Introducción

Este artículo presenta el ranking de la investigación jurídica y sociojurídica de Colombia, con fundamento en los resultados de la Convocatoria 894 de 2021, emitida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación [Minciencias.. Esta tarea se acomete acompañada de un análisis cualitativo e integral de los resultados. En particular, el examen comprende una valoración de la calidad de la investigación en el campo del derecho para el caso colombiano. Esto lleva a reflexionar sobre la calidad de los abogados que se forman en el país. Como la investigación es una condición de calidad indispensable para el registro calificado y un factor esencial de la acreditación en alta calidad, igualmente, serán introducidas algunas observaciones sobre las implicancias del ranking sobre las dos cuestiones antes señaladas ^{[ 1]} . También se harán comparaciones del escalafón de 2021 con los dos rankings que retrataron los resultados de investigación de los programas de derecho en 2017 y 2018, lo que permite estudiar si el desarrollo de la investigación muestra avances, retrocesos o si se ha estancado, es decir, cuáles son las dinámicas preponderantes. Se tendrá en cuenta el carácter público o privado de las instituciones a las que pertenezcan los programas, la situación regional y si pertenecen a universidades o instituciones universitarias. Otra variable a considerar será la relación entre los costos de matrícula y los desarrollos investigativos de los programas. También se hará una comparación de este escalafón de la investigación con el ranking internacional de calidad de la educación superior de QS.

El ranking ha sido construido con los resultados definitivos publicados en mayo de 2022, los cuales pueden ser verificados en la página de Minciencias, en la ventana de consultas de la plataforma ScienTI, que fueron revisados el 20 de julio de 2022 en esta investigación.

Para la elaboración del ranking se utilizó la misma metodología empleada en años anteriores, correspondiente a los dos rankings preparados de acuerdo con los resultados de las dos convocatorias que precedieron a la que ahora es examinada, y que fueron publicados ( Milla, 2018; 2021). La escala, por ende, registra primero los programas que poseen grupos de investigación en A1, la categoría más alta en el sistema de medición de Minciencias que, de acuerdo con sus parámetros, posiciona a grupos de investigación de excelencia, dueños de resultados más que sobresalientes. En consecuencia, un programa de derecho con un único grupo en la categoría A1 puede quedar ubicado en una posición superior a la de otro programa que tiene varios grupos de investigación en categorías inferiores. Este criterio que, por ejemplo, se utiliza para ordenar la clasificación por medallas de los países participantes en una justa deportiva, es aplicado para organizar el ranking con las siguientes categorías: la A, que implica muy buenos resultados; la B, que supone un buen desempeño y la C. De manera adicional, un grupo puede ser apenas reconocido y no categorizado, lo que denota que se trata de un grupo apenas incipiente.

Solo fueron considerados los grupos del área del conocimiento que correspondía al derecho. En los resultados de Minciencias figuran 248 grupos, pero seis de ellos no se presentaron a la Convocatoria 894, por lo que fueron excluidos, aunque igual no estaban categorizados y, por ello, no pueden afectar las posiciones de los programas en el escalafón. Así las cosas, la cantidad de grupos de investigación se redujo a 242. De manera única, solo se consideraron instituciones de educación superior; no otra clase de entidades no universitarias, como institutos de investigación, etc., que participaron sin asociarse con instituciones de educación con ocho grupos, pues este trabajo versa sobre los programas académicos de derecho. Por la última razón, tampoco se contempló un grupo de investigación de la Universidad del Valle, en la categoría A, y un grupo en la categoría B de la Universidad Nacional en Medellín, puesto que ninguna de las dos ofrece el pregrado de derecho. En consecuencia, la cifra de grupos de investigación considerados es de 233, pertenecientes a 119 instituciones con programas de derecho.

En las tablas en las que se presenta el ranking se identificará el número de grupos en cada categoría. Los grupos apenas reconocidos serán señalados con la letra R. Cuando exista un empate entre varios programas, al disponer de la misma cantidad de grupos en la que para ellos sea su categoría más alta, enseguida se dará una mayor calificación al que cuente con el mayor número de grupos en la categoría siguiente. En varios casos se encuentran grupos de investigaciones avalados por varias instituciones, evento en el cual se dividirá la unidad que representa un grupo por la cantidad de instituciones que la avalen, razón por la que el número de grupos de un programa puede aparecer fragmentado en decimales. Las instituciones que no avalaron grupos, aunque son mencionadas en los datos de Minciencias, no son tenidas en cuenta.

Las condiciones de la última convocatoria de Minciencias son excesivas para los grupos de investigación que pertenecen a las ciencias sociales. Privilegian los productos de investigación representados en artículos publicados en revistas indexadas en Scopus, WoS y, con menor valor, en Publindex, en detrimento de los libros y de los capítulos de libro. No considera que la mayor parte y, sobre todo, la porción más importante de los trabajos en las ciencias sociales se publica en el formato de libros, a diferencia de lo que sucede en otras disciplinas, por lo que puede afirmarse que las reglas de la convocatoria fueron discriminatorias. Ello sin contar que, por regla general, el trabajo que hay detrás de la redacción de un libro es superior al que acompaña a un artículo de revista. Existen, además, requisitos para validar los libros que no se exigieron para los artículos de revista, como las citas, lo que acrecienta el desequilibrio en la evaluación. Estos motivos, junto con otras razones, como el hecho de no definir los factores y las características utilizados para ponderar el valor de los productos de investigación con antelación a su producción, el ceder el poder de definir lo que es ciencia en Colombia a compañías multinacionales extranjeras, motivadas por el ánimo de lucro, con lo que se renuncia a la soberanía nacional, el desconocer el principio del debido proceso, al despojar de su valor o al disminuirlo a productos de investigación que en anteriores convocatorias habían recibido una valoración mayor, ha dado pie para una crítica contundente al sistema de medición de Minciencias ( Cardona Zuleta y Roldán Villa, 2022; Silva García y Pérez Salazar, 2021).

