Migración y familia, sus desafíos ante los nuevos paradigmas del derecho: perspectiva México-Cuba *

Migration and Family, Challenges in the Face of the New Paradigms of Law: Mexico-Cuba perspective

Arnel Medina Cuenca** arnel@lex.uh.cu

Universidad de La Habana, Cuba

Guadalupe Romano Casas*** guadaluperomano@uas.edu.mx

Universidad Autónoma de Sinaloa, México

José Saúl Trujillo González**** strujillo@poligran.edu.co

Politécnico Grancolombiano, Colombia

La búsqueda de alimentos fue la principal motivación de los traslados de los seres humanos de un territorio a otro, en épocas remotas, pero con la evolución de la sociedad, surgieron nuevas necesidades y

la posibilidad de encontrar mejores condiciones de vida determinó los flujos migratorios entre regiones y países y en los últimos siglos, con el desarrollo del transporte, las comunicaciones, los efectos de la globalización y fundamentalmente como consecuencia del incremento significativo de las desigualdades entre países del norte desarrollado y el sur, cada vez más empobrecido, el tema migratorio se ha convertido en un problema que preocupa a la comunidad internacional y a los Estados nacionales ( GOITE PIERRE & MEDINA CUENCA, 2015, pág. 36)

Las migraciones son tan antiguas como la humanidad misma. A lo largo de la historia siempre han sido un elemento para garantizar la sobrevivencia o mejorar las condiciones de vida de las sociedades. Probablemente las primeras migraciones, ocurrieron cuando las tribus agotaron los suelos del lugar donde cultivaban sus alimentos y se vieron forzadas a abandonarlos y buscar otro con mejores condiciones.

Los desplazamientos migratorios han existido siempre, y en ellos han estado implicados personas de todas las partes del planeta cuyas diferencias étnicas, sociales, lingüísticas y culturales han producido intercambios y transformaciones que han afectado de forma significativa la formación de las civilizaciones, creando auténticas sociedades multiculturales. El afán de Cristóbal Colón, por ejemplo, por descubrir una nueva ruta hacia las Indias originó el denominado descubrimiento de América y así se produjo uno de los más importantes movimientos migratorios de la historia ( DUARTE CUNHA MEDEIROS, 2015, págs. 17-24)

El motivo de las migraciones políticas y religiosas que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha sido el mismo “buscar otro país que les brindara mayores oportunidades, en el orden material y espiritual. Fue a partir de la década de 1881, cuando ya adquieren la característica de transferencia de mano de obra, dentro del sistema económico internacional ( ESQUIVEL LEYVA, 2003, pág. 23). Como tal, “el fenómeno está directamente sujeto al ciclo económico del capitalismo, lo cual explica su atenuación a partir de la crisis de 1929 y hasta 1945, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial” ( BAGU, Sergio, mayo 22 de 1985, pág. 233).

Desde la segunda mitad del siglo XX, “el fenómeno se ha invertido y hoy la migración va desde los países en vías de desarrollo hacia los más avanzados. Los factores que incentivan la inmigración son la existencia de niveles más altos de bienestar o mejores servicios sociales en los países de destino” ( MEDINA CUENCA, 2013, pág. 53).

En el Informe sobre las migraciones en el mundo de 2022 de la Organización Internacional para las Migraciones, se precisa que

la migración es un tema complejo, y como tal puede ser distorsionado en grados alarmantes por la información errónea y la politización. Según la estimación mundial actual de las Naciones Unidas, en 2020 había unos 281 millones de migrantes internacionales en el mundo, lo que equivale al 3,6% de la población mundial ( GOITE PIERRE, Mayda y Arnel, MEDINA CUENCA, 2014)

Este total estimado es superior en 128 millones a la cifra de 1990 y triplica con creces la de 1970.

Esta es una pequeña minoría de la población total, lo que significa que permanecer en el país natal sigue siendo la norma casi universal. La gran mayoría de las personas que migran no cruzan fronteras internacionales; la cifra de los migrantes internos es mucho mayor, aunque se observa una disminución en los dos últimos años, a medida que la inmovilidad relacionada con la COVID-19 paralizó a las comunidades de todo el mundo ( ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES, 2023, pág. xii)

La globalización introduce una nueva dimensión al tema de la migración: aunque los países del Norte defienden la plena libertad de circulación de capitales y mercancías, imponen barreras burocráticas significativas, militarizan fronteras y aeropuertos, y construyen muros para obstaculizar el movimiento de las personas ( R. MANRIQUE MOLINA, 2021, pág. 64).

En la medida en que los países más ricos restringen la entrada de emigrantes a sus territorios, se produce un incremento significativo de las migraciones ilegales, con una participación creciente de las bandas criminales que han encontrado una vía de obtener fáciles ganancias, no solo traficando seres humanos, sino también con fines de explotación sexual, laboral, para la extracción de órganos corporales y para otros fines ilícitos ( MEDINA CUENCA, 2013, pág. 89).

Ante el incremento de los flujos migratorios, en las últimas décadas del pasado siglo y en los inicios del siglo XXI, como resultado de las crisis y conflictos políticos, económicos y sociales, los países receptores han respondido endureciendo los controles en las fronteras, lo que no ha traído como resultado la disminución de los flujos migratorios, pero sí ha contribuido a hacer más difícil, costoso y peligroso el viaje ( Borbon, 2019; Naranjo, Naranjo & Navas, 2018).

