La comunidad emberá-chamí de Dojura (Chigorodó, Antioquia): tensiones jurídicas y resistencia vital¹²

The Embera-Chami community of Dojura (Chigorodó, Antioquia): Legal tensions and vital resistance

A comunidade Emebrá-Chamí de Dojura (Chigorodó, Antioquia): tensões jurídicas e resistência vital.

La communauté Emberá-Chami de Dojura (Chigorodó, Antioquia): tensions juridiques et résistance vitale.

Después de 1991, Colombia redefinió su estructura estatal y nacional al aceptarse como pluralista, multiétnica y pluricultural, a la vez que protectora de las minorías y sus territorios, invirtiendo la política mediante la cual se intentó asimilar a los pueblos originarios o indígenas a la nación católica de 1886³ (de esta época data la Ley 89 de 1890, que si bien intentó desarrollar una política de blanqueamiento de los pueblos originarios mediante la evangelización, transitoriamente desplegó una serie de disposiciones que fueron reinterpretadas por los actores étnicos para sobrevivir en un clima hostil hacia las diferencias políticas y culturales que fueran resabio de la época colonial) (Mayorga, 2013).

Derechos como la diferencia, la identidad cultural y política o el territorio constituyen parte de la realidad jurídica de Colombia desde 1991; sumado a que, en momentos en que se discutía el giro político del Estado Nacional, se incorporó al ordenamiento jurídico colombiano, mediante la Ley 21 de 1991, el Convenio 169 de la OIT de 1989, que también propició una inversión de la política imperante a nivel internacional desde 1957 con el Convenio 107: los pueblos originarios, indí- genas o tribales ya no podían ser considerados “sociedades incipientes” que debían ser “llevadas” hacia la civilización, sino “sociedades” con vocación de permanencia que deben protegerse y potenciarse en su diferencia (Castillo, 2008; Gross, 2012). Esta inversión constitucional hizo que los territorios indígenas fueran considerados entidades territoriales con autonomía, donde rigen ordenamientos jurídicos parcialmente independientes y con fundamentos culturales e históricos propios, que el Estado debe “coadyuvar” a “restaurar y preservar”.⁴ Este tránsito constitucional, ganado a pulso por el movimiento indígena antes de 1991, se hizo en medio de una historia signada por diferentes violencias que afectaron de múltiples formas a los pueblos originarios. En el municipio de Chigorodó (Antioquia), por ejemplo, se asienta la comunidad indígena de los emberá-chamí de Dojura, que fue arrancada de su territorio originario por culpa de la violencia (en palabras de sus mayores, desde la década del cincuenta), y que resiste actualmente después de una diáspora que finalizó en el espacio geográfico que hoy ocupa, titulado por el desaparecido INCORA a finales de la década del noventa, bajo el nombre de “Resguardo Yaberaradó”.⁵

El giro constitucional y la situación particular del pueblo emberá-chamí desarraigado le ha ocasionado una serie de problemas en Dojura, como las relaciones conflictivas con los campesinos de la región por disputas fronterizas, muchos de los cuales han iniciado acciones legales para reivindicar sus posesiones en tierras donde los indígenas dicen ser los dueños por documentos del Estado que así lo acreditan, faltándoles la “legitimidad”, que para los pueblos originarios emana de la relación ancestral con el territorio, la que está en construcción.

Otro problema derivado de este proceso de adaptación es el del abastecimiento de agua potable, pues a pesar de que la misma corre por el territorio de Dojura, atravesado por el Río Chigorodó, no existen sistemas de abastecimiento para el centro poblado de la comunidad, ubicado a unos 45 minutos del casco urbano de Chigorodó. No hay acequias, acueductos o aljibes en el territorio, y el agua para el consumo humano la traen directamente del río. Son ya más de quince años de lucha, según sus comuneros, durante los cuales no se ha presentado un estudio serio que haya avanzado hacia la construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable y el río parece alejarse cada vez más por los cambios que ha sufrido el clima planetario.

