1. Introducción

Este trabajo busca aportar al debate de las urbanizaciones populares, pensando las formas de construcción del espacio urbano en la intersección entre las organizaciones sociales y el Estado. El vínculo entre los sectores populares, el Estado y la cuestión urbana ha sido abordado de diferentes maneras, destacándose aquella que lo piensa desde las políticas vinculadas al hábitat y a la vivienda. Respecto a estas, las intervenciones del Estado en torno a los sectores populares en Argentina han tenido distintas orientaciones, según muestra la literatura especializada. En las décadas de 1960 y 1970, en el marco de un enfoque central-sectorial de la política habitacional, el eje estaba puesto en la construcción y provisión de viviendas sociales a partir de una fuerte intervención estatal (Lentini, 2008; Relli Ugartamendía, 2018). Al mismo tiempo, en lo referente a las villas y asentamientos populares. primaba una línea de erradicación por la que, fundamentalmente, buscaba desalojar y reprimir a quienes ocupaban las tierras y sacarlos de los lugares visibles de la ciudad, signo distintivo de la dictadura militar (Oszlak, 1991).

A partir de los años 80 y 90, en un contexto de crisis del modelo de desarrollo vigente y de consolidación de un modelo neoliberal, la orientación de las políticas de vivienda sufre importantes modificaciones. La vivienda social pierde su dinámica al erguirse el mercado como mecanismo central de satisfacción de las necesidades habitacionales. Es en este momento que comienzan a cobrar relevancia las políticas de regularización e integración del hábitat popular (Cravino et al., 2002), en un viraje por el cual, se abandona la pretensión de universalidad para dar lugar a políticas focalizadas y descentralizadas (Barreto, 2012). Las tomas de tierra se consolidan como una modalidad posible de acceso al hábitat de amplios sectores de la población, y su vínculo con la acción política y la intervención estatal es abordada por diversos autores (Izaguirre y Aristizábal, 1988; Merklen, 1991; Cravino, 2006; Merklen, 2010; González, 2010; Manzano, 2013, 2016; Cravino, 2016).

Luego de la crisis del 2001, un flamante bloque de poder configura un escenario político y social novedoso (Basualdo, 2003), en donde la intervención del Estado vuelve a tener un rol protagónico en la política habitacional. En el marco de la instauración de un modelo neodesarrollista. que pretendía generar inversión pública como medida contracíclica frente a la crisis de la que se buscaba salir, la construcción y la vivienda aparecen como espacios receptores de la inyección pública. Desde el año 2003, se crean los Planes Federales de Viviendas, a partir delos cuales, los organismos estatales pretenden volver a cumplir un rol centralizado en el financiamiento de la oferta, a partir de la construcción de nuevas unidades de vivienda con fuerte participación del sector privado (Di Virgilio et al., 2017). Sin embargo, muchos autores coinciden en señalar que el nuevo rumbo estatal no repercutió en un mayor acceso al suelo y a la vivienda y que los sectores populares siguieron viviendo en condiciones extremadamente precarias (Del Río, 2012; Segura, 2014; Cisterna y Matteucci, 2015; Del Río y Langard, 2016).

Este nuevo ciclo político inaugura, también, un nuevo matiz en las relaciones entre las organizaciones colectivas y el Estado (Forni y Castronuovo, 2015), en tanto las primeras, se consolidan como una de las vías de acceso a los bienes y recursos impartidos por el segundo (Vommaro y Quirós, 2011). La territorialización que marcaba una inscripción barrial de los sectores populares en el período anterior (Merklen, 1997) continúa, pero se entrama con nuevas formas de estatalidad que fortalecen los variados tejidos organizacionales, en el marco de una reactivación económica que combinó cierta ampliación de derechos con la multiplicación de políticas gubernamentales de distinto tipo (Semán y Ferraudi Curto, 2016). Hay una nueva forma en el vínculo entre las organizaciones sociales y los organismos estatales, que implica, incluso, en algunos casos, la incorporación de militantes de base a las burocracias estatales (Perelmiter, 2012).

Esto no quiere decir que las acciones represivas y de desalojo desaparezcan como modalidades de acción posibles (Balerdi, 2020), al contrario, se combinan de forma contradictoria con estas estas nuevas configuraciones de intervención. De hecho, en las últimas décadas, las intervenciones estatales respecto a las ocupaciones de tierras de sectores populares han sido ambivalentes, pasando por desalojos violentos (Cravino et al., 2014; Verón, 2013) e incluyendo, en otros casos, leyes de expropiación y adjudicaciones de tierra (Relli Ugartamendía, 2018) según los distintos contextos políticos y configuraciones locales.

El proceso que proponemos analizar tiene lugar con base a una toma de tierras que sucede en la localidad de Abasto, ciudad de La Plata (Buenos Aires, Argentina), en el año 2015. A diferencia de otros casos en los que la intervención estatal llega mucho tiempo después del proceso de ocupación –o, inclusive, nunca llega- aquí la temprana aparición del Estado construye un caso singular. Durante los primeros meses hay represión, desalojo y detenciones, además de negociaciones, una ley de expropiación e incluso preadjudicación de lotes. Medidas contrapuestas, disputadas y tensionadas entre distintas áreas estatales, funcionarios locales, referentes barriales y les ocupantes organizades..

Si en trabajos anteriores hemos analizado la dinámica de organización colectiva de los ocupantes de las tierras (Musante, 2018) y las condiciones de posibilidad para la concreción de este barrio popular (Musante, 2019), ahora nos interesa poner el foco en los vínculos entre los sectores populares, sus formas de organización y el entramado estatal. Sostenemos como hipótesis que es en las formas en que se despliega este vínculo en las que hay que mirar para poder explicar el modo, es decir, cómo se construye un proceso de urbanización popular. La organización de la comunidad y de sus referentes no solo aparecen como mediadores o canalizadores de las demandas de los sectores populares frente al Estado, sino que, muchas veces, son los que hacen posible que el Estado aparezca y se configure. Sin proceso organizativo, de instauración de representaciones y construcción de legitimidad, aquello que llamamos Estado, a menudo, no consigue entrar en los barrios de los sectores populares.

