La Revolución de 1789 marcó no solo el destino de Francia, sino también el devenir del mundo entero. La Revolución Francesa se constituye como uno de los fundamentos del proceso de configuración de los Estados democráticos. En efecto, la formulación de principios abstractos que fuesen potencialmente aplicables a todos los hombres, independiente de la especificidad espacio-temporal, fue condición de posibilidad para la fundación del proyecto común y universal moderno, cuya expresión político-jurídica es el modelo occidental de Estado-nación. Aquella Revolución fue el resultado de un deseo de destrucción del orden antiguo y de edificación de una nueva realidad. Este nuevo mundo fue erigido sobre un modo de vida social y político cuyo eje rector fuesen los derechos y las libertades del hombre y del ciudadano.

Dos aspectos son los que constituyen en esencia la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano: en primera medida, un carácter racional-moderno, es decir, una construcción intelectual en una época en la que toda verdad aspiraba a ser universal, eterna e inmutable; por otro lado, esta Declaración era una apuesta política-burguesa, cuyos pilares fundamentales eran el derecho a la propiedad privada, la abolición de los privilegios de la nobleza y la proclamación del derecho a la igualdad ( Gicquel y Gicquel, 2017). Bajo esta perspectiva, se proclamaron derechos considerados como innatos al hombre y, por tanto, se comprendían como anteriores y superiores al Estado mismo.

De esta manera, el triunfo de los ideales del movimiento revolucionario francés y la posterior Declaración de los Derechos del hombre y del Ciudadano fueron dos acontecimientos históricos que inspiraron procesos revolucionarios como los siguientes: España en 1812, el Reino Sueco (1809), el Reino de Noruega (1814) y el Reino de la Nueva Granada en 1810. Es pertinente recordar que este último Reino comprendía las hoy repúblicas de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, independencia que encontró su culmen en una de las últimas y decisivas batallas en Boyacá (Colombia) el 7 de agosto de 1819 ( Gicquel y Gicquel, 2017).

Aunque en aquella época ya el reino de Francia ejercía influencia más allá de su territorio como potencia moderna, a partir de los acontecimientos de la Revolución y la construcción paulatina de sus instituciones —tanto en el Consulado, el Imperio, las Monarquías Censitarias, como en la II, III, IV y V República—, dicha influencia se cristalizó. Bajo el Consulado y el Imperio, la codificación francesa se expandió progresivamente a nivel mundial, teniendo como máxima expresión de su influencia el Código Civil de Napoleón, para lo cual no sobra recordar que: “El modelo estatal francés se sostiene en las bases de la antigua república napoleónica” ( Sánchez Hernández, 2016b). Un claro ejemplo de ello son algunos de los ordenamientos jurídicos latinoamericanos, cuya ley civil fue constituida tomando como fundamento el Código Civil chileno compilado por Don Andrés Bello, el cual, a su vez, fue inspirado en el Código de Napoleón ( Dutheillet de Lamothe y Latournerie, 2001). Posteriormente, en los intermitentes periodos republicanos, fueron creados sistemas de gobierno como el semipresidencial, también conocido como “parlamentarismo racionalizado”, institución política de influencia francesa hoy expandida, principalmente, en países de Europa oriental como Croacia, Eslovaquia, Polonia, Hungría y Rusia ( Albert, 2010).

Por otra parte, y desde una perspectiva temporal más reciente, las tres olas de la denominada “descentralización administrativa” (1980 ² , 2003 ³ y 2010-2017 ⁴ ) y, en particular, la regionalización francesa han influenciado la descentralización en distintos lugares del mundo como en Colombia. En efecto, en la Constitución

Política de 1991, nuestro país adoptó un modelo de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, en donde instituciones jurídicas históricamente consideradas muy “nuestras” como el municipio no son más que una copia de la llamada “comuna” francesa, a través de las cuales se materializan principios, también de origen galo, como lo es el principio de proximidad, es decir: el Estado cada vez más cerca de los ciudadanos. Desde la promulgación de aquella Carta Política, ha empezado en Colombia un proceso de regionalización, similar al que tiene lugar en Francia; no obstante, dicho proceso no ha logrado consolidarse, por un lado, debido a problemas principalmente de contenido jurídico y político y, por otro, a circunstancias derivadas de una aparente “recentralización” en el ejercicio de funciones estatales por parte de los órganos principales de la administración ( Giraldo Saavedra, 2012).

