Introducción.

Gran parte de las familias indígenas que hoy en día están asentadas en el tejido urbano de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), provienen de provincias del Noroeste y Nordeste de la Argentina. La década de 1960 al tiempo que condensó la mayor parte de los desplazamientos de población indígena del interior del país hacia Buenos Aires (Engelman y Weiss, 2015; Maidana, 2011; Tamagno, 2014), marcó un escenario donde una capa de jóvenes dirigentes, llevaron adelante novedosas formas organizativas en la ciudad (Amodio, 1996; Bartolomé, 2003; Gordillo y Hirsch, 2010; Serbín 1981). La organización de eventos culturales en asociaciones o clubes de coprovincianos, así como la realización de bailes o reuniones definieron aquellos focos iniciales de organización, los cuales paulatinamente dinamizaron la discusión en torno al rescate y reivindicación de los valores culturales y étnicos. Esta toma de conciencia, durante las décadas de 1970 y 1980, nutrida por la participación de diversos actores sociales, delineó como objetivo principal la creación de instituciones específicas pero, sobre todo, el interés de luchar por un marco jurídico que permitiera mayor participación indígena en las estructuras estatales. Se trataba principalmente del reconocimiento por parte del Estado de las personerías jurídicas de los territorios tradicionales indígenas. Esa batalla fue conquistada en 1985, año en que se sancionó la ley 23.302 y que gracias a ella los pueblos indígenas disponen de un marco jurídico y garantías nacionales y provinciales para la formalización comunitaria a través de su carta o estatuto en su marco tradicional de organización (Frites, 2001).

Este foco de organización etnopolítica, que abarcó a dirigentes indígenas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como de la RMBA delineó un conjunto de experiencias y trayectorias comunes que si bien, por un lado, sentaron el proceso de socialización de las nuevas dirigencias urbanas, por el otro, convirtieron a la ciudad en el epicentro administrativo y burocrático de las luchas por los territorios y el acceso a mejores condiciones de trabajo, educación, salud y vivienda (Radovich, 2014; Engelman, 2017).

Otra conquista significativa fue la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994. De acuerdo al nuevo texto, se les reconocería la preexistencia étnica y cultural a los pueblos originarios de la Nación a través del artículo 75, inciso 17, que, entre otros, garantiza también el respeto por la identidad, el derecho a una educación bilingüe, sus personerías jurídicas, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.

Este nuevo escenario, en el que un conjunto de derechos antiguamente negados fueron conquistados, marca diversos determinantes a la hora de describir las relaciones entre las poblaciones indígenas, el Estado y el territorio (urbano/rural). Entre ellos, destacamos como punto principal el corpus de leyes[1] que afectan positivamente la instrumentación de las demandas de los territorios indígenas por un lado, y cómo ello posibilita mayores niveles de resistencia -en los espacios de origen- a la hora de comprender, por el otro, parte de la lógica migratoria actual. Los miembros de las familias indígenas no se instalan definitivamente en el tejido urbano ya sea de la CABA o de la RMBA, sino más bien que las migraciones están definidas por una constante circulación de sujetos entre “lo rural” y “lo urbano” –y viceversa- en el marco de recorridos regionales motivados por fines y objetivos concretos en torno a la lucha por garantizar los derechos colectivos e identitarios, así como territoriales. Esta hipótesis de trabajo, entendemos que es parte de una tendencia general que tiene como protagonista a la región latinoamericana de Norte a Sur. Es decir que el impacto del neoliberalismo de las últimas décadas, transformó sustancialmente los escenarios rurales al impartirse la lógica globalizante del agronegocio, en mundos rurales heterogéneos de campesinos, indígenas, productores medios y trabajadores rurales segmentados por procesos de mecanización, grupos étnicos y nuevos desocupados (Giarracca, 2001). Todos ellos disputándose los medios, ya sea imponiendo o adaptándose a las nuevas reglas del juego mediante la organización y resistencia colectiva con el fin de buscar nuevos espacios para ser incorporados. Este tejido complejo, heterogéneo y desregulado del espacio rural en términos teóricos ha sido denominado como “nuevas ruralidades” (Giarracca, 1993; Llambí y Pérez, 2007; Gómez, 2008; Ávila, 2008; Merínez Borrego y Vallejo Román, 2011; Salas Quintanal, Rivermar Pérez y Velasco Santos, 2011); concepto que revierte los análisis clásicos que oponen el estudio de los espacios y/o regiones urbanas a las del campo.

El incremento de las migraciones, la pluriactividad familiar y la multiocupación de las personas, la importancia de los territorios y los lugares en que se insertan las nuevas protestas y movimientos sociales pasan a formar parte del corpus analítico de éstas “nuevas ruralidades”[2] que discurren también en contextos macroeconómicos de inyección de recursos estatales, programas universales y políticas sociales (Giarracca, 2004). La relación entre los espacios rurales con los urbanos es constante, dinámica y, en algunas ocasiones, conflictiva. Lo claro de ello es que uno no puede escindirse del otro dado que su relación se extiende al propio fenómeno de urbanización y su crucial papel en la absorción de excedentes de capital (Harvey, 2013). En este sentido, abordar la organización y el impacto de políticas sociales en torno a la acción etnopolítica de la población indígena de la RMBA, implica considerar el tejido de relaciones más allá del ámbito local, y cómo muchas veces el trabajo que diversos dirigentes indígenas realizan en sus provincias de origen – o de quienes vienen a Buenos Aires- termina por legitimar una práctica política representativa y efectiva al interior del campo etnopolítico.

