial si se trata de la libertad de acción del mercado. La libertad política sólo puede estar basada en la libertad económica, única garantía de los derechos de propieda de intercambio. Las leyes del intercambio y las respuestas a los interrogantes sobre la naturaleza y la sociedad están en la economía: la gran ciencia, objetiva e infalible. En la base de los dogmas neoliberales se halla una posición epistemológica claramente positivista. Se construye un símil de la economía con la física mecanicista; Samuelson lo explica así: “la economía es como la física; se refiere a los hechos, los organiza formalmente y los explica mediante fórmulas matemáticas, igual que la física” (Escalante, 2015: 16). Según esta interpretación, las transacciones económicas pueden identificarse con las transferencias de energía en un campo cerrado: no importa entonces si los intercambios se realizan en un país u otro; en un escenario social u otro; no importa si se encuentran frente a frente el gran inversionista transnacional -respaldado con toda la fuerza política, económica y policiaca de los Estados- y el pueblo agrícola cuya subsistencia material y cultural depende de su única posesión (el pequeño pedazo de tierra y el manantial de agua).

Hace tiempo, no obstante, que la física abandonó la pretensión de plantear leyes absolutas, inmodificables; sin embargo, la idea de ciencia que pregonan los neoliberales estaría basada en el dogma positivista de las “explicaciones objetivas, indudables, verdaderas y demostradas” (Escalante, 2015: 57). La reflexión epistemológica hoy en día, por su parte, camina en sentido contrario a estos dogmas; en sentido contrario a “la fábula de la objetividad desnuda de toda pasión”, para usar la expresión de Latour (2004: 89). Tal “objetividad” es una verdadera impostura intelectual que no tendría importancia si no tuviera tan graves consecuencias para los seres humanos y sus acompañantes en el planeta. Y es que sobre este fundamento epistémico se sustentan los planteamientos centrales del “equilibrio económico” y de la “gran subasta”. El primero sostiene que la economía siempre está en equilibrio o tiende hacia él, entendiendo por tal el punto en el cual la oferta y la demanda de un producto se encuentren, en el que el comprador y el vendedor coincidan. Este concepto -una abstracción de las figuras de “mercancía”, “comprador” y “vendedor”- puede ser válido para una transacción particular, pero cuando se hace extensivo al conjunto de los bienes y actores económicos, se convierte en una petición de principio que funciona como sustento del postulado de que el mercado se autorregula y de que, por lo tanto, la intervención estatal o cualquier otro tipo de regulación no es necesaria ni deseable porque atenta contra la libertad del individuo. El segundo planteamiento, derivado del anterior, está expuesto de manera general en el artículo de Arrow y Debreu, escrito en 1954. Ellos no sostienen que ninguna economía concreta alcance ese punto de equilibrio, sino que afirman que se puede estar en esa condición si y sólo si se cumple un conjunto de supuestos: si todos los actores son racionales; si las preferencias de todos son fijas, transitivas y completas; y si hay competencia perfecta y una única operación general en que todas las mercancías se vendan simultáneamente como en una gran subasta. En ese caso, entre el infinito número de puntos imaginables de un modelo multidimensional en que se cruzara el infinito número de curvas de oferta y demanda podría existir uno en que coincidieran oferta y demanda agregadas -de modo que en ese arreglo de precios todos estarían conformes-. Es decir, sólo bajo semejantes supuestos puede existir el equilibrio. Pero es tan sólo, como se ve, una posibilidad matemática (Escalante, 2015: 68).

