Urbanismo excluyente versus resistencia en el espacio popular construido en Asunción

Exclusionary urbanism versus resistance in the popular space constructed in Asunción

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En los barrios de Asunción ubicados a orillas del río Paraguay, se encuentra configurándose un proceso de gentrificación, una transformación física de la ciudad en la que los antiguos habitantes son desplazados al mismo tiempo que avanza la construcción de la avenida costanera, un emprendimiento vial que atraviesa áreas inundables donde reside más de una quinta parte de la población asuncena, por lo que conocer el caso es de gran importancia.

El presente trabajo se planteó como objetivo estudiar los mecanismos de desposesión, por parte del Estado paraguayo, del territorio ocupado durante varias décadas por los habitantes de la periferia ribereña de Asunción conocida como Bañados, al igual que las estrategias de resistencia de sus pobladores en el espacio construido en casi un siglo. El desplazamiento definitivo es un alto riesgo, irreversible en muchos casos.

El trabajo ha apelado a diferentes fuentes para lograr su propósito. Se han realizado análisis de datos estadísticos de organismos estatales, la ordenanza que aprobó el Plan Maestro de la Franja Costera de Asunción, recortes periodísticos como asimismo documentos producidos por las mismas organizaciones sociales que reivindican su derecho al arraigo y por las organizaciones no gubernamentales que acompañan su lucha. Uno de los documentos estudiados es la propuesta de los bañadenses para acabar con las periódicas inundaciones de su zona de residencia y asegurar su permanencia en sus viviendas.

Un aspecto central que da contenido a la lucha llevada adelante por los bañadenses es la producción alternativa de conocimiento sobre la posibilidad de generar un espacio urbano incluyente, diferente a las pretensiones del Estado, pese a la escasa posibilidad de ser considerada en el marco de una disputa desigual.

La gentrificación, entendida como el cambio de usuarios del suelo por otros nuevos de mayor status económico que los anteriores, producto de la reinversión y la revalorización del capital fijo (Díaz Parra, 2014), es un proceso que empieza a experimentarse en los barrios ubicados en el centro y en las zonas urbanas deprimidas luego de una etapa de deterioro sostenido en el período de postguerra. Los primeros indicios se verifican en Londres y Nueva York en la década de 1950, según Smith (2013), lo que se intensifica en los años 70, expandiéndose a la mayoría de las ciudades más grandes y antiguas de Europa, Norteamérica y Australia.

A medida que el coste de la vivienda nueva construida aumentaba rápidamente en la ciudad de la postguerra, y que la distancia que las separaba del centro de la ciudad se incrementaba, la rehabilitación de los edificios del centro de la ciudad y de las zonas urbanas deprimidas comenzó a ser considerada viable en términos económicos. Las propiedades antiguas y los terrenos edificables comenzaron a ser adquiridos y acondicionados con unos costes inferiores a los de adquirir una vivienda nueva. Además, muchos investigadores, especialmente en los años setenta, resaltaron los beneficios económicos de la cercanía al trabajo y el alto coste económico de viajar de las áreas suburbanas al centro- el coste más elevado de la gasolina de los automóviles privados y el incremento de las tarifas del transporte público (Smith, 2013:103).

Pero más que el regreso de la gente, la gentrificación, de acuerdo con Smith (2013), ha implicado el retorno del capital a la ciudad en el marco de una economía capitalista en la que el suelo y los edificios levantados sobre el mismo se transforman en mercancías. Se configura así una nueva geografía urbana para un nuevo régimen social de consumo (Ibídem), propio de las ciudades neoliberales que se volvieron predominantes en el mundo (Rodríguez et al., 2013). La generalización de las políticas neoliberales, basadas en planificaciones estratégicas que favorecen las grandes intervenciones urbanas, de manos de alianzas público-privadas, refuerzan los procesos de segregación en las ciudades (Díaz & Lourés, 2013).

Pese a producirse de manera más tardía en otros países, tanto de Europa como en el resto del mundo, la gentrificación ha adoptado patrones, hasta cierto punto similares, a los experimentados en ciudades como Londres, Nueva York u Ontario (Díaz & Rabasco, 2013). En las ciudades de Iberoamérica, los barrios históricos centrales se transformaron, en la primera mitad del siglo XX, en el hábitat de la clase obrera “con la proliferación de viviendas colectivas en alquiler: corrales de vecinos andaluces, vecindades mexicanas o conventillos argentinos y uruguayos” (Díaz Parra, 2014:27).

Es en esos barrios históricos del centro, en que la reinversión empieza a ser percibida claramente a partir de la década de los años noventa, que la intervención del Estado ha sido relevante en el inicio de los procesos de gentrificación, “orquestándola directamente mediante operaciones de renovación urbana, promoviendo la actuación de los agentes privados, principalmente en el sector inmobiliario” (Díaz & Rabasco 2013:102). Así, la gentrificación en España y América Latina es el resultado de un regreso de la acción del gobierno local a los lugares centrales, a cuya incursión siguen los agentes privados.

Lo cierto es que existe un giro de la política urbana sobre la ciudad construida, que en gran medida atiende a los espacios patrimoniales-históricos como ámbitos de oportunidad para el mercado, en un contexto de formación de complejos inmobiliario-financieros y turísticos de distinto peso según el caso. Dentro de este giro, uno de los principales objetivos de las prácticas que se realizan, es introducir en estos sectores un usuario progresivamente más pudiente, mediante un aburguesamiento residencial y comercial y/o mediante la atracción de turistas y visitantes (Díaz Parra, 2014:30).

La promoción de los centros históricos de ciudades como Buenos Aires y Montevideo en los años noventa, fue acompañada por una creciente criminalización de los ocupantes de edificios, desalojos y persecución policial (Diaz et al., 2003; Naohum, 2010, citados por Díaz Parra, 2014). En algunos casos como en la capital argentina, en los primeros años del 2000, los desalojos fueron llevados a cabo, además de actores privados, por el mismo Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que muestra que no fue un simple producto de la dinámica del mercado impulsada por fuerzas económicas (Verón, 2013). En México, en el marco del plan de “rescate” del centro histórico, el despliegue policial desde finales de la década de 1990 fue notable, constituyéndose en la antesala del desplazamiento del comercio informal, los sin techo y los niños de la calle, concretado a finales de la primera década del siglo XXI en áreas de renovación urbana (Hernández, 2012, citado por Díaz Parra, 2014). La resistencia popular, que responde a otros modos posibles de “hacer ciudad” (Marcús et al., 2016: 276), es removida por el Estado.

(…) la intervención encuentra fuertes obstáculos, lo que hace esencial la mediación del Estado para el capital inversionista privado, situándolo claramente en la detonación de los procesos de revalorización: valorizando el patrimonio construido, dinamizando el mercado inmobiliario y disciplinando a las clases populares que habitan o habitaban estos sectores (Díaz Parra, 2014:30).

En efecto, es el mismo Estado el que desencadena o comanda el desplazamiento poblacional, de manera directa o indirecta (Blanco & Apaolaza, 2016), facilitando mediante su acción u omisión las dinámicas urbanas que tienen como denominador común el intento de extracción de lo que antes se encontraba en los márgenes de los mercados capitalistas, lo cual se observa en diversas ciudades latinoamericanas como México, Buenos Aires, Río de Janeiro, Santiago o Quito, donde se han llevado a cabo amplias reconfiguraciones territoriales que han implicado desplazamientos poblacionales, en el marco de la “reconquista de las áreas centrales y peri-centrales por parte del capital inmobiliario” (Janoschka, 2016: 29).

