Introducción

La seguridad se ha configurado como un imperativo para los intereses del Estado, principalmente para su supervivencia. Acorde a Rousseau, Locke y Hobbes (citados por Solis y Cortez, 2019), el origen del Estado se da por medio de un contrato social en el que los individuos ceden su derecho a la autotutela con el fin de que un ente dotado de poder les asegure su bienestar desde diferentes dimensiones. En este sentido, cuando el bienestar de la población no se encuentra asegurado, el Estado mismo entra en peligro, ya que se viola el precepto de tal contrato.

De este modo, la seguridad en un sentido multidimensional puede ser tomado en cuenta como interés nacional, sin el cual el Estado no puede sobrevivir ( Barrero-Barrero y Baquero-Valdés, 2020). Según lo explica Montero Bagatella (2013), la seguridad se puede definir como el estadio dentro de un periodo continuo y permanente de tiempo en el que un objeto determinado se encuentra libre de amenazas y, de este modo, puede alcanzar su desarrollo; asimismo, Álvarez-Calderón et ál. (2017) comprenden la seguridad multidimensional como aquella que no solamente se enfoca en la protección de las fronteras y el Estado, sino también en la seguridad y el desarrollo del individuo y de la comunidad.

En este sentido, cada Estado necesita, en primera medida, sobrevivir para cumplir con sus objetivos. Sin embargo, para sobrevivir, los Estados deben tener en cuenta su geografía e historia, y su relación con el Sistema Internacional. Solo desde el conocimiento de los medios con los que se cuentan y los fines que se buscan, se puede generar una verdadera estrategia para asegurar el adecuado crecimiento y desarrollo de los Estados.

Todo lo dicho con anterioridad da cuenta de la importancia para los Estados de comprender cada uno de los componentes que integra la seguridad, así como sus propios intereses y bienes, que han de ser tenidos en cuenta como objetos de protección. De la misma forma, deben analizar el contexto en el cual se enmarcan y, en consecuencia, las diferentes amenazas que los afectan. Sobre esto, se debe considerar una gran variedad de fenómenos que inciden al respecto, como lo son la globalización, la revolución de las telecomunicaciones, el cambio climático, entre otros, que se configuran como elementos locales, nacionales e internacionales que definen tanto dicho contexto como también el origen de las amenazas correspondientes.

Bajo esta perspectiva, se presenta como problemática para este artículo las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los nuevos escenarios que Chile ha tomado en cuenta para su seguridad? Y acorde a ello, ¿cuáles son los nuevos retos de las Fuerzas Armadas dentro de estos escenarios?

Respecto a la primera pregunta, se tomará como punto de partida los datos del Proyecto de Justicia Mundial en cuanto al factor orden y seguridad en Chile, respecto a sus tres subfactores: a) limitación efectiva del conflicto, b) control efectivo del crimen y c) búsqueda de justicia por mano propia. De allí, se analizarán las amenazas que tiene en cuenta Chile y cómo las gestiona en sus estrategias.

En cuanto al segundo interrogante, se estudian las estadísticas respecto al presupuesto del sector defensa y en la cantidad del personal de Fuerzas Armadas. Así, se determinan las tendencias en las relaciones cívico-militares de Chile, enfocadas en sus tareas de defensa y la delimitación de roles que en este Estado se ha dado.

Nuevos escenarios de la seguridad en Chile

El Proyecto de Justicia de Mundial busca obtener datos que den cuenta del imperio de la ley y la gobernabilidad en el mundo, a través de cinco cuestionarios, que son aplicados tanto a expertos como a personas del común, y que resultan en estadísticas representadas en nueve factores y 44 subfactores ( World Justice Project, 2022). Orden y seguridad es uno de los nueve factores, que a su vez se divide en tres subfactores: control efectivo del crimen, limitación efectiva del conflicto y búsqueda de justicia por mano propia.

Por medio del subfactor control efectivo del crimen, el Proyecto de Justicia Mundial busca cuantificar la percepción de seguridad en la población, así como la prevalencia del crimen común, el cual incluye diversos delitos, desde la extorsión hasta el homicidio. En cuanto a la limitación efectiva del conflicto, se mide si la población esta segura frente al terrorismo y el conflicto. Asim ismo, respecto a la búsqueda de Justicia por mano propia se calcula si la población recurre a la violencia para resolver disputas de naturaleza civil o para presentar sus demandas al Gobierno.

