En la presente investigación, es necesario hacer un acercamiento a la sociedad en la que se desarrolla la mujer, ya que la sociedad impacta de manera directa el devenir diario de las mujeres; más aún, cuando la presente investigación tiene por objetivo principal analizar, desde la perspectiva de género, cómo afecta el sistema de pensiones en Iberoamérica a la calidad de vida de las mujeres, en el acceso a la pensión de vejez.

La sociedad actual, según el sociólogo alemán Beck (2007)0, es una sociedad en riesgo o una sociedad de inseguridad (Molina González, 2016). Lo que era considerado seguro, que incluía aspectos como el pleno empleo, pensiones segu ras, elevados ingresos fiscales, entre otros, ya no lo es; el trabajo se torna precario; los cimientos del Estado asistencial se vienen abajo (Cortes, 2013); las biografías personales se tornan frágiles; la pobreza de la vejez se programa anticipadamente" (Beck, 2007, pp. 10-11).

Por su parte, Zygmunt Bauman considera que la sociedad actual es una sociedad líquida, en la que se vive en constante incertidumbre, en la que el miedo forma parte del vivir diario (Pardo, 2014). En este orden de ideas, resulta procedente afirmar que la vida es inestable, como las relaciones personales o laborales. El progreso, que en otros tiempos generó seguridad, ahora genera crisis y tensiones continuas (Patarroyo y Benavides, 2014). Por lo que se hace necesario tratar de calcular y minimizar los riesgos (Bauman, 2017, p. 9).

Pero vivir y enfrentar los miedos, o establecer acciones en defensa de estos miedos, lleva a que dichos miedos se concreten. Para Bauman (2017), en esta sociedad en riesgo, "el capital de miedo puede transformarse en cualquier tipo de rentabilidad, ya sea económica o política." (p. 23). Por esto, la inseguridad social lleva a que la sociedad se modifique drásticamente, tanto en aspectos sociales como económicos. Las nuevas formas de relacionarse en la sociedad, la racionalización de las tecnologías de la información, el medio ambiente, entre otros, serán factores a tener en cuenta en esta nueva sociedad (Beck, 1998, p. 256).

La misma posición, frente a la sociedad actual, la plantea el sociólogo francés Robert Castel (2010), para quien "el riesgo se vuelve 'omnipresente' y desemboca en una representación totalizadora de la sociedad contemporánea como una 'sociedad del riesgo', lo cual es otra manera de decir que vivimos tiempos inciertos." (p. 30). Castel señala que existen otros riesgos específicos en el mundo laboral, como el "riesgo de desocupación y el riesgo de precariedad, que, si bien tampoco son nuevos, sí afectan de manera directa el sistema de protección social" (2010, p. 31).

Otro aspecto para tener en cuenta, en esta sociedad en riesgo, es que en ella se desarrolla un proceso de individualización, a través del cual el Estado y la economía pasan los riesgos a los individuos (Garzón, 2013). Será el individuo ahora quien tendrá que enfrentar, él solo, los riesgos de esta sociedad, por lo que se requieren nuevas instituciones sociales (Valderrama, Téllez y Blanco, 2018). Pero esta indi vidualización afecta aun más a las mujeres, por aspectos como las normas sobre divorcio, que no protegen adecuadamente el poco o nulo acceso a la seguridad social. El trabajo de cuidado, no reconocido como trabajo, lleva a que la invidualización de la sociedad tenga una conexión directa con lo femenino (Valderrama, Téllez y Blanco, 2018, p. 149).

De igual manera, en la presente investigación se requiere el aporte que Robert Castel (2010) hace a la teoría de la sociedad del riesgo, en lo referente a que la sociedad no puede permanecer siempre en la incertidumbre y debe convertirse en una sociedad de seguridad (Saidiza y Carvajal, 2016). Esto se logra "a través de la mutualización de este tipo de riesgos, mediante la tecnología del seguro obligatorio con la garantía del Estado social." (Castel, 2010, p. 30).

