1. Introducción

La bioenergía¹ ha sido promovida como una respuesta “sustentable” frente a la crisis ambiental y el cambio climático. Sin embargo, la producción de agrocombustibles. es cuestionada tanto a escala local como global. Asimismo, se han convertido en un tema favorito de investigación para varias disciplinas. Por su parte, los estudios sobre las externalidades de la bioenergía desde una perspectiva de justicia ambiental son todavía escasos. Mientras la mayoría de las investigaciones se han centrado en las áreas rurales, donde los cultivos crecen, en su impacto en los cambios en el uso y acaparamiento de la tierra y las emisiones de gases de efecto invernadero; el caso de estudio explora un conflicto en torno a la producción de etanol a partir de maíz en un contexto urbano: el barrio San Antonio de la ciudad de Córdoba, en Argentina.

Con la creación del mercado interno de “biocombustibles” desde 2010, de acuerdo a la ley nacional 26.093/2006, la producción de estos agrocarburantes en el país se incrementó notablemente. En un comienzo el etanol argentino se producía a base de caña de azúcar y años después también comenzó a producirse a base de maíz (Toledo López, 2013). Los combustibles a base de cereales tuvieron un auge desde 2012, haciendo posible la provisión para el mercado interno de agrocombustibles y el abastecimiento del corte nacional de naftas con etanol, que era de aproximadamente 900,000 m. (metros cúbicos). En este marco, Córdoba se posicionó como una de las principales provincias productoras de etanol a base de maíz. En el año 2012 surgió en la ciudad capital un conflicto asociado a la percepción de riesgos para la salud y de inseguridad por proximidad con la fábrica que empezó a producir etanol de maíz, en el marco del cual se realizó un primer amparo colectivo del país en relación a esta “nueva” producción, entre otras acciones administrativas y judiciales, y así también, por primera vez han tomado curso varios fallos en la materia, siendo el más reciente en diciembre de 2019.

El presente artículo busca contribuir al debate sobre las externalidades de la bioenergía desde una perspectiva de ecología política, con foco en el análisis de las controversias socio-técnicas y la narrativa de justicia ambiental del movimiento local, frente a los daños en el ambiente y la salud derivados de la producción del llamado bioetanol. La ecología política y la justicia ambiental incluyen tanto corrientes académicas y teóricas como, al mismo tiempo, experiencias y reivindicaciones en el marco de los movimientos sociales. Se consideran los conceptos que los movimientos de protesta refieren y, al usarlos, desarrollan una narrativa propia sobre la justicia y el ambiente, y así politizan y llevan al mundo de la práctica discusiones que de otro modo quedarían en el plano teórico y técnico, del campo ecológico o del jurídico, por ejemplo.

El argumento central del presente artículo es que el movimiento local en el barrio San Antonio nació como lucha de justicia ambiental a partir de la creciente incertidumbre por los riesgos de la producción de bioetanol y la preocupación por sus impactos en la salud. Advertimos entonces que no se trata de un ambientalismo de elección, sino que es un ecologismo “de obligación” (Svampa, 2015: 128), que comenzó desde la defensa de la vida y el territorio.. Se trata asimismo de un humanismo crítico (Pierri 2001). Tal como en otros conflictos ambientales, del proceso contencioso emergieron nuevos conocimientos y entendimientos sobre los derechos, el ambiente y la salud, que pueden ser entendidos como un “efecto” o “productividad” (Merlinsky, 2013). Especialmente destacamos que el proceso llevó al movimiento social a apropiarse del marco legal existente, siendo la “actualización local del derecho”, en los términos de Melé (2009), una de las dimensiones en las que estos efectos se expresan. Por su parte, las controversias socio-técnicas denotan esos momentos en los cuales la legitimidad de los argumentos científicos y técnicos, como parte de un discurso "experto", es cuestionada. En esos momentos, el riesgo y la inseguridad afecta a poblaciones y moviliza saberes contra-expertos (Callon, et al., 2009). Así, los movimientos sociales discuten los asuntos técnicos transformándolos en cuestiones políticas (Merlinsky, 2013: 30). De este modo, inscribiendo al presente análisis en el amplio campo teórico de la ecología política, en primer lugar se pretende dar cuenta de las principales controversias socio-técnicas identificadas en el desarrollo del conflicto, para luego analizar la construcción de la narrativa de justicia ambiental del movimiento, que se opone a un ambientalismo de tipo empresarial asociado a la “modernización ecológica” y a los mercados verdes en el contexto del emergente sector de la bioenergía en el país (analizado más en profundidad en Toledo López y Tittor, 2019), a partir de la identificación de algunos de sus componentes principales. En última instancia buscamos comprender de qué se trata el conflicto ambiental para el movimiento social mismo, cómo se define la justicia y cuáles son sus limitaciones, buscando visibilizar las palabras de quienes experimentan las cargas de la agroindustria en sus propios cuerpos.

El texto se inicia con una presentación corta del marco conceptual y es seguido por una explicación de la metodología y los datos utilizados. Luego de una breve presentación de la historia del caso con foco en las principales controversias socio-técnicas, nos concentramos en la narrativa del movimiento social que abona a la comprensión de la justicia ambiental.

2. Marco teórico y conceptual: La relación sociedad-naturaleza desde la ecología política y la justicia ambiental

Nuestro análisis se ubica en el amplio abanico de la perspectiva de la ecología política, que ofrece un entendimiento sobre las relaciones naturaleza-sociedad, atravesado por las relaciones de poder y la política. Especialmente la ecología política latinoamericana nos ayuda a comprender la complejidad de las relaciones naturaleza y sociedad, la distribución ecológica y de poder, la apropiación ambiental y los conflictos de valoración en torno a los agrocombustibles (Leff, 2015; Alimonda, 2011; Perreault, et al. 2015, Rocheleau, et al. 1996). Siguiendo la propuesta de Martin y Larsimont (2016) consideramos la necesidad de abogar por una ecología cosmo-política y defendemos la necesidad de des-regionalizar, desnaturalizar, transescalarizar y resituar las ecologías políticas.. Retomando a Stengers, Fontes (2017) señala que la propuesta cosmopolítica piensa desde los límites, las demarcaciones cósmicas, y en base a este reconocimiento, propone convergencias, que operarían bajo el signo de la igualdad (no de la equivalencia) imposibles de ser incluidas en proyecto occidental de la razón trascendente (que habilita el juzgar como lugar genuino de la política).

el cosmos, tal como figura en el término cosmopolítica, designa lo desconocido de estos mundos múltiples, divergentes; las articulaciones de las que podrían llegar a ser capaces, contra la tentación de una paz que se quisiera final, ecuménica, en el sentido en que una trascendencia tendría el poder de exigirle a lo que diverge que se reconozca como una expresión meramente particular de lo que constituye el punto de convergencia de todos (Stengers, 2014: 22).

Así entendida, la cosmopolítica es una forma de alertarnos de la repetición de la lógica dominante, que se pretende uniforme y asimismo impone jerarquías. Una de las áreas donde estas distintas formas de entender el mundo se hacen evidentes, es en la consideración de la relación naturaleza-sociedad, respecto de la cual hay un sin número de teorías sociológicas y filosóficas. En esa clave, la ecología política analiza las formas en las cuales las condiciones ambientales son politizadas y cómo el ambiente juega un rol en los conflictos de reificación (Le Billon, 2015: 599). Bridge y colaboradores (2015) plantean que la ecología política implica ciertos compromisos al nivel teórico, metodológico y político. Así, la ecología política involucra un acuerdo teórico hacia la teoría social crítica y un entendimiento postpositivista de la naturaleza (y de la producción de conocimiento sobre ésta), que es inseparable de las relaciones sociales del poder. Segundo, comprende una aproximación metodológica con mezcla de métodos a los fines de lograr una observación profunda directa y análisis documental. Tercero, la ecología política asume la justicia social, el cambio político y el deseo de visibilizar intereses y voces de las poblaciones marginadas (Bridge, et al. 2015).