A partir de esto, buscaremos problematizar las lecturas que entienden al vínculo entre las organizaciones y el Estado en clave dicotómica, al oponer una autonomía transformadora frente a la cooptación institucional. Entendemos que esta disyuntiva no permite dar cuenta del entramado de actores, situaciones y disputas que se entrelazan en un proceso de urbanización popular.

Situar a las organizaciones sociales por fuera del entramado estatal y creer que su potencial transformador aumenta cuanto más lejos y opuestas se encuentran estas del Estado, pierde de vista la omnipresencia estatal en la dinámica social contemporánea (García Linera, 2020). Desconoce que el Estado es un interlocutor, no solo posible, sino necesario, sobre todo, en un proceso de urbanización. Por otro lado, las miradas que caracterizan al Estado como un ente monolítico, alejado, homogéneo y distante de lo que acontece en la sociedad civil y en los barrios populares, no permiten ver que no solo el Estado irradia de manera constante en la vida cotidiana de las personas, sino que, incluso, el mismo se concreta y se materializa, frecuentemente, a partir de la acción colectiva de las organizaciones (Manzano, 2013; Ferraudi Curto, 2014).

Para entrar en los intersticios de esta red de relaciones, nos aproximamos desde una perspectiva etnográfica que pone a los actores sociales en el centro del debate, buscando captar de cerca y de dentro las múltiples dinámicas sociales que acontecen en el transcurso de la vida cotidiana de les involucrades (Magnani, 2003). El trabajo se desprende de una investigación más amplia que inició en el año 2018 y que continúa su curso a partir de observaciones participantes, entrevistas informales y entrevistas en profundidad con distintos ocupantes en el marco de asambleas, reuniones, encuentros y recorridos en la ocupación. Elegimos, esta vez, hacer foco en una Mesa de gestión, instrumento previsto en la Ley de Acceso Justo al Hábitat (14449) que materializa en un espacio concreto la articulación organización -Estado.

Luego de esta introducción, el trabajo continúa en dos apartados. En el primero se contextualiza el caso empírico presentado y se reconstruye tanto la historia particular de esta ocupación de tierras como el marco más amplio en el que se desarrolla; y en el segundo apartado, se proponen claves analíticas que se desprenden del caso y que buscan aportar al debate sobre los vínculos entre organizaciones sociales, referentes barriales y Estado. Finalmente, se proponen reflexiones a modo de conclusión y nuevas preguntas que se abren.

Estamos al aire libre, en el predio de Nuevo Abasto, con un sol radiante que pega de lleno en la mesa de madera, sobre el pasto. En la mesa, sentades, tres representantes del gobierno, funcionarios del Estado y tres vecines/dirigentes del barrio. Alrededor, la mayoría de la gente está parada, escuchando atenta. Hay cerca de cincuenta personas. Señoras y señores mayores, muches con bebés en brazos, otres, con pantalones y botas de trabajo. El Tano, principal referente de les vecines, había inaugurado la reunión y, luego de presentaciones iniciales, le da la palabra a uno de los funcionarios, para que cuente sobre la situación de la obra eléctrica. Con un tono de voz bajo, el funcionario dice que el proyecto eléctrico ya está listo y que ahora hay que llamar a una licitación para que se haga la obra. Dice que, finalmente, es un proyecto integral que va a dar luz a todo el barrio, y no solamente, a una parte. Para quienes estamos de pie, es difícil escucharlo. Cuando hablan los funcionarios, hay un movimiento centrípeto, de acercamiento hacia la mesa. Hablan de números y presupuestos: la obra va a salir más cara de lo previsto. Ante las preguntas y cuestionamientos por parte de les referentes vecinales, los funcionarios aclaran que es más caro, pero que contempla que las 1 000 parcelas tengan luz y, además, el alumbrado público. El Tano les pregunta si pueden ir a buscar el proyecto de la obra eléctrica, acuerdan que sí, que el próximo lunes pueden ir a la oficina a buscarlo.

Esther, que levantaba la mano hacía un rato, pregunta: “¿La obra eléctrica va a ser todo, entonces, no solo una calle como habían dicho?”. Le responden que sí, que es para todo. Que no va a ser solo un cruce, sino que todas las parcelas van a tener luz. Esther, entonces, pregunta por el agua. Le responden que eso todavía no, que se va a hacer con la partida [presupuestaria] del año que viene […].

Se discute, ahora, qué hacer con el dinero que queda de la primera partida. Desde el Ministerio de Hábitat de Nación, proponen hacer plazas. Les vecines dicen que no es una prioridad para elles, que el mandato de la asamblea es luz y agua y proponen colocar una bomba de agua para abastecer de inmediato a quienes ya están viviendo. Los funcionarios insisten y dicen que el dinero viene de Nación y que se pide que se hagan espacios públicos. Finalmente, quienes están sentades en la mesa aceptan la idea de las plazas, sin tener mucha opción. Pero dicen que quieren participar como vecines en la decisión de las plazas. “Esto que nos habían dicho de hacer un skatepark, todo bien, pero acá no hay muchachitos con skate”. Queremos participar de la decisión de cómo van a ser las plazas”. No solo insisten en la importancia de que en la asamblea se decida qué tipo de plazas quieren, sino también, en que sea la gente del barrio, mediante cooperativas, la que trabaje en su construcción. Por último, acuerdan que las plazas no van a licitación y que se van a hacer de manera cooperativa con el trabajo de quienes viven en el barrio. 4 Septiembre 2018, Abasto, La Plata (Buenos Aires, Argentina), 11hs.

2. Un poco de historia: los inicios de la ocupación y sus primeros entramados

Nuevo Abasto es la manera en que, desde el Estado, se nombra al nuevo barrio construido a partir de la ocupación de tierras. Se ganó el nombre por su ubicación –en la localidad de Abasto. – y por su dimensión, en tanto se trata de un predio de 56 hectáreas, con 1000 lotes urbanos nuevos, espacio significativo para una localidad de menos de 10 000 habitantes..

