Introducción

Desde la geografía crítica diversos estudios concuerdan en la caracterización del territorio como constructo social (Harvey, 2000). A través de la articulación de una serie de procesos que incluyen desde la delimitación, la producción y la organización hasta la nominación, los actores sociales transforman el espacio geográfico en territorio (Mitchell, 1996). Bajo esta perspectiva, dado que todo territorio es el resultado de relaciones de poder, dominio, tensión y conflicto (Haesbaert, 2011), requiere de una “narrativa territorial” que lo sustente (Damonte, 2011).

En la Argentina, entre los abordajes sobre la problemática minera desde una perspectiva territorial, algunas investigaciones han ahondado en los procesos de reconfiguración a partir de la instalación de proyectos mineros (Godfrid, 2017; Machado Araóz, 2015; Valiente, 2011; Svampa, 2008) y otras se han focalizado en las disputas socioterritoriales que ha generado la minería (Abarzúa, 2017; Bottaro, 2012; Machado Aráoz, 2014). Sin embargo, una de las dimensiones aún poco exploradas es el proceso de construcción simbólica del territorio que se genera a partir del crecimiento minero. En este marco, el presente artículo se pregunta ¿cómo los Estados y las empresas legitiman el dominio minero del territorio? ¿Qué “narrativa territorial” generan estos actores y con cuáles otras se enfrentan?

El artículo explora las tensiones entre la “narrativa territorial” producida por el Estado de la Provincia de San Juan y la empresa Barrick Gold (Veladero) y aquella construida por el movimiento en defensa del agua en San Juan, en particular, a partir de sus expresiones en el Departamento de Jáchal. Para comprender estas tensiones, es preciso entender que la expansión minera es concomitante a la construcción de una nueva “narrativa territorial”, en la que se articula la acción del Estado y de las empresas para garantizar la extracción. Tal dinámica ha sido resistida a través de un proceso de “politización del agua” (Bottaro et al., 2014), el cual se sustenta en una “narrativa territorial” alternativa.

A continuación, luego de especificar la metodología y el marco teórico, analizamos, en primer lugar, cómo los Estados y las empresas elaboran una “narrativa territorial” para legitimar el control del territorio impuesto por la minería. En segundo lugar, indagamos el modo en que esta narrativa entra en tensión con la visión territorial de la población local. En particular, exploramos cómo, a través del surgimiento de un movimiento que tiene como narrativa principal la defensa del agua, se produce un conflicto entre narrativas antagónicas. Por último, presentamos una serie de reflexiones.

Metodología

Las preguntas de investigación son abordadas a partir de un análisis cualitativo del caso de la Provincia de San Juan y, en particular, de la localidad de Jáchal. Los motivos de la elección de este caso residen en que la expansión minera metalífera de los últimos quince años en la Provincia la ha convertido en la segunda zona de extracción de oro de la Argentina y en una de las principales exportadoras de metales (Ministerio de Hacienda, 2019). Por su parte, el Departamento de Jáchal, localidad con 21.730 habitantes, se ha dedicado tradicionalmente a la agricultura de pequeña escala. Debido a las características desérticas de la zona, la gestión hídrica siempre ha sido un tema central. Históricamente, Jáchal se abastecía de la cuenca homónima para consumo humano y riego, bajo la administración del Departamento de Hidráulica de la Provincia.

La cuenca Jáchal nace de deshielo de la Cordillera en la provincia de Catamarca y a través de su largo recorrido recibe el aporte de varios afluentes, entre ellos los del último tramo, que antes de adquirir el nombre Jáchal se denominan Río La Palca y Río Blanco[1]. Unos 50 km aguas arriba, se localiza la mina Veladero, donde se encuentran, entre otros, el Río Las Taguas y el Río Potrerillos. Veladero es una mina de oro y plata de la trasnacional Barrick Gold[2] que comenzó a operar en el 2005. Según la división política-administrativa de la Provincia de San Juan, la mina se ubica en el Departamento de Iglesia. A causa de las condiciones geográficas del territorio, la población de esta localidad, de alrededor de 9.000 habitantes, no se abastece del Río Jáchal sino de una serie de pequeños arroyos y vertientes cercanas a cada uno de los trece parajes dispersos a lo largo del territorio[3].

El trabajo que aquí presentamos se nutre de la realización de tres “salidas a terreno” a la Provincia de San Juan y al Departamento de Jáchal, efectuadas en septiembre de 2016, septiembre de 2018 y noviembre/diciembre de 2018. Durante estos viajes realizamos observaciones etnográficas y entrevistas a funcionarios, representantes corporativos, trabajadores estatales, miembros del movimiento en defensa del agua, representantes de ONG, abogados y profesionales de institutos provinciales que han resultado clave para comprender la disputa entre las narrativas existentes.

Para dar cuenta de la “narrativa territorial” producida por el Estado, hemos relevado publicidades; textos oficiales como legislación minera de la República Argentina y de la Provincia de San Juan y comunicados de prensa del Ministerio de Minería de San Juan. En cuanto al análisis de la empresa, hemos analizado las publicaciones corporativas de responsabilidad social empresaria de Barrick Gold. En particular, hemos seleccionado su publicación Somos Barrick por ser aquella que ha tenido mayor periodicidad a lo largo de los años. Para este artículo el corpus de revistas está conformado por catorce números.

La “narrativa territorial” del movimiento en defensa del agua fue reconstruida a partir del análisis de una serie de declaraciones, fotografías, comunicados y entrevistas. En esta ocasión el corpus está constituido por veinte entrevistas, de las cuales a lo largo del artículo aparecen algunos fragmentos. Los nombres de las personas consultadas han sido anonimizados para preservar su identidad, por lo cual las entrevistas son referenciadas numéricamente.

Hemos abordado el material (revistas, legislación, entrevistas, leyes, etc.) a partir del “análisis del discurso”, siguiendo lo que se conoce como la corriente francesa (Montero, 2013) y los aportes del formalismo ruso. Esto implica entender que todo discurso conlleva en sí mismo la relación frente a otras discursividades (Bajtín, 2011). Desde esta perspectiva, el enunciado posee un carácter de “respuesta” en el que se pueden encontrar “ecos” y “reflejos” de otros discursos con los cuales se vincula. Toda “formulación discursiva” se produce en determinado contexto y evoca, a su vez, discursos pretéritos, lo que Courtine (1981) denomina “memoria discursiva”. La relación que determinada “formulación discursiva” mantiene frente a otras puede ser variada ‒de antagonismo, de alianza, de apoyo‒ (Courtine, 1981).

Aquí nos interesa, en particular, la relación de antagonismo entre la “narrativa territorial” minera, construida por el Estado y la corporación, y aquella producida por el movimiento en defensa del agua, constituida por los pobladores locales, ONG, asambleas socioambientales y fundaciones. Bajo esta perspectiva exploramos las tensiones entre ambas narrativas territoriales e indagamos los efectos que la dimensión simbólica tiene para la construcción del territorio.