De esta manera, se pueden analizar los nuevos escenarios para la seguridad en Chile desde tres perspectivas. En primer lugar, Sudamérica juega un rol en el crimen organizado transnacional, lo cual afecta la seguridad pública de los Estados de la región, lo que hace trascendente enfocar la mirada en cómo Chile hace frente a las amenazas de esta naturaleza. Por otra parte, durante la segunda mitad del siglo XX, se presentaron diversas dictaduras militares en el Cono Sur, las cuales se caracterizaron por el terrorismo de Estado y la represión violenta de personas o grupos opuestos al Gobierno; en este sentido, analizar la transición hacia la democracia en Chile se hace necesario. Por último, a nivel global se han presentado manifestaciones civiles en las que se ha hecho uso de la violencia contra la policía, la propiedad pública y privada, y entre la misma comunidad; Chile no ha sido la excepción y, por lo tanto, es relevante estudiar está búsqueda de justicia por mano propia y su relación con el contrato social y la era de la desinformación.

La figura 1 muestra los datos recogidos por el Proyecto de Justicia Mundial. Con el fin de leer los datos, el 1,00 representa un nivel adecuado del imperio de la ley. En consecuencia, el 1,00 en limitación efectiva del conflicto puede interpretarse como un ejercicio apropiado por parte del Gobierno para proteger a la población del conflicto y del terrorismo, en tanto que la oscilación entre el 0,26 y 0,33 de la búsqueda de justicia por mano propia evidenciaría la ausencia de gobernabilidad para tramitar las demandas de la población en cuanto a las disputas entre iguales o entre el Gobierno y la sociedad.

Figura 1.
Progresión del índice de orden y seguridad en Latinoamérica y el Caribe (2015-2021)
Fuente: elaboración propia con base en los datos del Proyecto de Justicia Mundial ( Proyecto de Justicia Mundial, 2021)

Control efectivo del crimen

Los datos del Proyecto de Justicia Mundial muestran una fluctuación entre 0,72 y 0,78 respecto al control efectivo del crimen. Esto puede leerse como una situación no crítica, que requiere mayores esfuerzos por parte del Gobierno y las Fuerzas Armadas. En el caso de Chile, el crimen es enfrentado principalmente por las fuerzas policiales denominadas Carabineros de Chile, las cuales están organizadas dentro del Ministerio del Interior.

Las Fuerzas Militares, por su parte, se encuentran bajo el Ministerio de Defensa, y tienen un rol limitado y definido en lo que se refiere al crimen. Ahora bien, el crimen en Chile, al igual que en el resto del continente, se da en un contexto complejo debido a la relación que este flagelo guarda con estructuras transnacionales de narcotráfico, contrabando, trata de personas y demás ( Álvarez Calderón y Rodríguez Beltrán, 2018). En este sentido, como señalan Gómez Sánchez et ál. (2021), las Fuerzas Militares apoyan específicamente en el cuidado de las fronteras marítimas y terrestres, y la supervisión de exportaciones e importaciones.

Para lograrlo, las estrategias chilenas tienen en cuenta la geografía del país que cuenta con una larga costa que permite su proyección al exterior tanto para las economías lícitas como para las ilícitas; asimismo, tiene presente las fronteras terrestres con Perú y Bolivia, que son países productores de droga. Por ello, ha buscado fortalecer, por medio de la profesionalización y la especialización, a sus Fuerzas Militares, enfocándose en su Fuerza Naval ( Gómez Sánchez et ál., 2021).

Lo anterior se encuentra enmarcado dentro del Plan de Seguridad Pública, el cual fue lanzado en el 2022 por el presidente Gabriel Boric y la ministra del interior, Izkia Siches. Con este, se busca implementar treinta y tres medidas para enfrentar la delincuencia, logrando la “gobernanza en materia de seguridad pública, la prevención del delito, mejorar la información disponible, proteger y acompañar a las víctimas de delitos, persecución del crimen organizado, control de armas y recuperación de espacios públicos” ( Gobierno de Chile, 2022, párr. 4).

El Plan de Seguridad Pública también considera otros asuntos, como las economías ilícitas, la creación de la policía nacional contra el Crimen Organizado Transnacional y tanto el control de armas en la sociedad civil como el adecuado registro y seguimiento de estas en las Fuerzas Armadas.