Se trata de 1 de los 196 intentos de tomas de tierras que se registran para el período 2000 – 2015 en la ciudad de La Plata (Di Croce Garay et al., 2018). La capital provincial se constituye como la ciudad con mayor cantidad de Villas y Asentamientos precarios de la provincia (según el Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios -RPPVAP-) y la segunda mayor del país, registrando, en la actualidad, 166 villas y asentamientos que ocupan más de 1 200 hectáreas. Como ha sido ampliamente trabajado (Rodrigues, 1988; Merklen, 1991; Cravino, 1999; Duhau et al., 2008; Pírez, 2019) las ocupaciones de tierras implican una forma extendida de acceso a la tierra y a la vivienda en América Latina, por parte de los sectores populares que se ven excluidos del acceso a través del mercado formal.

Esta ocupación comienza con unas pocas familias y llega, luego de los primeros días, a tener cerca de 2000 personas. Los primeros meses son decisivos en la configuración que va a tomar el proceso. No sin conflictos ni tensiones, quienes ocuparon, establecieron rápidamente canales de organización internos, distribuyéndose por manzanas con delegades, representantes, asambleas generales y sectoriales. Realizaron un censo interno que puso un límite al ingreso de personas a la ocupación y permitió establecer criterios y lugares, configurando 1 000 parcelas, 1 para cada familia. En la Figura 1, se ve el plano, hecho a mano, para una manzana, con una subdivisión de lotes que busca ser simétrica. Algunas, divididas en 2, contemplan la instalación, en la parte de atrás, de algún miembro de la familia (hijas, hijos, tías, abuelas), apareciendo la posibilidad de compartir el lote ganado.

Figura 1
Censo manual por manzana realizado por les ocupantes
Fuente: Investigación propia.

La participación en el proceso de personas con experiencia previa y trayectorias organizativas anteriores incentivó, en gran medida, esta forma de organización. Se configuraron, rápidamente, manzanas divididas en parcelas y con delegades y subdelegades, encargades de participar junto a les delegades de las otras manzanas en las reuniones a cargo de resolver las cuestiones más operativas. Al mismo tiempo, se realizaban asambleas generales con todes les ocupantes, en las que se establecían criterios y se buscaba llegar a consensos compartidos. Se conformaron 52 manzanas y a la asamblea se la denominó Asamblea de Legítimos poseedores de la tierra, inscripción que perdura en el mural de lo que es actualmente la Sociedad de Fomento.

Esta forma que toma la iniciativa de organización propia daba cuenta, ya, de los horizontes y expectativas de quienes tomaron estas tierras. No solo se trataba de encontrar un lugar para vivir, sino de establecer un barrio organizado que respetara la cuadrícula, tuviera lotes simétricos establecidos en manzanas y que pudiera, así, integrarse al trazado urbano regular. Podemos pensar a partir de esto que, en el propio proyecto de urbanización popular, en los horizontes e imaginarios que construyen en el proceso, quienes ocupan, aparece el Estado desde el inicio, como un interlocutor primordial. La demanda por un reconocimiento formal y la consiguiente intervención de organismos institucionales forma parte desde el proyecto inicial.

La intervención estatal en la toma del Abasto no tardó en llegar y condensó, en unos pocos días, las contradicciones y ambivalencias propias de la orientación estatal que mencionamos al comienzo: primero, represión y, luego, articulación, negociación y reconocimiento. Las formas de intervención estatal características de los distintos períodos sedimentan y son parte del repertorio de acción posible frente a las tomas de tierras protagonizadas por sectores populares, configurando un abanico que se despliega conforme a las coyunturas y a las correlaciones de fuerza particulares.

El primer mecanismo de acción represiva se activa como producto de una denuncia realizada por la inmobiliaria. que arrendaba las tierras para la producción hortícola, a través de la cual, llega una orden de desalojo. La propiedad del inmueble estaba en una situación irregular lo que habilitó este primer intento de sacar a les ocupantes por la fuerza: las tierras pertenecían a una empresa en quiebra - Texlen S.A -, cuyo dueño había fallecido hacía tiempo. La inmobiliaria en cuestión, hacía usufructo del alquiler de esas tierras, pero sin contar con un soporte legal para hacerlo.

El desalojo estaba previsto para el 6 de mayo, día en el que se concentraron más de 2 000 familias en el lugar, contando con el apoyo de diversas organizaciones sociales, políticas y culturales de la región. El caso había tomado una repercusión muy importante en los medios locales y nacionales,. y fue escenario clave en el marco de las campañas electorales en curso. La presencia de funcionarios públicos relevantes. en el lugar evitó el desalojo ese día, aunque se efectivizó en la madrugada del día siguiente. Fue concretado a través de una represión violenta ejecutada por la policía bonaerense, que logró sacar a los ocupantes del lugar. La defensa de la propiedad privada cristalizó en esta primera aparición del ala penal de la justicia, dejando un saldo de 35 detenidos, 13 heridos y destrozos materiales de todo tipo.

Sin embargo, los mecanismos de organización y los vínculos con distintas organizaciones políticas y sociales, así como la repercusión mediática del caso- en un año electoral- permitieron la resistencia y la reorganización de les ocupantes, que volvieron y permanecieron en el lugar. La participación de un juez de la arena política local relevante con diversas intervenciones a favor de los sectores populares,¹⁰ fue un elemento importante en este giro. Este tipo de articulaciones abrió caminos diferentes: el contacto con distintes funcionaries y legisladorxs permitió impulsar muy rápidamente una ley de expropiación¹¹ que buscaba garantizar la disponibilidad de esas tierras para viviendas únicas y permanentes.

Sostenemos que es la intervención estatal-guiada por un proyecto político progresista (García Linera, 2016; Manzano, 2016; Teruggi, 2020)-, junto con la dinámica de organización colectiva de quienes ocupan lo que permite construir un proceso de urbanización popular.