La falsificación de documentos, la violencia común, el tráfico de migrantes, la trata de personas, los viajes en medios de transporte que no ofrecen condiciones de seguridad, se han convertido en parte de la migración, acentuando la percepción del inmigrante como infractor de la ley y aumentando su condición de vulnerabilidad ( OLEA, Helena, 2004, pág. 16).

La movilidad humana internacional, como un fenómeno histórico asociado a cambios estructurales en el desarrollo de los países, nunca había ocupado un papel tan destacado en los medios de comunicación y en la agenda global (Blanco, 2022). Su intensificación ha alcanzado su máxima expresión en el considerado como el mayor corredor migratorio del mundo, es decir, entre México, los países del norte de Centroamérica (NCA) y los Estados Unidos de América. Quince millones de personas, la mitad del total de migrantes de América Latina y el Caribe, y un promedio del 10% de la población de cada país, han seguido esta trayectoria, estimulados por las enormes brechas de productividad y salariales existentes entre los países ( CANALES, Alejandro, Juan Alberto, FUENTES KNIGHT y Carmen Rosa de León Escribano, 2019, pág. 13).

El análisis de las migraciones internacionales en el contexto del actual mundo globalizado nos permite reconocer la existencia de una relación directa entre desarrollo vs subdesarrollo, entre equilibrio vs desequilibrio, entre equidad vs desigualdad ( Blanco, Echeverry y Ortega, 2020). Al realizar un análisis detallado de las causales que lleva consigo la presencia actual de este fenómeno nos lleva a observar la existencia de efectos determinantes sobre las economías nacionales ( Llano, Rengifo, Rojas, 2018).

Las políticas migratorias y económicas relacionadas con la globalización están destinadas a impedir la movilidad, pero lo que ocurre es que el mercado y la propia situación económica imperante a través de la propia política es lo que impulsa al incremento de estos flujos ( RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, 2000, pág. 1).

En consecuencia,

al aumentar la brecha entre ricos y pobres se incrementa la conflictividad social, disminuyen las posibilidades de empleo y en general de la satisfacción de las necesidades en los habitantes de los territorios menos favorecidos por el desarrollo económico y al propio tiempo se produce un crecimiento de la demanda de fuerza de trabajo en los países más desarrollados, propiciando los flujos migratorios y con ello la globalización de las migraciones ( GOITE PIERRE & MEDINA CUENCA, 2015)

El propósito fundamental de la investigación que se presenta es analizar las causas y las tendencias principales de las migraciones internacionales en la era de la globalización, con el fin de proporcionar información útil para aquellos responsables de diseñar políticas migratorias a nivel internacional, gobiernos y sociedad civil, entre otros actores involucrados.

El siglo XXI tan esperado por muchas personas en el mundo,

como un símbolo de esperanza y aliento para tiempos mejores, ha consolidado el proceso de globalización y con ello no solo sus aspectos positivos, sino que se aprecia un incremento de la concentración del capital en determinados territorios, lo que contribuye al mantenimiento del subdesarrollo en otros menos favorecidos, que ha propiciado un significativo incremento de las migraciones irregulares, con una participación cada vez más creciente de la delincuencia organizada, también globalizada ( GOITE PIERRE & MEDINA CUENCA, 2015, pág. 13).

No resulta posible analizar las migraciones internacionales y el tráfico ilícito de personas sin tener en consideración la influencia de la globalización en el incremento de los flujos migratorios ( MEDINA CUENCA, 2013, pág. 4).

Coincidimos con Terradilllos Basoco, en que

la globalización, lejos de constituir una palanca de ampliación de estrategias penales de aplicación igualitaria, consagra la desigualdad, sobre todo como efecto de procesos de desregulación cuya consecuencia fundamental es la impunidad del poderoso en entornos débiles, que provoca que las bandas criminales se aprovechen de las penurias que sufren los más desfavorecidos con la distribución de la riqueza y encuentren en el tráfico y la trata de seres humanos ( HUERTA DÍAZ, 2019, pág. 114) una vía para obtener fáciles ganancias aprovechándose de la debilidad y en ocasiones de la falta de interés de los Estados para combatir este flagelo, a pesar de los esfuerzos que desde la comunidad internacional y desde la sociedad civil se desarrollan para enfrentar a las mafias internacionales que se benefician del tráfico de seres humanos y proteger a las víctimas ( Terradillos Basoco, 2001, pág. 309).

La globalización, contrario a lo que pudiera esperarse por quiénes en determinado momento, vieron en ella la solución de todos los males de la humanidad, sin tener en cuenta los efectos negativos de su vertiente neoliberal ( MEDINA CUENCA, 2013)

no va a atenuar los flujos migratorios, según Rodríguez Mesa:

“La mayoría de las migraciones modernas tienen sus raíces en la actual estructura del sistema económico, que al fomentar la concentración del capital en determinadas áreas, contribuye al mantenimiento del subdesarrollo en otras menos favorecidas. La imposibilidad de acceder a los recursos esenciales en gran parte del planeta, y la imposición de criterios excesivamente restrictivos para el acceso y permanencia legal en los países llamados 'del primer mundo', interaccionan entre sí constituyendo el principal factor determinante del tráfico ilegal de personas” ( RODRÍGUEZ MESA, 2001).

