Nota Editorial
Introducción
Las economías capitalistas se sostienen por la producción global ilimitada de bienes y servicios, algo que implica no solo un uso intensivo de la energía que proviene de los combustibles fósiles, sino también la utilización de un volumen siempre creciente de agua dulce. En tanto el aprovisionamiento de materias primas nunca se detiene, esto implica una presión extraordinaria sobre los recursos hídricos.
En América Latina, los modelos de desarrollo basados en la profundización de procesos extractivos, la expansión de la frontera agropecuaria y el crecimiento de las áreas urbanas, incrementan la demanda de agua y la emergencia de conflictos donde no sólo se dirime el uso, sino también la contaminación, las distintas valoraciones y su forma de gestión. A su vez, estos conflictos están estrechamente vinculados al rol que juegan los actores económicos a partir de su poder de intervenir en el ciclo del agua y así volcarlo a los medios de producción, a las denominadas “palancas del desarrollo” o, incluso, como sucede en grandes centros urbanos, para transformar los cuerpos de agua en receptores de desechos y efluentes peligrosos.
El presente dossier de la revista Quid 16 está en sintonía con las temas y enfoques de investigación que, en América Latina, establecen renovados nexos entre la ecología política y la cuestión hídrica, algo que ha permitido la conformación de un propio campo de estudios, el de la ecología política del agua (EPA).
La EPA ha heredado el eclecticismo que caracteriza al campo general de la ecología política nutrido de disciplinas como geografía, sociología, antropología, historia, ecología, etc. Inicialmente se basó en una conjunción de la tesis lefebvriana, desarrollada en los trabajos de Neil Smith sobre la producción del espacio, de la naturaleza y de la escala, con los desarrollos de David Harvey sobre la urbanización del capital (Harvey, 1985). Pero la idea de circulación del agua fue luego robustecida empíricamente por Swyngedouw al incorporar la clave de la hibridación (Quasi-object/Cyborg) (Latour, 1991; Haraway, 1991) junto con el abordaje dialéctico-relacional (Harvey, 1996). Esta trayectoria fue la base también de la Ecología Política Urbana (Swyngedouw, 1996;Heynen et. al 2006).
En su conjunto la EPA busca dar cuenta de cómo agua y poder se encuentran relacionados. Numerosos estudios han contribuido a rastrear la genealogía de este original diálogo entre distintos marcos teóricos combinados. Estos fueron elaborados como ejercicios de síntesis (Swyngedouw, 2009; Budds, 2011; Linton, 2014; Karpouzoglou & Vij, 2017; Rogers & Crow-Miller, 2017;Larsimont & Martín, 2020) o para introducir la perspectiva en audiencias no europeas o no anglo-parlantes (Blanchon & Graefe, 2012; Larsimont & Grosso, 2014; Molle, 2012; Rodriguez Sanchez y Sandoval Moreno, 2017). Existe entonces clave de lectura hidropolítica que se ha presentado como una herramienta con valioso potencial heurístico para reconsiderar las relaciones de poder históricamente configuradas en torno al uso, control y apropiación del agua (Yacoub, Duarte & Boelens, 2017).
La literatura reciente que se inscribe dentro de la EPA fue adoptando así una serie de conceptos originales que buscan dar cuenta de las problemáticas y conflictos que atraviesan y están atravesados por el agua. Partiendo de una crítica al uso convencional del concepto de ciclo hidrológico, que entiende la circulación del agua como totalmente independiente de la acción social, la EPA puso de manifiesto que en realidad el agua circula dentro de un ciclo hidrosocial. Este último concepto, por un lado, enfatiza que los flujos de aguas son afectados y moldeados por las actividades humanas tanto en el subsuelo, en la superficie terrestre, como en la atmósfera. Por otro lado, también nos invita a interrogar por qué y con qué consecuencias dichos flujos de agua se encuentran materialmente unidos con flujos sociales, de capital y de poder, y a develar cuáles son los factores que los dirigen hacia determinados sectores, usos o usuarios al mismo tiempo que excluyen o invisibilizan otros (Swyngedouw, 2015).
