¿Por qué mueren los peces? Cronologías del fracaso del saneamiento del río Reconquista. Itinerarios políticos en la defensa del agua y el humedal deltáico

¿Why fish die? Chronologies of the failure of the Reconquista river sanitation. Political itineraries in the defense of water and the wetland

El río es memoria (Haroldo Conti, 1962)

[Riéndose, mira al río] Y sí, qué se yo, la verdad que como dicen todos, que yo por ahí no le había prestado mucha atención porque [hace un gesto con la mano como agarrándose el pecho] está tan arraigado a uno que no te das cuenta, indudablemente el modo de vida isleño está ligado al agua, acá es así (Entrevista a Silvana, 2013).

En las últimas décadas, la ecología política latinoamericana ha cobrado gran relevancia en los estudios académicos y dentro de los movimientos ambientales, territoriales o eco-territoriales y el feminismo. En tanto campo teórico-práctico, abona a la comprensión de la compleja y conflictiva realidad, a la vez que a la construcción de otros modos de entender, sentir, pensar, actuar en el mundo. Este proceso de construcción de una nueva geografía del saber, al decir de Leff:

La ecología política se establece en ese espacio que es el del conflicto por la reapropiación de la naturaleza y de la cultura, allí donde la naturaleza y la cultura resisten a la homologación de valores y procesos (simbólicos, ecológicos, epistemológicos, políticos) inconmensurables y a ser absorbidos en términos de valores de mercado. Allí es donde la diversidad cultural adquiere derecho de ciudadanía como una política de la diferencia, de una diferencia radical, en cuanto que lo que está allí en juego es más y otra cosa que la distribución equitativa del acceso y los beneficios económicos derivados de la puesta en valor de la naturaleza (Leff, 2006: 24).

La ecología política latinoamericana se sitúa en el suelo fértil de la indagación y comprensión de los conflictos sociales, ambientales, territoriales o eco-territoriales en ciernes. De acuerdo con Leff en éstos “lo que está en juego es más y otra cosa” que la valorización económica de la naturaleza, de sus beneficios e impactos. Lo que se juega es la reapropiación simbólico-material de la naturaleza y la cultura, o bien, la reinvención (Leff, 2014) de la ligazón en-con el mundo de vida, el entre de lo humano con lo no-humano; la articulación de lo biológico y lo histórico en un espacio-tiempo (Escobar, 1999).

De allí que los conflictos sociales se comprenden como momentos de socialización, irrupción, inflexión, transformación, actualización o reproducción de las relaciones sociales y de las condiciones histórico-espaciales en las que se despliegan. Estos momentos se producen a partir de las prácticas y enunciaciones de los sujetos involucrados que van configurando un campo contencioso, generando productividades sociales y teóricas (Merlinsky, 2009 y 2014).

Dentro del amplio campo de análisis de estas conflictividades, la ecología política anglosajona, principalmente a partir de los análisis de Swyngedouw, ha profundizado en la relación de las sociedades con el agua, o de lo humano-no humano-híbridos con ésta. Se ha abierto un prolífico campo de estudios acerca de los conflictos en torno al uso, acceso, control, regulación y distribución del agua (Boelens, et al., 2011). Según Swyngedouw (2009) “la investigación hidrosocial visualiza la circulación del agua como un proceso físico y social combinado, como un flujo socio-natural híbrido que fusiona la naturaleza y la sociedad de manera inseparable”. Para ello:

el examen político-ecológico del proceso hidrosocial revela la naturaleza intrínsecamente conflictiva del proceso de cambio socioambiental y desencadena los conflictos inevitables (o los desplazamientos del mismo) que infunden el cambio socioambiental. […] Por lo tanto, se debe prestar especial atención a las relaciones de poder social (ya sean materiales, económicas, políticas o culturales) a través de las cuales tienen lugar las transformaciones hidrosociales. Esto también incluiría el análisis de los discursos y argumentos que se movilizan para defender o legitimar estrategias particulares. [...] Son estas geometrías de poder y los actores sociales que las llevan que finalmente deciden quién tendrá acceso o control sobre, y quién será excluido del acceso o control sobre recursos u otros componentes del medio ambiente (Swyngedouw, 2009:2)

El estudio de los ciclos hidrosociales y de los territorios hidrosociales nos posibilita entender cómo los flujos de agua, de capital y de poder están simbólica y materialmente acoplados, de allí la noción de ensamblajes socionaturales entre actores humanos-no humanos-híbridos. De acuerdo con Martin y Larsimont (2013:34) “el ciclo hidrosocial es un proceso continuo y dinámico de ensamblaje entre actores heterogéneos”. Respecto a los actores humanos, éstos se articulan dentro de una configuración de relaciones de poder (Foucault, 2002 [1976]) cuya resultante define el acceso, uso, control, degradación, destrucción, distribución desigual de los impactos negativos-positivos respecto al agua. Un modo de comprender estos procesos tiene que ver con dar cuenta de la configuración de dichas geometrías de poder mediante el estudio de los actores sociales, su emergencia, discursos y prácticas desplegadas en torno al acceso, apropiación, distribución desigual de impactos y control del agua. Resulta fundamental visibilizarlos en sus intentos de alterar y posicionarse dentro de estas geografías de poder que imponen condiciones a sus modos de existencia humana-no humana.

Esa emergencia de sujetos sociales o agrupamientos colectivos tiene lugar en el despliegue de los conflictos. En la confrontación se “abren surcos al interior de los propios individuos” (Foucault, 2002 [1976]), se redefinen y transforman a sí mismos a la vez que re-elaboran sus condiciones históricas. De manera que, esos surcos pueden posibilitar la emergencia de sujetos que no estaban presentes en la escena pública, o bien, puede transformarlos para redefinirse e incluso re-nombrarse. Se abre un proceso de subjetivación, es decir, de singularización de las prácticas sociales y de las prácticas individuales, de las prácticas de construcción de uno mismo (Guattari, 2015).

Entonces, el despliegue del conflicto puede abrir procesos de subjetivación, de emergencia de sujetos que luchan por el derecho a la diferencia, a la variación, en el cual se revaloricen saberes o conocimientos locales, modos de uso, acceso y distribución, así como, lenguajes, significaciones, sentidos, percepciones y deseos respecto al agua y la tierra. Porto Gonçalves (2002) señala que estos procesos de subjetivación en tanto resistencia se convierten en movimientos de rexistencia, los sujetos re-existen en el mundo y por lo tanto redefinen la relación con éste.

En este trabajo, nos centraremos en la emergencia de estos actores sociales y agrupamientos colectivos que interrumpen las geometrías de poder dentro del ciclo hidrosocial, dando cuenta de la narrativa que elaboran en el despliegue de los conflictos en torno al uso, acceso, control, regulación y distribución del agua en la cuenca baja del río Reconquista. En un trabajo anterior realicé un primer abordaje, no exhaustivo, de cartografiar la memoria del agua en tanto elemento fundamental que compone al/los ríos y que define la estructura ecosistémica de los humedales del Bajo delta del Paraná, específicamente el delta de Tigre. A la vez que cartografiar al agua-río en la memoria en términos de la experiencia histórica sedimentada en significados, percepciones, afectos, modos de uso y manejo que hacen del río quienes lo habitan cotidianamente (Astelarra, 2018). Allí indagué principalmente el modo de vida isleño y la relación con el agua de “los isleros de toda la vida”^[1], según su autodenominación, la tercera o cuarta generación que habita las islas.

En particular, me propongo interrogar respecto a: ¿Cuáles son las narrativas locales respecto al agua? ¿Cómo esas comunidades locales organizadas o agrupamientos colectivos buscan mejorar, defender, transformar sus territorios intrínsecamente ligados al agua?[2] ¿Cómo se construye “el agua contaminada” como problema ambiental? ¿Cuál es el repertorio de acciones, estrategias que llevan adelante? ¿Qué conflictos se suscitan?

