Reflexiones contractuales sobre el Plan de Alimentación Escolar (PAE) en Colombia: un análisis de los casos de La Guajira, Cesar y Santander¹

Contractual reflections on the School Feeding Plan (PAE) in Colombia: an analysis of the cases of La Guajira, Cesar and Santander

Reflexões contratuais sobre o Plano de Alimentação Escolar (PAE) na Colômbia: uma análise dos casos de La Guajira, Cesar e Santander

Nayibe Paola Jiménez Rodríguez² npjimenez@poligran.edu.co

Politécnico Grancolombiano, Colombia

Román Francisco Téllez Navarro³ roman.tellez@unimilitar.edu.co

Universidad Militar Nueva Granada, Colombia

Stivenson Villalba⁴

En el transcurso de esta investigación, es imperativo resaltar la información recopilada se centra en señalar los procesos de contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que han potencialmente vulnerado los derechos fundamentales de los niños, con especial énfasis en los departamentos de La Guajira, Cesar y Santander. Una vez inmersos en el tema, exploraremos la situación actual del PAE en Colombia. Destacamos que este programa constituye una herramienta fundamental para asegurar el derecho a la alimentación de los niños, niñas y adolescentes matriculados en el sistema educativo oficial del país (Melo Mejía y Cerdas Rodríguez, 2020). El PAE no solo busca mejorar la calidad de vida de los estudiantes, contribuyendo a su permanencia en el sistema educativo, sino que también tiene un impacto social significativo al brindar apoyo a familias vulnerables, disminuyendo la deserción escolar y mejorando la calidad educativa de sus hijos menores de edad (Gairín y Olmos, 2022).

A pesar de su importancia, identificamos varios problemas que afectan la implementación correcta del PAE, especialmente en La Guajira, Cesar y Santander. Gracias a la recolección de información, se han detectado procesos de contratación del PAE en estos departamentos que han vulnerado los derechos fundamentales de los niños y han afectado la calidad de la alimentación proporcionada. Considerando esta situación, profundizamos en los procesos precontractuales del PAE y analizamos las cifras de corrupción y las acciones inconsultas de los contratistas que han impactado negativamente en la calidad de la alimentación de los beneficiarios del programa. Garantizar la transparencia y eficiencia en los procesos de contratación se convierte en vital para asegurar los derechos fundamentales de los niños (Moreno Páez y Moreno Rodríguez, 2020). Para alcanzar este propósito, se analiza la normativa vigente que garantiza los derechos fundamentales de los niños, proponiendo medidas preventivas contra la corrupción y mejoras en la calidad del servicio. Esto contribuirá a una mejor nutrición y fortalecimiento de las estructuras alimenticias de los niños que viven en estos departamentos.

Esta investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo que permite la contextualización y caracterización del fenómeno y objeto de estudio seleccionado (Flores y Anselmo, 2019). Se centra en la contratación desarrollada por el Estado para la ejecución de planes de alimentación escolar, con el propósito de confrontarla con la efectiva protección de los derechos fundamentales de los niños y determinar el nivel de cumplimiento de los fines del estado, especialmente la protección del interés superior de los niños. Como método de investigación, se ha seleccionado el método descriptivo (Alban, Arguello, y Molina, 2020), permitiendo caracterizar con profundidad el objeto de estudio y las variables que pueden presentarse, abordando posibles irregularidades en el proceso de contratación del PAE y aquellas derivadas de la ineficaz ejecución de los contratos. Asimismo, se propone como técnica de investigación el análisis documental y bibliográfico, posibilitando estudios en informes nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, así como en normativa nacional e internacional (Dulzaides Iglesias y Molina Gómez, 2004).

Finalmente, en el análisis de datos, se aplica la triangulación de datos y la hermenéutica. La triangulación de datos se utiliza para confrontar información obtenida de la revisión documental, y la hermenéutica como técnica para interpretar textos que influyen en el desarrollo del marco teórico y la interpretación de los hallazgos obtenidos.