La dimensión simbólica del territorio

La noción de “territorio” refiere a un espacio socio-geográfico que es construido históricamente (Haesbaert, 2011). De este modo, el “territorio” y el “espacio social” están estrechamente relacionados. Lefebvre (1991) sostiene que el “espacio social” lo producen los actores y que puede ser entendido a través de una tríada: el espacio percibido-el espacio concebido-el espacio vivido. Mientras que el primero es sensorial y material, y el segundo es el dominante de las representaciones “científica”, técnica y abstracta (creada por el conocimiento en una mezcla de percepción e ideología), el tercero es el espacio vivido, “impregnado de elementos imaginarios y simbólicos” (1991: 41-42). Estas tres dimensiones son prácticamente producidas en el contexto de determinadas relaciones de producción y de poder, por lo cual el espacio social es el resultado dinámico de la práctica, que “ocurre” y se “inscribe” en un espacio tangible.

El proceso mediante el cual los diferentes actores imponen un determinado tipo de prácticas, visiones, imaginarios, relaciones de producción y de poder sobre el espacio es conceptualizado como “territorialización” (Mançano Fernandes, 2005). Este control sobre el territorio se produce a través de prácticas materiales y simbólicas. En este artículo nos limitamos a analizar las prácticas de apropiación simbólica del espacio mediante la noción de “narrativas territoriales” (Damonte, 2011).

Siguiendo a Damonte (2011) las “narrativas territoriales” se definen como descripciones intersubjetivas a través de las cuales los actores sociales asignan sentido a un espacio. Es decir, son argumentaciones que articulan una trama de significados y memorias colectivas. Es posible dar cuenta de ellas a través de los discursos (orales y escritos) y de las prácticas (rituales o conmemoraciones).

Las narrativas se inscriben en un determinado espacio socio-geográfico y en su proceso de argumentación lo transforman simbólicamente en territorio. Por lo tanto, son la base de sustentación del territorio (Damonte, 2011). En otras palabras, las “narrativas territoriales” constituyen la forma de legitimar una determinada apropiación material del espacio. Sin embargo, es importante aclarar que éstas no son como tales territorios, y que incluso en un mismo espacio social pueden coexistir o entrar en disputa diferentes “narrativas territoriales”. Estas disputas reflejan conflictos por imponer una determinada forma de dominio territorial.

Damonte (2011) plantea que las “narrativas territoriales” presentan cinco características. En primer lugar, son colectivas, es decir, interpretaciones, visiones y descripciones del mundo que se construyen intersubjetivamente. En segundo lugar, son complejas dado que se componen de la articulación de diversas narrativas que en su interior articulan distintos temas (lo económico, lo religioso, lo sagrado, etc.). Estas diferentes narrativas más específicas se enlazan constituyendo una “narrativa territorial”. En tercer lugar, son históricas en tanto se conforman por experiencias previas sedimentadas (historias, memorias, relatos, etc.). En cuarto lugar, son contextualizadas ya que surgen y se actualizan en un determinado tiempo y espacio. En quinto lugar, se definen más bien por un sentimiento de adscripción que por uno de dominio sobre el territorio. Una sexta característica que aquí agregamos es el carácter dialógico de las “narrativas territoriales”, lo cual implica que tienen relación frente a otras, ya sea por confrontación, antagonismo o adhesión. Este carácter dialógico de las “narrativas territoriales” habilita a pensar el modo en que las diferentes maneras de aprehender simbólicamente un territorio entran en conflicto.

La narrativa territorial minera

Para la actividad extractiva el dominio sobre el territorio es clave dado que sus operaciones involucran un cronograma planificado de tareas que, de no cumplirse por motivos tales como manifestaciones, cortes de ruta o bloqueos, pueden aumentar significativamente sus costos y, poner en riesgo su perdurabilidad (Davis y Franks, 2014). Silveira (2007) explica que cada rama de actividad produce un dominio territorial sobre un conjunto de puntos que requiere para operar, al cual denomina “topología corporativa”.

En el caso de la minera, esta topología, se compone por aquellas áreas relacionadas de un modo directo o indirecto al proceso de extracción, circulación de mercancías para abastecimiento minero, procesamiento, distribución o comercialización. Éstas suelen hallarse geográficamente espaciadas y dispersas, pero comparten una característica fundamental: pueden verse afectadas por la actividad y a su vez afectar sus operaciones (Godfrid, 2018). Por lo cual, para garantizar un dominio territorial minero, el Estado y las corporaciones, necesitan legitimar social y culturalmente la actividad. En nuestro caso sostenemos que la estrategia del Estado y la empresa se centra en reconfigurar simbólicamente los espacios preexistentes – pueblos y localidades- mediante la noción de “área de influencia”. Éstas se construyen a partir de la coproducción por parte del Estado y de la empresa de una narrativa territorial minera que se propone reconfigurar los imaginarios del pasado y del futuro mediante la actividad extractiva.

En cuanto a la acción del Estado, múltiples investigaciones han analizado el modo en que el marco regulatorio instituido en la Argentina a partir de 1993 reconfiguró el escenario minero (Mori Koenig y Bianco, 2003). En el proceso de atracción de inversiones extranjeras hacia la minería fueron claves una serie de leyes, entre ellas, la Ley de Inversiones Mineras 24.196, el nuevo Código Minero Ley 1919, el Tratado de Integración y Complementación Minera entre la Argentina y Chile Ley 25.243 (Álvarez Huwiler, 2014). La llegada a la Argentina de corporaciones trasnacionales tales como Glencore, Anglogold Ashanti[4] o Barrick Gold trastocó la estructura minera en el país. Hasta la década de 1990 el 60 % del valor de la producción de los minerales en la Argentina correspondía a rocas de aplicación[5], mientras que en la actualidad más del 80 % está representado por la minería metalífera (Ministerio de Hacienda, 2019). Reforzando la legislación en esta materia, en el 2004 el “plan minero nacional” declaró a la minería como política de Estado, lo cual implicó renovar su compromiso con el sector en un contexto de crecientes cuestionamientos socioambientales (Álvarez y Composto, 2013).

En San Juan, desde el 2003, los sucesivos gobiernos han promovido la minería como su pilar fundamental de desarrollo (Bottaro y Sola Álvarez, 2014). En este marco, en la Provincia se instalaron las minas metalíferas Veladero, Gualcamayo y Casposo[6]. Así, San Juan se transformó en una de las provincias con mayor volumen de extracción anual de oro, el cual se destina al mercado internacional y representa casi el 70 % de las exportaciones provinciales (Ministerio de Hacienda, 2019).

Además de los incentivos económicos al sector, el gobierno de San Juan construyo una narrativa territorial para legitimar la actividad y configurar un imaginario minero (Arias Toledo y Orellana, 2015). Ejemplo de ello son sus publicidades en distintos medios provinciales en las que se enfatiza el eslogan “San Juan. Provincia Minera”, como puede verse a continuación.

Imagen 1
Anuncio publicitario del Gobierno de San Juan 2013 y 2015
Fuente: Panorama Minero

La promoción minera se renueva con las diferentes gestiones. A partir del 2018 se crearon nuevos incentivos como el “Régimen de Promoción y Fomento de Actividad Minera” Ley provincial 1723. El gobernador de la Provincia declaró su aspiración de convertir a San Juan “en una jurisdicción minera líder a nivel mundial” (Servicio informativo de San Juan, 2018). Otras medidas se han orientado a captar y redistribuir renta minera, como ha sido la creación de los fideicomisos y el “Fondo Minero para el Desarrollo de las Comunidades” Ley provincial 1469.