Finalmente, llama la atención la definición en el Plan Estratégico Carabineros 2021-2028 de este cuerpo como una Institución Policial Técnica de carácter militar, cuya función es guardar el orden y la seguridad de Chile ( Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2021). Asimismo, cuenta con cuatro objetivos estratégicos: i) gestión policial eficaz, ii) eficiencia en el uso de los recursos, iii) desarrollo del capital humano y iv) legitimidad institucional.

Respecto a todo lo anterior, se evidencia un constante esfuerzo de las instituciones chilenas para limitar los roles de las Fuerzas Armadas y de los Carabineros, que, aunque son de naturaleza militar, tienen funciones diferenciadas: las primeras se centran en la seguridad nacional y los segundos, en la seguridad pública y la seguridad humana ¹ .

Limitación efectiva del conflicto

Tras la dictadura de Augusto Pinochet, las instituciones chilenas han realizado un gran esfuerzo por mantener las Fuerzas Militares bajo el control civil, siendo uno de los mejores ejemplos de relaciones cívico-militares democráticas en el continente ( Pion-Berlin y Martínez, 2017). Esto, acompañado de la ausencia de conflictos con actores a nivel externo ( Baeza Freer y Escudero Illanes, 2018), ha permitido que el Estado chileno sea un Estado estable, lo cual explica su puntuación de 1,0 en los datos del Proyecto de Justicia Mundial.

Las Fuerzas Militares chilenas tienen una estrategia de disuasión ante amenazas a la seguridad nacional en el sentido tradicional, asumiendo tareas propias de la defensa del Estado. Incluso, uno de sus libros “de la Defensa argumenta, respecto a las nuevas amenazas, que dicho concepto debería utilizarse para referirse a amenazas propiamente tales, como la existencia de un agente foráneo con explícita intención y capacidad de dañar intereses nacionales” ( Navarrete, 2019, p. 57).

A partir de la perspectiva dada por Pantoja-Torres y Fuentes-Concha (2022), resulta oportuno mencionar cómo, en el caso del Estado chileno dentro de su libro blanco de defensa y su correspondiente libro de política exterior para el 2030, se hace mención de la importancia de reconocer el contexto, con la finalidad de poder apropiarse de la suficiente información por medio de la cual se logren identificar con mayor seguridad las amenazas que afectan el contexto chileno, con lo que se logra precisar la existencia de unas características propias que responden al Estado, pero también al individuo como objeto de la seguridad ( Fernández-Osorio y Hodge-Dupré, 2021; Garay Vera, 2021). En ese orden de ideas, dentro del contexto nacional se debe comenzar bajo la perspectiva de cómo

la naturalización del Estado chileno a partir del discurso geopolítico clásico expuso y en parte expone los criterios específicos con los que se explican algunas prioridades de las políticas de defensa, de exterior e interior, los cuales coexisten —en mayor o menor medida— con enfoques renovados. ( Ovando et ál., 2019, p. 61)

Así las cosas, con respecto a la limitación efectiva del conflicto se evidencia por parte de las Fuerzas Armadas de Chile una consolidación de gran valor, pues ha permitido generar el espacio propicio de estabilización que favorece el desarrollo económico y social del país. Al revisar las diferentes centrales de riesgos para la inversión extranjera se puede colegir que Chile cuenta con los insumos que le permiten favorecer este tipo de ingreso de capital.

Al respecto, la labor de las Fuerzas Militares se complementa con una política exterior integracionista mediante los tratados multilaterales, específicamente con respecto al comercio exterior, que dan cuenta de una capacidad para proyectarla como una potencia media dentro de la región ( Lopes da Cunha y Nasser Appel, 2014; Torrijos Rivera y Pérez Carvajal, 2014). Esto es reforzado por las misiones de las Fuerzas Militares de Chile, en las que se encuentra el apoyo que deben prestar para generar una gobernanza marítima que permita el adecuado desarrollo del comercio exterior del país.

Por último, cabe recalcar que las fuerzas militares de Chile realizan esfuerzos para mantener la paz mundial y la seguridad global, incluyendo dentro de su estrategia como amenazas aquellos eventos donde se pueda generar un conflicto de escala mundial, y configurando una adecuación desde las Fuerzas Armadas para participar activamente en misiones de paz. Por ello, es a partir de ese momento donde toma fuerza la participación de militares chilenos en operaciones robustas y de mantenimiento de la paz bajo el mando de Naciones Unidas.