Tales condiciones no ocurren jamás en la realidad. No hay ningún soporte empírico de tal ocurrencia de factores, pero el planteamiento funciona para fortalecer el rechazo a toda intervención “externa” al mercado. Paradójicamente, la imposición de las políticas neoliberales en las economías nacionales ha contado con todo el respaldo de los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo y la Unión Europea, entre otros, y, en los ámbitos nacionales, ha tenido el respaldo de todas las fuerzas del Estado: políticas, económicas, policiacas y militares. Una multitud de casos así lo demuestra, como lo es el que nos ocupa aquí. Pero antes de pasar a desarrollarlo, mencionaremos otro caso paradigmático, ocurrido en México recientemente. El 11 de octubre del año 2009 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto de liquidación de la empresa estatal de energía eléctrica Luz y Fuerza del Centro, con los argumentos bien conocidos de ineficiencia y alto costo del contrato laboral, argumentos presentados en el decreto presidencial mediante burdas manipulaciones de cifras y verdades a medias. Como resultado de ello, fueron despedidos sus 44.000 trabajadores, quienes resistieron y lucharon ante todas las fuerzas del Estado: la presidencia de la república que emitió el decreto, la policía federal que los desalojó de sus sitios de trabajo y los ocupó, la Secretaría del Trabajo que unos meses antes había negado el registro a su representación sindical, el Sindicato Mexicano de Electricistas que después validó el despido ilegal, la Suprema Corte de Justicia que les negó el amparo ante su solicitud de que la Comisión Federal de Electricidad fuera patrón sustituto, los empresarios que les negaron el acceso a otros empleos, la Procuraduría General de la República que acusó a algunos dirigentes sindicales, los jueces que los sentenciaron; en fin, toda la fuerza del Estado y el empresariado luchó contra ellos y su organización sindical. Fue un golpe clave en la perspectiva que se concretó en 2013 en una “reforma energética” propuesta por el Ejecutivo Federal y aprobada por el Congreso de la Unión, que privatiza las industrias eléctrica y petrolera en beneficio de los grandes consorcios internacionales y sus socios nacionales.

El costo social

El costo de las políticas neoliberales en todo el mundo es la agudización profunda de la desigualdad y un menor crecimiento económico, así como una contracción de la economía de muchos países (en este trabajo se muestra el caso de Centroamérica y México). Como explica Stiglitz, el fundamentalismo neoliberal, basado en los dogmas de “la competencia perfecta, los mercados perfectos y una información perfecta” no tiene nada que ver con un análisis económico; no produce eficiencia ni crecimiento. Sí, en cambio, promueve la migración de capitales hacia los países en los cuales la mano de obra es más barata y está menos protegida; países en los cuales la carga tributaria para las empresas es menor y la planificación económica se centra en el control de la inflación, pero no en el crecimiento ni en la creación de empleos. La austeridad crea siempre un círculo vicioso, el consumo se inhibe, la demanda agregada es insuficiente y todo esto, sumado, ahonda la desigualdad entre regiones, países y al interior de estos últimos (2012: 16-17).

Podemos agregar que los capitales migran hacia los países en los cuales la impunidad respecto a los accidentes laborales, el fraude fiscal y las violaciones a la normatividad ambiental no son accidentales, sino sistemáticos, porque hay Estados que protegen todas estas prácticas violatorias de los más básicos derechos. Si una empresa no tiene que asumir los costos de los desastres ambientales, de las muertes por condiciones inseguras, y si no es obligada a la prevención laboral bajo el viejo principio de que “los accidentes no son casuales ni inevitables”, esa empresa causará más y más daños porque sabe que la impunidad la protege. Esa empresa sabe que el Estado la protegerá a ella y no a los miles de afectados en todo el Golfo de México por el accidente de la plataforma Deepwater Horizon de la British Petroleum, ni a los muertos por la explosión reciente de la Petroquímica Pajaritos en México, ni a los muertos en las minas. Así, dice Stiglitz, la desigualdad está erosionando el imperio de la ley; se crea un círculo vicioso cuando las personas están forzadas por sus necesidades básicas a aceptar cualquier empleo precario, en condiciones inseguras, sin prestaciones laborales, y el empleador está protegido por los Estados para imponer este régimen de empleo.

Y quienes viven en el medio rural, sobre todo aquellos pueblos originarios, son desprovistos de las más básicas fuentes de vida: agua y territorio. Se trata del desarraigo de todo lo que constituye la identidad individual y colectiva como consecuencia del desalojo de cientos de miles de personas, para estructurar economías de enclave en sus territorios.

El resultado de todo ello es la exacerbada desigualdad actual, algo que, como explica Stiglitz, ya no podemos seguir ignorando; no se deriva “de las abstractas fuerzas del mercado”, sino de políticas gubernamentales que “configuran y dirigen las fuerzas de la tecnología y de los mercados, y las fuerzas sociales más en general” (2012: 133). Coincidimos con él cuando señala que esto proporciona al mismo tiempo una nota de esperanza y otra de desaliento: de esperanza porque podemos trabajar por cambiar esas políticas, y de desaliento porque los procesos políticos que están detrás son poderosos y difíciles de enfrentar (2012: 133).