Las presentes reflexiones surgen de una labor etnográfica iniciada en el año 2008 en el partido de Almirante Brown, junto a diversos dirigentes locales, funcionarios municipales y agentes que participan tanto en movimientos sociales como en partidos políticos. Este trabajo inicial implicó ampliar el área de análisis, por lo que se incluyeron experiencias de organización etnopolítica y participación indígena en los gobiernos municipales de las localidades de Quilmes, Marcos Paz y Moreno de la RMBA en el marco de una investigación posdoctoral. Cabe mencionar que las presentes reflexiones son parte de un Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica[3] (PICT) de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT). Los datos de la presente investigación reúnen la sistematización tanto de fuentes primarias como secundarias. En el primer caso se llevaron adelante entrevistas en profundidad a diversos dirigentes indígenas de la zona sur de la RMBA, a miembros de las comunidades urbanas y a funcionarios estatales. La observación participante así como las charlas informales, de contextos cotidianos y de negociación etnopolítica, enriquecieron y complejizaron el análisis. En segundo lugar, resultó de gran relevancia la lectura y análisis de fuentes elaboradas por las propias comunidades así como de organismos gubernamentales.

Población indígena en la Región Metropolitana de Buenos Aires.

La denominada “Región Metropolitana de Buenos Aires” está conformada por la CABA y los 24 partidos del Gran Buenos Aires (GBA). Este espacio además incluye un área geográfica mayor, la cual está definida por un conjunto de partidos contiguos cuyo número varía según los criterios que diferentes organismos o programas estatales eligen para su delimitación (Maceira, 2002). De acuerdo a un documento publicado en el año 2015, por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), para los 24 partidos del GBA habitan 186.640 indígenas que se autoreconocen o descienden de un pueblo originario, y 61.876 para el área de la CABA. La suma de ambas regiones da como resultado que 248.516 indígenas habitan en la RMBA (INDEC, 2015). Ahora bien, si comparamos ese cifra con el total de población indígena de la Argentina (955.032) (INDEC, 2012) podemos afirmar que un 26,02%, es decir un cuarto de la población indígena nacional, habita actualmente en la RMBA[4].

Otros datos relevantes en torno a la presencia indígena de la RMBA son los recabados por el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas[5] (CPAI) de la provincia de Buenos Aires. La Secretaría de Derechos Humanos, a través de la elaboración de un mapa [Ver Imagen Nº1] presentó aquellas comunidades (o realidades comunitarias) que el organismo identificó hasta la fecha. A partir de una comunicación personal con funcionarios del área, podemos decir que entre asociaciones y comunidades indígenas- reconocidas y en trámite de serlo- existen aproximadamente unos 60 casos registrados hasta el año 2018. De esos 60, un 19% se ubican en los márgenes de la ciudad de La Plata, un 14% en la localidad de Almirante Brown, un 8,5% en la de José C. Paz y un 6,6% en Quilmes, Esteban Echeverría y La Matanza respectivamente.

Mapa Nº1
Captura de pantalla del mapa elaborado por los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires de las comunidades y asociaciones indígenas registradas ante el Estado para la Región Metropolitana de Buenos Aire
Link: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ntHGKks0JZLN5K0f4QORg9xsh_c&ll=-34.68308423455113%2C-58.30960751943019&z=10

Los datos demográficos, así como el mapa elaborado por el Estado provincial dan cuenta que la población indígena en el contexto urbano no sólo es cuantitativamente considerable, sino que ésta, a su vez, está organizada de diversas formas donde diferentes pueblos étnicos coexisten[6]. A simple vista la invisibilización y negación –en tanto mecanismos históricos que actúan bajo el discurso hegemónico sobre la identidad étnica[7]- enfrentan los procesos de resistencia que las nuevas dirigencias indígenas llevan adelante tanto en CABA como en la RMBA. Es decir que, el trabajo colectivo de las familias migrantes versa entre difundir su presencia, reclamar derechos y garantizar su participación al interior de los gobiernos municipales como se verá más adelante en este trabajo. Asimismo, los datos publicados tanto por el INDEC como por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires -a través del mapa-, son indicios acerca del impacto y el interés de una práctica estatal que ha interpelado a las poblaciones indígenas en el contexto urbano durante los últimos años. Este diálogo, si bien no es novedoso, hoy en día forma parte de los procesos de socialización de los dirigentes indígenas y es fundamental para comprender y analizar las relaciones existentes entre las familias y comunidades étnicas urbanas, y aquellas que aún permanecen en los territorios de origen.