En la configuración del fenómeno migratorio debemos tener en cuenta, que la delincuencia organizada que también se globaliza y diversifica sus actividades lucrativas, ha encontrado su oportunidad para involucrarse en el mercado del tráfico de personas, con el incremento de las desigualdades y la desesperanza en los países pobres, que estimulan los desplazamientos de las personas en busca de mejores condiciones de vida y el aumento de los controles fronterizos en los países receptores, para tratar de detener los flujos migratorios, convirtiendo de esta forma a los seres humanos en una mercancía más ( Ballesteros, Herrera y Quiñones, 2021).

Desde 1945, finalizada la segunda guerra mundial y hasta principios de los años setenta del siglo XX, los flujos migratorios hacia Europa Occidental fueron favorecidos, por las necesidades de la reconstrucción y también de la expansión de sus economías. Al analizar las tendencias de las migraciones en este periodo ÁLVAREZ ACOSTA, afirma que: “Los mercados laborales de los países del Primer Mundo, en este caso europeo, estuvieron abiertos por necesidades propias de su crecimiento y expansión, mientras la fuerza de trabajo de esa misma región - fueron los casos de España, Italia y Grecia – y provenientes del Tercer Mundo veía satisfecha relativamente sus necesidades” ( Álvarez Acosta, 2005, pág. 24).

A partir de 1974 los países europeos cerraron sus fronteras a la inmigración y los ingresos de inmigrantes a sus territorios se limitan a los que aspiran a la condición de refugiados y a quienes postulan a programas tendientes a captar trabajadores con calificaciones específicas, con lo que se produce una contradicción, entre el discurso liberal en materia de circulación de capitales y mercancías y la política de imponer severos controles a la libre movilidad de trabajadores y a la radicación de personas en sus territorios ( Fortich &Moreno, 2012; Carvajal, 2012).

En países “tradicionalmente receptores de inmigrantes, como Estados Unidos, Canadá y Australia, se aplican políticas progresivamente selectivas hacia determinadas categorías de inmigrantes, con la intención de evitar los conflictos que surgen, sobre todo en periodos de crisis del sistema capitalista, tanto de la competencia entre los trabajadores nacionales de esos países y los inmigrantes como de otros procesos, entre ellos, el resurgimiento del nacionalismo, xenofobia y el rechazo al diferente, que han vuelto a tomar peso en las últimas décadas" ( Pellegrino, 2003, pág. 8). Resulta polémico comparar las políticas migratorias de estos tres países, no obstante, las similitudes existentes y resaltadas por la autora, es evidente, que mientras para los Estados Unidos, las migraciones ilegales constituyen un problema muy grave, Canadá y Australia, mantienen una política de regular las migraciones de acuerdo a las necesidades de sus economías y los niveles de migración irregular no resultan significativos.

En los primeros años del siglo XXI, con el desarrollo tecnológico y la mundialización de las economías, las personas se mueven de un país a otro en cantidades nunca vistas, ya sea como profesionales del comercio, turistas, o migrantes. El número de inmigrantes de última generación existentes en el mundo en 2020 se estimaba en 280,6 millones, que representa el 3,6% de la población mundial” ( Portal de datos mundiales sobre la migración, 2020, pág. 2), frente a los 232 millones de 2013, los 175 millones en 2000 y 154 millones en 1990. Además, el aumento de las cifras se debe a diversas razones: “cambios en las tendencias demográficas, aumento de las desigualdades económicas, incremento de la inestabilidad política y crisis ambientales imprevistas” ( Ryder, Guy, 2013, pág. 1)

La prioridad de penalizar el tráfico de seres humanos en sus dos modalidades responde a la necesidad de brindarle especial protección a los derechos humanos de los inmigrantes, ante la actuación cada vez más inescrupulosa de las bandas criminales y de otros actores, que se aprovechan de la situación de vulnerable de las víctimas, no nos parece adecuado que se utilice para controlar los flujos migratorios, pues aquí ya no se trata de proteger derechos fundamentales, sino de funciones meramente administrativas ( MEDINA CUENCA, 2013, pág. 60)

Refiriéndose a la situación de España, se afirma que en el Código Penal Español se produce

una tensión, en ocasiones esquizofrénica, entre las funciones de protección inherentes al Derecho penal y las funciones de control de los flujos migratorios, función impropia a aquél y asumida ante el fracaso del control de la regulación meramente administrativa ( Terradillos Basoco, Juan, 2006, pág. 51 y ss).

Los primeros años del Siglo XXI se han caracterizado por un expansionismo acelerado e irracional del Derecho penal, amparado en la necesidad de perfeccionar la lucha contra el crimen organizado transnacional, por la aparición de nuevas modalidades delictivas, el incremento de las penas y un mayor rigor penitenciario, mientras que cada día se habla menos de la necesidad de prevenir el delito, con la aplicación de políticas de inclusión de los excluidos de siempre y de los nuevos que se les incorporan, como consecuencia de las frecuentes crisis económicas y del incremento de las desigualdades entre el norte desarrollado y el sur empobrecido ( MEDINA CUENCA, 2013, pág. 113).