En términos generales y analíticos desde la ecología política se han distinguido tres grandes tipos de ambientalismo (Pierri, 2001; Martínez Alier, 2004a; Foladori y Tommasino, 2000) o corrientes de sustentabilidad (Gudynas, 2003). Siguiendo a Pierri (2001: 27 y 28), se reconocen tres corrientes en disputa, en las cuales pueden ubicarse diferentes contribuciones teórico-políticas que corresponden a diferentes formas de pensar la relación sociedad- naturaleza: (1) la ecologista-conservacionista, (2) el ambientalismo moderado y (3) el humanismo crítico, en el marco de la cual ubicamos las luchas por la justicia ambiental. La corriente “ecologista-conservacionista”, que nace con el pensamiento naturalista y conservacionista del siglo XIX y asociada a las concepciones filosófico-políticas de la ecología profunda, tiene como preocupación central la preservación de lo natural -con las menores interferencias humanas posibles, por lo cual su perspectiva ética es fuertemente biocéntrica y aspira a un crecimiento económico y poblacional nulo (Pierri, 2001; Martínez Alier, 2004). Es posible considerarla compatible con lo que Foladori y Tommasino (2000) han interpretado como una forma de entender la sustentabilidad únicamente en su dimensión ecológica. Asimismo, en los términos de Martínez Alier (2004a), se corresponde con el “culto a la vida silvestre”. Un ejemplo de propuestas políticas en esta línea ha sido la construcción de los parques naturales. Esta corriente no tiene ningún peso en el conflicto analizado en este artículo. La segunda corriente, de “ambientalismo moderado”, se caracteriza por ser fuertemente desarrollista y antropocéntrica, si bien reconoce la existencia de ciertos límites que imponen los ecosistemas al crecimiento económico. En este sentido, confía en que el desarrollo científico y técnico proveerá instrumentos para mejorar el funcionamiento del mercado, y por tanto se corresponde también con la conceptualización del “ecoeficientismo” (Martínez Alier, 2004a) o de la “modernización ecológica” (Hajer, 1995), en tanto respuesta “positiva” y alineada a la acumulación de capital, frente a la problemática ambiental. En esta corriente se incorpora lo social como elemento que afecta la sustentabilidad ecológica, constituyendo sin embargo a una visión limitada de la sustentabilidad social (Foladori y Tommasino, 2000). Un ejemplo que podrían inscribirse en esta corriente son los referidos a las propuestas de fomento a las energías renovables y los mercados verdes que, sin atender a problemas estructurales de acceso, distribución y consumo, abogan por cambios en los estilos de producción y consumo capitalistas. Se observa que en el caso del conflicto aquí analizado la empresa Porta resulta un exponente del discurso de modernización ecológica y de un ambientalismo moderado. El movimiento social lo denuncia como una estrategia “ecomarketing”, y en otros trabajos hemos analizándolo como parte de una forma de acaparamiento verde (Toledo López y Tittor, 2019), concepto que alude al despliegue de nuevas formas de apropiación..

En este contexto, desde la ecología política se ha cuestionado la creciente unión entre la perspectiva tecnocrática de la ecoeficiencia y los sectores del ambientalismo conservacionista, considerándolo en el marco del proceso de commodificación de la naturaleza (Anguelovski y Martínez Alier, 2014: 167) y de la emergencia de una renovada “naturaleza colonizada” (Alimonda, 2011). En efecto, renovadas estrategias de ecomarketing se despliegan cotidianamente en los emergentes mercados “verdes”, al tiempo que emergen en toda América diferentes proyectos con esquemas de inversión bajo estas premisas. Del mismo modo, son varios los movimientos sociales que enfrentan el desafío de cuestionar los impactos de estos proyectos “verdes”, tales como los grandes parques de viento (Lehmann, 2019; Avila, 2018), las represas de agua (Del Bene et al. 2018), o los proyectos de energía solar (Yenneti, et al. 2016). Además, los proyectos comprendidos en esta perspectiva casi siempre contribuyen a abrir nuevas áreas o fronteras de acumulación introduciendo esquemas monetarios y de apropiación que cambian las relaciones sociales del lugar (Backhouse, 2015). En este punto nos parece importante enfatizar que, en estos casos, en los que tanto inversores como gobiernos emplean una narrativa sobre lo “verde” y lo “sustentable” en línea con la expansión de la lógica de mercado, con frecuencia los proyectos son presentados como una respuesta a la crisis energética y climática, que resultan ser componentes actuales fundamentales de la narrativa empresarial en esta estrategia de eco-marketing.

Por último, la tercera corriente del ambientalismo es la del “humanismo crítico” (Pierri 2001), en el seno de la cual se incluyen las luchas por la justicia ambiental. En ella la sustentabilidad es vista como una expresión de la coevolución entre sociedad-naturaleza, cuyo vínculo intrínseco no puede ser disociado. En este caso, la sustentabilidad social es considerada como una cuestión central, entendida no sólo en cuanto a sus resultados técnicos (como en el segundo grupo), sino en cuanto a las causas que generan problemas ambientales (Foladori y Tommasino 2000, 45-47). El origen de las luchas por justicia ambiental se ubica hacia la década de 1980, en ocasión de movilizaciones contra los desperdicios tóxicos de industrias pesadas localizados en los barrios de afrodescendientes en Estados Unidos (Bullard, 1990: 35). Luego, se sumaron evidencias sobre cómo con frecuencia los barrios de comunidades afrodescendientes y latinas cargan desproporcionadamente con los desechos de la producción industrial (United Church of Christ - Commission on Racial Justice 1987: xiv), además la mayoría de los desperdicios y depósitos tóxicos de industrias pesadas son construidos cerca o alrededor de barrios preexistentes (Bullard, et al. 2008: 373). Pueblos originarios de los Estados Unidos han sido expuestos a similares tipos de racismo ambiental, por ejemplo, cuando fuerzas armadas estadounidenses probaron armas nucleares y dejaron desperdicios tóxicos en muchas reservas de pueblos nativos, causando graves problemas de salud (Hooks y Smith, 2004). Entre otras cosas, lo que está en juego para los movimientos de justicia ambiental es la cuestión de quién tiene el poder para imponer particulares lenguajes de valoración de la naturaleza, entendimientos sobre la sustentabilidad y de quien se beneficia de ella en las diferentes escalas geográficas (Martínez Alier, 2004a, 2004b; Avila, 2018: 612).

Estudios sobre la justicia ambiental y la ecología política surgen desde diferentes lugares, disciplinas y debates, y convergen en que la marginalidad y desigualdad están en el centro de interés (Holifield, 2015: 585). Estos enfoques toman como punto de partida que los efectos ambientales están desigualmente distribuidos entre los grupos sociales, clases y comunidades, y ponen en el centro del debate a las (in)justicias y las desigualdades socioambientales (Robbins 2012: 87; Merlinsky, 2017; Di Chiro, 1999). Desde su nacimiento en la década de 1980 los estudios de justicia ambiental se han focalizado en las condiciones de vida de grupos sociales marginales y su exposición a los depósitos tóxicos (Bullard, 1990, Acselrad, et al., 2009). De este modo. estas perspectivas se enfocan en las interrelaciones entre lo ecológico y lo social, las metas ecológicas y sociales, en las prácticas de los movimientos de protesta y la evolución de los conflictos locales, posibilitando la integración de diferentes lenguajes, conocimientos e identidades así también como la consideración de las relaciones de poder que permean los procesos en el territorio. Retomando aspectos de ambos debates, Isabelle Anguelovski propone la siguiente definición de justicia ambiental:

La justicia ambiental es sobre el derecho a permanecer en el lugar de uno y el ambiente de uno y de ser protegido por el crecimiento y las inversiones descontroladas, la contaminación, la acumulación de tierras, el acaparamiento de tierras, la especulación, la desinversión, la decadencia y el abandono (Anguelovski, 2015: 33).⁶

Dicho de otra manera, la justicia ambiental implica el derecho a un ambiente seguro, sano y productivo, y da cuenta de la desigualdad de los costos ambientales que a menudo se externalizan hacia grupos sociales marginalizados, cuyos derechos, formas de producción y de vida se desvalorizan (Svampa y Viale, 2014: 83-84), procesos que constituyen el foco de interés de la ecología política. Uno de los temas de investigación que acercó a la ecología política con la injusticia ambiental fue el creciente interés no sólo en las desigualdades ambientales en sí mismas, sino en la forma en la que las comunidades y activistas traducen estos problemas en demandas y reclamos (Holifield, 2015: 589). Nos gustaría aportar a esta extensa literatura analizando estas diferentes demandas y cómo se interrelacionan entre unas y otras construyendo una narrativa específica. Entendemos las narrativas como relatos (Polkinghorne, 1988) o storylines (Backhouse, 2015: 68), que diferentes personas y actores usan para relacionarse y que también se vinculan con la implementación de una determinada forma de producción.. En ello, enfatizamos especialmente en las narrativas de justicia ambiental, o cómo es definido y usado el concepto por el movimiento local en el caso analizado, considerando asimismo las principales controversias socio-técnicas identificadas en el conflicto. Como veremos en adelante, en el conflicto aquí analizado se enfrentan dos distintas formas de ver la relación sociedad-naturaleza. Mientras que la empresa se presenta como sustentable e innovadora, incorporando un discurso de modernización ecológica y ambientalismo moderado, el movimiento local critica ese discurso, denunciándolo como ecomarketing, construyendo como lucha de justica ambiental su narrativa propia. .