La seguridad social es la forma a través de la cual las personas se aseguran a partir del trabajo, la acción estatal a través de los servicios públicos (Forero, 2014). Ello da a las personas acceso a bienes y servicios que no obedecen a la lógica del mercado. Por lo que la seguridad social será una razón de ser del Estado, y la se guridad social debe ser consolidada en la ciudadanía social (Forero, 2014, p. 40).

Robert Castel (2004) amplía su visión de la seguridad social en el texto La Inse guridad Social. ¿Qué es estar protegido?, en el que plantea una concepción más amplia de la seguridad social. Castel menciona que la inseguridad social es lo que lleva a que se construya una sociedad de seguridad, en la que se concibe una protección desde el momento en que se nace hasta el momento en que se muere, generando así un acercamiento al concepto de seguridad social (2004, p. 11).

En busca de esa seguridad, los Estados crean instituciones sanitarias y sociales, que protegerán frente a contingencias, tales como la perdida de la salud física o mental, la discapacidad o la vejez (Gallego, 2014). Como indica Castel, estar pro tegidos desde el punto de vista social significa: "que estos individuos dispongan por derecho de las condiciones sociales mínimas de su independencia. La protección social es así la condición de posibilidad para formar lo que he llamado una sociedad de semejantes." (2010, p. 197).

En estas sociedades aseguradas, un aspecto importante es la pensión de jubilación o de vejez, que se establecerá como una solución a la inseguridad social que enfrenta un trabajador viejo sin la posibilidad de trabajar. De esta manera, se consolida como "un derecho constituido a partir del trabajo", amparando al trabajador cuando ya no trabaja (Castel, 2004, p. 43).

Si bien es cierto que esta forma de asumir la inseguridad social, a través de segu ros sociales sustentados por el Estado social, fue un gran avance para la sociedad, en la actualidad, con el desmontaje, eliminación y rebaja de los derechos a la seguridad social, se genera inseguridad e incertidumbre en la sociedad. Así, en palabras de Bauman, "Lo que se conserva de las instituciones actuales, que encarnan la promesa inicial, ya no ofrece la esperanza, ni mucho menos la confianza, de sobrevivir a la futura, e inminente, ronda de recortes" (2017, p. 25).

En los últimos años, la autora norteamericana Martha Nussbaum y el autor indio Amartya Sen han desarrollado el concepto de capacidades, a partir de un estu dio detallado de la mujer en la sociedad actual, su búsqueda de justicia social y del reconocimiento de sus derechos. En su estudio Las mujeres y el desarrollo humano, Nussbaum señala que

[…] las mujeres carecen de apoyo en funciones fundamentales de la vida humana, en la mayor parte del mundo. Están peor alimentadas que los hombres, tienen un nivel inferior de salud, son más vulnerables a la violencia física y al abuso sexual. (2002, p. 27)

Estas condiciones de inequidad son constantes desde su nacimiento y se pro longan durante su vida, las mujeres "carecen de oportunidades para el juego y para el cultivo de sus facultades imaginativas y cognitivas" (Nussbaum, 2002, p. 27).

Estas situaciones impiden, en muchas ocasiones, que las mujeres participen de forma efectiva en la vida política. A su vez, no participar en política lleva a que su situación se replique: "De ese modo, aun cuando vivan en una democracia consti tucional como la de la India, en la cual en teoría gozan de igualdad, en realidad son ciudadanos de segunda clase" (Nussbaum, 2002, p. 31).

Para Nussbaum (2002), las mujeres no llevan una vida plenamente humana, sino que con frecuencia se les trata no como fines en sí mismas, sino como instrumentos para los fines de otros: "reproductoras, encargadas de cuidados, puntos de descarga sexual, agentes de la prosperidad general de una familia" (p. 28).