Estas y otras “tensiones jurídicas” hacen que los procesos de arraigo al territorio por parte de los emberá-chamí de Dojura sean especialmente difíciles, pues todas conducen a un desgaste para la autoridad propia de esta comunidad, que aún está en proceso de aprendizaje y articulación con los jais o espíritus de todo lo existente de su territorio, así como con las comunidades indígenas que componen el Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó y la sociedad colombiana en general.

Figura 1
Localización de la comunidad de Dojura (Municipio de Chigorodó, departamento de Antioquia,Colombia)
Fuente: Modificado por el autor y tomado de Google Earth (2016)

Desde una metodología guiada por tres principios de acción: el reconocimiento, el aprendizaje y la solidaridad (Haber, 2011), el presente documento presenta una exploración, desde una apuesta creativa-reflexiva, sobre algunas de las tensiones jurídicas de los emberá-chamí de Dojura relacionadas con el territorio y el agua, después de un breve contexto jurídico y político a tener en cuenta.⁶ En consecuencia, la exploración jurídica que se propone se desarrolla desde el reconocimiento del indígena como actor político, étnico y cultural que necesita reconstruir su historia a partir de su pensamiento propio, aprendiendo a través del diálogo, la conversación y el encuentro con “otros”, como mecanismos de afectación recíprocos; la solidaridad es el principio de acción política para la coexistencia pacífica de las distintas realidades existentes.

Las distintas comunidades indígenas que existen en Colombia han tenido, a lo largo de su historia, problemas semejantes desde la llegada de los colonizadores hispanos: el despojo de sus territorios e identidad. Unos, más que otros, fueron transformados violentamente en sus modos de ser, sentir y pensar el mundo y su relación con él, asunto continuo desde la Conquista, la Colonia y lo que puede considerarse las dos primeras etapas de la República colombiana hasta 1991, cuando se dio un giro significativo en la concepción del Estado y la nación, aunque los procesos de degradación continuaron bajo modalidades soterradas, a través de la introducción de fenómenos como la corrupción, con la asignación de recursos y la equiparación de los territorios indígenas a los demás entes territoriales como los municipios y departamentos (Vasco, 2010, 2011).⁷

En la Conquista y la Colonia se despojó a los pueblos originarios de sus territorios y riquezas, de su espiritualidad y modos de vida, aunque en el plano jurídico la Corona española promulgó una serie de leyes que intentaron reversar los procesos de destrucción total a los que estuvieron sometidos los pueblos originarios antes de las protestas de los dominicos, encabezados por Bartolomé de las Casas y el inicio de la legislación proteccionista colonial.⁸

Esta legislación que catalogaba al indígena como vasallo libre del rey, ordenando el respeto por sus territorios y derechos, se convirtió en la herramienta que, en medio de los atropellos de la búsqueda por el poder económico y político de los conquistadores, los indígenas utilizaron para hacer valer sus derechos (aún hasta hoy, cuando cobra vigencia la legislación colonial a través del reconocimiento ex- preso a la propiedad territorial indígena).⁹

La llegada de la República tras el levantamiento y la victoria contra el régimen realista hispano intentó suprimir toda legislación proteccionista en favor de los pueblos originarios por ser contraria a los idearios de las revoluciones libertarias que buscaban abolir las diferencias y aplicar un único concepto cuando de seres humanos se tratara: el de ciudadano. Bajo el supuesto de que no existían diferencias, la categoría de “indígena” se intentó desaparecer, junto con sus formas colectivas de propiedad territorial, mediante diferentes leyes, como la 89 de 1890, que a la larga terminaron por desconocer el hecho de que la Corona española respetó, desde el principio, la propiedad colectiva de los pueblos indígenas sobre sus territorios (Mayorga, 2013).

Después de un siglo enfrentando al Estado y su política reduccionista, integracionista y modernizadora (Perugache, 2014; Ceballos, 2016a), además de los efectos de las distintas violencias agrarias y económicas del país (Ortiz, 2013; Vera, 2015), los pueblos originarios llegaron a la última década del siglo xx con la suficiente fuerza como para debatir el modelo de país; y aunque las transformaciones que se pugnaron hasta 1991 no se hayan consignado del todo en la Constitución Política de 1991 (Muelas, 2008), se lograron reivindicaciones claramente favorables, pero que acarrearon responsabilidades ante las cuales, materialmente, los pueblos originarios no estaban preparados; responsabilidades derivadas del manejo de los recursos, programas y proyectos del Estado y otros actores (como las ONG), y que degeneraron en fenómenos de corrupción que aquejan a los pueblos originarios desde entonces, dejando a un lado la resistencia que surge de la necesidad de no tener nada o casi nada.