La noción de ciclo hidrosocial dio lugar, a la vez, a otros conceptos relacionados, pero más anclados territorialmente, como paisaje hídrico (en inglés waterscape) y territorio hidrosocial. Por su parte, el paisaje hídrico sería el resultado histórico y social, en un espacio determinado, de la circulación hidrosocial. En el mismo sentido, el territorio hidrosocial es aquel territorio, producido por relaciones sociales, en nuestro caso de relaciones que están fuertemente mediadas por el control del agua. Muchas veces estos territorios pueden tomar la forma o coincidir parcialmente con una cuenca hidrográfica, pero en general los territorios hidrosociales las exceden o desbordan, articulándose con espacios sociales y económicos más o menos colindantes donde también se dirimen las disputas y conflictos por el poder hídrico (Damonte, 2015).
En las últimas dos décadas, la EPA ha experimentado una notable circulación y recepción en América Latina, particularmente en el contexto del boom de los commodities. Así los estudios que buscan comprender críticamente las relaciones entre agua y poder ganaron un nuevo impulso. Desde este lado del globo, las investigaciones renuevan y rearticulan las agendas con mayor tradición en torno del estudio de los conflictos ambientales y escalas (Merlinsky, 2014; 2016; Ávila García, 2016; Castro, 2016; Damonte y Linch, 2016; Urteaga Crovetto, 2011), la especificidad de los conflictos en los ámbitos urbanos y periurbanos (Merlinsky, 2017; Tobías, 2019), los análisis de las dimensiones discursivas y las controversias sociotécnicas y los lenguajes de valoración (Svampa y Antonelli, 2010, Montaña, 2008; Godfrid y Damonte, este dossier), las trayectorias del estado, las burocracias y el papel de las políticas en el manejo de cuencas (Prieto, 2015; Larsimont y Martín, 2016; Peña, 2011; Gutiérrez, 2018).
Los métodos empleados dentro de la EPA se inscriben consecuentemente en una gran variedad de tradiciones metodológicas y en la presentación de estudios de caso. Esta diversidad se aglutina en torno a la tesis que sostiene que las articulaciones agua-sociedad están mediadas por relaciones asimétricas de poder, lo que implica consecuentemente un acceso, distribución y/o control desigual (Larsimont y Martín, 2020).
El presente dossier recopila trabajos que profundizan y expanden los principales temas y enfoques caracterizan la producción de la EPA en América Latina. Concretamente distinguimos tres grandes ejes -que suponen divisiones analíticas, pero que en la realidad muchas veces se presentan de manera integrada- dentro de la agenda regional: i) los conflictos territoriales en torno al agua, ii) las formas de gobierno del agua y iii) los extractivismos y el despojo de recurso hídrico.
1. Los conflictos territoriales en torno al agua
Si bien los conflictos aparecen trasversalmente en la mayoría de los trabajos de la ecología política del agua, nos interesa aquí enfatizar en aquellas investigaciones que se centran en reconstruir y analizar las narrativas de los conflictos a partir de la escala local. Aquí se presta especial atención al modo en que se conforman las resistencias a proyectos urbanos y extractivos excluyentes, donde se disputa principalmente el uso y las valoraciones en relación al agua. Frecuentemente los conflictos se desencadenan por la contradicción entre el avance de la denominada frontera global del capital (por la deslocalización del centro a la periferia de empresas procesadoras de recursos agrícolas y recursos naturales) y la resistencia de la población local a esos impactos. Esto genera una oposición entre múltiples territorialidades donde se confrontan “representaciones dominantes del espacio”, como territorio a controlar y subordinar a la lógica mercantil y los “espacios de representación”, delineados por formas de conocimiento local informal, que han sido construidos y modificados en el transcurso del tiempo por los actores locales (Haesbaert, 2004; Porto Gonçalves, 2002).
Numerosas investigaciones en América Latina muestran que las restricciones en el acceso al agua están asociadas a diferencias de género, raciales, étnicas y/o de clase que implican que algunos usuarios del agua califiquen para serlo y otros queden excluidos del acceso o sufran una distribución marcadamente desigual. Es por eso que los conflictos por el agua también disputan por el contenido de las reglas, derechos y leyes que determinan su distribución y asignación (Boelens, Cremers y Zwarteveen, 2011). Esto incluye tanto las normas jurídicas formalmente instituidas como la construcción de derechos, en los que se ponen en juego pluralismos jurídicos y políticas contenciosas.