Sobre la base de lo anterior, Nussbaum fija su tesis en el enfoque de capacidades, teoría que fue desarrollada junto a Amartya Sen y que se implementó en el Informe sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a través del cual se evalúa la calidad de vida de las personas.

Nussbaum y Amartya Sen analizan el enfoque de capacidades desde el concepto de justicia. Conforme a su análisis, las capacidades llevan a que la gente tenga las mismas "capacidades para funcionar", es lo que la gente es "capaz de ser o de hacer" (Nussbaum, 2002, p. 40). Amartya Sen señala que este concepto de capacidades es desde donde mejor se puede preguntar acerca de la igualdad y desigualdad social.

Para el reconocimiento de los derechos, desde el punto de vista jurídico, el aporte de Nussbaum (2002) a la teoría del enfoque de capacidades pretende ser la base para los "principios constitucionales centrales que los ciudadanos tienen derecho a exigir de sus gobiernos." (p. 40). De igual manera, recomienda que todos deben tener unas capacidades mínimas, tales como la vida, salud e integridad corporal, sentidos, imaginación y pensamiento, emociones, razón práctica, entre otras.

Respecto del trabajo, Nussbaum (2002) determina que debe ser entendido como un aspecto del ser pensante, "de manera que implique el reconocimiento mutuo de la condición humana." (p. 126). En el caso de las mujeres, muchas veces ocurre que el trabajo que desarrollan no es reconocido, lo que evidencia que, en muchas sociedades, las mujeres carecen de un mínimo básico para el funcionamiento como seres humanos. Por esto, se requiere implementar políticas redistributivas, para que todos los ciudadanos tengan un mínimo de capacidades.

Así mismo, Nussbaum proyecta el enfoque de las capacidades como un funcio namiento verdaderamente humano, asimilado a la dignidad humana, con la que se pretende dar fundamento a la visión de los derechos humanos. Esto se utilizará, en el presente estudio, para abordar el análisis del derecho a la seguridad social de las mujeres como un derecho humano.

Si bien para Nussbaum la solución a los problemas de injusticia social que sufren las mujeres puede ser solucionado a través de la tesis de las capacidades; según Nancy Fraser, el problema de género se establece en dos dimensiones: reconocimiento y redistribución. Sus posibles soluciones serían el multiculturalismo y el socialismo (Butler y Fraser, 2016, pp. 24-25).

Fraser comienza analizando cómo las injusticias de las mujeres se presentan de dos maneras: las primeras son socioeconómicas, fundamentadas en la estructura económico-político de la sociedad y evidenciadas en la explotación laboral y la desigualdad económica, al asignarse a las mujeres trabajos indeseables o mal pagados, o al privárseles de un nivel de vida material adecuado (Butler y Fraser, 2016, p. 27). La segunda injusticia es de tipo cultural o simbólica, determinada por "modelos sociales de representación, interpretación y comunicación" (Butler y Fraser, 2016, p. 28), lo que tiene como consecuencia que las mujeres sufran de falta de reconocimiento, falta de respeto o invisibilidad cultural.

Pero estas dos injusticias no se presentan de manera autónoma, sino que están presentes y se refuerzan "dialécticamente la una a la otra" (Butler y Fraser, 2016, pp. 30-31). Las mujeres deben sufrir normas sexistas institucionalizadas por el Estado y la economía, "el resultado es un círculo vicioso de subordinación cultural y económica. Por tanto, para combatir la injusticia de género hace falta cambiar tanto la economía política como la cultura" (Butler y Fraser, 2016, pp. 42-43).

Para Fraser (2017), la solución para las injusticias económicas pasa por la reestructuración política-económica, que denomina "redistribución" (p. 32). Y, frente a la injusticia cultural, plantea la necesidad de un cambio cultural que denomina "reconocimiento". Pero las mujeres que sufren injusticias económicas también sufren injusticias culturales, por lo que, según Fraser, se trata al mismo tiempo de un problema de reconocimiento y de redistribución.

