Dossier “Antropología jurídica: reflexiones sobre justicias locales y derechos universales”

Conscientes de la relevancia que tiene en nuestros días reflexionar en función de los profundos vínculos existentes entre la sociedad, el derecho y la cultura, en la presente edición del Boletín de Antropología, hemos querido recoger reflexiones elaboradas a partir de la antropología jurídica, seguras de que será una opción importante para dar a conocer los avances en la materia. Nuestro interés es difundir en la comunidad académica algunos de los aportes de esta subdisciplina antropológica que, desde diferentes aproximaciones, condensan reflexiones en torno a problemas fundamentales de la actualidad como el pluralismo jurídico, justicia social, las reformas al campo judicial y los reclamos respecto de derechos humanos, en ámbitos rurales y urbanos.

La antropología jurídica está encargada del análisis sociocultural de los fenómenos jurídicos. Para ello, parte de la noción del derecho como un elemento cultural inserto en contextos sociales, políticos, económicos e históricos específicos; de modo tal que una de sus principales tareas ha sido generar un conocimiento profundo de la operación de la ley en la vida cotidiana (Cardoso de Oliveira, 1989, 1992, 2004; Azaola, 1990, 2001; Nader, 1998; Krotz, 2002; Sierra y Chenaut, 2002). Es decir, que no se trata sólo de las leyes que están formuladas en los códigos civiles, penales, en las constituciones o manuales de convivencia, sino que se trata de usar la principal herramienta de la antropología: la etnografía, para entender las prácticas de las personas en relación a las normativas.

Así las cosas, los estudios de antropología jurídica han demostrado la importancia de comprender el uso que los actores sociales hacen de las diferentes instancias legales instauradas socialmente para resolver disputas o mediar conflictos, que están directamente relacionados con los procesos históricos, económicos y políticos tanto de los individuos, como de los grupos implicados.

En un primer momento, los antropólogos jurídicos se enfocaron a la tarea de aportar investigaciones comparativas entre el derecho nacional y el indígena, en un contexto en el cual se hacía cada vez más evidente la necesidad de reconocer a los Estados latinoamericanos de forma pluriétnica y multinacional; en dicho contexto conceptos como el pluralismo jurídico, la autonomía y la interlegalidad, entre otros, se hicieron centrales (Collier 1973; Stavenhagen 1988; Chenaut y Sierra 1995, 2004; Chenaut 1997; Nader 1998; Sierra, 2004; entre otros). Más recientemente, la reflexión antropológica se ha hecho especialmente visible en torno al derecho en espacios urbanos; de manera que se hace necesario un extrañamiento de lo familiar, de las instancias jurídicas propias de la sociedad del antropólogo (Kant de Lima, 2008, 2012), mismas que empiezan a ser estudiadas como “nuevas” aldeas (Tiscornia, 2011).

Asimismo, cada día resulta más evidente que los sistemas de derechos y deberes, no sólo operan y son posibles de analizar en el nivel macro, cuando se refieren a las leyes de los Estados y naciones, sino que también operan en todo tipo de instituciones a nivel microgrupal (en colegios, hospitales, fábricas, asociaciones civiles, bandas delincuenciales, grupos de amigos, familias, entre otros), aunque tengan alguna relación o se enmarquen en los sistemas de derecho más amplios, no sólo de nivel nacional sino, incluso, internacionales. La mirada antropológica permite entonces romper con la noción de Estado como organización homogénea, convirtiendo nuestro trabajo en una herramienta crucial para propiciar un entendimiento más profundo respecto de la apropiación de la ciudadanía y la lucha por derechos individuales y colectivos.

De este modo, consideramos de gran relevancia proponer un número temático que reúna reflexiones diversas sobre esta materia y aportar de este modo al desarrollo y consolidación de la discusión académica. El título que propusimos para dicho número fue: “Antropología jurídica: reflexiones sobre justicias locales y derechos universales”, con la finalidad de generar un espacio para la discusión académica de diferentes fenómenos legales insertos en distintos contextos latinoamericanos como México, Chile, Argentina y Colombia.