Al interior de este número, dos trabajos abordan el tema de los conflictos y retoman esta perspectiva. En primer lugar, el texto de Andrés Sierra Martínez “Territorio, conocimiento y legitimidades en disputa en los conflictos urbanos por agua: el caso de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán (AGPC)” que estudia los conflictos suscitados en torno a los “desperdicios” de agua de un proyecto inmobiliario en el sur de la ciudad de México. A través de un estudio de caso, analiza el modo en que las acciones y los reclamos realizados por la AGPC pusieron en juego cuestiones vinculadas a la accesibilidad, la calidad y el costo del agua, pero también a cuestiones más generales como el manejo y la política llevada adelante en la propia asamblea. El trabajo logra reconstruir el proceso de formación de identidades en torno a la AGPC y hace evidente el modo en que los reclamos por el agua ponen en cuestión miradas y expectativas sobre el propio uso del espacio y el territorio urbano.
En segundo lugar, el artículo de Sofía Astelarra “¿Por qué mueren los peces? Cronologías del fracaso del saneamiento del río Reconquista. Itinerarios políticos en la defensa del agua y el humedal deltaico” busca recrear o “cartografiar” las narrativas de resistencias por el cuidado y la defensa de los humedales en la cuenca baja del partido de Tigre. A lo largo del trabajo, se propone analizar cómo se ha conformado el discurso de “agua contaminada” en la memoria social. Astelarra da cuenta de la emergencia de narrativas locales sobre el agua que visibilizan efectos políticos y sociales derivados de decisiones técnicas tomadas por los científicos y los ingenieros hidráulicos. De este modo, el trabajo muestra cómo las obras hidráulicas que se proponían “resolver” los problemas hídricos del territorio, se volcaron a atender el problema de la inundación, generando efectos adversos en la calidad de las aguas en el Delta de Tigre. Estos efectos son problematizados por los vecinos del Delta, que cuestionan los impactos diferenciales y desiguales que existen al interior del ciclo hidro-social en relación a la distribución, el acceso y la calidad del agua.
2. Formas de gestión del agua y gobierno del agua
En tanto cuencas y territorios hidrosociales rebasan los límites administrativos de una sola jurisdicción, el gobierno del agua requiere de una coordinación de tipo horizontal entre instituciones y actores de igual nivel (entre municipios, entre provincias) y de diferente nivel (entre nación, provincias y municipios).
En este contexto, la “ambientalización” de la gestión del agua, que expone a la vez modelos cognitivos, marcos normativos y estructuras institucionales diferenciales, ha ganado interés académico y político. En este escenario, resulta relevante analizar el funcionamiento de las instituciones de cuenca en relación con el contexto jurídico-institucional más amplio, y con las estrategias de los diversos actores involucrados en la construcción de la agenda y en la toma de decisiones (políticos, funcionarios, técnicos, empresas, organizaciones sociales, poder judicial, medios de comunicación). Esta sería una condición previa para avanzar en la exploración de diseños más eficaces, que garanticen el pleno funcionamiento de las instituciones de cuenca, así como su capacidad para establecer prioridades, dar continuidad a los programas, y sostener un flujo de recursos financieros para solventarlos. Y es aquí donde la EPA aporta enfoques y herramientas para superar un “enfoque gestionario” que entiende que se trataría de encontrar soluciones técnicas a problemas políticos. A su vez, en esta misma línea, la ecología política permite visibilizar las relaciones de poder que subyacen en las decisiones que finalmente se toman al interior de los gobiernos del agua. De este modo, es posible problematizar y reflexionar sobre las nociones de escasez y abundancia, sus usos y efectos. Ambas condiciones pueden ser producidas a través del imperativo de la acumulación de capital y de las fuerzas del mercado, y de esta forma, incidir sobre los modelos de gestión del agua. Aquí es importante recuperar aquellas propuestas metodológicas que abrevan en la historia y hacen aportes significativos al arrojar luz sobre las continuidades y rupturas en el modo de concebir estos problemas, sus respuestas sociales, técnicas y financieras.