A continuación el trabajo se dividirá en dos secciones. La primera de ellas responde al conjunto de iniciativas que diversas comunidades indígenas de la RMBA llevan adelante, desde su práctica etnopolítica local, a la hora de estimular la fluidez de lazos entre los familiares y comunidades del interior del país. La segunda sección, tiene por objetivo describir la instrumentación de políticas públicas, programas sociales o convenios nacionales, provinciales o municipales, que los dirigentes indígenas urbanos operativizan en beneficio de sus familiares, como así también en tanto medios que legitiman su representación local y regional. A partir de las diferentes estrategias, se espera ejemplificar cómo las relaciones entre “el campo” y “la ciudad” no son recientes ni novedosas.

“Ayudar a los hermanos y hermanas”. Organización etnopolítica en torno a la redistribución y circulación de sujetos y bienes entre el interior del país y la RMBA.

El mapa presentado en la sección anterior [Ver Imagen Nº1] da cuenta de la distribución de la población indígena en la RMBA, y la diversidad de pueblos que el tejido urbano y periurbano contiene. La recepción de distintas familias del interior, y su posterior asentamiento en los cordones que circundan la CABA durante la década de 1980, permiten observar una mayor ocupación de población indígena tanto en la zona sur como noroeste de la región. Según datos relevados por el INDEC, los pueblos que poseen mayor presencia demográfica son: el Guaraní, el Toba (Qom), Mapuche, Quechua, el Diaguita-Calchaquí y el Kolla. Ellos representan casi el 75% de la población indígena total de la RMBA, siendo que el pueblo Aymara, Pampa, Wichi y Comechingón junto a la categoría “otros”, nuclean el 25% restante (INDEC, 2015).

El presente trabajo reúne experiencias de comunidades indígenas asentadas en la zona sur de la RMBA, específicamente de los partidos de Almirante Brown y Quilmes. El primer espacio, según funcionarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), se caracteriza por concentrar la mayor cantidad de comunidades y asociaciones indígenas registradas en la zona sur (Engelman, 2017). Es decir que en Almirante Brown el número asciende a ocho[8] comunidades, mientras que para el caso del distrito de Quilmes dicha cifra asciende a cuatro[9]. Si bien no vamos a describir los procesos migratorios mediante los cuales las diferentes familias indígenas se asentaron en los terrenos que ocupan hoy en día en las diferentes localidades, debemos destacar el rol que las relaciones de parentesco y alianza poseen a la hora de comprender la presencia indígena en la RMBA, así como su organización etnopolítica. Es así que las comunidades Toba(Qom) de Quilmes y Almirante Brown al tiempo que están emparentadas entre sí, poseen dirigentes cuyas trayectorias políticas, muchas veces, han coincidido en tiempo y espacio. Otro ejemplo de ello es la relación existente entre distintas comunidades Mocovíes, que si bien están ubicadas en diferentes localidades -del distrito de Almirante Brown- poseen lazos de parentesco, hecho que se replica también entre las comunidades Guaraníes de Glew. El tejido de relaciones y vínculos de parentesco de primer y segundo grado responde a la historia migratoria de las familias, y de cómo dichas experiencias definieron las modalidades de acceso al espacio urbano (Engelman, 2016a). A continuación presentamos un mapa que detalla las comunidades indígenas con las que se ha trabajado en la zona sur de la RMBA, con el objetivo de graficar y ubicar al lector.

Mapa Nº2
Detalle de los distritos de Almirante Brown y Quilmes.
Fuente: Elaboración propia sobre mapa bajado de www.mapoteca.edu.ar