Transformar las políticas que frenan el crecimiento y el desarrollo económico por otras que promuevan el empleo y el uso de las capacidades individuales y colectivas debe ser un propósito a lograr. Sin crecimiento y desarrollo no hay distribución posible. No hay un verdadero desarrollo si no promovemos reglas de convivencia intercultural que respeten los diversos modos de vida y las concepciones de mundo de cada uno de los componentes individuales y colectivos de nuestras sociedades.

El Corredor Hidroeléctrico Mesoamericano

Desde esta perspectiva, analizaremos el denominado Corredor Hidroeléctrico Mesoamericano, proyecto que forma parte de un plan estadounidense de expansión de fronteras, que concibe el territorio mexicano y centroamericano como suyos. Como explica Vargas, en su Estrategia de Seguridad Energética están considerados no solo el petróleo y el gas, sino las energías renovables de toda la región (2013: 8). Los antecedentes están en el ASPAN y su proyecto de “integración profunda” (Rodríguez y Vargas, 2006: 149).

Esta integración parte de un proyecto de globalización que ha acentuado profundamente la desigualdad entre países y dentro de ellos, y está sustentada, entre otros principios, en el fin estratégico de modificar el concepto de provisión de energía (dejar de considerarla un servicio público, responsabilidad de los Estados). En estos proyectos, el petróleo, la electricidad y las llamadas “fuentes renovables de energía” se consideran objetos de negocio y están determinados por modelos de mercado; así, en este tránsito, se transformarían en asuntos de derecho privado, no público.

Los Estados nacionales asumen entonces nuevos papeles, como utilizar su fuerza política para respaldar a las empresas, tanto en aspectos financieros como sociales, al hacerse cargo de someter a los actores sociales que se oponen a la realización de los proyectos. En este sentido, la privatización de los servicios públicos y, por lo tanto, la puesta a disposición de los recursos naturales de los países, coexiste con la agudización de los rasgos autoritarios de los Estados: el autoritarismo hacia la población y el sometimiento ante los Estados hegemónicos -sea por impotencia o consentimiento expreso- son los rasgos que se repiten una y otra vez cuando se analiza la puesta en marcha de megaproyectos que atentan contra los pueblos, sus territorios y recursos.

El libre mercado se convierte en parte de la construcción del poder estatal al volverse el facilitador de los mercados y del capital, y es el garante, en última instancia, de los “derechos” del capital global, de los contratos, de los derechos de propiedad y, con ello, de la rentabilidad de los capitales. Por eso, las corporaciones privadas toleran la presencia del Estado, aunque limitando su influencia. Con el tiempo, esta construcción termina modificando la configuración del Estado-nación (Vargas, 2015: 128). Esta reconfiguración es sobre todo la expresión del abandono del interés estatal tanto por el derecho real de acceso a la energía de todos los ciudadanos, como por la integridad del territorio y la salvaguarda de su carácter de soporte material de la vida y la cultura.

Centroamérica y los megaproyectos

El istmo centroamericano es un sitio de privilegio: tiene gran biodiversidad, enormes reservas de agua y un territorio que acerca ventajosamente ambos océanos; de ahí el interés político estratégico de los Estados Unidos sobre la región, unido al de las empresas transnacionales. Moreno analiza las Estrategias de Seguridad Nacional planteadas por los Estados Unidos a la región y concluye:

Podríamos decir que el propósito fundamental de la estrategia hegemónica de Estados Unidos, se centra en los recursos naturales. Es importante el control de mercados, el control de algunos servicios públicos, pero sobre todo el control de los recursos naturales, particularmente las riquezas en biodiversidad, agua, energía, petróleo, gas natural e incluso la tierra. (Moreno, en Sandá Mera, 2014: 10)

