La tesis describe y analiza la configuración y despliegue del conflicto conocido como “Colony Park” en la Primer Sección de Islas del Delta del Paraná, partido de Tigre, desde el año 2008 hasta el 2016. Enfatizando en la apropiación territorial y significación social de la naturaleza por parte de los principales sujetos sociales involucrados, así como las productividades teórico-sociales del conflicto. Este caso resulta emblemático porque marca “un antes y un después” para el debate en torno a los impactos sociales, ambientales, políticos y económicos de los barrios cerrados en áreas de humedales y en el modo de vida local; así como para las disputas territoriales y ambientales locales y regionales.

El trabajo investigativo se enmarca dentro del campo teórico práctico de la ecología política latinoamericana, con una impronta sociológica en la comprensión de los conflictos sociales en tanto campo de juego de las relaciones de poder entre los diferentes sujetos involucrados. En el análisis se enfatizó por un lado, en las significaciones sociales de la naturaleza (Leff, 2014), las maneras de apropiarse, percibir, sentir y enunciar el ecosistema. Por otro, la apropiación territorial (Haesbaert, 2011) los modos de uso, prácticas productivas, apropiación y control del territorio. Este recorte se sustenta en que nos permite dar cuenta de las modalidades que adquiera la relación humanidad-naturaleza o la articulación de lo biológico y lo histórico (Escobar, 1999) en un tiempo-espacio.

El abordaje metodológico se basa en un estudio de caso instrumental (Stake, 2003: 135-136 en Merlinsky, 2013) en el que se combinan técnicas cuantitativas para la definición del nivel macro o contexto y cualitativas para la reconstrucción del nivel micro social referido al caso. A partir de las entrevistas y la información recabada se realizó una cronología para confeccionar la trama del conflicto (Merlinsky, 2013), sistematizando los sucesos que configuran el campo contencioso, las acciones y enunciaciones públicas de los sujetos involucrados, momentos claves, “salidas” y productividades.

El caso de conflicto que nos convoca se emplaza en la Primera sección de islas del Delta del Paraná, partido de Tigre. Esta región es un humedal, ecosistema recientemente revalorizado social, económica y ecológicamente por su ubicación estratégica y por las funciones ambientales que aporta a toda el Área metropolitana bonaerense (AMBA) y al planeta en su conjunto.

Dicha revalorización es efecto de procesos simultáneos en distintas escalas acaecidos en las últimas décadas: la valorización académica-social del humedal por su importancia y función ecosistémica estratégica vinculada a un proceso social de ambientalización global-local; la reconfiguración productiva del Delta a escala regional a partir de la cual la forma de vida rural local viene transformándose. Por último, al proceso de reconfiguración territorial a escala metropolitana observable en dos modalidades territoriales que tienen efectos locales: el crecimiento acelerado de la población isleña asociado a un tipo de urbanización popular. El avance de megaemprendimientos urbanos cerrados (UC) y turísticos en las islas, derivados de la reconfiguración metropolitana a partir de la cual se instala un patrón de producción del espacio concerniente al predominio del capital inmobiliario-financiero que genera una valorización económica sobre el suelo rural y los humedales.

Procesos definidos en tanto oleadas territorializantesen las que los sujetos sociales resignifican al Delta como “la Isla” -en tanto “refugio”/“paraíso”- en la cual proyectarse para vivir/preservar/hacer negocios, emergiendo disputas por su reinvención (Leff, 2015) en las que pugnan por imponer su territorialidad y significación de la naturaleza.

En el año 2008 se hace público un conflicto entre familias isleñas, distintas organizaciones sociales-ambientales locales y un megaemprendimiento UC. El “caso Colony Park” denominado así por las organizaciones sociales y prensa local lleva impreso el nombre del megaemprendimiento que iniciara la construcción de las obras sin contar con las aprobaciones y procedimientos administrativos obligatorios, y luego de desalojar violentamente a las familias isleñas que habitan históricamente el área.