La orientación política del gobierno es importante en tanto son legisladores y gobernadores que forman parte del arco político oficialista quienes van a articular con les ocupantes la búsqueda de una resolución distinta al desalojo. A tan solo un mes de iniciada la ocupación, se sanciona en las cámaras legislativas provinciales, la ley de expropiación ya mencionada, producto de un acuerdo consensuado entre múltiples actores. Si bien esto ya marca un gran elemento inicial, lo distintivo del proceso es el entramado de acciones, prácticas e intervenciones que tienen lugar a partir de entonces entre los diferentes representantes y organismos estatales.¹² Entre los principales se destacan el Ministerio de Hábitat de Nación y la Subsecretaría Social de Tierras Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Las Mesas de Gestión,¹³ instrumento enmarcado en la Ley 14449 de Acceso Justo al Hábitat, son uno de los instrumentos desde los cuales se materializa esta articulación. Esta prevé la participación de los diferentes actores intervinientes en la integración socio-urbana de villas y asentamientos.¹⁴ Se llega, entonces, a la que aquí presentamos, después de un largo camino de organización y articulación, con sus respectivas disputas y tensiones, tanto entre quienes ocuparon las tierras como con los distintos representantes gubernamentales.

3. Organización comunitaria, referentes barriales y funcionarios estatales

Muchos de los análisis en torno al vínculo entre organizaciones sociales, política y Estado han tenido al clientelismo como clave de lectura (Auyero, 2001, 2002; Auyero et al., 2008; Vommaro y Quirós, 2011; Vommaro y Combes, 2019). Según Vommaro y Quirós (2011), hacia el final de la década de 1990 los trabajos de Auyero marcan una renovación de este campo de estudios en tanto restablecen la discusión contemporánea sobre clientelismos en escenarios urbanos en Argentina. Siguiendo, entre otros, los aportes de Bourdieu, Auyero propone dejar de pensar al clientelismo como un mero intercambio pragmático de elementos materiales - lectura centrada en una concepción de la acción en términos de cálculo racional (votos por cosas)- para construir una mirada sociocultural: el clientelismo implica, además del intercambio material, relaciones sociales interpersonales en un marco de experiencias y representaciones culturales compartidas. De este modo, habría otra cara de la relación clientelar, la simbólica, construida por las disposiciones que la red de relaciones inculca en los agentes (Auyero, 2001, 2002, 2004). Si bien situar la vista en la dimensión simbólica implica un aporte sustancial, coincidimos con aquelles que señalan que sigue primando una lectura que concibe a los líderes locales en términos de meros intermediarios entre los sectores populares y el Estado/las políticas públicas. Sea que se intercambien elementos materiales o simbólicos, permanece una mirada instrumental, donde parece estar ausente la capacidad reflexiva de los actores en las situaciones de intercambio en las que se involucran, impidiendo ver negociaciones y controversias, deseos y acciones que no necesariamente responden al modelo racional (Vommaro y Quirós, 2011; Quirós, 2008).

Por otro lado, en el nuevo escenario político y social que se configura poscrisis del 2001 y, ante la aparición de un nuevo mapa de actores desde los sectores populares, se construyen miradas que resaltan la autonomía y la potencialidad de las organizaciones colectivas (Svampa y Pereyra, 2003). La renovada apuesta por la capacidad de las organizaciones, que se configuran de forma autónoma y en oposición a cualquier vinculación con el Estado, tiene como contracara la preocupación por la cooptación y la institucionalización de estas experiencias, marcadas por los debates y las posiciones que ven en el acercamiento al aparato estatal la pérdida de dinámica y de capacidad de transformación real (Cortés, 2008; Natalucci, 2010). La dicotomía cooptación vs. autonomía o integración vs. independencia permeará gran parte del debate no solo académico, sino también político, erguida sobre la permanencia de la separación entre una esfera económica (dependiente, heterónoma) y una esfera política -que sería autónoma, transformadora (Quirós, 2009).

Uno de los primeros elementos que saltan a la vista en la escena presentada es la heterogeneidad de quienes forman parte del barrio. Lejos de pensar a los sectores populares como una camada homogénea, con los mismos intereses y condiciones, se vuelve necesario dar cuenta de la complejidad del campo popular, de las distintas situaciones, condiciones, intereses y posibilidades. Quienes forman parte de este proceso son, en su mayoría, migrantes del norte del país o de países limítrofes como Bolivia y Paraguay. Muches trabajan la tierra, como arrendatarios, medieros o jornaleros siendo la propiedad de la tierra, una utopía lejana. Otres son trabajadores de la economía popular: viven de la construcción, trabajando en casas de familia, haciendo changas o trabajos temporales. Y están también, quienes tienen un trabajo estable con mejores condiciones, aunque sin un lugar propio para vivir. Como plantean Semán y Ferraudi Curto (2013) se torna necesario dar cuenta de las agencias de los sectores populares y complejizar la heterogeneidad y la positividad de su politicidad en lugar de caer en miradas normativas que tienden a aplastarlos entre las aspiraciones de autonomía y las condenas de cooptación.

El primer triunfo de este colectivo fue conseguir organizarse internamente. Impulsados, en parte, por la participación de referentes militantes con larga experiencia,¹⁵ ganan en, primer lugar. por haber logrado una organización relativamente sólida y coherente. Por construir referentes como El Tano –entre otres. que cumplen un papel de cohesión al interior y también, al exterior al vincularse con otros agentes y conseguir enormes niveles de representatividad. De esta manera se pueden llevar demandas y lograr acuerdos, negociar, disputar y dialogar en nombre de las 1000 familias de habitantes. Tramitar, gestionar, tocar puertas, garantizar reuniones es parte nodal de la forma que toma la relación entre las poblaciones organizadas colectivamente y el Estado (Manzano, 2013). Acciones que, siguiendo a Manzano (2013), implican un trabajo ensamblado de colectivos, tanto de las organizaciones barriales como de los grupos familiares. Es esta heterogeneidad de sujetos, en sus múltiples entramados y configuraciones colectivas, la que está construyendo ciudad, la que hace y produce el espacio (peri)urbano y la urbanización popular, en sus disputas, tensiones y contradicciones. Y lo hace a partir de lograr ciertos niveles de organización.

