Introducción

Los conflictos por agua en América Latina han despertado un interés creciente en espacios diversos, tanto políticos como académicos, con implicaciones en las comunicaciones y decisiones relacionadas al abordaje de lo que, sin ser un fenómeno nuevo, emerge en muchos territorios de la región. Estos conflictos han sido estudiados en su relación con la existencia de desigualdades sociales y degradación ambiental. En ese sentido, la emergencia de la protesta se ha observado como correlato de un escenario de contaminación, escasez, y desigualdad[1].

La vida cotidiana en las ciudades también presenta problemas asociados al acceso, costos, y usos del agua, como un motivo de conflicto (Castro, 2006; 2017). Por las grandes cantidades de población y actividad económica que concentran, las ciudades enfrentan el desafío de la provisión de servicios, como el agua, en un contexto de deterioro ambiental[2]. Además, el contacto, intercambio e interdependencia entre sociedad y naturaleza que implica la urbanización dota de especificidad a estos conflictos, como situaciones en las que se manifiesta la dimensión política de los problemas y gestión del agua en las ciudades (Castro, Kaika & Swyngedouw, 2002 ; Rodríguez-Labajos & Martínez-Alier, 2015). En la protesta, se construyen y presentan exigencias y objetivos en los que la defensa del agua tiene un carácter político, vinculando la exigencia por las condiciones materiales de la ciudad, con la observación de asimetría en las relaciones de poder, la definición de un interés colectivos, y la presentación de la degradación ambiental como un problema de la comunidad.

Este trabajo realiza un análisis de la dimensión política de los conflictos urbanos por el agua en la observación de sus consecuencias. Las reflexiones que presenta forman parte entonces de una discusión sobre las implicaciones de la protesta social por el deterioro ambiental y sus manifestaciones desiguales en las ciudades (Harvey, 1996; Heynen, Kaika & Swyngedouw, 2006). De manera más específica, este trabajo contribuye al análisis que producen las situaciones de conflicto por el agua en la ciudad, analizando la reconfiguración de las prácticas y representaciones asociadas a la participación política y la apropiación colectiva del territorio de los actores movilizados, que construyen sus propias perspectivas de observación de los problemas cotidianos (Estrada Saavedra, 2015; Melé, 2016).

Se ha seleccionado, como caso de estudio, la protesta de una asamblea vecinal por el daño ambiental que ha implicado un proyecto inmobiliario ubicado al sur de la Ciudad de México. El proyecto inmobiliario en cuestión provocó un afloramiento de enormes cantidades de agua proveniente de un acuífero somero en un predio en que se construirían torres de departamentos, ubicado en la Av. Aztecas 215, en el pueblo de Los Reyes, en la alcaldía de Coyoacán. La solución ante esta circunstancia fue el bombeo y canalización de agua directamente a la red de drenaje, situación que los vecinos de las colonias aledañas observaron como un problema y un agravio, dando paso a protestas, la exigencia de cancelación de la obra por daño ambiental y la organización la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán (AGPC).

Con la observación de este caso se afirma que en el conflicto se han producido disputas del agua como componente del territorio, como objeto de conocimiento, y como materia de decisión política legítima. De manera que los conflictos por agua en el marco urbano tienen, entre sus consecuencias, la socialización de una expectativa por las formas de habitar la ciudad, de conocerla, y de tomar decisiones sobre su gestión en la vida cotidiana. La observación del caso estudiado contribuye a comprender cómo, en las situaciones de conflicto, el agua congrega reivindicaciones de carácter político, manifiestas en la disputa de territorios, conocimientos, y legitimidades. Las observaciones realizadas además contribuirán a entender qué significa que lo ambiental se “torna político” en las ciudades, y el papel de actores específicos, como las asambleas vecinales, en estos procesos.

Se observará el papel de la AGPC como actor colectivo en la construcción y mantenimiento de las expectativas y disputas mencionadas en torno al agua. Por ello, y como parte de la estrategia de recolección de información, fueron realizados un análisis documental, observación, y entrevistas a profundidad con vecinos involucrados en el conflicto. Las reflexiones que presenta este trabajo buscan de esta manera contribuir también a la comprensión de la manifestación de las consecuencias de los conflictos urbanos por agua en la vida cotidiana, tomando en cuenta el papel de un actor como la asamblea vecinal y la especificidad socioambiental de las ciudades.

Fundamentos conceptuales

La relevancia del agua en el transcurrir de la vida cotidiana en las ciudades es indudable y evidente, formando parte necesariamente de las rutinas diarias de sus habitantes. La materialidad y reproducción de las rutinas de la vida cotidiana en la ciudad descansa sobre una forma socialmente estabilizada de uso, contacto y aprovechamiento del agua (Loftus, 2012). Por tanto, su escasez, contaminación, costos o desperdicio se convierten en motivo latente de conflicto con repercusiones diversas en la vida política de las ciudades (Castro, Kaika & Swyngedouw, 2002;Martínez Alier, et al., 2017). Para el abordaje de la cuestión planteada en este trabajo, se presentarán conceptos que permiten observar cómo, en el marco de dichos conflictos, se presenta una disputa por el agua en tanto componente del territorio, objeto de conocimiento, y materia de decisión política.

Se parte de una concepción de la ciudad como un producto de la interrelación y determinación recíproca de elementos sociales y naturales (Heynen, Kaika & Swyngedouw, 2006). La producción de la ciudad implica entonces una configuración particular del medio ambiente urbano, en tanto ensamblaje de elementos humanos y naturales, en un proceso en el que se reproduce la desigualdad asociada a la distribución socio-espacial desigual de beneficios y cargas ambientales que se experimenta de forma cotidiana (Harvey, 1996; Swyngedouw, 1996; Swyngedouw & Heynen, 2003). El medio ambiente urbano es resultado de la coevolución e interrelación e intercambio metabólico[3] entre sociedad y naturaleza que detona el proceso de urbanización. Por ello, puede afirmarse que en los conflictos socioambientales urbanos se disputa la forma en la que relaciones desiguales de poder determinan la experiencia cotidiana del medio ambiente urbano (Loftus, 2012).