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) representa una iniciativa centralizada en garantizar la nutrición adecuada de los niños, desempeñando un papel crucial al brindar apoyo significativo a las familias para reducir la desescolarización y respaldar a los padres en la mejora de la calidad educativa de sus hijos menores (NNA). Estas acciones, respaldadas por la premisa constitucional que considera la alimentación equilibrada y la educación como derechos fundamentales de los niños (Barrera Pinzón y Quintero Ramírez, 2017), se ubican como prioritarias y orientadas a la protección de la niñez en Colombia (Constitución Política de Colombia, 1991).

A pesar de la importancia y las garantías proporcionadas por el PAE a poblaciones vulnerables, como los niños en regiones apartadas o de bajos recursos, estos planteamientos estratégicos no están exentos de los desafíos sistémicos de corrupción inherentes a las acciones estatales. La corrupción, que a veces encuentra su origen en la propia génesis del programa, se manifiesta desde la planificación hasta la contratación pública, exacerbada por la falta de diligencia de algunos entes territoriales para adquirir o gestionar los recursos del programa. Este fenómeno se conecta con las dificultades a nivel nacional para asignar recursos a los departamentos y municipios más desfavorecidos (Rodríguez Gómez, 2017).

Durante la presente investigación, se buscó obtener insumos académicos sustanciales para comprender los procesos de contratación del PAE que han resultado en la vulneración de los derechos fundamentales de los niños, con un enfoque diferenciado en los departamentos de La Guajira, Cesar y Santander (Cortés Cano y Hoyos Castaño, 2024). Se identificaron sistemáticas violaciones a las garantías de alimentación equilibrada y educación de los niños en estos contextos particulares.

Iniciando con el departamento de La Guajira, se evidencia una situación crítica. La Corte Constitucional, en 2017, mediante la sentencia T-302, declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucionales respecto al goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación de los niños y niñas del pueblo Wayuu. En el año 2016, el Instituto Nacional de Salud reportó 70 muertes de niños por desnutrición en este departamento, donde las muertes coincidían con la falta de una alimentación adecuada y problemas de desnutrición asociados a la condición de pobreza en la que vivían las víctimas (Sentencia T-302/17, 2017)(Amaris Jerez, 2022).

Partiendo de lo expuesto, el análisis llevado a cabo por la máxima jurisdicción constitucional en Colombia revela la influencia de varios factores, destacando la deficiencia en la entrega de alimentos por parte de las entidades territoriales responsables del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Se evidencia, además, la fragilidad de las organizaciones y las fallas estructurales que generan problemas de contratación, obstaculizando así la efectividad del PAE. Estos problemas se traducen en la intermitencia del programa, su operación limitada en términos de eficiencia, como se evidenció en el año 2016, y situaciones en las que la planificación del programa no contemplaba adecuadamente las fuentes de financiamiento correspondientes (Amaris Jerez, 2022) .

Transcurridos cuatro años desde la declaración del estado de cosas inconstitucionales en el departamento de La Guajira, la Corte Constitucional, tras diligencias judiciales y la verificación de documentación e información, ha determinado de manera inequívoca que persiste la vulneración de derechos fundamentales a la alimentación. En consecuencia, se han adoptado medidas cautelares para lograr y garantizar el goce efectivo de los derechos al agua potable, salud y alimentación, en favor de la niñez Wayuu (Auto 696/22, 2022).

Ante la persistencia de la problemática social en el departamento de La Guajira, el Gobierno Nacional (Decreto 1085, 2023) ha declarado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en esa región. Entre las razones esgrimidas por el Ejecutivo para esta medida se encuentra la necesidad de abordar el estado de cosas inconstitucionales declarado por la Corte Constitucional (Moreno Usaquin y Rozo Beltrán, 2018), (Sentencia T-302/17, 2017), y otras como la ampliación de la prestación del servicio del PAE, asegurando incluso su continuidad durante el receso escolar. Estas garantías buscan contribuir esencialmente al bienestar, la permanencia y la seguridad alimentaria de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en el sistema educativo oficial de la región (Tique y Barón, 2020; Mosquera y González, 2020).

Con el propósito de asegurar el desarrollo y eficiencia de los procesos de contratación, se buscó permitir que las entidades estatales, tanto a nivel nacional como territorial, pudieran recurrir a la modalidad de contratación directa, conforme al artículo 2 (Ley 1150, 2007), numeral cuarto.