3. Materiales y métodos

A fin de indagar en las narrativas de los actores clave y en las principales controversias socio-técnicas, se realizó un abordaje cualitativo mediante un estudio de caso (Flyvbjerg, 2011; Merlinsky, 2013), basado en una investigación empírica, que permitió reconstruir la emergencia del conflicto por la producción de bioetanol, a base de maíz, en Córdoba, cuya historia ha sido detallada con profundidad en otro texto (Tittor y Toledo López, 2020), pero que aquí actualizamos y resumimos (a continuación). En este proceso, realizamos 15 entrevistas entre 2017 y 2018, que fueron grabadas, analizadas y discutidas por ambas autoras. Además, hemos realizado recorridos en la empresa. Hemos decidido garantizar el anonimato de las entrevistas, sin dar detalles sobre las características de las instituciones de pertenencia y datos personales, para evitar consecuencias hacia informantes, a quienes agradecemos la valiosa colaboración. Principalmente, la interpretación del conflicto está basada en la observación de los relatos de la experiencia de las personas del barrio en el que se ubica la empresa de bioetanol, en el estudio de informes sanitarios realizados por el equipo de salud, y en el análisis de documentos legales y de artículos de periódicos que reportaban el caso. Asimismo, hemos complementado esos datos con un relevamiento de la prensa nacional y local sobre el conflicto, incluyendo material provisto por el mismo movimiento social, entrevistas radiales y en internet, así como considerando otras bibliografías específicas existentes sobre el mismo caso (Saccucci, 2018; 2019).

4. Historia del conflicto y principales controversias socio-técnicas

La empresa Porta Hermanos se estableció en el preexistente barrio de San Antonio en el año 1995, pero fue en el 2012 cuando significativamente expandió su tamaño. En este proceso ocupó espacios verdes del vecindario y los límites de la empresa llegaron hasta la puerta misma de los hogares del barrio.

Hasta el año 2012 la compañía compraba alcohol o etanol elaborado a partir de caña de azúcar que traía de Tucumán y era refinado en Córdoba para producir los bienes de consumo final que la firma distribuye. A partir de ese año, en el contexto de crecimiento del mercado nacional de ese agrocombustible, la empresa comenzó a producir etanol propio, a partir de la fermentación de maíz, que era comprado directamente a productores rurales de la zona.. La empresa anunció este cambio en el proceso productivo a través de su página web y la prensa local lo relató como inversión prometedora (La Voz, 16/02/2012). En 2018 entre 15 y 20 camiones llegaban diariamente al barrio con maíz transgénico sin procesar (Notas de campo, 12/06/2018) al tiempo que la Auditoría Ambiental encargada por la empresa en 2012 reconocía que se procesan en promedio en forma diaria unas 250 toneladas de maíz (Expte. N° 21076/2016). La innovación de destilar bioetanol en la propia fábrica en San Antonio contribuyó a la diversificación de la compañía al tiempo que alteró profundamente la dinámica de vida del barrio.

En febrero de 2012, después de una explosión dentro de la fábrica mientras se alineaban las nuevas maquinarias, el barrio comenzó a preocuparse y a discutir sobre los riesgos de la producción de etanol, tan cerca a sus casas. La población se reunió en la calle y se decidieron a pedir explicaciones a la empresa, que les respondió que todo estaba “bajo control” (Entrevista, 6/9/2017).

Tras este acontecimiento, en el que la población del barrio debatió el riesgo que la explosión significaba para sus vidas, nació la agrupación vecinal Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Sano, VUDAS, que está compuesta en una gran mayoría por mujeres que viven en el barrio San Antonio. Luego se sumaron otras personas del barrio lindante, llamado Inaudí (ver mapa 1), y de otros barrios vecinos. Percibiendo creciente inseguridad ante la proximidad y persistencia de la empresa, desarrollaron actividades que algunas veces congregaron a cientos de personas para protestar contra la fábrica Porta.

Mapa 1
muestra la ubicación de la fábrica y de los barrios a su lado
Fuente: elaboración propia.

A partir de mayo de 2013, VUDAS contactó a instituciones educativas y científicas de diferentes escalas para obtener más detalles sobre el impacto ambiental de la empresa y para estimular la investigación sobre los efectos de esa producción sobre la salud del barrio. En un esfuerzo que puede entenderse como de “epidemiología crítica” (Breilh, 2010),. profesionales de las cátedras de Alergia e Inmunología y de Clínica Pediátrica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), junto a integrantes de la Red Universitaria de Ambiente y Salud (REDUAS), realizaron un primer estudio de salud ambiental del barrio en agosto de 2013 (Ávila-Vazquez, et al., 2013). Consultaron al 74,2% de la población de San Antonio, que son 416 habitantes de los 560 que viven en la zona según el Censo de 2008. En cada uno de los hogares más cercanos a la fábrica por lo menos una persona reporta afecciones y más de la mitad de los habitantes del barrio tiene problemas de salud. Entre ellas: cefaleas persistentes, conjuntivitis, congestión ocular, neumopatías obstructivas, gastritis y dermatitis por irritación química. Todas las prevalencias son varias veces superiores a la de las poblaciones sanas (Ávila-Vázquez, et al., 2013:1).

VUDAS presentó estos resultados a la Municipalidad y renovó su reclamo para cerrar la fábrica. Consideramos que este momento es el punto de partida de la judicialización del caso que nos permite dar cuenta de los efectos como juridificación del conflicto, esto es, cómo la población se apropió de las herramientas legales y jurídicas existentes para canalizar sus demandas y si esto redunda en transformaciones en el campo jurídico (Merlinsky, 2013). Un informe técnico elaborado entre julio y octubre de 2014 apoya los argumentos de las VUDAS, afirmando que el aire en los alrededores de la fábrica contiene sustancias químicas, superando los valores que marca la Ley nacional de Residuos Peligrosos 24.051 (Rossi, 2016: 62). Por su parte, la Fiscalía ordenó la realización de dos pericias: una físico-química del ambiente y otra “médica ambiental interdisciplinaria” (La Voz, 17/12/2014). Ese proceso da cuenta de una de las principales controversias socio-técnicas que identificamos en el conflicto y que remite a la contaminación ambiental que esta producción agroindustrial genera. En ese momento, los estudios físico-químicos del perito ingeniero químico de parte de VUDAS contrastaron ampliamente con la interpretación del perito oficial, titular del Departamento de Química Industrial de la UNC. La lectura de los resultados que hizo la Fiscalía fue controvertida, asumiendo a la unidad denominada “mg” (que en el sistema métrico significa miligramo) como “microgramo”, que es una concentración 1000 veces menor. Con esa “reinterpretación” de los datos, en marzo de 2015 el fiscal archivó la denuncia presentada ante la Justicia provincial (La Voz, 06/03/2015).

En abril de 2015, cinco mujeres y un hombre se encadenaron a la Municipalidad de Córdoba para pedir una audiencia con el Intendente. La acción fue reprimida por un operativo policial, lo que también ocasionó una denuncia judicial por parte del movimiento. Los medios de comunicación nacionales informaron sobre esta protesta y llevaron el conflicto a la esfera nacional. Los manifestantes afirmaron en el periódico: “Sólo queremos dialogar porque nos están enfermando y te mandan un escuadrón” (Página/12, 01/06/2015). Organismos de Derechos Humanos (como HIJOS, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Coordinadora Antirrepresiva) criticaron la respuesta estatal y el accionar policial, acompañando el reclamo vecinal (Rossi, 2016).