En el estudio de los conflictos socioambientales urbanos, se distinguen aquellos relacionados con la apropiación social del agua[4]. Los conflictos urbanos por el agua tienen repercusiones en las formas en las que se toman decisiones sobre la distribución, gestión, costos y cuidados de los recursos hídricos en una ciudad determinada (Castro, Kaika & Swyngedouw, 2002). En este sentido, autores como Swyngedouw (2004; 2009) proponen observar los flujos de agua en la ciudad como un correlato material de la existencia de desigualdades sociales y relaciones de poder asimétricas. Los conflictos asociados a estos flujos serían entonces un asunto intrínsecamente político, en el que emergen posibilidades de construcción de alternativas sobre la vida en las ciudades[5].

Los problemas por el agua en México han sido estudiados desde diferentes perspectivas, disciplinas y enfoques[6]. Este trabajo se incorpora, por las inquietudes que presenta, a las observaciones relacionadas a esta problemática en México, prestando especial atención a lo que los conflictos por el agua “producen” socialmente en la vida cotidiana de las ciudades, particularmente por su dimensión política y territorial. Los conflictos urbanos tienen consecuencias observables en la forma en la que un colectivo movilizado entra en contacto con la dinámica de la toma de decisiones de carácter político, así como en la producción de perspectivas y esquemas de observación del territorio en la ciudad y el papel de diferentes actores en la determinación de sus usos deseables (Melé, 2011). De esta manera, un conflicto urbano por el agua puede ser el vehículo para la reconfiguración del significado de la ciudadanía, en tanto pertenencia a una comunidad política y voluntad de influir en la definición del interés público, de un actor colectivo involucrado. El carácter político de los conflictos por el agua podría ser observado entonces, de manera empírica y operacional, por sus consecuencias en la organización de actores colectivos, apertura de espacios de participación, actualización de recursos jurídicos, o producción de expectativas sobre el territorio (Melé, 2016).

En la protesta se producen expectativas relacionadas a prácticas y perspectivas de observación del territorio, como un proceso de territorialización en el que se disputan las formas deseables de usar y habitar el espacio urbano. Se reconfiguran las formas de inserción territorial de un colectivo movilizado, resultado del intercambio, negociación, y disputa de prácticas y representaciones en el conflicto (Melé, 2011; 2016). La disputa por el agua implica también la producción y movilización de expectativas, en los actores colectivos, de usos deseables del espacio y el territorio en la ciudad. El agua forma entonces parte integral de las expectativas de uso deseable del territorio como uno de sus componentes fundamentales para la reproducción de la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad.

El agua es entonces disputada en tanto componente del territorio, en un proceso de producción de esquemas y narrativas de observación y problematización de la vida cotidiana que se producen en la protesta (Estrada Saavedra, 2015)[7]. Estos esquemas de observación y perspectivas del territorio se encuentran situadas y posicionadas tanto social como espacialmente. La observación y producción de expectativas sobre el agua como componente del territorio y la definición de sus usos deseables, se relaciona con la experiencia construida en diferentes sitios y lugares de la vida cotidiana, participación política, y protesta en la ciudad (Staeheli, 2010).

La producción de estos esquemas de observación con su posicionalidad se relaciona además con disputas por el agua como objeto de conocimiento. En los conflictos urbanos producen expectativas sobre las formas de producir y socializar conocimiento del lugar que se habita. Una de las condiciones de la protesta y su mantenimiento es el establecimiento de distinciones y esquemas de observación de la vida cotidiana y sus elementos problemáticos (Estrada Saavedra, 2010; 2015). En ese sentido, la forma de observar y de generar conocimiento en torno al agua es disputada en el establecimiento de las distinciones fundamentales que tipifican un aspecto de la realidad como problemático en la protesta. La disputa del agua como objeto de conocimiento y las formas de producirlo forma parte de una definición de los objetivos e identificaciones de un actor colectivo (Melucci, 1991). En efecto, la producción de conocimientos es un proceso de socialización de significaciones compartidas en torno al agua, las cuales se disputan y estabilizan en el conflicto. Además, se disputa la forma en la que estas significaciones son compartidas, difundidas y legitimadas.

Ahora bien, las protestas de organizaciones de carácter local, como las asambleas vecinales, tienen como una de sus consecuencias la constitución de marcos de observación del espacio compartido y de los habitantes del vecindario como una comunidad política (Martin, 2003). El activismo situado de las organizaciones vecinales da paso a la construcción de una perspectiva de observación con reivindicaciones de identidad y objetivos propios del vecindario, construido como sitio y espacio de acción política y participación. En este sentido, la protesta produce reivindicaciones de legitimidad y empoderamiento de los habitantes del vecindario, los vecinos, como comunidad política (Martin, 2003). El vecindario es producido como un sitio para la acción colectiva y la participación política, como parte de un proceso de reconfiguración de experiencias de ciudadanía.