Para situarnos geográficamente, me centraré en el caso de estudio de la cuenca baja del río Reconquista, en su desembocadura en la cuenca del río Luján, precisamente el sector continental del partido de Tigre y la Primera Sección de Isla del mismo, localizadas en la zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Argentina. Estas cuencas a su vez forman parte del tramo final de la Cuenca del río de la Plata que desemboca en un gran estuario de aguas dulces. La singularidad a nivel mundial es la existencia de un sector de islas en constante formación y habitada hace siglos. Desde la localidad de Diamante, Entre Ríos, hasta dicha desembocadura se forma el humedal, uno de los pocos en funcionamiento a nivel global. La cuenca baja del Río Luján ocupa una superficie aproximada de 702 km., está limitada por la traza de la Ruta 8 por el oeste, y la costa del río Paraná de las Palmas por el este, ubicada en los municipios de Pilar, Campana, Escobar y Tigre.

El río Luján es un río de llanura con un caudal medio de 5,4 metros cúbicos por segundo. Antes de desembocar en el río de la Plata recibe aportes del río Reconquista, del Canal Aliviador del Reconquista y del Canal Gobernador Arias, proveniente del río Paraná. El río Reconquista es un río de llanura con un caudal medio de 3 metros cúbicos por segundo. En 84 kilómetros recorre 18 municipios de oeste a norte del AMBA, en su cuenca baja se bifurca en dos brazos naturales: el Reconquista Chico y el Tigre. Recibe las descargas de efluentes no tratados que provienen de 12.838 industrias y unas 330 de tercera categoría en la cuenca media y baja (Defensoría del Pueblo de la Nación, 2007: 41-42). Además de las aguas servidas de más de 4 millones de personas, que no son tratadas adecuadamente al no haber sistemas cloacales y de tratamientos de efluentes (Fernández y Herrero, 2008; Suárez y Lombardo, 2012). Razón por la que se la considera la segunda más contaminada del país, después de la cuenca Matanza-Riachuelo.

Suárez y Lombardo (2012) han realizado un trabajo pionero respecto a los usos locales del agua, la percepción de la contaminación y riesgo, así como los primeros conflictos en la esfera pública de este caso de estudio. Potocko (2017) analiza exhaustivamente los diferentes planes y proyectos que desde la planificación urbana han abordado la problemática de la contaminación de esta cuenca, indagando en la relación entre urbanismo, urbanización y las cuencas hídricas. Argumenta que el planteo del problema y por tanto la gestión de esta cuenca ha pivoteado históricamente entre la cuestión de la inundación y la contaminación. Este trabajo centrado en la perspectiva de los estudios urbanos analiza el enfoque del sector técnico-gubernamental dentro de dichas etapas de la planificación urbana de la cuenca, pero no tiene en cuenta las características socio-naturales resultante de la presencia de humedales en la misma. Describir y analizar la narrativa local respecto al problema de la contaminación del río Reconquista será un aporte para comprender la complejidad y situación alarmante actual.

Por último, Paschkes Ronis (2013) analiza la formación de la cuestión ambiental como asunto público en Tigre, estableciendo tres momentos claves asociados a las diferentes controversias en las cuales los sujetos se constituyen, elaboran sus repertorio de acciones y discursos, etc. Estos son: primer momento: de la mortandad de peces al Proyecto de Repoblación y Desarrollo del Delta; segundo momento: surgimiento de nuevas organizaciones y extensión de la escala de la problemática ambiental; tercer momento: Tigreland. De la contaminación al conflicto por los usos del suelo. Coincidiendo con su definición, retomo esos momentos con matices y aportes referidos al objetivo de este trabajo.

Retomando estas investigaciones, nos centraremos en reconstruir la trama narrativa local desde la perspectiva crítica de la ecología política del agua. Para ello, la metodología será la elaborada por Merlinsky para los estudios de caso de conflictos ambientales, “la manera de hacer inteligible los sucesos es muy pertinente cuando una investigación tiene como foco central analizar procesos de interacción, negociación, consenso y conflicto entre sujetos sociales que operan en diferentes escalas, dado que la unidad de análisis es el campo contencioso mismo” (2009b: 81). “La “historia del caso” representa toda una cuestión a construir junto con el objeto de investigación” (Merlinsky, 2009).

Para la construcción de esta historia del caso, se elabora una cronología de los sucesos en torno a la emergencia de la problemática ambiental en Tigre e islas, para luego construir una trama. Mariotti (retomando a Ricoeur y Balager) establece que la trama como dispositivo metodológico nos permite aprehender las realidades sociales como construcciones históricas y cotidianas de actores individuales y colectivos. Es justamente en esta capacidad de ensamblar, de estructurar, de disponer sucesos discontinuos, que la trama se presenta como una herramienta metodológica adecuada para la representación y comprensión de las acciones sociales, pues esta estructuración transforma los incidentes y acontecimientos en una historia (Mariotti, 2007).

En este sentido, los criterios tomados para la confección de esta trama han sido el orden temporal de los sucesos. La recopilación documental utilizada para realizar este trabajo se enmarca fundamentalmente en la construcción de un “Archivo ambiental del Bajo Delta del Paraná” que realizamos en el marco de un Proyecto de Reconocimiento Institucional de la Universidad de Buenos Aires y con organizaciones sociales locales como Asamblea Delta y Río de la Plata y el Observatorio de Humedales Delta. Desde hace casi dos años Martín Nunziata, ambientalista local, nos ha abierto las puertas de su archivo personal, basado en ficheros de notas de periódicas locales y nacionales, de páginas webs y blogs de medios alternativos; así como de Informes gubernamentales y registros de reuniones con éstos desde finales de 1970 a la actualidad. A la vez, fui cotejando la veracidad y confiabilidad de las fuentes mediante entrevistas en profundidad a integrantes de las organizaciones sociales. Éstas han expresado su consentimiento respecto a citarlas en mis trabajos académicos.

El arte de entramar implica la producción de un texto narrativo, confeccionado por una “autora” que, a partir de un punto de vista (criterios de orden y selección) crea y reconfigura un mundo de interrelaciones o relaciones de poder entre diversos sujetos sociales (en alianzas y conflictos), en una sucesión de acciones organizadas que permiten a les lectores, la interpretación de un momento histórico o la reconstrucción de una narrativa local. En adelante, iremos entramando el hilo de la historia local y los relatos de sus protagonistas en la construcción del “agua contaminada” como problema ambiental dentro del despliegue de conflictos ambientales. Recorreremos los diferentes momentos hasta el presente. Finalmente arribaremos a reflexiones finales.

En el año 2009, primer año de mi residencia permanente en la Primera Sección de Islas tuve la “suerte” y la “desgracia” de encontrarme con una escena que abrió una nueva interrogación socio-ambiental. La escena: días de lluvias intensas, luego días de “bajante” del río -el caudal disminuye por efecto de los vientos-. Las aguas bajaban turbias por los afluentes de cuenca arriba, en el río Luján el color se tornaba negruzco oscuro, el olor era pestilente y una gran cantidad de peces muertos adornaba la superficie del mismo. La imagen era desoladora, más para quienes viven en contacto cotidiano con las aguas de esos ríos. La pregunta social que surgía haciéndose pública mediante las incipientes redes sociales era: “¿Por qué mueren los peces?”

La “desgracia” fue que, a partir del trabajo investigativo, me encontré con que esa pregunta es recurrente en la narrativa local. Desde hace cuatro décadas suceden una serie de hechos que se repiten, aunque van variando e incluso empeorando con el correr del tiempo. De allí la necesidad de sistematizar la información en una cronología del fracaso del saneamiento del río Reconquista, que tiene la fortuna de estar hilvanado por el relato de personas que forman parte de organizaciones sociales ambientales que han conformado un potente movimiento ambiental a nivel local y regional.

La primera vez que esa pregunta se hace pública fue en el año 1978, mediante una “Carta de lectores” en la ya existente revista “Para ti”. Tal como relatan Martín y Viviana:

S: ¿Cómo se inicia la historia del ambientalismo en Tigre?

M: La historia inicia con nosotros mismos. Acabábamos de mudarnos al delta con Vivi, éramos muy jóvenes, teníamos 30 años, y un día nos viene el agua sucia con gran cantidad de peces en superficie. Nos preguntábamos qué estaba pasando, hicimos gran cantidad de cartas de lectores porque no sabíamos cómo hacer para saber qué estaba pasando. Luego descubrimos que el río Reconquista estaba tan contaminado como ahora, pero no estaba el Canal Aliviador, entonces, muy cada tanto aparecían los peces muertos. Entonces fui a la municipalidad que lo más cercano al tema era la Secretaría de Salud Pública, y le planteé el tema de la contaminación y el tipo me miró como diciendo “eso qué tiene que ver”. Entonces le dije, esto puede afectar a la salud humana y si usted no puede hacer nada por la Salud pública no ocupe ese sillón. Imaginate, en plena dictadura le dije eso…

V: En aquel entonces no había medios de comunicación como ahora, no había nada, pero tuvo gran aceptación en los medios, mandé cartas a “Para ti”, la Nación y las publicaban.