.ras tres años de conflicto público se realiza una Audiencia públicaa cargo del Organismo Provincial para el desarrollo sustentable (OPDS), instancia administrativa necesaria para la instalación de los UC. Aunque fue extemporánea, se configura como momento clave dado que obligó a todos los sujetos involucrados a posicionarse respecto a la situación. Pese a que las audiencias públicas no son vinculantes en este caso adquiere el carácter de “salida judicial” al conflicto (Sabatini, 1996), al resolverse denegar el Informe de Impacto Ambiental de la empresa en consecuencia el freno a las obras, aunque ya contaba con tres paralizaciones judiciales. Al año siguiente dentro de la causa penal se sanciona la paralización de las obras por el daño ambiental y al modo de vida local ocasionado, instando a la remediación del daño, el pago de una multa por las irregularidades en el avance de obras tanto a los emprendedores como funcionarios gubernamentales. Estas últimas han sido apeladas, el litigio aguarda resolución judicial y se han registrado situaciones conflictivas hasta la actualidad. Sin embargo, esto se consolidó como un triunfo político para las organizaciones involucradas, generando un efecto dominó para otros conflictos con UC en la cuenca del río Luján.

En el despliegue del conflicto observamos que el tipo de territorialidad que impulsa el UC corresponde al modelo de urbanización neoliberal (Pintos y Narodowski, 2012) destinada a crear grandes complejos habitacionales/recreativos para la valorización económica del suelo. Para ello se requiere utilizar tecnologías - dragado y refulado hidráulico- que transforman el ecosistema a gran escala, luego con el diseño del paisaje y una planificación urbana ambiental se busca recrear un estilo de vida americanizado. La significación de la naturaleza y apropiación territorial están regidas bajo una racionalidad instrumental, enmarcada en la modernización ecológica y la ecoeficiencia (Harvey, 1996; Martínez Alier, 2004). El objetivo de este proceso es crear una “Isla Privada” en la que reinventar la naturaleza en términos de una privatopía (Corti, 2015) que simula el paraíso espectacular exclusivo y excluyente para la felicidad individual y el olvido de les otres humanes-no humanes.

El avance del UC puede comprenderse en tanto proceso de acumulación por desposesión (Harvey, 2004) en el análisis se determinaron cinco modalidades, entre ellas, primero requiere despojar a las familias de sus tierras para privatizarlas, al igual que las costas y arroyos, dejan de ser bienes comunes o de dominio público para ser mercantilizables. Segunda, el avance sucede bajo una política de hechos consumados en la cual se inician las obras incumpliendo las normativas vigentes, facilitada por la flexibilidad gubernamental, esto ocasiona la externalización de los costos socio-ambientales y depredación ecosistémica (Pintos y Narodowski, 2012). Tercero, la invisibilización de las comunidades locales de su posesión histórica en el territorio lo que incurre en su criminalización y la estrategia de ruptura de los lazos sociales locales. Cuya finalidad es quebrar la voluntad de resistencia y la solidaridad social.

Por otro lado, emergen y se visibilizan las familias isleñas junqueras afectadas, sus actividades productivas, su modo de vida en co-existencia con el humedal. En su lenguaje no estaba presente lo ecológico, sin embargo, por la necesidad de no perder su modo de vida, y a partir del encuentro con organizaciones ambientalistas, se fue construyendo una defensa del territorio que se fue ecologizando. Fueron enunciando la defensa de los lugares de su querencia donde han vivido y han visto crecer las islas, por ello podemos caracterizarlas dentro del ecologismo popular (Martínez, Alier, 2004).

En la confrontación se constituyen en tanto sujeto político como junqueros defendiendo la posesión de sus tierras y su modo de vida isleño. En articulación con organizaciones campesinas, conformaron la Cooperativa “Isla Esperanza” al principio para la elaboración de cortinas de junco, pero luego del robo de las máquinas y la quema del Galpón de producción, se consolidó como una estrategia política de defensa del territorio haciendo visible la intrínseca relación con el humedal en tanto espacio vital y de producción.