Paralelamente VUDAS comenzó a investigar si la empresa estaba autorizada a producir energía, lo cual resulta ser otra de las controversias socio-técnicas fundamentales que permea el conflicto, relativa a la producción de biocombustibles. En octubre de 2015, la Secretaría de Energía y Minería informó de que no había ninguna empresa registrada en la dirección indicada (La Tinta, 07/08/2017). Al respecto, en junio de 2016, veinticinco vecinas presentaron un amparo ambiental colectivo¹⁰ ante la Justicia Federal por la producción ilegal de combustible por parte de la empresa, que no estaba registrada en la Secretaría de Energía, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Biocombustibles 26.093. El juez federal rechazó primero el recurso; pero en septiembre de 2016 se declaró la competencia de la Justicia Federal en el amparo colectivo. Mientras tanto, las vecinas continuaron los procedimientos administrativos y las denuncias ante el Municipio para lograr el cierre de la fábrica, con base en el incumplimiento de la ordenanza de uso del suelo.

En 2016, el conflicto se hizo aún más explícito. Por un lado, la compañía de nuevo comenzó a expandir su área. Por otro, se profundizaban los trabajos de epidemiología popular y crítica a partir de un segundo estudio sobre la salud ambiental en el barrio que realizó la REDUAS.¹¹ El segundo estudio de salud ambiental de REDUAS expuso lo que la población sentía en sus propios cuerpos: El estudio probó que los problemas respiratorios habían aumentado significativamente desde 2013. La prevalencia de los problemas de salud identificados era considerablemente superior a la media de Córdoba: mientras que el 20% de la población de la ciudad tiene problemas respiratorios, en el barrio asciende al 52%. El 13% de los niños y niñas de 6-7 años de Córdoba luchan contra el asma, en comparación con el 57% en las cercanías de la fábrica (Avila-Vazquez, et al 2016: 8). En cuanto a los grupos de edad, niños y ancianos eran los más afectados. Así, el estudio reveló que cuanto más tiempo permanecen las personas en el barrio -en horas por día y años junto a la fábrica-, más aumenta su vulnerabilidad. Todos los hogares con bebés con malformaciones estaban ubicados muy cerca de la fábrica. Además, el informe contabilizó cuatro casos de niños con menos de 5 años con malformaciones y cuatro abortos espontáneos (Avila-Vazquez et al., 2016). El 16 de octubre de ese año falleció una bebé que tenía malformaciones (La nueva mañana, 26/06/2017). Estos eventos llevaron a VUDAS a renovar sus actividades: movilizaron manifestaciones, organizaron un festival de música y varios eventos artísticos, y presentaron una nueva denuncia penal contra la empresa por “homicidio agravado” (La Capital, 11/11/2015).

Por su parte, a medida que el conflicto se intensifica la empresa comenzó a cambiar su perfil comercial, implementando una estrategia para presentarse como socialmente responsable: por ejemplo, incrementó sus esfuerzos en torno a la certificación y adquirió nuevos premios. Para subrayar su responsabilidad social corporativa y su compromiso con el ambiente, presenta con orgullo cinco certificaciones de la calidad de sus productos (ISO 9001, ISO 14.001, FSSC 22.000, Kosher, Celíacos). La empresa se presenta como motora de innovación constante, “sustentable” tanto en términos económicos, como en términos sociales y ambientales, que conceptualizamos en términos de discurso de modernización ecológica (Hajer 1995) y ambientalismo moderado (Pierri 2001). Así, la empresa busca en su narrativa minimizar su impacto ambiental y social, proporcionar y potenciar el desarrollo “bio”tecnológico y sustentable, y desarrollar productos y energías renovables. Con este fin actualmente ofrece productos y tecnologías comercializadas como verdes, y certificadas como tales en el marco de su responsabilidad social empresarial, con una narrativa de modernización ecológica. Además, logró ser categorizada como “Empresa B”, que indica que a la vez se preocupa por objetivos económicos, sociales y ambientales. En este contexto se destaca que en marzo de 2017 la empresa obtuvo un premio especial (Premio Ternium) por su “Innovación Agroindustrial” en el desarrollo de una destilería de producción de bioetanol a pequeña escala, llamada Mini-Dest (Agroverdad, 14/03/2017). De este modo, en este momento la empresa además se posiciona como proveedora de “tecnología de punta” para la elaboración de bioetanol de maíz. Específicamente, la empresa estuvo a cargo de la construcción y puesta en marcha de la fábrica de etanol de maíz en la ciudad de Río Cuarto (de la cual la firma fue socia durante varios años), al tiempo que comenzó a difundir la venta de sus destiladoras pequeñas, o MiniDest, en la región. Así, a su condición de “familiar” la empresa añadió la etiqueta de empresa innovadora y amigable con el ambiente, en sintonía con una narrativa de Responsabilidad Social Empresarial y de modernización ecológica (Toledo López y Tittor, 2019), que en otros trabajos hemos analizado en marco del acaparamiento verde y que aquí consideramos en clave de estrategia de ecomarketing.

Por su parte, en agosto de 2017 se realizó una audiencia pública a pedido del juez federal (Enredacción, 08/05/2017), siendo el único caso en Argentina en que la producción de etanol alcanza tal grado de cuestionamiento en la esfera pública.

Finalmente, a finales de 2017, se produjeron dos acontecimientos que aumentaron una vez más, la incertidumbre y la percepción de riesgo por parte de la población del barrio: en primer lugar, una de las pequeñas destilerías Mini-Dest explotó en la provincia de Santiago del Estero. Un empleado murió y varios sufrieron heridas graves (La Voz del Interior, 17/11/2017; Ecos Córdoba, 15/11/2017). VUDAS inmediatamente lamentó la muerte del trabajador y se solidarizó con la familia pidiendo justicia para todos los muertos que causa la empresa (el comunicado está disponible en el blog de VUDAS, con fecha del 18/11/2017). Por otro lado, en diciembre se incendió una planta de cereales en la provincia de Santa Fe, lo cual fue interpretado por VUDAS como un ejemplo más del peligro de explosión asociado a las agroindustrias.¹²

La sentencia del amparo se conoció el 23 de diciembre del 2019. En ella el Juez admite la existencia de varias irregularidades en el proceso de ampliación de la empresa iniciado en 2012, entre ellas, el incumplimiento del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, al tiempo que reivindica la pertinencia de la consideración de los principios rectores del derecho ambiental (como el de no regresividad y el precautorio) y de la perspectiva de los derechos humanos para el tratamiento del caso.

En relación con la controversia socio-técnica sobre la producción de biocombustibles por parte de la empresa, el juez retoma el testimonio del Gerente de la planta, quien indicó que

bioetanol no es una palabra técnica. El prefijo ‘bio’ se utiliza para denominar sustancias que vienen de recursos biológicos. Entonces el bioetanol, es alcohol etílico de origen biológico, para diferenciarlo del alcohol etílico que se puede producir por síntesis de petróleo (Expte. N° 21076/2016).

Pese a ello, la sentencia reconoce que la empresa no elabora bioetanol para productos combustibles y, por tanto, rechaza el amparo presentado por VUDAS contra la Secretaría de Energía de la Nación. Insta, sin embargo, haciendo lugar parcialmente a la demanda, a que se realice el debido Procedimiento de Impacto Ambiental. En la sentencia el juez afirma

Resuelvo: 1.) Rechazar la presente acción de amparo entablada en contra del Estado Nacional (...). 2.) Hacer lugar parcialmente a la demanda y ordenar a la citada como tercera interesada PORTA HNOS. S.A. que, dentro de 90 días hábiles, acredite en autos la realización del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (Poder Judicial de la Nación, 23/12/2019: 89).