El carácter colectivo de los recursos obtenidos es otro elemento distintivo a analizar. Los vínculos entre referentes barriales, funcionaries, vecines y recursos estatales parecen alejarse de las concesiones individuales que caracterizan a las relaciones clientelares, para dejar ver que “hay algo más” (Besana, 2014). Los mandatos de la asamblea son la concreción de la obra hidráulica y la instalación de luz eléctrica, para todos y no, en una sola calle como confirma Esther. Se abre la pregunta por los modos en que los sectores populares consiguen acceder a servicios básicos, siendo la centralidad de los referentes barriales un elemento a profundizar (Besana et al., 2015). Por otro lado, y en estrecha vinculación con lo anterior, pareciera que el hecho de tratarse de un proceso de urbanización abona en este sentido, dando lugar a entramados relacionales diferentes. El acceso a la luz eléctrica, por ejemplo, transforma la vida cotidiana de las personas no solo por la posibilidad de usar electrodomésticos, desplazarse con seguridad y aprovechar la luz domiciliar, sino también, por poder comprobar la dirección, con todo lo que esto implica (Rodrigues, 2019). Lo que se demanda y se obtiene son servicios e infraestructura básica para el barrio, conjugando un entramado relacional de vecines, referentes y funcionaries, todo ello, atravesado por la urbanización popular.

En este encuentro se avanza en la obra eléctrica, pero el acceso al agua, también fundamental, quedará para otra partida presupuestaria, “para más adelante”. Aparecen las plazas como instrumento de concreción de un avance más inmediato que se propone desde arriba. Como bien despliega Soledad Balerdi (2020) en su trabajo sobre un conflicto por relocalización en otro barrio platense, la cuestión de los tiempos es un tema delicado que atraviesa la urbanización popular: el tiempo de las negociaciones, el tiempo de las obras, el tiempo de los vecinos y el tiempo electoral están en constante disputa y tensión y moldean las relaciones que se van tejiendo entre la organización colectiva del barrio y el Estado.

En esta escena, les funcionaries proponen hacer plazas con el dinero que queda. No es la prioridad de les vecines, pero, finalmente, ceden. Aceptan que se construyan plazas, pero que sean plazas acordes a quienes van a utilizarlas y que sean construidas por quienes necesitan trabajo y están en el barrio. Son les vecines quienes saben que los skateparks no sirven para quienes no tienen skates y quienes tienen los conocimientos necesarios para construir una urbanización acorde a quienes van a vivir en ella. Están disputando el modo de producir ciudad, están disputando la actuación estatal, dando cuenta de su agencia en tanto sujetos políticos de su saber situado y práctico y entendiendo que son elles, también, quienes hacen Estado. Se construye ciudad desde y contra el Estado (Manzano, 2013) y no por eso se pierde autonomía o se cae en la institucionalización. Es justamente en el entramado complejo de prácticas, disputas, acciones y negociaciones que se construye urbanización popular, más acá de las dicotomías tajantes que no permiten ver las prácticas concretas de los actores.

El Estado aparece, entonces, como relación social, como un entramado complejo y heterogéneo que conjuga diferentes actores, prácticas e intereses. En contraposición a las caracterizaciones que lo piensan como una entidad rígida que funciona solamente como instrumento de dominación de las clases dominantes, es necesario pensar al Estado como proceso, como relación social que se transforma permanentemente y que es construida en tanto prácticas, acciones, lenguajes y símbolos (García Linera 2015). Si pensamos al Estado como mero representante de los intereses del capital, asumiendo que siempre su actuación sobre el espacio urbano favorece a la acumulación capitalista, perdemos la posibilidad de entrar en sus intersticios y dar cuenta de las contradicciones y complejidades que lo atraviesan, como sucede en el caso del Abasto. No solo eso, sino que, fundamentalmente, queda obturada la posibilidad de disputarlo. En cambio, aparece la necesidad de dar cuenta del carácter procesual de la formación estatal, que es siempre construido y reconstruido por agentes y agencias (Manzano, 2016) y, por lo tanto, espacio de pujas y confrontaciones por excelencia.

4. Reflexiones de cierre y preguntas que se abren

Partimos de la premisa de que, en el marco del sistema capitalista, la intervención del Estado con políticas públicas en el espacio tiene un papel fundamental en la disminución de las desigualdades socioespaciales (Rodrigues, 2019). Esta es central en la producción de servicios e infraestructura básica, así como en la intervención en materia de política habitacional. Sin embargo, vastos sectores de la población no cuentan con la posibilidad de acceder a la tierra y a la vivienda, ni a valores de uso colectivos (electricidad, agua potable, medios de comunicación y de transporte, entre otros) y su satisfacción depende de la fuerza de las demandas y de las luchas populares para lograr su producción. Como sostiene Besana (2014), la construcción de servicios básicos en barrios populares depende, en gran medida, de la organización comunitaria y de la participación de líderes locales.

Vemos, a partir del caso presentado, cómo la organización es un elemento central para avanzar en los procesos de urbanización popular. La construcción de colectivos y de organizaciones que representen las múltiples situaciones, la formación de referentes propios y de mecanismos de representatividad mediante las cuales distintas voces puedan consensuar líneas de acción conjuntas, son elementos sin los cuales sería difícil avanzar de manera colectiva. Esto no quiere decir que los sectores populares sean, por definición, protagonistas de procesos colectivos de lucha y transformación. Las dificultades, disputas internas, conflictos, no son objeto de este análisis, pero, por supuesto, permean las dinámicas de todo el proceso. Las articulaciones y posibilidades de organización dependen de las relaciones sociales concretas y del momento histórico específico en las que se inscriben, y habilitan, así, procesos de mejoras en las condiciones de vida de los sectores populares.

Pero sin intervención estatal, sin políticas públicas que se hagan eco de las demandas populares, que financien y coordinen el proceso, no hay urbanización posible. Por más voluntad y organización que exista, hace falta un Estado presente que ejecute las obras necesarias, que coloque profesionales a disposición, que escuche lo que se pide y proponga las mejores maneras de avanzar. El Estado es interlocutor de las demandas colectivas, pero también, se extiende y se concreta a partir de la acción colectiva: cuando rezonifica, abre calles, financia cooperativas de barrido y limpieza, prioriza una obra eléctrica.