En efecto, las relaciones de parentesco los procesos de organización etnopolítica. Es decir que, las familias entrecruzan sus lazos de origen con instancias de organización local de acuerdo a las trayectorias de las y los dirigentes quienes comparten un trabajo de años. Es en este entrecruzamiento donde podemos ubicar el conjunto de acciones que llevan adelante, de forma colectiva o individualmente, a la hora de caracterizar las relaciones entre parientes del interior del país y la ciudad. En primer lugar, la mayoría de los testimonios coinciden en que existe una gran circulación de parientes entre ambos espacios. Esta dinámica no es novedosa, y refiere a que en Buenos Aires se concentra la mayoría de organismos e instituciones que se ocupan de la defensa de los derechos indígenas. Los domicilios de las y los dirigentes urbanos, son entendido por sus parientes del interior como espacios “de paso”. Por lo general dichas estancias cortas en la ciudad, tienen por objetivo resolver asuntos administrativos, así como burocráticos en torno a problemáticas específicas de comunidades de diferentes provincias. Por ejemplo en la comunidad Toba-Moqoit “Nogoyin Ni Nala” de Rafael Calzada (Almirante Brown) en el mes de octubre del año 2002 se constituyó una “Delegación de la AIRA” (Weiss, 2015), como instancia operativa -en la zona sur- de la reconocida Asociación Indígena de la República Argentina[10] (AIRA). La elección de quienes formarían parte de la primera Comisión Directiva figura en el libro de actas de la comunidad, y su lectura permite dar cuenta que dicha delegación estaba compuesta por dirigentes del pueblo Mocoví y Toba(Qom). Entre las funciones que mencionaron las y los dirigentes se destacaba la de asistir a hermanos y hermanas que venían del interior del país a realizar trámites, dar un plato de comida o un lugar para pernoctar, así como acompañamiento a diversas dependencias provinciales o nacionales. La función de asistencia administrativa y la de brindar hospedaje suelen ser las más frecuentes desde hace años. A este tipo de iniciativas se le suman aquellas que consisten en reunir alimentos, calzado y vestimenta a través de la organización local de diversas actividades como por ejemplo son los eventos sociales en los barrios, encuentros en clubes o peñas. Tales ayudas son llevadas adelante por “Nogoyin Ni Nala”; “Yapé” de Bernal –Quilmes- y “Migtagan” de San José –Almirante Brown-. Además de los bienes que pueden ser obtenidos por donaciones de vecinos, las y los dirigentes suelen solicitarlos a entidades privadas e incluso al Área de Desarrollo municipal. Por otra parte, uno de los obstáculos en que todas y todos coinciden es acerca de lo dificultoso que resulta conseguir los recursos económicos para realizar el traslado de las donaciones hacia las distintas comunidades y parientes del interior. Respecto a esto último, la dirigente de la comunidad “Yapé” actualmente posee una gran cantidad de mercadería para ser enviada a diferentes localidades de la provincia de Chaco, pero no cuenta con los recursos –como sí sucedía en otros años- para costear su transporte. Una situación similar fue resulta en el año 2016 a través de la organización de un festival indígena en la localidad de Burzaco, del partido de Almirante Brown. En dicha oportunidad, un dirigente Wichi articuló con funcionarios municipales, artistas indígenas de la RMBA y referentes sociales y políticos locales, la organización de dicho festival para recaudar el dinero necesario para la compra de una bomba de agua, y su posterior traslado hacia una comunidad –de donde es oriundo- de la provincia de Salta.

Otro núcleo de actividades que implica la constante relación entre la RMBA y el interior está definido por la producción, compra y venta de artesanías. Aunque no es la intención adentrarnos en detalle sobre sus particularidades, cabe remarcar que en la mayoría de las comunidades se elaboran y se comercializan bienes artesanales. La producción, llevada adelante tanto por hombres como por mujeres de mediana edad, suele hacerse en aquellas comunidades que poseen los medios para hacerlo. Es decir, donde hay hornos, materiales –arcillas y barros- así como tintes para su posterior decoración. Otro tipo de elaboración son los tejidos, tales como bolsas, canastos, y diversos utensilios de gran variedad y uso cotidiano. Quienes no producencomercializan este tipo de bienes lo hacen mediante diversas estrategias. La primera de ellas, consiste en comprarlas en gran cantidad en el interior del país, lo que asegura disminuir su valor y aumentar las ganancias en la reventa urbana. Quienes llevan a cabo esta modalidad, o bien lo hacen cuando viajan al interior para participar en algún evento etnopolítico o visitar algún pariente; o a través de encomiendas. Este último caso es relevante por cuanto devela el impacto positivo medios de comunicación, así como de la bancarización de muchos dirigentes[11]. Este tipo de herramientas posibilita que quienes habitan en el RMBA transfieran los pagos hacia los artesanos del interior, lo que beneficia la venta en las provincias por un lado, y la distribución y reventa en la ciudad por el otro. Al respecto un dirigente de la comunidad Tupí-Guaraní “Cacique Hipólito Yumbay” de la localidad de Glew mencionaba:

“Yo ahora en mis tiempos libres no soy funcionario [municipal], no tengo trabajo, pero tengo trabajo. Lo que no tengo es un ingreso fijo viste, porque yo vendo artesanías, u organizo a veces unas peñas para juntar algo. Pero la idea, ese sentido de la supervivencia mía es la de vender artesanías del pueblo guaraní, toba y mapuche. Yo soy comerciante de artesanías, pero no artesano. No las hago, las compro” (Juan Carlos, joven dirigente de la comunidad Tupí-Guaraní “Cacique Hipólito Yumbay”, entrevista junio 2010).

La venta de artesanías, elaboradas o compradas, dinamiza relaciones entre parientes y conocidos no sólo de espacios distantes, sino de la propia RMBA. En tanto actividad laboral, que complementa el ingreso de las y los dirigentes, es también vista como estrategia económica sustentada por el tejido de vínculos existentes. Es decir que su venta suele ser en eventos etnopolíticos que las dirigencias organizan localmente, así como en charlas en escuelas barriales o mismo en talleres, festivales y reuniones que permiten su comercialización.

A los diferentes ejemplos mencionados, se suman los viajes que las y los dirigentes de la RMBA realizan hacía sus comunidades de origen a fin de “asesorar” y/o difundir en el interior propuestas vinculadas al Estado. Muchas veces, y a lo largo de diversas entrevistas, surge la idea de que el trabajo etnopolítico implica la elaboración de proyectos para los hermanos y hermanas del interior. Al respecto, existe una concepción entre la población indígena urbana que entiende a las comunidades del interior como “desprotegidas” y “despojadas” de aquellos derechos indígenas reconocidos.