Sin embargo, pese a la falta de justedad y a la arbitrariedad de Minciencias al definir los términos de su convocatoria, lo cierto es que los requisitos que planteaba fueron iguales para todos los grupos de investigación en el campo del derecho y que, en especial, puede aceptarse que hay unos parámetros de evaluación de la calidad de la investigación. Los motivos anteriores legitiman la pertinencia y la conducencia del ranking presentado en este trabajo. Claro, el ranking tendrá las virtudes y los defectos del sistema de Minciencias, pero es útil y procedente para evaluar la investigación de los programas de derecho.

La medición de Minciencias es independiente del autor de esta investigación y de la institución de la que hace parte. Los resultados son objetivos, determinados con parámetros indicados antes de efectuar la medición, los cuales han sido iguales para todos los programas evaluados. En consecuencia, no hay márgenes para que el autor introduzca ponderaciones subjetivas a fin de construir el ranking. Desde luego, cosa muy distinta es la interpretación de los resultados y la valoración de sus implicaciones. Como todo ejercicio hermenéutico, puede ser discutido en los terrenos de la lógica y la argumentación.

Este es un trabajo de sociología jurídica ( Silva García et ál., 2019), puesto que se ocupa de la educación jurídica con la finalidad de examinar el impacto que tiene en la calidad y las características de los abogados, pues estos dos aspectos influyen sobre la manera como se práctica el derecho. Este artículo se suma a varias evaluaciones que se han efectuado sobre la investigación jurídica, y, sobre todo, sociojurídica, que han considerado aspectos epistemológicos, facetas cualitativas e impacto de la producción ( Ariza Santamaría, 2014; Botero Bernal, 2007; Carvajal Martínez, 2016; Pérez Salazar et ál., 2020; Silva García et ál., 2021; Vásquez Santamaría, 2013), aparte de los artículos ya citados. No obstante, la línea establecida en este trabajo es la única que pondera los resultados de los grupos de investigación, con la salvedad de una investigación que comprendió un análisis de la evolución de los grupos de investigación en derecho entre 2014 y 2020 ( Cardona Zuleta y Roldán Villa, 2022). La investigación ha partido de fuentes documentales y entrevistas, con la aplicación del método analítico.

Descripción y análisis de la información

Los tres mejores programas de derecho que alcanzaron el liderazgo de la investigación jurídica y sociojurídica en el ámbito nacional fueron, en orden, los que corresponden a la Universidad Externado de Colombia (acreditado), la Universidad Católica de Colombia (acreditado) y la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (acreditado). Las tres son instituciones de educación superior privadas, con el carácter de universidades, todas localizadas en Bogotá. Las facultades a las que pertenecen estos tres programas de derecho tienen, además, sendos programas de doctorado en derecho, lo que es muy coherente con los altos niveles de desarrollo de la investigación.

La Universidad Externado, la Universidad Católica y la Universidad del Rosario poseen la misma cantidad de grupos de investigación A1, esto es, de excelencia, cinco en total. No obstante, en el ranking, la Universidad Externado de Colombia obtiene la primera posición, puesto que, de manera adicional, cuenta con otros cinco grupos de investigación en la categoría A, mientras que la católica, segunda en el ranking, suma solo un grupo en A y el Rosario, tercera en el ranking, no cuenta con ninguno. Con semejante cantidad de grupos de investigación en la categoría máxima, puede afirmarse, con total convicción, que la calidad de estos tres programas de derecho no es algo aleatorio ni aislado, sino el resultado de políticas y ejecuciones altamente consistentes y muy exigentes, además del predominio de una cultura investigativa interiorizada con firmeza ( tabla 1).

La Universidad Externado de Colombia presenta resultados avasalladores. Además de los grupos de investigación mencionados, reúne dos de la categoría B, cinco de la categoría C y dos reconocidos. En total, diecinueve grupos de investigación, lo que implica una cobertura de las áreas medulares del derecho, pero también muchos otros grupos con un nivel de especialización muy profundo en materias bastante específicas. Es la primera vez que el Externado ingresa al podio de los mejores programas de derecho de Colombia en razón a la investigación, y lo hace de una manera inmejorable, con el primer lugar. Además, este logro es muy sobresaliente, ya que, a pesar de las reglas de Minciencias, que castigan de manera injusta y discriminatoria a los libros, lo que perjudicaba al Externado más que a cualquier otra universidad colombiana, pues su editorial es, probablemente, la más importante del país por la cantidad de títulos publicados y sus volúmenes de ventas, en todo caso, alcanzó los méritos para obtener la primera posición en el escalafón. Esto significa que también publica muchos artículos en revistas indexadas. A la par, es claro que la cultura investigativa que predomina en su claustro rindió frutos para generar un mejoramiento respecto de años anteriores más que relevante. Aun cuando el Externado figuraba bien posicionada en las dos mediciones anteriores, nunca había alcanzado estos resultados, pues había quedado en décima posición ( Milla, 2018) y, luego, en sexta ( Milla, 2021). Asimismo, es evidente que resulta casi imposible que ceda el liderazgo que acaba de alcanzar, dada la enorme cantidad de grupos de investigación que posee, en especial, en las categorías A1 y la A ( tabla 1).