En el Abasto, aparecen desplegadas múltiples y heterogéneas modalidades en las que cobra forma la relación organización - Estado. En un primer momento, represión y control, a partir del desalojo violento desde el que cierta parte del entramado estatal (poder judicial, fuerzas policiales) se impone de modo autoritario. Pero también, hay otros actores, y la situación es rápidamente hegemonizada por funcionarios y figuras políticas que comparten un horizonte empático a las demandas populares y que construyen los mecanismos institucionales para garantizar el derecho a la vivienda, en particular, desde el poder legislativo y el ejecutivo. El gobierno de un mismo proyecto político en los tres niveles, que buscó durante todo su período, aunque de manera contradictoria, generar políticas redistributivas y disminuir las desigualdades sociales, habilitó canales de intervención y diálogo a favor de quienes ocuparon, impulsando un proceso de urbanización popular.

A la necesidad de entender el proceso en su coyuntura política particular se suma la de pensar al Estado como relación social, como modo de gestión de lo común, que, sin embargo, es monopolizado por unos pocos (García Linera, 2020). El Estado como centralizadora de los bienes y recursos de la comunidad, es, entonces, un campo de disputas, construido a partir de una determinada correlación de fuerzas. Es el proyecto político de un determinado gobierno, sus instituciones y funcionarios y son también, las demandas de los distintos sectores que logran permear y traccionar las políticas que respondan a sus intereses. Son las normas, las instituciones, lo establecido y, son también, las ideas fuerza que lo cuestionan, que pujan por sus recursos, por modificar las concepciones y valores que imperan. Ampliar la concepción de Estado, pluralizarlo (Balerdi, 2020) es uno de los desafíos que se plantean, entendiendo que complejizarla es fructífero no solo para los análisis académicos, sino, sobre todo, para la práctica política.

Esta mirada cuestiona las lecturas dicotómicas cooptación/autonomía, integración/ independencia con la que muchas veces son pensados los vínculos entre las organizaciones sociales y el Estado. Al romper con la homogeneidad aparente de dos bloques que, o están separados o están juntos, y pensar en las capilaridades y hendiduras de unos y de otros, pierde sentido contemplar solo dos formas contrapuestas en que pueden relacionarse. La idea de que las organizaciones son cooptadas o integradas a la lógica estatal no le presta suficiente atención a la agencia situada, supone que tanto líderes como miembros son fácilmente engañables y no logra captar la significancia política de ciertas necesidades de los sectores populares (Lapegna, 2019). Es infructuoso, además, pensar que las organizaciones que buscan transformar condiciones de vida puedan estar por fuera del Estado y depositar, lejos de este, las cualidades positivas, auténticas y verdaderas.

Para que haya intervención estatal con sentido tiene que articularse, necesariamente, al entramado organizacional local. ¿Cómo harían los funcionarios para ir a dialogar con las mil familias? ¿Cómo sabrían qué es lo que hace falta, como esas familias viven, donde invertir primero? Y las demandas populares necesitan disputar los recursos y la acción estatal si quieren transformar realmente las condiciones de vida de la población. Organización popular e intervención estatal tienen que caminar de la mano, como horizonte de construcción de urbanizaciones donde las necesidades, expectativas y modos de vida de quienes las habiten sean la guía.

Queda de manifiesto la necesidad de pensar que las organizaciones sociales son parte, como actores intervinientes en la política, de las dinámicas estatales y, que incluso, el Estado se despliega muchas veces a partir de las acciones de estas. Los distintos signos políticos y las temporalidades específicas en el gobierno hacen más permeables ciertas demandas sobre otras, en determinados momentos históricos. Pero para quienes abogamos por la construcción de ciudades un poco más igualitarias, teniendo el derecho a la vivienda y al hábitat como elementos fundamentales, se torna necesario pensar que los procesos de construcción de ciudad tienen que ser producto de la articulación de la organización colectiva y la intervención estatal.

Referencias bibliográficas

Auyero, J. (2001). La política de los pobres: las prácticas clientelistas del peronismo. Ediciones Manantial.

Auyero, J. (2002). Clientelismo político en Argentina: doble vida y negación colectiva. Perfiles Latinoamericanos 10(20), 33–52. https://www.redalyc.org/pdf/115/11502003.pdf

Auyero, J. (2004). Política, dominación y desigualdad en la Argentina contemporánea. Un ensayo etnográfico, Nueva Sociedad, (193), 133–145. https://nuso.org/articulo/politica-dominacion-y-desigualdad-en-la-argentina-contemporanea-un-ensayo-etnografico/

Auyero, J., Lapegna, P. y Page, F. (2008). Clientelismo político y acción colectiva contenciosa: Una relación recursiva. Studia Politicæ, (14), 7–40. https://revistas.bibdigital.uccor.edu.ar/index.php/SP/article/view/455/480

Balerdi, S. (2020). Las redes del hábitat. Demandas colectivas y conflictos urbanos. Editorial de la Universidad de La Plata, Edulp.

Barreto, M. Á. (2012). Cambios y continuidades en la política de vivienda argentina (2003-2007). Cuadernos de vivienda y urbanismo, 5(9), 12–30. file:///C:/Users/u57758/Downloads/adminpujojs,+CVU_V5_N9-01%20(1).pdf

Basualdo, E. (2003). Las reformas estructurales y el Plan de Convertibilidad durante la década de los noventa. El auge y la crisis de la valorización financiera. Realidad Económica, 200, 42–83.

Besana, P. (2014). ¿Clientelismo o algo más? Relato sobre el rol de un puntero en la provisión de servicios básicos colectivos en un asentamiento de la Región Metropolitana de Buenos Aires, Argentina. Política, 52(1), 39–60. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/36040

Besana, P., Gutiérrez, R. y Grinberg, S. (2015). Pobreza urbana, comunidad local y Estado-socio en Argentina: La provisión de servicios públicos en un asentamiento de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Revista Mexicana de Ciencias políticas y sociales, 60(225), 79–102. https://www.scielo.org.mx/pdf/rmcps/v60n225/0185-1918-rmcps-60-225-00079.pdf

Cisterna, C. y Matteucci, L. (2015). La urbanización en Argentina durante el neodesarrollismo: una lectura desde las rupturas y continuidades con el período neoliberal. Revista de Direito da Cidade, 7(4), 1573–1599. http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/118432/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf

Cortés, M. (2008). Movimientos sociales y Estado en Argentina: Entre la autonomía y la institucionalidad [Ponencia]. I Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos, Mar del Plata, Argentina.

