La población participante en total fue de 170 estudiantes de los grados quinto, cuarto y segundo de primaria; sus edades oscilan entre los 8 y 11 años dependiendo del grado en el que se encuentran. En ese sentido, se presentan a continuación datos relacionados con el género y la procedencia.

Los datos del gráfico 1 muestran una participación relativamente proporcional por género, ya que la diferencia porcentual está en un 0,6 %. Dicho índice de participación permite a la investigación obtener unos resultados proporcionalmente diferenciados en cuanto a las nociones que se construyen sobre justicia.

En el desarrollo de la actividad que se denominó rompehielos, los estudiantes asumieron los roles de presidente de la República, ministros, gobernadores o alcaldes para percibir qué normas implementarían para el Estado, así como los de rector, coordinadores o docentes, en relación con las normas de convivencia escolar, o el rol de papá o mamá sobre las normas de la familia.

Los niños de los grados cuarto y quinto que asumieron los roles de presidente, ministros, gobernadores o alcaldes relacionaron las normas con la asignación de recursos económicos a los colegios y hospitales y explicaron que es injusto que el gobierno no les aporte dinero para el buen funcionamiento. Los estudiantes de grado segundo se refirieron a normas que tienen que ver con el medio ambiente y la ecología; sobre este aspecto, en su función establecerían que no se debe botar basuras a la calle. Otro aspecto que destacan en este rol es que, sin importar el grado de escolaridad, consideran justo terminar con el conflicto armado y asumir una convivencia sana y en paz.

En materia de seguridad social, los gobernantes impondrían normas para que el consumo de drogas “no se promueva” y que no haya violadores. Sobre este aspecto consideran injusto que no se aplique la ley y se permita continuar con esas acciones que van contra la sana convivencia.

Respecto de los roles de las instituciones educativas (rectores, coordinadores y profesores), los niños de segundo grado, al ser los más pequeños en edad y debido a su comportamiento en el salón de clase cuando juegan y tiran los refrigerios para ofender a sus compañeros, establecerían normas que terminarían con ese tipo de comportamientos para lograr el respeto en el aula de clase. Los demás niños de cuarto y quinto grado implementarían normas para mejorar la puntualidad de los docentes, la disciplina, prohibir la utilización del piercing para evitar los conflictos, no comer en los salones, evitar el matoneo escolar, mejorar el respeto y la convivencia y promover claridad sobre las normas del manual de convivencia.

Finalmente, en el rol como padre o madre de familia, los niños orientan las normas hacia la convivencia. Esto se argumenta desde una percepción de respeto, colaboración y obediencia de los menores hacia los adultos y del cumplimiento de las actividades que se les asignen (limpieza, tareas, mandados), considerando que las normas de convivencia son justas; no obstante, para ellos es injusta la violencia en la familia, principalmente cuando padre y madre se golpean. De manera muy particular, un grupo de niños cree que el papá, como jefe de familia, debe controlar los videojuegos estableciendo horas y días para ejercer ese tipo de actividades.

De acuerdo con los datos obtenidos en el taller de cartografía social, desde los colegios se tiene un radio de influencia importante, como se observa en la demarcación elaborada en el mapa.

Los estudiantes de los grados ya señalados cohabitan con sus familias en un buen número de barrios de la localidad, excepto cinco estudiantes que se desplazan desde Soacha (Cundinamarca) y la localidad de Bosa. En el mapa expuesto en la figura 2 se destacan con puntos rojos los lugares con mayor índice de inseguridad y vulnerabilidad.

Los barrios de mayor asentamiento de las familias de los niños son Patio Bonito, Tierra Buena, Dindalito, Palmeras y María Paz; los de menor asentamiento corresponden a los barrios Margaritas, Bellavista, Kennedy Central, Santa Mónica, Roma y Mandalay, entre otros (véase el gráfico 2). La información obtenida es clave en el sentido de que, al relacionar los datos del mapa y los de habitación la zona, se obtiene una de las más inseguras y vulnerables de la localidad.