El programa de derecho de la Universidad Católica de Colombia, segundo en el ranking, es el que muestra la mayor continuidad en la vanguardia de los estudios de derecho en el país, según el factor de investigación. En todas las ediciones del ranking ha aparecido en el podio, ya que ocupó el tercer lugar ( Milla, 2018) y, luego, el segundo ( Milla, 2021). En términos de calidad de la educación superior ha sido todo un fenómeno. En 2012 su programa de derecho había fracasado en la búsqueda de la acreditación de alta calidad y, de manera paradójica, fue el factor de la investigación la principal razón por la que no logró ese objetivo. Sin embargo, desde 2014, el programa comenzó una revolución que comprendió aspectos como la internacionalización, la extensión, el plan de estudios, la contratación de profesores doctorados con mucha trayectoria y, desde luego, la investigación, al punto que logró acreditarse en alta calidad y, años después, la renovó. Ahora, la investigación es la principal fortaleza del programa de derecho. Dado que no ha hecho parte nunca de las universidades de élite, en términos sociales y políticos, pues sus matrículas son baratas y su población estudiantil es de clase media-baja y media, son aún más meritorios los logros que ha alcanzado ( tabla 1).

La Universidad del Rosario también se ha destacado de manera tradicional. Fue primera en el ranking ( Milla, 2018), después, salió de él, aunque mantuvo una posición relevante, al situarse en el quinto puesto ( Milla, 2021), y, ahora, regresó para ubicarse en el tercer lugar. Sus docentes e investigadores se encuentran entre los mejor pagados del país, lo que termina por rendir dividendos ( tabla 1).

Sigue el programa de derecho de la Universidad de Los Andes ^{[ 2]} , ahora con la cuarta posición en el escalafón, con cuatro grupos de investigación en la categoría A1, aunque uno de ellos es compartido con la Universidad Nacional, a los que se adicionan dos grupos en la A y tres en la C. En la primera edición del ranking, la Universidad de Los Andes había ocupado el segundo lugar ( Milla, 2018), en la segunda edición quedó decimosexta con un fuerte descenso; desde entonces, no ha vuelto al podio. La Universidad Nacional de Colombia (acreditado), con su programa de derecho, es quinta en el ranking, pues consiguió en la convocatoria tres grupos de investigación en la categoría A1, como ya se dijo, uno compartido con la Universidad de Los Andes, al que se agregan nueve grupos en la categoría C y dos reconocidos. Con catorce grupos de investigación es la segunda institución de educación superior con más grupos en derecho. Su programa es, desde luego, el más importante del país entre las universidades públicas, desde el punto de vista del factor de la investigación. La Pontificia Universidad Javeriana (acreditado), en su programa de Bogotá, sexto en el ranking, sobresale con dos grupos de investigación en la categoría A1, dos en la A y uno en la B. El programa de derecho de la Universidad de La Sabana (acreditado), séptimo en el ranking, avanzó con dos grupos en la categoría A1 y otro en la A. Empatado aparece, también séptimo, el programa de derecho de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín (acreditado), dueño de dos grupos en la categoría A1 y uno en la A ( tabla 1).

El programa de derecho de la Universidad Santo Tomás de Bogotá (acreditado), que había sido tercero en la última versión del ranking ( Milla, 2021) y decimoprimero en la primera edición ( Milla, 2018), hoy, con un grupo en la categoría A1 y tres en la A tiene un lugar meritorio con el noveno puesto en el ranking. La Universidad Libre de Cali, que había sido la líder nacional de la investigación, con un primer lugar en el ranking anterior ( Milla, 2021), lo que había significado un vertiginoso ascenso desde el asiento decimosegundo en la primera edición del ranking ( Milla, 2018), perdió varias posiciones, pero mantuvo un papel sobresaliente con un grupo de investigación en la categoría A1, dos en la A y otros tres en la B, que la colocan en el décimo puesto ( tabla 1).

Tabla 1

Ranking de la investigación jurídica y sociojurídica de Colombia, 1 a 10

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados definitivos de la Convocatoria 894 de 2021 de Minciencias.

La Universidad Externado, la Libre de Cali, el Rosario, la católica, los Andes y la Santo Tomás de Bogotá, seis en total, han aparecido en el podio de los tres mejores programas en las tres ediciones del ranking, incluida esta. Solamente dos de ellas, la católica y el Rosario, han repetido, la primera de ellas las tres veces, la segunda, dos.

La Universidad Libre de Cúcuta (acreditado) no es una sorpresa, ya que ha estado entre los mejores programas de derecho del país y ahora permanece con un grupo en la categoría A1 y otros en la A y la C, para alcanzar el decimoprimer lugar. La Universidad de Medellín (acreditado), duodécima posición, comparece con un grupo en la categoría A1 y otro en la A. Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada (acreditado), decimotercer puesto, aparece con un grupo en la categoría A1, dos en la B y uno en la C. El programa de la Universidad de Caldas (acreditado), decimocuarto, concurre al escalafón de derecho con un grupo en la A1 y otro en la B. La Universidad de la Costa (acreditado) presenta en derecho un grupo en la A1 y otro en la C para el decimoquinto puesto ( tabla 2).

Varios programas de derecho figuran en posiciones de avanzada en el ranking en razón al reconocimiento de su único grupo de investigación en la categoría A1. En esa lista aparecen las carreras de derecho de las universidades, todas empatadas en la posición decimosexta, Jorge Tadeo Lozano (acreditado), Antonio Nariño, del Norte (acreditado) y la ICESI (acreditado). El programa de derecho de la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta (acreditado), ahora vigésimo, de nuevo, aparece entre los mejores, con un grupo en la categoría A1, aun cuando lo comparte con otras dos instituciones que no son de educación superior ( tabla 2).

Tabla 2.

Ranking de la investigación jurídica y sociojurídica de Colombia, 11 a 20

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados definitivos de la Convocatoria 894 de 2021 de Minciencias.