Búsqueda de justicia por mano propia

Como se mencionó anteriormente, este aspecto fue el evaluado con menor puntaje, revelando grandes desafíos para el Estado chileno. Se evidencia así una problemática con respecto a la confianza que tienen las personas con sus instituciones, problemática que se reafirmó en las diferentes protestas desde el 2019, reflejando una ruptura en la legitimidad de diversas entidades.

Sobre esta amenaza, se debe considerar que el objeto de protección del Estado es su población acorde a los contractualistas ya mencionados. En este sentido, el Estado debe dar una adecuada intervención y administrar la justicia y el orden, de tal forma que se eviten las conductas que van en contravía del derecho ajeno y el bien común. De no lograr evitarlas, debe contar con los elementos suficientes para intervenir y administrar la justicia por medio del uso de la violencia legítima lo cual evitará que los ciudadanos recurran a medidas por mano propia para evitar la impunidad.

De este modo, para evitar la violencia de las masas y las afectaciones al orden armónico en que toda sociedad contemporánea se ha de desarrollar, el Estado debe lograr aplicar la ley, por parte de autoridades competentes que cuenten con apoyo por parte de la opinión pública. Estos deben administrar efectivamente justicia, de tal forma que cada ciudadano cuente con el respaldo de las instituciones del Estado de cara a resolver las posibles controversias que la cotidianidad genere.

Por otro lado, la legitimidad también puede ser afectada por medio de herramientas discursivas basadas ya sea en desinformación o en datos reales. En el caso de Chile, autores como Alarcón Silva y Cárdenas Neira (2021)concluyen que las protestas de 2019 y 2020 se conformaron y se vieron dinamizadas por el uso de redes sociales como Instagram. Asimismo, evidencian que se dieron procesos de polarización, identificación contra las élites, valores de solidaridad, derechos laborales y empatía, con un interés firme de visibilizar la necesidad de destruir a los grupos contrarios al “pueblo”.

Desde otra perspectiva, Nava y Grigera (2022) evidencian que en Chile se dio “un proceso de radicalización que se expresa en el predominio de un sujeto diverso sin identificación partidaria clara ni tampoco demandas específicas reportadas por la prensa” (p. 135), que se acompaña de una tendencia en países que no tuvieron Gobiernos progresistas a finales del siglo XX, lo cual puede reflejar una creciente demanda en la redistribución de los recursos y la estatalización de estos.

Lo anterior se relaciona con el estudio de Barrero-Barrero y Baquero-Valdés (2020) en cuanto a los nuevos retos que enfrentan los Estados. Estos autores afirman que la seguridad, vista desde una perspectiva multidimensional, impone desafíos relacionados con el desarrollo, en los que el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible son esenciales para mantener la legitimidad. Así las cosas, este escenario de seguridad fortalece tal posición, ya que Chile ha logrado manejar el conflicto y el crimen, pero aún tiene un largo camino por recorrer en lo que respecta al uso de la violencia no legítima para buscar justicia por parte de la población civil.

Retos para las Fuerzas Armadas chilenas

Gasto militar en relación con el PIB

Conforme se puede evidenciar en la figura 2, uno de los retos que se tienen por parte de las FF. AA. consiste principalmente en un uso adecuado del gasto militar, pues por medio de él se favorece el desarrollo de componentes que favorezcan la materialización de las politicas ya establecidas.

Figura 2.
Gasto militar en Chile (2015-2021) como porcentaje del PIB
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Mundial (2022)

En la actualidad, Chile se caracteriza por tener el tercer gasto en defensa más elevado en América del Sur, después de Brasil y Colombia. Dicha situación obedece a que su presupuesto en defensa se encuentra ligado a las ventas nacionales de cobre en el extranjero y a la dinámica regional liderada por Brasil ( Guajardo, 2021). A partir de la década de los noventa, con el retorno de la democracia, se han venido gestando avances como la modernización del Ministerio de Defensa y la creación del Sistema de Defensa Nacional con la misión de integrar la industria de defensa nacional con las universidades y centros de investigación ( Guajardo, 2021).

Al analizar la figura 2, se puede evidenciar que, si bien hubo un descenso en el gasto militar chileno en el 2018 con respecto a 2017, este ha sido constante, ya que, como se mencionó en líneas anteriores, el precio del cobre cumple un papel importante de financiamiento de las Fuerzas Armadas para sus adquisiciones en defensa ( Guajardo, 2021).

