El gobierno de Julio César Turbay Ayala se caracterizó por la permanencia del estado de sitio, que daba rienda suelta a las FF. MM. para la implementación de estrategias en contra del enemigo interno. Sin embargo, esto justificó la violación de los DD. HH. de los colombianos con la excusa de que los afectados hacían parte de grupos guerrilleros (Romero, 2011).

Esta doctrina entra en contradicción con las ideas del sucesor de Turbay, el presidente Belisario Betancur, que reconoce el estatus político de la confrontación armada, lo cual le permitía buscar soluciones políticas al conflicto armado interno. Lo anterior se evidencia desde su campaña presidencial, en la que obtiene el apoyo de miles de colombianos cansados de la lucha armada. Así, la apertura democrática propuesta por Betancur fue bien recibida por los colombianos y las guerrillas.

Con esta disposición a favor de negociar, el 30 de enero de 1983 sucede un hecho histórico: por primera vez la Comisión Nacional de Paz elegida por el presidente Betancur se reúne con el Secretariado de las FARC en algún lugar de Colombia. Aunque las FF. MM. y el Ministerio de Defensa se oponían de manera rotunda a estas conversaciones, el 28 de marzo de 1984 John Agudelo Ríos, presidente de la Comisión de Paz y representante del Gobierno, y Manuel Marulanda, representante de las FARC, firman el Acuerdo de Cese al Fuego, Tregua y Paz en algún lugar del municipio de La Uribe, Meta -de allí que se le llamara también "Acuerdo de La Uribe"-.

Entre los puntos más relevantes de este acuerdo se encuentran (Romero, 2011):

1. 1. El cese al fuego por parte de las FARC, que se mantendría si el presidente de la época mostraba un gesto similar.
2. 2. La condena de actos como el secuestro y la extorsión.
3. 3. La creación de comisiones para la vigilancia del cumplimiento de los acuerdos, presentes en diferentes puntos del país y con garantías del Gobierno nacional.
4. 4. La organización política, económica y social de sus miembros y simpatizantes bajo garantías legales y constitucionales.
5. 5. La posibilidad de los integrantes de las Farc-EP de acogerse a los beneficios de la Ley 25 de 1982.
6. 6. La promoción del fortalecimiento de las condiciones de fraternidad democrática, incentivando el perdón y el olvido.

Como se menciona, el acuerdo da vía libre a la participación política de los miembros de las FARC-EP y sus simpatizantes, lo que da origen al partido Unión Patriótica (UP). No obstante, las ideas y luchas de la UP se vieron empañadas por los miles de asesinatos cometidos contra sus integrantes y simpatizantes, que se tradujeron en la terminación de las conversaciones con el Gobierno. En este primer intento por alcanzar la paz no se registra referencia alguna al enfoque de género o a los derechos de las mujeres.

Andrés Pastrana llega a la Presidencia de Colombia en 1998 con la consigna, ya abonada por los anteriores gobiernos, de la salida política al conflicto vivido en el país. Tal como lo señala Leguízamo (2002), los gobiernos que precedieron a Pastrana crearon una actitud positiva frente a la negociación de la paz, a pesar de las diferentes dificultades en los diversos intentos por alcanzar de manera dialogada una solución al conflicto.

Así pues, Pastrana conquista las urnas con la consigna de la paz, y en su gobierno se constituye la denominada Zona de Distensión, comprendida entre los municipios de La Uribe, Vistahermosa, Mesetas y La Macarena, en el departamento de Meta, y San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá. Luego se define allí la Agenda Común por el Cambio hacia una Nueva Colombia. Dentro de los aspectos más relevantes se encuentran:

• La búsqueda de una solución política al conflicto, involucrando a diferentes actores del país en el compromiso con la construcción de la paz, sin distinción de partidos, intereses económicos, sociales o religiosos.

• La protección a los derechos humanos, garantizando el cumplimiento de los tratados internacionales.