La imposición de reglas de mercado en espacios donde otras estructurales sociales alternativas han precedido durante mucho tiempo a la llegada del capital, generan procesos de acumulación por desposesión (López Morales, 2016), lo que David Harvey llama “urbanización por desposesión” (Harvey, 2000, citado por Rodríguez et al., 2013). Los mega-proyectos, desarrollados con la lógica del neoliberalismo urbano (García y Sequera, 2013), apuntan a borrar “pueblos y aldeas enteras” del mapa (Lees, Shin y López, 2016, citado por Alexandri et al., 2016).

Es que los agentes del capital inmobiliario no están interesados en albergar per se en los sectores urbanos renovados, sino en maximizar sus ganancias (Harvey, 1976). El control ejercido sobre ciertas partes del planeta por parte de propietarios privados, les permite obtener una renta de monopolio, es decir, ingresos mayores durante un período de tiempo extenso, porque disponen de manera exclusiva un bien comercializable que en algunos aspectos es único e irreproducible, lo que influye para que el capitalista, como el hotelero, por ejemplo, esté dispuesto a pagar una prima por el suelo (Harvey, 2007). El desplazamiento de las clases populares remueve un obstáculo para la extracción de rentas porque “el capital es atraído si se garantiza la llegada de nuevos usuarios con mayores posibilidades de con­sumo” (Cócola et al., 2016: 12), producto de la implementación de políticas urbanas neoliberales en América Latina como en España (Janoschka et al., 2014).

Al ser el suelo urbano un recurso no renovable, sirve para mantener el valor y también incrementarlo mediante la aplicación adicional de capital por unidad de terreno, lo que se refleja en las edificaciones altas, y asimismo en la demolición de edificios bajos para ser reemplazados por otros de mayor altura [renta diferencial intensiva], o la generación de ganancias extraordinarias, de parte de empresas o grupos económicos, por estar ubicados en un lugar favorable [renta diferencial extensiva] (Jager, 1999). “La brecha de renta es el diferencial entre la renta actual “capitalizada” y una renta futura “potencial” de carácter monopólico, maximizada por las ventajas ofrecidas de infraestructura y servicios, y las regulaciones públicas de construcción” (López, 2013: 36).

La renta de monopolio es el mecanismo central de la estructuración del espacio y la segregación urbana. Los grupos sociales de menos ingresos pueden destinar menos dinero para la tierra, por lo que la tierra que ocupan tiene una renta inferior (Ibídem). Los asentamientos urbanos irregulares, ubicados sobre terrenos por los que no se paga, son, según Jager (1999), un claro ejemplo de que la renta urbana no es natural sino producto de relaciones sociales específicas o formas estructurales. “Para que funcione el mecanismo de la renta urbana, la propiedad privada del terreno y un mercado de tierras son indispensables. Sin estas formas estructurales no hay renta de tierra” (Jager, 1999:10, op.cit.).

Al tomar posesión del suelo el capitalismo, el espacio recibe un valor de cambio similar a cualquier mercancía (Lefebvre, 1974). La puesta en marcha de los procesos gentrificadores, activa el mecanismo de la renta urbana que tiende a desplazar a las poblaciones con menores ingresos “en función de las necesidades de acumulación de capital o de cambios en las preferencias de los grupos solventes” (Harvey, 1977 y 1982, citado por Díaz & Rabasco, 2013:102).

En América Latina, la gentrificación tiende a expandirse sobre las áreas urbanas periféricas populares, sin producir la expulsión de los residentes antiguos, lo cual no implica que el desplazamiento no sea una amenaza real. Entre las razones apuntadas por Sabatini et al. (2009) para que no se produzca la expulsión de la población, se encuentran la tenencia irregular de la tierra ocupada, o, la propiedad privada de viviendas en complejos habitacionales de alta densidad que inviabilizan proyectos impulsados por los promotores gentrificadores.

El Estado, según Díaz Parra (2014), es una entidad permeable a la influencia política de las clases populares, pudiendo éstas producir su propio espacio urbano, su propia territorialidad, presionar contra medidas que les perjudican y evitar su desplazamiento.

Durante casi 6 décadas, en el período post-colonial, el Estado paraguayo fue gestor de un territorio puesto a disposición del crecimiento de la agricultura familiar campesina. Desde los primeros años de la era independiente del Paraguay^[1], a partir del control total del poder por parte del Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, en 1814, hasta el gobierno del Mariscal Francisco Solano López, - con cuya muerte en 1870 finalizó la guerra de la Triple Alianza, integrada por Brasil, Argentina y Uruguay, contra el Paraguay- la totalidad del Chaco y más del 95% de las tierras de la región oriental^[2] pertenecían al Estado paraguayo (Souchaud, 2007).

La situación fue completamente distinta luego del conflicto bélico que duró 5 años, desde 1865 a 1870. Además de las tierras perdidas por el Paraguay luego del enfrentamiento a la Triple Alianza, los gobiernos de post-guerra se encargaron de entregar las tierras públicas al capital internacional, con lo que se configuraron los grandes latifundios en el país. Mientras que unos pueblos y grupos de familias perdieron sus campos y bosques comunales, otros quedaron cercados por las alambradas de las nuevas tierras privadas. Miles de pobladores paraguayos se quedaron de la noche a la mañana sin tierras y sin la posibilidad de adquirirlas (Pastore, 1972).

Antes de 1866, es decir antes de la guerra de la Triple Alianza, el Paraguay gozaba de una situación financiera que muy pocas naciones podían igualar. El coronel Du Graty la resumía en unas pocas palabras, que reproducimos sin hacer comentario alguno: “El Estado no tiene deudas; detenta, por el contrario, una fuerte reserva en numerario en sus cajas”. No hay duda de que esta situación de prosperidad hubiera continuado sin sufrir modificaciones, si la lucha fratricida que armó a tres grandes naciones americanas contra el Paraguay, no hubiese venido a cubrir de ruinas y de duelo a este suelo tan floreciente. Cuando se firmó la paz, no solamente ya no había ni un centavo en las manos de la nación, sino que además, los tristes sobrevivientes que habían aguantado cinco años de luchas, echados a la calle, sin ropas, sin cosechas, no tenían con qué comprarse los alimentos de primera necesidad (Bourgade La Dardye, 2009:79)[3].

Durante el gobierno de la dictadura de Alfredo Stroessner, que se mantuvo en el poder desde 1954 a 1989, la venta de tierras públicas, la entrega irregular de terrenos a personas que no eran sujetos de la reforma agraria y - en la década del setenta- la irrupción del modelo agro-exportador de mano de empresas e inmigrantes de origen brasileño, consumidor de grandes fracciones, contribuyeron al agotamiento de terrenos fiscales y el encarecimiento de los privados. Estos factores redujeron de manera importante la colonización campesina inducida o programada, lo que se comprueba en la reducción de la habilitación de parcelas en colonias oficiales, de 18.078 lotes en el trienio 1976-1978 a 7.773 lotes en el trienio siguiente, es decir, a menos de la mitad (Fogel, 1989).

Paraguay es actualmente el país con mayor desigualdad en la distribución de la tierra en el mundo (Guereña y Rojas, 2016). De acuerdo con los datos del censo agropecuario del año 1991, el índice de Gini^[4] de Paraguay era 0.93, cercano a la desigualdad perfecta; desigualdad que se incrementó, según nuestros cálculos propios, a partir de los datos del último censo agropecuario, del 2008, a 0.97, cuatro puntos más hacia la desigualdad perfecta.