“Es que todos los derechos salieron de las ciudades. Las primeras organizaciones que son centro Kolla y AIRA son de los años 70 y de los 80. Yo hice la secundaria en Jujuy, en un pueblito perdido que no tenía nada. Ahí ser indígena era mala palabra. Acá [en la ciudad] no te vigila el Cura. Vos, en el pueblo mío, nosotros hacíamos ceremonias a escondidas, en el medio del potrero, todas las ceremonias o el Inti Raymi. Pero en el Pueblo (…) no se podía hacer nada. Permiso le teníamos que pedir al cura. Por ejemplo cuando uno le pide permiso a la policía para hacer una cosa, generalmente lo debes hacer así o así… entonces ahí te decían: pasaste por la Iglesia. Primero pasabas por la iglesia, y después por el Estado” (Carlos, Dirigente Diaguita-Calchaquí y Coordinador de Pueblos Originarios de Almirante Brown, entrevista septiembre 2017).

Esta representación de la ciudad como espacio donde se generan aquellas luchas por el reconocimiento de los derechos indígenas está estrechamente relacionada a la concentración existente de instituciones y organismos específicos. Sin embargo, los viajes para “asesorar” a las hermanas y hermanos del interior -sobre el reconocimiento de derechos indígenas- está fuertemente determinado en la experiencia histórica de organizaciones de base etnopolítica, como lo expresa el siguiente testimonio sobre el Centro Kolla de Buenos Aires[12]:

“Nos costó mucho, éramos poquitos y comenzamos a ser más. Toda la gente que venía del interior se quedaban ahí [oficina], como para comer y se activó de nuevo de a poco con talleres para sostener las actividades que también comenzábamos a realizar. Empezamos a apoyar la lucha, y ahí viajamos mucho al Norte, a los desalojos. Y ahí, con otros colectivos, se generó la Ley 26.160 junto a CETERA, organizaciones y movimientos que acompañaban. Había un grupo muy amplio de no indígenas que apoyaban, y que terminábamos en marchas. Había necesidad de visibilizar la ley a través del convenio 169, y bueno nos juntábamos a denunciar los conflictos que había en el país que para el momento no eran pocos” (Carlos, Dirigente Diaguita-Calchaquí y Coordinador de Pueblos Originarios de Almirante Brown, entrevista septiembre 2017).

El estudio de las poblaciones indígenas en la ciudad implica articular analíticamente la distinción entre lo “urbano” y “rural con el objetivo de evitar un análisis esencialista[13]. En el fragmento citado, queda claro que los espacios de nacimiento, la migración y la cotidianidad en Buenos Aires implican que las sociedades indígenas a través de su historia viven cambios culturales y desplazamientos de manera constante (Pacheco de Oliveira y Arias, s/f). Este fenómeno de territorialización[14] que no sólo implica la diferenciación genérica del espacio de nacimiento, sino la multiplicidad de escenarios y experiencias históricas es lo que, en términos de Joao Pachecho de Oliveira, en gran medida define la construcción de una identidad étnica (2010). Si bien en el caso de Almirante Brown y de Quilmes no nos hemos encontrado con procesos que podemos caracterizar como de etnogénesis o de tipo etnogenético[15] (Campos Muñoz, 2007), lo que sí se replica y caracteriza a las familias indígenas de la RMBA es que constantemente señalan la importancia de la relación con el origen. A lo largo del trabajo etnográfico las experiencias de expropiación y expulsión de los territorios de procedencia, los altos índices de discriminación así como de explotación laboral se replican como aspectos neurálgicos que terminan por unificar una alta heterogeneidad de identidades étnicas y familias que conviven en la ciudad. Ese “viaje de vuelta” (Pacheco de Oliveira, 1994 y 2010) desde el cual la mayoría de las y los dirigentes explican su presencia, y vida urbana, está directamente vinculado a que la etnicidad posee tanto una trayectoria -que es histórica y determinada por diversos factores- como un origen -que es una experiencia primaria, individual, pero que también se traduce en saberes y narrativas a los cuales se acopla- (Pacheco de Oliveira, 2010:26). Es decir que, las actividades y tareas que hemos detallado son parte de una acción etnopolítica que aunque se nutre de la acción local, se piensa en función de un horizonte regional –tanto para la RMBA como para el interior del país- y que, como hemos adelantado- se encuentra entroncada en una red de parientes y alianzas. Es decir que si bien existe una diferenciación de los territorios de procedencia y asentamiento, en términos históricos éstos siempre se han mantenido articulados, y las figuras de esos “viajes de vuelta” plagan tanto las exégesis como los documentos que elaboran las familias en la ciudad. Por ejemplo en el Estatuto de la comunidad Toba(Qom) “Migtagan” de la localidad de San José, distrito de Almirante Brown, se encuentra el siguiente párrafo:

“Con gran esfuerzo los mayores transmitieron la lengua materna con el objetivo de no perderla y defendieron la integridad de la vida cultural que vivían en la provincia del Chaco. Los familiares que fueron llegando a Buenos Aires nunca perdieron contacto con la familia extendida existente en Machagai Chaco, muy por el contrario se visitan asiduamente y se encuentran informados del caminar de la comunidad toba que vive y lucha en el Chaco” [Expediente Honorable Concejo Deliberante de Almirante Brown Nº 15639, Folio Nº45].