Las soluciones que proponen los autores citados afectan distintos aspectos. Así, el cultural o de reconocimiento debe ser dilucidado a través de soluciones trans formadoras; por ejemplo, la deconstrucción feminista permite un reconocimiento constante de los nuevos grupos (Fraser, 2017, pp. 51-60).

Para Fraser, las soluciones económicas o de redistribución se han desarrollado desde los Estados de bienestar liberal, pero no es una solución adecuada, ya que deja intacto el aspecto económico-político. Por lo anterior, la solución sería el socialismo, concebido como un feminismo socialista o socialdemocracia femenina.

Según la teoría de las capacidades, desarrollada por Nussbaum y Amartya Sen, las mujeres deben tener la capacidad de ser y hacer, debe dárseles los elementos adecuados para que se desarrollen, más aún en el mundo del trabajo. Por otro lado, con Fraser se llega a considerar que, en esta investigación, será necesario abordar el reconocimiento de las mujeres, a través del multiculturalismo, desde el reconocimiento, y del socialismo feminista, dentro del contexto de lo económico.

Otro aspecto que va a afectar de manera importante a las mujeres, en el ámbito laboral, va a ser el matrimonio. En el siglo xix e inicios del xx, a las mujeres solte ras se les consideraba menores de edad cuando contraían matrimonio, ya que era a partir de ese momento cuando podían ser castigadas por sus esposos, y debían pedirles permiso para realizar trabajos asalariados (Wikander, 2016, pp. 12-13).

Para Wikander, esta influencia del matrimonio, en las actividades labora les de las mujeres, llega a intervenir directamente en las labores de las mujeres, ya que muchas de ellas desarrollaban actividades de criadas hasta el momento en que se casaban, lo que implicaba un aprendizaje previo a sus actividades como casadas. De igual modo, las mujeres solteras debían pensar en la eventualidad de abandonar el empleo durante la maternidad, ya que se les otorgaba el tiempo para el cuidado del hijo, pero no se les reconocía ninguna suma de dinero durante este period (Wikander, 2016, p. 27).

En el ámbito de las tareas agrarias, las diferencias entre casadas y solteras no eran tan evidentes. En efecto, en la granja, la sirvienta hacía las mismas actividades que la ama de casa, pero no se tenían claros los periodos de tiempo de trabajo, ya que, al vivir en las granjas, las jornadas laborales eran extenuantes (Wikander, 2016, p. 28).

Como se ha visto, con la división sexual del trabajo se relega a las mujeres a las tareas domésticas no remuneradas. La identificación de ese trabajo, como trabajo que aporta a la estructura del sistema capitalista, ha sido estudiada por Silvia Federici, quien en sus investigaciones aborda la necesidad de reconocer y pagar el trabajo doméstico.

Así, en su obra El patriarcado del salario. Críticas feministas al marxismo, desarrolla un fuerte cuestionamiento al marxismo, por no reconocer el trabajo doméstico como creador de capital. Al igual que Wikander, Federici señala que, con la in troducción del salario familiar en el siglo XIX, dado que se reconoce el salario a los hombres, se crea el "patriarcado del salario", ya que se genera una desigualdad entre hombres y mujeres. Esto dividirá la familia en una parte asalariada y otra no asalariada (2018, pp. 16-17).

Para Federici, como para Wikander, el trabajo doméstico surge a finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando los países industrializados generaron normas de derecho laboral, que impactaran de modo directo las fábricas y especialmente los hogares. Como consecuencia de esta situación, las mujeres fueron alejadas de las fábricas, y en tanto no se empleó más su mano obra, se las convirtió en amas de casa, no remuneradas, dependientes y subordinadas a los hombres (Federici, 2018, p. 69).

Para Federici, el trabajo doméstico es una creación del sistema capitalista, que genera, dentro de la organización del trabajo, dos cadenas de montaje: una de producción de mercancías, desarrollada por los hombres; y otra que "produce a los trabajadores", desarrollada por las mujeres desde la casa, señalando que la casa también es un centro de producción (2018, p. 18).