• La creación de una política agraria integral, que permita la democratización del crédito, la asistencia técnica, el mercadeo, la redistribución de la tierra improductiva, la recuperación y distribución de la tierra adquirida a través del narcotráfico o el enriquecimiento ilícito, entre otros aspectos.

• La protección del ambiente sobre la base del desarrollo sostenible.

• La estructuración de una política económica que permita ampliación de mercados, estímulos a la producción a través de la pequeña, mediana y gran empresa privada, apoyo a la economía solidaria y cooperativa, participación social, entre otros aspectos.

• Reformas a la justicia, lucha contra la corrupción y el narcotráfico.

• Reforma política para la ampliación de la democracia, garantizando los derechos de la oposición y las minorías y permitiendo además mecanismos de participación ciudadana.

• Reformas al Estado en materia administrativa, logrando una mayor eficiencia de la administración pública; asimismo, la descentralización y el fortalecimiento del poder local.

• Redefinición del papel de las FF. MM.: defensa de la soberanía, protección a los DD. HH., combate a grupos de autodefensa.

Si bien de manera explícita no se hacían menciones a la perspectiva de género, es importante anotar que en esta agenda se comprometía a todos los sectores de la sociedad en la construcción de la paz y se ponía de manifiesto la necesidad de garantizar los derechos de las minorías y la participación social. Sin embargo, los esfuerzos de paz se deshacen al no presentarse logros reales en su avance, y tras diferentes hechos de ambas partes el presidente Pastrana da por terminada la Zona de Distensión y el proceso de paz con las FARC. Para el efecto, es importante no olvidar que "la Constitución Política declara que Colombia es un Estado social y democrático de derecho con lo que impone una caracterización precisa que permite distinguirlo de otros modelos superados o por lo menos de los que ha evolucionado" (Arias, 2017, p. 64).

Las negociaciones con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el gobierno de Álvaro Uribe son precipitadas por la legitimación por parte de la sociedad civil de los actos de las AUC como defensa del ataque guerrillero. En efecto, en el imaginario social permanecería la idea que Carlos Castaño manifiesta a la opinión pública en 2000, que justifica la necesidad del paramilitarismo frente a las acciones de las FARC, que no fueron prevenidas en su momento por el Estado (Otálora, 2010). Funcionan entonces como un para-Estado, las autodefensas serían un mal necesario para el pueblo colombiano. Lo anterior permitiría la aceptación de las negociaciones por parte de la opinión pública, y por tanto, daría la bienvenida al proceso de paz con las AUC.

El proceso inicia formalmente con la declaratoria de cese unilateral de hostilidades por parte de las AUC, el Bloque Central Bolívar y la Alianza Oriente. Se conforman cuatro mesas de negociación paralelas que funcionan de manera autónoma pero coordinada. Los responsables de dinamizar las conversaciones fueron Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la Paz, y Sabas Pretelt de la Vega, ministro del Interior y de Justicia. Sin embargo, no se establece una agenda que aborde los problemas que dieron origen al fenómeno paramilitar y que propiciaron su continuación y el surgimiento de nuevas modalidades de violencia aún después de los acuerdos de Santa Fe de Ralito. Los puntos principales se inclinan a fijar las condiciones para el desarme y la desmovilización, sin abordar tampoco como punto principal los derechos de las víctimas. En este sentido, temas como el narcotráfico y su contribución a la existencia de la violencia no son tratados de manera seria en el proceso. Tampoco se señalan los vínculos del paramilitarismo con sectores empresariales, políticos y de poder regional que los apoyaron, y aún menos los nexos de este grupo con la fuerza pública (Otálora, 2010).