La actividad con los estudiantes permitió conocer por parte de ellos los diferentes conflictos que se presentan en los barrios de la localidad; en ese sentido, los más frecuentes son peleas por intolerancia en la convivencia o por uso de sustancias alcohólicas o psicoactivas; violencia intrafamiliar, incluso con agresiones físicas y utilización de armas que implican procesos de hospitalización e intervención de autoridades, y violencia social a partir de atracos y hurto a personas e inmuebles. La solución que los niños conciben en su imaginario es que se ubiquen cámaras de seguridad en las cuadras, que haya intervención de la policía para encarcelar a los delincuentes y utilizar el dialogo.

La actividad sobre el manual de convivencia mostró resultados interesantes en el sentido de que se nota, por parte de los estudiantes, una apropiación de lo que este significa y representa para la convivencia y la resolución de los conflictos escolares. Las nociones que expresaron los niños es que se trata de un libro con normas para cumplir, si bien entre las nociones más representativas sobre él se destaca que no puede ser solo un compendio de normas que se aplican en forma autoritaria, sino que es un instrumento de carácter formativo a través del cual los alumnos desarrollan su capacidad de participación democrática.

En algunos casos, lo elevan a la categoría de una norma que es formativa, mejora el clima escolar y contiene los deberes de la comunidad educativa. Sobre los deberes, manifiestan que no solo hay que conocerlos, sino cumplir las normas para convivir en un ambiente amable y con derechos, para que haya participación democrática que dé la posibilidad de elegir a los representantes o de ser elegido, así como portar el uniforme y mantener el orden y la disciplina en la institución y fuera de ella.

Como compendio de normas, el manual de convivencia les permite a los niños aplicarlas de manera justa para resolver conflictos; por ejemplo, la conciliación entre estudiantes que han tenido una discrepancia ante el personero y un profesor, quienes median en el dialogo y los acuerdos con el fin de resolver la situación.

La autoridad, para los estudiantes participantes, representa un imaginario de jerarquía desde el poder en la toma de decisiones. El rector o la rectora representan esa autoridad y le sigue la coordinación porque es la que autoriza o niega el desarrollo de actividades. La imagen de los vigilantes es la de una figura de autoridad porque permite la entrada o salida al colegio y, además, porque portan un arma, que es representación de poder.

La organización familiar de los niños participantes es muy diversa, pues se observan varios tipos de configuración familiar. En la gran mayoría se conserva la familia nuclear compuesta por padre, madre e hijos; hay familias recompuestas a partir de padrastro o madrastra, hermanos y hermanastros, tipo de familia que surge como consecuencia de separaciones de padres o madres. Se identifica también la familia monoparental: algunos niños que viven con su papá o su mamá y que, en otros casos, pertenecen a una familia extensa compuesta por abuelos, papá, mamá, tíos, tías u otros.

Desde estas tipologías familiares, se establecen algunas normas de convivencia relacionadas con actividades domésticas, ejecución de deberes escolares y normas de comportamiento, como evidenciar agradecimiento, mostrar respeto por los miembros de la familia y obedecer.

El taller permitió conocer las percepciones que los niños elaboran sobre lo que es justo y lo injusto. Su desarrollo tuvo como material diferentes periódicos con diversos tipos de noticias. Los niños leyeron los artículos y seleccionaron varios para discutir con sus compañeros si lo presentado en el artículo era justo o injusto argumentado su respuesta.