Estas experiencias de ciudadanía y reivindicaciones de una comunidad política situada en el vecindario son parte de una disputa por el agua en tanto materia de decisión política legítima. El carácter político de los conflictos se manifiesta también en la forma en la que se disputa la legitimidad de diversos actores para la toma de decisiones que afectan la colectividad, particularmente en su experiencia de contacto cotidiano con el uso del agua en la ciudad. Las disputas por la legitimidad de la decisión sobre el bien colectivo y su manifestación en la apropiación social del agua forman parte de la reconfiguración de las expectativas de actores colectivos, como las asambleas de vecinos, al respecto del significado de la ciudadanía. Los habitantes de la ciudad reclaman su derecho a influir en la toma de decisiones que afectan su vida cotidiana, en una experiencia de participación también detonada por el conflicto (Fourniau, 2007). Los vecinos se movilizan como ciudadanos que, afectados por un problema colectivo, se preocupan por el bien común y las formas de usar el espacio.

Los conflictos son momentos de disputa sobre quién tiene legitimidad para modificar, definir y decidir sobre los usos del espacio inmediato (Maccaglia & Dansero, 2017). El agua es entonces presentada como materia de decisión política, pues se cuestiona y disputa la legitimidad de diversos actores para intervenir en dicho proceso. En procesos de debate, negociación e interlocución en el marco de los conflictos pueden dar paso a expectativas sobre el agua, e inclusive la ciudad, como materia de decisión.[8] Estas expectativas son movilizadas por actores como las asambleas de vecinos, que presentan sus argumentos con reivindicaciones de legitimidad propia e interactúan con los mecanismos existentes para la toma de decisiones (Fourniau, 2007). Por tanto, y para comprender cómo operan estos procesos, se trabajará con el estudio del caso de la AGPC como asamblea vecinal involucrada en un conflicto por el agua.

Metodología y caso de estudio

Este trabajo analizará un conflicto urbano por el agua prestando atención al papel de una asamblea vecinal en las consecuencias y la experiencia de protesta. Para ello, se procede con un abordaje cualitativo, utilizando técnicas de recolección de información como el análisis documental, la observación y las entrevistas en profundidad. Estas entrevistas fueron realizadas a vecinos involucrados en la asamblea, entre septiembre de 2018 y febrero de 2019. La observación y el análisis documental, por otro lado, se realizó de febrero del 2018 a febrero del 2020. Las entrevistas han permitido acceder a una narrativa en torno al sentido de la defensa del agua para los vecinos, por lo que se presentarán extractos de las conversaciones sostenidas en los resultados del trabajo, haciendo referencia tanto a momentos específicos y al desarrollo general del conflicto.

Se han podido identificar cinco tipos de actores involucrados en el conflicto: los vecinos de la asamblea, la empresa inmobiliaria Quiero Casa, los funcionarios de diversas instancias o secretarías del gobierno de Coyoacán y la CDMX, académicos que han acompañado el caso en diversos momentos, y miembros de organizaciones aliadas a la AGPC. Como acercamiento metodológico, no solamente fueron realizadas entrevistas con vecinos[9], sino también a miembros de otras organizaciones aliadas, académicos y funcionarios del gobierno local (una clasificación de los actores involucrados se presenta en el Cuadro 1). Sin embargo, este trabajo presenta resultados relacionados a las entrevistas realizadas con los vecinos, en las cuales se buscó comprender el sentido de la protesta en asamblea y las consecuencias del conflicto en su vida cotidiana. Ahora bien, el estudio de caso se seleccionó como aproximación para profundizar en la descripción y análisis de problemática establecida, sin implicar que no sea necesario el contraste y la observación de otras situaciones de conflicto para la profundización del conocimiento[10]. Los resultados requerirán ser contrastados con otros casos y habrán de tratarse como planteamientos de trabajo hacia futuras investigaciones.

A inicios del año 2016, como parte los trabajos de construcción de torres de departamentos, la inmobiliaria Quiero Casa provocó el afloramiento de un acuífero somero que inundó un predio ubicado en Av. Aztecas 215, en el pueblo de Los Reyes, en Coyoacán, al sur de la Ciudad de México (CDMX) (Zambrano & Canteiro, 2016). Para continuar la construcción, la inmobiliaria canalizó el agua al drenaje, provocando la indignación de los vecinos de colonias cercanas y su organización en la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán (AGPC). Estos vecinos demandaron la cancelación de la obra por el daño ambiental que representó el derrame de agua, tipificado además como un agravio ante la falta del líquido en sus colonias. Como parte de la contextualización del caso, se presenta información en torno a la problemática del agua y las consecuencias del desarrollo inmobiliario de los últimos años en la CDMX.

Los habitantes de la CDMX enfrentan, de manera cotidiana, problemas relacionados con el suministro de agua potable. Estos problemas, sin ser exclusivos de esta ciudad, se han convertido en un motivo de conflictividad social. Además, esta urbe presenta una fuerte dependencia de fuentes externas para satisfacer su demanda de agua[11], la cual genera una constante presión sobre los acuíferos del centro de México con consecuencias como su contaminación, el abatimiento de niveles freáticos, el aumento de los costos de extracción[12]. Hasta un 70% de la demanda de agua en la región del centro de México es cubierta por la extracción de agua subterránea, representando el doble del volumen de recarga de estos acuíferos (López-Morales & Mesa-Jurado, 2017). Los conflictos por agua en la CDMX se hacen probables ante la experiencia cotidiana de su escasez o contaminación [13].

Por otro lado, y como parte del contexto en el que se enmarca el conflicto de Aztecas 215, es importante mencionar que en años recientes se ha presentado una política de impulso al desarrollo inmobiliario y un modelo de crecimiento vertical en la construcción de vivienda en la CDMX[14]. Entre las causas de las problemáticas por el agua en la ciudad, el desarrollo inmobiliario de alto impacto tiene relevancia por sus repercusiones en el incremento de la demanda, escasez y posible encarecimiento de servicios. Por otro lado, en los proyectos de construcción se producen afectaciones a la vida cotidiana de los habitantes de espacios vecinos, que pueden ir desde el aumento del tránsito, el ruido, o el deterioro del entorno natural como construido. Por estas razones, y sin restar importancia a otros espacios y ciudades, este artículo estudia las implicaciones de un caso de conflicto por agua relacionado con el desarrollo inmobiliario en la CDMX[15].