Solo por poner dos ejemplos. En Argentina, tal como ha sucedido en el caso paradigmático de Mendoza, las élites económicas han podido llevar adelante diferentes misiones hidráulicas en las que se fue consolidando una apropiación gubernamentalizada del agua y de la tierra. De esta manera, se produjo una estructuración social a través del gobierno del agua por parte de las clases dominantes locales (Martín, 2010; Martín y Larsimont, 2016). Por otra parte, en contextos urbanos y metropolitanos el uso del agua ha estado subordinado a la expansión del mercado inmobiliario, particularmente en áreas de humedales como es el caso de la cuenca del río Luján. Entonces, no se trata apenas de la cuestión del gobierno del agua en relación con los conflictos interjurisdiccionales y las demarcaciones institucionales. Es importante además prestar atención a esas relaciones complejas entre la apropiación gubernamentalizada del agua y sus respuestas sociales (ver Astelarra, este dossier). Complementariamente, el gobierno del agua se ha visto modificado en las últimas décadas en gran parte del país debido al proceso de re-provincialización y re-estatización de los servicios de agua potable y sanemiento. A partir del fracaso de los modelos privatizados del agua que tuvieron lugar en la década de los ‘90, el retorno activo del Estado en la prestación de los servicios supone nuevos interrogantes acerca de lo público, la democracia del agua y el derecho humano (Azpiazu y Castro, 2012; Tobías, 2014; 2015). De este modo, los aportes de la EPA permiten indagar sobre las prácticas de las “nuevas” empresas públicas, analizando los puntos de continuidad y ruptura respecto a la gestión privatizada. Esto permite sobrepasar la dicotomía “privado/público” para indagar en las concepciónes del servicio, la accesibilidad y la democratización en los procesos de decisión de la empresa.
En este marco Andrián Koberwein presenta una original contribución titulada “Conflictos por el agua en las sierras de Córdoba, Argentina. Cuestión de Estado y de Naturaleza”. Desde un enfoque antropológico propone retomar herramientas e ideas de la ecología política para analizar el conflicto en torno al caudal de un arroyo que atraviesa los municipios de La Cumbre y La Granja, en la región de Sierras Chicas, provincia de Córdoba. Para ello centra la atención en cómo a lo largo del tiempo el conflicto sobre el agua fue expresado en tres niveles diferenciados que el autor denomina expresivo (mito), técnico y político. Koberwein relata cómo el conflicto por el agua entrañaba una “necesidad socialmente percibida de ordenar el espacio-territorio ante un desorden por la falta de agua”. Así va hilvanando las relaciones entre agua y territorio que se establecen a través de las distintas medidas implementadas en los dos municipios a lo largo del tiempo, y cómo estas van expresando los cambios en los paradigmas que subyacen a la gestión hídrica del arroyo y, en tanto, de la cuenca que lo conforma.
Por su parte en el artículo titulado “Re-publicización de los servicios de agua y saneamiento en la provincia de Santa Fe, Argentina. Desafíos para una democratización integral” Damiano Tagliavini analiza lo que define como el “nuevo modelo público” de prestación de servicios de agua y saneamiento que tiene lugar en la provincia de Santa Fe a partir de la creación de la empresa provincial Aguas Santafesinas S.A. Desde un enfoque que articula aportes de la ecología política con corrientes teóricas centradas en los procesos de democratización y el rol del Estado, analiza la permanencia de inequidades en el acceso y control del agua y el saneamiento. En este sentido, ofrece pistas valiosas para pensar los desafíos que presenta el nuevo modelo público en términos de lograr una democratización integral de la misma. A lo largo del trabajo el autor muestra una “doble faceta de la democratización”, centrada en el componente material (acceso, calidad y equidad de servicio) y en el componente de la gobernabilidad (democratización de los ámbitos de toma de decisiones, control y regulación de los servicios). El autor concluye con que, aunque el retorno del Estado Provincial en la prestación de los servicios de agua y saneamiento en Santa Fe significó un claro avance respecto al modelo anterior, en particular en el sentido de ampliar los derechos ciudadanos, mejorar la equidad en su acceso y hacer más transparente la gestión, todavía quedan interrogantes planteados que dificultan una verdadera democratización integral del sector.
3. El despojo del agua en los procesos extractivos
El concepto de extractivismo ha concentrado buena parte de la potencia crítica en el debate público y académico sobre los fenómenos de reprimarización, desindustrialización y formación de economías de enclave dependientes de la globalización. Acosta define como tal a aquellas actividades que remueven grandes cantidades de recursos naturales -no sólo minerales o petróleo-, con bajo o nulo procesamiento y que tienen como destino principal la exportación (Acosta, 2013). América Latina es una de las regiones con la mayor disponibilidad de agua dulce y con algunas de las “reservas” de tierras, minerales y petróleo más importantes del mundo. Esta situación geopolítica ha sido la principal fuente de tensiones y conflictos que atravesaron a los territorios de la región en las décadas recientes (Ulloa y Romero Toledo, 2018). La expansión de megaproyectos agrícolas, mineros y petroleros -así como el desarrollo de las infraestructuras asociadas- activaron conflictos y disputas que pusieron al agua en el centro de la escena. Es que todas estas actividades extractivas dependen de la accesibilidad material y política para explotar intensivamente las fuentes de agua, lo que conlleva necesariamente el deterioro del recurso y de los ecosistemas, así como de las territorialidades tradicionalmente asociadas.