Cuadro 1
Ranking de países con mayor concentración de tierras en América Latina

Fuente: GUEREÑA, Arantxa. (2016). Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina. Reino Unido: Oxfam Internacional, p.22.

El cierre de oportunidades para la población campesina paraguaya fue influyendo para que se produjera una paulatina urbanización del país. La afluencia a las ciudades latinoamericanas, como señala Castells (1982), no tiene vinculación con el proceso de industrialización en las áreas urbanas sino con la descomposición de la sociedad rural.

El cambio en la estructura ocupacional de América Latina ha significado mucho menos un proceso de industrialización que el paso de una parte de la población agrícola al sector terciario (servicios). Bajo la engañosa denominación de “servicios”, se indican esencialmente tres capítulos de actividad: comercio, administración y, en particular, “servicios varios”… Es fácil intuir hasta qué punto el desempleo real o encubierto adopta aires de vendedor ambulante o de trabajador intercambiable según la coyuntura (Castells, 1982:69, op.cit.).

En casi 7 décadas la población urbana paraguaya creció 9 veces, de menos de 460 mil personas, en 1950, a más de 4 millones 264 mil habitantes en el 2017. La población rural del Paraguay, que representaba en el año 1950 el 65,4% del conjunto total de habitantes, disminuyó al 38,7% en el 2017. Mientras tanto, la población urbana saltó del 34,6%, en 1950, al 61,3% en el 2017.

Gráfico 1
Evolución de la población urbana y rural del Paraguay. Años 1950 – 2017
Fuente: Censos nacionales de población y viviendas, años 1950-1962-1972-1982-1992-2002-2012 y DGEEC (2015). Elaboración propia.

En la década de 1970, la economía paraguaya se dinamizó como producto de la construcción de la que fue considerada hasta hace poco la represa hidroeléctrica más grande del mundo, Itaipu, emprendimiento acordado entre Paraguay y Brasil[5]. Igualmente, las leyes de fomento a las inversiones, beneficioso para el capital extranjero, influyeron en el crecimiento económico de los años setenta, tiempo en que se observó además la expansión del sector de la construcción y la consecuente ampliación del mercado de trabajo urbano que absorbió la mano de obra que la agricultura familiar dejó disponible (Morínigo, 1991).

Gráfico 2
Comportamiento de la economía paraguaya. Años 1962 – 2007
Fuente: Banco Central del Paraguay. Informe Anual, 2.007.

Las inversiones en la construcción alteró el comportamiento estático del mercado de la tierra y la vivienda en Asunción, en donde la expansión de los servicios como el de energía eléctrica, el empedrado de las calles o su pavimentación asfáltica, y otras mejoras introducidas para la comercialización de los terrenos expulsaron a la población pobre asentada en la antigua periferia de la capital paraguaya, convirtiendo esos espacios urbanos en fuente de especulación financiera.

El modelo económico convirtió a la tierra urbana en factor clave de un proceso de especulación sin precedentes en la sociedad paraguaya. La conformación de un sector empresarial-inversionista, así como la creación de instituciones que facilitaban a los sectores de ingresos medios y altos, invertir en la compra de tierra y vivienda urbanas, sentaron las bases de un proceso que alejó las posibilidades de los sectores [de menos recursos] para acceder a la tierra y la vivienda urbanas. Los factores mencionados influyeron sustantivamente en la conformación y uso del espacio. El proceso de urbanización, que hasta la década del 60 se caracterizó por su escaso dinamismo, se alteró sustancialmente […] De todos los servicios el que ha tenido mayor impacto para generar procesos de expulsión en el área del Gran Asunción, ha sido la apertura y construcción de calles empedradas o con pavimento asfáltico. Su forma de implementación significó en no pocos casos, la estrategia de apropiación de terrenos urbanos pertenecientes a sectores sociales pobres que incapaces de hacer frente a las obligaciones provenientes por las obras, se vieron en la necesidad de mal vender sus propiedades, o incluso cederlas como consecuencia del incumplimiento de la obligación impuesta. En muchos casos la expansión del empedrado fue realizada con una clara orientación de apropiación, ya que no se integraba a ningún proceso racional de crecimiento de la ciudad (Morínigo, 1991:19-21).

Las áreas inundables de Asunción, conocidas como Bañados, ubicadas a orillas del río Paraguay experimentaron, según Morínigo (1991), crecimientos poblacionales más acelerados que los registrados en el número de habitantes de toda la ciudad capital, hasta el año 1980. Los Bañados constituyen una franja de 18 kilómetros de extensión, de 0,5 km a 2 km de ancho, totalizando 2.000 hectáreas de tierra.

La población de la franja, de acuerdo con datos de organizaciones que acompañan las reivindicaciones bañadenses, está compuesta por unas 21 mil familias y unas 120 mil personas, alrededor del 22% de la población asuncena. Se asentaron en las primeras décadas del siglo XX. Algunos habitantes tienen un tiempo de residencia de 80 años, otros 60, mientras que la gran mayoría tiene más de 30 años viviendo en el lugar[6].

Los pobladores de los Bañados tienen origen campesino en su mayor parte. Las escasas posibilidades de desarrollo de una vida digna en las áreas rurales, como consecuencia de las limitaciones para el acceso a la tierra y el cercamiento de su territorio por parte de actividades expulsoras de población, en especial la agricultura mecanizada, los empujaron a Asunción en busca de mejores oportunidades.

En la periferia asuncena construyeron sus barrios, haciéndolos habitables, enfrentándose a los rigores del terreno, las crecidas del río Paraguay, levantando así su hogar en medio de las penurias, como señalara la lideresa de la Coordinadora General de Organizaciones Sociales y Comunitarias de los Bañados de Asunción (COBAÑADOS), María García, en ocasión de la visita al lugar del Papa Francisco en el 2015.

La expulsión del campo a la ciudad, los altos precios de la tierra y la vivienda en la ciudad, sumados a los bajos ingresos que caracterizan a nuestras condiciones de vida, son las causas por las que llegamos a ubicarnos en el Bañado. La agricultura intensiva y mecanizada, la destrucción de los bosques y hábitats indígenas provocan un desarraigo doloroso y obligan al desplazamiento forzoso de miles de familias campesinas e indígenas que siguen engrosando los cinturones de miseria en los principales centros urbanos. En nuestros Bañados, Santo Padre, tenemos raíces campesinas y en algunos barrios hay asentamientos indígenas (Discurso de María García durante el acto de visita del Papa Francisco, 13/07/2015).

Ante el abandono del Estado, e incluso la hostilidad de las instituciones públicas hacia los pobladores, como los mismos señalan, construyeron, a lo largo de más de medio siglo, su propia infraestructura comunitaria como escuelas, puestos de salud, clubes deportivos, iglesias, calles empedradas y pavimentadas, plazas y servicios públicos. Las obras contaron en algunos casos con apoyo externo.

La crecida de las aguas del río Paraguay inunda parte importante de los Bañados con la aparición de eventos climatológicos como los registrados en los últimos años. El asentamiento de su población en el área ha obedecido a que se trataba de las pocas zonas disponibles para los migrantes del campo y las personas de bajos recursos económicos, desde donde pueden llegar, debido a la cercanía, en poco tiempo, al centro de la capital paraguaya donde tienen su fuente de trabajo y además acceder a los servicios de salud, educación y otros.