Varias veces se ha señalado que, si bien tiene un alto mérito disponer de, al menos, un grupo de investigación de excelencia en la categoría A1, en todo caso, ello no puede considerarse satisfactorio desde el punto de vista de la calidad de la investigación de un programa académico. La ciencia del derecho ha alcanzado un notable desarrollo y altos niveles de especialización con grados que probablemente solo se encuentran en la medicina y algunas pocas disciplinas adicionales. Por ello, aunque es una estrategia admisible para conseguir una posición muy elevada en la medición de Minciencias, pues no es contraria a las normas jurídicas y a las pautas de las convocatorias concentrar todos los medios y recursos investigativos en un único grupo de investigación, para nadie es un secreto que, dados los desarrollos y la especialidad antes mencionadas de las distintas ramas del derecho, es más que improbable que académicos de campos disímiles interactúen entre sí, como debe ocurrir en un auténtico grupo de investigación. Entonces, aunque obtienen calificaciones destacadas para un grupo aislado, la mayoría de las veces el grupo debe ser un agregado formal y artificial de investigadores que no funciona en la realidad como tal. Esta conclusión, aplica también a otros programas que tienen un grupo único en categorías inferiores, los cuales serán reseñados más adelante.

El criterio que se ha sostenido es que sin llegar a los desarrollos extraordinarios de la investigación que expone la Universidad Externado de Colombia en la actualidad, un programa de derecho debe disponer de no menos de cuatro grupos de investigación. Con esto, puede garantizarse que se cubran las principales ramas o áreas medulares del derecho. Desde el punto de la alta calidad, puede agregarse que esos cuatro grupos de investigación diferentes deberían pertenecer a las categorías A1, A o B. Para efectos de conceder la renovación del registro calificado, esto es, de la autorización para ofrecer y desarrollar un programa académico, puede aplicarse un criterio menos exigente. Pero si se habla de alta calidad, ese debe ser el parámetro. En este sentido, desde luego, los programas de la Universidad Externado (1.a), la Universidad Católica de Colombia (2.a) y la Universidad del Rosario (3.a) lo cumplen de sobremanera. También, ello ocurre con los programas de las universidades de Los Andes (4.a), la Javeriana de Bogotá (6.a), la Santo Tomás de Bogotá (9.a) y la Libre de Cali (10.a). Lo anterior aplica para los veinte primeros programas de derecho en el ranking. Con todo, es posible agregar a ese listado el programa de derecho de la Universidad Libre de Bogotá, vigesimoprimero en el ranking, con cinco grupos en la categoría A, tres en la B, uno en la C y uno reconocido, para un total de diez grupos. Por lo demás, no existen más programas que cumplan con este criterio. Así que estos ocho programas son, en realidad, el top de los programas académicos de derecho.

Puede advertirse que, incluso, entre los diez programas mejor situados en el ranking, varios no cumplen con el criterio expuesto. Los ocho programas arriba indicados, que sí lo hacen, sin duda, merecen la acreditación de alta calidad. De hecho, el Ministerio de Educación Nacional les ha otorgado a todos ellos, excepto a los programas de derecho de las universidades de Los Andes y la Libre de Cali, con la intervención activa del Consejo Nacional de Acreditación [CNA], ese reconocimiento. La cuestión a debatir es si los demás programas han demostrado los méritos para obtener la acreditación de alta calidad. El factor de la investigación es tan importante que no debería pensarse en una acreditación que, aún con cualidades sobresalientes respecto de otros factores, evidencie escaso desarrollo en este. Es más, se conoce que existen programas académicos que consiguieron la alta calidad con apenas un grupo de investigación en la categoría C, lo que plantea el debate de si ha existido demasiada permisibilidad en el otorgamiento de algunas de las acreditaciones. Considerando que, para el primero de agosto de 2022, según la página de Sistema Nacional de Información de la Educación Superior [SNIES], 47 programas de derecho adquirieron la acreditación, asunto que puede ser muy discutible. Podría concurrir, aunque es muy improbable, la posibilidad de grupos de investigación sólidos que no se interesaron en participar en la convocatoria de Minciencias, caso en el que podrían demostrar que reúnen los méritos para acreditarse.

El tema de la acreditación multicampus, donde de modo simultáneo se acredita la institución en su sede o domicilio principal y en sus seccionales, para varios casos, no parece racional, en términos de medios y resultados, cuando puede observarse que el progreso de la investigación es reducido en varias seccionales, pese a que en la principal se haya destacado. Asimismo, no parece equilibrada ni racional la posibilidad de ofrecer y renovar programas de pregrado sin evaluación del registro calificado en una localidad donde una institución de educación superior cuenta con acreditación de alta calidad, si bajo ese paraguas se guarecen programas donde el desarrollo de la investigación es nulo o deficiente.

De los ocho programas antes indicados como integrantes del top de la investigación jurídica y sociojurídica, siete tienen en sus facultades registro calificado para la oferta y desarrollo de programas de doctorado en derecho. La única excepción es la Universidad Libre de Cali, ya que esa institución ha decidido adelantar un solo programa de doctorado en derecho a nivel nacional, el cual se ofrece en la sede principal de Bogotá, cuyo programa aparece al final del top. En consecuencia, existe una relación de coherencia entre los logros en investigación de las facultades de derecho mencionadas y la oferta, ya no únicamente de pregrados en derecho, sino también de doctorados, pues la investigación es el componente esencial de este tipo de posgrados de altos estudios.

En el top de los ocho programas con desarrollos de excelencia en la investigación aparecen siete universidades privadas y una pública. El 87.5 % son universidades privadas y el 12.5 % son públicas. En el conjunto de los veinte mejores programas de derecho en el ranking, al que puede sumarse el programa de la Universidad Libre de Bogotá, puesto vigesimoprimero, se encuentran dieciocho universidades privadas y tres universidades públicas. Estas son, en orden, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Militar Nueva Granada y la Universidad de Caldas, siendo la Nacional la única entre las diez primeras. El 85.7 % son universidades privadas y el 14.3 % son públicas. Así las cosas, el balance general de la universidad pública colombiana en el ámbito del derecho es negativo. Se agrava al observar los resultados de las restantes, ya que varias tienen apenas grupos en las categorías más bajas. Seis programas de universidades públicas apenas llegan a un grupo en la categoría C, mientras que un programa exhibe solo un grupo reconocido. Esto pone en cuestión, por una parte, las políticas públicas y de financiamiento estatales relacionadas con la educación superior pública y, por otra parte, las políticas, la cultura investigativa y las prácticas internas de las universidades públicas, cuyos niveles de exigibilidad de resultados y rigor científico en la producción son deficientes.