A pesar de lo anterior, ha sido el modelo de justicia administrativa el que ha ejercido con mayor fuerza su influencia en los ordenamientos jurídicos a nivel mundial. Dicho fenómeno ha tenido lugar, principalmente, a partir de dos instituciones jurídicas de origen francés: el “dualismo jurisdiccional”, creado en oposición al sistema anglosajón del Common Law, y el Consejo de Estado y su jurisprudencia ( Manjarrés Campo, 2019)

Resulta pertinente recordar la influencia del derecho francés en el África francófona, específicamente en las antiguas colonias, tales como Costa de Marfil, Senegal, Argelia y el antiguo protectorado de Marruecos. En dichos países, la recepción de las teorías e instituciones francesas es inconmensurable y, hoy en día, se mantienen como un bastión importante en la manera como se concibe y se organiza el Estado ( Du Bois de Gaudusson, 2009). Al respecto, el profesor Jean du Bois de Gaudusson señala lo siguiente:

El derecho francés ejerce su influencia en países que comparten el mismo patrimonio jurídico. Sea cual fuere la historia y las modalidades de las transferencias jurídicas, se constituyeron en el mundo conjuntos jurídicos, escuelas de derecho que reunieron países con experiencias diferentes. ( Du Bois de Gaudusson, 2009, p. 148)

De acuerdo con la realidad actual, la influencia del derecho administrativo francés se mantiene en permanente expansión. Como ejemplo de ello podemos tomar el caso de China, país que, a pesar de sus profundas diferencias con Francia desde una perspectiva cultural, introdujo instituciones jurídicas propias del orden francés a su ordenamiento. Con lo anterior, hacemos alusión a la posibilidad con la que cuentan los ciudadanos en China desde 1982, referido a entablar demandas contra el Gobierno, procedimiento introducido en el ordenamiento jurídico chino mediante la Ley de Procedimientos Civiles promulgada en aquel año ( Jihong, 2016). Este proceso logró su consolidación entre los años de 1989 y 2000, a través de las leyes de Procedimientos Administrativos y Legislativos, las cuales fortalecieron el principio de administración conforme al derecho y el papel del Consejo de Estado como organismo encargado de regular las competencias administrativas y la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos.

Finalmente, sea suficiente recordar cómo los arquetipos e instituciones francesas se han fincado en diferentes y lejanas latitudes, como es el caso del Consejo de Estado francés, el cual fue replicado en su momento —pues luego desapareció— en países como Bolivia, Brasil imperial de 1823, Chile, Ecuador y Uruguay; hoy, países como Argelia, Bélgica, Burkina Faso, Egipto, Gabón, Grecia, Italia, Líbano, Luxemburgo, Países Bajos, República Centro-Africana, Senegal, Túnez y Turquía disponen de un Consejo de Estado de origen francés, es decir, con sus dos funciones típicas e históricas ejercidas de manera concomitante: la función consultiva y la contenciosoadministrativa, lo cual denota una vez más la existencia real del fenómeno llamado “mimetismo jurídico e institucional”; al respecto debe anotarse que hoy existen igualmente en algunos países Consejos de Estado que nada tienen que ver con el actual Consejo de Estado francés, pues países como China, Cuba y Venezuela sí cuentan con instituciones llamadas Consejo de Estado, pero que en realidad se encuentran en el seno del poder ejecutivo y, en ese sentido, no ejercen funciones jurisdiccionales de ningún tipo, solo funciones eminentemente consultivas, la mayoría de las veces emitiendo conceptos que no son de obligatorio cumplimiento.