En el año 1983 se produjo la máxima crecida del río Paraguay que coincidió con la elevación de las aguas del río Paraná. La inundación afectó, además de las áreas bajas de Asunción, a otras ciudades paraguayas como Concepción, Pilar, Alberdi, Bahía Negra y Fuerte Olimpo; a ciudades argentinas como Resistencia, Formosa y Clorinda, al igual que la ciudad brasileña Puerto Murtinho.

Se empezó a discutir entonces sobre dos alternativas para acabar con futuras inundaciones. Una de ellas consistía en rellenar las zonas bajas con la arena extraída del fondo del curso hídrico cercano. La otra, en la construcción de una defensa costera, es decir, un muro de contención de las aguas que bordee las zonas ribereñas para que la crecida del nivel del río no las inunde.

El relleno, de acuerdo con los entendidos es la mejor opción técnica pero de mucho mayor costo, por lo que la defensa costera fue considerada la alternativa más adecuada. En esto han coincidido varios estudios realizados, tanto el llevado a cabo por una consultora internacional contratada en la década de 1970 por la Entidad Binacional Yasyretá, que administra la represa hidroelétrica cuya gestión es compartida por Paraguay y Argentina, como asimismo el estudio realizado por el Equipo Arquidiocesano de la Pastoral Social, integrado por un grupo multidisciplinario de profesionales y, la investigación realizada por otro equipo multidisciplinario coordinado por la organización no gubernamental BASE-ECTA (Canese & Canese, 2016).

En todas las ciudades afectadas por la inundación del año 1983, tanto de Paraguay, Argentina y Brasil, se construyeron defensas costeras, no se optó por el relleno de terrenos bajos. En Asunción la solución a la inundación fue postergada. Al parecer, la intención nunca fue solucionar el problema de la inundación en la capital paraguaya, donde la crecida del río solo afecta a la población pobre, a diferencia de lo ocurrido en las demás ciudades paraguayas señaladas.

En la década del sesenta, el gobierno del dictador Alfredo Stroessner ya había firmado un acuerdo con una empresa británica para convertir el bañado localizado en las cercanías del palacio de gobierno, conocido también como Chacarita[7], en un moderno centro comercial y urbano, lo cual implicaría el desalojo de los pobladores. Dicho acuerdo, con la empresa Ian Fraser de Londres, fue aprobado mediante una ley en el año 1965 con el objetivo de apuntar, según la mencionada legislación, a la “recuperación y desarrollo de la Bahía de Asunción y tierras bajas circundantes” (Canese & Canese, 2016:47).

El emprendimiento de la remodelación total de la Chacarita, en plena dictadura, no fue posible como consecuencia de la oposición de la población del área. Sin embargo, en los momentos finales de la dictadura stronissta, la municipalidad de Asunción, en la década de los ochenta, llevó a cabo algunas relocalizaciones de los pobladores chacariteños que residían en el bajo del palacio de gobierno, quienes fueron reubicados en las afueras de Asunción (Ibídem).

No fue esa la primera vez que se trasladaba a parte de la población de los bañados de Asunción. Ya en 1920, el intendente Bruno Guggiari promovió la relocalización de los habitantes de la Chacarita en un barrio conocido hasta la actualidad como Barrio Obrero, justamente porque hasta allí fueron llevados los obreros de Asunción (Canese & Canese, 2016, op.cit.). No se pudo despejar, a pesar de ello, de pobladores esa área de los Bañados. La población expulsada del campo volvió a ocupar el lugar de las familias que habían sido reubicadas.

(…) en la práctica se ha demostrado su rotundo fracaso. Basta con mencionar que hace casi 100 años, cuando Bruno Guggiari crea Barrio Obrero en 1920, ya se intentó; poblándolo con chacariteños -los obreros de Asunción de entonces. ¿Hay menos personas viviendo ahora en la Chacarita y los bañados? No, porque mientras persista la desigualdad y la expulsión campesina a la ciudad, siempre vendrán más que los que se van (…) Mudarse o recibir una indemnización sólo soluciona un problema, el de la vivienda, cuando ése es en realidad el problema menor: lo que hace que la gente viva en las zonas inundables es la cercanía a sus fuentes de trabajo y el acceso a servicios que no hay lejos de Asunción. Podemos seguir probando otros 100 años más esa estrategia, y persistir en el error. O definitivamente, reconocer el derecho a vivir en la ciudad, como un derecho que no puede ser solamente para aquéllos que pueden pagar un terreno caro (…) En Asunción, y hay que decirlo con todas las letras, si no se avanzó en proteger a los bañadenses ha sido por los intereses inmobiliarios y empresariales sobre las valiosísimas tierras de los Bañados, en plena Asunción, a pocos minutos de los centros más importantes de la ciudad. No se quiere garantizar el derecho a la vivienda digna, ni al pedazo de tierra propia, en síntesis, el derecho a vivir en la ciudad. Como denunciaban los bañadenses, la agricultura empresarial los expulsó del campo, los intereses empresariales e inmobilarios los quieren expulsar de la ciudad, con un guiño cómplice de los asuncenos de arriba, que ven a los bañadenses como usurpadores, delincuentes (Canese, 2015).

El Plan Maestro de la Franja Costera de Asunción (Proyecto Franja Costera - PFC), fue elaborado en el año 1993 por un equipo técnico local y el Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales. El Plan abarca toda el área de la ribera asuncena en la que se previó la construcción de avenidas y complejos inmobiliarios. El Plan Maestro contempla entre sus objetivos reintegrar la ciudad y el río; propiciar mejores valores socio-económicos y ambientales; recuperar los espacios para que el ciudadano asunceno y paraguayo tengan sitios de expansión; valorizar el paisaje recuperando interfaces naturales y culturales; así como integrar la propuesta del plan a las demás existentes, especialmente en cuanto a trama vial y de transporte, y extensión de infraestructura (Vuyk, 2014).

Tres años después, el Plan Maestro de la Franja Costera de Asunción fue aprobado mediante la ordenanza municipal N° 34 del año 1996. Según el artículo cuarto de la ordenanza, el Plan aprobado se encuentra enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de Asunción (PDUA), “el cual determinará el régimen urbanístico de las áreas afectadas por dicho Plan de Desarrollo” (Ordenanza N° 34/96), que está integrado por sub-programas como: 1) Defensa contra inundaciones y paseo costanero; 2) Desarrollo de barrios y parques residenciales; 3) Relocalización de inundados y otros (Ibídem).

En el período comprendido entre los años 2011 al 2013 se materializó la primera obra del Plan Maestro de la Franja Costera de Asunción. Se construyó la primera etapa de la Avenida Costanera, de 3.8 kilómetros de extensión, en un área de la Chacarita. Pese a que quienes dirigieron la obra señalaban que la totalidad de los pobladores de la Chacarita baja, localizados entre el Puerto de Asunción y la avenida General Santos, serían puestos a salvo de futuras inundaciones, menos del 6% de las familias de la zona fueron relocalizadas en un complejo habitacional construido en un terreno rellenado, al costado de la Avenida Costanera, en viviendas tipo dúplex cuya edificación concluyó en el 2015, dos años después de la finalización de la construcción de la avenida.