En ocasiones anteriores se subrayó la desigualdad nacional predominante en el desarrollo de la investigación jurídica y sociojurídica, con una alta concentración de los programas con los grupos de investigación más sobresalientes en Bogotá ( Milla, 2018; 2021). Esto ha sido reafirmado como un serio problema de equidad en el estudio del periodo 2014-2020 ( Cardona Zuleta y Roldán Villa, 2022). De los ocho programas que están en el top y que se encuentran respaldados por un número considerable de grupos de investigación, siete están localizados en Bogotá y uno en Cali, la tercera ciudad del país en el plano socioeconómico. Es decir, el 87.5 % están ubicados en Bogotá y el 14.5 % fuera de la capital. De los diez principales programas de derecho por el factor de la investigación, ocho son de Bogotá (80 %) y dos están respectivamente en Medellín y Cali (20 %). Entre los veintiún programas más destacados en derecho por sus resultados en investigación, doce están basados en Bogotá (57 %) y nueve fuera de la capital (43 %), lo que denota un mayor equilibrio.

Al considerar los 45 primeros programas, dieciséis (35.5 %) pertenecen a Bogotá, mientras que veintinueve (64.5 %) se hallan en otras ciudades, lo que marca una primacía de la región. No obstante, muchos de estos programas tienen resultados regulares. Esto permite concluir que no basta un análisis cuantitativo, ya que es indispensable una interpretación cualitativa de los resultados. De acuerdo con ella, tanto en el top de programas como entre los más desarrollados, el predominio de Bogotá es bastante considerable, aunque, a medida que se avanza en el estudio de las distintas posiciones, llega a ser mayor el desarrollo de la región. Por esto, pueden reafirmarse las conclusiones acerca de la inequidad y el desequilibro regional de la calidad de la educación jurídica según el indicador de la investigación. Con todo, en Bogotá se sitúan 72 programas de derecho, una cantidad sorprendente, luego, también en la capital del país prevalecen los programas de derecho con resultados deficientes en investigación, que serían la mayoría. Es más, dieciséis programas de derecho en Bogotá no registran, en absoluto, ningún grupo de investigación. Ese, además, es el caso de los programas de derecho ofrecidos en la modalidad virtual desde Bogotá, ninguno de los cuales logró ser categorizado, salvo un caso, con un grupo compartido en la categoría C.

Con grupos de investigación en la categoría A, a veces aislados, en otras ocasiones combinados con grupos en otras categorías, se registran varios programas. Aquí comparecen los programas de: la Universidad Libre de Bogotá (acreditado), con cinco grupos en la A, tres en la B y uno reconocido, como ya fue dicho, vigesimoprimero en el ranking, además, la tercera universidad del país con más grupos de investigación, nueve en total; la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá (acreditado), con tres grupos en la A; la Universidad de Manizales (acreditado), con dos grupos en la A y uno reconocido; la Universidad del Sinú en Montería (acreditado), con dos grupos en la A; la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla (acreditado), con dos grupos en la A, compartidos con su seccional de Cúcuta y otro en A compartido con dos instituciones; la Universidad Autónoma Latinoamericana [UNAULA] (acreditado), con uno en la A, dos en la B y dos en la C, que está bastante cerca de ajustarse al criterio de alta calidad expuesto; la Universidad La Gran Colombia de Bogotá (acreditado), con uno en la A y dos en la B, igualmente, cerca del parámetro de alta calidad; la Universidad de Antioquia (acreditado), con un grupo en la A, uno en la B y dos en la C; la Universidad EAFIT (acreditado), con un grupo en la A y otro en la B; la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (acreditado), con un grupo en la A y cuatro en la C ( tabla 3).

Siguen algunas instituciones con un grupo único en A: la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga (acreditado); la Universidad Santo Tomás de Tunja (acreditado); la Universidad Católica Luis Amigó en Medellín (acreditado); la Escuela Superior de Guerra; la Universidad Libre de Barranquilla; la Universidad Libre de Pereira (acreditado); la Universidad Católica de Oriente; la Fundación Universitaria Tecnológica Comfenalco de Cartagena; la Corporación Universitaria Americana de Medellín; la Universidad Cooperativa de Bogotá (acreditado); la Universidad San Buenaventura de Cali (acreditado); la Universidad del Magdalena; la Corporación Universitaria Americana de Barranquilla. La Universidad de Boyacá (acreditado) comparte con la Universidad Santiago de Cali dos grupos en la categoría A, aun cuando uno de ellos también está en asociación con la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. La Universidad Simón Bolívar de Cúcuta, con dos grupos en la A compartidos con la misma Universidad en Barranquilla, se ubica al final ( tabla 3).

Tabla 3.

Ranking de la investigación jurídica y sociojurídica de Colombia, 21 a 45

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados definitivos de la Convocatoria 894 de 2021 de Minciencias.

El ranking continúa con la Universidad de Ibagué (acreditado), que comparte su grupo en A con la Universidad Pedagógica Nacional, que no ofrece pregrado en derecho. La Corporación Universitaria Republicana concurre con dos grupos en la B. La Universidad de Cartagena (acreditado) tiene un grupo en la B de modo autónomo y otro compartido con la Universidad Libre de Cartagena, al que suma un tercer grupo en la C compartido con la Fundación Universitaria Colombo Internacional. La Universidad Autónoma de Bucaramanga (acreditado) aporta un grupo en la B y dos en la C. Por su parte, la Institución Universitaria Colegios de Colombia [Unicoc] presenta un grupo en la B y otro en la C; al igual que la Universidad de Nariño (acreditado), la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, la Universidad Surcolombiana (acreditado) y la Universidad del Atlántico (acreditado) ( tabla 4).