Esto significa que la migración hacia Buenos Aires no es un fenómeno unidireccional; sino que las relaciones entre el “campo” y la “ciudad” son parte de un presente y de un pasado. El uso de un argumento de “contacto constante” entre las familias de San José y Machagai, por parte de la población Toba(Qom) de Buenos Aires, enseña su operatividad a la hora de armar el Estatuto Comunitario, pero también hace referencia a una realidad histórica concreta. Es decir que las visitas de los parientes del interior hacia el tejido urbano es algo cotidiano desde hace décadas, como lo enseña la siguiente imagen donde parientes del Chaco visitan a los migrantes urbanos en los predios de la comunidad Qom-Moqoit “Nogoyin Ni Nala” en la localidad de Rafael Calzada.

Foto Nº1:
Parientes Guaraníes en visita a uno de los ancianos de la comunidad Qom-Mocoit “Nogoyin Ni Nala” de la localidad de Rafael Calzada, Almirante Brown durante los primeros años de la década de 1970
Fotografía personal de una una dirigente de la comunidad

Hasta aquí hemos abordado un conjunto de iniciativas y actividades que las familias y comunidades indígenas de Almirante Brown y Quilmes llevan adelante, para dar cuenta acerca de la relación que existe entre la RMBA y el interior del país en términos históricos, dinámicos y regionales. En el siguiente apartado, se destacaran un conjunto de experiencias que aunque son parte de la acción etnopolítica local, su aplicación depende de mecanismos y dispositivos estatales.

Nación, provincia y municipio. Niveles y dispositivos estatales que dinamizan la vinculación entre la RMBA y el interior del país.

La inyección de recursos estatales[16] durante los últimos 15 años en Argentina, tuvo un impacto directo sobre la cotidianidad de la población en general, y de la indígena en particular. Un conjunto de iniciativas, consecuencia de luchas históricas por la participación indígena en las estructuras estatales, resultó en la creación de dos instancias relevantes, cuya importancia permite comprender parte de la dinámica que nutre la organización etnopolítica contemporánea, así como los reclamos indígenas de la RMBA. La primera de ellas, se trata del Consejo de Participación Indígena (CPI), organismo creado como parte de la estructura del INAI en el año 2004, y que surge para garantizar la consulta y participación indígena en temas de políticas públicas, y problemáticas acerca de los territorios a nivel nacional. La segunda instancia fue creada en el año 2006, y forma parte del organigrama de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Así, el Consejo Indígena de la Provincia de Buenos Ares (CIBA) es uno de los órganos de co-decisión del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI), que tiene por objetivo cumplir, fomentar y gestionar políticas públicas destinadas a las poblaciones indígenas que están radicadas en el territorio de la provincia. Es decir que, al igual que el CPI, este segundo organismo materializa de forma directa el derecho a la participación y consulta en la elaboración y gestión de políticas públicas a través de asambleas periódicas. Ambos espacios, al tiempo que permean la cotidianidad de las y los dirigentes de Almirante Brown y Quilmes, expresan un formato novedoso acerca de las relaciones entre el Estado y los Pueblos Originarios de hoy en día. Parte de ello fue posible gracias a los lineamientos de un gobierno nacional –iniciado por Néstor Kirchner en 2003 hasta 2007, y sucedido por Cristina Fernández hasta 2015- que proclamó asumir la participación de los pueblos indígenas como una “política de Estado”[17]. Esta iniciativa del gobierno nacional permitió que varios de las y los dirigentes tanto de Almirante Brown como de Quilmes ocuparan funciones y cargos al interior del CPI y del CIBA. Entre las diversas tareas que desarrollaban, algunos de ellos viajaron por diversas localidades y distritos de la provincia de Buenos Aires, y regiones del país con el objetivo de comunicar las necesidades y problemáticas de otros espacios de la región. Esto resultó importante, puesto que si bien el tránsito de población indígena, como hemos mencionado, no es algo novedoso, la existencia de un presupuesto estatal para ello sí lo fue. Los recursos del Estado marcaron una federalización de la política indígena, y un incremento del conflicto al interior de las y los dirigentes que como contracara se disputaban su permanencia o entrada en los espacios de participación estatal[18].