Asistimos en la actualidad a un movimiento científico y legislativo que como nos dice el profesor ZAFFARONI “se caracteriza por extender la intervención del Derecho penal a ámbitos muy alejados de los intereses humanos tradicionalmente protegidos por él: la vida, integridad física, salud, libertad o el patrimonio. La simple puesta en peligro, incluso abstracta, de intereses económicos estatales (como, por ej., sucede en algunos delitos monetarios), o del medio ambiente (elevando a la categoría de delito simples infracciones administrativas), son la mejor prueba de esta tendencia. El problema no es sólo de la idoneidad o la eficacia de las normas para proteger estos intereses, sino la consistencia de los intereses mismos como bienes jurídicos. Poco se gana, con decir que el Derecho penal protege bienes jurídicos, si antes no nos ponemos de acuerdo sobre lo que entendemos como tales” ( Zaffaroni, Eugenio Raúl, 1998, pág. 17).

Para combatir a los traficantes de armas, drogas y seres humanos, que junto al terrorismo, la corrupción y otros males, se encuentran en el centro de la preocupación de los gobiernos, los partidos y la sociedad civil, un sector de la doctrina penal y criminológica, considera necesaria la promulgación de normas penales de mayor severidad, con la inclusión de nuevos delitos y un sistema de justicia penal que coloque en el centro de su actividad la defensa de la sociedad ( MEDINA CUENCA, 2013, pág. 54)

en detrimento de las garantías penales y procesales, por las que la humanidad ha luchado durante siglos y que cuentan con reconocimiento universal.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, se adoptó en Palermo, Italia, entre el 12 y el 15 de diciembre de 2000 y el primer párrafo del Prefacio, afirma que

al suscribir la Convención la comunidad internacional demostró la voluntad política de abordar un problema mundial con una reacción mundial. Si la delincuencia atraviesa las fronteras, lo mismo ha de hacer la acción de la ley. Si el imperio de la ley se ve socavado no sólo en un país, sino en muchos países, quienes lo defienden no se pueden limitar a emplear únicamente medios y arbitrios nacionales. Si los enemigos del progreso y de los derechos humanos procuran servirse de la apertura y las posibilidades que brinda la mundialización para lograr sus fines, nosotros debemos servirnos de esos mismos factores para defender los derechos humanos y vencer la delincuencia, la corrupción y la trata de personas ( UNODC, 2000, pág. 3)

Los últimos años en nuestra área geográfica, se han caracterizado por un incremento significativo de las cifras de migrantes, con el incremento de las denominadas “caravanas”, desde 2021, en la zona de Tapachula, Chiapas, que posteriormente se ramificaron en diversas rutas por el país y por toda Centroamérica. Un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (COMAR), sobre los solicitantes de refugio en México, destaca que, en ese año, provenían principalmente de los siguientes países de origen: Haití (51,372), Honduras (36,266), Cuba (8,302), Chile (6,936), Venezuela (6,199), El Salvador (6,000) y Guatemala (4,135) ( Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mayo de 2022, pág. 25).

Las personas se ven obligadas a migrar. En el mejor de los casos lo hacen porque buscan nuevas oportunidades laborales, económicas o educativas. Pero, cada vez más, las migraciones son forzadas por afectaciones derivadas del crimen organizado, cambio climático, desastres naturales, extrema pobreza, persecuciones, entre otras. Son forzadas porque la vida, la seguridad o la libertad han sido amenazadas por la violencia, o prevalecen condiciones de violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que perturban el orden público. Nadie camina kilómetros en malas condiciones, con hambre, sed, calor, enfermedad, situación de embarazo, sólo por el gusto de recorrer el mundo” ( COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (COMAR),mayo de 2022, pág. 5)

Las decisiones de migrar son tomadas con mayor frecuencia para sobrevivir. Los patrones de migración como el de niñas y niños no acompañados, de familias enteras, el aumento de personas retornadas y las caravanas de migrantes, están poniendo en jaque la gestión migratoria en los países de origen, tránsito y destino, e influyendo en sus relaciones geopolíticas y de cooperación mutua ( MEDINA CUENCA, 2013, pág. 42).

En este proceso, también se produce el denominado

robo de cerebros, a partir de una necesidad de los países receptores, de cubrir especialidades que no tienen y aprovecharse de los conocimientos de especialistas de otros países para su propio beneficio y, por otra parte, la contratación de una fuerza laboral deficitaria en empleos que no cuentan con posibilidades de cubrir en sus países. Las políticas restrictivas a la libre circulación de las personas se convierten en un estímulo a las inmigraciones ilegales y al tráfico de personas, con la participación creciente del crimen organizado, que aprovecha las circunstancias para obtener fáciles ganancias ( Goite Pierre, Mayda y Arnel, Medina Cuenca, 2014, pág. 72).

La práctica de engañar al migrante para que viaje al extranjero a trabajar es una forma de explotación que genera grandes utilidades a las mafias internacionales que controlan el tráfico de seres humanos. En un estudio de 2009, llamado «El Costo de la coacción», la OIT calculó que se extorsionaba a los trabajadores migrantes hasta 20.000 millones de dólares por año en todo el mundo( Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, 2012, pág. 9).

Si en 2009 se reportaban 30.961 personas víctimas de la trata de personas, ya en 2019 la cifra ascendió a 105.787, lo que significa un incremento de 3,4, diez años después ( Fernández, Rosa, 2020, pág. 1).