La sentencia fue apelada en tanto

reconociendo la ilegalidad y peligrosidad de la fábrica Porta Hnos. instalada hace 8 años en barrio San Antonio produciendo bioetanol, no dicta ninguna medida para proteger las vidas y el ambiente. Por el contrario, le da 90 días a una empresa que ha demostrado ser parte de una red de complicidades estatales, universitarias y privadas, que apuntan exclusivamente a sostener sus negocios a pesar de las enfermedades e impactos negativos de su producción, ampliamente demostrado (Radio Nacional Córdoba, 26/12/2019).¹³

En esta línea, varios medios de prensa caracterizaron a la misma como “contradictoria”, a lo que el Juez respondió: “No hay contradicción porque no hay ningún elemento que me diera a mí a pensar que en este momento existe una contaminación determinada. Puede haber olores, pero no hay ninguna medición seria sobre los elementos contaminantes”,¹⁴ volviendo el foco sobre la primera controversia socio-técnica señalada. Así, nuevamente quedaba pendiente el principio precautorio, que respalda la adopción de medidas protectoras ante las sospechas de daños al ambiente y la salud, aún en ausencia de evidencia científica. Por su parte, a través de un comunicado de prensa el equipo técnico que representa a la población del barrio reafirmó que recusa el fallo y que el amparo es procedente en tanto la empresa

posee la tecnología instalada (tamices moleculares) para obtener alcohol etílico anhidro de la máxima concentración (99%) apto para ser destinado a la producción de biocombustibles (...) y produce de manera clandestina y contaminante cientos de miles de litros de bioetanol por día (Comunicado de Prensa, 27/12/2019).¹⁵

Mientras en la contienda judicial la cuestión respecto de la producción de bioetanol para la elaboración o no de combustibles por parte de la empresa quedó en el centro del debate y justificó el rechazo del amparo,¹⁶ la controversia sobre la contaminación ambiental, y en ella los daños a la salud continúa abierta, y el reclamo por la justicia ambiental que demandan las voces de los y las afectadas fue demorado, con nuevos plazos otorgados a la empresa para que se ajuste a la normativa vigente. En estos términos, la justicia ambiental quedó relegada a un segundo plano por expertos de la materia jurídica. En esta línea, el proceso de juridificación continúa abierto, al tiempo que VUDAS sigue demandando garantías estatales para sus derechos a través de la aplicación del reconocido principio precautorio en pos de proteger derechos humanos fundamentales, mediante la clausura en forma preventiva la fábrica en discordia, como forma de acercarse un resarcimiento para su reclamo. A continuación, profundizamos en la comprensión de la narrativa de justicia ambiental del movimiento, a fin de identificar algunos de sus principales componentes.

5. La narrativa de justicia ambiental de VUDAS

En lo que sigue presentamos algunos relatos utilizados con frecuencia por VUDAS, los cuales en su conjunto integran una narrativa específica de justicia ambiental. Asimismo, consideramos sus similitudes y afinidades tanto con movimientos de otros lugares como con la literatura de justicia ambiental en general.

5.1. El derecho de quedarse: la dimensión territorial

A partir de 2012 la empresa comenzó a ser percibida por parte de la población del barrio como una amenaza para sus espacios de vida, especialmente en tres formas diferentes: 1) en el riesgo de una nueva explosión y/o accidente; 2) en los efectos negativos para la salud; 3) en la dinámica de expansión de la empresa y en la consecuente posible intensificación de los problemas ya existentes. VUDAS insiste en que la producción de etanol debe detenerse, porque la empresa "enferma y mata", y también “trabaja ilegalmente”. Esta forma de insistir en el derecho a permanecer en su lugar es una reivindicación de justicia ambiental, siguiendo la ya mencionada definición de Isabelle Anguelovski, que pone el énfasis en el derecho a quedarse en el sitio de vida. En palabras de vecinas del barrio San Antonio:

¿Por qué me tengo que ir yo? si el que me está matando es el, yo a él no le hice nada, gente que se ha tenido que ir de San Antonio con el marido con pólipos en las fosas nasales, ella con patología hematológica, el hijo más chico con púrpura y la hija más grande con cáncer de cuello de útero. (Entrevista, 18/06/2018)

Para las VUDAS el problema se articula como cuestión de quedarse en su espacio territorial y de defender el derecho a la vida y la salud:

nos estamos preparando, y vamos a ir con toda nuestra artillería a defender nuestros derechos: el derecho a la vida y a la salud, porque hoy en día está muy grave lo que es salud. En el 2013 era agudo, ahora son casos graves. Muchas malformaciones, enfermos de cáncer, de piel y cada vez se agudiza más [...]. Nos está enfermando y cada vez somos más. (La Tinta, 10/07/2017)

Es en estos términos que, retomado a Svampa (2015: 128), comprendemos al movimiento como un ambientalismo “por obligación”. Lo inscribimos asimismo en un tipo de ambientalismo de “humanismo crítico” (Pierri, 2001) que ve a la sustentabilidad como una expresión de la coevolución entre sociedad-naturaleza, cuyo vínculo intrínseco no puede ser disociado. En este caso, la sustentabilidad social es considerada como una cuestión central, entendida en cuanto a las causas que generan problemas ambientales (Foladori y Tommasino 2000). El último relato muestra asimismo un componente temporal en relación intrínseca con los impactos sobre la salud. Como el segundo estudio médico ha demostrado también, la situación de salud del barrio empeora con el tiempo.

5.2. “No tenemos tiempo”, “no podemos vivir en una zona de sacrificio” – La dimensión temporal

Como segundo elemento presente en la narrativa de VUDAS destacamos la dimensión temporal de la justicia ambiental, como indica la frase frecuentemente presente en los testimonios respecto de que “no tenemos tiempo”. El argumento es:

A nosotras nos matan en pequeñas dosis respirando tolueno, formaldehído... eso es lo que hay en el barrio: gran cantidad de químicos respiramos las 24 horas. (Entrevista, 06/09/2017)

Debido a la continua exposición de sus propios cuerpos a estos químicos, piden una acción urgente y subrayan que no pueden esperar más:

La exigencia de justicia por las muertes y el acrecentamiento de afecciones en la salud -enfermedades, cánceres y malformaciones-, más el riesgo inminente de explosión, a la que la ciudadanía está expuesta a causa de PORTA Hnos., no puede seguir esperando (VUDAS Facebook, 15/07/2017).

En esta línea, otro elemento constitutivo de la narrativa de las VUDAS es el rechazo a que su barrio figure como “zona de sacrificio”, como un sitio en el cual la calidad de vida y la salud de la gente se ha subordinado a las posibilidades de una empresa para generar ganancias. La noción se refiere a un conjunto de prácticas, donde territorios, entendidos como espacios, lugares, personas o cuerpos comienzan a ser destinados como lugar para disposición de desechos. Las VUDAS expresan que eso está ocurriendo en su barrio:

“Nuestro barrio se ha convertido en una zona de sacrificio. Nos impusieron una empresa como Porta Hnos., dándole la habilitación de modo ilegal. Es un despropósito. Es someter a nuestros hijos a que se enfermen y mueran” (Entrevista con una portavoz de las VUDAS por La Poderosa, 1/12/2016).

Al mismo tiempo la referencia a las “zonas de sacrificio” conecta con experiencias de otros movimientos de justicia ambiental en Argentina y en todo América Latina¹⁷. Las VUDAS reflexionan que hay muchas poblaciones cuales territorios se convierte en zona de sacrificio:

“Volvemos a recordarle a las autoridades que el principio precautorio prevalece ante la situación de riesgo a la que una población está siendo afectada. [...] Pero si algo nos enseñó esta lucha, es que no estamos solxs, ni somos lxs unicxs. Por eso, exigimos a las autoridades que cesen de promover y encubrir una producción que parte de sembrar maíz transgénico en nuestros territorios, produciendo desmonte y contaminación, inundación y sequías, desalojo y pobreza, enfermedades y muertes, zonas de sacrificio… (Comunicado de VUDAS, 10/08/2017)”

En estos casos la degradación se presenta como una dimensión que se va dando incrementalmente en el tiempo, y también en espacio. De este modo, el concepto tiende a enfatizar también en la dimensión temporal, en tanto alude a la progresiva construcción de una zona de sacrificio ambiental (Saccucci, 2018). Es en ese sentido que Svampa y Viale (2014) refieren que en Argentina la zona de sacrificio alude más bien al proceso mediante el cual un lugar se transforma en área de destino de desechos, que asimismo remite a la idea del territorio vacío, que se puede sacrificar, y que se asocia a la imagen del supuesto desierto que existía en la Patagonia y a través de la cual se invisibilizó el genocidio fundante del país.

En nuestro caso, a través del uso del concepto el movimiento social alerta al Estado para que se aplique el principio precautorio. De este modo el concepto de zona de sacrificio se vincula con la justicia ambiental, en tanto visibiliza la estrecha vinculación que hay entre las desigualdades sociales y las ambientales, en tanto los riesgos ambientales son con frecuencia asignados a las poblaciones menos dotadas de recursos y que afrontan vulnerabilidades múltiples. En estos contextos, se destaca la emergencia de resistencias, que aquí enunciamos como formas de epidemiología popular y crítica, que constituyen respuestas y estrategias de construcción de saberes y de información para tener mayor claridad respecto de las fuentes de contaminación y sus efectos (Ureta et al. 2018).