Este modelo de crecimiento urbano ha tenido también implicaciones en la emergencia de protestas, denuncias y movilizaciones de grupos afectados (González Alvarado & Quintero Morales, 2018). La protesta social por la observación de degradación ambiental en las ciudades involucra, entre otros actores, a las organizaciones de vecinos. Estas organizaciones emergen como un actor que reivindica su derecho a influir en las decisiones que afectan su vida cotidiana, ya sea por la dotación de servicios como el agua potable, o por la construcción de proyectos inmobiliarios de alto impacto en su espacio inmediato[16].

La AGPC como organización emerge en el marco del conflicto con la inmobiliaria Quiero Casa por la construcción en Aztecas 215. Ante la observación del derrame de agua, esta asamblea de vecinos de cinco colonias, barrios, y pueblos distintos, se organizó como actor colectivo, demandando la cancelación definitiva de la obra[17]. El derrame de agua además es un agravio para vecinos que habitan en colonias que, en años recientes, viven de forma cotidiana problemas por desabasto del líquido, y conflictividad asociada a ello (González Alvarado, 2013). Uno de los vecinos comenta del surgimiento del conflicto que:

Por el problema de la inmobiliaria y el agua convocamos para [una protesta] el viernes 25 de febrero [del 2016], a las 4 de la tarde frente a la obra de Aztecas 215. Acordamos que todos íbamos a traer cubetas para llenarlas con el agua que se veía de las mangueras azules que estaban tirando al drenaje, y con carteles. En esa protesta nos encontramos bastantes vecinos, unos 200 vecinos, y lo que hicimos fue establecer una asamblea (Carlos, entrevista, 26 de octubre del 2018).

Tras el trabajo de campo realizado, y como parte de la descripción del caso, pueden establecerse analíticamente cinco etapas del conflicto. Estas etapas se suceden temporalmente, abarcando desde enero del 2016 hasta febrero del 2020, momento en el que se realizan las últimas observaciones con referencia a este caso. Es importante mencionar que la delimitación de estas etapas además deriva del diálogo sostenido con los vecinos por medio de las entrevistas, en las que se refieren acontecimientos importantes que han marcado la organización y trayectoria de la AGPC.

Se identifica como una primera etapa de enero a abril del 2016, caracterizada por el inicio de la movilización vecinal por el derrame de agua, la presión a las autoridades y la formación de la AGPC. Una segunda etapa va de abril a diciembre del 2016, que se caracteriza por la instalación de un plantón y bloqueo de la obra por los vecinos, la presentación de denuncias, la realización de un estudio técnico para determinar el origen del afloramiento de agua y una primera resolución administrativa de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX (PAOT) que reconocía la existencia del acuífero somero, pero autorizaba la continuación de la construcción. La tercera etapa va de diciembre del 2016 a agosto del 2017, empezando con el desalojo violento del plantón y la posterior reanudación de la construcción, pero también por el mantenimiento de la organización y la presentación de una nueva denuncia ante la PAOT con la evidencia de que el agua se continuaba canalizando al drenaje. Una cuarta etapa va de agosto del 2017 a noviembre del 2018, comenzando con la instalación de un segundo campamento frente a la obra, que sin embargo no logró su detenimiento completamente, la realización de foros en defensa del acuífero y finalmente el levantamiento voluntario del plantón. La quinta etapa va de noviembre del 2018 hasta febrero del 2020 y está caracterizada por la suspensión de la obra por el gobierno local, una segunda resolución administrativa de la PAOT que reconocía la existencia de afectaciones al acuífero, el establecimiento de un nuevo diálogo con autoridades de la CDMX, la posterior reanudación de la construcción y la protesta por el abastecimiento de agua en los pedregales de Coyoacán. A continuación, se presenta una clasificación, en el Cuadro 1, que resume las etapas del conflicto y se procederá a exponer también los resultados de investigación del caso.

Cuadro 1
Etapas del conflicto en Av Aztecas 215

Fuente: Elaboración propia

Etapa	Período	Eventos fundamentales
1	enero - abril de 2016	1. Observación del derrame de agua 2. Primeras protestas y denuncias 3. Formación de AGPC
2	abril - diciembre 2016	1. Instalación de un primer plantón 2. Bloqueo a la obra 3. Realización del estudio técnico 4. Primera resolución PAOT
3	diciembre 2016 - agosto 2017	1. Desalojo violento del primer plantón 2. Reanudación de la construcción 3. Mantenimiento de la organización y protestas 4. Nuevas denuncias del daño ambiental
4	agosto 2017 - noviembre 2018	1. Instalación de un segundo plantón 2. Bloqueo parcial (no total) de la obra 3. Realización de foros y eventos 4. Levantamiento voluntario del plantón
5	noviembre 2018 - febrero 2020	1. Suspensión de la obra por el gobierno 2. Segunda resolución PAOT 3. Establecimiento de diálogo con autoridades 4. reanudación de la construcción 5. protesta por abasto de agua

La defensa del agua como componente del territorio

El objetivo principal de la AGPC es la cancelación definitiva de la obra por el daño ambiental provocado al acuífero somero. Las estrategias de la asamblea se encuentran dirigidas hacia ese objetivo, en el cual confluyen los vecinos de diferentes colonias en las que además se padece escasez de agua. Para todos ellos, es sumamente preocupante el derrame de agua al drenaje, evento de la vida cotidiana constituido como agravio y problema.