La mayoría de las víctimas de la trata son extranjeras en el país donde se identifican como víctimas. En otras palabras, esas víctimas -más de 6 de cada 10- son trasladadas cruzando al menos una frontera nacional. No obstante, muchas operaciones de trata entrañan movimientos geográficos reducidos, suelen llevarse a cabo dentro de una única subregión (a menudo entre países vecinos). Se detectan numerosos casos de trata a nivel nacional; en uno de cada tres casos de trata, la explotación se produce en el país de nacionalidad de la víctima ( UNODC, 2015, pág. 8)

En 2021 se registraron, 90.354 víctimas de trata de seres humanos en el mundo, alrededor de 18.600 menos en comparación con 2020, cuando se reportaron 109.216, lo cual es una buena noticia, pero debemos tener en consideración, la incidencia de la pandemia de la COVID-19. Las cifras siguen alarmantes, especialmente si se compara con los valores alcanzados hace apenas 10 años.

El objetivo principal de la trata de personas continua siendo la explotación sexual de estas, principalmente en el caso mujeres y niñas, que representan el 70% sobre el total de las víctimas captadas. Si bien esta variante sigue despuntando sobre las demás, la explotación laboral ha ido ganando adeptos entre los traficantes en la última década. Según los datos más recientes facilitados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 67% de los hombres y el 14% de las mujeres víctimas de trata iban destinados a este fin ( Fernández, Rosa, 29 de junio de 2022, pág. 2).

Los métodos empleados por los tratantes de seres humanos siguen evolucionando, al igual que la comprensión de este delito por parte de los agentes del orden y los activistas contra la trata, señala el Informe sobre la trata de personas de junio de 2014, del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.

Una característica particular, pero a menudo poco identificada, de la trata de personas es la delincuencia forzosa. Los tratantes pueden forzar a los adultos y a los niños a cometer delitos en el transcurso de su victimización, incluso robo, producción y transporte de drogas ilícitas, prostitución, actos de terrorismo y asesinato. Por ejemplo, en México, los grupos de delincuencia organizada han forzado a menores y a migrantes a trabajar como asesinos y en la producción, transporte y venta de drogas ¹ ( Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, 2014, pág. 30).

“Estos polémicos informes que desde el año 2000 ha venido publicando el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, con el declarado propósito de combatir el Tráfico de Personas en Latinoamérica, pero que al mirar debajo de las cenizas”, en realidad tiene como fin, detener la ola migratoria proveniente desde América Latina,… hacia su país, que aun, hoy en día, no pueden controlar eficazmente, a pesar de las numerosas deportaciones y de los gastos millonarios en que han incurrido en los últimos años, y de los avances y retrocesos en sus políticas migratorias ( Espinoza Berrocal, 2005, pág. 4).

Si hace 50 años, cuando la utilización del poder punitivo por los Estados seguía una orientación más humanitaria, tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial y las Naciones Unidas se esforzaban por lograr el reconocimiento efectivo de los derechos humanos, consagrados en numerosos instrumentos jurídicos internacionales, a nuestros abuelos les hubieran comentado que en el siglo XXI alrededor de treinta millones de personas, cada día se mantendrían bajo diversas formas de esclavitud, seguramente se hubieran mostrado muy incrédulos, a tono con el optimismo de la época y los avances que se apreciaban en defensa de los derechos de los hombres y mujeres que habitamos el planeta Tierra.

Resulta lamentable que en lugar de avanzar en la adopción de políticas inclusivas y de justicia social, en el tema migratorio, cada día salen a la luz hechos como los que están ocurriendo en Libia desde hace varios años, ante el asombro de los hombres y mujeres de buena voluntad que seguimos aferrados a la idea de que un mundo mejor es posible. El estado de miles de migrantes africanos en Libia, quienes han sido objeto de violaciones, torturas y esclavitud, fue denunciado enérgicamente tanto por líderes occidentales como africanos. Aunque esta situación era conocida desde hace tiempo, las imágenes clandestinas de una aparente subasta de jóvenes africanos en la región de Trípoli captadas por CNN el 14 de noviembre de 2017, se difundieron rápidamente en las redes sociales y generaron una indignación global sin precedentes. En dichas imágenes, hombres de raza negra eran presentados a compradores del norte de África como posible fuerza laboral, demuestran, hasta donde hemos llegado ². No basta con que el secretario general de la ONU, António GUTERRES, se sintiera "horrorizado", el presidente de la Unión Africana (UA), Alpha CONDÉ, "indignado" y la Unión Europea, "enojada" ( FRANCE 24, 2017, págs. 1-2). Se necesitan medidas efectivas para terminar al menos con estas acciones extremas, que nos hacen retroceder a las crueldades de la colonización de América, con la venta de esclavos africanos, ahora a las puertas de Europa y con la complicidad de la Unión Europea.

La existencia de "mercados de esclavos" en Libia ha sido reportada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Leonard Doyle, portavoz de la OIM en Ginebra, ha comentado que los migrantes se convierten en objetos para ser comprados, vendidos y desechados cuando ya no tienen valor alguno.

Hamidou Anne, un analista senegalés del grupo de reflexión África de las Ideas, denuncia la hipocresía de la situación, señalando que "todo el mundo sabía, desde los gobernantes y las organizaciones internacionales hasta los líderes políticos, excepto el ciudadano común".