Veamos los datos que respaldan esta afirmación. El 10 de junio de 2001, durante el gobierno de Vicente Fox, en México, se anunció oficialmente el Plan Puebla-Panamá (PPP). Durante el gobierno de Felipe Calderón, en 2008, este se transformó en el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica. De acuerdo con los firmantes, el propósito del mismo era “articular los planes de cooperación con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes” (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2012: 5-10).² El proyecto incluía varios subproyectos: a) establecimiento de tres plantas de biocombustible en 2008 (en México, El Salvador y Honduras); b) conformar una red de planes locales de acción frente al cambio climático; c) construir una red de carreteras llamada Corredor Pacífico, articulada en la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM);³ d) reestructurar los puertos en todos los países; e) asuntos de logística de cargas y transporte sustentable; f) Sistema de Interconexión Eléctrica del Proyecto Centroamérica (SIEPAC); g) Mercado Eléctrico Regional; h) interconexión eléctrica México-Guatemala; i) interconexión Panamá-Colombia; j) eficiencia energética; k) programa mesoamericano de biocombustibles; l) Red Mesoamericana de Investigación sobre Biocombustibles; m) Intercomunicación de Telecomunicaciones de Centroamérica; n) facilitación comercial; o) integración fronteriza (reforzamiento estatal de controles fronterizos); p) Sistema Mesoamericano de Salud Pública; q) Sistema Mesoamericano de Información Territorial; r) Programa para el desarrollo de vivienda en CA; s) Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental; t) Autopista de la información (actualmente se tiene el 95% de tendido de la red de fibra óptica sobre las líneas SIEPAC); u) fortalecimiento de las redes nacionales de investigación y educación; v) Foro Mesoamericano de la pequeña y mediana industria; y w) apoyo a la fruticultura regional.

En septiembre de 2004 se firma el Reglamento de Funcionamiento del Plan Puebla-Panamá que, entre otros elementos, establece las categorías de los socios: fundadores, asociados y observadores. Colombia se incorpora como socio observador y en 2006 es acreditado como miembro de pleno derecho. La importancia del ingreso de Colombia reside en que es el país “puente” entre Centroamérica y Sudamérica, a través de la selva del Darién. Es el cuarto país más biodiverso del mundo y está situado entre las dos cuencas hidrográficas más grandes del planeta, los Andes y la Amazonía (Sandá Mera, 2014: 11). Por todas estas razones, el ingreso de Colombia hizo pensar en el desarrollo exponencial de los negocios para las transnacionales.

El Corredor Hidroeléctrico Mesoamericano

El Corredor parte, pues, del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, cuyo antecedente es el Plan Puebla-Panamá. En 2001, los gobiernos de México y Centroamérica acordaron construir 432 hidroeléctricas, desde el extremo sur de México hasta Panamá para promover un gran negocio con las reservas de agua, la venta de electricidad y el cobro por Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL).

El sureste mexicano proporciona 80% de la precipitación pluvial del país. Allí se encuentran las cuatro principales cuencas, correspondientes a los ríos Papaloapan, Coatzacoalcos, Grijalva y Usumacinta. En conjunto, abarcan 83 ríos en 129.132 km² y un escurrimiento anual de 105.200 millones de metros cúbicos (Delgado Ramos, 2005: 50). El Grijalva proporciona el caudal para cuatro hidroeléctricas, la mitad de la generación hidroeléctrica del país. En Centroamérica existen 120 cuencas que representan 19% de los sistemas hídricos de la región y 10,7% de las cuencas del planeta. Correlativamente, existe una gran biodiversidad: “con menos de la mitad del uno por ciento de la tierra en el planeta, Mesoamérica posee entre el 7 y el 10% de todas las formas de vida conocida y el 17% de las especies terrestres” (CCAD-BM, 2002: 3 y 6, en Ruiz Esparza Zorrilla, 2011: 19).

Según la página del Proyecto Mesoamérica, uno de cuyos ejes es el energético, en electricidad los objetivos serían: a) mejorar sustantivamente la seguridad energética, los costos de oferta de electricidad y fortalecer el sector eléctrico para aumentar la competitividad de la región mesoamericana; y b) potenciar la producción de energías con fuentes renovables y la consolidación de un Mercado Eléctrico Regional (MER), único en el mundo. La visión del MER es integrar los sistemas eléctricos de los países y conformar un mercado que permita el intercambio y la comercialización de energía eléctrica entre México, los países de América Central (Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá), y Colombia (Proyecto Integración y Desarrollo Mesoamérica, 2016).

Entre las preocupaciones de los autores no aparece la mejoría de las condiciones de vida de la población, como se declaraba formalmente en el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, aunque se menciona la disminución de los costos de electricidad -lo que no necesariamente impacta las tarifas eléctricas im- puestas al consumidor-. El Corredor Hidroeléctrico Mesoamericano sería una red de plantas y un Sistema de Interconexión Eléctrica en América Central (SIEPAC) (Delgado Ramos, 2005: 81), y se inscribe en una estructuración de “corredores de desarrollo” vinculados a planes de reordenamiento territorial de México, Canadá y Estados Unidos (Delgado Ramos, 2005: 17).