M: La palabra ecología no se escuchaba, solo había una revista que llegaba al país que era “Mutantia” que hablaba de estos temas, pero era un exotismo. Así que estábamos muy solitos con Vivi, veíamos la necesidad de juntarnos con otros y ser más. (Entrevista a Martín y Viviana, activistas de Asamblea Delta y Río de la Plata -ADRP-, 2014).

Estas personas son parte de una primera oleada reterritorializante que inicia un proceso de repoblamiento de la Primera Sección de islas (Astelarra, 2016 y 2017) hacia fines de la década de 1970, época en la que ocurren distintos procesos de reconfiguración productiva. Hasta las décadas del sesenta-setenta el delta era el principal productor de frutas, hortalizas, formio y mimbre del AMBA. El Alto Valle de Río Negro se adapta a los requerimientos internacionales, mejora la infraestructura y reemplaza la producción isleña. A la par, sucedieron inundaciones históricas (primero en 1959 y luego en 1983) que también influyeron en la pérdida o degradación de áreas de cultivo. Por último, comienza a instalarse la producción forestal como alternativa productiva al introducir el endicamiento de los terrenos para manejar hídricamente el territorio. Esta modificación tecnológica y técnica altera el funcionamiento ecosistémico, incentiva la concentración de la tierra y obliga a la reconversión productiva y la emigración poblacional. Procesos que generan una crisis del modelo y un período de emigración y despoblamiento del delta hasta el 2000 (Galafassi, 2005). En esas décadas quedó habitando permanentemente el territorio una población reducida, entre éstas algunas familias productoras de mimbre, recolección de junco y dedicadas a la pesca artesanal.

Este primer momento de repoblamiento popular o de hábitat popular tiene características similares a los procesos de suburbanización o hábitat popular ocurridos en las décadas anteriores en el AMBA. En esta primera oleada reterritorializante, las personas se mudaban a las islas por la necesidad vital de “cambiar de vida”, hallar “un refugio” (político, social), “vivir en contacto con la naturaleza”. En la experiencia de “los venidos”, tal como se les denomina localmente, no había conocimientos respecto al funcionamiento del ecosistema. El aprendizaje sucedió en el habitar las islas, en el intercambio con quienes vivían desde antes que, desde el conocimiento práctico, compartían las pautas culturales y el modo de vincularse con el ecosistema. Para adaptarse al nuevo entorno isleño adquirieron esas formas de vida locales: realizaron sus casas palafíticas y ubicadas en el albardón, las zanjas para el control del flujo del agua, etc. Principalmente, debieron desandar sus prácticas citadinas, dejar de lado las “comodidades de la ciudad”, para ajustarse “al ritmo de la isla” incorporando aquello de acomodarse mutuamente a/con la temporalidad isleña de convivir con el humedal. Un rasgo fundamental del conocimiento local isleñe es la capacidad de contemplar y comprender la dinámica cíclica del funcionamiento ecosistémico condicionado principalmente por el viento y el flujo de agua (Astelarra y Domínguez, 2015; Astelarra, 2018). De allí que en el fragmento de entrevista que funciona de epígrafe, Silvana exprese que el modo de vida isleñe es el agua.

Esto posibilitó que perciban el cambio en la coloración y el olor en el agua, hasta la aparición de grandes cantidades de peces muertos. Por aquel entonces, aún usaban el agua para consumo humano y uso domiciliario, la recolectaban del río y decantaban con filtros de barro. Esta situación se tornaba de vital importancia y preocupación. Tal como relatan, “por aquel entonces la palabra ecología no existía”, la primera preocupación era el efecto en la salud humana. Coincidiendo con Paschkes Ronis:

Podemos considerar que la cuestión ambiental surge como problema público en el partido de Tigre recién a fines de los años setenta. En aquel entonces no existía ningún tipo de organización que se denominase a sí misma como ambiental, ni tampoco un área –secretaría o dirección– municipal que se dedicase al tema ni que tuviera de título algo relacionado con el ambiente, control ambiental o desarrollo sustentable. (2013: 148).

A nivel gubernamental aseguraban que estos problemas no eran de incumbencia, razón por la cual les vecines propusieron al Municipio de Tigre y de San Fernando la conformación de Comisiones de Saneamiento Ambiental. “Estas comisiones constituyen el primer antecedente institucional dedicado exclusivamente a la problemática ambiental, [...] en principio vinculada a la cuestión de la contaminación industrial” (Paschkes Ronis, 2013: 149).

A partir del trabajo en las comisiones y de las investigaciones locales fueron encontrando tres situaciones que provocaban la contaminación hídrica, una era la fábrica de Sidra “Real” ubicada en la Primera Sección de Islas:

L: Yo todavía no estaba en la asamblea [Delta y Río de la Plata], tenía un programa de radio en Rincón, entonces cubríamos todo y empezamos a hablar con los trabajadores de la zona, porque las familias veían cómo salía el agua y después los peces muertos, algo estaba pasando. Fue muy difícil lograr que hablaran, imagínate en la dictadura y después tenían miedo de perder el trabajo. (Conversaciones con Luis, 2019).

Al poco tiempo se determinó que la fundición de plomo usada por ésta provocaba la contaminación. Además, en San Fernando una fábrica de caramelos, “Stani” según recuerdan, también tiraba efluentes contaminantes sin tratar al río Luján. Estas situaciones fueron abordadas por las Comisiones de Saneamiento Ambiental en ambos partidos, se hacían inspecciones, labraban actas, pero no se lograba resolver el problema. Los empresarios aludían que no podían realizar medidas preventivas, los trabajadores se negaban a presionar para ello dado que les repercutiría en sus salarios. Finalmente, los funcionarios eran presionados para dejar de controlar a las empresas por no realizar los tratamientos correspondientes.

Pese a que las comisiones se reunían semanalmente y se registraban las denuncias vecinales, no llegaron a buen puerto, desmotivando la participación social, hasta decidir disolverlas. Sin embargo, a partir de este proceso les vecines comenzaron a construir el problema del “agua contaminada” como un problema social y luego ambiental. Retomando a Sabatini (1996), advertimos que estos actores tienen la capacidad de traducir un determinado impacto ambiental provocado por las fábricas en un problema ambiental:

Un determinado impacto ambiental provocado por un proyecto se traduce en un problema ambiental cuando existe conciencia sobre su gravedad. (…) La conciencia ambiental incluye información sobre los impactos, así como la interpretación de esa información a la luz de intereses y valores. El contexto social y cultural es importante en la información de esa conciencia, cuyo aumento estimula la acción organizada de la comunidad local para resistir las externalidades y los impactos asociados. Es entonces cuando se generan los conflictos (Sabatini, 1996: 85).

Callón et al. (2001) también destacan que en las problemáticas ambientales son les actores afectades quienes, ante la necesidad de explicación de la problemática que les atañe, ponen en juego sus experiencias vitales, saberes locales respecto al ecosistema; generando conocimientos que cuestionan los saberes expertos y técnicos. Éstos no se presentan bajo la forma argumental moderna de la ciencia, sino imbricados en percepciones, experiencias y prácticas sociales e históricas. En este caso la generación de saberes contra expertos requiere una “toma de conciencia”, la construcción de un discurso en el que se establece el problema ambiental, la explicación, las causas e incluso responsables y propuestas de solución.

Esta incipiente construcción de la cuestión ambiental local estaba en diálogo con lo que sucedía en otras latitudes, la revista “Mutantia” y el conocimiento del contexto latinoamericano dan cuenta de ello. Porto Gonçalves (2004 y 2015) señala que a partir de la década de 1960 emerge fuertemente la preocupación y activismo en torno a lo ambiental a nivel mundial. Surgen estos movimientos de contracultura europeos, latinoamericanos y estadounidenses (el ecoanarquismo, los movimientos de liberación afro-descendientes, los miskos, el movimiento hippie, etc.) que, además de cuestionar la colonización y el patriarcado, comenzaban a anunciar explícitamente los límites al dominio de la naturaleza dentro del modo de producción capitalista. “En Argentina, la prédica ambientalista cobró creciente relevancia y visibilidad desde comienzos de la década de 1970, expresándose en distintas organizaciones ciudadanas, asociaciones académicas en temas ecológicos, y respuestas institucionales y normativas de diverso tipo” (Dichdji, 2015: 87, citado en Wagner, 2016).