La toma de rehenes, la violencia, la tortura, las violaciones eran normales en Libia, y la esclavitud, ya se habla de ella desde hace tiempo, insiste Alioune Tine, director para África occidental y central en Amnistía Internacional, con sede en Dakar. Libia, un país sumido en el caos, se ha convertido en un importante punto de paso para innumerables migrantes que tratan de alcanzar Europa por el Mediterráneo. Muchos de ellos han sido víctimas de los traficantes de seres humanos ( France 24, 2017, pág. 2).

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid RAAD AL HUSSEIN, acusó, en 2017, a la Unión Europea de llevar a cabo una política "inhumana" contra los inmigrantes ilegales que parten desde Libia tras pasar meses en centros de detención expuestos a numerosos abusos. Ha denunciado la ayuda brindada por la Unión Europea e Italia a la Guardia Costera de Libia para interceptar los botes cargados de inmigrantes ilegales que se aventuran por el Mediterráneo para alcanzar las costas europeas, deteniéndolos y enviándolos de vuelta a la nación norteafricana ( El Economista.es, 2017, pág. 1), a pesar de las preocupaciones expresadas por grupos de derechos humanos acerca de que esta medida condenaría a más refugiados a detenciones arbitrarias e indefinidas y les expondría a la tortura, la violación, el trabajo forzoso, la explotación y la extorsión.

En el pasado, Libia se destacaba como el país más próspero y rico de África, donde sus ciudadanos tenían acceso a agua, vivienda y educación gratuita. Era un país en desarrollo que atraía a muchos inmigrantes de África subsahariana en busca de empleo y una oportunidad para escapar de la pobreza y los conflictos en sus propios países. Sin embargo, la situación cambió cuando Gadafi propuso la introducción de una moneda alternativa para África, con el objetivo de reemplazar al dólar estadounidense emitido por los bancos privados de la Reserva Federal de Estados Unidos, con los que manipulan la economía mundial, lo mandaron a matar. Los aviones franceses, la OTAN y EE.UU. destruyeron un país próspero, le robaron su petróleo, mataron a su gente, y lo devolvieron a la edad media, restituyeron el esclavismo. Y los inmigrantes que fueron en busca de trabajo ahora son esclavos, y si quieren escapar de ese cruel destino Europa se compromete a devolver esos hombres a la esclavitud ( FOROS PERÚ, 23 de noviembre de 2017, pág. 1).

El Alto Comisionado ha reclamado, la necesidad de descriminalizar la inmigración ilegal, no podemos ser testigos silenciosos de la esclavitud moderna, violación y otros abusos sexuales o ejecuciones extrajudiciales solo para poder gestionar la inmigración y evitar que gente desesperada y traumatizada llegue a las costas de Europa ( El Economista.es, 2017, pág. 2).

No se trata solo de los casos extremos de Libia y otros países,

los dramas de los inmigrantes no se reducen a una frontera ni a un determinado mar. Son globales y si se utilizaran límites esquemáticos para esbozarlo, habría que decir que cortan al planeta entre Norte y Sur. Una parte, desesperada por las paupérrimas condiciones de vida, e incluso el serio peligro de muerte por conflictos bélicos, y que habita algún país pobre del Sur en América ( MEDINA CUENCA, 2013, pág. 113)

Ante una situación desesperada, algunas personas deciden, asumiendo que ya han perdido mucho, embarcarse en barcazas precarias o confiar en mafias organizadas que, a cambio de grandes sumas de dinero, prometen llevarlas al otro lado de la frontera. Sin embargo, este "sueño" puede terminar en tragedia, ya sea hundiéndose en el fondo del mar, muriendo de sed en el desierto de Arizona, siendo detenidas en un centro policial y enfrentando una deportación inevitable, cayendo en la esclavitud laboral o siendo explotadas por redes de trata. El desenlace del viaje no cumple con las expectativas de un sueño, es pesadilla ( Marín, 2013, pág. 2).

Por otra parte, una vez que llegan al país de destino, los inmigrantes no autorizados deben continuar viviendo en condiciones irregulares. Los empleadores y las autoridades conocen la imposibilidad de los migrantes no autorizados de solicitar protección en caso de abuso o violación de las normas, lo que resulta para ellos en condiciones de trabajo violatorias de la ley, en la imposibilidad de acceder a bienes y servicios como el resto de la población y en su propia renuencia a solicitar protección estatal cuando son víctimas de delitos o de faltas administrativas, o cuando requieren de atención a necesidades especiales ( MEDINA CUENCA, 2013, pág. 55).

El derecho a la unidad familiar, permite que la institución de la familia fortalezca sus lazos al interior de sus miembros a convivir, gozar de respeto, protección asistencia y apoyo en relación a la colectividad donde se desenvuelve culturalmente como parte del derecho público nacional e internacional, responde al deber que tiene el Estado de protegerla para evitar su desintegración prohibiendo la separación de sus integrantes en materia migratoria; es un derecho humano la preservación de los hogares en cualquiera de sus modalidades, la reunificación familiar es unos derechos humanos transversales que converge en la unidad familiar permitiendo a los extranjeros acceso al país donde residen sus familiares o del cual poseen una nueva nacionalidad.

