Presentación del dossier
Presentación del Dossier #19. Conflictos urbanos en torno al patrimonio y la memoria
Presentation of Dossier #19. Urban Conflicts around Heritage and Memory
Mercedes González Bracco mercedesbracco@yahoo.com.ar
Jaime Jover Báez jjover@us.es
El patrimonio y la memoria están más contestados de lo que pudiera aparentemente parecer. Sin embargo, introducir un debate que relaciona ambas nociones con aquellos conflictos que se producen en la ciudad no es una tarea sencilla. Existen diferentes capas de interpretación y comprensión que debemos desenredar, y que los artículos que componen este dossier abordan de una u otra forma.
En primer lugar, el patrimonio en sí mismo es un concepto en conflicto. La interpretación clásica, todavía extendida en ámbitos académicos, técnicos y sociales, es que el patrimonio es un elemento estático. Bajo esta perspectiva, una determinada expresión cultural –sea un monumento, un resto arqueológico o una costumbre popular– o es patrimonio o no lo es. Pero el patrimonio no es una cosa o, al menos, no es solamente una cosa –material, tangible–. El patrimonio es altamente dinámico, es una relación social y, como tal, comprende las relaciones de poder que existen en cada grupo social, entendiendo por grupo social cualquier conjunto de personas o comunidad a diferentes escalas: un barrio, una aglomeración urbana, una región, un Estado-nación, etc. Dado que el patrimonio depende de relaciones de poder, aquellas facciones de las clases dominantes que lo ostenten en cada grupo social en un espacio-tiempo determinado tendrán más capacidad de decidir sobre las demás sobre qué se entiende por patrimonio y qué expresiones culturales deben preservarse. La razón hay que buscarla en la capacidad del pasado para construir el presente, esto es, para generar identidades, mantener un orden social e influir y justificar decisiones políticas, económicas o sociales en la actualidad. No debemos olvidar que el patrimonio se inventa durante la Revolución Francesa para sostener la legitimidad política del nuevo Estado-nación burgués (Hobsbawm, 1991; Choay, 1992).
En segundo lugar, y siguiendo con la interpretación dinámica del patrimonio enmarcada desde sus orígenes en contextos político-económicos, se encuentran los criterios para entenderlo como tal. Aunque existe una apariencia de neutralidad, estos criterios también se encuentran en conflicto. El caso más evidente ocurre con el Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en concreto, en lo relativo al patrimonio cultural. La organización supranacional se ha arrogado el derecho de declarar como patrimonio global una serie de elementos culturales por representar el culmen de la herencia de cada Estado-nación. Para ello, pone en práctica unos criterios de integridad y autenticidad enmarcados dentro de lo que se define como “valor excepcional universal”. Ahora bien, este universalismo, amparado en la modernidad, está cargado de una visión occidentalizante e incluso, en ocasiones, abiertamente colonialista (Ruggles y Silverman, 2009; Lacarrieu y Laborde, 2018).
No deja de ser llamativo que el mayor número de elementos de patrimonio material se encuentre en Europa, mientras que gran parte de la lista de patrimonio inmaterial se centre en Asia Oriental –desde donde fue propuesto inicialmente–, y que zonas del planeta como África o Latinoamérica se encuentren infrarrepresentadas (Santamarina, 2013). La UNESCO decide qué patrimonios tienen más validez que otros, y lo hace a través de discursos autorizados (Smith, 2006). Por el camino quedan los conflictos sobre aquellos patrimonios donde los grupos locales no deseaban una declaratoria de Patrimonio Mundial (Flores Mercado, 2016), o no fueron respetados en su gestión (Arantes, 2014), o donde se ha pasado por alto los conflictos existentes en torno a ese patrimonio (Jover y Rosa, 2017). Frente a estos patrimonios que tienen una perspectiva homogeneizante o no reconocen la existencia de conflictos, colectivos subalternos han comenzado a poner en valor la memoria, entendida como aquellas historias personales que la comunidad desea conservar. No en vano, ya hace décadas que Halbwachs (2016[1950]) contraponía la memoria colectiva, fruto de las memorias personales, a la memoria histórica que emanaba de los sistemas de organización social como los Estados.