Los fideicomisos surgen de una serie de acuerdos voluntarios firmados entre el gobierno de la Provincia de San Juan y las empresas mineras. En tales acuerdos, éstas se comprometen a realizar aportes económicos luego administrados por el gobierno provincial y destinados generalmente a obras de infraestructura. Por ejemplo, el “Fondo Fiduciario de Infraestructura Rajo Argenta”, correspondiente a Veladero, establece que se debe “… contribuir de manera mensurable al desarrollo sustentable de las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto…” (Ley provincial de San Juan 1113). Aquí se aprecia que tanto el discurso como la política estatal construyen estas zonas como “áreas de influencia” minera.

A través del segundo instrumento mencionado, el Fondo para las Comunidades, el Ministro de Minería recorre las localidades nominalizadas como “área de influencia” entregando programas o subsidios a diferentes sectores. Éstos son anunciados en el portal web del gobierno de San Juan, donde el título señala: “Hensel entregó $ 7 millones a jachalleros que quieren seguir creciendo”. En el cuerpo del artículo se lee que “El ministro de Minería, Alberto Hensel, encabezó la entrega de subsidios a escuelas, clubes deportivos, capillas y emprendedores” (Servicio informático del gobierno de San Juan, 16/5/2019). La nota cierra con el siguiente párrafo: “Jáchal, en la toponimia huarpe significa ‘tierra de metal’. Forjados a la lumbre de las tradiciones, pujantes, los jachalleros demuestran día a día, con fuerza, sus ganas de prosperar de la mano de la minería sustentable de San Juan”.

Pickenhayn (1981) explica que la interpretación de Jáchal como “distrito de metal”[7] es una de las más controvertidas en relación con las otras existentes: “río de las arboledas” o “piedras acarreadas”. En este sentido, entendemos que en el marco de la nota la elección de esta única acepción tiene el objetivo de construir un pasado del Departamento como “naturalmente” minero.

Por su parte, Barrick Gold también nominaliza a Jáchal como su “área de influencia”. El argumento que brinda la empresa, es que esta localidad se vincula a la mina por el “uso de las aguas del Río Blanco”[8] (Minera Argentina Gold S.A., 2002: 24). La justificación discursiva es que la vinculación se explica por razones ambientales, sin embargo, sostenemos que la relación de “influencia” entre la corporación y la localidad está dada fundamentalmente por una dimensión política[9].

Una de las formas en la cual puede observarse más claramente el despliegue de una narrativa territorial minera es en los discursos que promocionan los programas de responsabilidad social empresarial (RSE). Las iniciativas de RSE se desarrollan mediante una heterogeneidad de prácticas y discursos que tienen como público principal a las poblaciones locales o “comunidades”[10], caracterizadas de este modo por las publicaciones corporativas. Siguiendo la misma lógica que la noción de “área de influencia”, la literatura acrítica de RSE identifica y cataloga a la población local como sus “grupos de interés” (Freeman, 1984). Entre la pluralidad de folletería institucional que Barrick Gold ha producido, aquí analizamos su revista Somos Barrick (en adelante, SB).

La narrativa corporativa denomina a estos territorios “sitios remotos” a los cuales hay que “beneficiar” a través de la generación de empleo y programas de asistencia que se enmarcan en sus iniciativas de RSE. Tales nociones se encuentran por ejemplo en SB (Nos. 37, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50). La “lejanía” se plantea asociada a una noción de “atraso”, en contraposición a la idea de que la “minería es desarrollo” (SB, Nº 48: 2). Así, la intervención de la empresa en estas “comunidades cercanas” a la mina (SB, Nos. 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50) se presenta como el motor de cambio: “… impulsamos un Jáchal capaz de transformarse y cambiar su matriz económica” (SB, Nº 50: 16).

La aparición de la minería construye la ficción del nuevo tiempo minero: “Veladero, el proyecto que abrió un nuevo rumbo para San Juan” (SB, Nº 47: 2). A través de las sucesivas ediciones se interpela constantemente a “forjar” un “mejor futuro” de la mano de la “minería moderna” (SB, Nº 35: 3). Las palabras del Gerente de Veladero invitan a los lectores a reconocerse como “testigos y actores de una época histórica” y sentirse “verdaderos agentes de cambio” de un “momento especial” (SB, Nº 35: 3). A través de un procedimiento de exclusión, se omiten las referencias a qué es lo que debería dejarse en el pasado con la llegada de la minería; en el caso de Jáchal, esto podría vincularse a su tradición agrícola.

A su vez, hay una interpelación a reconfigurar el mito de origen valiéndose de la imagen de los “próceres”:

… nuestra mina Veladero que comenzó muchos años antes, cuando un grupo de exploradores o soñadores recorría la cordillera en busca del preciado mineral. Estos exploradores, a su vez, continuaban el sueño de nuestro prócer Domingo Faustino Sarmiento. Con una extraordinaria visión de futuro, allá por el 1860, Sarmiento comprendió que el desarrollo de las provincias cordilleranas debía apoyarse en la industria minera como fuente de recursos económicos capaz de aportar riquezas y bienestar a las poblaciones alejadas de la pampa húmeda argentina (SB, nº 39, 2010: 4).

En este fragmento aparecen las figuras de los “exploradores”, los “soñadores” y la de Sarmiento en particular[11]. Esta misma idea, del “desierto” para ser explorado, se replica de manera directa en otros números: “Los buscadores de tesoros del Siglo XXI” (SB, Nº 7: 43). Así se busca actualizar el imaginario de la conquista, al tiempo que se construye enunciativamente el territorio como “desierto”. Por su parte, el imaginario del futuro procura construirse en el suplemento “minimineros”, por lo general contratapa de Somos Barrick. Allí se les propone a los niños diferentes juegos como armar o colorear figuras con la imagen de camiones mineros (SB, Nos. 46, 58 y 59; N º 35: 22 y 23). Bajo esta narrativa, el pasado es el del desierto, mientras que el presente corresponde a la nueva era minera y el futuro al “desarrollo”.

En la narrativa territorial minera el agua juega un rol clave dentro del proceso de definición del “área de influencia”. En tanto es la utilización de la cuenca una de las dimensiones que articula la topología minera. Sin embargo, en esta narrativa el agua sólo tiene valor como un insumo para el proceso extractivo. Al valorizar este elemento exclusivamente como un recurso económico esta visión disocia las dimensiones materiales de aquellas políticas y sociales. Es decir, se niega lo que Orlove y Caton (2010) denominan la “conectividad” social producida por el fluir del agua.

En el caso analizado, observamos que la noción de “área de influencia” funciona como un gran paraguas de sentido bajo el cual el territorio es construido simbólicamente como un sitio “lejano”, “atrasado”, “remoto”, “desértico” al cual hay que “beneficiar” y “desarrolla” a partir de la minería. Así entendemos que la noción de “áreas de influencia” es una narrativa territorial hegemónica que desde el poder estatal y corporativo busca cristalizar una visión y definición territorial funcional a lógica de acumulación minera.

Sin embargo, esta narrativa territorial minera, y sus efectos en el espacio, es contrapuesta por actores sociales diversos. Ellos tejen discursos propios que, articulados con la movilización y las protestas, buscan hacer valer sus propias formas de habitar el territorio y de concebirlo. En nuestro caso de estudio, estas disputas entre narrativas territoriales, que reflejan a su vez una disputa por el control del territorio, se han concentrado en luchas por el control del agua. Es el recurso hídrico el que define la constitución de las “áreas de influencia”, mientras es su defensa por parte de la población local la que ha activado la circulación de narrativas territorialidades alternativas.