5.3. La muerte como imagen omnipresente: la lucha por la vida - la dimensión simbólica

VUDAS coloca el tema en la agenda pública bajo el lema: "Porta contamina, enferma, mata". La muerte como símbolo está omnipresente en su repertorio de protesta: en las camisetas de protesta, carteles, pegatinas; esqueletos o alguien vestido como una parca como referencias a la muerte son vistas con frecuencia. En contraste con la referencia al agravamiento de la enfermedad con el paso del tiempo e incluso la muerte, hay una frecuente referencia a lo contrario: la vida.

Así, construyeron su propia narrativa en defensa de la vida y la difundieron en su propio blog (https://vudas.wordpress.com/) y en su página de Facebook. También realizaron varios festivales de música con esta impronta, entre ellos uno llamado “Sí a la vida” (blog de VUDAS, 18/06/2018). Destacamos que en este caso el uso de la frase no se vincula con el significado atribuido a la misma por los movimientos anti-aborto o contra la interrupción del embarazo (especialmente en auge en el 2018 en el país), sino más bien se conecta con los repertorios de protesta de los movimientos contra la minería difundidos en toda América Latina durante la última década (ver Wagner, 2014). Por lo tanto, observamos que los residentes del barrio de San Antonio inscriben su propia lucha en otras luchas sociales y ambientales a nivel provincial, nacional e incluso internacional, utilizando consignas, referencias y repertorios similares.

5.4. “¿Acaso no es una violación de derechos humanos?”: La actualización de los derechos

Sus vínculos con otras luchas ambientales y la construcción de redes han ampliado la narrativa de las VUDAS y sus formas de expresión. En varias ocasiones articularon su protesta con las Madres del Barrio Ituzaingó-Anexo y juntas institucionalizaron un tipo de movilización particular: "la marcha de los barbijos”. También se coordinaron con otras luchas y reclamos ambientales, como la de “Primavera sin Monsanto”, en tanto para las VUDAS el tema se presentó como una cuestión de defender sus derechos humanos: “En caso de que vivís en un ambiente contaminado, ¿acaso no es una violación de los derechos humanos?” (Entrevista, 06/09/2017).

A lo largo del conflicto, VUDAS mejoró su conocimiento sobre los derechos y la justicia. Exigieron la aplicación del “principio precautorio” y enmarcaron el tema como un “problema socio-ambiental”. Destacamos que VUDAS ha iniciado la primera audiencia pública en el marco de un amparo sobre la producción de agrocombustibles en el país. En el ámbito jurídico, las demandas se dirigieron al Estado municipal y nacional, con argumentos ético-políticos, legales, ambientales y sanitarios.

En este punto, encontramos afinidades con otros movimientos ambientales en Argentina, que han colaborado en la construcción de un “entramado precautorio” (Berros, 2013). En particular, destacamos las crecientes controversias socio-técnicas por los efectos negativos del modelo de agricultura industrial en el ambiente y la salud, especialmente por el uso de agrotóxicos (Arancibia y Motta, 2019; Skill y Grinberg, 2013), que han planteado “la posibilidad de extensión del principio precautorio del ámbito ambiental al ámbito de la salud” (Schmidt y Toledo López, 2018: 166). Si bien como hemos mencionado la dimensión de la juridificación del conflicto continúa abierta a medida que se transitan nuevos pasos en el camino de judicialización, la experiencia hasta aquí señalada da cuenta de un vasto recorrido en términos de apropiación de herramientas legales y jurídicas por parte de la población local, que redundan en nuevos saberes y entendimientos respecto del funcionamiento del Estado, las garantías a los derechos fundamentales y la justicia ambiental.

5.5. “Los Estados son cómplices”: la dimensión política.

A través de sus múltiples demandas VUDAS cuestionó si las actividades de la empresa eran legales, haciendo evidente que la empresa no realizó un Estudio de Impacto Ambiental cuando cambió su proceso de producción, del embotellamiento del alcohol a la elaboración y destilación propia del etanol a partir del 2012, momento en que se perfiló además como productora de tecnología en el área de los biocombustibles. La empresa sólo presentó un aviso preliminar del proyecto al municipio. La persistencia de las actividades de la empresa pese a las reiteradas denuncias de esta irregularidad e ilegalidad llevó a que la organización vecinal plantee que “los Estados son cómplices (...) ellos ingresan al mercado y la autorización de su auditoría se da como industria alimenticia (Entrevista, 06/09/2017).

Las VUDAS mirando hacia el pasado, describen su experiencia como un proceso de aprendizaje sobre el papel del Estado:

Esto fue un aprendizaje. Nosotras fuimos aprendiendo cómo es luchar contra el agronegocio (...) es muy difícil luchar contra algo que no lo ves (...) Es un monstruo la empresa está, puesta ilegalmente, amparada por el poder político de turno, todos los poderes están mirando y cuidando esta empresa porque esta empresa viene a salvar el cambio climático y esto de salvarnos de la capa de ozono, y lo “verde”, y lo “sustentable” y la alternativa. Ellos hacen marketing con ser una alternativa (Entrevista, 06/09/2017)

Asimismo, destacamos que en este proceso el movimiento se ha enfrentado a una narrativa en la que la empresa es “verde”, es una “alternativa”, lo cual es percibido como una narrativa “de los poderosos” en el marco de una “estrategia de ecomarketing”. VUDAS argumenta que el desempeño de Porta no tiene nada que ver con la protección del ambiente. Para el movimiento la agroindustria está detrás de un tipo de ambientalismo moderado (Pierri 2001), asociado a la producción de bioetanol, con fuerte apoyo del Estado. De hecho, el desarrollo del conflicto se produce en un contexto nacional en el que los sectores de la agroindustria y la bioenergía están haciendo esfuerzos para construir una nueva narrativa verde en torno a sus actividades económicas en Argentina (Toledo López y Tittor, 2019). Frente a este discurso dominante de modernización ecológica asociado a los agrocombustibles, las vecinas advierten: “nos ofrecen esta otra forma de energía, que no es menos contaminante y además es extractivista” (Entrevista, 6/9/2017). En este sentido, el proceso de aprendizaje también las ha llevado a valorar otros saberes y modos de ser y estar en el mundo, cosmovisiones de los pueblos originarios de Latinoamérica, por ejemplo, que se hacen visibles en los símbolos que VUDAS ha elegido para representar su lucha y que ahora decoran algunos de las paredes del barrio, (ver imagen 1). Esto asimismo es entendido como una muestra del humanismo crítico, y de la inscripción de este movimiento como lucha de justicia ambiental.

Imagen 1
Mural colectivo realizado en la plaza del barrio se destaca simbología originaria y leyenda del Art 41 de la Constitución Nacional
Archivo personal (2018).

6. Reflexiones finales

La incertidumbre sobre los efectos de la producción del “bio” etanol en la salud e incluso la amenaza a la vida misma de la población del barrio San Antonio y sus alrededores fue la principal motivación para empezar la movilización. Tal como afirmamos, la lucha por la justicia ambiental en el caso de VUDAS constituye un ambientalismo “por obligación”, a partir de la lucha en defensa de la vida y el territorio (Svampa, 2015). En ella la cuestión social es considerada como una dimensión central de la justicia ambiental, entendida en cuanto a las causas que generan problemas ambientales.

Enfrentando controversias socio-técnicas respecto de la contaminación ambiental que produce la agroindustria y de las definiciones sobre la agroenergía, el movimiento llevó a cabo un esfuerzo de epidemiología crítica y creó alianzas con profesionales e instituciones de la salud, el derecho y la ciencia. A lo largo del conflicto, rearticuló sus reivindicaciones en términos de violación de los derechos humanos y construyó redes con otros movimientos sociales. Al articular así su lucha, forjó nexos con luchas históricas del país al tiempo que colaboró en visibilizar el complejo vínculo existente entre lo ecológico, la salud y lo social, abonando a una vasta perspectiva sobre la justicia ambiental. Además, en línea con la consideración de la dimensión social de la justicia ambiental, exigieron una solución que conserve los puestos de trabajo de los empleados de la empresa.