Este enfoque sigue los principios de la contratación estatal, teniendo en cuenta el interés público vinculado con dicha contratación, según lo establecido en la Constitución Política de 1991, artículos 2, 298 y 335(Constitución Política de Colombia, 1991).

En cuanto a los recursos económicos necesarios para implementar estas medidas, se propone destinar el capital asignado al Sistema General de Regalías. Todo lo relacionado con proyectos de inversión debería focalizarse en fortalecer la solvencia de las necesidades en áreas críticas como agua potable, acueductos, salud, alimentación y programas intersectoriales (Fernández, 1999). Esto busca abordar de manera urgente la emergencia declarada, siguiendo las disposiciones de la Constitución Política de Colombia, artículo 361 (Constitución Política de Colombia, 1991), “por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías” (Ley 2056, 2020).

Desde la perspectiva de la focalización territorial, se evidencia que la corrupción asociada al programa PAE no se limita al departamento de La Guajira. Debido a problemas de corrupción, se han generado 154 procesos de responsabilidad fiscal, acumulando pérdidas de 84 000 millones de pesos. Dichos desvíos de dinero han involucrado a 5 gobernadores, 7 exgobernadores, 8 alcaldes y 45 exalcaldes de la región. Entre los gobernadores implicados se encuentra Luis Alberto Monsalve en el Cesar, quien enfrenta cargos por el desvío de 630 millones destinados a la alimentación escolar. En La Guajira, José María Ballesteros Valdivieso tiene dos procesos en su contra por más de 16 339 millones. En Santander, Richard Alfonso Aguilar enfrenta un proceso por 3923 millones (El Tiempo, 2018). A pesar de los esfuerzos del orden nacional en destinación de recursos y medidas administrativas para abordar las precarias condiciones de la población, los intereses políticos y personales han prevalecido, afectando directamente a las poblaciones en condiciones especiales de protección.

Datos oficiales emitidos por la Contraloría General de la República y citados por el periódico El Heraldo (2022) revelan que, días después del regreso a clases suspendido por la pandemia de la COVID-19 en 2021, la cobertura del programa PAE en Valledupar, departamento del Cesar, solo alcanzó a 32 266 de los 81 812 estudiantes matriculados. Únicamente se alimentaron 20 432 en el área urbana y 11 834 en la ruralidad. En La Guajira, se entregaron raciones de comida en mal estado o con indicios de descomposición, con solo el 50 % de los beneficiarios del PAE teniendo cobertura, dejando la otra mitad de los niños sin acceso a este programa. Esto subraya la persistencia de la vulneración de sus derechos y garantías de alimentación óptima durante su etapa escolar (Giraldo Valencia, 2022).

En una publicación más reciente, datada el 26 de junio de 2023, a través del comunicado de prensa No. 098, la Contraloría General de la República informa sobre la situación de 122 000 estudiantes en La Guajira, quienes durante todo el periodo escolar están en riesgo de no recibir alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Esto se debe al incumplimiento de dos contratistas del PAE, derivado de la mala planificación en La Guajira, donde solo se garantiza la prestación del programa hasta julio de ese año. Es particularmente preocupante que un 44 % de los beneficiarios pertenecientes a comunidades indígenas en este departamento no hayan recibido los auxilios alimentarios hasta la fecha.

El comunicado oficial subraya que el incumplimiento de los principios de planificación por parte de dos Entidades Territoriales Certificadas (ETC), La Guajira y Riohacha, pone en peligro la alimentación de 122 653 estudiantes a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE). En el caso de La Guajira, solo se ha asegurado la provisión del PAE hasta julio, pero se requieren alrededor de 14 000 millones adicionales para cubrir el año escolar completo. Actualmente, solo se cuenta con $ 2300 millones provenientes de saldos no utilizados de ejercicios fiscales anteriores. Además, se ha identificado que 4349 beneficiarios pertenecientes a comunidades indígenas no han recibido el programa durante el año en curso, entre otros problemas destacados (Semana, 2023).

El panorama persiste en La Guajira y se extiende a sectores rurales de Cesar y Santander. Según un informe de 2016, La Guajira se encuentra entre los departamentos con una cobertura del PAE por debajo del 50 %, situación compartida con la ciudad de Bucaramanga, Santander. En ese mismo período, Santander tenía una cobertura promedio del 74 %, mientras que en dos municipios del departamento de Cesar, la cobertura estaba por debajo del 20 % (Velásquez et ál., 2016), (Gamboa y Ardila, 2017).