Tabla 4.

Ranking de la investigación jurídica y sociojurídica de Colombia, 46 a 51

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados definitivos de la Convocatoria 894 de 2021 de Minciencias.

Entre los cincuenta primeros programas de derecho, concurren varios pertenecientes a instituciones universitarias. Se supone que la investigación es un atributo de la universidad, razón por la cual las instituciones universitarias no pueden ofrecer programas de maestría o de doctorado, salvo particulares excepciones, aunque, desde el punto de vista de la calidad de la educación, la condición es imprescindible, trátese de cualquiera de los dos tipos de instituciones. Pues bien, es claro que esa distinción constituye una regla para restringir la competencia, pues, al contrario, son bastante numerosas las universidades con resultados en investigación inferiores respecto de las instituciones universitarias mencionadas.

Se advierte que, en términos generales, y pese a las deficiencias que se evidencian en las tablas 5 a 8, la investigación en los programas de derecho ha avanzado de manera significativa. Incluso las universidades mejor situadas en el ranking aumentaron el número de grupos y, en especial, subieron sus categorías, lo que también se percibe en otras muchas. Los primeros estudios sobre educación jurídica en el país, al tocar el tema de la investigación, advertían una situación bastante precaria, con un número ínfimo de grupos de investigación registrados en la plataforma ScienTI ( Silva García, 2006). Aunque aún existen programas con progresos muy limitados, en algunos casos con retrocesos, los avances se notan también al hacer una comparación con los dos últimos rankings ( Milla, 2018; 2021) o al estudiar un periodo más amplio ( Cardona Zuleta y Roldán Villa, 2022).

Con un grupo en la categoría B, comparecen la Universidad de Santander, el Politécnico Gran Colombiano, el Tecnológico de Antioquia, la Corporación Universitaria Remington de Medellín, la Universidad Libre de Socorro, la Universidad Mariana, la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, la Universidad CES, la Fundación Universitaria de San Gil, la Corporación Universitaria del Caribe [Cecar] (acreditado), la Fundación Universitaria Los Libertadores (acreditado), la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, la Universidad del Bosque, la Universidad La Gran Colombia sede Armenia (acreditado), la Universidad Santo Tomás sede Villavicencio, la Universidad Cooperativa sede Ibagué, la Corporación Universitaria Rafael Núñez de Barranquilla, la Fundación Universitaria de Popayán, la Institución Universitaria de Envigado. A su vez, los programas de derecho de la Universidad Manuela Beltrán de Bogotá y de Bucaramanga comparten un grupo en la B. La Universidad Libre de Cartagena (acreditado) posee un grupo en la B compartido con la Universidad de Cartagena ( tabla 5).

Tabla 5.

Ranking de la investigación jurídica y sociojurídica de Colombia, 56 a 77

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados definitivos de la Convocatoria 894 de 2021 de Minciencias.

El registro calificado no comporta el cumplimiento de requisitos mínimos de calidad, por cuanto sería insuficiente, porque lo mínimo nunca puede ser equivalente a aquello con calidad. El cumplimiento a satisfacción de las condiciones de calidad es, entonces, distinto. Es claro que en materia de investigación en el campo del derecho muchos programas no cumplen con las condiciones de calidad; mas, a pesar de ello, disponen de registro calificado. Esto plantea una crisis de la función de inspección y vigilancia que ejerce el presidente de la República, por intermedio del ministro de educación nacional. El Ministerio es muy permeable a las presiones políticas y, de modo paralelo, la debilidad de Gobiernos impopulares conduce a la renuncia al deber de cumplir con sus atribuciones constitucionales y legales, a fin de no acrecentar la oposición o la animadversión de los sectores con intereses en el escenario de la educación superior.

Comparece, de años atrás, una crisis en las políticas públicas en materia de educación superior ( Silva García, 2018), que no parecen tener un norte. Es necesario fortalecer a organismos como el Consejo Nacional Interinstitucional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior [Conaces], proveyéndole de una mayor independencia, con parámetros claros para evaluar las condiciones de calidad. Asimismo, debe disponerse de una legislación sobre calidad que no se obsesione con promover la verificación de la existencia formal de documentos, sino con los resultados que puedan ser constatados con indicadores objetivos.

A continuación, la relación del escalafón de programas comprende a aquellos con presencia en la última categoría. Con dos grupos en la C aparecen: la Unidad Central del Valle del Cauca, la Universidad de Pamplona y la Universidad de la Amazonía. La Fundación Universitaria Colombo Internacional suma un grupo en la C por cuenta propia y otro también en la C compartido con la Universidad de Cartagena. Situación similar a la de la Universidad Autónoma de Colombia, con dos grupos en la C, uno exclusivo y el otro compartido con una institución que no es de educación superior ( tabla 6).

Tabla 6.

Ranking de la investigación jurídica y sociojurídica de Colombia, 78 a 81

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados definitivos de la Convocatoria 894 de 2021 de Minciencias.