Además, años de conflicto han ayudado a VUDAS a generar nuevos conocimientos sobre las leyes, los derechos y la justicia, que analizamos en términos de juridificación, como productividad legal y social del conflicto. En sintonía con la línea normativa, para VUDAS la justicia ambiental también debería ser un asunto de Estado, que falla en este caso al proteger sus ciudadanos. Sin embargo, se advierte que estos esfuerzos tienen en la práctica limitaciones porque, entre otros elementos, el principio precautorio, incluso en situaciones en las que el mismo Poder Judicial lo reconoce, no se garantiza. En el caso de Córdoba aquí analizado, como en muchos más, vemos que se repite lo que señalan Svampa y Viale:

“lo que sucede es que en nuestro país el principio precautorio se encuentra perversamente subvertido. En lugar de que la ausencia de certeza científica genere la obligación de actuar precautoriamente […]. Se les exige a las comunidades perjudicadas por estos químicos que carguen con la ciclópea tarea de acreditar científicamente su peligrosidad, cuando por aplicación del principio señalado junto con otros principios ambientales, los que introducen la sustancia química en la sociedad son quienes tienen la responsabilidad de probar irrefutablemente su inocuidad. Parafraseando al mexicano Pedro Medellín Milán, en lugar de aplicarse el principio precautorio se utiliza el “principio temerario”: si algo deja buenas ganancias y da ventajas en el dominio del mercado, se hace aunque no conozcas bien sus implicancias en la salud de las personas y el ambiente” (Svampa y Viale 2014: 154-155).

En este sentido, también denunciaron al Estado por su complicidad con los intereses empresariales, y los nexos existentes entre las empresas y los hacedores de políticas públicas.

La narrativa de VUDAS también enfatiza en la dimensión temporal de la justicia ambiental, ya que con el tiempo se agravaron las afectaciones a la salud. Se observa que los riesgos de salud no están distribuidos equitativamente entre las poblaciones expuestas, de modo que los grupos socialmente más vulnerables son también los más afectados (especialmente pobres, niños y ancianos). En esta línea, el movimiento enfatiza en no querer convertirse en una zona de sacrificio. El caso evidencia que, aunque el principio precautorio está presente en la base del derecho ambiental nacional e internacional, en muchos casos aún no se aplica en la práctica. El camino judicial por su parte continúa abierto, esperando nuevos desenlaces a partir de la apelación de la sentencia conocida en diciembre de 2019.

Destacamos además que el movimiento analizado también amplió sus repertorios con el fin de visualizar el problema de la producción de “bio” etanol y de la “bio” energía en la esfera pública, como parte de una estrategia de ecomarketing. En este sentido, valoramos especialmente su contribución a la comprensión de las nuevas dinámicas de acumulación a través del acaparamiento verde y, de esta forma, consideramos han aportado a una reflexión para un entendimiento amplio de la justicia ambiental y, así también, para la construcción de una ecología cosmo-política. El movimiento ha denunciado una profundización del ecomarketing a partir de la intensificación del conflicto, con nuevas certificaciones y premios adquiridos por la empresa. Asimismo, visualizan nuevas apropiaciones de espacios del barrio, al tiempo que la población se debate entre el migrar y la resistencia en la injusticia. El movimiento social en su narrativa, y en red con otros movimientos, construye un ambientalismo que advierte los orígenes sociales de los problemas ambientales, con foco en un humanismo crítico (Pierri 2001), que concibe en términos integrales la salud, y al cuerpo-territorio en tanto espacio de vida.

Esta lucha, nacida desde un reclamo por el derecho de existir, de ser, y que integra el movimiento por la justicia ambiental, denuncia los efectos negativos y la narrativa ambiental empresarial, asociada a la producción de bioetanol a partir de maíz. Frente al ecomarketing, exige el cese de una actividad que reproduce modos extractivos al tiempo que recupera cosmovisiones originarias, en un proceso de aprendizaje a través del cual amplían sus lenguajes, sus saberes y sus entendimientos sobre la justicia y lo ambiental, entramando una narrativa propia de justicia ambiental afirmada en un “humanismo crítico” (Pierri, 2001). Al mismo tiempo, la empresa apostó por una estrategia de modernización ecológica asentada en el ecomarketing y en la difusión de un discurso de Responsabilidad Social Empresarial y de un ambientalismo moderado, entre otras, a fin de disuadir las demandas del vecindario.

En síntesis, la lucha de VUDAS expresa una demanda de justicia ambiental, espacial y temporal que aún continúa abierta, en el contexto en el que el etanol es promocionado como bioenergía y dinamizado en el marco de los emergentes mercados verdes. El estudio del caso muestra las discrepancias entre las garantías al principio precautorio y la experiencia vivida por las poblaciones afectadas por la elaboración de etanol a partir de maíz en Córdoba.

Bibliografía

ABBOTT, A. (1992): “What do cases do? Some notes on activity in sociological analysis”. En: Ragin C. y H. S. Becker (eds.): What is a case? Exploring the foundations of social inquiry, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 53–82.

ACSELRALD, H., Mello, C. y G. Neves-Bezerra (2009): O que é justicia ambiental. Rio de Janeiro, Garamond.

ALIMONDA, H. (comp.) (2011): La Naturaleza colonizada. Ecología política y minería en América Latina. CLACSO, Buenos Aires.

ANGUELOVSKI, I. (2015): “Environmental Justice”. En: Giacomo D´Alisa, F. y Giorgos Kallis, D. (comps.): Degrowth. A vocabulary for a new era. New York, Routledge, pp. 33–36

ANGUELOVSKI, I.; Martínez Alier, J. (2014): “The ‘Environmentalism of the Poor’ revisited: Territory and place in disconnected glocal struggles”. Ecological Economics 102, pp. 167–176. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2014.04.005.

ARANCIBIA, F. y R. Motta (2019): “Undone science and counter-expertise: fighting for justice in an Argentine community contaminated by pesticides”, Science as Culture, Vol. 28, No 3, pp. 277-302.

AVILA, S. (2018): “Environmental justice and the expanding geography of wind power conflicts”. Sustainability Science, Vol. 13. No 3, pp. 599-616.

AVILA-VAZQUEZ, M., G. Dozzo, L. Ruderman, M. Ponce, G. Quattrini, C. Miranda y S. Ronchi (2013): “Análisis de la Salud Colectiva Ambiental de Barrio Parque San Antonio. Impacto en la Salud Colectiva por aparente contaminación de una planta de Bioetanol”. (Disponible en: www.reduas.com.ar/wp-content/uploads/downloads/2013/09/Salud-ambiental-de-B%C2%BA-San-Antonio-Final.pdf Bajado el 23 de noviembre 2017).

AVILA-VAZQUEZ, M., E. Maturano, F. Difilippo y B. Maclean (2016): “Informe Estudio de salud ambiental de Barrio San Antonio y Residencial San Antonio”. (Disponible en: www.reduas.com.ar/wp-content/uploads/downloads/2017/04/COMPLETO-Estudio-ambiental-de-Bario-San-Antonio.pdf Bajado el 23 de noviembre 2017).

AVILA-VAZQUEZ, M., F.S. Difilippo, B.M. Lean, E. Maturano y A. Etchegoyen (2018): “Environmental Exposure to Glyphosate and Reproductive Health Impacts in Agricultural Population of Argentina”. Journal of Environmental Protection, Vol. 9, No 3, pp. 241-253

Backhouse, M. (2014): Grüne Landnahme. Palmölexpansion und Landkonflikte in Amazonien, Münster, Verlag Westfälisches Dampfboot.

BERROS V. (2013): Entramado precautorio. Un aporte desde el derecho para la gestión de riesgos ambientales y relativos a la salud humana en Argentina; Tesis de doctorado en Derecho; Santa Fe: UNL.

BREILH, J. (2010): “La epidemiología crítica: una nueva forma de mirar la salud en el espacio urbano”, Salud Colectiva Vol. 6, No 1, pp. 83-101.

BRIDGE, G., J. Mc Carty y T. Perreault (2015): “Editors Introduction”. En: Perreault, T., G. Bridge y J. Mccarty (comps.). The Routlegde Handbook of Political Ecology. New York, The Guilford Press, pp. 3-18

Bullard, R. (1990): Dumping in Dixie. Race, Class, and Environmental Quality. Oxford, Boulder.

Bullard, R., P. Mohai, R. Saha y B. Wright (2008): “Toxic Waste and Race at Twenty: Why Race still matters after all these years”. Environmental Law, pp. 371-411

CALLON, M., P. Lascoumes y Barthe Y. (2009): Acting in an uncertain world: an essay on technical democracy. London, The MIT Press.