El SIEPAC facilitaría un mercado de electricidad gestionado por una Comisión Reguladora Regional de Interconexión Eléctrica (BID-CIE-CEPAL, 2001, en Delgado Ramos, 2005: 79), aprovechando el potencial de cuenca y ampliando la infraestructura de interconexión existente desde las décadas del setenta y ochenta del siglo xx, gran parte de ella construida con recursos públicos; se crearía una empresa reguladora y se vincularía a las empresas con la propietaria de la línea con sede en Panamá. Los concesionarios alcanzarían altísimos niveles de ganancia. Los financiamientos provendrían de Endesa, una parte del Fondo v Centenario, del gobierno de España, y los bancos US, Export-Import Bank, la IFC (del BM) y Banfidex de El Salvador (en realidad controlado por Credicorp). Podrían participar también Scudder, Stevens and Clark, e Inc de Holanda (Delgado Ramos, 2005: 81). Las empresas participantes, generadoras o vendedoras de suministros, son, entre otras, Iberdrola, Unión Fenosa y National Power (inglesa); de los Estados Unidos serían Teco Energy, Coastal Power Company, Ohio Transformers y Powell Electric Manufacturing. Para el caso de México, el proyecto representa la posibilidad de generar 52.000 megavatios. En 2008 el sistema de interconexión había sido concluido. Las áreas en ejecución serían “electrificación y energización rural”, “construcción de represas” y “estudio de proyección de nuevas represas para las próximas décadas”.

En ese año, el Plan Puebla Panamá cambió de nombre y alcance, incluyó a Colombia y se propuso la interconexión Panamá-Colombia, avanzar en electrificación y energización rural, impulsar la construcción de hidroeléctricas y construir una red de microhidroeléctricas para aumentar la competitividad a través de la generación, interconexión e impulso a energías “renovables”. La Empresa Propietaria de la Red (EPR) está regida por el derecho privado mediante permiso otorgado por los Gobiernos, a pesar de que ello contradiga, como en el caso de México, el núcleo de la filosofía política de su Constitución. Las accionistas son: INDE de Guatemala, CEL y ETESAL de El Salvador, ENEE de Honduras, ENATREL de Nicaragua, ICE y CNFL de Costa Rica y ETESA de Panamá. Los extra-regionales son ENDESA de España, ISA de Colombia y CFE de México (Capote: 2013).

En estos proyectos, la electricidad se concibe como un bien privado y no como un servicio público; el agua se clasifica como “elemento estratégico”, un bien objeto de transacción y no un bien de posesión social común. Este cambio conceptual se hace con el propósito de convertirlo en un bien económico a privatizar. A casi veinte años de los primeros acuerdos de los gobiernos centroamericanos y el gobierno español con el conocido argumento de una futura “reducción de los precios de la electricidad y conseguir ventajas en la seguridad, calidad de los servicios, integración y complementariedad regional” (Sandá Mera, 2014: 16). Lo único cierto es que las actividades de las transnacionales se concentran en la generación. Solo 35% de la demanda corresponde al sector residencial, y las ganancias de las comercializadoras no impactan en las tarifas cobradas al consumidor final porque estas realizan maniobras de mercado tales como vender energía excedente de Guatemala a El Salvador.

El verdadero sentido de los megaproyectos de esta índole puede advertirse por ejemplo en el caso de El Salvador, cuando en 2013 el gobierno de los Estados Unidos condicionó el segundo desembolso del Fondo Milenio ii a la aceptación de que en el paquete de la Ley de Asocios Público-Privados se incluyera el agua, la salud y la educación (Sandá Mera, 2014: 10).