Los resultados más relevantes se pueden organizar en tres ejes: noticias sobre política, derechos humanos y seguridad. Con respecto a lo político, en relación con la desmovilización de militantes de la guerrilla y la posibilidad de que se integren a la sociedad y estudien, los niños la consideran justa porque merecen salir adelante y estar con sus familias. Sobre el caso de Santiago Uribe y su presunta participación en grupos paramilitares, así como sobre las explicaciones que su hermano, el expresidente Álvaro Uribe, argumenta para sostener que es inocente lo perciben como injusto, debido a la riqueza que ha acumulado quitando a otros sus pertenencias. La figura del presidente Nicolás Maduro y lo que está sucediendo en Venezuela es injusta, y argumentan que nunca lo debieron haber nombrado presidente.

En cuanto a las noticias sobre derechos humanos, tomaron noticias de los sucesos en Venezuela argumentando que es injusto que se tenga que luchar para conseguir comida; de igual modo, la amenaza militar de Trump a Nicolás Maduro porque no es justa la matanza que puede haber en ese país; la responsabilidad que se les atribuyen a miembros de la guerrilla por 12 muertos la consideran justa, dado que se les debe aplicar la justicia.

El aspecto de la seguridad tuvo relación con la preparación de la visita del papa Francisco a Colombia y la inversión que se hizo con ese propósito. Este último componente de la noticia presentó controversia entre estudiantes y polarizó las percepciones sobre si la inversión era justa o injusta. Los que consideraron que es justa respaldan sus argumentos en que la visita del pontífice ayuda a la seguridad y a la paz y los que la consideraron injusta, argumentan que la inversión realizada se podría haber hecho en más colegios, alimentación y programas para los pobres.

Se organizaron grupos focales con participación de niños. Se les preguntó sobre los conflictos que se presentan en el colegio, a lo que respondieron que los más frecuentes son las peleas y las agresiones físicas, pues se golpean con piedras. En sus palabras, la forma como se solucionan esos conflictos es dialogando y pidiendo disculpas. Se reconoce que las profesoras, los amigos y el coordinador ayudan a solucionar los problemas.

A la pregunta sobre la utilidad de las normas que tiene el colegio, se responde que son para cumplirlas y respetarlas y para hacer bien las cosas y no hacerlas al revés. Se considera la norma como un deber para alcanzar la paz. La autoridad en el colegio la conforman la coordinadora y la rectora y, en la ciudad, la autoridad la representan la policía, el presidente y el alcalde. La autoridad en Colombia no se cumple: los policías solo piensan en plata y dejan libres a los infractores de la norma; además, abusan de su autoridad y golpean a las personas.

La definición sobre la norma es que es la máxima regla y que contiene los deberes y los derechos, como la Constitución Política de Colombia; sin embargo, los niños plantean que en este país las normas de la Constitución no se cumplen porque el presidente no colabora. Dan como ejemplo la situación que viven los niños en La Guajira, que mueren por desnutrición, y que el presidente debería ayudar aportando comida a esas familias.

Con respecto a la justicia en el colegio, un grupo de niños considera que no la hay porque no se respeta a los otros. Los profesores son justos porque les enseñan diferentes materias y a respetar. En la familia consideran que los padres son justos cuando los castigan por algo que han hecho mal. Consideran injusto que haya niños que no tengan qué comer porque pelean por la comida o se mueren de hambre. Es justo que a esos niños se les cuide y se les dé comida. Algunos niños manifiestan que la justicia se da cuando las normas se cumplen y se encarcela a esas personas que le hacen daño a nuestra comunidad, pero desafortunadamente las dejan libres, y eso es injusto. Los niños perciben que en Colombia la justicia no se cumple porque cuando llegó el papa Francisco dejaron libres a muchos delincuentes. Para que haya justicia, se necesita una buena policía, un buen ejército y un buen presidente; se requiere de más seguridad.

Los docentes que participaron en las actividades expresaron que la justicia se refiere a la equidad entre dos o más partes que aceptan lo pactado y tratan de ponerse en el lugar del otro. Con respecto a lo que es justo e injusto, dicen que lo justo es ser equitativo y apuntar al bien común y que lo injusto es incumplir los acuerdos y atropellar los derechos de los demás.