Ver el agua tirándose al drenaje nos desesperaba, y nos sigue desesperando que sean tan irresponsables y cínicos, y no tengan consideración por tanta gente que no tiene agua, y por nosotros mismos que nos ha tocado padecer la falta de agua. Mi mamá nos contaba mucho la historia de que [cuando éramos chicos] mi papá se tenía que parar todos los días a las 5 de la mañana y caminar hasta otra colonia para dejarle dos cubetas de agua que cargaba [para nosotros]. Ese esfuerzo que hizo él y tanta gente de aquí [de Santo Domingo] es algo que recordamos ahora y nos preguntamos por qué están tirando el agua (Carlos, entrevista, 26 de octubre del 2018).

La experiencia compartida de carencia en torno al agua opera como sensibilización para la construcción de marcos de observación y significación que operan en el conflicto (Melucci, 1991; Martin, 2003; Pacheco-Vega, 2014; Estrada Saavedra, 2015). Tener acceso al servicio del agua y el drenaje ha sido además una conquista de la organización vecinal en las colonias representadas en la AGPC, de las cuales algunas han sido producto de un proceso de autoconstrucción, con la correspondiente organización colectiva para la obtención de servicios básicos (Ortega Alcázar, 2016). Por tanto, el agua es un componente de la vida cotidiana en los vecindarios representados y parte fundamental de las rutinas diarias en estos territorios, lo cual le otorga un significado particular en el momento de conflicto.

La escasez de agua es parte de las rutinas de la vida cotidiana de personas que además reconocen y recuerdan los antecedentes de organización para garantizar el derecho a la vivienda y los servicios en estos vecindarios. La AGPC, como asamblea de vecinos ubicada en los pedregales de Coyoacán, da continuidad y reconfigura una lucha por el derecho a la vivienda y los servicios públicos en la CDMX, incorporando la defensa del agua como componente del territorio y el medio ambiente urbano a las exigencias del movimiento que disputa la producción de la ciudad (Harvey, 1996 ; Purcell, 2013). La disputa por el agua en estos vecindarios ha implicado la producción y apropiación de narrativas, expectativas, y prácticas en torno al territorio y su historia (Melé, 2016).

Una generación construyó los pedregales, otra generación la defendió de Corona del Rosal y logró cierta seguridad por lo menos.[18] Nos toca ahora a nosotros ser la generación que eche a las inmobiliarias. Que eche a este negocio inmobiliario y que rescate el ecosistema integral de los pedregales (Alejandro, entrevista, 14 de febrero del 2019).

En los conflictos se reconfigura la inserción de los actores colectivos el territorio (Melé, 2011). Tanto la memoria colectiva como las expectativas en torno al agua son fundamentales en este proceso. La defensa del agua en el momento presente, se vincula con la defensa de un espacio construido colectivamente con el esfuerzo de generaciones anteriores. La AGPC produce una perspectiva de observación propia del territorio y de las formas deseables de usarlo que incluyen, además, una disputa por el agua como uno de sus elementos, palpable en la vida cotidiana y en la historia del vecindario. Cuando los vecinos hablan del rescate del ecosistema integral de los pedregales hacen referencia al papel del agua en el medio ambiente urbano inmediato del vecindario, como un componente del territorio y la vida cotidiana en la ciudad.

La defensa del agua como componente del territorio se observa también entonces en las expectativas de los vecinos sobre el rescate del ecosistema de los pedregales. La disputa por el agua se ha vinculado con la memoria y defensa del entorno natural de los pedregales de Coyoacán. Es importante mencionar al respecto que uno de los objetivos de la AGPC fue, además de la cancelación de la obra por daño ambiental, la expropiación del predio para la construcción de un parque ecológico comunitario.

Diferentes formas de representar y utilizar el territorio se ponen en disputa en el marco del conflicto por el agua: la de los vecinos organizados que exigen un parque ecológico comunitario y aquella perteneciente a los desarrolladores inmobiliarios que construyen torres de departamentos. En la protesta se ponen en conflicto estos marcos de sentido para la observación del territorio (Melé, 2011; Pacheco-Vega, 2014; Estrada Saavedra, 2015). El caso estudiado aporta también elementos para comprender cómo se efectúan estos procesos en el marco urbano[19]. El arraigo territorial también es propio de las organizaciones vecinales, que producen una expectativa de habitabilidad y apropiación de su espacio inmediato, incluyendo reivindicaciones por el uso y acceso al agua. La expectativa de sustituir una torre departamental con un parque ecológico comunitario forma parte de las reconfiguraciones del arraigo territorial en estos vecindarios que produce el conflicto (Torregrosa, Kloster & Latargère 2015; Melé, 2016).

La asamblea construye una perspectiva también de lo que significa ser habitante de los pedregales de Coyoacán. En efecto, los significados tanto del agua como del territorio, e inclusive de la identidad e identificación del “vecino” como participante de la asamblea, son resultado de la problematización de la vida cotidiana y la protesta. Los momentos de conflicto por agua implican una actualización y reconfiguración de la identificación con el territorio en la ciudad.

Una de las ventajas que a mí me dio mucho la asamblea fue el identificarme con el territorio. Como que esta misma dinámica de la ciudad, por todo lo que implica de estrés y precariedad hace que no te identifiques con un territorio [...] Entonces lo que a mí me ayudó mucho de involucrarme más fue el identificarme como parte de los pedregales (Francisco, entrevista, 8 de febrero del 2019).