En el caso de Almirante Brown, esa expresión regional permitió la organización en el mes de marzo de 2009, del “Encuentro Nacional de Organización de Pueblos Originarios” –que luego pasaría a denominarse “Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios” (ENOTPO[19])-. Dicha reunión se realizó desde el lunes 23 hasta el viernes 27 en un polideportivo que el municipio de Almirante Brown posee en la localidad de Ministro Rivadavia. En él participaron referentes de más de 30 organizaciones políticas indígenas, tales como la Confederación Mapuche de Neuquén, “Qullamarca” coordinadora del pueblo Kolla de Salta, La Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, La Federación Pilagá, la Intertoba del Pueblo Qom de Formosa, la Asamblea del Pueblo Guaraní o la Coordinadora del Pueblo Mapuche entre otras. Durante esos días se organizaron exposiciones, discusiones y talleres cuyos ejes estuvieron definidos por diversos debates[20] en torno a las legislaciones vigentes, así como a la problemática de las tierras urbanas y rurales. La pluralidad de dirigentes indígenas de la RMBA, y de las diversas provincias del interior fue masiva. En gran parte, la gestión del evento estuvo a cargo de quienes contribuían con el trabajo de la “Coordinación de Pueblos Originarios de Almirante Brown”[21]. Cabe destacar que aunque fue un encuentro de gran relevancia nacional, en un distrito de la zona sur del conurbano bonaerense, éste no hubiera sido posible sin el trabajo etnopolítico de una dirigencia indígena que al tiempo que enseñó una labor local, expresó fuertes relaciones con otros espacios de organización etnopolítica del interior del país. Durante esta experiencia organizativa, el tejido de vínculos –parentesco y alianza- que mencionamos en el apartado anterior, revela el alto nivel de organización que implicó, ya que estuvo dinamizado a través de la difusión y circulación de información. No obstante, y en este caso en particular, los recursos que permitieron su ejecución provinieron de diversas agencias estatales, como el INAI e incluso el municipio de Almirante Brown. La apropiación de estructuras estatales, como podemos ver, es el resultado de un trabajo que las y los dirigentes condensan desde hace años, y desde el cual promueven la gestión y organización de diferentes experiencias de lucha en común tanto en la ciudad como en sus lugares de origen (Engelman, 2017).

Estos hechos, que vinculan a la población indígena de la RMBA con la del interior del país, no son unidireccionales. Es decir que aunque Buenos Aires concentra la mayor cantidad de organismos de Estado, esto no implica que las iniciativas gubernamentales sean sólo “desde la ciudad hacia la provincia”. En el caso del distrito de Quilmes, en el año 2000, y por ordenanza Nº 8598/00, entra en vigencia el denominado “Pacto de Hermandad” entre el municipio y la “Comunidad India Quilmes” (CIQ) de la provincia de Tucumán. Esta iniciativa destaca que:

“La importancia que dicha comunidad [India de Quilmes] tiene sobre la historia del pueblo quilmeño [de Buenos Aires] es insoslayable, su bravura como pueblo ha sido destacada a lo largo del conocer colectivo de la Patria, y el aspecto fundacional para con la tierra quilmeña no tiene otro comparativo más que llamarlo directamente “raíz”-.” (Municipalidad de Quilmes, Boletín Oficial Nº 97: 33).

Bajo este hito histórico[22] se reconoce la presencia indígena como parte de la identidad Quilmeña en Buenos Aires, y como cimiento insoslayable que legitima la posibilidad de promover un pacto de hermandad. Aunque dicho pacto surge en el año 2000, el Concejo Deliberante de Quilmes (Buenos Aires) en el año 2010 deroga la ordenanza inicial y promulga la Nº 11468/10. De esta última, resultan interesantes un conjunto de artículos, los cuales a continuación pasamos a detallar con el objetivo de enseñar la existencia de una articulación espacial.

“ARTÍCULO 4: Ambas partes se comprometen cooperación, solidaridad y ayuda mutua a los efectos de:

1-. Salvaguardar la Cultura India Quilmes, rescatando, revalorizando y respetando sus tradiciones e historia.

2-. Incentivar la participación plena de los integrantes de la comunidad india en el proceso socioeconómicos de la Nación, rechazando toda forma de discriminación y violencia.

3-. Fomentar la producción agropecuaria tradicional y las manufacturas artesanales.

4-. Acrecentar los centros de investigación y museo de acopio de documentación, archivos y todo material que sirva para elaborar estudios sobre la población indígena Quilmes, su cultura, leyes y valores” (Segundo Pacto de Hermandad, 2010:2).

Además de lo que se detalla en el artículo citado, el “Pacto de Hermandad” establece que el municipio bonaerense debe apoyar el reclamo territorial de la CIQ para lograr el pleno dominio y titularidad de sus tierras ancestrales, y que a partir de ello sea declarado como Patrimonio Nacional el sitio arqueológico de las “Ruinas de Quilmes”[23]. Finalmente, el texto detalla que el municipio de Quilmes (Buenos Aires) debe otorgar a la CIQ una suma de $66.000 en calidad de subsidio mensual para garantizar lo pactado. Los derechos y obligaciones que detalla el documento tienen como ejes el respeto por la cultura, la participación indígena a través de su consulta, contribuir a la mejora económica y acompañar la lucha por el territorio. Esa pluralidad de demandas, muestra que las negociaciones no tienen un carácter unívoco materialmente basado en insumos culturales o identitarios. Se trata de que las demandas indígenas tienen hoy en día una cualidad polivalente, que se articula desde las experiencias históricas de lucha, se entronca desde las legislaciones vigentes – gracias al reconocimiento de derechos- y se operativizan mediante el uso de las estructuras estatales. Pero el resultado de ello, muchas veces implica conflictos al interior de los espacios de organización etnopolítica dado que las voluntades políticas, así como la falta de recursos frena la capacidad de acción de las y los dirigentes locales.