La noción que elaboran los niños participantes del proyecto sobre el conflicto es que este surge cuando se presentan las peleas, las agresiones y el irrespeto; no obstante, sin señalar una mayor diferencia entre los tipos de conflicto, también lo atribuyen a los atracos, al hurto, a la inseguridad que se vivencia en todo contexto o lugar; lo que sí es claro es que en el conflicto participan dos o más personas. Sobre este concepto, Suares, citado por Fuquen (2003), afirma que el conflicto se construye en forma recíproca entre dos o más partes que pueden ser personas, grupos grandes o pequeños, en cualquier combinación; en esta situación predominan interacciones antagónicas sobre las interacciones cooperativas, llegando en algunas ocasiones a la agresión mutua, donde quienes intervienen lo hacen como seres totales con sus acciones, pensamientos, afectos y discursos. Suares identifica, de esta manera, la conducta y el afecto como elementos esenciales del conflicto (Fuquen Alvarado, 2003, p. 26).

El conflicto es una acción propia de las actividades humanas; pueden surgir discrepancias, controversia, posiciones encontradas y puede ser visto de manera negativa o positiva; eso depende de la mediación que se haga sobre él. La primera se puede asumir desde una posición poco equitativa, tomando partido sobre una de las partes e intentando sobrepasar y acabar con la contraparte. La segunda, la positiva, es comprender el conflicto como una oportunidad de aprendizaje, de equidad y de lograr un acuerdo justo para las dos partes; eso depende de la mediación que se emplee para resolverlo.

Los niños elaboraron una noción sobre el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla y consideraron justa la reincorporación de los desmovilizados a la vida social. Este aspecto es una forma positiva de resolverlo a través de los acuerdos logrados; sin embargo, López (2008) dice que la paz no significa la ausencia total de cualquier conflicto. Significa la ausencia de violencia en todas sus formas y el desarrollo del conflicto en una forma constructiva. Por lo tanto, la paz existe donde las personas interactúan en forma no violenta y gestionan sus conflictos positivamente poniendo especial atención a las necesidades e intereses legítimos de todas las partes involucradas sean estas individuales y colectivas (López, 2008, p. 18).

En otra perspectiva, también está presente en el imaginario de los niños que los conflictos sociales no se resuelven con justicia. Sobre esto, “esa incapacidad de la justicia para resolver los conflictos cotidianos no solo le resta credibilidad, sino que alimenta la violencia especialmente en los sectores populares” (Uprimny, 1993, p. 75).

Al analizar los resultados, se observa cómo los niños participantes en el proyecto elaboran nociones que están muy cercanas al bien común como uno de los principios de justicia. Ello se evidencia cuando plantean la convivencia en paz, la igualdad de oportunidades para los niños que están en un nivel de pobreza absoluto y en estado de desnutrición, como por ejemplo los de La Guajira.

En ese sentido, la literatura jurídica plantea que cuando se hace referencia al bien común, se alude entonces a la justicia general. “La noción de justicia general es definida por Aristóteles como una virtud que busca el bien ajeno y es considerada como la más perfecta de las virtudes morales” (Contreras, 2012, p. 64). Lograr el bien común en la percepción de los niños es ser justo; es decir, concluye Aristóteles que todos “entienden llamar justicia aquel hábito que dispone a los hombres a hacer cosas justas y por el cual obran justamente y quieren lo justo” o, lo que es lo mismo, al principio de las obras justas y buenas, “aquél hábito por el cual en el hombre se causan: primero, una inclinación hacia los actos de justicia, según la cual decimos que el hombre es ejecutor de lo justo; segundo, la operación justa; y tercero, que el hombre quiera obrar lo justo” (Contreras, 2012, p. 65).