La emergencia de una narrativa territorial en defensa del agua

Desde el 2004 en adelante se ha dado en el Departamento de Jáchal un proceso de politización a partir del cual se ha conformado un movimiento social en defensa del agua que problematiza y tensiona la narrativa territorial minera. Siguiendo a Bottaro et al. (2014), entendemos que la politización del agua refiere a un proceso en el cual se genera un interés público sobre la temática, se producen nuevos procesos sociales de definición (relativos por ejemplo al uso y gestión del agua), se problematizan las relaciones de poder que median esos usos y, sobre esta base, surgen situaciones que requieren de un algún tipo de acción para resolver la problemática.

A pesar de ser una zona árida, históricamente el pueblo de Jáchal se dedicó a la agricultura debido al temprano desarrollo de una infraestructura hídrica de riego, que dependió del trabajo de los regantes y su organización a nivel local (Departamento de Hidráulica, 2003). En este sentido, la cuestión hídrica ha sido tradicionalmente un tema de relevancia.

Entre 1850 y 1900 fue el momento más floreciente de la economía agrícola-ganadera. En Jáchal se engordaba ganado, proveniente de La Rioja, Córdoba y San Luis, y se exportaba en pie a Chile. Los principales cultivos eran la alfalfa para el engorde y el trigo. Este último se molía en el Departamento a través de un complejo de molinos harineros hidráulicos.

Hacia la década de 1930, aquella economía había entrado en crisis. La llegada del ferrocarril en 1931, y en particular la de la harina proveniente de la zona pampeana, terminaría por cerrar aquella etapa (Casas, 2015). Aunque los molinos trigueros dejaron de funcionar un poco antes de la década de 1950, éstos aún son una referencia permanente entre los jachalleros. Los diferentes entrevistados ‒maestros, productores, artesanos‒ mencionan de manera recurrente la historia de los molinos y el trigo jachallero como una parte constitutiva de su identidad. Entendemos que esta narrativa territorial agraria es una forma de confrontar el origen minero que le impone la narrativa territorial minera. En algunos entrevistados, el antagonismo entre estos dos orígenes (el rural y el minero) se hace explícito:

Nosotros teníamos molinos antes. Y ahí están los molinos. No sé si le han dicho que hay molinos. Esos molinos trabajaban. Nosotros hacíamos el trigo. Hoy en la actualidad no tenemos ni una planta de trigo. ¿Por qué? Porque vinieron las mineras diciendo que no hubiera otra cosa (Entrevista Nº 1, Jáchal, septiembre de 2018).

Para muchos pobladores hay una relación directa entre el proceso de desarticulación de las actividades económicas preexistentes y la instalación de la actividad minera en la zona.

Entonces nuestros funcionarios, que nos tendrían que proteger, juegan en favor de estas multinacionales dueñas, parece, de nuestro territorio porque justamente ese empoderamiento, apoderamiento que tienen de nuestras tierras para explotar, para realizar este tipo de trabajos, son de otros países, ¿no? Y hoy por hoy, hablaron en sus inicios de mucho trabajo, de mucho crecimiento económico, de mejoramientos socio-económicos para los pueblos. Nada de eso hay. Nosotros históricamente somos un pueblo agrícola-ganadero que en estos últimos años vive de algo del turismo y eso trae aparejadas otras cosas, las comidas típicas, las artesanías; de eso vivimos nosotros toda la vida (Entrevista Nº 2, Jáchal, septiembre de 2018).

En la memoria de los jachalleros persiste la tradición de un pueblo agrícola-ganadero, ligada a los molinos de agua. Este imaginario se esgrime como defensa ante la imposición de la lógica territorial minera promovida por parte de la empresa y del Estado. La caracterización del pueblo de Jáchal como “área de influencia” es experimentada por sus pobladores como una forma de “apoderamiento” del territorio. Estos dos elementos, la producción agraria y la larga historia de gestión hídrica, tan constitutivos de la identidad jachallera, también han sido claves para motorizar el surgimiento del movimiento en defensa del agua. En el proceso de conformación de este movimiento, distinguimos cuatro momentos a través de los cuales se va articulando una narrativa centrada en la defensa del agua: I) la conformación del movimiento, II) la federalización del conflicto, III) la legitimación de los reclamos a partir de los accidentes ambientales y IV) la ampliación de las demandas: la defensa del acuífero “Huachi”.

I. La conformación del movimiento en defensa del agua (2004 -2010)

Hacia el 2004, movilizadas en un principio por la necesidad de obtener información, un grupo de mujeres se organizaron bajo el nombre “Madres Jachalleras autoconvocadas”. Una de sus estrategias fue construir redes con otras organizaciones ambientales. Así, en octubre del 2004, las jachalleras acompañadas por el Movimiento Antinuclear de Chubut, la Red de Acción Ecologista, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel y la Multisectorial de San Juan, realizaron en Jáchal el Congreso en Defensa de los Recursos Naturales. Las conclusiones del congreso postulaban lo siguiente:

No queremos la minería a cielo abierto con uso de Cianuro y otras sustancias tóxicas y le decimos NO. Porque estamos convencidos de que la explotación en Veladero y prontamente en Pascua-Lama representa un peligro concreto, real y presente para nuestra salud y la de nuestros descendientes (Conclusiones del I Congreso en Defensa de los Recursos Naturales, 10/10/2004, Jáchal).

El Congreso les permitió a los jachalleros acceder a información sobre la problemática minera y sus potenciales impactos, en tanto allí estuvieron referentes como Javier Rodríguez Pardo[12] o Lino Pizzolón[13], quienes habían tenido una participación clave en el rechazo a la minería en Esquel[14]. A su vez, la organización de Madres pudo fortalecer sus redes con otras organizaciones sociales.

Unos días después del encuentro en Jáchal, más de 500 personas realizaron una manifestación en la capital de San Juan en la cual llevaron un petitorio a las autoridades que bregaba por el cierre de Veladero. El gobernador de la Provincia, José Luis Gioja, envió una carta a los domicilios particulares de cada uno de los firmantes en la que señalaba que Veladero no iba a afectar la cantidad o la calidad del agua del Río Jáchal y que “no había peor contaminación que la miseria”. De esta manera, las autoridades públicas realizaban una doble operación: por un lado, desacreditaban los comentarios críticos de la minería y, por el otro, asociaban las críticas a una perspectiva antidesarrollista.

Tal como ha sistematizado Merlinsky (2018), uno de los factores detonantes en el surgimiento de movimientos por justicia ambiental es el hecho de que las agencias estatales niegan el problema y restringen el acceso a la información, lo que motoriza en muchos casos la necesidad de buscar y producir información por otras vías. En el caso de Jáchal, para muchos de los firmantes del petitorio, la respuesta estatal fue intimidatoria e inhibió su participación[15]. Para otros, la carta despertó aún mayor desconfianza en el gobierno, tal como explica un miembro del movimiento:

Y, bueno, eso que hizo que muchos jachalleros empleados públicos, con diversos intereses puestos en juego, al tener una carta del gobernador en esos términos, los intimidó. Bueno, a mí me generó más desconfianza. ¿Por qué no quiere que nosotros cuestionemos o que generemos algo al respecto? Es más, en esa carta él nos invitaba a participar y qué sé yo. Pero nunca se generó ningún ámbito para participar (Entrevista Nº 3, Jáchal, septiembre de 2016).