Las contingencias sociales han hecho que algunes integrantes de estas organizaciones atestigüen la emergencia de la cuestión ambiental, de ahí la frase “la historia inicia con nosotros”, estas personas llevan consigo “el hilván de la historia”, la trama de las luchas y resistencias desde fines de la década de 1970. Aunque también reconocen el linaje de personas como Otto Fleninger y Carlota Aizcorbe quienes habitaban la zona desde antes de su llegada y habían realizado investigaciones respecto al ecosistema, el modo de vida local y la necesidad de la organización social. A la par, hacen de la relación con el río y el humedal parte intrínseca de ese aprendizaje. Esa experiencia acumulada es parte fundamental del acervo cultural y político, a la vez que, la instauración de la cuestión ambiental en el ámbito público y del ambientalismo local.

En 1983, al cerrarse la experiencia de la Comisión de Saneamiento Ambiental de Tigre, se les hizo necesario “ser más” personas involucradas en resolver las problemáticas, surge la Unión Amigos del Delta Argentino (UAD). Constituida como asociación civil sin fines de lucro, el formato de organización estaba vinculado al “fomentismo” (Paschkes Ronis, 2014).

Como vimos, luego de haber percibido los cambios en la coloración del agua, comenzaron a desarrollar prácticas de investigación y experimentación que tuvieron por resultado la formación de un cúmulo de saberes contra-expertos que les permitió definir el problema ambiental. A partir de ésta emerge la necesidad de “ser más”, en otras palabras, se estimula la acción organizada de la comunidad local (Melucci, 1999) o un agrupamiento colectivo (Guattari, 2015) que resiste a las externalidades y los impactos asociados. A esta acción colectiva la comprendemos en tanto parte de un proceso de subjetivación más amplio. En este caso, los recientemente isleñes traían en sus trayectorias personales una predisposición, una sensibilidad hacía “la naturaleza”, así como el deseo y la trayectoria política de organizarse con otres. De allí la elección del “cambio de estilo de vida”, buscando un “refugio”que aloje esa búsqueda. Entonces, ante el riesgo de amenaza a su salud, es que emerge desde “ellos mismos”, lo que van construyendo como problemática ambiental planteada primero como cuestión pública local y luego problema político social.

En septiembre de 1984, Unión de Amigos del Delta y Fundación Pro-Tigre, realizan la primera manifestación acuática en Tigre, convocada por “los Ríos y la tierra”, en la cual se denunciaba la contaminación del agua y reclamaba por el Saneamiento del río Reconquista. Tuvo repercusión en los medios de comunicación y de hecho relatan que “adhirió mediante un telegrama, el entonces presidente Alfonsín”. Comenzaron las acciones colectivas no sólo en el formato de acción directa, como es la manifestación pública, sino las notas y cartas a la Municipalidad y la Provincia. A partir de la construcción del problema ambiental comienza a plantearse en la arena pública de deliberación un conflicto ambiental por la contaminación del agua de los ríos.

Luego de la Caravana, por pedido de varias organizaciones no gubernamentales se realizó en el Senado de la Nación la primera audiencia pública en la que se profundizó sobre cuestiones de jurisdicción y competencia del río Reconquista. En esa oportunidad se subrayó el carácter provincial de esa problemática y se decidió elevar las recomendaciones correspondientes al gobierno de la provincia de Buenos Aires. La respuesta se concretó diez años después.

Como mencionamos, la problemática de la cuenca del río Reconquista, históricamente estuvo asociada a la inundación. Para su control, en 1971 se inicia la Presa Ing. Roggero para controlar las crecidas en la cuenca alta sobre los arroyos La Choza y Durazno (Partidos de Moreno, Merlo, Marcos Paz y General Rodríguez). En la cuenca baja, se utilizó un canal que ese año había sido destinado como la Pista Nacional de Remo (ley 22.348) para aliviar el flujo del río Reconquista ante las crecidas. Este Canal Aliviador, de 7,5 kilómetros, recibía el flujo excedente del río Reconquista desde un punto distante a 5,5 kilómetros de su desembocadura hasta el río Luján, cuyo terraplén funcionaba como un vertedero ante las crecidas de nivel del mismo. (Suarez y Lombardo, 2012). Además, se proyectaba la realización de un “vertedero de cota”, que no se concretó.

En 1985, debido a las grandes inundaciones que tuvieron como consecuencia 200.000 personas y 11.900 hectáreas afectadas, se destruyó dicho terraplén-vertedero, quedando el río Reconquista comunicado directamente con el Canal Aliviador. Esta acción aliviaba el exceso de flujo hídrico y resolvía el problema de inundación, las demandas respecto al saneamiento y la disminución de la contaminación quedaron relegadas.

Mientras, Unión de Amigos del Delta además de estas preocupaciones y acciones respecto al agua, fue elaborando una mirada del Delta como unidad geográfica ecológica y poblacionalmente que requería promover un proceso económico-productivo sustentable, la gestión comunitaria y delegaciones por ríos y arroyos que integraran una dirección general deltaica. Por ello, ese mismo año elaboran junto a la Asociación de Productores Agrarios del Delta (APADA) el “Proyecto de Repoblación y Desarrollo del Delta”, en el cual impulsaban la producción agropecuaria y artesanal como medios de vida dignos, el turismo local-sustentable y dicha organización política. Sugerían que el problema principal era la “falta de autonomía y, por consiguiente, la falta de un régimen normativo adecuado a sus características de producción y a las propias de la vida isleña” (cita del proyecto en Paschkes Ronis, 2013: 150).

La propuesta de autonomía se enmarcaba en la forma de vida de les isleñes vinculada a las potencialidades geográficas de un desarrollo propio y la resolución de los propios asuntos sin intervenciones gubernamentales. Este proyecto significaba plasmar el deseo de un futuro común para las islas. El Delta se significaba como espacio en disputa frente a intereses foráneos que planteaban al turismo como opción de desarrollo que, para la asociación, “no dejaba nada en la zona”.

A su vez, dentro de la narrativa local isleña, el efecto no deseado de estas propuestas era el cuestionamiento de aquello percibido como “siempre ha sido así” por “los isleños de toda la vida” generando, a veces rispideces, y otras, encuentros potentes. De manera que, la definición del problema vinculado al agua contaminada adquiría otras dimensiones que complejizaban la comprensión de ésta. La calidad de vida local no sólo estaba garantizada por el uso, acceso al agua apta para la vida humana-no humana; sino también a un tipo de modo de producción local y gestión de los asuntos comunes. Advertían la inadecuación de las normativas y leyes a la vida isleña, resultado de la preponderancia de la perspectiva urbana en las políticas públicas municipales y provinciales. A la par que, el problema ambiental se instalaba en la arena pública mediante la acción directa de la manifestación pública. El incipiente conflicto ambiental posibilita salir de la escala local e intervenir en la escala nacional mediante la propuesta de una política pública en la que empieza a enunciarse el Saneamiento del río Reconquista y su gestión de acuerdo a la particularidad local como soluciones.

Los devenires organizativos, la ampliación de la “mirada” y las primeras disputas locales masivas

Luego de varios años del proceso organizativo de Unión de Amigos del Delta, visibilizando el problema de la contaminación y elaborando propuestas para el desarrollo sustentable del Delta, la Unión se debilita en sus fuerzas y surge la Asociación Pro-Delta (APRODELTA) en 1987.

Con el cambio de contexto en el régimen político, los formatos de las acciones colectivas comenzaban a buscar reconocimiento estatal mediante la formalización de las Personerías Jurídicas. De esa manera se garantizaba la legitimidad institucional para la participación política y los derechos humanos, una protección vital frente al riesgo de muerte de la década anterior. Coincidiendo con Sabatini (1996) el ingreso a la democracia garantizó la seguridad en la participación política, transformándose la participación social en términos de acceso a la ciudadanía y el reconocimiento de otros derechos, como los del ambiente, la salud, luego género.