El profesor francés Jacques Caillosse afirma lo siguiente:

La Universidad [francesa] siempre ha ensalzado las virtudes del derecho administrativo. A sus profesores se les enseñaba a ver en la obra pacientemente construida por los jueces del Palacio Real una parte fundamental de nuestro patrimonio cultural. No sin motivos reales, el Consejo de Estado y su jurisprudencia eran, si se puede decir así, unos productos de exportación muy rentables, asegurando al modelo francés de la administración pública reproducido aquí y allá, una gran fortuna. ( Caillosse, 1989, p. 4)

En ese sentido, tras los sucesos de 1810, en los que tuvo lugar la separación de lo que hoy es la República de Colombia del Reino de España, la normatividad e institucionalidad administrativa francesa fue convirtiéndose progresivamente en un modelo a seguir para los próceres de la patria. Existen algunos autores —como el profesor Miguel Malagón ( 2012, 2013) ⁵— que aseguran que el Consejo de Estado colombiano es el resultado de la modernización de las antiguas instituciones de la administración española en el Virreinato de la Nueva Granada, con influencia de instituciones del derecho indiano, acorde al consenso doctrinal que señala que el Consejo de Estado colombiano instaurado el 30 de octubre de 1817 fue producto de la profunda admiración de Simón Bolívar por la cultura francesa y, en particular, por Napoleón ( Braibant, 1999). En este sentido, es legítimo afirmar que el Consejo de Estado colombiano encuentra su antecedente histórico y modelo inspirador en el Consejo de Estado francés ( Rodríguez Gutiérrez, 2010), el cual fue creado por Napoleón Bonaparte en 1799 ⁶ , asistido por quien era considerado el intelectual detrás del trono: Sieyès. De esta manera, la idea de Napoleón de crear un órgano semiadministrativo y semijudicial le imprimió de golpe y, en consecuencia, al Consejo de Estado colombiano una de sus características más relevantes: se hace referencia al hecho de que tal institución es, por una parte, el máximo tribunal de lo contencioso-administrativo y, por otra, el supremo órgano consultivo del Gobierno. Lo anterior permite establecer con mayor claridad la semejanza existente entra la institución colombiana y la francesa. ⁷

También es posible comprender la influencia francesa en la normatividad colombiana a partir de la creación de la jurisdicción contencioso-administrativa. Dicho fenómeno tiene lugar con la expedición de la Ley 130 de 1913, ⁸ cuyo artículo primero señala que aquella jurisdicción tiene por objeto “la revisión de los actos de las corporaciones o empleados administrativos en el ejercicio de sus funciones, o con pretexto de ejercerlas, a petición del Ministerio Público, de los ciudadanos en general, o de las personas que se crean vulneradas en sus derechos” ( Ley 130 de 1913, art. 1, Colom). En este aspecto de designación de un juez especial para tales asuntos, es posible ver la influencia del derecho francés en Colombia, si atendemos a la centralidad que en el país europeo se les ha brindado a las funciones exclusivas otorgadas a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo con respecto a los asuntos de su competencia. En efecto, tanto en Francia como en Colombia, la jurisdicción contenciosa es el principal órgano de control administrativo; no obstante, es menester señalar que, a diferencia del caso francés, en Colombia dicha jurisdicción “no se constituyó como el único ente de encauzamiento pues, dentro del Poder Judicial, también la Corte Suprema de Justicia siguió siendo juez de la administración, como había venido siéndolo desde el siglo XIX” ( Malagón y Gaitán, 2007, p. 173 ). Sin embargo, esto da cuenta de que los fenómenos de mimetismo no tienen lugar de una forma homogénea y monolítica, sino que van adoptando distintos matices que permiten atender a las complejidades y especificidades de cada proceso histórico local, como es el caso colombiano.

Por último, es posible establecer otras similitudes entre el Consejo de Estado colombiano y el francés. Podemos tomar un primer ejemplo a partir de una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado colombiano. Dicha Sala, además de estar encargada de elaborar los proyectos de ley y decretos, y de emitir conceptos a petición del Gobierno nacional, cumple con la obligación de presentar un reporte público de labores y estudios sobre temas de interés para la administración pública, función similar a la de su homólogo francés ⁹ . De igual forma, se encuentra otra similitud en el hecho de que ambos Consejos de Estado son órganos de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa en sus respectivos países. En Francia, el ejercicio de dicha función se estableció con la promulgación de la Ley del 31 de diciembre de 1987 y, en Colombia, bajo influencia de la ley francesa, por medio de la Ley 446 de 1998 y, más recientemente, la Ley 1437 de 2011 ( Rodríguez Gutiérrez, 2010).