Cravino, M. C. (2006). Las villas de la ciudad: Mercado e informalidad urbana. Universidad Nacional de General Sarmiento.

Cravino, M. C. (2016). Desigualdad urbana, inseguridad y vida cotidiana en asentamientos informales del Área Metropolitana de Buenos Aires. Etnografías contemporáneas, .(3), 56–83. https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/109684/CONICET_Digital_Nro.0d93a12e-776f-4c71-8c71-39bc65efba35_A.pdf

Cravino, M. C., Arenaza, S., Fava, R., Palombi, A. y Quintar, A. (2014). Derecho a la ciudad y conflictos urbanos. La ocupación del Parque Indoamericano (Colección Cuestiones Metropolitanas). Universidad Nacional de General Sarmiento.

Cravino, M. C., Fernández Wagner, R. y Varela, O. (2002). Notas sobre la política habitacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires en los años90. En: L. Andrenacci (Ed.), Cuestión social y política social en el Gran Buenos Aires. (pp. 107–124). UNGS/Ediciones Al Margen.

Del Río, J. P. (2012). El lugar de la vivienda social en la ciudad: Un análisis de la política habitacional desde el mercado de localizaciones intra-urbanas y las trayectorias residenciales de los habitantes [Tesis doctoral]. Universidad Nacional de La Plata.

Del Río, J. P. y Langard, F. (2016). Del poder de los ladrillos a la ciudad banco. Las implicancias del “boom” inmobiliario en el acceso a la vivienda de los sectores asalariados. En: M. Féliz y E. López (Eds.), Desarmando el modelo: desarrollo, conflicto y cambio social tras una década de neodesarrollismo. UNLP.

Di Croce Garay, A. y Alessio, A. (2018). Tomas de tierras en La Plata: avances de un registro de tomas de tierras para el período 2000-2015. Crítica y Resistencias, 6, 18-46. https://www.criticayresistencias.com.ar/revista/article/view/44

Di Virgilio, M. M., Chiara, C. y Aramburu, F. (2017). Los planes federales de vivienda en el área metropolitana de Buenos Aires. Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Centro Interdisciplinar de Estudos sobre a Cidade, 9(1), 70–96. https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/75735/CONICET_Digital_Nro.4a752893-4287-42f6-a1df-f16a64b4b010_A.pdf

Duhau, E. y Giglia, Á. (2008). Las reglas del desorden: habitar la metrópoli. Siglo XXI Editores.

Féliz, M. y López, E. (2012). Proyecto neodesarrollista en la Argentina. ¿Modelo nacional-Popular o nueva etapa en el desarrollo capitalista? (Colección Cascotazos). El Colectivo: Herramienta. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.1396/pm.1396.pdf

Ferraudi Curto, M. C. (2014). Construir un barrio organizado: políticas habitacionales y categorías socioespaciales en una villa de Buenos Aires. Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red, AIBR, 9(2), 141–162. https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/35834/CONICET_Digital_Nro.9aed3f6c-04c7-4f21-8057-e9ca15c1efc8_B.pdf

Forni, P. y Castronuovo, L. (2015). Ni piqueteros ni punteros: Organizaciones populares durante el kirchnerismo. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata, Edulp.

García Linera, Á. (19 de febrero de 2015). Una lectura a partir de Poulantzas. Estado, democracia y socialismo. Rebelión.https://rebelion.org/estado-democracia-y-socialismo/

García Linera, Á. (2020). El Estado ante el coronavirus. El péndulo de la “comunidad ilusoria”. Revista Sociedad, (40), 191–206. https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/revistasociedad/article/view/5609

García Linera, Á. (24 de junio de 2017). ¿Fin de ciclo progresista o proceso por oleadas revolucionarias? Rebelión. https://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/fin_de_ciclo-2.pdf

González, P. (12 y 13 de noviembre de 2009). Asentamientos populares en la Gran La Plata: un análisis de las nuevas territorialidades ante las transformaciones del mundo social-comunitario en la década del 2000 [Conferencia]. XI Jornadas de Investigación del Centro de Investigaciones Geográficas y del Departamento de Geografía, La Plata, Buenos Aires, Argentina.

González, P. (2010). Los asentamientos populares en la Región Metropolitana de Buenos Aires: emergencia y reproducción del territorio en los procesos neoliberales de construcción de ciudad (1980-2010). Geograficando, (6), 147–164. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4747/pr.4747.pdf

Hagman, I. (2015). Tres momentos de la Argentina kirchnerista. Márgenes: revista de economía política, 1(1), 119–135. https://www.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2018/07/Revista-M%C3%A1rgenes-N%C2%BA-1.pdf

Izaguirre, I. e Aristizábal, Z. (1988). Las tomas de tierras en la zona sur del Gran Buenos Aires: un ejercicio de formación de poder en el campo popular (Vol. 10). Centro Editor de América Latina.

Lapegna, P. (2019). La Argentina transgénica: de la resistencia a la adaptación, una etnografía de las poblaciones campesinas. Siglo XXI Editores.

Lentini, M. (2008). Transformaciones de la cuestión social habitacional: Principales enfoques y perspectivas. El caso de Argentina en el contexto latinoamericano. Economía, sociedad y territorio, 8(27), 661–692. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S140584212008000200005&script=sci_abstract&tlng=es

Magnani, J. (2003). De perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana. Revista Brasileira de Ciencias Sociais, 17(49). https://doi.org/10.1590/S0102-69092002000200002

Manzano, V. (2013). Tramitar y movilizar: Etnografía de modalidades de acción política en el Gran Buenos Aires (Argentina). Papeles de Trabajo N.. 25. Centro de Estudios Interdisciplinarios en Etnolingüística y Antropología Socio-Cultural, 60–91. http://www.scielo.org.ar/pdf/paptra/n25/n25a04.pdf

Manzano, V. (2016). Topografías variables del poder: Las relaciones entre movimientos sociales y el Estado argentino en dos tiempos. Amnis. Revue d’études des sociétés et cultures contemporaines Europe-Amérique, (15). https://doi.org/10.4000/amnis.2762

Merklen, D. (1991). Asentamientos en La Matanza. La terquedad de lo nuestro. Catálogos Editora.