Los modelos de familia han variado, de ser tradicionalista nacional con su cultura innata o étnica según el país donde se desarrolla, a considerarse, como familia trasnacional; ya no solo sienten y aplican su cultura, se han transformado con las culturas de dos o más países y distintas formas de economía de manera simultánea ( MORENO DÍAZ, 2009, pág. 128). Logran colaborar con remesas hacía los demás integrantes de la familia que se quedan en el país de origen, en espera siempre, del apoyo económico del migrante.

Los nuevos paradigmas del derecho implican despojarse de lastres nacionalistas o domésticos de la ciencia jurídica ( Juajibioy, 2019; Restrepo & Ruiz, 2019), el sistema normativo tradicional orienta hoy a un tratamiento internacional de la aplicación de la justicia; México y Cuba han adoptado en sus respectivas constituciones federales los lineamientos y obligaciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, han armonizado su legislación interna en torno al principio de convencionalidad, razón por la que hoy se vinculan a nuevas disposiciones de derecho internacional con las obligaciones que implica respetar en todo tiempo el principio pro persona.

El sistema jurídico debe adecuarse a las necesidades que impera el desarrollo de la sociedad, ante los movimientos migratorios constantes y complejos de las familias, podemos observar la omisión del Estado en el cumplimiento de los deberes contraídos en su adhesión a los instrumentos internacionales de una interpretación jurídica que favorezca en todo tiempo a la persona humana, observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso y acceso efectivo a la justicia.

Estudios realizados por la Comisión Católica Internacional de Migración, en su preocupación por los desafíos que enfrentan las familias migrantes, señalan que de no aplicarse políticas públicas encaminadas a la unidad familiar, el costo social de la migración es superior a los beneficios económicos que puedan obtener estos tipos de familia y sus integrantes, debido al rompimiento de su estructura, y las consecuencias psicosociales que se provocan mediante este fenómeno nacional e internacional ( Migración/Oim, 2014, pág. 31).

De los eventos que se presentaron ante la autoridad migratoria, los países que más movilidad hacía el norte realizaron pretendiendo como destino final los Estados Unidos de América fueron: Honduras 44.7%, Guatemala 36.9%, El Salvador 9.9%, Haití 1.7%, Cuba 1.5% y el 5.3% restante se realizó por personas de otros países, así lo señala SEGOB con base en el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2019-2020 ( Secretaría de Gobernación, 2021, pág. 33), en este último año Cuba tuvo su participación importante en la movilidad humana, si bien en un mínimo porcentaje con relación a Honduras y Guatemala, lo cierto es que forma parte de aquellos que entraron a México sin documentación y tuvieron que ser devueltos a sus países de origen por no cumplir con la normativa mexicana vigente en materia migratoria, ya del 2021 al 2022, como explicaremos y fundamentaremos infra, México y Cuba, superan a Honduras en su movilidad hacía Estados Unidos de América. Como apoyo de organismos internacionales a México por las constantes caravanas migratorias provenientes de los países de Centroamérica y del Caribe la OIM realiza actividades que permiten dignificar el tránsito de las familias mediante cuatro ejes principales.

Realiza entrega de información sobre los servicios de asistencia y albergues entre otros, participa en el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades que están atendiendo a las personas migrantes de las caravanas, facilita el retorno voluntario asistido de aquellos migrantes que deciden regresar a sus comunidades de origen y recolecta información sobre la población ( Organización Internacional de Migración / Oficina Regional para Centroamérica, 2021, pág. s/n).

La OIM en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) de México, realizan las actividades posibles ante el escenario difícil por el aumento masivo de migrantes que se han convertido por necesidad y autoprotección en caravanas de hombres, mujeres niños, niñas y adolescentes, que ponen en riesgo sus derechos humanos y fundamentales ante la exposición de diversos peligros durante su trayecto.

El Instituto Nacional de Migración (INM) en México según estadística 2018 y 2019 ( GOBERNACIÓN I. N., 2019, pág. s/n), hace un comparativo de las personas que fueron presentadas ante la autoridad migratoria por encontrarse en condición irregular, se informa que de enero-abril del 2018 arroja un total de 44,062 personas y de enero-abril del 2019 da un total de 51,607 personas; se percibe el incremento significativo del 2019 en el mismo periodo que el 2018, refleja la situación imperante del Estado mexicano de implementar políticas públicas que permitan acceder con mayor fluidez hacia las gestiones necesaria y suficientes de la movilidad humana en tránsito que existe y que da pasos agigantados conforme se presentan crisis de distinta índole, principalmente en los países centroamericanos de México, Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, y del caribe como lo es Cuba.

En enero de 2021, emigraron a Estados Unidos de América el 2,4% de los 11,1 millones de habitantes que había en Cuba y hasta noviembre del 2022, sumaban unos 270 000 migrantes de Cuba, según datos acumulados de la aduana estadounidense y la guardia costera, que contabilizan a los llegados por tierra y mar ( BBC NEWS MUNDO, 2023, pág. s/n). Las causas principales del significativo incremento de las migraciones en Cuba son el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, con las medidas aplicadas por la administración TRUMP y mantenidas en su gran mayoría por BIDEN, el incremento de las dificultades económicas en la Isla, como consecuencia de la incidencia de la pandemia de la COVID-19 y las insuficiencias del funcionamiento de la economía cubana.