En este sentido, en 1986, en la Patagonia en el pueblo de Gastre, acontece uno de los primeros conflictos ambientales que tomó repercusión pública nacional. Surge primero un movimiento regional que con apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, se opuso exitosamente a la instalación de un repositorio nuclear. Luego se consolida como el primer movimiento antinuclear del país y la región. Este antecedente comenzaba a plantear la problemática ambiental en la agenda pública nacional. También se condensa el hilván de la historia del movimiento ambiental nacional en figuras como Javier Rodríguez Pardo- ya fallecido-, perteneciente a la organización RENACE.

En diálogo con estos procesos organizativos, APRODELTA se caracterizó por el formato de asociación civil. En cuanto al repertorio de acciones, por un lado, las directas como manifestaciones acuáticas y caravanas; por el otro, acciones de incidencia gubernamental en las políticas públicas. Re-elaboraron el “Proyecto de Repoblación y Desarrollo del Delta del Paraná” y propusieron los “Asentamientos Poblacionales Autosuficientes”. Desde una crítica a la noción de desarrollo promovían una salida a la crisis del modelo frutihortícola mediante la organización social en componentes autorganizados sustentables, de producción local y economía social. Comenzaba a construirse una mirada respecto al delta como unidad geográfica-ecológica, que requería ser protegida en relación a un desarrollo local sustentable.

En 1988, Otto Fleninger, ambientalista local –ya fallecido- e integrante de APRODELTA, propone al Consejo Deliberante de Tigre que la zona de crecimiento aluvional se declare “Reserva Integral: Parque Ecológico en la primera sección de Islas”. Luego de varias reuniones es aprobada por Ordenanza 758/88 y promulgada por Decreto 1879/88. Se pretendía valorar y preservar ecosistémicamente al delta y sus habitantes. La misma sigue en vigencia, aunque no ha sido reglamentada ni puesta en funcionamiento. En consecuencia, han avanzado con la construcción de barrios cerrados transformando drásticamente las características ecosistémicas y privatizando el humedal en formación.

Respecto al problema del “agua contaminada”, desde esos años hasta 1996 siguen los reclamos por el saneamiento del río Reconquista. En la definición del problema ambiental determinaron que la contaminación no estaba sólo ocasionada por las industrias locales. También era causada por el crecimiento de los parques industriales en toda la cuenca como parte de una política de desarrollo gubernamental.

Se amplía la escala del problema y del conflicto, a la vez que se complejiza la conceptualización del delta como unidad geográfica y ecológica inmersa en las cuencas hidrográficas. Surge, la “mirada de cuenca”, primero de la cuenca del Río Reconquista que conecta todos esos partidos, luego la Cuenca del Plata.

Respecto a los conflictos, relatan la Carta Pública “Ríos que matamos, matan”:

En la década de los ’90 con el gobierno de Menem, María Julia Alsogaray prometía el saneamiento del Riachuelo en 1000 días. Duhalde iniciaba en 1996 con el UNIREC el Saneamiento del Río Reconquista con un presupuesto de casi 400 millones de dólares. Objetamos el Plan en la génesis. Y terminó en un desastre ecológico que amplió la superficie impactada por la contaminación nunca solucionada y desviada a través del Canal Aliviador (estropeando también la Pista Nacional de Remo) aguas arriba del Río Luján. Por la dinámica hidrológica natural esa contaminación invade diariamente los ríos del Delta como nunca antes.

El gobernador de la Provincia de Bs As, Ruckauf, en el 2001 dio por finalizada la obra con un 94% de cumplimiento que con bombos y platillos publicaron en los medios gráficos y televisivos.

Los ingenieros Dalairac, Mariano y Corolli negaron sistemáticamente las denuncias de contaminación diciendo -igual que ahora- que la calidad de agua había mejorado. Y juntos éstos al entonces intendente Ubieto y su secretario Casaretto, armaban campañas violentas contra las movilizaciones que se producían en Tigre (Carta Pública de Martín Nunziata, 17 de octubre de 2016).

Este relato nos permite visibilizar el itinerario de acciones sociales y la elaboración del mapa de actores gubernamentales encargados de incidir en la problemática e implementar las políticas de saneamiento. Itinerario que va perfilando lo que se percibirá como “fracaso”y conduce a que “los ríos que matamos, matan”.

Como respuesta a la audiencia pública del año 1984, en 1995 se inician las obras de la Unidad de Coordinación del Proyecto Río Reconquista (UNIREC), ente dependiente del gobierno de la provincia de Buenos Aires y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Japan Bank for International Cooperation y la provincia de Buenos Aires. EL BID otorgaba un préstamo de 380 millones de dólares destinado a cumplir con obras de saneamiento y control de las inundaciones. La provincia de Buenos Aires debía aportar, como contraparte, cuatro plantas de tratamiento de desechos cloacales; asumir el compromiso de disminuir la contaminación industrial y cloacal. Otra condición era la participación de la sociedad civil en su estatuto, aunque no era de carácter vinculante.

APRODELTA participó de todas las instancias de reuniones y elaboraron propuestas de modificaciones para el proyecto. En simultáneo realizaban acciones directas como “los abrazos al río” y campañas de concientización e información a la población local.

En el año 1999, se produce una inundación de niveles elevados, aunque dentro de los parámetros de los ciclos históricos, que puso de relieve público la problemática de las inundaciones en los sectores de hábitat popular urbano. Dado el efecto social y económico se incrementó la conflictividad, la respuesta gubernamental fue poner en marcha la obra hidráulica financiada por el BID. Por lo tanto, comenzaron con el movimiento de suelo, las obras de terraplemaniento para controlarlas y luego desviar el flujo hídrico al Canal Aliviador.

En agosto de 2000, en el marco del UNIREC se construyó dicho terraplén que obstruyó el desagüe del río por su cauce natural (ríos Reconquista Chico y Tigre), desviando la totalidad de su caudal por el Canal Aliviador. En adelante, el total de la masa de agua contaminada del Reconquista, que antes se repartía entre el río Tigre (mayoritariamente), el Canal Aliviador y el brazo Reconquista Chico (minoritariamente) se derivó al Río Luján aguas arriba. La realización parcial de las obras (sin saneamiento de los efluentes cloacales e industriales) trajo como consecuencia la disminución de la inundabilidad, un aumento de la velocidad del caudal de agua contaminada y, por ende, una extensión de la pluma de contaminación en los arroyos del Delta. Situación que exponía hasta hoy a población deltaica a un mayor riesgo por contacto e ingesta de aguas contaminadas (Suarez y Lombardo, 2012).

La reacción de las organizaciones ambientales fue realizar una Caravana náutica hasta la desembocadura del río Reconquista para denunciar las obras e intentar frenarlas. Según los relatos, fue una de las movilizaciones más violentas vivenciadas dado que en simultáneo apareció una “Contracaravana”. En ésta venían personas de los barrios populares de la zona reclamando por las obras para evitar su inundación. En las entrevistas se expresaba que “fueron los políticos los que nos mandaron a la gente, una guerra de unos con otros, nos tiraban piedras desde el puente, nos gritaban cosas, fue muy violento”.

Luego de esta situación de tensión y percepción de agresión por parte de la organización el conflicto se diluyó. Al año siguiente se dieron por terminadas las obras hidráulicas de control de inundación y el proyecto financiado por el BID. El sector público provincial no había realizado la contraparte pactada. Las organizaciones APRODELTA y PRO-Tigre incorporan las actuaciones judiciales a su repertorio de acciones. Inician una causa penal en el Juzgado Federal Penal Nº2 de San Isidro por incumplimiento de los deberes de funcionariado público, desvío de contaminación sin solución hacia el Delta y la cuenca del Reconquista. Luego de dichas situaciones de agresión y tensión, la organización comienza a desarticularse.

El mapa de actores que se va configurando hace parte del ciclo hidrosocial y de la geometría de poder entre éstos. A lo largo de los años se re-produce la injusticia hídrica respecto a la desigual distribución de los efectos de la contaminación y por tanto el acceso al agua cada vez más degradada. Las acciones gubernamentales incompletas tienen por efecto una jerarquización del problema de la inundación por sobre la contaminación. Esto incurre en una confrontación entre poblaciones afectadas por problemáticas diferentes pero resultantes de políticas de desarrollo que privilegiaban lo económico por sobre lo ambiental-social.