Las principales fuentes de financiamiento de la Defensa Nacional se consagran en la Ley de Presupuesto del Sector Público de la Nación y de la Ley 13 196. De esta forma, la asignación de las Fuerzas Armadas se distribuye de la siguiente forma: 1) Ley de presupuesto de la Nación para operación y mantenimiento y 2) Ley de Cobre 13 196 para la adquisición de armas y mantenimiento del potencial bélico. No obstante, en 2019, Chile reemplazó la Ley del Cobre con un nuevo sistema de financiamiento que considera un sistema multianual para las capacidades estratégicas de defensa y un fondo de contingencia estratégica ( Guajardo, 2021).

Hoy por hoy, la industria de defensa estatal se relaciona las Fuerzas Armadas y algunas de sus funciones están ligadas a atender los requerimientos de mantenimiento de material de guerra para cada una de las instituciones militares. El actual Libro Blanco (2017), formulado durante la presidencia de Michelle Bachelet, plantea que uno de los desafíos de la industria de defensa es la autosustentabilidad y el fortalecimiento del desarrollo de la industria nacional de defensa ( Guajardo, 2021).

Personal de Fuerzas Armadas

El carácter de doctrina que adquieren las Fuerzas Militares se formalizó después del golpe militar de 1973, momento en el cual se incorpora su estudio en las instituciones militares. Con la Constitución de 1980 se da un cambio con la tradición republicana nacional al otorgar como constitucional la participación política de las Fuerzas Armadas en el contexto político ( Contreras y Salazar, 2020).

Es así como el “poder de seguridad” se refería a la estructura autoritaria materializada en la intervención de las Fuerzas Armadas en materias de decisión política. No obstante, las reformas constitucionales en el marco de la democratización estuvieron encaminadas al desmantelamiento del “poder de seguridad”, llevando a que las Fuerzas Armadas chilenas en la actualidad sean obedientes, no deliberantes y dependientes del poder civil elegido democráticamente, razón por la cual su autonomía queda limitada ( Contreras y Salazar, 2020).

Hoy por hoy, en la Constitución chilena no se menciona explícitamente el papel de las Fuerzas Armadas, sino la Política de Defensa Nacional ( Ministerio de Defensa Nacional, 2020) a través de sus principios y el Libro Blanco en las áreas de misión ( Ministerio de Defensa Nacional, 2017). Vale la pena mencionar que el artículo 101 de la Constitución chilena plantea las instituciones que conforman las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Así, las Fuerzas Armadas que dependen del Ministerio de la Defensa Nacional están compuestas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que cumplen su rol direccionado a la defensa y seguridad nacional. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, por su parte, están conformadas por Carabineros e Investigaciones, y son la fuerza pública cuya misión es garantizar el orden público y la seguridad pública ( Pantoja y Fuentes, 2022).

La Política de Defensa Nacional de Chile plantea que las Fuerzas Armadas tienen como rol fundamental la defensa; además, tienen un papel de apoyo en aspectos de seguridad interna. En cuanto a las áreas de Misión de las Fuerzas Armadas, éstas se encuentran plasmadas en el Libro Blanco y se definen en defensa, cooperación internacional, emergencia nacional y protección civil, seguridad e intereses territoriales ( Pantoja y Fuentes, 2022).

Con el fin de la Guerra Fría y la reconceptualización de la seguridad, las Fuerzas Armadas chilenas fueron conscientes de las implicaciones que traían los cambios globales y regionales, y de la incapacidad del sistema interamericano de seguridad para dar respuesta a estos nuevos desafíos. En este sentido, y como parte de la visualización de la misión de las Fuerzas Armadas, se proyectó la presencia en nuevas áreas que sobrepasan la soberanía nacional. Para el Ejército corresponde a las fronteras interiores; para la Armada, el mar, y para la Fuerza Aérea, el espacio exterior ( Caro y Flores, 2020).

En este sentido, desde el punto de vista del Ejército, se contempla la incorporación de todas las zonas del país tanto a nivel territorial como económico. Para la Armada es de gran importancia la relevancia que tiene para la identidad nacional la presencia marítima y su proyección al Pacífico. Finalmente, para la Fuerza Aérea el uso del espacio exterior constituye una zona de gran importancia nacional y regional ( Caro y Flores, 2020). Esto deja en evidencia que el rol de las Fuerzas Armadas chilenas es tradicional frente a las amenazas externas.