Además del Departamento de Jáchal, pobladores de localidades vecinas también comenzaron a cuestionarse la presencia de la minería metálica, principalmente preocupados por la cuestión del agua, como fue el caso del Departamento de Calingasta. En el 2005 y en el 2006 el Concejo Deliberante de Calingasta se propuso realizar un plebiscito para consultar sobre la exploración y explotación minera en la zona. Sin embargo, en ambas oportunidades el Tribunal electoral de la provincia de San Juan lo impidió ya que consideró que una consulta sobre esta materia no era competencia de los departamentos. La intervención del Tribunal electoral fue un mensaje no sólo para el departamento de Calingasta sino también para los otros: la posibilidad de decidir sobre el territorio a través de plebiscititos populares quedaba clausurada.

En el 2005, cuando comenzó la explotación de Veladero, la Fundación de Ciudadanos Independientes de San Juan (FUCI)[16] envió un nuevo petitorio al gobernador de la provincia: “… no queremos más secretos. Queremos leyes más justas. Queremos nuestro oro. Queremos nuestra tierra, nuestra agua” (22/9/2005). Aquí se sintetizan algunas de las demandas y preocupaciones que irían conformando el movimiento en defensa del agua: la preocupación por una potencial contaminación, una exigencia por respetar la soberanía de esos territorios y también una demanda por mejorar el acceso a la información. Esta solicitud atraviesa la historia del conflicto en torno a la minería en San Juan.

Al poco tiempo de estar funcionando Veladero, la empresa Barrick Gold comenzó a promocionar Pascua Lama, un proyecto binacional (entre Chile y la Argentina), y a tramitar los permisos correspondientes de utilización de agua. Frente a estas solicitudes, durante el 2006 y el 2007 se realizaron múltiples movilizaciones en la vía pública, que incluyeron cortes de ruta en distintos puntos de San Juan, así como jornadas y encuentros entre asambleas cordilleranas. Ejemplo de ello fue la manifestación realizada en el 256 aniversario de la fundación de San José de Jáchal (25 de junio del 2007) cuando un grupo de vecinos fueron detenidos por la policía provincial por levantar carteles que señalaban “San Juan puede vivir sin oro, pero no sin agua”.

Si bien la organización Madres Jachalleras acabó por disolverse, otros continuaron con los reclamos. En el 2007 se conformó la Asamblea del Agua, un grupo de vecinos que se reunían periódicamente en la Biblioteca pública Domingo Faustino Sarmiento de Jáchal. Ese año conocieron a la abogada Silvia Villalonga, de la Fundación Ciudadanos Independientes, quien los asesoró sobre cómo presentar un recurso administrativo de oposición a la concesión de agua para el proyecto Pascua Lama frente al organismo denominado Departamento de Hidráulica[17]. Al respecto, uno de los miembros de la Asamblea explicó: “… de las personas que tuvimos en distintos momentos preocupación por este tema de la megaminería en las nacientes de nuestro río, siempre tuvimos resquemores por la calidad, pero en ese momento era la calidad y la cantidad” (Entrevista Nº 4, Jáchal, septiembre de 2018). El pedido de oposición fue rechazado por el Departamento de Hidráulica y la empresa Barrick Gold terminó por asegurarse la concesión de agua para Pascua Lama. Nuevamente los pobladores se veían impedidos de poder decidir sobre el uso del territorio y la gestión de sus recursos.

En el 2009 un prestador turístico de San Juan, Ricardo Vargas, promovió una demanda por daño ambiental colectivo, contra la empresa Barrick Gold por su proyecto Pascua Lama y contra la Provincia de San Juan (S.C. V. l75, L.XLIII). Otra de las acciones institucionales emprendidas por vecinos de Jáchal fueron las solicitudes de información pública a diferentes organismos del Estado.

Nosotros hicimos el pedido de informes a distintos organismos, siete organismos. Uno nacional y todos los demás provinciales. De tres organismos, la Secretaría de Ambiente, el Departamento de Hidráulica o de Obras Sanitarias Sociedad del Estado, nunca obtuvimos ninguna respuesta de nada, durante tres años. Yo era el encargado de ir a hacer el seguimiento, los pedidos de informes. Hacían amansadoras de tres o cuatro horas, te decían “no, mire, no lo va a poder atender hoy día, ¿puede venir mañana?” “No, yo vivo a 160 km, no puedo venir mañana”. En San Juan capital todo. “Volveré la semana que viene o dentro de dos semanas” y, bueno, de esa forma a los tres años nos cansamos, de esos organismos no obtuvimos nada (Entrevista Nº 3, Jáchal, septiembre de 2016).

Tal como nos manifiesta este miembro del movimiento, la respuesta del Estado fue evasiva a entregar información. Más aún, se evidencia un destrato por parte de los funcionarios públicos expresado mediante el control del tiempo, el “tiempo de la espera” (Auyero y Swistun, 2007), durante el cual los funcionarios evaden responder. La dilación en las contestaciones implica una “prohibición del derecho” a la información[18] a través del ejercicio de una “violencia simbólica” (Bourdieu, 1997).

En este escenario de crecientes cuestionamientos sobre la minería y la potencial afectación del agua, el Gobierno de San Juan decidió cambiar la fuente de provisión de agua potable de la población de Jáchal. La fuente había sido tradicionalmente el Río Jáchal, ahora cuestionado por la instalación de Veladero sobre la naciente de la cuenca a unos 4500 msnm, zona que los jachalleros consideran como su “tanque de agua” (Entrevista Nº 5, Jáchal, noviembre de 2018). En el 2009 la mayor parte de la población pasó a abastecerse de un acuífero en la zona Pampa de Chañar, conocido como “Huerta de Huachi”, ubicado a unos 30 km de la cabecera municipal.

La obra se realizó con fondos de fideicomisos mineros pertenecientes a las minas Gualcamayo y Pascua-Lama, ya que ambos proyectos tienen definido a Jáchal como una de sus “áreas de influencia”. Por su parte, las autoridades de San Juan y algunos medios gráficos locales atribuyeron la necesidad del cambio en la fuente de provisión de agua al hecho de que el Río Jáchal tiene “originalmente excesivo contenido de boro y arsénico” (Diario de Cuyo, 20/10/2009). Así, la narrativa territorial minera ha negado sistemáticamente la problemática ambiental y ha utilizado como estrategia la apelación al carácter histórico del problema del agua en Jáchal.

Desde los inicios del movimiento, se puede observar que los pobladores optaron por llevar adelante un repertorio diverso de acciones colectivas, que incluyó tanto medidas de protesta como otras de tipo institucional (pedidos de informe, presentaciones judiciales, amparos, etc.). Los “repertorios de confrontación”, tal como define Tilly (2002), son esquemas de interacciones que se comparten y aprenden culturalmente. Para expresarse, los vecinos de Jáchal y de San Juan se valieron de un acervo de acciones ya ensayadas a lo largo de la historia argentina. Entre ellas, el “corte de ruta” y los “cacerolazos” este tipo de manifestación, utilizada con frecuencia en las protestas sociales acontecidas en el 2001 para rechazar el sistema político, tuvo una importancia clave en Jáchal. A fines del 2001, los pobladores de Jáchal exigieron la renuncia de los concejales y del intendente que pertenecía al partido “Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación”, Abdón Táñez. Éste renunció luego de 58 días de movilizaciones sociales. A raíz de estos hechos, en el 2002 los vecinos construyeron un sólido recordatorio: el monumento a la cacerola, instalado en la plaza central del Departamento, frente a la sede municipal. Su leyenda señala: “Funcionario, la cacerola vigila…”. Sin dudas, esta experiencia de movilización popular es parte del acervo cultural del pueblo jachallero.