El impacto sobre los pueblos y las comunidades

El informe “El negocio de la energía eléctrica en Centroamérica y El Salvador” explica, respecto al Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central, que “una línea de interconexión per se no puede convertirse en motor de desarrollo” (Sandá Mera, 2014: 25); no lo han sido el SIEPAC ni las hidroeléctricas.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el periodo 1990-2000 la región centroamericana habría tenido una leve mejoría en los índices de desarrollo humano. Sin embargo, en 2014, sigue siendo la región más desigual del mundo a pesar de registrar (según esta fuente) la mayor caída en desigualdad. Sin embargo, el informe “Desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe: seguimiento de la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo post2015 y Río+20” reitera que la región formada por América Latina y el Caribe es ahora eminentemente urbana y de ingreso medio, pero muy heterogénea y desigual en cuanto a los ingresos de sus habitantes y el acceso a oportunidades de desarrollo. Presenta la peor distribución de ingreso de todo el mundo, las cifras de desempleo son alarmantes, y los sistemas de seguridad social han sido fragmentados y reducidos en su alcance. Los jóvenes enfrentan la falta de oportunidades de trabajo. El informe reitera:

No basta con el crecimiento económico si éste no incorpora beneficios sociales, no basta con reducir la pobreza y el hambre si al mismo tiempo perduran las desigualdades estructurales sobre la base del género, la etnia y el territorio, que hacen de América Latina y el Caribe la región más desigual del mundo; no basta con lograr mayor productividad si no se traduce en una mayor creación de empleo decente, de alto valor agregado y con pleno acceso a los derechos laborales básicos. (Naciones Unidas, 2013)

Estos datos se aúnan a los testimonios de los pueblos que combaten esos proyectos, donde se instala una hidroeléctrica y se vive una destrucción del tejido social y la desaparición de los medios de subsistencia locales. El panorama general, dice Sandá Mera, se describe de esta manera:

Desplazamiento y desaparición de comunidades, destrucción de ecosistemas, militarización de territorios y criminalización de las resistencias locales; esta es la tónica general de las áreas subordinadas a los grandes proyectos hidroeléctricos de la región, tales como: 1) Xalalá, Xacbal y Palo Viejo, o proyectos menores como Hidro Santa Cruz en Barillas -propiedad de la española Hidralia- en Guatemala; 2) Conflictos en torno a las represas de El Chaparral, Sensunapán II y el Cimarrón en El Salvador; 3) Patuca III en Honduras; 4) Tumarín en Nicaragua; 5) Reventazón y el Diquis en Costa Rica; 6) Bonyk -propuesta por EPM- y Fortuna -propiedad de ENEL- que es la represa más grande de la región, en Panamá. (2014: 31)

En México, delegados al vi Foro Mesoamericano de la Red Latinoamericana contra las Represas declararon:

En representación de la delegación mexicana, participaremos luchas y organizaciones que nos oponemos a la construcción de las siguientes represas (…): Paso de la Reina en Oaxaca, La Parota en Guerrero, El Zapotillo y La Yesca en Jalisco, Las Cruces en Nayarit, Itzantún y Chinín en Chiapas, Pantanos de Zentla y afectados por las inundaciones en Tabasco, y más de 112 proyectos de presas tan sólo en el estado de Veracruz. (Blog SIPAZ, 2016)

Por su parte, los afectados en Panamá afirman:

la epidemia de proyectos hidroeléctricos en nuestro pequeño Panamá no responde a la necesidad energética de nuestros pueblos, sino al interés del capital transnacional y el juego vivo de politiqueros traidores al país que venden nuestros bienes comunes como si se tratara de mercancía de remate. Su plan responde a políticas económicas internacionales que promueven una interconexión eléctrica de toda Latinoamericana para proveer de electricidad a las industrias como la minería, agronegocios y otros megaproyectos que se consumirán nuestra energía y nuestros territorios. (Grito de los excluidos, 2011)

Resultados obtenidos

De lo aquí analizado encontramos dos procesos frontales y contradictorios; por una parte, la extensión y profundización de la política extractivista, pero por otra, el crecimiento de una red de organizaciones que no sólo resisten, sino que proponen alternativas vinculadas a su apego al territorio y a sus formas culturales. Una red de organizaciones que agrupan pueblos y comunidades de México, Centroamérica y Colombia se ha venido constituyendo desde hace más de diez años para defender los derechos al territorio, al agua y, en suma, a la vida. En ellas se han venido trazando perspectivas de acción común. Así, la Declaración de Chalatenango, que se forjó durante el iv Encuentro Mesoamericano de la Red Latinoamericana de Acción contra las Represas, realizado en 2007, no sólo caracteriza la política extractivista y el despojo de que son objeto los pueblos, sino que traza líneas de trabajo que emergen de la discusión colectiva y que no sólo formulan actos de resistencia, sino también de construcción de alternativas.