Después de 25 años de vigencia de la Constitución Política, los pueblos originarios aún no han podido articularse de forma adecuada a la vida política nacional, ya que pese a la existencia del reconocimiento constitucional de sus derechos vitales (artículos 7, 8, 10 y 63), territoriales (artículos 286, 329 y 330) y políticos (artículo 246), respaldados por la Ley 21 de 1991 y parte del bloque de constitucionalidad (artículo 93), aún las acciones efectivas por parte del Estado, sumadas a la heterogeneidad de voces indígenas, han dificultado poner en práctica la nueva coyuntura constitucional, salvo por la acción de la jurisprudencia constitucional, en especial a través del derecho a la “consulta previa”.¹⁰

Por ejemplo, hasta el momento no ha existido una política clara y efectiva sobre la estructuración de los territorios indígenas en Colombia, muchos de los cuales están usurpados, sin delimitación precisa o un título que las respalde; las perspectivas para revertir esta situación son débiles, como lo demostró la aprobación de la Ley 1454 de 2011 sobre el ordenamiento territorial, que deja fuera de sus consideraciones los aspectos referentes a los territorios indígenas que siguen sin desarrollo legal salvo el derivado de las acciones de hecho, como en el caso del Decreto 1953 de 2014, que transitoriamente intenta poner en funcionamiento los territorios indígenas.

Los pueblos originarios o indígenas, en definitiva, pese al marco constitucional y legal favorable a partir de 1991, continúan sus procesos de transformación “negativa” afectados por la articulación política y jurídica, que está lejos de ser clara, y que en buena medida ha sido desarrollada por la jurisprudencia constitucional (Semper, 2006) ante la inactividad, salvo por reacción, de parte de los poderes ejecutivo y legislativo.

En el municipio de Chigorodó se asientan dos resguardos indígenas que suman alrededor de 17.000 hectáreas, tituladas como dos resguardos por el desaparecido INCORA por medio de la Resolución N.º 030 de 1999: Yaberaradó y Polines, diferenciando el globo de terreno A para los sectores de Baujodó, Guapá, Juradó Alta y Tagual (tierras de baldíos nacionales y del Parque Nacional Natural de Para- millo) y el sector de Dojura para el globo B, con 281 hectáreas. En estos resguardos se asientan cuatro comunidades emberá eyábida (Polines, Chigorodocito, Guapá y Saundó) y una comunidad emberá-chamí (Dojura). El total de habitantes en estas comunidades se aproxima a las 2.000 personas, de las cuales 326 pertenecen a la comunidad Dojura, agrupadas en aproximadamente 56 familias.

Por la vía principal que del municipio de Chigorodó llega al municipio de Carepa, desviándose hacia la comunidad de Dojura al cruzar el puente principal sobre el río Chigorodó y avanzando por un costado de la embotelladora de POSTOBÓN, tras un recorrido de 11 kilómetros, aproximadamente, por una vía sin pavimentar que, en términos generales, está en buenas condiciones, se llega al pequeño poblado conformado por 56 viviendas construidas en madera, plástico y tejas de zinc. Estas familias se forman por medio de un sistema social propio, denominado “parentela”, que consiste en la reunión de personas que se vinculan a un núcleo primario por medio de relaciones de consanguineidad y/o afinidad, la misma que afianza sus relaciones en torno a un territorio que está rodeado por un río del cual derivan su subsistencia los habitantes y que permite fortalecer a la familia y a la comunidad.