Durante esta primera etapa de conformación, la gran mayoría de las acciones se realizaron en el Departamento de Jáchal y en la capital provincial. Aquellos años fueron claves en términos de aprendizajes para la población. Por un lado, les permitieron a los vecinos comprender que, para persistir con sus demandas, era necesario articularlas con otros actores como ONG, asambleas, fundaciones y organizaciones sociales. Por otro lado, las respuestas del Estado provincial, como fue la prohibición de realizar plebiscitos sobre la temática minera, el rechazo permanente a los amparos o la negativa a otorgar información pública, les demostró que el gobierno provincial no sería un interlocutor válido para sus reclamos.

II. La federalización del conflicto: la causa de los glaciares (2010 -2015)

El segundo momento está marcado por el proceso de deliberación en torno a la Ley “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”. Esta Ley contemplaba dos medidas para proteger los recursos hídricos brindados por los glaciares y su ambiente: la realización de un Inventario Nacional de Glaciares (ING) y la prohibición de actividades minero-industriales en tales áreas. En el 2008 se aprobó la Ley 26.418, que incluía estas medidas. Sin embargo, no se aplicó porque fue vetada por Presidencia de la Nación, acontecimiento popularmente denominado “Veto Barrick”.

A raíz de estos hechos, organizaciones socioambientales, ONG (entre ellas Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Conciencia Solidaria) y un grupo de intelectuales[19] lanzaron una iniciativa para concientizar sobre la importancia de preservar los glaciares. La campaña consistió en elaborar materiales informativos y en difundirlos en encuentros políticos y académicos. Además de esta iniciativa a nivel nacional, cabe resaltar la importancia que adquirió la cuestión de los glaciares en Chile producto del proceso de movilización social en rechazo a la instalación de Pascua-Lama por parte de la Comunidad de Huasco (Lorca y Hufty, 2017).

La visibilización de la problemática de los glaciares y la aprobación definitiva de la Ley en el 2010 implicaron para el movimiento en defensa del agua un cambio en la “estructura de oportunidades políticas” (Tarrow, 1994). El autor explica que la noción de “oportunidad política” refiere a aquellas condiciones del entorno que pueden fomentar o desincentivar la acción colectiva. En este caso, la posibilidad de contar con nuevos aliados influyentes por fuera del ámbito de la provincia le permitió al movimiento adoptar una estrategia de federalización del reclamo por el agua en el marco de la “ley de glaciares”.

La necesidad de aplicar la ley es fundamental en tanto los pobladores conciben que “El glaciar es el reaseguro de agua, ni más ni menos… el glaciar que es lo que le da vida a todo, si no hay glaciar no hay vida” (Entrevista Nº 6, Jáchal, septiembre de 2018). Así el discurso del movimiento incorporó en su narrativa la cuestión de los glaciares como elemento central, y éstos pasaron a formar parte de un núcleo de sentidos en los que se conjuga: “agua”, “glaciares” y “vida”. En esta discursividad que equipara agua y vida se encuentran “reflejos” a la consigna “El agua vale más que el oro”, sostenida por las asambleas socioambientales en la Argentina desde el caso Esquel y en la que resuenan “ecos” de otras experiencias de movimientos por justicia ambiental de la década de 1980 en Brasil, como el eslogan “Águas para a vida, não para a norte”[20].

La incorporación de la defensa de los glaciares fue estratégica en tanto el movimiento y los jachalleros en particular comprenden que la ley brinda herramientas para proteger su territorio: “Nosotros sabemos que sin la ley de glaciares el tema de los proyectos mineros allá en las nacientes del Río Jáchal se va a incrementar exponencialmente” (Entrevista Nº 4, Jáchal, septiembre de 2018). A partir de evocar una “memoria discursiva” ambiental y de integrarse a la causa por la defensa de los glaciares, los jachalleros movilizados lograron articular discursivamente sus demandas a una problemática nacional.

Luego de más de cinco años de experiencias frustradas de interlocución con el gobierno provincial, los miembros del movimiento optaron por interpelar a las instituciones y a la ciudadanía a nivel nacional para que intervinieran en defensa de los glaciares y por la prohibición de actividades mineras en la zona. Las estrategias se desplazaron del escenario provincial al nacional, y se mantuvo una fuerte presencia en el Departamento de Jáchal.

En el 2010 un grupo de jachalleros, acompañados por la Fundación Cambio Democrático y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, ganaron un subsidio de la Unión Europea destinado al “Fortalecimiento de los actores de la sociedad civil para el ejercicio del derecho al agua y el control social de la actividad minera en la región de Cuyo y NOA”. En el marco de ese proyecto, optaron como estrategia contactar a la Universidad Nacional de Cuyo (con sede en la Provincia de Mendoza) para realizar muestras de agua en el Departamento. De esta manera, lograron acceder a información que había sido negada por las instituciones responsables de la Provincia de San Juan, como la generada por el Ministerio de Minería o el Departamento de Hidráulica.

Ese mismo año, Saúl Argentino Zeballos, uno de los vecinos de Jáchal que participaba del proyecto subsidiado, presentó una demanda por daño ambiental colectivo[21] contra la Provincia de San Juan, el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras, el Estado Nacional (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable), las empresas Mineras Argentina Gold Sociedad Anónima (MAGSA), Barrick Exploraciones Argentina S.A. (BEASA) y los responsables técnicos del Informe de Impacto Ambiental de Veladero. Además, en ésta se solicitó que se certificara el alcance de los daños producidos como consecuencia de la actividad minera y se obligara a Barrick Gold a la contratación de un seguro ambiental.

Después de cinco años de espera, el 2 de septiembre del 2015 la Corte Suprema de la Nación desestimó la presentación realizada por Zeballos aduciendo que no estaba comprobada la afectación del daño ambiental por parte de la empresa Veladero. Sólo diez días más tarde, el 12 de septiembre de 2015, Veladero experimentó su primer accidente ambiental de gran magnitud[22]: un derrame de alrededor de 1,3 millones de litros de sustancia cianurada en las cercanías del Río Potrerillos (UNOPS, 2016). A partir de entonces, se abrió un nuevo capítulo en la historia del movimiento en defensa del agua.

III. La legitimación de los reclamos a partir de los accidentes ambientales (2015- 2017)

El 13 de septiembre de 2015, los vecinos se enteraron del accidente a través de un mensaje telefónico enviado por familiares que trabajaban en la mina. Movilizados por el pánico, se congregaron más de 6.000 personas en la plaza municipal de Jáchal a exigir respuestas.