Como resultado del proceso de negociación el número de desmovilizados fue de 31 671 de 39 diferentes bloques y frentes paramilitares que operaban en todo el país. Dichas desmovilizaciones se realizaron entre 2003 y 2006. Asimismo, se entregaron 18 051 armas, entre largas, cortas y de apoyo, 13 117 granadas y 2 716 401 unidades de munición. Del total de desmovilizados, 2900 fueron postulados a la Ley 975 de 2005, previa ratificación de su voluntad de vincularse al proceso judicial. Los demás fueron procesados por la Ley 782 de 2002 (Otálora, 2010).

Como resultado de las negociaciones con las AUC, se obtiene la denominada Ley de Justicia y Paz, cuyos puntos más relevantes se presentan en la tabla 1.

Tabla 1
Características de la Ley 975 de 2005

Fuente: elaboración propia a partir de la Ley 975 de 2005 y la Sentencia C-370 de 2006.

La consideración de una perspectiva basada en el género fue posible y se desarrolla gracias a la creación de diferentes instrumentos internacionales, producto de las manifestaciones de distintos sectores. Esto ha permitido que en los diferentes Estados sea posible la perspectiva de DD. HH. basada en el género.

De esta manera se crea uno de los instrumentos internacionales guía en la materia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el máximo instrumento de protección de los derechos, tanto de hombres como de mujeres, y de manera prioritaria en su artículo 1 señala: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros" (ONU, 1948).

De manera específica el artículo 2 señala la igualdad de derechos independientemente del sexo: "Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición" (ONU, 1948).

Con este instrumento se inaugura una serie de pronunciamientos internacionales relativos a la garantía de los derechos humanos de diferentes colectividades: mujeres, niños, etnias, etc. En el camino de la garantía de los derechos de las mujeres en 1979 nace la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw). En esta no solamente se señala la necesidad del trato equitativo entre hombres y mujeres, sino que se define de manera explícita lo entendido como discriminación contra la mujer:

Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. (ONU, 1979)

Teniendo en cuenta esto la Convención insta a los Estados a adoptar estrategias que eliminen los patrones socioculturales que tradicionalmente han permitido la exclusión, discriminación y violencia contra la mujer. Señala además la necesidad de la participación equitativa de hombres y mujeres en política y en las decisiones que rigen las naciones.

No obstante, los patrones socioculturales de violencia en contra de la mujer se presentan en diferentes naciones de manera sistemática, de modo que surge la necesidad de un nuevo pronunciamiento por parte de la comunidad internacional. De esta manera en 1993 nace la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este instrumento plantea la necesidad de erradicar el fenómeno de la violencia contra la mujer para garantizar sus derechos humanos.

De conformidad con lo estipulado en la Convención (ONU, 1979), la Declaración (ONU, 1993) solicita a los Estados condenar todo acto de violencia contra la mujer y determina la obligatoriedad de no justificar estos actos en contextos religiosos, tradicionales o culturales. Así, reitera la necesidad de adoptar medidas para la sanción de los hechos de violencia contra la mujer y la desestructuración de patrones socioculturales que la justifican (Ruiz, Goite y Trujillo, 2017).

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se firma la Convención de Belém do Pará con la finalidad de intervenir en los hechos de violencia en contra de la mujer. Además de definir este tipo de violencia y sus modalidades la Convención enlista los derechos de la mujer: el derecho a que se respete su vida; el derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral; el derecho a la libertad y a la seguridad personales; el derecho a no ser sometida a torturas; el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos; el derecho a la libertad de asociación; el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley; el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluida la toma de decisiones; el derecho a estar libre de toda forma de discriminación, y el derecho a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y de prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación (OEA, 1994).

Otro de los instrumentos internacionales que señala la garantía de los derechos de las mujeres es la Plataforma y Declaración de Beijing de 1995. Por medio de esta se pretende el empoderamiento de las mujeres en la búsqueda del reconocimiento de sus derechos, los cuales trascienden del ámbito privado a diferentes escenarios públicos y de importancia internacional: la pobreza, la educación y la capacitación, la salud, los conflictos armados, la economía, el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, mecanismos institucionales para el desarrollo de la mujer, los derechos humanos, los medios de difusión y el medio ambiente, entre otros.