Los indígenas de Dojura pertenecen a una comunidad que se conformó por el desplazamiento forzado que sufrieron algunas personas pertenecientes a la etnia de su territorio originario en el departamento del Chocó, ubicándose inicialmente en una finca conocida con el nombre de El Bohío, después de su diáspora, de la vereda Champitas del municipio de Chigorodó. Así lo recuerda la memoria de don Ángel María Niaza Cano, uno de los mayores de la comunidad:

A ver les cuento, ya que han venido a visitarnos. Porque yo me acuerdo de nuestra tierra propia, la que dejamos atrás, pero que vive dentro de nosotros. ¿A ustedes no les pasa lo mismo cuando salen de su casa? A nosotros nos duele el recuerdo, nos duele la tierra que dejamos por la violencia guerrillera. Nosotros, profesores, fuimos de esos lados del Chocó. Allá vivíamos en comunidad, pero tanta violencia nos obligó a dejar para siempre nuestra tierra, nuestra casa. Unos cogieron para los lados de Risaralda, pero la mayoría nos reencontramos por estos lados de Urabá. Unos en un lado, otros en otro. Y nos maltrataban, no nos pagaban bien, nos humillaban porque éramos indios y desterrados. La mayoría de nosotros fue a dar a una finca por acá en Chigorodó, una finca pequeña para nosotros, pero allí nos reconocimos unos a otros: primos, tíos, abuelos… Y volvimos a pensar que éramos comunidad y empezamos a luchar por tener una tierra propia, movilizándonos. (Entrevista personal a un adulto mayor de la comunidad, 5 de julio de 2015)

Por esta razón, la comunidad de los emberá-chamí de Dojura se conoce con el nombre de “Comunidad El Bohío”, que fue el lugar de convergencia de las familias que hoy reescriben su historia en un nuevo territorio en el que, pese a que ya han pasado más de quince años, aún no han establecido una relación simbiótica con los jais de la región:

Los jais son los espíritus de todas las cosas vivas: están en el aire, en el agua, en la tierra, en las plantas, los animales, las personas. En nuestras tierras perdidas, nuestra comunidad conocía sus jais, y los jaibanás podían actuar curando a la comunidad. Hoy ni jaibanás tenemos ya, porque además de ser desterrados como brujos por los curas, ya no conocemos los jais de acá. Le cuento que yo mismo he tenido que conversar con los jais cuando he andado reconociendo el territorio, y se me han aparecido en sueños enseñándome algunas cosas. Pero los tiempos de antes ya no son los de ahora, donde nuestros niños están creciendo sin conocer a los jaibanás y recibiendo la educación que les dan a todos, como si nosotros no fuéramos diferentes. (Entrevista personal a un adulto mayor de la comunidad, 10 de agosto de 2015)

En el sector de Dojura, siguiendo lo presupuestado en al artículo 3 de la Ley 89 de 1890, existe un pequeño cabildo gobernado por un integrante de la comunidad, normalmente elegido por la Asamblea General para un período de un año, que se puede ampliar a cuatro años, siempre y cuando el gobernador demuestre capacidad de liderazgo y sobre todo honradez:

Pues sobre la autoridad del cabildo se puede decir que ha decaído. Antes, me acuerdo, los gobernadores eran buenos defensores de la comunidad. Yo mismo lideré junto a otros mayores la lucha por conseguir estas tierras que hoy ocupamos. Desgraciadamente las energías se van agotando, y así como ya no tenemos jaibanás, la autoridad ha decaído también, pues entre papeleo y papeleo, se van enredando nuestras necesidades. Y más aún por el hecho de que nuestro cabildo es menor y está a la espera de las decisiones del cabildo mayor de Chigorodó, que no siempre actúa con celeridad para resolver nuestros problemas. Por eso los campesinos adelantan pleitos en los juzgados para quitarnos la tierra que tanto trabajo nos costó. (Entrevista personal a un adulto mayor de la comunidad, 10 de agosto de 2015)

El cabildo menor de Dojura, a su vez, forma parte del cabildo mayor, que tiene su sede principal en el municipio de Chigorodó, a cuya cabeza se encuentra el gobernador mayor, elegido para un período de cuatro años, quien desempeña funciones administrativas, económicas, legislativas y jurisdiccionales, y forma parte de la Asociación de Cabildos Indígenas de Antioquia (OIA).