No pocos programas académicos ―con varios años, a veces decenas de años de creados― solo tienen un grupo de investigación en la categoría C. Aquí se registran la Universidad Cesmag, que cuenta con solo un grupo reconocido, la Universidad Bolivariana de Bucaramanga (acreditado), la Corporación Universitaria Lasallista, la Universidad Cooperativa de Cali, la Universidad Cooperativa de Medellín, la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, la Fundación Universitaria Navarra, la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, la Fundación Universitaria San Mateo de Educación Superior, la Universidad Cooperativa de Montería, la Corporación Universitaria Centro Superior, la Fundación Universitaria del Área Andina de Valledupar, la Fundación Católica Lumen Gentium, la Universidad Javeriana de Cali (acreditado), la Universidad Tecnológica de Bolívar, la Fundación Universitaria Autónoma de Las Américas, la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña, la Universidad San Buenaventura de Bello, la Universidad Cooperativa de Villavicencio, la Universidad Cooperativa de Santa Marta, la Universidad de la Guajira, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, la Universidad Cooperativa de Pasto, la Corporación Universitaria de Sabaneta, la Universidad del Tolima, la Universidad Autónoma del Caribe (acreditado), la Universidad Santo Tomás de Medellín y la Fundación Universitaria del Área Andina de Pereira. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia [UNAD] tiene también un único grupo en la categoría mencionada, aunque compartido con otra universidad.

Con estos resultados que, salvo para los programas noveles, son pésimos, comparecen veintinueve programas de derecho ( tabla 7).

Tabla 7.

Ranking de la investigación jurídica y sociojurídica de Colombia, 82 a 110

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados definitivos de la Convocatoria 894 de 2021 de Minciencias.

Con malos resultados en investigación concurren algunos pocos programas con costos de matrículas elevados. La mayoría de programas con costos de matrícula altos, al contrario, navegan entre resultados en investigación de excelencia o aceptables. En la dirección opuesta, programas de derecho con matrículas bajas y resultados de investigación de excelencia o buenos son pocos, y se percibe que han disminuido respecto de las dos últimas convocatorias ( Milla, 2018; Milla, 2021). Se encuentra el programa de la Universidad Católica de Colombia (2.a), de la Universidad Nacional de Colombia (5.a) y de la Universidad Libre de Cali (10.a). Solo tres programas entre los diez primeros.

El balance del ranking internacional de calidad de la educación superior de QS, para el que la investigación tiene un alto valor, en lo que atañe a Colombia, pueden ser comparados con los resultados del presente ranking. Empero, debe tenerse en cuenta que los resultados publicados por QS en su página Web se refieren a todos los programas académicos de cada institución, mientras que aquí se consideran solo los de derecho. Para la comparación, fueron contemplados los datos de QS referidos únicamente a la investigación, los cuales registran las citaciones de artículos publicados en revistas incorporados en el índex de Scopus por parte de otros artículos publicados también en revistas indexadas en esta misma base de datos. Para valorar la investigación, QS establece el promedio de productos por cada facultad.

A continuación, se anotan los resultados de QS, previa eliminación de cuatro universidades que no tienen programas de derecho, señalando entre paréntesis los promedios de citas por facultad. Universidad de los Andes (6.1), Universidad Nacional de Colombia (3.6), Universidad Javeriana (1.8), Universidad Bolivariana (1.7), Universidad Externado de Colombia (1.1), Universidad ICESI (1.7), Universidad de Antioquia (4.4), Universidad de La Sabana (1.9), Universidad del Rosario (2.9), Universidad EAFIT (2.5), Universidad Industrial de Santander (2.4), Universidad del Norte (2.5), Universidad Jorge Tadeo Lozano (1.9), Universidad Católica de Colombia (1.5), Universidad de Caldas (1.7), Universidad de Cartagena (1.3), Universidad de Medellín (2), Universidad de Santander (1.4), Universidad del Cauca (1.7), Universidad del Magdalena (1.4), Universidad Tecnológica de Bolívar (2.2.). De los datos anteriores de QS, se deriva que los programas de derecho de las universidades Externado de Colombia y de la Universidad Católica de Colombia, los dos mejores en este ranking, ingresaron a QS en gran medida gracias a los méritos de sus programas de derecho. A su vez, los muy buenos resultados en QS de las universidades de Antioquia, EAFIT, Industrial de Santander, de Cartagena, de Santander, del Cauca, del Magdalena y de la Tecnológica de Bolívar poco o nada tienen que agradecerles a sus programas de derecho. Para los demás, existe una mayor concordancia entre los dos rankings.

Entre los programas académicos con grupos de investigación que apenas alcanzaron a ser reconocidos, es decir, que son muy incipientes, y donde además no hay otros grupos de investigación categorizados, la situación es muy deficiente. Sobre todo, porque los requisitos para ser solamente reconocidos son más que mínimos (esencialmente, se requiere un producto único de investigación). Como es obvio, existen programas académicos en derecho de creación muy reciente para los cuales estaría justificado apenas lograr el reconocimiento. Ahora, sea un asunto de la juventud de los programas o de las deficiencias en su desarrollo, entre ellos emergen los de la Universidad Cooperativa en la seccional de Popayán, la Corporación Universitaria ITAE, la Corporación Universitaria Alexander von Humboldt, la Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya, la Fundación Universitaria Antonio de Arévalo, la Universidad del Sinú de Cartagena, la Corporación Universitaria U de Colombia, la Universidad ECCI y la Universidad Popular del César, en asociación con la Escuela Superior de Administración Pública [ESAP]. Estos nueve programas tienen únicamente un grupo de investigación reconocido, en el último caso, compartido ( tabla 8).

Tabla 8.

Ranking de la investigación jurídica y sociojurídica de Colombia, 111 a 119

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados definitivos de la Convocatoria 894 de 2021 de Minciencias.

Es muchísimo más grave la situación de varios programas académicos existentes en el campo del derecho que no tienen ni siquiera un grupo de investigación reconocido, menos aún categorizado. Claro, como la participación en la convocatoria de Minciencias es voluntaria, ciertamente, tienen el beneficio de la duda. Empero, respecto de varios de ellos, que tienen, además, varios años de creación y funcionamiento, es inconcebible entender por qué se les ha renovado el registro calificado y cómo, después de otorgado por primera vez y pasados varios años, no tienen ningún resultado en investigación.