Claramente, los diferentes pronunciamientos internacionales abonaron la idea de la garantía de derechos con enfoque de género, reconociendo así que las problemáticas sufridas por las mujeres son diferentes a las de otros grupos sociales, dada la discriminación histórica y los patrones socioculturales que contra ellas han persistido.

Dado todo lo anterior, la comunidad internacional se pronuncia por medio de la Resolución 1325 de 2000 del Consejo de Seguridad, reconociendo el "importante papel que desempeñan las mujeres en la prevención y solución de los conflictos y en la consolidación de la paz" (ONU, 2000, p. 1). Por ello es indispensable la incorporación de la perspectiva de género en todas las operaciones o estrategias para la consecución y el mantenimiento de la paz, así como el aumento de la representatividad de las mujeres en los órganos de decisión de las naciones.

Igualmente, la Resolución manifiesta la necesidad de

• Incorporar una perspectiva de género en las operaciones de mantenimiento de la paz.

• Proteger los derechos y las necesidades especiales de las mujeres, así como reconocer la importancia de la participación de ellas en la adopción de todas las medidas de mantenimiento y consolidación de la paz.

• Alentar a todos los que participen en la planificación para el desarme, la desmovilización y la reintegración a que tengan presentes las necesidades distintas de los excombatientes según sean del género femenino o masculino y tener en cuenta las necesidades de sus familiares a cargo (ONU, 2000, pp. 2-4).

Como se verá, cuando se habla de género se involucran un sinfín de conceptualizaciones que abarcando no solo a la mujer, sino también a la comunidad LGBTI. Para reconocer esto, en 2014 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba una resolución por medio de la cual se pretende combatir la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género que constituye un aporte histórico a la garantía de los derechos humanos (Human Rights Watch, 2014).

Con estos antecedentes internacionales los estudiosos del tema identifican la necesidad de entender el constructo género reconociendo que no es sinónimo de mujer. En este sentido, la OMS (2018) señala que género "se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres". Trascendiendo esta conceptualización, Marcela Lagarde (1996) indica que hablar de género es reconocer la diversidad entendiendo la existencia de hombres y mujeres en un contexto social.

De esta manera, la perspectiva de género tiene la finalidad de reconstruir social y subjetivamente la historia, la sociedad, la cultura y la política desde los diferentes actores sociales. Así, señala Lagarde,

la perspectiva de género permite analizar y comprender las características que definen a las mujeres y a los hombres de manera específica, así como sus semejanzas y diferencias. Esta perspectiva de género analiza las posibilidades vitales de las mujeres y los hombres; el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, así como los conflictos institucionales y cotidianos que deben enfrentar a las maneras en que lo hacen. (1996, p. 14)

Por otra parte, Miranda menciona que la perspectiva o el enfoque de género tiene sus antecedentes en el modelo relacional, que señalaba una organización entre hombres y mujeres fundada en "la distinción de los sexos, pero en un nivel de igualdad" (2012, p. 345). Con esto, la antropología cultural concibió que el género debería ser una categoría de análisis para el entendimiento de la organización social y política. De allí surgió la expresión "perspectiva de género".

La perspectiva de género apunta hacia la consideración de las diferencias sexuales y los roles que se construyen a partir de esa diferencia. Tiene como objetivo el alcance de los derechos en relación de equidad entre hombres y mujeres, desechando la idea de la homogeneización.

Por ello, y a diferencia de la concepción según la cual la perspectiva de género se refiere únicamente a las mujeres, los estudios en esta materia requieren información sobre las situaciones vividas por el varón, con la finalidad de transformar el orden social preexistente: "Se trata de dos cuestiones que no se pueden separar. Si cambian las cosas para ellas, también deben cambiar para ellos, en beneficio de ambos y de la sociedad" (Miranda, 2012, p. 347).