Hasta ahora, las 2.500 familias que viven en Chacarita no fueron protegidas de ninguna forma por las inundaciones, pese a que se construyó una avenida costanera que podría haber servido, simultáneamente, como protección o defensa costera. Las pocas viviendas que se construyeron a un paso muy lento, en un espacio rellenado cerca de la salida de la Av. Costanera José Asunción Flores (Etapa I) hacia la Av. Gral. Santos, se terminaron recién en el 2015, donde hoy viven 144 familias (…) Es menos del 6% de la población de la Chacarita baja, sujeta a inundación (Canese & Canese, 2016:49).

La Avenida Costanera (Etapa I) no contempló la canalización de los cauces de raudales y arroyos, por lo que la población que no se encuentra en el área que fue rellenada sufre los efectos de la inundación, no solo en época de crecida del río sino con cada lluvia de consideración, puesto que la avenida costanera se convirtió en una barrera que impide la salida del agua (Ibídem).

La única administración del gobierno municipal asunceno que contempló la construcción de una defensa costera, un muro de contención de las aguas del río Paraguay en época de creciente para proteger a las familias bañadenses, fue la primera electa por voto popular luego de la caída de la dictadura stronissta, y que gobernó Asunción desde el año 1991 a 1996. Sin embargo, cambió luego de posición y sustituyó la alternativa de “defensa costera” por la de la “franja costera”, enfoque que mantuvieron las siguientes administraciones.

En el 2011 el gobierno nacional inició la construcción de la Avenida Costanera, basada en la concepción de la franja costera, que incluye el relleno de los terrenos bajos. La municipalidad de Asunción es la que otorga los permisos para que el gobierno central concrete las obras al no contar el municipio con los recursos económicos requeridos (Pinyol & Bogarín, 2016).

El relleno de los terrenos bajos implica la demolición de las viviendas ubicadas en zonas inundables, preparar el suelo, rellenar el terreno con arena extraída del fondo del río, reconstruir la infraestructura barrial demolida y posteriormente construir las viviendas para que los pobladores que despejaron el área de obras retornen a su zona de residencia, la que necesariamente deben abandonar durante la ejecución de los trabajos de construcción.

Quienes propugnan la franja costera y el relleno, propugnan en general –en forma “maquillada”, sin decirlo abiertamente- el desalojo de los pobladores de los bañados hacia las afueras de Asunción (…) Parte de la propuesta –como ya se hizo en la Chacarita baja- es la indemnización, la cual en realidad es un desalojo amortiguado. La indemnización siempre es muy pequeña e insuficiente (al final de cuentas es apenas para pagar las mejoras realizadas por la familia). Esta modalidad hace que la familia en poco tiempo más tenga que volver en forma más precaria a la zona inundable, mientras ésta exista y no esté totalmente rellenada, por supuesto, pues solamente allí puede mantener su estrategia de sobrevivencia. Ningún proyecto de franja costera –avenida costanera con relleno- prevé que el 100% de los pobladores cuenten con viviendas en el mismo sitio. En teoría éstas se construirían luego de rellenar el terreno antes inundado (…) Al ser el terreno rellenado, ya totalmente “normal” y, por consiguiente, sujeto a las leyes del mercado, la especulación inmobiliaria en poco tiempo se encargará de desalojar a las familias más pobres, que no resistirán la presión del aumento de su valor y sus costos. El relleno, al valorizar enormemente terrenos muy cerca del centro de la ciudad, hace inviable que familias de escasos recursos económicos puedan seguir viviendo allí, sobre todo por el aumento natural de los costos de los servicios y del precio del terreno que será inevitable (Canese & Canese, 2016:31-32, op.cit.).

En el 2017 se puso en marcha la construcción de la segunda etapa de la Avenida Costanera, en la zona conocida como Bañado Norte. La obra, que tendrá al finalizar poco más de 15 kilómetros de extensión[8], forma parte de un emprendimiento mayor que intervendrá en el centro histórico de la ciudad de Asunción, contemplándose además el mejoramiento de edificios públicos y monumentos como asimismo la reconversión de la zona portuaria de la capital (Pinyol y Bogarín, 2016). La Avenida Costanera Norte, según el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), el mayor aportante de los fondos, tendrá un costo superior a los 116 millones de dólares.

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Trazado de la Avenida Costanera Norte, primera y segunda etapa
Fuente: Periódico 5 días, 08/04/2015. Recuperado de: http://www.5dias.com.py/mopc-licitar-la-segunda-fase-de-la-avenida-costanera-norte/

Las tierras de los bañadenses son ambicionadas en la actualidad por empresas inmobiliarias que pretenden convertir el lugar en un sector de grandes edificios que albergarán oficinas y departamentos, lujosos, cuyo costo, como perciben los bañadenses, será su inexorable expulsión.

Para entender la cuestión estructural que está pasando en el territorio de Asunción y en especial del territorio que corresponde a los Bañados de Asunción, es bueno significar que Asunción tiene actualmente unos 117 km. (11.700 hectáreas), que sumados al plan que se tiene de recuperar de la zona de los Bañados de Asunción es de unas 2.000 hectáreas y es lo que lo hace apetecible actualmente por parte de los grandes proyectos de inversión que se plantean sobre dicho territorio, así como también el interés que tiene el Municipio asunceno por tener más activos reales con ventas de terrenos a ser recuperados o saneados, así como de cobros anuales por el impuesto inmobiliario que podrán hacer. Hoy el costo de la tierra en Asunción está entre 200 a 800 o 1.000 dólares por m.. Por su ubicación cercana al centro de Asunción y a la ribera del río (más alto valor inmobiliario) pongamos como referencia un bajo costo por metro cuadrado de 500 dólares en promedio. Si multiplicamos 20.000.000 de metros cuadrados (2.000 ha) de tierra por un mínimo de 500 dólares por m., la suma arrojada es de 10.000.000.000 de dólares americanos. He allí el problema central y la presión existente sobre esta superficie muy codiciada (Pinyol & Bogarín, 2016:26-27, op.cit.).

Los primeros emprendimientos inmobiliarios ya fueron concretados en los Bañados algunos años atrás. La empresa constructora “Alberto Barrail e Hijo” (ABH), en forma conjunta con BAGA S.A., desarrolló un megaproyecto inmobiliario consistente en la construcción de un edificio de 8 niveles con capacidad de albergar hasta 4 oficinas cada piso, con el valor agregado de “la fantástica vista a la bahía” de Asunción[9]. De acuerdo con lo informado por los responsables de la empresa constructora ABH, la avenida costanera despierta mucho interés de empresas de toda índole, entre ellas bancos y financieras que apuntan a la construcción de nuevas torres empresariales, citando entre los interesados al banco ITAÚ, uno de los bancos más grandes del mundo y el mayor de América Latina (Vuyk, 2013). Se habla también del interés del establecimiento en el lugar de empresas gastronómicas, locales comerciales y edificios residenciales.

Barrail proyecta otro emprendimiento consistente en un complejo habitacional en la zona de 2 comunidades del bañado. Su concreción implicará movimientos de tierras y recargas que dejarán a las poblaciones en una zanja, “lo cual conduciría a un desplazamiento forzoso y abandono de sus casas” (González, 2013)^[10], además de la elevación del costo de los terrenos (Ibídem).