Dos trabajos del dossier ejemplifican esta línea de trabajo. El primero es el de Carlos Santos, titulado “La frontera hídrica del agronegocio en Uruguay: nuevas dinámicas de acumulación y despojo”. El trabajo se propone ahondar en el proceso de acumulación que busca dinamizar la expansión del agronegocio a partir de la financiarización del riego agrícola. Concretamente analiza el proceso de impugnación de las modificaciones a la Ley de Riego en el marco de los conflictos ambientales en Uruguay y, en particular, de aquellos desplegados durante los gobiernos progresistas en el país (desde 2005 al presente). Santos demuestra a lo largo del artículo, cómo el agua es el bien común que constituye “la nueva frontera extractiva en Uruguay”. En este sentido, los reclamos y la movilización para lograr un referéndum en rechazo a la Ley de Riego supusieron no sólo la discusión por el uso de agua, sino más bien sobre el modelo de desarrollo del país. El conflicto logró articular reclamos locales por el agua y su contaminación, con reclamos nacionales sobre el deterioro ambiental producto del agronegocio.
El segundo trabajo que abona a la agenda de la EPA y los extractivismos es el artículo de Julieta Godfrid y Gerardo Damonte “La Provincia de San Juan entre la promoción minera y la defensa del agua: ´narrativas territoriales´ en disputa”. Los autores analizan las distintas narrativas territoriales en relación a la expansión minera en la Provincia de San Juan. Identifican puntualmente dos: una sostenida por el Estado Provincial y la empresa Barrick Gold para legitimar la actividad extractiva en el territorio, y otra sostenida organizaciones de base y vecinos, que reclaman la defensa del agua y cuestionan visión de la minería como único destino.
La dimensión simbólica que interviene en la construcción y definición del territorio es el foco del trabajo. En este sentido, el análisis del caso da cuenta de la dinámica y tensionada construcción de narrativas territoriales que se van redefiniendo constantemente. Asimismo, los autores muestran cómo estas narrativas permiten reconstruir dos miradas distintas sobre el agua: una vinculada a la narrativa hegemónica, que entiende el agua como recurso económico; y otra vinculada a la defensa del agua, que reconoce “la conectividad sociopolítica que genera la materialidad hídrica”.
El cierre de este número de Quid 16 nos encuentra en situación de “aislamiento social preventivo obligatorio”, un acontecimiento que no podemos soslayar y que nos atraviesa de una forma excepcional. La epidemia COVID 19 afecta a la gran mayoría de los países del mundo, se ha vuelto global en un período muy corto período de tiempo y abre ante nosotros un escenario de gran incertidumbre planetaria. En pocos meses se ha modificado profundamente la relación entre lo local y lo global, así como la forma en que entendemos las fronteras y se han abierto debates muy importantes en torno nuestra comprensión de la relación con el ambiente.
Si bien una parte de la presión sobre los recursos se ha detenido -lo que ha permitido limpiar el aire en las ciudades o dar tregua a las especies en extinción- lo cierto es que muchas de las actividades extractivas que ponen en jaque la disponibilidad de agua, siguen expandiéndose. Y ello se debe a que, en el marco de una profunda reestructuración de la economía, los gobiernos han incluido a las industrias extractivas en el rubro de actividades esenciales.
Las consecuencias acumulativas de aquellos procesos que dieron lugar a este estado de cosas provienen de los espacios extractivistas por excelencia, es decir el agronegocio (un gran responsable de la pandemia por su papel en la cría de animales), el petróleo y la minería (responsables de buena parte de la pérdida de bosques nativos). Sin embargo, donde más pesa la propagación de la epidemia es en los barrios populares tanto en América Latina como en otras regiones del sur global. En estos lugares, con grandes problemas de accesibilidad al agua potable y altos niveles de hacinamiento, se pone en blanco sobre negro quiénes son titulares del derecho a la ciudad y, en última instancia, a la vida.
Si prestamos atención, si tomamos esta pandemia como un analizador social, será posible ver que antes como ahora, los flujos del agua son moldeados por una brecha metabólica entre la ecología y la economía, entre lo urbano, lo rural y lo “silvestre”. En ese sentido, los trabajos que se presentan en el Dossier #13 son un excelente material para ver qué hay debajo del pico del iceberg y también más allá. Es decir, para mantener una mirada de largo alcance y así dar mejor cuenta de lo que vendrá.
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