Ante los nuevos fenómenos migratorios, es necesario intensificar las relaciones entre los países, buscar coordinación entre sus autoridades y aplicación normativa para lograr la eficacia de la justicia migratoria, examinar y cambiar políticas públicas sobre tendencias actuales y nuevas modalidades de migración familiar como un proceso complejo de consecuencias sociológicas, económicas, políticas y estructurales. Uno de los mayores desafíos es eliminar los obstáculos que imponen a la migración familiar, a través de políticas restrictivas que van en contra del logro del bienestar familiar integral.

La situación existente sobre flujos migratorios, impone incrementar los programas de ayuda y acompañamiento a los grupos migrantes en situación de vulnerabilidad como adultos mayores, mujeres, niñas y niños, en especial los no acompañados, observar la aplicación adecuada de las políticas dispuestas por los organismos internacionales en relación al interés superior de la niñez, que corren un mayor riesgo de sufrir violaciones y abusos, tienen la facultad de reclamar una mayor protección y garantía de sus derechos, modificar las políticas migratorias en torno a las nuevas modalidades de la feminidad migratoria y los miembros de sus familias, o mujeres solas.

Es importante la inversión de los gobiernos de países implicados en la migración en apoyo de jóvenes y niños, para hacer espacios laborales y educativos donde apliquen sus habilidades y capacidades, coadyuvando a un sano desarrollo, implementar trabajos coordinados con organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), OIM, UNICEF, parar evitar la explotación laboral de los migrantes, en especial de mujeres, niños y niñas y poner fin los procesos de detención y deportación que afectan de manera permanente e irreversible al desarrollo psicosocial de la niñez.

Las redes sociales y el uso de la tecnología juegan un papel importante en las formas de comunicación de los migrantes, por ser la forma en que se convocan para unirse en caravanas y realizar su recorrido por los países de tránsito hacia su destino final, es un desafío para ellos encontrarse fuera de su lugar de origen y no contar con facilidad de comunicarse hacía sus familiares; al respecto, Mancera Ardila, en sus estudios sobre migración en relación a los medios de comunicación, afirma que la libertad de información debe proteger y respetar los derechos de los ciudadanos, difundir información veraz e imparcial para generar confianza en el conocimiento de cualquier acontecimiento ( MANCERA ARDILA, 2021, págs.12-13). La teoría sobre el objetivo de protección del derecho humano a la libertad de información con características de veracidad, se vulnera, debido a que; a través de las redes se hace masiva la información de una caravana saliente hacía los Estados Unidos de América, a invitación, en algunos casos, de personas que se dedican al tráfico humano y los convocados asisten sin seguridad a involucrarse en grupos diversos con culturas distintas e iniciar su peregrinar exponiéndose durante su trayecto a la delincuencia organizada.

El Estado debe efectuar apoyos para el uso de las redes, la implementación tecnológica de fácil acceso y motivar por este medio de comunicación, de manera segura y veraz la protección de familias migrantes, no solo permanecer como observador en omisión de cumplimiento y cuidado de su deber como garantista de la protección de sus derechos humanos, que, como consecuencia de la inobservancia de sus obligaciones, origina rompimiento del orden social familiar, vulneración, delincuencia organizada y discriminación en todas sus formas en contra de los integrantes de las familias.

Un reto importante es la implementación de programas de retención, protección y ayuda a las familias en el país de origen para evitar que se expongan en busca de mejorar las condiciones que su país no les ofrece como seguridad jurídica, igualdad, salud, empleo, vivienda digna, educación y cultura para lograr el ideal de la conformación familiar evitando desplazamientos migratorios y fortalecer la cooperación internacional entre los países de frontera con México para evitar los riesgos que enfrentan los migrantes ante la delincuencia organizada.

Los Estados tienen el deber de proteger a las familias migrantes y sus derechos humanos como un nuevo paradigma de Derecho internacional sin discriminación alguna. Las familias que emigran siguen siendo objeto de condiciones internacionales inhumanas, injustas e ilegales, que las exponen a una serie de problemas y violaciones de sus derechos humanos.

Las migraciones que son tan antiguas como la humanidad, han producido intercambios y transformaciones creando auténticas sociedades multiculturales.

La institución de la familia es el primer contacto del ser humano donde interactúan personas relacionadas entre sí por lazos de parentesco o unidos por la costumbre, cultura o la comunidad, comparten derechos y obligaciones entre sus miembros y en relación a terceros, elemento esencial implicado en la movilidad migratoria en busca de nuevas esperanzas de vida dentro de los vaivenes políticos, económicos y sociales que implican el desarrollo del capitalismo ante

la globalización, que está produciendo un desequilibrio del poder económico mundial, que es aprovechado por la delincuencia organizada, que también se globaliza y diversifica sus actividades lucrativas, convirtiendo a los seres humanos en una mercancía más ( MEDINA CUENCA, 2013, pág. 112).

México se convierte en cruce, tránsito y destino para llegar a la frontera con los Estados Unidos de América, a través de caravanas migratorias como una modalidad de flujo humano, los nuevos paradigmas del derecho implican que el sistema jurídico debe adecuarse a las necesidades que impera el desarrollo de la sociedad, ante los movimientos migratorios constantes y complejos de las familias, su adhesión a los instrumentos internacionales obligan a una interpretación jurídica que favorezca en todo tiempo a la persona humana, observando los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso y acceso efectivo a la justicia.