Merklen, D. (1997). Organización comunitaria y práctica política. Las ocupaciones de tierras en el conurbano de Buenos Aires. Nueva sociedad, (149), 162–177. https://static.nuso.org/media/articles/downloads/2599_1.pdf

Merklen, D. (2010). Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003) (2.º ed.). Editorial Gorla.

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades. (Re) Nombrar: guía para una comunicación con perspectiva de género. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Argentina, 2020). https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/09/renombrar-web-mmgyd.pdf

Musante, F. (2018). De la toma al barrio: Imaginarios habitacionales, formas de organización y nuevos sentidos sobre el acceso a la propiedad de la tierra [Tesis de grado]. Universidad Nacional de La Plata.

Musante, F. (2019). ¿Cómo es posible que una toma de tierras se convierta en un barrio popular planificado? Condiciones y actores intervinientes en un caso de la periferia de la Ciudad de La Plata. Ciudadanías. Revista de Políticas Sociales Urbanas, (4), 99-118. https://revistas.untref.edu.ar/index.php/ciudadanias/article/view/502/469

Natalucci, A. (2010). Aportes para la discusión sobre la autonomía o heteronomía de las organizaciones sociales. La experiencia del Movimiento de Barrios de Pie, 2002-2008. Lavboratorio, (23), 90-108. https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/lavboratorio/article/view/100/87

Neufeld, M. R. (1999). Los asentamientos del Gran Buenos Aires: reivindicaciones y contradicciones. En: M. C. Cravino, Antropología social y política: hegemonía y poder: el mundo en movimiento (pp. 261–284). Eudeba.

Oszlak, O. (1991). Merecer la ciudad: los pobres y el derecho al espacio urbano. CEDES, Humanitas. http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3942

Perelmiter, L. (2012). Fronteras inestables y eficaces. El ingreso de organizaciones de desocupados a la burocracia asistencial del Estado. Argentina (2003-2008). Estudios sociológicos, 30(89), 431–458. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59829092005

Pírez, P. (2019). Hacia una perspectiva estructural de la urbanización popular en América Latina. Revista PENSUM, 5(5), 1–12. https://doi.org/10.59047/2469.0724.v5.n5.26297

Quirós, J. (2008). Piqueteros y peronistas en la lucha del Gran Buenos Aires. Por una visión no instrumental de la política popular. Cuadernos de antropología social, (27), 113–131. http://www.scielo.org.ar/pdf/cas/n27/n27a06.pdf

Quirós, J. (2009). Política e economia na ação coletiva: uma crítica etnográfica às premissas dicotômicas. Mana, 15(1), 127–153. https://doi.org/10.1590/S0104-93132009000100005

Relli Ugartamendía, M. (2018). Política de regularización del hábitat popular urbano: Provincia de Buenos Aires y partido de La Plata, 1983-2015 [Tesis de doctorado en Geografía]. Universidad Nacional de La Plata.

Rodrigues, A. (1988). Tese Na procura do lugar o encontro da identidade. Um estudo do Processo de Ocupação de Terras: Osasco [Tesis]. Universidad de São Paulo. https://pt.slideshare.net/blogarlete/tese-na-procura-do-lugar-o-encontro-da-identidade-um-estudo-do-processo-de-ocupao-de-terras-osaco

Rodrigues, A. (2019). Brasil. O programa luz para todos. Alteração na produção do espaço e na reprodução da vida cotidiana. [Conferencia]. V Simposio Internacional de la Historia de la Electrificación. La electricidad y la transformación de la vida urbana y social, 479–495. Universidade de Évora. https://www.ub.edu/geocrit/Electricidad-y-transformacion-de-la-vida-urbana/ArleteRodrigues.pdf

Scatolini, L., Duarte, J. I., y Hutton, T. (2019). Hábitat, un desafío de todos. Universidad Nacional de La Plata. https://observatorio.madretierra.org.ar/wpcontent/uploads/2020/07/H%C3%A1bitat-un-desaf%C3%ADo-de-todos-v4.pdf

Segura, R. (2014). El espacio urbano y la (re) producción de desigualdades sociales. Desacoples entre distribución del ingreso y patrones de urbanización en ciudades latinoamericanas. Working Paper Series / desiguALdades.net, (65). https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/22077

Seman, P. y Ferraudi Curto, M. C. (2013). La politicidad de los sectores populares desde la etnografía: ¿más acá del dualismo? Lavboratorio, (25), 151–165. https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/lavboratorio/article/view/124

Seman, P. y Ferraudi Curto, M. C. (2016). Los sectores populares. En G. Kessler (Comp.), La sociedad argentina hoy. Radiografía de una nueva estructura (p. 320). Siglo XXI Editores.

Svampa, M. y Pereyra, S. (2003). Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras. Biblos.

Teruggi, M. (12 de septiembre de 2020). La ofensiva de las derechas en América Latina. Sputnik. https://mundo.sputniknews.com/20200912/la-ofensiva-de-las-derechas-en-america-latina-1092741633.html

Torres, H. (1993). El mapa social de Buenos Aires (1940-1990) (Vol. 3). Universidad de Buenos Aires.

Verón, N. (2013). Desalojos en la ciudad de Buenos Aires: La producción de las categorías y los espacios de la asistencia habitacional. Quid 16. Revista del Área de Estudios Urbanos, (3), 170–194. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5593344

Vommaro, G. y Combes, H. (2019). El clientelismo político: desde 1950 hasta nuestros días. Siglo XXI Editores.

Vommaro, G. y Quirós, J. (2011). “Usted vino por su propia decisión”: repensar el clientelismo en clave etnográfica. Desacatos, (36), 65–84. https://www.scielo.org.mx/pdf/desacatos/n36/n36a5.pdf

Notas