El tercer sujeto principal es la Asamblea Delta y río de la Plata (ADRP) conformada por personas recientemente mudadas a las islas y otras que forman parte del “hilván de la historia” de las luchas ambientales locales y de las cuencas del río Reconquista y Luján. Esta organización tiene larga trayectoria en la creación de repertorio de acciones y discursos definiendo tanto el modelo de industrialización como el de urbanización vinculada a los UC por el impacto social, ambiental y económico. Han creado a nivel local y en articulación con otras organizaciones ambientales regionales y nacionales un lenguaje de valoración de la “defensa del territorio amado” de los humedales y cuencas; así como “la defensa de las costas a toda costa”; “el agua vale más que el oro”. Caracterizado como parte del movimiento de justicia ambiental y del giro eco-territorial latinoamericano (Martínez, Alier, 2004, Svampa, 2011).

El encuentro de estas familias con el movimiento ambiental local posibilitó que el conflicto se instalara en la esfera pública generando mayor presión a diferentes organismos gubernamentales. Al respecto, el municipio de Tigre a partir de la insistente demanda de la ADRP admite la cuestión ambiental como importante. Luego en el despliegue del conflicto van modificando su accionar y discurso, pasan de haber aprobado inicialmente el UC, a clausurar obras y finalmente expresarse públicamente en contra del mismo por el “atropello al ambiente a causa de la inexistencia de reglas claras”. Elaboran un Plan Integral de Manejo del Delta para ordenar ambientalmente el territorio estableciendo normativas y regulaciones adecuadas a las islas. Este fue altamente controversial en su implementación inicial. Paradójicamente, el %50 del territorio municipal está ocupado por UC, se impulsa la privatización de las costas concesionando su uso a megaemprendimientos inmobiliarios o turísticos, en consecuencia aumenta el costo de vida de la población, mediante cobro de impuestos y privatización de los espacios públicos de amarre.

Dada la “salida” jurídica del conflicto mediante la causa penal se instala en la esfera pública la noción de daños ambientales de los UC, así como las nociones e modo de vida isleño, humedales, cuencas y se visibilizan la responsabilidad de funcionarios y emprendedores. Esto sienta un precedente para el actual debate en torno al “fenómeno de las inundaciones” a partir de la cual se promueve una Ley de presupuestos mínimos de Humedales a nivel nacional.

Por otro lado, un efecto adverso de la caracterización como conflicto ambiental en términos de los “daños ambientales” es que permanece sin visibilizarse los diferentes regímenes de propiedad, uso y control de la tierra al no reconocerse el derecho posesorio isleño. Esto conlleva una productividad teórico-política en torno explorar una definición de los conflictos ambientales, territoriales o eco-territoriales que integre la cuestión ambiental, territorial y agraria.

Para concluir, en el despliegue del conflicto se resignifica el pasado en una reinvención presente del territorio como lugar-tiempo de la apropiación social de la naturaleza, en el lenguaje de los sujetos: en tanto lugar de la querencia y territorio amado, este paraíso tiene existencia también porque co-existe un modo de vida social. “No hay isleños sin islas ni islas sin isleños”. Del otro lado, se reinventa el territorio en tanto simulación del paraíso privado exclusivo para olvidarse de todo en contacto con la naturaleza y como espacio de recreación, como parque de diversiones náutico para el turismo global.

En la articulación de lo histórico-biológico que se desenvuelve y en las disputas resultantes, la dimensión afectiva ha sido y es crucial al momento de desplegar la voluntad de poder de los sujetos, cuando los lugares de la querencia y el territorio amado son amenazados o destruidos la salida fue sacar el conflicto afuera y defender el territorio de vida, emergiendo y visibilizando a nivel social otras modalidades de relación, de sensibilidad y de vida humana-no humana.

Bibliografía

CORTI, Marcelo (2015), La ciudad posible. Guía para la actuación urbana, Buenos Aires, Editorial Café de las Ciudades.

ESCOBAR, Arturo (1999), “El mundo pos natural: elementos para una ecología política antiesencialista”, en El final del salvaje, Bogotá, CEREC - ICAN -Giro Editores, pp. 273-315.

HAESBAERT, Rogério (2011), El mito de la desterritorialización, México, Siglo XXI.