Conclusiones

Ha habido una mejora significativa y progresiva en el desarrollo de la investigación jurídica y sociojurídica en el país, algo que queda en evidencia en el modo en que en cada convocatoria de Minciencias se ha avanzado en la calidad de la educación en derecho. No obstante, todavía son mayoría los programas que muestran grandes limitaciones: actualmente, apenas ocho programas académicos ubicados en el top logran demostrar, por cuenta de la investigación, una alta calidad. También debe destacarse que varios prueban que el otorgamiento de registro calificado, en lo que a la condición de la investigación concierne, ha sido un merecido reconocimiento de la calidad. Empero, como se dijo, varias decenas de programas que hacen parte de la oferta de educación jurídica poseen resultados muy escasos.

Esta situación lleva a cuestionar el papel desempeñado por el Ministerio Educación Nacional, al menos de los dos últimos Gobiernos, correspondientes a Juan Manuel Santos e Iván Duque, y a considerar que necesita diseñarse una nueva política en la educación superior. Asimismo, la relación entre una acreditación de alta calidad y el desarrollo de la investigación, respecto de varios casos, es incoherente, fenómeno que se exacerba cuando se trata de la relación entre la condición de la investigación y el otorgamiento del registro calificado. En materia de programas de doctorado en derecho, donde la investigación es la pieza fundamental de soporte, al menos respecto de los programas top, son diáfanas las condiciones de calidad de esos programas. La distribución regional de los mejores programas académicos de derecho, según la investigación, donde Bogotá predomina, demuestra la desigualdad y la inequidad de la educación superior nacional. El atraso de la universidad pública es muy preocupante, en especial por la ausencia de más universidades públicas en la élite académica. Algunas instituciones universitarias muestran resultados importantes en investigación, superiores a los de muchas universidades, lo que indica que la regla general que les prohíbe ofrecer maestrías y doctorados no es justa. Hay programas con resultados excelentes en investigación que, no obstante, tienen matrículas bajas, aunque en este terreno hubo un retroceso, puesto que ahora son menos los programas en los que coincide esta cualidad.

La investigación es esencial para el desarrollo de programas académicos con calidad. Por una parte, es imprescindible para la generación de nuevo conocimiento, que enriquezca los procesos formativos, para que la tarea docente en derecho no se restrinja a enseñar la memorización de las normas jurídicas o a repetir los conocimientos generados por otros y, por otra, para producir un conocimiento propio adecuado a las condiciones singulares e irrepetibles del sur global que contribuya a romper el colonialismo cultural del norte global, tal como ha sido planteado por muchos trabajo de investigación de autores colombianos en el campo del derecho ( Llano Franco y Silva García, 2018; Navas Camargo, 2020; Rodríguez Garavito, 2011; Rodríguez Goyes, 2016; Silva García et ál., 2022). Además, la investigación contribuye a resolver los problemas del país, en especial, cuando esta, en el escenario universitario, concentra en Colombia, como en otros países latinoamericanos ( Ormeño Ortiz, 2011), el grueso de la investigación científica.

De un modo similar, llevar a cabo investigaciones es necesario si se quiere formar a los futuros abogados en el dominio de las competencias investigativas. El ejercicio práctico del derecho supone siempre resolver problemas jurídicos relativos a los hechos con trascendencia jurídica ―a la determinación de las fuentes del derecho susceptibles de ser aplicadas― o vinculados a la interpretación de las normas ―casos todos donde resulta primordial emplear conocimientos en investigación―. Para ello, es indispensable que quienes enseñan esas competencias sepan investigar, es decir, que los profesores universitarios tengan experiencia comprobada en investigación y que puedan ―además introducir a sus alumnos en la investigación― familiarizarlos con trabajos de investigación llevados a cabo por ellos, y que exista un ambiente y una cultura de investigación en el programa que aspira a entrenar a sus estudiantes en el manejo de las competencias investigativas. Por esta causa, la investigación y la generación de conocimiento es algo inescindible de la calidad de la educación ( Sarmiento Álvarez, 2016).

Del análisis y de las conclusiones del artículo emerge la necesidad de debatir el papel que debe desempeñar la investigación jurídica y sociojurídica en el escenario universitario para la preparación de abogados con calidad, lo que sugiere una línea de investigación en dicho campo. Asimismo, debe alentarse una discusión sobre cuáles son las medidas que deben ser adoptadas en las políticas públicas relacionadas con la profesión de abogado, sea en el campo educativo o en el profesional, teniendo en cuenta que el primero depende del Ministerio de Educación y el segundo del Ministerio de Justicia. En Colombia se han desarrollado varios trabajos de sociología jurídica relacionados con la profesión de abogado, algunos de enorme complejidad, con aplicación de técnicas de investigación empírica, que analizaron la cuestión de la educación jurídica a profundidad, como los trabajos de Lynch ( 1981) y Silva García ( 2001), las dos grandes obras de sociología jurídica de las profesiones referidas en Colombia. Otros estudios, basados en fuentes documentales, han tenido un alcance menor y se han centrado, sobre todo, en la educación jurídica ( Ceballos Bedoya y García Villegas, 2021; García Villegas, 2009; García Villegas, 2010; Osorio Valencia, 2017; Silva García, 2009; Torregrosa Acosta, 2005), los cuales se suman a los ya citados en este artículo. Con todo, cuando se plantea que la educación, por ejemplo, al definir las condiciones específicas de los programas de derecho que todavía no han sido reglamentadas, y la profesión jurídica, por ejemplo, al introducir normas que plantean un examen de Estado para ejercer la profesión, deben ser objeto de fuertes medidas de intervención estatal adicionales, es claro que la materia está lejos de agotarse para la investigación sociojurídica.

Referencias

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Notes

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