El concepto de justicia general lo asume santo Tomás y lo denomina justicia legal; y esta justicia confiere a los miembros de la comunidad derechos y deberes. Los resultados mostraron también cómo las poblaciones y las comunidades poseen unos derechos que el Estado debe garantizar en cabeza del presidente y los deberes que son asumidos por los miembros de la comunidad para lograr el bien común y el cumplimiento de las normas; esto es una especie de justicia distributiva que regula las relaciones entre individuos y Estado.

La justicia social implica una estructura organizada en la que los deberes y los derechos son factor clave para la distribución que regule el bien común; sin embargo, en los resultados que se obtuvieron durante el desarrollo del proyecto, los niños reclaman a la justicia su aplicación y una especie de castigo para los que infringen las normas y, por supuesto, el orden desde ese punto de vista. La idea de justicia como principio rector de la vida social es siempre un tema de debate, en sus contenidos y en su práctica concreta. En la justicia sancionadora, el debate más básico es y ha sido el tema del castigo como sistema de reprobación de una conducta (Garzón, 2004, p. 77).

A partir de Rawls, se considera que la estructura básica de la sociedad debe estar construida desde la justicia social; especialmente sobre el modo en que las instituciones distribuyen los deberes y los derechos y la forma como se reconocen y se encuentran los sujetos sociales para no crear desigualdades entre las personas; dichas instituciones son, en sus palabras, la familia, la Constitución Política, la protección jurídica que regula la propiedad privada y los medios de producción (Vidal Molina, 2009, p. 228).

Según lo anterior, la escuela y la familia pueden y necesitan establecer las normas que regulen los comportamientos de los miembros que las conforman; de esta manera, analizando las observaciones realizadas, las familias de los niños participantes establecen unos deberes y unos derechos que deben ser asumidos para lograr una convivencia sana; por parte de la escuela, se posee el manual de convivencia que también establece derechos y deberes de la comunidad educativa y, por supuesto, busca el orden y comportamientos adecuados de dicha comunidad. Por último, el Estado, desde la Constitución Política, distribuye los derechos y los deberes, así como los mecanismos de participación y representación que permiten las relaciones entre el individuo y el Estado (Ballesteros, 2015).

Otro elemento que sobresale en las nociones que los niños construyen de la justicia es la norma, que presenta diferentes interpretaciones teóricas y jurídicas. En el caso de este análisis, es fundamental el aporte teórico de Norberto Bobbio (2013), sobre todo porque él parte de la noción de derecho como un fenómeno social y en el que la organización es el criterio fundamental de una sociedad jurídica. En sus palabras, “estudiar una civilización desde el punto de vista normativo significa, en últimas, preguntarse cuáles acciones en esa determinada sociedad, fueron prohibidas, cuáles son obligatorias, cuáles permitidas […]” (p. 4).

Teniendo en cuenta ese punto de vista teórico, tanto la familia, la escuela e incluso el Estado, con el establecimiento de las normas, orientan el comportamiento de los individuos a una determinada acción que puede ser aceptada para cumplirla o para no cumplirla, pese a las posibles infracciones a las que se puede arriesgar.

El problema de la norma no es ella en sí, sino la correspondencia que se puede obtener en el momento de comprender una norma como justa o injusta, que, según Bobbio, es la contraposición entre el mundo ideal desde la norma y el mundo real en que aplica dicha norma: norma justa lo que debe ser e injusta lo que no debe ser. Así, la norma tiene otro problema que remite a la validez, independientemente de si esta es justa o no (Bobbio, 2013, p. 21), y esa validez parte de la premisa de si esa norma es jurídica. En esa línea, las normas pueden ser válidas, pero no siempre justas cuando se aplican; no obstante, también la norma puede ser válida, pero no eficaz cuando es asumida, aunque no obedecida (Forero, 2014).

El criterio de validez tiene dos operaciones: determinar la autoridad que la promulga y el poder legítimo para expedir normas. En ese aspecto, los niños reconocen la autoridad en cabeza del padre o madre de familia, el rector o el presidente para formular normas.