Debido a los problemas de contratación, el Ministerio de Hacienda se ha visto obligado a dictar medidas preventivas, como la asunción de competencias del PAE en Manaure por parte de la Gobernación del departamento de La Guajira. Este hecho es alarmante, considerando que el PAE es un programa esencial para garantizar el derecho fundamental de los niños a la educación, siendo un factor determinante para que en La Guajira 31 estudiantes y en Cesar 2 estudiantes, por cada cien estudiantes, no abandonen sus estudios gracias a este programa. Otro aspecto a tener en cuenta al hablar de la contratación del PAE es la baja ejecución de los departamentos de Santander y Cesar durante los años 2014 a 2016, ya que dependen en gran medida de los recursos del Sistema General de Participaciones para el PAE. Muchos de estos recursos no llegan a su destino o se ven reducidos por la administración central en ocasiones (Velásquez et ál., 2016), (Gamboa y Ardila, 2017, pp. 46-62).

En este contexto, se infiere que el departamento más afectado en los últimos años en términos de operacionalización (proyección, contratación y ejecución) ha sido La Guajira, seguido por Cesar y Santander. Las entidades a nivel nacional y local no han proporcionado el despliegue adecuado para el desarrollo del PAE. Además, no se puede pasar por alto que las condiciones estructurales de la infraestructura vial complican aún más la llegada del PAE a las poblaciones en zonas rurales, donde el impacto debería ser mayor para los niños de culturas nativas que reciben su educación de forma oral en rancherías y caseríos, preservando así su transferencia cultural (Atehortua González, 2016).

La Costa Caribe presenta condiciones climáticas y culturales particulares que, de manera preponderante, se suman a las limitantes no contempladas en los procesos de contratación para la ejecución efectiva del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Estas circunstancias resultan en una falta de planeación contractual, donde los recursos se planifican de manera inadecuada para adaptarse a las realidades geográficas de los territorios impactados por el programa gubernamental (Cortés Cano y Hoyos Castaño, 2024).

En adición a todos los inconvenientes mencionados, se enfrentan a las dificultades propias de la contratación en la región, donde la destinación de recursos y su ejecución no es óptima. Hasta enero de 2022, se registraron más de 35 fallos de segunda instancia por responsabilidad fiscal, (a través de la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal), a entidades territoriales y operadores del PAE, de los cuales en La Guajira correspondieron fallos por $ 1 192 033 820 (Contraloría General de la República, 2022), denotando fallas significativas.

La Contraloría General, en sus actividades de control, determina que los problemas en el PAE son generalizados y abarcan aspectos como: el indebido manejo de cuentas del programa, la suspensión o cancelación del servicio de alimentación, el pago de mayores valores versus entregas realizadas, la entrega de alimentos en condiciones no establecidas, la entrega de alimentos sin los debidos soportes o planillas, duplicidad en las entregas, suministros incompletos o sin seguir las minutas y sin las condiciones de higiene o refrigeración, la falta de planeación y fallas contractuales, valores no ejecutados, pagos por alumnos no matriculados, entre otras irregularidades y en general el no seguir los lineamientos del Ministerio de Educación y la UApA (Ramírez Ochoa et ál., 2022).

Ruiz-Acosta y Guerrero (2022) identifican que uno de los elementos más significativos generadores de problemas en la ejecución del presupuesto asignado al PAE son las diferencias en los valores registrados en los recursos destinados por la nación, especialmente en lo que respecta a la bolsa común. Estas diferencias muestran una tendencia negativa en lo que corresponde al Ministerio de Educación Nacional y una tendencia positiva para el Sistema de Gestión Pública. Además, destaca el bajo nivel de reporte por parte de las Entidades Territoriales (ET).