De hecho, de acuerdo con los mismos responsables de emprendimientos inmobiliarios, los inmuebles han duplicado su valor (Echagüe, 2012). En una entrevista concedida al diario asunceno Ultima Hora, Juan José Barrail, presidente de ABH, y vicepresidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción en el 2012, señalaba ese año:

Dentro del complejo Barrail tenemos muchas consultas, gente que pregunta por proyectos de oficinas corporativas, multinacionales, gente de Suiza, por ejemplo. La tierra va aumentando su valor; sobre la avenida Artigas ya no hay terrenos en área comercial, pero hay ampliaciones como la firma Rieder, que está haciendo su showroom (Ultima Hora, 21/02/2012).

Fotografía 2
Niño del Bañado norte observa las viviendas de su barrio rodeadas por las obras de la Avenida Costanera
Fuente: ABC Color, 08/09/2017. Recuperado de: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/en-costanera-norte-mopc-aun-no-resuelve-del-todo-lios-con-vecinos-1629903.html

Luego de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner el 03 de febrero del año 1989, se conformaron organizaciones sociales que defendieron su inserción en el espacio urbano asunceno, tales como la Coordinadora de Pobladores de Zonas Inundables (COPZI), la Coordinación de Familias sin Vivienda (COFASIVI) y otras que permitieron darle un contenido más programático a las demandas sociales (Morínigo, 1991). La Coordinadora General de Organizaciones Sociales y Comunitarias de los Bañados de Asunción (COBAÑADOS) se fundó el 31 de agosto del año 2003, con el objetivo de defender el derecho de los bañadenses de vivir en la ciudad.

En el sector de la costa ribereña de Asunción, los pobladores llevan adelante en los últimos años un trabajo organizativo de resistencia, denunciando su exclusión de las mesas de diálogo en las que las autoridades sientan a representantes de empresas inmobiliarias y otros actores con intereses afines a los emprendimientos desarrollados en su zona de residencia.

En setiembre del 2014, alrededor de mil bañadenses se manifestaron frente a la sede de la municipalidad de Asunción, exigiendo no se ponga en vigencia una ordenanza que pretendía ceder las tierras que por años ocupan, en concordancia con las pretensiones del entonces intendente de Asunción, Arnaldo Samaniego. La normativa estaba siendo estudiada en la Junta Municipal. Luego de una violenta represión, al final de una jornada de horas de protestas, el órgano legislativo de la comuna decidió suspender los efectos de la ordenanza N° 390/14, que permitía la venta de tierras en los Bañados a firmas privadas[11].

Esos planes traerían consigo desalojo, desarraigo, expulsión (…) Una situación más grave se dio cuando Samaniego intentó a toda costa aprobar una Ordenanza, también en época de inundación, en donde cedía tierras municipales -como es el caso de los bañados- a empresas privadas a cambio de obras de infraestructuras, intención que se logró frenar y que costó una fuerte represión y bañadenses imputados, tras una multitudinaria manifestación frente a la Municipalidad de Asunción (…) Tanto las inundaciones del 2014 y del 2015 han representado verdaderas pérdidas para los afectados, perjuicios económicos y hasta de vidas humanas quedarán marcados en los miles y miles de damnificados. Mientras todas estas pérdidas se dan en el seno del pueblo pobre, el Estado paraguayo, representado por la narcopolítica y la mafia empresarial brilló por la falta de planes de evacuación, de refugios y de asistencia en materiales para la construcción de viviendas provisorias. Esta situación lo único que hizo fue reafirmar lo que ya se sabía, dilatar hasta el cansancio para lograr instalar principalmente dos cuestiones: Primero, la idea de que no vale la pena seguir viviendo en una zona inundable y que los bañadenses deben aceptar viviendas sociales preparadas especialmente para ellos; segundo, seguir reforzando la idea, en el asunceno común, de que los bañadenses lo único que hacen es molestar, molestan con su presencia en las plazas de los de clase media, molestan con su forma de ganarse la vida, reciclando, molestan con su forma de vestir y hasta con la música que escuchan, en fin, molestan en Asunción y deben ser llevados a lugares lejanos (Vázquez, 2016)^[12].

En efecto, en el 2014 unas 200 familias bañadenses fueron reubicadas por el gobierno a unos 30 kilómetros de la capital, en la ciudad de Itauguá, en casas especialmente construidas para ser de su propiedad pagando tan sólo 45 mil guaraníes mensualmente[13]. Más de 40 retornaron de vuelta a los bañados, según lo informado por la Secretaría de Acción Social (SAS) en enero del 2016. Mientras el Ministro de la SAS se quejaba que los reubicados no aprovecharon la oportunidad de acceder a la casa propia, la representante de organizaciones comunitarias de los bañados, María García, respondía que no pueden “comer ladrillos”.

Nadie quiere vivir como vivimos nosotros. Pero que te den vivienda no quiere decir que vas a poder alimentar a tus hijos. Al final, muchos duermen en Itauguá, pero siguen trabajando en las calles, en Asunción (…) Las personas no van a comer las casas. No vamos a alimentar con ladrillos a nuestros hijos. No es igual la situación para quien no tiene trabajo, para personas que por años no conocen la presencia del Estado, para quienes no tienen estudios (María García, Última Hora, 13/01/2016).

Confirmando lo señalado por Díaz (2014), en los cuestionamientos de los bañadenses, y de las organizaciones que los apoyan, puede verse con claridad el rol de facilitador que ejerce el Estado en beneficio del capital.

También desde los bordes de la ciudad, se interroga acerca de cuál metáfora será la más apta para pensar la ciudad. ¿La del mercado? Hoy, sin disimulo, se plantea que todo debe reconvertirse una vez más en casi nada más que oferente de espacios y territorios, rurales o urbanos, para la extracción de activos estratégicos. La clave consiste en ser precisos para distinguir la oportunidad y aprovechar las ventajas comparativas. Es la vieja historia del capital cercando territorios con prácticas renovadas pero siempre violentas. El presente es de voracidad y entonces en esos espacios donde el Estado andaba ausente, de repente llegan los proyectos. El cercamiento se disfraza de propuestas inmobiliarias, rediseño urbano, descubrir el río (SERPAJ, 16/09/2013).

Los reclamos y denuncias de los bañadenses son presentados ante la opinión pública nacional, autoridades nacionales e incluso instancias internacionales. El 22 de mayo del 2015 visitó la zona de los Bañados el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), Paulo Vannuchi. En la mañana del domingo 12 de julio del 2015 se hizo presente en el lugar el Papa Francisco, durante una visita oficial al Paraguay.

La fuerte pulseada entre el dúo Estado y capital, por un lado, y población ribereña, por el otro, se puede apreciar claramente en las palabras de la lideresa de organizaciones de los Bañados en un discurso pronunciado ante el Papa y transmitido por la televisión.

El Estado no se ha ocupado de nosotros y no nos mira ahora con buenos ojos. No nos ven como sujetos de derechos, sino que para sus responsables somos, según nos suelen decir, “un pasivo social”. Somos un problema a solucionar. Para el Estado, el problema no son nuestras necesidades y carencias sino que somos nosotras y nosotros, nuestra existencia misma. Así, nos enfrentamos actualmente a proyectos viales e inmobiliarios que amenazan nuestro arraigo y legítimos derechos. Estos proyectos no son para favorecernos, sino para favorecer a quienes ya tienen tierra en exceso y muchas viviendas. Dichos proyectos no incluyen esa mirada social con sentido de justicia en igualdad y equidad para la gente que vivimos durante generaciones en el Bañado, en cambio apunta a desplazarnos, reubicarnos arbitrariamente, o encimarnos en algún pequeño lugar, aislado de un medio de vida posible, sin acceso a condiciones básicas que aseguren la calidad de vida que corresponde. Sostenemos con convicción: nosotras y nosotros somos parte de la solución y sujetos de derechos, y el Estado no puede desconocernos ni avasallar esos derechos fundamentales (Discurso de María García durante el acto de visita del Papa Francisco, 13/07/2015).