La crítica de Federici a Marx es que no tuvo en cuenta, dentro de su tesis, el proceso de reproducción, ya que son las mujeres quienes producen la fuerza de trabajo. Todos estos procesos y dinámicas históricas tendrán como consecuencia que se invisibilice el trabajo doméstico de la mujer y sea aceptado como natural (Federici, 2018).

Además, ello se suma al hecho de que las mujeres, al no recibir ninguna remu neración por el trabajo doméstico que realizan, cuando se incorporan al mercado laboral, se emplean con más bajos salarios o se someten a realizar aún más trabajo doméstico. Desde que el término mujer se ha convertido en sinónimo de ama de casa, cargamos, vayamos donde vayamos, con esta identidad y con las "habilidades domésticas" que se nos otorgan al nacer mujer. Esta es la razón por la que el tipo de empleo femenino es habitualmente una extensión del trabajo reproductivo, y que el camino hacia el trabajo asalariado a menudo nos lleve a desempeñar más trabajo doméstico (Federici, 2018, p. 35).

Un aspecto importante que analiza Federici (2018) es que se debe reconocer el esta tus del trabajo doméstico como trabajo, ya que esto permitiría entender la relación de las identidades de género con la producción, "y que amplifica la importancia del principio feminista 'lo personal es político'" (p. 92).

Sin lugar a dudas, Federici (2018) evidencia que uno de los sectores que más se beneficia actualmente con el trabajo doméstico es el servicio social, que debe ser asumido por el Estado. Esta reivindicación de los servicios sociales será reconocida solo en la medida en que se reconozca el trabajo doméstico como trabajo en sentido estricto (Federici, 2018, p. 42).

Proponer un salario para el trabajo doméstico desarrollado por las mujeres lleva a que se reconozca que el trabajo de reproducción, crianza de los hijos, cuidado de los inválidos, de los adultos mayores, entre otras muchas actividades es una "responsabilidad social" (Federici, 2018, p. 95).

El trabajo de cuidado ha sido encomendado a las mujeres, quienes tendrán que asumir esta tarea como natural por el hecho de ser mujeres (Federici, 2013). Pero ahora con la globalización, también se desarrolla a escala mundial la división internacional del trabajo reproductivo: los inmigrantes deben servir como niñeras, trabajadoras domésticas y cuidadoras de los mayores (Guarín y Aldana, 2016). Para hacerlo, deben abandonar sus propias familias, incluyendo niños y progenitores ancianos; y emplear familiares u otras mujeres con menos recursos y capacidad económica que ellas mismas, para reemplazarlas en unas tareas de las que ya no se pueden hacer cargo (Federici, 2013, p. 210).

Los inmigrantes evidencian la división internacional del trabajo, pero este rol también beneficia al Estado, ya que "Este desarrollo ha resultado ser muy benefi cioso para los gobiernos, al permitir ahorrar miles de millones de dólares, que de otra manera hubiesen tenido que pagar para proporcionar servicios asistenciales a los mayores." (Federici, 2013, p. 209).

Para Federici (2013), que no se reconozca el trabajo doméstico no solo conlleva el hecho de percibir un salario y depender directamente de los hombres, sino que afecta de manera directa las pensiones de las mujeres cuidadoras no remuneradas. Al respecto, se señala:

Ya que el trabajé de cuidados no es un trabajé reconocido como tal y el sistema de pensiones computa su retribución en función de los años cotizados según una base asalariada, las mujeres que han trabajado como amas de casa a tiempo completo solo pueden obtener una pensión a través de su marido asalariado y no tienen derecho a prestaciones de la seguridad social en caso de divorcio. (Federici, 2013, pp. 213-214)

Según Federici (2013), para mejorar las condiciones de las mujeres se requiere "el reconocimiento del trabajo reproductivo como trabajo, lo que les permitiría reclamar un salario por estas tareas y que los familiares que trabajan como cuida dores no se vean penalizados social ni económicamente por su trabajo" (p. 220).