Tener que salir de la casa de uno es lo peor que le puede suceder al indígena, porque para el indígena su territorio hace parte de su esencia. Hoy esa esencia la tenemos que aprender, y como ustedes pueden darse cuenta, no conocemos muy bien nuestro territorio, salvo algunos viejos que somos tercos y andamos merodeando a ver qué pasa. A los niños no les enseñamos nuestro territorio, y los adultos están concentrados en otros menesteres en Chigorodó o en Apartadó. Por eso los campesinos van sembrando y reclamando tierras que nos costó trabajo y movilización conseguir. Por eso los abogados van haciendo papeles para quitarnos lo nuestro. Nos hace falta echar raíces profundas, y si no les enseñamos a los niños a conocer el territorio, seguramente pronto seremos como cualquier campesino, porque ni nuestro idioma hablamos con cotidianidad, como antes. Cuando usted saca una mata de su tierra y la lleva a otra corre el riesgo [de] que esta se muera, porque su jai se siente extraño. Y eso es lo que nos está pasando… Pero al igual que antes, cuando nos desalojaron de nuestro territorio, seguiremos en la terca tarea de seguir siendo quienes somos. Ya llegará el día en el que el jaibaná regrese a nuestras tierras. Sólo espero poder estar allí, pero los años poco a poco me van alcanzado, a pesar de que ustedes dicen que todavía estoy “entero”. (Entrevista personal a un adulto mayor de la comunidad, 12 de febrero de 2016)

En el territorio de la comunidad de Dojura, es claro el abandono del Estado frente a la provisión de los servicios básicos de agua y alcantarillado, aunque también es evidente la falta de gestión y movilización comunitaria para suplir sus carencias.¹⁴ Después de asentarse en el territorio que hoy ocupan, cierta desidia se apoderó de los dirigentes y la comunidad de Dojura según los mayores del territorio, ya que poco a poco fueron articulándose a los avatares jurídico-políticos del cabildo mayor de Chigorodó y la nación, dejando de lado los asuntos comunitarios prioritarios, como la gestión del agua y la defensa del territorio frente a los colonos. Quince años de gestión del agua de los Dojura no han dado fruto a la entrega, por parte de COR- POURABÁ, de una concesión de agua o el apoyo en la gestión de un sistema de agua potable por parte de actores gubernamentales como la alcaldía de Chigorodó o la propia gobernación de Antioquia. Quince años en los cuales los Dojura han tenido que tomar agua del río Chigorodó sin ningún tipo de tratamiento, estando expuestos a múltiples enfermedades para las que ya no queda ni un solo jaibaná en la comunidad. Una vez lograda la titulación de las tierras, la comunidad de Dojura dejó de movilizarse, como lo expresa don Ángel María Niaza Cano.

El giro constitucional de 1991 hizo que el dinero, los proyectos civiles, políticos y culturales, así como la visibilidad mediática, llegaran para generar disputas por la administración de los recursos entre los pueblos originarios. La mayor parte de los investigadores coinciden en reconocer que a partir de la Constitución Política de 1991 el movimiento indígena en Colombia empezó a decaer conforme la nación daba el giro hacia el comercio global y los fenómenos de corrupción se insertaban en sus estructuras de poder comunitarias, ya golpeadas durante buena parte de la República, que las reconocía pero con el fin de suprimirlas para siempre, como fue la intención de la Ley 89 de 1890. Hoy, ante los golpes sufridos, los pueblos ori- ginarios intentan recomponer su historia escribiéndola en borrador, como la vida, conscientes de sus extravíos políticos y firmes en la intención de recuperarlo todo. Lastimosamente, a veces las eventualidades históricas conspiran para entor- pecer los deseos de una comunidad. En circunstancias que son materia de investi- gación, el gobernador de la comunidad de Dojura del año 2016, don Amado Gómez Cano, fue asesinado el 22 de junio, dejando truncada su gestión al frente de la comunidad. Sin embargo, con el apoyo del quehacer de la Universidad Cooperativa de Colombia se espera coadyuvar en las gestiones de la comunidad para la defensa de su territorio y la consecución de agua potable, tensiones jurídicas que necesitan ser pensadas desde adentro de la comunidad, tejiendo los soportes de su autonomía, amenazada en el mundo de consumo que impera.