Las organizaciones bañadenses exigen que las autoridades los reconozcan, los hagan partícipes de manera real y directa, de tal forma a sugerir y decidir sobre las condiciones de re-ubicación, indemnización o permanencia de los afectados, considerando que el precio de las decisiones tomadas a sus espaldas “es el desarraigo, el desplazamiento de los/as bañadenses, pues no poseen la capacidad económica para sostener esta nueva forma de vida, y se ven obligados a abandonar todo lo construido”[14].

Las organizaciones que formamos parte de esta Coordinadora tenemos el derecho a discutir sobre las propuestas de manera a dar solución definitiva a las problemáticas y seremos custodios de que se contemple nuestro derecho al arraigo y a vivir en la ciudad […] Exigimos así mismo, la solución definitiva a las periódicas inundaciones de los Bañados y que se tenga como criterio principal la inclusión y el derecho de los bañadenses a quedarse en sus barrios. Denunciamos la falsedad política de instrumentar soluciones a este problema al precio de la expulsión de los bañadenses […] Advertimos a las autoridades municipales y nacionales que solo al precio de nuestras propias vidas podrán despojarnos de nuestros terrenos, de nuestra historia construida y de nuestra cultura (Comunicado de organizaciones bañadenses, 03/09/2014).

En el año 2011 surgieron las cooperativas de la vivienda en tres barrios de los bañados: Tacumbú, Yukyty y Santa Ana, las que posibilitaron la construcción de más de 200 casas sobre la base de la solidaridad y la ayuda mutua. En los 3 barrios se conformaron Cooperativas de la Vivienda por Ayuda Mutua, las que fueron reconocidas por el Instituto Nacional de Cooperativismo.

En febrero del 2012 se obtuvo financiación para la construcción de las primeras 30 viviendas en una etapa piloto. Los mismos pobladores de los bañados, beneficiarios del proyecto, hombres y mujeres, se encargaron de la edificación de las viviendas.

El premio de la Producción Social del Hábitat-América Latina, edición 2017, reconoció la construcción cooperativa de más de 200 viviendas en los bañados de la capital paraguaya. Las Cooperativas de la Vivienda por Ayuda Mutua, orientada al acceso a una casa digna, se constituyen en el producto de un proyecto ejecutado por el Comité de Iglesias y COBAÑADOS a partir del año 2012.

La decisión de premiar la experiencia en los bañados de Asunción, junto a las de otras cuatro comunidades de América Latina, estuvo a cargo de un Jurado internacional integrado por destacados especialistas. El Jurado consideró que “la experiencia de resistencia popular da cuenta de cómo, a través de la participación horizontal y la incidencia política, se pueden encontrar alternativas a los grandes proyectos urbanos, que son producto de la especulación inmobiliaria y financiera”.

A finales del mes de julio del 2017, la Coordinadora Juvenil de los Bañados de Asunción, el Comité de Iglesias, la Dirección General de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Asunción y la organización Sobrevivencia-Amigos de la Tierra, firmaron un Acuerdo Interinstitucional de Promoción de la Agroecología Urbana en los barrios de Asunción.

El acuerdo apunta al logro del arraigo de huertas agroecológicas y jardines medicinales en los territorios de los Bañados de Asunción, así como promover una legislación municipal que fomente integralmente la instalación y la expansión de la agroecología urbana, además de incidir en políticas y programas públicos que brinden apoyo, recursos y sustentabilidad a estas iniciativas.

El relleno de los terrenos de la ribera asuncena, que ya se puso en ejecución en ciertas áreas como un mecanismo para acabar con la frecuente inundación de los Bañados, no representa una solución para los pobladores de las zonas inundables, quienes ven eso como una estrategia expulsora por las consecuencias negativas que generará, pues “nos dejará a los bañadenses en una palangana de agua, porque si bien no nos afectará la crecida del río, si nos inundarán las aguas de las lluvias, los arroyos y los raudales”[15]. La situación señalada, según ven las organizaciones comunitarias de los Bañados, será aprovechada por el capital inmobiliario para concretar la expulsión de la población que ocupa las tierras desde hace años.

El otro problema que vamos a sufrir es que, cuando nuestras casas se llenen de agua, vendrán a ofrecernos miserables indemnizaciones; poca plata que no nos va a servir para construir y vivir bien en otros lugares (…) la Cobañados propone la construcción de la Defensa Costera como complementación de la Avenida Costanera (Patricio Pinto, dirigente de Cobañados, Fe y Alegría, 18/02/2015).

La propuesta de los bañadenses se fundamenta en un estudio realizado por los ingenieros Ricardo Canese y Mercedes Canese, a pedido de COBAÑADOS, el cual fue publicado en el libro “La lucha por la tierra en Asunción. [La conveniencia de la defensa costera para los bañados]”. La propuesta fue una respuesta a la falta de interés de las instituciones del Estado de estudiar una alternativa diferente a la que se constituye en un importante riesgo, para los bañadenses, de apropiación de sus tierras por parte del capital inmobiliario.

Desde hace una década venimos trabajando en la línea de la defensa costera pero ninguna entidad pública se dignó en hacer un estudio serio de factibilidad. Más aún, desacreditaban esta solución con cuentos y mentiras. Llegaron al como de solicitar una propuesta técnica a las familias bañadenses, a nosotros, quienes no tenemos recurso alguno, cuando que ellos tenían la obligación de estudiarla y compararla con otras opciones. Buscando una solución a este sinsentido, la COBAÑADOS en el 2013 solicitó a los ingenieros Mercedes y Ricardo Canese que realicen un estudio que analice la factibilidad de convertir la avenida costanera Norte en defensa costera (…) La COBAÑADOS, así como desde hace más de 12 años, compromete su esfuerzo y su lucha para que podamos permanecer donde siempre hemos vivido todos los bañadenses, para alcanzar el derecho a la ciudad, que no es más que un hábitat saludable, sin inundaciones, con viviendas dignas, donde se respete nuestra cultura –nuestra forma de vida por sobre todo-, donde los bañadenses seamos partícipes y constructores de los cambios necesarios que mejoren nuestra calidad de vida, sobre la base del desarrollo a la ciudad y a vivir libres de toda inundación (COBAÑADOS, preámbulo de la obra “La lucha por la tierra en Asunción”, en Canese & Canese, 2016:10-12).

Los técnicos que realizaron el estudio a pedido de COBAÑADOS, luego de analizar distintos aspectos relacionados a la problemática de los barrios ribereños de Asunción, concluyeron que la mejor alternativa para poner fin al ciclo crónico de las inundaciones, y asegurar el arraigo de las familias, es convertir a la avenida costanera de Asunción en una defensa costera.

El proyecto diseñado prevé la construcción de compuertas, de estaciones de bombeo, de canalizaciones y de alcantarillado sanitario en todos los barrios de los bañados. Estas construcciones acondicionarán las zonas de los bañados para el desagüe, la sanidad y las mejoras urbanas. Las bombas expulsarán las aguas por las canalizaciones, las que serán derramadas al río a través de las compuertas. Así se resolverá el problema de las inundaciones. Los ingenieros Ricardo y Mercedes Canese han demostrado en sus estudios para la construcción de la Defensa Costera que ésta es mucho más barata y adecuada que la modalidad del Relleno en los bañados, la que ya viene ejecutando el Gobierno Nacional, a través de la Municipalidad de Asunción y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Comité de Iglesias, 24/07/2015).