Eso fue todo de terror. Era un domingo a la noche, yo estaba con mi marido en la farmacia y nos enteramos por mensaje de WhatsApp de que había habido un derrame. Se empezó a juntar la gente enfrente de la municipalidad y cada vez llegaba más gente. En una de esas lo veo al intendente y le pregunto: “Jorge, ¿es verdad lo que están diciendo, de qué hubo un derrame de cianuro?”. “Sí”, me dice, “parece que sí”. A la gente le agarró como una psicosis, venían a la farmacia a comprar barbijos, se acabó el agua envasada en todo el pueblo. Al día siguiente no hubo clases, ni nada. Todo el mundo se quedó hasta tarde en la plaza, había manifestaciones, protestas, marchas, la gente se agrupó frente a la Municipalidad […] En ese momento, vino gente de la ciudad de San Juan, vinieron periodistas, vinieron de la universidad, querían saber qué había pasado, pero Gioja no vino, el gobernador de la Provincia, que es de Jáchal no vino, eso fue una decepción tremenda. Nos abandonó, y ni salió a decir nada. No vino a dar la cara, es un cobarde. Nadie salió a tranquilizar a la gente, a decirle esto o lo otro. (Entrevista Nº 7, Jáchal, diciembre de 2018).

Tal como expresa el testimonio, la empresa y el Estado demoraron en informar con exactitud qué es lo que había ocurrido. Al momento de brindar información, Barrick Gold cambió varias veces, durante el correr de los días, las cifras de la cantidad del cianuro derramado (Viale, 2017). Con cada uno de los nuevos informes corporativos o estatales, fue creciendo también la incertidumbre. Ni el Estado ni la empresa lograron generar credibilidad sobre el acontecimiento, al cual la compañía se refirió elusivamente con el nombre de “incidente” (Barrick Gold Argentina, 2015). La falta de certidumbre sobre lo ocurrido fue uno de los motores del “pánico” vivenciado por los vecinos:

Cuando fue el derrame, entramos en pánico. Cuando nos llega el mensaje nosotros estábamos con mi marido y mi hijo en casa. No sabíamos qué hacer, mi marido me dice: “empecemos a juntar agua, almacenemos agua”. Pero yo le digo: “para qué, si ello ya cayó en el agua, entonces ya va estar ahí”. Mi marido estaba muy nervioso, entonces me dice que si la cosa se pone peor que agarre el auto y me lleve a mi hijo afuera de Jáchal. A mí la idea me pareció una locura, pero ése era el nivel de pánico que había. No entendíamos nada. Ésa fue una noche tremenda: lo miraba a mi hijo y me preguntaba qué mierda hacer (Entrevista Nº 8, Jáchal, diciembre de 2018).

Si bien cada uno recuerda diferentes aspectos de aquella noche, hay elementos comunes en todos los relatos. En primer lugar, una fuerte sensación de incertidumbre, en la que circulaban dudas y rumores sobre lo ocurrido. En segundo lugar, un efecto de “terror” en el que no se sabía qué hacer. En tercer lugar, la sensación del abandono, de que ninguna autoridad salía a “dar la cara”. Por ese entonces, el Gobernador de la Provincia era oriundo del Departamento de Jáchal, por lo que la falta de respuestas por parte del gobierno fue experimentada no sólo como un abandono sino como una “traición”. Desde entonces hasta la actualidad se pueden observar las pintadas en las calles que han transformado el eslogan de “Jáchal tierra de tradición”[23] en “Jáchal tierra de traición”. Finalmente, muchos pobladores experimentaron tener que “hacerse cargo” frente al abandono del Estado, lo que para ellos implicó fortalecer instancias de organización y constituirse en la Asamblea Jáchal No Se Toca (AJNST).[24]

La decisión de la AJNST fue permanecer en la plaza municipal, en principio para informarse, pero luego los vecinos fueron asumiendo también otras responsabilidades:

Nos hicimos cargo porque ellos [en alusión a los funcionarios del Estado] estaban paralizados, mintiendo, negando. Salimos a las calles, nos hicimos cargo de que se corte el agua, de que se hagan los análisis, de que se busque gente, de que se busque la verdad de todo lo que pasó (Declaraciones en el acto conmemoración por el tercer aniversario del derrame en Jáchal, 14 de septiembre de 2018).

La AJNST instaló la carpa en la plaza central del Departamento, allí donde está el monumento a la cacerola. La carpa es una respuesta a la narrativa minera que minimizó los accidentes ambientales. Esta respuesta se manifiesta a través de discursos y prácticas de ocupación del espacio. En principio, simboliza una clara señal de protesta e inconformidad respecto de los funcionarios y la empresa. En la parte delantera se puede visualizar un cartel con los nombres y cargos de funcionarios provinciales y municipales que dice “Los verdugos de Jáchal”. Asimismo, su ubicación justo frente a la sede municipal es una forma de desafiar el dominio territorial garantizado por el Estado, ya que la carpa se ha transformado en una nueva sede de reunión e información, donde se realiza, al menos, una asamblea semanal, en la que los vecinos pueden debatir. En su interior se encuentra la cacerola “que vigila a los funcionarios” y a ésta se le sumaron sillas y mesas que ofician de espacio comunal. Esta nueva sede funciona como un lugar para leer, estudiar, intercambiar opiniones e informarse sobre la cuestión ambiental o minera, a partir de una diversidad de materiales textuales: folletos, mapas, gráficos hasta dibujos.

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Buena Agüita Jáchal 23 de septiembre de 2018
Fuente: Fotografía de Godfrid (2018)

El dibujo corresponde a una ilustración anónima que se encuentra dentro de la carpa. En él se puede observar cómo el agua del glaciar representa la sangre que llega hasta el corazón. De este modo, la ilustración sintetiza visualmente uno de los núcleos de la narrativa territorial del movimiento: el agua es vida. En este ejemplo se manifiesta el antagonismo entre una cosmovisión que interpreta a la montaña y sus glaciares como el sustento de la vida y otra que imagina el territorio como el “distrito del metal”.

A lo largo de los años y a la luz de nuevos accidentes, los vecinos han decidido sostener el acampe de modo permanente. En el 2016 y en el 2017, la mina Veladero experimentó nuevos accidentes ambientales, los cuales tuvieron difusión entre los medios de comunicación a nivel nacional, por lo cual la problemática minera adquirió una importante visibilidad en el país. En los tres accidentes acontecidos desde el 2015, el cuestionamiento más profundo realizado por la población local fue la falta de información brindada tanto por la empresa como por el Estado. Uno de los temores centrales fue la posible afectación de la cuenca Jáchal. Para muchos de los pobladores locales, la recurrencia de los accidentes fue una constatación de aquellos primeros temores que habían aparecido en el 2004 y también trágicamente una forma de legitimar su discurso.

Por un lado, la estrategia del movimiento en defensa del agua fue profundizar sus acciones directas a nivel local (manifestaciones, escraches, actos, asambleas y la instalación de la carpa) y a nivel nacional. Así, en el 2016 la AJNST se movilizó al Obelisco (sitio emblemático de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) para manifestarse por el efectivo cumplimiento de la ley de glaciares: “a Buenos Aires vinimos porque de alguna manera en San Juan nadie nos escucha” (miembro de la AJNST en declaraciones a Greenpeace, 13/7/2016). Posteriormente, en el 2018, la AJNST organizó también un “Bicicletazo en defensa de la ley de glaciares” desde Jáchal hasta el Congreso de la Nación. En ambos eventos el movimiento en defensa del agua logro articular a organizaciones socioambientales principalmente de San Juan, y otras zonas cordilleranas, con ONG y fundaciones de los principales centros urbanos.