Como se había mencionado anteriormente, tanto la Constitución como el Libro Blanco constituyen un marco para direccionar el rol que deben cumplir las Fuerzas Armadas. Es así como, la Política de Defensa Nacional de Chile plantea la postura de Chile frente a diferentes escenarios de seguridad y desarrolla la estrategia de Defensa a partir las capacidades estratégicas. Vale la pena mencionar que, a partir de esta Política se visualiza que el papel de las Fuerzas Armadas chilenas no está únicamente ligado a la protección de la soberanía, el territorio, sino que plantea que éstas cumplen relevantes roles en tiempos de paz, en temas de seguridad y respuesta ante emergencias y catástrofes ambientales ( Pantoja y Fuentes, 2022).

Figura 3.
Personal de las Fuerzas Armadas de Chile (2015-2021)
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Mundial ( Banco Mundial, 2022)

Con los cambios que acaecen constantemente tanto a nivel internacional como regional, las Fuerzas Armadas Chilenas deben estar preparadas para afrontar para desarrollar sus capacidades y estar acorde a la situación. Chile, afronta diversas situaciones relacionadas con amenazas hacia nuevos conflictos y desafíos en materia social, climático y geográfico. En su papel tradicional, las Fuerzas Armadas han jugado un rol destacado. No obstante, en las crisis a nivel nacional también han desempeñado un actuar destacado a través del despliegue de capacidades complementarias y en apoyo a otras instituciones ( Pantoja y Fuentes, 2022).

Asimismo, el actuar polivalente de las Fuerzas Armadas de Chile se puede evidenciar en situaciones de catástrofe ambiental como las inundaciones del 2015 en Copiagó, entre otros. De igual forma, recientemente en la crisis sanitaria que vivió el mundo con la pandemia de la Covid 19 , así como en los estallidos sociales del “18 O” las Fuerzas Armadas cumplieron un papel destacado. En esta última situación, sirvieron de apoyo a la policía cuando ésta fue sobrepasada en sus capacidades para poner orden. En lo que se refiere a la crisis sanitaria, la Fuerza Aérea realizó 361 operaciones aéreas, realizó la evacuación de pacientes críticos con Covid 19 y transporte de insumos médicos y ventiladores ( Pantoja y Fuentes, 2022).

Con todo lo visto hasta el momento, se videncia que los retos de las fuerzas consisten, en primer lugar, en comprender las actuales dimensiones que presenta el nuevo alcance del concepto de seguridad, que trae consigo elementos importantes para lograr considerar las amenazas vigentes en la actualidad, las cuales son analizadas por los lineamientos institucionales desde el Libro Blanco y otros, que permite contar con una base estratégica considerable. Pero también es fundamental aumentar el desarrollo desde las FF. AA. de Chile, con el fin de lograr, desde el gasto militar y la capacidad de sus miembros, responder a estas indicaciones, con lo cual contará con los insumos suficientes con el fin de mitigar dichas amenazas.

Conclusiones

Chile es un caso interesante para el análisis de los nuevos escenarios que enfrentan las Fuerzas Militares del continente, pues, a pesar de enfrentar desafíos similares a sus pares, tal como el Crimen Organizado Transnacional, el descontento de la población, el narcotráfico y la delincuencia común, existe en la población y el Gobierno la claridad de no repetición respecto a un desborde de poder por parte de quienes detentan las armas.

Así las cosas, las Fuerzas Armadas han logrado mantener su fortaleza dentro de roles muy bien definidos en lo que respecta a la defensa del Estado, la asesoría técnica en asuntos de geopolítica y oceanopolítica, y un creciente papel como apoyo en medio de desastres naturales. Por su parte, los Carabineros, como una fuerza policial de carácter militar, se muestran como un caso de estudio interesante en lo que respecta a la Seguridad Pública.

Finalmente, se evidencia un enfoque en seguridad multidimensional implícito en las Fuerzas Armadas polivalentes, sumado a los Carabineros, pues se encuentran desarrollos respecto a la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad humana, teniendo en cuenta diversos centros de gravedad que son atendidos de manera diferencial e integral..

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Notas

Autor notes