La creación de un Consejo de Estado en Colombia, producto de la imitación del modelo de Consejo de Estado francés, provocó el nacimiento de una jurisdicción especializada encargada de juzgar a la administración. Al respecto, el profesor Gustavo Arnulfo Quintero Navas afirma que el dualismo jurisdiccional es un legado de la historia de Francia y una secuela de las ideas según las cuales “juzgar a la Administración es aún administrar […] la Administración que se juzga" ( Quintero Navas, 2009, p. 238). De igual forma, Luis Alberto Luna Benítez ha afirmado que “bajo la influencia del sistema francés, se creó un Tribunal Administrativo en Colombia. La dualidad de la jurisdicción, a diferencia de lo que ocurrió en Francia, no es aquí un producto natural del desarrollo histórico” ( Luna Benítez, 1981, p. 32). Por otra parte, el profesor Libardo Rodríguez ha sostenido que “[e]xiste una diferencia esencial en la base histórica [francesa y colombiana], ya que la Jurisdicción Administrativa colombiana no tenía un origen en la desconfianza hacia los jueces ordinarios, sino en la idea de imitar el ejemplo francés” ( Rodríguez, 2002, p. 28).

Este proceso de mimetismo jurídico e institucional, poco estudiado en Colombia ¹⁰ , también se ha visto reflejado en la jurisprudencia del Consejo de Estado ( Duque Ayala y Martínez Cruz, 2016). Desde sus inicios, la jurisprudencia francesa tuvo una fuerte influencia en el proceder del Consejo de Estado colombiano y la forma en como fue llevando a cabo sus fallos. Sentencias icónicas, como el fallo Blanco ( T.C., Sentencia Blanco-1873, Fr.), el fallo Bac d´Eloka ( T.C., Sentencia Bac d´Eloka-1921, Fr.), el fallo del Príncipe Napoleón ( C.E, Sentencia Príncipe Napoleón-1875, Fr.), el fallo Cames ( C.E., Sentencia Cames-1895, Fr.), el fallo Couitéas ( C.E., Sentencia Couitéas-1923, Fr.), sirvieron como insumo a muchos de los fallos de la jurisprudencia administrativa colombiana en sus inicios.

Prueba de lo anotado en las modestas líneas que preceden, y en aras de analizar puntualmente el ya citado célebre fallo Blanco y su influencia en la jurisprudencia nacional, es menester traer a colación que dicho fallo francés fue reproducido por el Consejo de Estado Colombiano, entre otros, en el fallo Vitalia Duarte ( C.E., Sentencia de 23 de mayo de 1973, Colom.), sentencia en la cual el máximo tribunal de lo contencioso-administrativo colombiano replica, por lo menos, 20 puntos o figuras jurídicas de su homólogo francés, es decir, se encuentran en ambas decisiones al menos 20 puntos de identidad o de coincidencia jurídica, en torno a, por ejemplo, figuras tales como los fines del Estado, las acciones indemnizatorias, la responsabilidad extracontractual del Estado, el nexo de causalidad, las actuaciones administrativas o mecanismos de actuación de las entidades públicas, el daño, el servicio público, el rol de las autoridades públicas, la falla en el servicio, el derecho resarcitorio, la indemnización de perjuicios, la distribución de las cargas públicas, el principio de igualdad frente a tales cargas públicas, etc. Esto se traduce en un claro ejemplo de mimetismo jurídico e institucional aplicado con incidencia directa en la jurisprudencia de nuestro Consejo de Estado, el cual también, tal y como ya se dijo, es de inspiración puramente francesa ( Palomares, 2016).

No obstante, con el paso del tiempo, la madurez de la jurisdicción contenciosoadministrativa permitió que el Consejo de Estado colombiano fuera separándose paulatinamente de la jurisprudencia francesa y, de esta forma, fuera construyendo sus propias formas de entender el derecho y las relaciones entre el Estado y los particulares. Desde esta perspectiva, es necesario seguir impulsando un intercambio de saberes que permita el diálogo mutuo entre teóricos y doctrinantes con una tradición en común, como es el caso de la relación que hemos venido desarrollando entre el sistema jurídico francés y el colombiano ( Ibler, 2016).