A partir de 1990, en el AMBA-Norte, se observa una confluencia de intereses públicos y privados en la financiación gubernamental de la infraestructura vial y de servicios para iniciar procesos de reconfiguración. Por un lado, productiva vinculada al incentivo para ampliar e instalar parques industriales. Por otro, territorial motorizada por el cambio en el patrón de configuración del espacio con la instauración del modelo de urbanización neoliberal ligado al capital inmobiliario-financiero. El avance de las urbanizaciones cerradas (UC) será el nuevo fenómeno territorial que requiere transformar y rellenar los humedales y sus áreas de anegamiento. Esto produce una renta natural extraordinaria incrementada por la externalización de los costos socio-ambientales a las poblaciones preexistentes. El impacto socioambiental desigual repercute en el desplazamiento de los sectores de ingresos medios y bajos, el empeoramiento de sus condiciones de vida al incrementarse las inundaciones por quedar “encerrados” entre estos barrios. Además de profundizarse el acceso y distribución desigual al agua potable y sistema cloacal. Las UC garantizan su acceso privado, aunque, según las denuncias vecinales, tiran sus afluentes domiciliarios sin tratamiento al río. El ciclo hídrico de la cuenca del río Luján cambia y se degrada el ecosistema del humedal, generando una multiplicación de los conflictos ambientales. Por su parte, sobre la cuenca del río Reconquista la proliferación de parques industriales también avanza sin las evaluaciones de impacto ambiental correspondientes, ni los posteriores controles ambientales.

Durante la década de 1990, en el contexto del gobierno neoliberal, la raigambre territorial –local, barrial- comenzaba a ser un nuevo espacio de politización social. En las ciencias sociales se denomina giro territorial a este proceso que comienza a poner al territorio en el centro de las disputas políticas a la vez que en la retórica de las organizaciones primero indígenas y campesinas y luego a todo el espectro social. En la década siguiente estos procesos se desplazan hacia el giro eco-territorial (Svampa, 2011).

Los sucesos de diciembre del 2001, como límite social al neoliberalismo abrieron un abanico de oportunidades políticas surgiendo nuevas organizaciones sociales como las asambleas barriales y luego las ambientales. La narrativa asociada a la participación, la democracia por consenso, la autonomía y la horizontalidad se fueron incorporando en las organizaciones ambientales de Tigre. En sintonía, luego de APRO-DELTA surge Autoconvocados que aborda la nueva problemática del avance de las UC en Tigre e islas.

En el año 2006 se hace pública la causa “Beatriz Mendoza” por la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Impulsada por organizaciones ambientales locales, la problemática de la contaminación logra instalarse en las arenas públicas de deliberación y en los medios de comunicación. Esto produce un bucle de retroalimentación en el movimiento ambiental nacional (Merlinsky, 2009b).

En Tigre, ese año, se repite la escena desoladora de gran cantidad de peces muertos y vuelve la pregunta que moviliza la acción colectiva “¿por qué mueren los peces?”. Como vimos, el nivel de industrialización se había incrementado, por lo tanto, la pluma de contaminación se esparcía rápidamente por los ríos del delta, como consecuencia de la obra del desvío del río Reconquista. La población isleña percibía el empeoramiento de la calidad del agua y de su vida cotidiana.

Luego de este pico de contaminación, emerge la Asamblea Delta y Río de la Plata (ADRP). Se encontraban semanalmente en la Estación Fluvial de Tigre personas de continente e islas preocupadas por las problemáticas que afectan al territorio. Desde entonces hasta hoy, continúan el repertorio de acciones de los agrupamientos anteriores, también ensayan formas de resolución de los asuntos comunes a partir del consenso y la horizontalidad. En aquel momento, profundizaron la investigación de las problemáticas ambientales, principalmente respecto del avance de las UC que desde la construcción de Nordelta en 2002 se incrementan aceleradamente. Al respecto, fueron detectando que éstas no cumplimentan los pasos administrativos para su instalación, ni son ambientalmente aptas para la zona. Caracterizan este proceso como “modelo de desarrollo excluyente e insustentable”. Multiplican el repertorio de acciones incorporando esta problemática y produciendo nuevos saberes contra-expertos.

Respecto a la problemática del agua, relatan:

Cuando la Asamblea empieza en el 2006, yo venía de antes, pero empezamos con la contaminación del río Reconquista y hacíamos lo que se llamaba turismo de terror, íbamos con periodistas y entrábamos en el delta adentro, y ahí hacíamos videítos de todo eso. [...] Al defensor del Pueblo lo llevamos cuando estaba haciendo el Informe [de la cuenca Reconquista] e hicimos una caravana de lanchas (Entrevista a Martín, 2014).

En el 2007 la Defensoría del Pueblo publica este “Informe sobre la situación del río Reconquista”, insumo fundamental para crear la Comisión de la Cuenca del Reconquista (COMIREC). Ese mismo año en las campañas electorales los candidatos a gobernador de provincia de Buenos Aires Daniel Scioli y a intendente de Tigre Sergio Massa, hicieron público el acuerdo de Saneamiento de dicha cuenca. Entonces, en 2008 se constituyó por representantes de los municipios de la misma, organizaciones civiles y organismos provinciales. Funcionando con Consejos Consultivos Honorarios mediante los que se garantiza la participación ciudadana. Según relatan de ADRP, “experiencia que tiene sus antecedentes en el ACUMAR, al igual que sus limitaciones y logros”.

Una de las limitaciones señaladas, tiene que ver con que en estos ámbitos dialogan estas organizaciones sociales con técnicos-expertos. Estos se enmarcan en los paradigmas de la planificación urbana (Potocko, 2017), que en general incurren en una falencia de conocimiento sobre las realidades isleñas, ribereñas y periurbanas locales. Como señalamos, a partir de la experiencia acumulada en los diferentes agrupamientos previos y luego de los diferentes conflictos, las organizaciones han aprendido que la contienda argumental se dirime bajo las reglas de juego validadas por el saber científico-técnico. Han elaborado y complejizado su saber contra-experto que logra ser escuchado y legitimado bajo esos parámetros, a la vez que se posicionan enunciativamente desde la singularidad del modo de vida y conocimiento local.

Mientras se actualizaba el mapa de actores gubernamentales:

Nosotros estamos acostumbrados a actuar como dice un abogado: “hay que agotar las instancias administrativas.” Entonces primero vas al municipio, cuando no responde el intendente ahí sí empieza alguna movida de movilización y también empezás OPDS [Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable]. También las charlas, la difusión y claro, la clave es la presión, la movilización, si no estos tipos no hacen nada (Conversaciones con Martín, 2012).

Este repertorio de acciones tiene por objeto lograr la intervención gubernamental, agotadas estas instancias se consideran necesarias las acciones directas. Para lo cual se amplía la escala de participación y articulación política, así como la definición del problema adquiere mayor complejidad. Desde 2006 conforman el Espacio Intercuencas RRR (Río de la Plata, Reconquista, Riachuelo). Caracterizado por la articulación entre las organizaciones ambientales metropolitanas, y la intervención en las distintas disputas locales-regionales-nacionales. Luego, comienzan a coordinar a escala nacional en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), sumando a las problemáticas surgidas de la megaminería, el agronegocio y la contaminación, el impacto socio-ambiental de la construcción de barrios cerrados.

Generan una producción de conocimientos sociales que permite comprender las problemáticas socioambientales en tanto resultante de un modelo de desarrollo excluyente, contaminador y extractivo a escala local-regional-nacional-internacional. Se producen nuevos lenguajes de valoración (Martínez Alier, 2004) respecto al agua que liga problemáticas y significaciones sociales nacionales, tales como “el agua vale más que el oro”; “defendamos las costas a toda costa”. En éstos expresan la valoración socioambiental de las áreas de costas de ríos y humedales. El movimiento ambiental nacional y regional cobra fuerza política dentro de la geometría de poder vinculada a las cuencas hídricas metropolitanas bonaerenses, articulando la participación política desde abajo dentro de los ciclos hidrosociales de éstas.