Los vecinos se identifican con el territorio, con los pedregales, y por tanto con el acuífero somero como uno de sus componentes. Esta identificación además se observó en un momento específico del conflicto: la disputa de una narrativa, producida por el gobierno local a inicios del conflicto, de que el agua que afloraba en Aztecas 215 debía derramarse al drenaje pues era de mala calidad y proveniente de escurrimientos superficiales (Romero Sánchez, 2016). Los vecinos han sostenido, desde el inicio de su lucha, que el agua aflorando en el predio no debe de tirarse al drenaje, señalando y afirmando la existencia de agua como elemento del espacio que habitan. Por tanto, ha sido fundamental para la AGPC disputar la idea de “agua mala” que debe tirarse al drenaje, por la de un acuífero somero que debe ser reconocido y defendido.

Ante la disputa por el origen y calidad del afloramiento de agua en el predio en cuestión, fue realizado un estudio técnico por el Instituto de Geología de la UNAM, cuyos detalles serán abordados posteriormente. Este estudio determinó que el agua era proveniente de un acuífero somero, que era susceptible de ser potabilizada, y que no debía ser canalizada al drenaje (González Alvarado, 2016). La información presentada en el estudio además se complementa con las experiencias previas de la asamblea y los habitantes de los pedregales de Coyoacán en una producción de conocimiento en torno al agua en el conflicto. La AGPC, de esta manera, incorpora su historia y antecedentes como conocimiento del agua para su defensa como componente del territorio. El agua es reivindicada como parte del ecosistema de los pedregales de Coyoacán y como parte de una historia de vida cotidiana en estos vecindarios.

Se construye una perspectiva de observación del espacio inmediato situada y posicionada física y socialmente, la cual es socializada y compartida por los vecinos en espacios de interacción y organización de la acción colectiva, como la asamblea (Estrada, 2010). Desde esta posicionalidad se habita y observa la ciudad de manera cotidiana, se tipifica el derrame de agua como un problema, y se defiende el acuífero somero como componente del territorio. En estos sitios y lugares de la asamblea se realiza la protesta, se exige participación, y se reconfigura el significado de la ciudadanía (Staeheli, 2010; Melé, 2016). La defensa del agua es parte de un proceso de territorialización, en el que se encuentran demandas de justicia ambiental y expectativas de mejora en las condiciones de vida de la ciudad (Heynen & Swyngedouw, 2003).

La disputa por el agua como objeto de conocimiento

La disputa del agua en el conflicto implica también una producción y socialización de conocimiento que retroalimenta la protesta. La protesta vecinal ha conseguido, en conjunción con diferentes factores, que el gobierno local reconozca la existencia del acuífero somero y el daño ambiental. El conflicto ha representado entonces una disputa por las formas de nombrar el afloramiento e inundación del predio de Aztecas 215. Por tanto, se ha disputado el agua también como objeto de conocimiento.

Como se mencionó anteriormente, en los momentos iniciales del conflicto fue realizado un reporte técnico en torno al afloramiento de agua de Aztecas 215, ordenado por la PAOT y llevado a cabo por el Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El reconocimiento de la existencia del acuífero somero y la realización del estudio técnico en torno al afloramiento de agua, han sido apropiados por la asamblea como una conquista y herramienta de la protesta. En efecto, de acuerdo con comunicados de prensa, boletines emitidos por la AGPC y las comunicaciones que presentan en volantes y materiales diversos, este estudio técnico es “una victoria popular y una herramienta científica en defensa del agua y el territorio”.

Se ha dado paso, de esta manera, a la producción de conocimiento en torno a un acuífero somero e incluso al reconocimiento de su existencia y la valoración de su papel como parte de la ciudad. La disputa y necesidad de conocimiento sobre el agua emerge en el conflicto y se convierte en una reivindicación de los vecinos. En palabras de uno de los vecinos, “alguien tenía que dar una explicación sobre el agua […] alguien tenía que decir qué pasaba” (Carlos, entrevista, 26 de octubre del 2018). La PAOT tomó la decisión de ordenar el estudio técnico, pero fue indudablemente influida para ello por la protesta de los vecinos. Esto además dio paso a la producción de conocimiento en torno al acuífero somero y a su descripción, lo cual no había sido realizado anteriormente. Los hallazgos del estudio han dado paso a más investigaciones de carácter científico sobre las particularidades del acuífero[20].

La construcción de conocimiento se ha dado también por la adquisición de capacidades técnicas, como por la apropiación de terminología, información y datos sobre el agua y el territorio. En efecto, se produce una adquisición y actualización de conocimiento en el conflicto también asociada al descubrimiento de nuevas capacidades, especialmente en los procedimientos jurídicos o las mesas de negociación con el gobierno (Melé, 2016). Un vecino comenta al respecto que:

Uno de nuestros logros es el conocimiento que hemos adquirido en este tiempo. Estos movimientos nos han hecho casi expertos a muchos, porque nos volvemos gente que adquiere los conocimientos de reglamentos y todo lo que se tiene que adquirir para defenderse y decir qué es lo que queremos (Ernesto, entrevista, 14 de octubre del 2018).

Además de la importancia que ha tenido la publicación del estudio técnico y la adquisición de capacidades, ha sido fundamental la socialización y difusión de información al interior de las asambleas. Uno de los aspectos más importantes de la organización vecinal en la AGPC es la socialización de información sobre la protesta y las problemáticas enfrentadas como comunidad. El compartir información da paso a la existencia de marcos comunes de objetivos de la acción colectiva (Melucci, 1991) y de una construcción del vecindario como espacio de acción política (Martin, 2003). La producción de conocimiento y su difusión en espacios como las asambleas ha sido uno de los resultados de la acción colectiva, un producto del conflicto que ha influenciado en las posibilidades y trayectorias futuras de la protesta. Por ello, el conocimiento adquirido en el conflicto es visto por los vecinos como una conquista y un logro colectivo.