Los 312 representantes de organizaciones de todos los países centroamericanos, además de México, Colombia, Brasil, Argentina y Ecuador, han manifestado su voluntad “de implementar alternativas de apropiación comunitaria en agua y energía” como alternativa frente al consumismo y a la construcción de represas que dañan a “las comunidades negras, indígenas y de pescadores”; asimismo, acuerdan apoyar a los referendos populares sobre el agua como eje articulador de la resistencia contra las represas (Ecoportal.net, 2016).

Este ejercicio de democracia participativa sigue la ruta del que se realizó en 2005 en la cuenca del río Pacuare, primer plebiscito no vinculante sobre represas en Centroamérica. Para 2011, en este mismo sitio, se realizó el sexto Encuentro Mesoamericano de la Red Latinoamericana (REDLAR). Ciertamente, en la región se vive un despojo de los medios de vida sobre todo para los pueblos originarios y la agudización de la migración hacia Estados Unidos, pero, en contraparte, el movimiento de resistencia y construcción de alternativas comunitarias ha seguido creciendo (aunque no lo suficiente. El movimiento expresa la gran vitalidad de los pueblos aún en condiciones tan difíciles como las descritas).

Conclusiones

Que nuestro filosofar se capacite para explicitar la densidad contextual y deje de ser un mecanismo de ocultamiento de la misma o defensa ante ella.

Raúl Fornett Betancourt

Regresemos al punto de partida. La lógica más elemental podría hacer comprender que el tejido de la vida se construye sobre el territorio y se fertiliza con el agua. ¿Cuándo, entonces, se produjo la contraposición entre el derecho de los humanos a la vida digna y a la política, si por ella entendemos la res pública, el derecho de los ciudadanos a decidir sobre el destino de la naturaleza, que es el nuestro? ¿Quiénes y por qué han escindido al hombre y la naturaleza? Latour explica que es necesario sobrepasar la distinción entre humanos y cosas; distinción que ha sido cuidadosamente diseñada para hacer imposible cualquier reconciliación entre sujetos de derecho y lo que llamamos “naturaleza” (2004: 8). Esto, agregamos, se ha agudizado en el neoliberalismo, para el cual todo se convierte en mercancía.

El caso aquí analizado muestra la dimensión del enfrentamiento entre dos visiones de mundo: la de los pueblos originarios, por un lado, y las políticas neoliberales ejecutadas por los Estados, por otro. Pero vale la pena pensar si hay alternativas a esta contraposición, si este rumbo es fatal.

Concluyo que no es así y comparto las propuestas de Stiglitz, quien elabora un conjunto de propuestas para los Estados Unidos, pero que considero válidas en la ruta de disminuir la desigualdad no sólo en ese país. Estas incluyen mejorar el acceso a la educación utilizando para ello el dinero público, acabar con las prácticas abusivas y monopólicas, y fortalecer la seguridad social y los programas de protección social. Además, es determinante que forjemos los medios de comunicación y acción colectiva entre los diversos sectores de nuestras sociedades multiculturales. Los pueblos originarios en lucha por el agua y el territorio, los habitantes de las ciudades, los académicos, y los trabajadores industriales y de servicios enfrentamos un enemigo común que amenaza el entramado de la vida como nunca antes.

¿Cuál es la relación entre el problema planteado y el grado de desarrollo y de dificultades sociales observadas en la región? El problema es que esta invasión de los territorios de los pueblos originarios se da en un contexto de pobreza extrema, como lo muestran las cifras aportadas, que hace aún más difícil enfrentar esta situación porque los pueblos carecen de alternativas: el despojo los hace aún más vulnerables, los empuja a la migración en condiciones extremadamente adversas o los condena a la sobrevivencia con grandes dificultades. Es necesaria, en consecuencia, otra política económica y social que promueva no sólo el crecimiento, sino también el desarrollo social con equidad y respeto a las diversas vertientes culturales de nuestras sociedades, a sus formas de ver el mundo.

Otra política habrá que imponer por la acción ciudadana conjunta, individual y colectiva; con este fin se requiere modificar también las formas de vínculo entre el poder político y la ciudadanía para hacer prevalecer la soberanía popular. Se trata de un asunto nada fácil, pero no hay otra ruta; nuestro destino y el de nuestros acompañantes no humanos está en juego

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Notas