El territorio del Delta aparece resignificado produciéndose este nuevo lenguaje de valoración respecto al funcionamiento ecológico en términos de humedal. cuenca. Este humedal es comprendido como bien común para la humanidad, al ser fundamental para la purificación de las aguas que proveen a toda la población de la Cuenca del Plata. También por los diferentes procesos ambientales que cumple: como la regulación de crecidas e inundaciones, la regulación climática y ser reservorio de agua dulce y biodiversidad. De allí que la “gestión integral de las cuencas” implique el funcionamiento de la cuenca y el humedal como complejidad integrada, por tanto los problemas urbanos y rurales así como las poblaciones.

En el año 2009 –y fines de 2010- retomando el inicio de este trabajo, nuevamente la escena se repite y la pregunta social “¿por qué mueren los peces?”. Una nueva organización social, el Centro Cultural y Comunitario “Casa Puente” del Delta de Tigre, asume la problemática difundiendo un volante informativo por las incipientes redes sociales. El intendente municipal, Sergio Massa, expresa públicamente que la mortandad se debía a una causa natural por la diferencia de temperaturas del río. Mientras el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS) ante cada situación de mortandad de peces elaboraba explicaciones basadas en las causas naturales, sin negar la contaminación de la cuenca. La respuesta social fue la realización de una Caravana Náutica por el río Tigre denunciando la situación. Se escuchaban los cánticos desde las embarcaciones artísticamente preparadas para la ocasión: “Basta ya de contaminación el delta está muriendo que lo sepa la Nación”. “No somos la cloaca de la ciudad”.

El problema ambiental adquiría una nueva dimensión dado que comenzaban a percibirse e investigarse los efectos por el uso de agroquímicos (tanto fertilizantes como herbicidas como glifosato) provenientes de la cuenca superior del río Paraná, donde la producción de oleaginosas avanzaba en las islas. Además, el incremento de los endicamientos para la industria forestal y, posteriormente la arrocera, alteran el funcionamiento ecosistémico y la capacidad del mismo en depurar los flujos hídricos. En estos últimos años se han difundido artículos científicos que dan cuenta de los niveles de contaminación del agua por el uso de agroquímicos, avalando lo que socialmente se venía denunciando (Etchegoyen et al., 2017).

Simultáneamente, por un lado, se incrementa la conflictividad por el avance ilegal de las UC. Las organizaciones ambientales focalizan sus acciones en el conflicto con “Colony Park” del Delta de Tigre, se produce un encuentro con las familias isleñas afectadas y organizadas en la Cooperativa Isla Esperanza. Esto posibilita instalarlo en las arenas públicas de deliberación hasta la intervención gubernamental que lo paraliza en 2011. Se consolida como caso emblemático a nivel nacional (Astelarra, 2015 y 2017).

Por otro, se advierten otros impactos socioambientales ocasionados por las UC y emprendimientos turísticos -ligados al urbanismo neoliberal- como el vertido de residuos domiciliarios sólidos y líquidos sin tratamiento a los ríos. En el año 2011 ADRP y vecines realizaron una Caravana Náutica por el emprendimiento turístico Delta Eco Spa, presentaron denuncias en la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Tigre por la contaminación del agua del río y porque no utilizaban la planta de tratamiento de aguas cloacales. El mismo fue clausurado, sin embargo, dados los mecanismos administrativos, los dueños pagaron la multa y volvieron a reanudar sus actividades. En el año 2012 volvió a repetirse la escena, esta vez no se logró la clausura municipal ni los controles frecuentes necesarios, por lo que la denuncia vecinal persiste sin ser resuelta.

La problemática del agua contaminada era desplazada del foco de las acciones. También como resultado del diagnóstico de la necesidad de control gubernamental continuo de las industrias y emprendimientos contaminantes; a la vez que el cumplimiento de la contraparte obligatoria luego del financiamiento del BID. Este diagnóstico desanimaba a la población local respecto a la resolución “del problema de fondo del agua contaminada”.

ADRP continuó participando de las instancias gubernamentales de gestión de cuencas. Ese año se crea el “Programa de Gestión Urbano Ambiental sostenible de la Cuenca Río Reconquista”, financiado también por la Fundación BID y provincia de Buenos Aires. Un año más tarde se realiza la Evaluación del impacto ambiental y social de dicho programa. Las organizaciones presentan una serie de cuestionamientos a la implementación, expresando fundamentalmente que era necesario el control de las “causas radicadas en las industrias que siguen tirando efluentes sin tratar”.

Luego de un año de reuniones, en el 2014 el BID aprobó este proyecto financiando con 230 millones de pesos para el saneamiento de la cuenca del Reconquista. Al año siguiente, las organizaciones elaboran propuestas para organizar un Plan de Gestión integral para el Río Reconquista a cargo de COMIREC que no fueron tenidas en cuenta.

En 2015, la Municipalidad de Tigre, en el día del Medio Ambiente, realiza la campaña “Del río no me río”. El intendente y director de la cuenca baja del COMIREC, Julio Zamora, expresa a las autoridades provinciales que tomen medidas para revertir el estado de la Cuenca del Reconquista.

Pese a las declaraciones mediáticas de los diferentes funcionarios municipales y provinciales, no realizaban las acciones gubernamentales pactadas en los Planes de Saneamiento. Dado este incumplimiento gubernamental, ADRP y otras organizaciones locales se han retirado de la participación del COMIREC. Aunque algunas personas siguen siendo convocadas de manera individual para el asesoramiento y la caracterización de la problemática a los diferentes actores gubernamentales.

En los últimos años los Clubes de Remo locales han tomado esta problemática dado que la “Pista Nacional de Remo” es el área histórica para el entrenamiento y la competencia local-nacional-internacional de este deporte. La misma comienza a ser percibida como una zona de riesgo sanitario para quienes entrenan, incluso denuncian que se han generado enfermedades dérmicas. Entre su repertorio de acciones, realizaron campañas de información y sensibilización social de la problemática: Campaña “Limpiemos el Reconquista” en el año 2017. Difunden en su página web la creación de una organización gubernamental y un programa nacional con financiamiento, sin embargo, no se registran otras acciones públicas (http://www.limpiemoselreconquista.org/). Tampoco realizaron articulaciones y acciones conjuntas con las organizaciones socioambientales locales.

A fines de diciembre 2019 ocurre otro pico de contaminación, se activa el entramado organizativo y surgen nuevas organizaciones sociales que realizan dos manifestaciones públicas para reclamar soluciones a los sectores gubernamentales. En el 2020, en el contexto de la pandemia global por el COVID-19, la medida del aislamiento obligatorio ocasionó, entre otras, una emergencia social respecto al suministro de agua potable. En el Delta de Tigre, ambos hechos visibilizaron nuevamente el problema del agua contaminada y el fracaso del saneamiento de la cuenca del río Reconquista, a la par que profundizaron las injusticias socioambientales y desigualdades previas.

Para finalizar este recorrido cronológico por la narrativa local, cabe resaltar que a lo largo de los diferentes conflictos ambientales y ecoterritoriales por la defensa del humedal se han encontrado estos agrupamientos colectivos con “familias isleñas de toda la vida” organizadas, por ejemplo, en la Cooperativa “Isla Esperanza”- creada a partir del conflicto “Colony Park”. Si bien, lo que aglutinó políticamente a estas familias fue la lucha por la tierra, dado que su relación con el río y el agua también es cotidiana, perciben esta problemática:

Te la hago más fácil, imagínate que el río es una persona, preguntale:

¿te hace bien que te haga una estacada acá? ¿Querés que acá que está todo este junco haga una cosa útil como una estacada?

-No yo ahí me limpio, ahí se crían mis peces.

Los peces son la máquina más grande de limpiar el río que hay… eso es algo tan fácil, tan simple, no se enseña, eso me duele a mí (Taller pre-encuentro “Sentipensar el Humedal”, Observatorio de Humedales Delta en conversación con Juan Coop. Isla Esperanza, 2018).

Los humedales son la fuente de agua dulce, porque el agua entra y se va para atrás de las quintas y después sale limpia. Nosotros hace 30 años tomábamos el agua del río, ahora no se puede porque está toda contaminada. (Conversaciones con Pedro, Coop. Isla Esperanza, 2019).