La memoria, como el patrimonio, siempre se despliega en el espacio, y muchos de estos conflictos derivan de las dinámicas urbanas como consecuencia de la etapa capitalista neoliberal en la que nos encontramos. Las ciudades a lo largo y ancho del planeta han venido adoptando una planificación más flexible, facilitando la inversión privada en ámbitos estratégicos, lo que ya hace años Harvey (1989) llamó urbanismo empresarial, porque los intereses privados se hacen pasar por públicos. El cambio ejecutado por la ideología neoliberal provoca que se incida en la idea de que los recursos públicos han de servir para la acumulación privada, porque es precisamente el sector privado el que gestiona mejor, una afirmación que carece de evidencias empíricas (Peck, 2010). En este contexto, se ha impuesto la austeridad como dogma por la que todas las administraciones deben reducir el gasto público, y facilitar con los pocos recursos con los que cuentan la acumulación privada. Se trata de una transferencia de lo público a lo privado que se produce de forma generalizada en ciudades de todo el mundo (Davies y Blanco, 2017; Mattos, 2016).
Es en este contexto en el que se entiende el crecimiento de la industria turística en destinos urbanos que se aprovecha fundamentalmente del patrimonio histórico y, en ocasiones, de la memoria popular como recursos públicos de los que extraer beneficios. Parte del debate en torno al nuevo turismo urbano, o más recientemente a la turistificación o el sobreturismo, con interconexiones con la gentrificación clásica y transnacional (Jover y Díaz-Parra, 2022) se apoya en expresiones culturales urbanas, normalmente sancionadas por la UNESCO. Los casos de Amsterdam o Venecia –donde Marco D’Eramo (2014) calificó la declaratoria como Unescocidio– son paradigmáticos en Europa, pero existen evidencias a lo largo y ancho del globo. Sin ir más lejos, en Latinoamérica están los casos de Quito (Durán, 2015), Salvador de Bahía (Cifelli y Peixoto, 2012) y la Quebrada de Humahuaca (Salleras, 2016), entre otros.
Lo que subyace tras estos conflictos es el significado final del patrimonio y para quién se protege y conserva. En la teoría clásica de los bienes culturales, el patrimonio tiene un destino público (Alonso Ibáñez, 1992) dado que representa al conjunto de la colectividad, o el grupo social que lo hace suyo, y de ahí que existan regímenes patrimoniales en cada Estado (Bendix et al., 2012). Ahora bien, dicho fin público, como otros tantos recursos de la misma naturaleza, se están dirigiendo hacia la esfera privada. En otras palabras, se está mercantilizando. El patrimonio se define porque está fuera del comercio de las personas; a nadie se le ocurriría ponerle precio a la Gran Muralla o a la Catedral de Notre Dame. El Estado chino o francés jamás lo venderían. Sin embargo, no ocurre lo mismo con otros patrimonios que son más fluidos, que no son del todo tangibles, y cuya apropiación se produce en escalas más pequeñas que aquellas auspiciadas con cierta facilidad por el Estado-nación.
El conflicto de fondo, muy presente en las ciudades capitalistas neoliberales, es entre la conservación patrimonial –su valor de uso para la sociedad, su fin social y destino público inherente a cualquier expresión cultural así considerada por la colectividad– y la acción mercantil de empresas privadas –que tratan de monetizar dicho patrimonio, de extraer un valor de cambio del mismo–. Este proceso, una privatización no evidente, genera conflictos en distintas escalas, así como también rearticulaciones ciudadanas y nuevos modos mixtos de repensar y gestionar los bienes comunitarios. El “derecho al patrimonio” (González Bracco, 2013) entendido en su dimensión política, se articula así con otros reclamos por el ordenamiento urbano –tanto material como simbólico– transformándolo en parte de un discurso progresista con el cual diversos actores se incorporan a la discusión sobre el derecho a la ciudad. Por otra parte, las discusiones teóricas en torno a decolonialidad también operan en favor de repensar “otros” patrimonios de manera descentrada y por fuera de la mirada burocratizada y eurocéntrica que aún persiste en los círculos de poder (político y académico) (Castro Gómez y Grosfoguel, 2007; Lacarrieu y Laborde, 2018).