Este conocimiento no ha sido propiedad exclusiva de los expertos, sino resultado de un proceso de colaboración entre diversos actores, y de incorporación no solamente de información técnica sino de la memoria y saber de los vecinos organizados. La colaboración con actores como los aliados de otras organizaciones y académicos ha sido crucial para el proceso de producción de conocimiento sobre el agua y su apropiación[21]. La AGPC se ha convertido en un espacio de formación y socialización de conocimientos en torno al agua como parte de la protesta, organizando eventos y foros para la difusión, por medio de presentaciones de académicos, artistas y activistas invitados a exponer información y experiencias de lucha similares. La socialización de la información se hace posible por la existencia de espacios de interacción y retroalimentación, como las asambleas, fortaleciendo las certezas y reivindicaciones de los vecinos involucrados.

[Sabemos que] Sí hay una afectación a un manantial en avenida Aztecas. Y nosotros no lo decimos, lo dicen los investigadores, los científicos, la gente que conoce del tema de la UNAM, ingenieros, biólogos, que tienen estudios sobre lo que estamos defendiendo (Alfonso, entrevista, 11 de noviembre del 2018).

Tanto el conocimiento generado en espacios como en las universidades, como el producido por los vecinos y su experiencia de protesta, es parte de la construcción de un esquema narrativo de observación para la tipificación de un problema y la definición del marco común y objetivos de la acción colectiva (Estrada Saavedra, 2015). Dichas narrativas, identidades y conocimientos entran en contradicción con las afirmaciones realizadas por otros actores al respecto del agua, su gestión y la solución a los problemas que dieron paso al conflicto. En este sentido, los conflictos son momentos de actualización, y especialmente de disputa, de los conocimientos existentes, con respecto al agua y la ciudad, en los actores involucrados.

La descripción y conocimiento del acuífero somero ha influido además en la existencia de una expectativa, en los vecinos, de participación en las definiciones del problema, el acuífero somero, el daño ambiental, y las formas de resolverlo. El gobierno y la inmobiliaria hubieron de reconocer que el afloramiento en el predio era proveniente de un acuífero somero, lo cual tiene implicaciones a la hora de atribuir e identificar un daño ambiental, así como la forma de atribuir sanciones a los responsables. Por ello, la existencia y producción de conocimiento es para los vecinos una conquista no solamente en la lucha de Aztecas 215, sino para la defensa del agua en toda la ciudad con expectativas de justicia ambiental.

La lucha por el agua como objeto de conocimiento forma parte de la construcción de un espacio para la acción y decisión política situado en el vecindario (Martin, 2003). La difusión y socialización de información en asambleas es parte de la producción de marcos comunes de interpretación de la realidad y de observación del lugar en el que se habita. Lo anterior además implica una reivindicación acerca del papel y la legitimidad de diferentes actores para tomar decisiones en torno al futuro de los espacios habitados. El conocimiento del agua y el territorio adquirido en el conflicto es entonces una fortaleza para el reclamo de legitimidad en la participación y toma de decisiones que afectan la vida cotidiana de sus habitantes (Melé, 2011; Maccaglia & Dansero, 2017).

Expectativas en torno al agua como materia de decisión política legítima

El conflicto por la definición del uso y futuro del agua en el predio de Aztecas 215 implica una disputa por la definición de quién tiene la legitimidad de intervenir y modificar el espacio inmediato (Maccaglia & Dansero, 2017). En el conflicto se disputa el procedimiento para definir, además, el interés público y su manifestación en el uso del predio, confrontando entre el interés de construcción de una inmobiliaria y el uso deseable del espacio de la AGPC. La legitimidad de la toma de decisiones sobre el uso del agua que afectan al vecindario como comunidad política se vuelve entonces motivo de disputa. Esto se manifiesta además en la percepción de ilegalidad, y falta de legitimidad, en las acciones realizadas por la inmobiliaria Quiero Casa en el predio.

Nosotros decimos que si nos desalojan nos volveremos a plantar. Volveremos a tomar las calles y seguiremos denunciando que aquí está un manantial y que esta obra es ilegal. Que, aunque desgraciadamente ellos tienen todos los papeles de legalidad sabemos que es ilegal. Porque la están construyendo encima de un acuífero somero sabemos que esto es ilegal (Estela, entrevista, 14 de octubre del 2018).

La AGPC demanda la expropiación del predio de Aztecas 215, pues la afectación al acuífero somero es percibida como problema por vecinos preocupados por el futuro de la urbe y del medio ambiente. Saber y afirmar como asamblea que la obra es ilegal, a pesar de que tenga los certificados y permisos del gobierno local, habla de cómo se disputa la legitimidad en el conflicto por agua. La demanda de expropiación además introduce a los vecinos como interlocutores de las autoridades públicas locales, con argumentos que aluden a un problema general y público. De esta manera, se cuestiona el ejercicio del poder en la determinación de los flujos de agua en la ciudad (Swyngedouw, 2004). En los conflictos urbanos por agua, se disputa la legitimidad de diversos actores para tomar decisiones en torno al interés público y su manifestación en el espacio inmediato y el uso de los recursos hídricos.

Como se ha mencionado anteriormente, las definiciones del agua en la ciudad y las decisiones en torno a su gestión fueron disputadas en la protesta vecinal, dando paso al reconocimiento de un daño ambiental y afectación al territorio (Melé, 2011). Se producen expectativas en torno al agua como materia de decisión política. Se disputa la legitimidad que tienen diversos actores para tomar decisiones que afectan a la colectividad. Se presentan al respecto argumentos que refieren a procesos participativos, justos, y democráticos como parte de las demandas de los vecinos, quienes además defienden su propia legitimidad en la toma de decisiones. Uno de ellos comenta al respecto que “Esto es totalmente justo, no estamos pidiendo las perlas de la virgen, lo que pedimos es porque nos asisten el derecho y la razón, legalmente y moralmente” (Ernesto, entrevista, 14 de octubre del 2018). Estas expectativas de justicia y participación en las decisiones que conciernen al agua forman parte de una reconfiguración del significado de la ciudadanía en el conflicto (Fourniau, 2007; Melé, 2016).