Para estas familias el problema del agua contaminada se define en la observación a partir de la relación directa con el agua del río, que les otorga una sensibilidad y percepción respecto a la dinámica ecosistémica. A partir de ese contacto directo se genera un conocimiento local respecto al mismo. Este modo de construcción de conocimiento local es compartido por quienes se han mudado a las islas y han hecho de esas percepciones una problematización ambiental en las arenas públicas de deliberación. En el encuentro de estos sujetos sociales también se resignifica la lucha por la tierra y por el agua en tanto la defensa del humedal y el modo de vida isleñe como indisociables.

Confeccionamos el entramado narrativo del “agua contaminada” en la memoria social hilvanada a través de los diferentes agrupamientos colectivos a la vez que mencionamos la memoria del agua contaminada. En otros trabajos será necesario indagar en las prácticas y discursos del sector público y privado, así como las geometrías de poder en sus diferentes escalas. Esto terminará de completar el ciclo hidrosocial del actual fracaso. O bien, completar la memoria del agua contaminada, interrogando en la composición de contaminantes presentes en el río, ya que también “nos habla” del vínculo humano-no humano con el agua.

Tal como planteamos, históricamente el saneamiento de la cuenca ha pivoteado entre el problema de la inundación y la contaminación, concretándose acciones que “solucionan” la primera. Las obras hidráulicas realizadas, retomando a Swyngedouw (2009), han generado un nuevo territorio hidrosocial, modificado el metabolismo del ecosistema de humedal al alterar no sólo el régimen hídrico, sino la circulación de aguas altamente contaminadas. Recordemos que antes de la obra la masa de agua contaminada del Reconquista se distribuía entre el río Tigre, el Canal Aliviador y el brazo Reconquista Chico. La obra hidráulica implicó un ensanchamiento, dragado y rectificación del Canal Aliviador para contener la derivación mayoritaria de la masa de agua contaminada, y minoritariamente descarga por el río Reconquista Chico. Esto ocasionó la disminución de la inundabilidad, un aumento de la velocidad del caudal de agua contaminada y, por ende, una extensión de la pluma de contaminación en los arroyos del Delta de Tigre. Este impacto no evaluado por los técnicos-científicos encargados de la planificación de la misma tuvo como consecuencia la degradación del agua en el Delta. Por ende, una degradación de las condiciones de existencia de esa población que depende del agua del río para vivir.

Al momento de realización de la obra las organizaciones sociales y población afectada advirtieron sobre este impacto socioambiental, sin embargo, el sector gubernamental lo desestimó. Este accionar gubernamental fue variando al ritmo de la incorporación de la participación social en la planificación, a la vez que en los requisitos obligatorios para el financiamiento.

En este sentido, es menester revisar críticamente el paradigma de la “gestión integral de cuencas”. Por un lado, la definición y mecanismos de la participación social. Como vimos, se reproduce la jerarquización desigual de saberes que incurre en una desvalorización de otros modos de conocimiento como los expuestos. La participación entendida en términos consultivos, no vinculantes, subestima la capacidad de agencia de los agrupamientos colectivos. A su vez, los mecanismos de participación dentro de un paradigma guiado por la lógica política representativa jerarquiza a los sectores técnico-científicos en la toma de decisiones. Es preciso profundizar en paradigmas y modos de participación que propicien procesos de comunalización en los que las comunidades sean protagonistas en la gestión de cuencas. Para ello es necesario repensar la financiación de estos ámbitos, ya que las poblaciones afectadas también pagan económicamente su participación voluntaria en estos ámbitos.

Por otra parte, desde un inicio la articulación gubernamental en las diferentes escalas ha sido fragmentaria y discontinua. Estos sectores terminan privilegiando lo económico, primando la lógica de acumulación política partidaria y externalizando los costos a la sociedad. El UNIREC y COMIREC no han mostrado capacidad en llevar adelante una política integral, tampoco cuentan con mecanismos jurídico-administrativos para ejercer el “control de policía” tanto al sector público, como privado. En la medida que estos organismos no avancen articuladamente en solucionar el déficit de infraestructura de sistemas cloacales, de recolección-disposición de residuos (domiciliarios e industriales), el control y regulación del sector industrial, el problema de fondo se incrementa.

Al respecto, un análisis integral requiere incorporar al análisis de las cuencas la radicación de UC que ha transformado drásticamente el sistema de humedales costeros y fluviales. El flujo hídrico de las cuencas se ha modificado generando un efecto sinérgico entre la inundación, la contaminación y las injusticias hídricas, sociales, ambientales y económicas. Se profundiza la desigualdad y condena a las poblaciones locales de medios y escasos recursos económicos a pagar el costo económico, social, afectivo, ambiental, cultural de la degradación de sus condiciones de existencia.

Frente a estas situaciones, hemos recorrido la formación de diferentes agrupamientos colectivos de Tigre y las islas. Una singularidad que los caracteriza es que se han forjado de un acervo de conocimientos locales y contra-expertos, un repertorio de acciones, discursos, estrategias políticas de participación social en instancias gubernamentales y en diferentes conflictos ambientales y eco-territoriales. A partir de éstos han logrado instaurar la cuestión ambiental en las arenas públicas. Actualizando las sedimentaciones históricas en tanto memoria activa de las luchas o acervo cultural-político que permiten renovar los distintos agrupamientos colectivos. Re-definiéndose en cada momento y en cada confrontación o disputa.

Han afirmado la defensa del territorio en términos de cuenca y humedal; es decir, no sólo los procesos que se dan sobre el suelo metropolitano sino comprendido como unidad biogeográfica interrelacionada. En estos lenguajes de valoración ponen en evidencia la inconmensurabilidad de los valores, cuestionan el predominio de lo económico por sobre otros modos de valoración de la vida humana-no humana.

Siguiendo a Martínez Alier (2004) podemos definirlos dentro de los movimientos de justicia ambiental, ligado a una modalidad de subjetivación que se hace protagonista de la defensa de los humedales de la zona norte del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Bebbington (2009) define otros rasgos que caracterizan a estos movimientos, como la predisposición al diálogo, a la par que la radicalidad en el cuestionamiento a la inequidad observable en la relación sociedad-naturaleza. Como recorrimos, desde su inicio han promovido un tipo de participación y de fomento a la institucionalización de espacios de deliberación colectiva congruentes a la forma de vida isleña y a la sustentabilidad del ecosistema. En definitiva, vislumbramos la apuesta desde abajo por crear modos de participación social que amplíen los procesos de comunalización en la gestión de las cuencas y de los bienes comunes en general.

Este caso, nos permite observar la emergencia del movimiento de justicia ambiental que interrumpe en las geometrías de poder dentro del ciclo hidrosocial, cuestionando los impactos diferenciales y desiguales en el uso, acceso, control, regulación y distribución del agua. Por ello podemos comprenderlos como conflictos por el agua. Sin embargo, el agua no es el único elemento vital en conflicto, más bien, está integrada dentro de un ciclo vital más complejo. Tanto para la población pre-existente como aquellas que eligen el Delta, lo que entra en conflicto son los modos de articulación de lo humano-no humano, la reinvención de la ligazón de la vida humana no-humana.

Finalmente, podemos comprender estos procesos de subjetivación dentro de los movimientos de justicia ambiental ligados a la constitución de una racionalidad ambiental (Leff, 2004). En esa re-existencia o redescubrimiento de sí mismos en “la isla” o el delta - del ser en los términos que Leff propone-, en tanto voluntad de poder que reinventa sus condiciones materiales y vitales de existencia, se va conformando una nueva racionalidad y sensibilidad en confrontación con la racionalidad modera, logocéntrica, mercantilista, etc. Se construye una apuesta por la vida en las islas, una convivencia sustentable con el humedal, la generación de conocimientos, modos de gestión democráticos de lo común, etc. Procesos plagados de tensiones y contradicciones, de aciertos y fracasos.

De allí el dolor que se expresa en la frase “Ríos que matamos, matan” o el que expresa la población isleña al ver los peces muertos y ya no poder tomar el agua de los ríos. En esos afectos tristes también reside la voluntad de poder colectiva que resiste a los fracasos gubernamentales. Que persiste en mantener la relación directa con el mundo de vida humana-no humana porque allí se actualiza la memoria y pulsa la defensa del territorio. Reinventando cotidianamente la ligazón del territorio amado del humedal como espacialidad vital humana-no humana.