De esta manera, hemos organizado los artículos en tres bloques. El primero de ellos concentra aquellos textos que tienen como eje de análisis la reflexión en torno a la relación del Estado con las infancias y las juventudes latinoamericanas como lo muestra el artículo de María Florencia Graziano, el cual propende darnos cuenta, a través de una rigurosa etnografía, las intervenciones de los funcionarios de una secretaría tutelar de un juzgado penal de menores en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) sobre la gestión del tratamiento que se les da en medio de las cuales se generan algunas interpretaciones que tienden a desligarse de la realidad experimentada por los menores, cobrando más importancia aquello que parece ser que lo que realmente tiene la posibilidad de presentarse en el proceso de configuración de sus identidades. Está también el artículo de Carolina Ciordia, quien nos presenta nuevamente la importancia de la interpretación de los funcionarios públicos, en este caso de los juzgados de familias, y las técnicas de persuasión que estos utilizan para la interlocución con niños que están en camino de ser adoptados y sus padres en Buenos Aires (Argentina). En el caso mexicano, tenemos el trabajo de Irene Juárez Ortiz, en el cual nos enseña cómo el cambio de la normatividad en los procesos penales no implica el cambio de interpretaciones y actitudes hacia los jóvenes por parte de algunos representantes del Estado que les asisten en sus procesos penales. Finalmente, está el artículo de Ells Natalia Galeano Gasca en el que da cuenta cómo la normatividad de un grupo armado ilegal asociado con el narcotráfico se contrapone a las leyes del Estado, generando categorías locales que se encuentran llenas de contenido para los jóvenes, quienes las usan para controlar territorios en algunos barrios de Medellín, Colombia. Todos los artículos de este primer bloque se caracterizan por analizar las relaciones de los actores gubernamentales y juveniles en sus relaciones cotidianas con la normatividad del Estado, tales como los juzgados o los mismos grupos ilegales a los que pertenecen.

El segundo bloque se interesa por los conflictos jurídicos del Estado con las comunidades indígenas. El primer texto es de Alejandro Vázquez Estrada, donde el autor plantea una discusión acerca de las “nuevas” relaciones que el Estado mexicano entabla con las comunidades indígenas a partir de la institucionalización de las leyes estatales indígenas. Como Vásquez señala, si bien dichas leyes fueron enunciadas como un avance decidido hacia el pluralismo jurídico, lo cierto es que han servido únicamente como una manera de mitigar, fragmentar y disminuir las discusiones de fondo respecto a los rezagos en materia de justicia, bienestar social y autonomía que las comunidades indígenas continúan viviendo. En este mismo sentido, aportan sus reflexiones los artículos “Entre el reconocimiento de la diversidad cultural y los sistemas normativos de los ñäñho del sur del estado de Querétaro, México: una reflexión desde la perspectiva del Estado de derecho frente a la pluralidad jurídica” escrito por Adriana Terven Salinas y “La comunidad emberá-chamí de Dojura (Chigorodó, Antioquia): tensiones jurídicas y resistencia vital” de Ángela M. Araque García, Franco A. Ceballos Rosero, Jhon J. Fernández Hernández y Mirleys Montalvo Mercado, quienes enfatizan en la larga lucha que las comunidades indígenas han emprendido por el respeto a sus culturas, sus estilos de vida asociados y el importante papel que el derecho juega en este proceso.

Finalmente, el último bloque encontramos el artículo de Jaqueline Garza Placencia titulado “Actores, redes y el movimiento por los derechos humanos en Latinoamérica”, en el cual la autora aporta un análisis comparativo acerca de las estrategias de actores organizados frente a la ineficacia del Estado, tal es el caso de los familiares de víctimas de distintos delitos en México, Colombia, Chile y Argentina. Este esfuerzo comparativo plantea un análisis sobre los diversos grupos sociales en los distintos países que se han organizado para hacer frente a la relación conflictiva con el Estado que resulta común a pesar de las diferencias históricas y contextuales, pero que se establecen fruto de situaciones comunes asociadas con desigualdades económicas, dominación política e inseguridad.

Como el lector podrá apreciar, todos los artículos coinciden en señalar las profundas tensiones y contradicciones desde las cuales la legalidad estatal se enuncia y en las cuales opera. Por un lado, encontramos discursos que parecieran ser garantistas y modernizadores por parte de los ejecutores estatales, pero al mismo tiempo se observa que las disposiciones de las normativas son experimentadas con confusión y hartazgo por la población que debe acudir a procedimientos y espacios jurídicos. En el peor de los casos, los discursos estatales carecen una dimensión práctica que impacte la experiencia de los actores, para los cuales estos discursos ni siquiera son considerados como legítimos. De esta manera, se crea espacio para la emergencia de nuevas legalidades que contravienen derechos fundamentales como la vida y el libre tránsito. Así las cosas, aparece una casi “esquizofrénica” relación entre el Estado y la sociedad.

Como editoras invitadas del Boletín de Antropología estamos seguras que los lectores disfrutarán de los debates que aquí se presentan. Al mismo tiempo, esperamos que este dossier aporte a la labor de la antropología jurídica en su lucha por el entendimiento sobre las maneras más prácticas de satisfacer necesidades universales de las distintas comunidades a partir del análisis de las disputas y encuentros entre del derecho estatal con las prácticas y representaciones del derecho por parte de los actores locales.