La AGPC plantea que el agua es un derecho humano que debe ser respetado y garantizado universalmente. Las expectativas relacionadas con el tener y ejercer este derecho al agua se manifiestan en la construcción del agravio y una narrativa de la protesta como forma de hacer valer lo que se ha obtenido como conquista histórica (Castro, 2006). Esto además es parte de una lucha por las condiciones materiales de la cotidianeidad en las ciudades (Purcell, 2013). Una de las vecinas comenta al respecto que:

[El agua] es un tesoro. Ese tesoro no lo podemos dejar en manos de unos cuantos. Porque es un derecho humano y hay que defenderlo. Tenemos una frase que es el agua es vida y la vida se defiende (Olga, entrevista, 18 de noviembre del 2018).

El desperdicio del agua sería entonces una afrenta contra el bien común y toda acción encaminada a detener este derrame es legítima para los vecinos. Que este derecho no se respete se convierte en un motivo para integrarse a la lucha. Por estas razones, para la AGPC la defensa del líquido vital responde a un interés general, por encima de los intereses particulares de los desarrolladores inmobiliarios. En efecto, entre las consignas que plantean los vecinos se encuentran las siguientes: “Defender el agua no es delito”, “¡El agua es vida y la vida se defiende!”, “¡Agua sí, inmobiliarias no!”. El agua opera como vehículo de reivindicaciones asociadas al derecho, la legalidad, y la vida, convirtiéndose en materia disputada de decisión política.

Los conflictos por agua ponen en disputa la legitimidad y las prioridades en la toma de decisiones sobre el agua como componente del territorio y el espacio inmediato, pero la AGPC ha sostenido también, amparándose en el conocimiento adquirido, que el daño al acuífero somero tendrá consecuencias no solamente para sus vecindarios sino para toda la ciudad. El derrame de agua al drenaje es entonces tematizado como un problema público. En la lucha de la AGPC se presenta, de esta manera, una escalada de generalidad (Melé, Bobbio & Ugalde, 2017) en la que los participantes particulares presentan su problema como un asunto que afecta a una colectividad mayor.

Esto implica también una experiencia de participación con la construcción de argumentos en tanto vecinos del espacio afectado. El conflicto por agua permite, en este caso, el encuentro de los vecinos que se afirman como ciudadanos con la voluntad de participar en la definición del bien público y su manifestación en el territorio (Fourniau, 2007). Se disputa la legitimidad de la inmobiliaria, e inclusive de los funcionarios públicos, para tomar decisiones sobre su espacio inmediato y sobre el agua como elemento de la vida cotidiana en los vecindarios representados en la asamblea.

Conclusiones

Este trabajo analiza las consecuencias de los conflictos urbanos por agua en la vida cotidiana de los colectivos movilizados. Para ello, se estudió el caso específico de la AGPC, describiendo cómo se produjeron disputas y expectativas en torno al agua como componente del territorio, objeto de conocimiento, y materia de decisión política legítima. La observación de estos procesos permite además esclarecer qué significa que los problemas por agua en la urbe tienen una dimensión intrínsecamente política. El análisis de las consecuencias de los conflictos urbanos por agua también contribuye a comprender cómo se manifiesta la especificidad de estos procesos en un espacio de aglomeración, intercambio metabólico e interdependencia humano-natural como las ciudades.

La AGPC ha construido una narrativa donde confluyen los usos deseables del territorio, la defensa del agua, la identidad y conocimiento del espacio habitado, y la legitimidad de los habitantes para participar en la toma de decisiones que afectan la vida cotidiana en la ciudad. La confluencia de estos elementos como motivos de la protesta se hace posible con la producción de esquemas colectivos de observación y significación en torno al agua como consecuencia del conflicto (Estrada Saavedra, 2015; Melé, 2016). Las asambleas de vecinos son un espacio de estabilización de perspectivas de observación que mantienen la protesta. El papel de estas organizaciones es fundamental en tanto mediación para la producción y socialización de esquemas en donde confluyen expectativas y disputas por el agua, la ciudad, el territorio, el conocimiento, la legitimidad, y la ciudadanía.

Las implicaciones de las disputas de la AGPC se sugieren en las expectativas de justicia ambiental y producción de la ciudad de los vecinos. Por ejemplo, el conocimiento de la existencia de un acuífero somero y sus características puede ser el punto de partida para una gestión y procedimiento de toma de decisiones en torno al territorio con atribución de legitimidad por sus habitantes involucrados como interlocutores de las autoridades locales. La AGPC, al oponerse a la construcción de la obra, vincula la defensa del agua con una disputa y expectativa por la producción de la ciudad (Heynen, Kiaka & Swyngedouw, 2006). Este tipo de fenómenos será importante ante un escenario de incertidumbre por la degradación ambiental y afectaciones a la vida cotidiana de cada vez más ciudades.

Por tanto, es importante continuar observando las trayectorias de los conflictos urbanos por agua, prestando atención a sus consecuencias en la vida cotidiana de la población que percibe las consecuencias del deterioro ambiental en las ciudades. Nuevas problemáticas y preocupaciones se incorporan al conjunto de reivindicaciones de los grupos que ponen bajo cuestionamiento una forma de apropiación social del agua en la ciudad. La incorporación de conocimientos, narrativas territoriales y expectativas de ciudadanía de las organizaciones vecinales se convierte así en un desafío para la gestión de las ciudades y la producción del medio ambiente urbano en el mundo contemporáneo.

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Notas