El costo de implementar el proyecto bañadense de defensa costera es de 5 millones 260 mil dólares americanos, mientras el relleno de los terrenos ribereños asciende, según los cálculos del estudio realizado por encargo de COBAÑADOS, a un total de 151 millones de dólares americanos, casi 30 veces más caro que la propuesta de los pobladores de los Bañados.

Gráfico 3
Comparación de costos entre Defensa Costera y Relleno de terrenos bajos. (En millones de dólares).
Fuente: CANESE, Mercedes & Canese, Ricardo. (2016). La lucha por la tierra en Asunción. La conveniencia de la defensa costera para los bañados. Asunción: Comité de Iglesias-COBAÑADOS, p.102.

Por sobre todo, según una de las responsables del estudio que desembocó en el proyecto de defensa costera, la Ingeniera Mercedes Canese, la experiencia demuestra que ese mecanismo de contención de las inundaciones funciona, en el mismo Paraguay y países vecinos.

Hemos visto el año pasado y éste cómo los Bañados se han inundado, perdiendo los pobladores todo su esfuerzo, llevado por el río. Sin embargo, a pesar de pasar también por problemas técnicos de diverso tipo, no sucedió lo mismo con las poblaciones ribereñas de Pilar, Alberdi, Concepción y Fuerte Olimpo (lado paraguayo), ni Formosa, Clorinda (lado argentino), ni Puerto Murtiño (lado brasileño) ¿Por qué? Porque dichas ciudades están protegidas contra las inundaciones. Aunque las protecciones no sean perfectas, no hubo necesidad de que sus pobladores se trasladen a campamentos improvisados, ni éstos perdieron todo lo que tenían en sus casas. Como máximo, las autoridades debieron empeñarse en hacer funcionar las bombas, arreglar averías en los muros de contención por usos inapropiados, hacer limpieza de los canales de desagüe (Canese, 2015).

La Ingeniera Canese asegura que el agua no se filtrará por debajo de la avenida costanera, como tampoco existe posibilidad alguna que los pozos ciegos revienten con facilidad y se genere un ambiente de alta insalubridad en los barrios.

(…) la tierra que existe en los bañados es similar a la que existe en otras zonas inundables de Paraguay, tales como Pilar, Alberdi, Concepción y Fuerte Olimpo, que utilizan la defensa costera con compuertas, bombas y canales como se propone para Asunción (…) las tierras de los bañados son una cuenca de arcillas, en grandes extensiones, usadas para olerías de la zona, y la arcilla justamente se utiliza para impermeabilizar suelos, razón por la cual, la infiltración de la misma tierra será mínima (…)Esta solución es la misma que se aplica en Holanda para ganar terreno al mar (…) [la posibilidad de que] se rompa la avenida costanera (…)no es un peligro real (…) La costanera tiene en promedio más de 24 metros, es decir, 700% más de ancho de coronamiento que una defensa costera o muro de contención. Esto disminuye enormemente el riesgo de ‘colapso’ de por sí prácticamente imposible en el caso de un muro costero bien construido (…) Ni aún bajo las tormentas más severas, existe este riesgo, como no ha sucedido en ninguna otra defensa costera a lo largo del río Paraguay (Mercedes Canese, Comité de Iglesias, 21/08/2015).

Las estimaciones indican que en las inundaciones registradas en el 2014, la asistencia a las familias damnificadas ascendió a unos 80 millones de dólares americanos (Gómez, 2014). El costo de las compuertas, estaciones de bombeo y canalizaciones, calculadas por el estudio realizado a pedido de la Coordinadora General de Organizaciones Sociales y Comunitarias de los Bañados de Asunción (COBAÑADOS), que justifica la implementación de la defensa costera, fue calculado en tan solo 2 millones de dólares. Es decir, si se hubiese previsto lo señalado para el primer tramo de la franja costera, unas 2.500 familias de la Chacarita no sufrirían los rigores de la crecida de las aguas del río Paraguay, a un costo varias veces inferior (Canese & Canese, 2016).

A finales de enero del 2018, la municipalidad de Asunción contabilizó más de 4 mil familias afectadas por una nueva inundación[16], como consecuencia de la crecida de las aguas del río Paraguay. El gobierno central entregó unos 3 millones de dólares en concepto de indemnización a más de 400 familias afectadas directamente por la construcción de la segunda etapa de la Avenida Costanera, de acuerdo con lo informado en enero del 2018[17]. Un 30% de las familias indemnizadas que habían recibido el pago por abandonar sus casas retornó al Bañado[18]. El exiguo monto recibido, en algunos casos unos 1.500 dólares de indemnización, según los afectados, no les permitió abandonar la zona en donde desde su instalación han podido desarrollar sus estrategias de supervivencia en el centro de Asunción. En enero del 2018 volvieron a ser afectados por una la inundación.

Tal como ha ocurrido en otras ciudades de América Latina, en Asunción el papel del Estado ha resultado central para el despeje del área de residencia de las clases populares. La apertura del proceso de gentrificación se ha realizado en la capital paraguaya, como en otros casos, sobre la base de promesas de mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

El Estado se hizo presente en los Bañados de Asunción cuando su intención fue favorecer al capital inmobiliario. Así ocurrió durante el gobierno de la dictadura en la década de los sesenta y así volvió a ocurrir en el siglo XXI impulsando un megaproyecto de transformación de la ribera asuncena.

La población bañadense nunca fue protegida de las inundaciones producidas por las crecidas cíclicas de las aguas del río Paraguay, como sí ocurrió en otras ciudades paraguayas afectadas por el fenómeno natural. La gran diferencia entre Asunción y las demás ciudades del país que sufrieron los efectos de las inundaciones, es que en la primera los afectados por las crecientes siempre fueron los pobladores pobres, mientras que en las demás la inundación ha afectado a pobres y ricos.

Las intervenciones urbanas, desarrolladas mediante grandes obras, se traducen inexorablemente en desplazamientos. Las indemnizaciones para abandonar la vivienda han contribuido a la precarización de la calidad de vida de muchas familias de la ribera asuncena. Mientras tanto, en las áreas intervenidas se van generando las condiciones para la instalación y la expansión de los emprendimientos inmobiliarios. El Estado resulta ser la llave que abre las puertas al ingreso del capital en áreas en las que antes no podía extraer renta alguna.

Los bañadenses han presentado una propuesta concreta para que el arraigo en las tierras que ocupan vaya más allá de la expresión de los buenos deseos. Su intención de convertir la avenida costanera en una defensa costera, tiene un costo 30 veces más barato que el relleno de los terrenos de las zonas inundables, la opción elegida por las instituciones del Estado involucradas en la construcción de la franja costera.

La presentación de la propuesta de solución a las periódicas inundaciones de los barrios ribereños, garantía de arraigo en los Bañados, ignorada pese a la viabilidad demostrada por el estudio encargado por los mismos pobladores bañadenses, confirma que el Estado no tiene interés en la permanencia de sus antiguos habitantes sino en su expulsión, en el marco de una disputa desigual que borra de su territorio a las poblaciones y permite al capital inmobiliario conquistar las áreas que ocupaban.