Por otro lado, el movimiento emprendió una estrategia de judicialización para denunciar a Barrick Gold y a los funcionarios de gobierno. Parte de la estrategia consistió en realizar denuncias que implicaran a funcionarios nacionales, un recurso para eludir la competencia de los juzgados provinciales, en los que no confían por considerarlos aliados a los intereses mineros. Así, se realizaron tres denuncias penales contra la empresa y contra funcionarios provinciales y nacionales (Mira, 2016).

En agosto del 2017, la Cámara en lo Penal y Correccional de San Juan ratificó el procesamiento de ocho operarios y jefes implicados en el accidente ambiental del 2015 y sobreseyó al ex gerente general de Veladero. La imputación era por violar la Ley 24.051 de “Residuos Peligrosos” y la acusación refería a contaminación del suelo y los cursos de agua por imprudencia y negligencia (Enernews, 2017). Posteriormente, en noviembre del 2017, el juez Sebastián Casanello[25] procesó a los tres ex secretarios de Ambiente de la Nación, a la subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación (dependiente de la Secretaría de Ambiente de la Nación) y al ex director del Instituto Argentino de Niviología, Glaciología y Ciencias Ambientales[26]. En julio del 2018, la Cámara Criminal y Correccional Federal (Sala 2) confirmó el procesamiento de tres ex funcionarios: Sergio Lorusso (Secretaría de Ambiente), Jorge Mayoral (Secretaría de Minería) y Beatriz Domingorena (Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación).

IV. La ampliación de las demandas: la defensa del acuífero “Huachi” (2017-2019)

La experiencia acumulada durante varios años por parte de los pobladores de Jáchal ha sido crucial para ampliar la esfera de sus reclamos. Si en un inicio la preocupación se centró en la cuenca del Río Jáchal, con los años se ha ido fortaleciendo una concepción integral del territorio. Esta cuestión se evidencia claramente con el surgimiento de lo que podríamos concebir como un cuarto momento del movimiento, que son las acciones realizadas en torno a la defensa del acuífero Pampa Del Chañar, conocido popularmente como “Huerta de Huachi”. Como explicamos anteriormente, desde el 2009 este acuífero es la fuente principal de provisión de agua para uso poblacional de Jáchal.

En marzo del 2017, algunos miembros de la AJNST tomaron conocimiento de que el Gobierno de la Provincia estaba entregando nuevas concesiones mineras en esa zona[27] y comenzaron a exigir a las autoridades municipales y provinciales que se declarara una ley de protección del área.

Entonces vos ves cómo el Gobierno dice “No, no, pero que esta empresa tiene derechos porque ya le hemos dado autorizaciones” [hace referencia al derecho de concesión en la zona Huachi] ¿y los derechos nuestros? El derecho a que nos consulten, el derecho a que nos informen debidamente y el derecho, si la ciudadanía no está de acuerdo, a que eso no se haga (Entrevista Nº 4, Jáchal, septiembre del 2018).

En la entrevista se refleja un rechazo a la narrativa minera que prioriza el uso territorial corporativo por sobre cualquier otra necesidad. Se contraponen así dos derechos: el empresarial y el derecho ciudadano a decidir acerca del territorio, una cuestión que los jachalleros consideran “el derecho adquirido por haber nacido en esta tierra, el derecho más genuino” (Entrevista Nº 4, Jáchal, septiembre del 2018).

En consonancia con la experiencia adquirida, la AJNST ha emprendido diversas estrategias para la defensa de “Huachi”. Una ha sido una campaña de concientización en la cual colocaron afiches a largo del Departamento con la consigna “Con Huachi No”. Realizaron también movilizaciones dentro del Departamento y en la Ciudad de San Juan. Además, elaboraron un proyecto de ley en el que se exige prohibir a perpetuidad la exploración o realización de actividades mineras en un radio de 38 km a la redonda del punto en que la empresa Obras Sanitarias Sociedad del Estado tiene su pozo de extracción de agua para el abastecimiento poblacional. Si bien han solicitado a diferentes diputados provinciales que promuevan tal ley, aún no consiguen que se trate el proyecto. Asimismo, en la actualidad en uno de los costados de la carpa se puede observar una interpelación directa a la defensa del acuífero.

Imagen 3
Salvemos Huachi Jáchal 8 de diciembre de 2018
Fuente: Fotografía de Godfrid (2018)

Una de las diferencias con otros momentos es que, en cuanto se supo la noticia de las nuevas concesiones, gran parte de la población se opuso. Mientras que en el caso de Veladero al movimiento le costó años legitimar su reclamo ‒e incluso luego de los accidentes se pueden encontrar visiones polarizadas respecto de la mina‒, frente a la posible explotación en “Huachi” rápidamente se generó un consenso en torno a la necesidad de proteger el acuífero y limitar la minería en la zona. Entendemos que este cambio se debe a que la narrativa en defensa del agua se ha consolidado como una alternativa legítima frente a una narrativa territorial que presenta a la minería como único destino.

Reflexiones finales

El caso analizado pone en evidencia el lugar central que ocupa la dimensión simbólica en el proceso de construcción territorial. Este fenómeno, tal como refleja el análisis, no está exento de tensiones. Más bien, por el contrario, está sujeto a una dinámica constante de definición y redefinición social que se manifiesta en la disputa entre narrativas territoriales diversas. Cada una de estas visiones territoriales sustenta o rechaza un tipo particular de dominio territorial.

Por un lado, la narrativa hegemónica coproducida por el Estado y la compañía legitima un uso y una apropiación del territorio en función de la extracción minera. Esta discursividad se genera articuladamente a través de la acción del Estado y la empresa, mediante la política pública y los programas de responsabilidad social empresarial. La narrativa minera construye simbólicamente el territorio como una serie de puntos “remotos, “alejados”, “desérticos”, a los cuales hay que “beneficiar” a partir del desarrollo. Esta constelación de sentidos se sintetiza en la noción de “área de influencia minera”. En esta visión el agua es concebida exclusivamente como un recurso económico, mientras se niega su capacidad para articular actores a través de diferentes usos e intereses.

Por otro lado, la emergencia de una narrativa alternativa, que rechaza esta visión del agua como recurso, pone en evidencia la conectividad sociopolítica que genera la materialidad hídrica. En la narrativa centrada en la defensa del agua se conjugan diversos elementos. En principio, es crucial la puesta en valor de un origen agrícola ganadero, imaginario en el cual los molinos de agua siguen ocupando un lugar central. A su vez, la historización del movimiento en defensa del agua permite observar que, a lo largo de los años, la ciudadanía se ha valido de un nutrido repertorio de acciones colectivas de protesta para rechazar la imposición simbólica y cultural del territorio como “área de influencia minera”.

En este proceso el agua ha servido como un aglutinador político a través de la cual se cuestiona la desigualdad y la prohibición de derechos sobre el territorio. Uno de los elementos centrales de esta discursividad es la significación del agua como vida. En esta concepción encontramos una “memoria discursiva” que evoca disputas por el agua llevadas adelante por otras asambleas socioambientales de la Argentina y de América Latina. A su vez, esta narrativa construye referencias originales dirigidas no sólo a cuestionar el uso territorial hegemónico, sino a proteger el agua para las generaciones presentes y futuras.

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Notas