DEL Bene, D., A. Scheidel y L. Temper (2018): “More dams, more violence? A global analysis on resistances and repression around conflictive dams through co-produced knowledge”, Sustainability Science, Vol. 13, No 3, pp. 617-633.

Di Chiro, G. (1999): “La justicia social y la justicia ambiental en los Estados Unidos: La naturaleza como comunidad”. Revista Ecología Política, No 17, pp. 105–118.

Fairhead, J.; Leach, M. e I. Scoones (2012): “Green Grabbing: a new appropriation of nature?”, Journal of Peasant Studies, Vol. 39 No 2, pp. 237–261. DOI: 10.1080/03066150.2012.671770.

Flyvbjerg, B. (2011): “Case study”. En: Denzin, N. e Y. Lincoln (comps.): The sage handbook of qualitative research. CA, Thousand Oaks, pp. 301-316.

Foladori, G. y H. Tommasino (2000): “El concepto de desarrollo sustentable treinta años después”. Desenvolvimento e Meio Ambiente, No 1, pp. 41-56

Fontes, G. (2017): “Pensamento ameríndio: cosmopolítica contra o etnocídio”. Griot - Revista de Filosofía, Vol. 15 No 1, pp. 391-417.

GUDYNAS E. (2003): Ecología, economía y ética del desarrollo sostenible, Bolivia, ICIB-ANCB.

HAJER M. (1995): The politics of environmental discourse, Oxford, Clarendon Press.

HOLIFIELD, R. (2015): “Environmental justice and political ecology”. En: Perreault, T., Gavin B., y McCarty, J. (comps): The Routledge Handbook of Political Ecology. New York, Routledge, pp. 585-587.

HOOKS, G. y C. L. Smith (2004): “The Treadmill of Destruction: National Sacrifice Areas and Native Americans”. American Sociological Review, Vol. 69, No 4, pp. 558-575.

LE Billon, P. (2015): “Environmental Conflict”. En: Perreault, T.A., G. Bridge and J. McCarthy (comps.). Routledge handbook of political ecology. N. Y., Routledge, pp. 598-608.

LEFF, E. (2015): “Political Ecology: a Latin American Perspective”. Desenvolv. Meio Ambiente, No 35, pp. 29-64.

LEHMANN, R. (2019): Der Konflikt um Windenergie in Mexiko. Partizipation, Diskurse und die ungleiche Gestaltung der Naturverhältnisse im Isthmus von Tehuantepec, Springer, Wiesbaden.

Martin, F. y R. Larsimont (2016): “¿Es posible una ecología cosmo-política?: Notas hacia la desregionalización de las ecologías políticas”. Polis, Vol. 15 No. 45, pp. 273-290

Martínez-Alier, J. (2004a): El Ecologismo de los pobres: conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Barcelona, Icaria/FLACSO.

Martínez-Alier, J. (2004b): “Los conflictos ecológico-distributivos y los indicadores de sustentabilidad”, Revibec: revista iberoamericana de economía ecológica, Vol 1, pp. 21-30.

Martínez-Alier, J. (2012): “Environmental Justice and Economic Degrowth: An Alliance between Two Movements”. Capitalism Nature Socialism Vol. 23, No 1, pp. 51-73.

MELÉ, P. (2009): “Pour une géographie du droit en action”. Géographie et cultures 72, pp. 25-42, https://doi.org/10.4000/gc.2199 .

MERLINSKY, M. G. (2013): “La espiral del conflicto. Una propuesta metodológica para realizar estudios de caso en el análisis de conflictos ambientales”. En: Merlinsky, M. G. (comp.). Cartografías del conflicto ambiental en Argentina (I). Buenos Aires, CLACSO, pp. 61-83.

Merlinsky, M. (2016): Cartografías del conflicto ambiental en Argentina (II). CLACSO-CICCUS, Buenos Aires.

Merlinsky M. (2020): Cartografías del conflicto ambiental en Argentina (III). CLACSO-CICCUS: Buenos Aires.

Merlinsky, M. G. (2017): “Los movimientos de justicia ambiental. La defensa de lo común frente al avance del extractivismo”. Voces en el Fénix No 60, pp. 6-15.

Perreault, T.A., G. Bridge y J. Mccarthy (comps.) (2015): Routledge handbook of political ecology. New York, Routledge.

Pierri, N. y G. Foladori (2001): ¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo sostenible. Montevideo, Trabajo y Capital.

Polkinghorne, D. E. (1988): Narrative Knowing and the Human Sciences. New York, State University of New York.

Robbins, P. (2012): Political ecology. A critical introduction. West Sussex, Chichester.

Rocheleau, D., B. Thomas-Slayter y E. Wangari (comps.) (1996): Feminist political ecology. Global issues and local experiences. London, New York.

ROSSI, L. (2016): Córdoba respira lucha. El modelo agrario: resistencias y nuevos mundos posibles. Eduvin, Villa María.

Saccucci, E. (2018): “La producción de territorios de sacrificio: un análisis de la lucha de VUDAS contra la empresa Porta”. Revista de Geografia e Ordenamento do Território (GOT), No 15, pp. 363-386, doi:10.17127/got/2018.15.015.

Saccucci, E. (2019): “Estudio de la significación de la inseguridad ambiental en dos casos en Córdoba”. Sustentabilidade em Debate Vol. 10 No 1, pp. 132-145, doi: 10.18472/SustDeb.v10n1.2019.19137.

Schmidt, M y Toledo López, V. (2018): “Agronegocio, impactos ambientales y conflictos por el uso de agroquímicos en el norte argentino”. Kavilando Vol. 10, No. 1, pp. 162-79.

Skill, K. y GRINBERG. E. (2013): “Controversias sociotécnicas en torno a las fumigaciones con glifosato en Argentina. Una mirada desde la construcción social del riesgo”. En: Merlinsky, G. op. cit., pp. 91-117.

Svampa, M. (2015): “Feminismos del Sur y ecofeminismo”. Nueva Sociedad, No. 256: pp. 127–131.

Svampa M. y Viale, E. (2014): Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo, Buenos Aires, Katz.

Stengers, I. (2014): “La propuesta cosmopolítica”. Revista Pléyade, julio-diciembre, pp. 17-41.

Tittor, A. y Toledo López, V. (2020): Conflicto en torno a los impactos de la producción de etanol en el barrio San Antonio de la ciudad de Córdoba. En: Gabriela Merlinsky (Comp.): Cartografías del conflicto ambiental en Argentina. Tomo 3. Ciudad de Buenos Aires, Argentina: Ediciones CICCUS; CLACSO, pp. 215–244.

Tittor, A. (2017): “Acaparamiento verde”. InterAmerican Wiki: Terms - Concepts - Critical Perspectives. Recuperado el 28 de octubre de 2020: https://www.uni-bielefeld.de/(es)/cias/wiki/g_Green_Grabbing.html

Toledo López, V. y Tittor, A. (2019). Contradicciones en torno a las innovaciones y certificaciones en el sector de la bioenergía en Argentina. Letras Verdes, Revista Latinoamericana De Estudios Socioambientales. (26), pp. 87–110.

Toledo López, V. (2018): Agroenergía en Argentina: una discusión sobre la renovabilidad y el despojo, en Gutiérrez, F. (ed.): Soberanía energética, propuestas y debates desde el campo popular, Ediciones del Jinete Insomne, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pp. 117-147.

Toledo López, V. (2013): Los agrocombustibles como un eje del extractivismo en la Argentina. En: Norma Giarracca y Miguel Teubal (Comps): Actividades extractivas en expansión. Reprimarización de la economía argentina? Buenos Aires: Antropofagia, pp. 137-158.

United Church Of Christ - Commission On Racial Justice (1987): Toxic Waste and Race in the United States. A National Report on the Racial and Socio-Economical Characteristics of Communities with Hazardous Waste Sites. New York, University of Michigan.

Ureta, S., Mondaca, F., y Landherr, A. (2018). “Sujetos de desecho: violencia lenta e inacción ambiental en un botadero minero abandonado de Chile”. Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies/Revue canadienne des études latino-américaines et caraïbes, Vol. 43 No 3, pp. 337-355.

Wagner, L. (2014): Conflictos socioambientales. La megaminería en Mendoza, 1884-2011. Bernal, UNQ.

Yenneti, K., R. Day y O. Golubchikov (2016): “Spatial justice and the land politics of renewables: Dispossessing vulnerable communities through solar energy mega-projects”. Geoforum No. 76, pp. 90-99.

Notas