Teniendo en cuenta que el objetivo general de esta investigación es analizar, desde la perspectiva de género, cómo afecta el sistema de pensiones a la calidad de vida de las mujeres, en este punto se aborda el tratamiento de la seguridad social desde el contexto de género (Humbarita, 2015).

Como se evidenció, desde el surgimiento de los seguros sociales en Alemania con Bismark y la posterior implementación de la seguridad social con Beveridge, fundamentado en la redistribución de la riqueza (Mendizábal y Vargas, 2017), no se ha hecho ninguna diferenciación respecto a la condición de ser mujer, por lo que la inequidad de género comenzará desde el inicio del sistema de seguridad social.

A partir de esa premisa, al amparo de los modelos establecidos por Beveridge y Bismark, se implementó la seguridad social en la gran mayoría de países occidentales. Tal implantación conllevó el desarrollo del sistema de pensiones. Recordemos que el modelo de Bismark requería que, para acceder a la pensión de vejez, se hicieran contribuciones fundamentadas en el salario; y en el de Beveridge, en el que se podían obtener pensiones no contributivas, estas debían estar fundamentadas en la ciudadanía social (Jiménez Lara, Quezada García y Huete García, 2014).

Al no establecer diferencias entre hombres y mujeres, en el ámbito de la segu ridad social, se replica la desigualdad generada en el acceso y permanencia de la mujer en el trabajo (Guarín, 2015). Como indica Wikander, esto significa que el sistema refuerza la división sexual del trabajo surgida con la industrialización, y lo que se pretendió por parte del Estado fue reforzar el patriarcado. Ambos aspectos se ven reflejados en los sistemas de pensiones.

En Iberoamérica, la institucionalización de los seguros sociales comienza con un carácter público, hasta llegar a consolidar la seguridad social siempre fundamentada en el Estado social (Llano, 2013), y los sistemas de pensiones implementados son sistemas de carácter público y basados en el reparto. En los años 90, se llevaron a cabo reformas importantes en los sistemas de pensiones, algunas tendentes a re forzar el sistema de pensiones (González, 2014). Por otra parte, algunos Estados decidieron hacer reformas estructurales, creando sistemas privados de pensiones o de capitalización, o complementando los sistemas públicos con sistemas privados de pensiones. Pero debe llamarse la atención acerca del hecho de que ninguna de las reformas establece equidad de género (Lora, 2007, p. 397).

Para Mesa Lago (2007), la inequidad de género en pensiones, dentro de los sistemas de seguridad social, se traza desde su estructura, al no tener en cuenta las causas externas vividas por las mujeres en cuanto al acceso y permanencia en el trabajo. Pero también se encuentra esta inequidad en el ámbito interno de los sistemas. Ello se manifiesta, por ejemplo, en el hecho de que las mujeres deben retirarse a una menor edad en comparación con los hombres, lo que se añade al hecho de que las mujeres tienen una mayor esperanza de vida, aspectos que no han sido tenidos en cuenta en las reformas de los sistemas de seguridad social (Mesa Lago, 2007, p. 408).

A lo anterior debe añadirse que, cuando se implementaron los sistemas de pensiones privadas, tampoco se consideró el contexto de género, por lo que los sistemas privados de protección reafirman la inequidad de género. Entre otros aspectos, se exige un mínimo de cotizaciones para acceder a la pensión mínima y esta cotización se basa en las cotizaciones de toda la vida, lo que requiere perma nencia en el mercado laboral, situación muchas veces ajena a las mujeres, ya que ellas detienen su vida laboral por cuidado de hijos o familiares cercanos. También aplican tablas actuariales diferenciadas por género, que conlleva una menor pensión para las mujeres, pues ellas tienen una mayor esperanza de vida (González, 2016; Mesa Lago, 2007, pp. 408-409).