Con este marco de ideas, presentamos a continuación los artículos del presente dossier, mediante los cuales se propone explorar los conflictos vinculados al patrimonio y la memoria desde diversas escalas geográficas urbanas, escenarios políticos y actores en disputa. Dando inicio al recorrido propuesto, Laurie Vera Jiménez nos invita a observar el centro histórico de Asunción del Paraguay como epicentro de diversas capas superpuestas de memorias hegemónicas y subalternas que toman cuerpo en la materialidad urbana, mostrando cómo la colonización española, la conformación del Estado-nación y las sucesivas dictaduras operaron en torno a narrativas dominantes que, sin embargo, no lograron diezmar las memorias de las poblaciones originarias y las heridas abiertas por la guerra de la Triple Alianza.
Posando la mirada sobre la estetización urbana y los nuevos consumos gastronómicos en la ciudad de Buenos Aires, Mariel De Vita y Paula Rosa proponen un análisis del proceso de renovación del Patio de los Lecheros como ejemplo de los vínculos público-privados en los procesos de patrimonialización asociados a la mercantilización urbana. Frente a las grandes operaciones propias del capitalismo neoliberal, las autoras muestran cómo también elementos inmateriales -como la memoria barrial- son utilizados por gobiernos y empresarios a favor de las retóricas de autenticidad que justifican transformaciones en apariencia de menor entidad, pero no por eso menos importantes, a la hora de entender los cambios urbanos.
A continuación, el trabajo de Rodrigo Magallanes se centra en el proceso de refuncionalización de una gran bodega en el municipio de Godoy Cruz, Mendoza. También en este caso el interés del autor se centra en los desarrollos público-privados, aunque en este caso en vinculación con lo que denomina Grandes Proyectos Urbanos, deteniéndose a observar las disputas por los cambios de uso de grandes infraestructuras abandonadas pero consideradas como patrimoniales en diferentes momentos históricos, con diversas alianzas políticas y posibilidades económicas.
También sobre Mendoza escribe María José Navarrete, aunque poniendo el foco sobre los conflictos territoriales vinculados a la segregación socioespacial y la patrimonialización en el exclusivo barrio de Chacras de Coria, en el departamento de Luján de Cuyo. El trabajo sigue el crecimiento poblacional y urbano de este espacio y las disputas entre establecidos y recién llegados por el ordenamiento local. Elementos como la antigüedad y el prestigio social se tornan aquí relevantes para pensar en el patrimonio como coartada, es decir, como narrativa de autoridad frente a los cambios indeseados, incluso en vínculo con agendas que lo exceden y en contacto con aliados impensados en pos de contener dichas transformaciones. Se trata de una instrumentalización del patrimonio como estrategia defensiva comunitaria que es relativamente común, si bien en este caso taimada por alianzas de clase en un contexto suburbano.
El dossier cierra con el artículo de Emilia Abin Gayoso sobre las consecuencias negativas de la patrimonialización del Barrio Sur de Colonia, Uruguay. Este trabajo historiza el proceso de patrimonialización del barrio histórico -declarado Patrimonio Mundial por UNESCO en 1995- y su impacto gentrificador, que significó “la muerte del barrio” debido al alejamiento de sus vecinos. La autora se enfoca luego en la recuperación de las memorias de los habitantes y las disputas por los usos del espacio patrimonializado como parte de las estrategias para discutir su derecho a permanecer allí y ser reconocidos, en tanto que la clase trabajadora fue la que mantuvo el barrio, lo vivió y le dio sentido mucho antes de que el Estado uruguayo, UNESCO o nuevos residentes de mayor poder adquisitivo pusieran sus ojos en este espacio.
En todos los trabajos aquí presentados los conflictos y negociaciones de los diversos actores muestran desafíos y limitaciones a la hora de “habitar el patrimonio”. Sin embargo, en un contexto donde el capitalismo neoliberal a través de la supremacía de la acción empresarial (o el negocio privado para la acumulación de capital) facilitado por los Estados arrasa con todo, incluyendo los distintos patrimonios, las memorias subalternizadas y descentradas y los usos contestatarios del/los patrimonio/s nos invitan a seguir pensando y apostando por otras formas de vincularnos con nuestro pasado (histórico / imaginado / común / conflictivo) desde un presente siempre caleidoscópico. Para ello, hoy más que nunca, es relevante eliminar distinciones entre patrimonios materiales e inmateriales en la compresión de las historias y memorias comunes. Simultáneamente, se hace necesario explorar otras formas o sensibilidades hacia dicho pasado, fuera de corrientes occidentalizantes y no siempre necesariamente dentro del marco de comprensión lógica que impone el Estado.