“Quilmes tenía un gran potencial, porque ahí hay un municipio con nombre indígena, una relación directa con la Comunidad India de Quilmes que de hecho el Cacique de allá, estuvo el otro día acá. Él venía permanentemente porque la existencia de ese convenio, y la verdad que se podía haber hecho un montón de cosas pero no se hizo lo que se podía hacer. Para mí podrían haber hecho mucho más, Quilmes tiene unas cuantas comunidades que están registradas y daba para más”. (Carlos, Dirigente Diaguita-Calchaquí y Coordinador de Pueblos Originarios de Almirante Brown, entrevista septiembre 2017).

Al igual que en el caso de Almirante Brown, las y los dirigentes indígenas del partido de Quilmes llevan adelante iniciativas concretas donde el objetivo es articular las relaciones entre la RMBA y el interior del país. Ya sea a través de un “Encuentro Nacional” o de un “Pacto de Hermandad” queda clara, por un lado, la capacidad de gestión de la población indígena y, por el otro, de cómo la estructura estatal se vuelve un dispositivo más a la hora de efectivizar este tipo de instancias de participación. Un aspecto fundamental de ambos casos, es que tanto en Almirante Brown como en Quilmes funcionan oficinas para pueblos originarios en los organigramas municipales desde el año 2008. Esta conquista, en torno a la presencia y visibilización de la población indígena en la ciudad, y de la zona sur de la RMBA en particular, vertebra innumerables actividades a lo largo de toda la región en pos de difundir y organizar a la población indígena migrante y nacida en el contexto urbano. Estas áreas además, enseñan la disputa por el reconocimiento y la participación y consulta indígena en los gobiernos locales, nivel estatal que se suma al nacional y provincial –CPI y CIBA-.

Consideraciones finales.

Los vínculos entre las familias y comunidades indígenas que habitan en la RMBA, y sus territorios originarios siguen siendo permanentes y constantes. La circulación de las personas entre “lo rural” y “lo urbano” –y viceversa- se encuentra cimentada en lazos familiares, congregaciones y eventos culturales, apoyo productivo de las comunidades con el envío permanente de insumos, así como a través de convenios y el uso de recursos estatales. Esta modalidad, que articula pueblos indígenas, Estado y migración, en un marco de recorridos regionales, se encuentra determinada por fines y objetivos concretos en torno a la lucha por garantizar los derechos colectivos e identitarios, así como territoriales. A su vez, dicha dinámica de organización etnopolítica, que sitúa el trabajo de las y los dirigentes independientemente de su labor local y cotidiana, estimula la formación y delimita las trayectorias de las nuevas dirigencias indígenas; quienes desde el uso de las legislaciones vigentes negocian su posición en un campo de relaciones interculturales. Cabe destacar que si bien hemos puntualizado sobre un conjunto de estrategias específicas, no ignoramos la existencia y las problemáticas que surgen entre la dirigencia étnica y sus bases, sobretodo cuando los primeros forman parte de instituciones u organismos del Estado. Mencionar dicha disquisición tiene por objetivo evitar tomar la parte –las iniciativas de organización etnopolítica de un sector de la dirigencia indígenas de la RMBA- por el todo.

El trabajo etnopolítico y la circulación de bienes entre el ámbito urbano y el originario se posiciona como ingrediente que legitima tanto la práctica como la representación política de las y los dirigentes urbanos. La figura de “viajes de vuelta” (Pacheco de Oliveira, 2010) en este caso, es reforzada por el sentido que varios representantes comunitarios le otorgan a la categoría etnográfica de “indios sueltos”. Ésta última, desde los testimonios, refiere a las y los dirigentes indígenas urbanos que “han perdido lazo comunitario con su territorio”. Es decir, quienes “no tienen comunidad”, se encuentra “sueltos” en el tejido bonaerense , y no representan a un colectivo indígena sino más bien a sus propias voluntades. La relación con el lugar de origen, termina siendo un hecho que legitima tanto la práctica etnopolítica correcta, como la representación y legitimidad de la o el dirigente.

Por otro lado, ha sido fundamental el papel del Estado y de aquellos sectores políticos y sociales que han acompañado el proceso de organización indígena en la RMBA en las últimas décadas. Tanto la visibilización, así como la participación –con sus escollos y avatares- enseñan, en los gobiernos locales, la elaboración de novedosos dispositivos para negociar y reclamar derechos étnicos y de clase.

Lo que se ha intentado demostrar en el presente trabajo es que las relaciones entre el “campo” y la “ciudad” están fuertemente articuladas; dinámica que permite la resignificación de ambos territorios en términos regionales. Es decir que, si bien un cuarto de la población indígena total del país vive en ámbitos urbanos, donde se disputan derechos y territorios, la relación con los lugares de origen fundamenta los procesos de re-territorialización en los nuevos escenarios de recepción. Este tipo de argumento, resalta la importancia material que posee el territorio –rural y urbano- en detrimento de la variable cultural, por cuanto ésta última puede ser utilizada por los sectores más conservadores a la hora de fundamentar ontologías indígenas carentes de territorios y fundadas en esencias culturales portables.

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Notas