La situación de la mujer, en relación con la seguridad social, ha sido poco anali zada, pero se puede aportar a este estudio la investigación realizada en México por Gabriela Mendizábal (2014), quien en una obra colectiva, denominada Equidad de género y la protección social, hace un acercamiento al tema, señalando que en México el proceso de envejecimiento es femenino (p. 118).

Así mismo, esta autora esboza que, en relación con las pensiones de seguridad social, las mujeres deben estar vinculadas laboralmente, o con una relación matri monial, para acceder a una pensión de sobreviviente. De acuerdo con la evidencia en México:

Una gran mayoría de mujeres pertenecientes a una generación, en la cual se las consideraba en un rol pasivo de madres abnegadas y dedicadas al hogar. También tomamos en cuenta que hubo mujeres de la generación citada que se incorporaron, con salarios muy bajos, y que actualmente, y como resultado de lo anterior, también carecen de prestaciones sociales y/o pensiones contributivas. La pobreza, la discri minación y la marginación pueden añadirse a la vejez en la sociedad mexicana, por lo que habría que incorporar los mecanismos necesarios que posibiliten una vi vencia más activa y satisfactoria de los adultos mayores. (Mendizábal, 2014, p. 118)

Otro estudio a tener en cuenta es el desarrollado por la Asociación Iberoameri cana de la Seguridad Social, donde se hace evidente que la población iberoamericana está envejeciendo mucho más en la población femenina (Jiménez Lara et al., 2014). Del mismo modo, se señala que la división sexual del trabajo persiste en la actualidad y afecta directamente a las mujeres, ya que deben desarrollar labores domésticas y de cuidado no remuneradas. Esto hace que no puedan realizar cotizaciones a los sistemas de pensiones, o lo hagan de manera deficiente, por lo que no podrán acceder a su propia pensión. La mujer en esta situación quedará bajo la dependencia de su cónyuge o compañero, colocándose en situación de vulnerabilidad y de pobreza en la vejez (Jiménez Lara et al., 2014).

Por su parte, el trabajo doméstico o como cuidadoras no remunerado afecta de manera directa la participación de las mujeres en el mercado laboral formal e informal, ya que, si bien las mujeres que acceden a trabajos fuera del ámbito familiar no abandonan sus actividades domésticas, por el contrario, los hombres no han aumentado su participación en estas tareas (Ballesteros, 2015).

Esta situación se agrava por el aumento de la demanda de cuidados de larga duración, dado el envejecimiento demográfico; lo que, unido al hecho de que no existen sistemas públicos de cuidado en los países iberoamericanos o no son de calidad, conlleva que las mujeres abandonen sus trabajos o que trabajen a tiempo parcial. Esto determina que tanto las pensiones de estas mujeres como sus condicio nes económicas se vean seriamente afectadas en la vejez (Jiménez Lara et al., 2014).

Las consideraciones antes mencionadas ponen de manifiesto la necesidad de incluir, en los sistemas de seguridad social, el contexto de género, a fin de reco nocer de manera particular los trabajos específicos desempeñados por las mujeres, la brecha salarial que sufren, su esperanza de vida, entre otros factores (García, 2013). Todo ello determina que la pensión de jubilación deba ser caracterizada de una forma diferente; sin olvidar, además, que las desigualdades existentes, en el momento de acceder a la pensión de vejez, se mantienen a lo largo de la vida de la pensionista (Arber y Ginn, 1996, p. 171).

En suma, un sistema de seguridad social equitativo, desde la perspectiva de la igualdad por razón de género, exige que se supere el modelo de división sexual del trabajo (Quiroz, 2014), en el que las mujeres son relegadas a las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas. Para ello, los Estados deberán no solo tener en cuenta los trabajadores que realizan cotizaciones a los sistemas de pensiones, sino también "la provisión de las tareas del ámbito del cuidado" (Jiménez Lara et al., 2014).