El informe estadístico de Ruiz-Acosta y Guerrero (2022) revela que la comparación del costo-valor unitario entre los menores beneficiarios y lo reportado por las ET presenta diferencias significativas, superando los 2 millones de pesos en los costos unitarios de las porciones de comida. Por ejemplo, La Guajira y Cali en el cuarto trimestre de 2018 muestran un valor contratado mayor al reportado en la bolsa común de la entidad, sin justificación clara sobre el origen del exceso de dinero utilizado en la contratación. Para La Guajira, la diferencia correspondiente a un exceso de COP 23 334 millones representa el 61.47 % del valor contratado de COP 37 957 millones. Además, el 25 % de las ET no reportan valores correspondientes a los recursos de la bolsa común en algún o en todos los periodos, destacando casos como Barrancabermeja y Bucaramanga que no reportaron en ninguno de los cuatro periodos (Ruiz-Acosta y Guerrero, 2022).

Adicionalmente a lo expuesto, otro inconveniente del Programa de Alimentación Escolar (PAE) radica en la forma de contratación. Como una respuesta a los desafíos de contratación del programa alimentación escolar y reconociendo su importancia para asegurar la adecuada nutrición de los niños, el actual gobierno nacional, enmarcado en su Plan Nacional de Desarrollo, busca reestructurar dicho programa. Después de la aprobación del PND por el Congreso de la República, según el periodista especializado en educación (Lemos y Rubiano, 2023), el Ejecutivo expidió el Decreto 0846, 2023. Esta norma introduce un componente especial al PAE: ahora, el programa será operado por asociaciones de padres de familia y juntas de acción comunal (JAC). En teoría, al ser las propias comunidades las operadoras, se espera que tengan un interés primordial en garantizar la inocuidad (Decreto 0846, 2023).

Al abordar la temática de corrupción en los procesos de contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), se evidencia una afectación significativa de los derechos fundamentales de los niños, siendo La Guajira el epicentro de mayores repercusiones, especialmente para las comunidades indígenas que gozan de especial protección según nuestra Constitución (Procuraduría General de la Nación, 2023).

En esta fase de la investigación, nos sumergiremos en la exploración de los derechos fundamentales de los niños consagrados en la Constitución Política de Colombia (vida, salud y educación) y las garantías fundamentales ofrecidas por nuestra legislación para resguardarlos de posibles vulneraciones, situación que se ha revelado de manera sistemática, como se detalló en el capítulo precedente.

Para iniciar, examinaremos de manera somera la conceptualización ideal del término garantía fundamental. Entendemos que estas deberían representar la fase previa que permite la ejecución y ejercicio de un derecho, sin que necesariamente sea discrecional que algunas garantías formen parte de la positivización de derechos fundamentales como la vida, la salud y la educación. Estos, dada su trascendencia, podrían considerarse como una garantía mayor de las muchas que las personas tienen para ejercer sus actividades cotidianas y hacer efectivo el goce de sus derechos (Maldonado, 2017).

Siguiendo el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, se reconoce que no solo algunos de los derechos fundamentales pueden considerarse como garantías (Real Academia Española, 2020), sino también ciertos derechos no fundamentales, como el derecho a la propiedad. A pesar de no ser fundamental, este derecho goza de protección a través de garantías frente a actos arbitrarios de otras personas o de la propia administración.

Según Santiago Sastre Ariza (2000) y Núñez Leiva (2009), en sentido estricto, el término garantía se refiere al bien o valor objeto de protección, mientras que en sentido amplio, se considera una garantía desde su positivización, debido a la existencia de instrumentos o acciones otorgadas para tutelar dichos bienes o valores. De acuerdo con esto, un derecho que carece de garantías no es un derecho genuino, ya que los derechos desprovistos de garantías son inexistentes o devaluados.

En el ámbito constitucional, exploraremos los derechos fundamentales destinados a la protección de los niños, considerando tanto los explícitos como aquellos implícitos inherentes a la persona humana en el artículo (Constitución Política de Colombia, 1991). Aunque no todos estos derechos se mencionan textualmente como fundamentales, están orientados a la salvaguardia de los derechos de los niños.

Es importante destacar que ha habido pronunciamientos reiterativos, tanto a nivel nacional como en concordancia con disposiciones internacionales adoptadas por Colombia, enfocados en la protección esencial y vital de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de especial amparo. Esto se ha traducido en una perspectiva transversal, vinculando las disposiciones de protección de la vida, la salud y la educación. Estos dos últimos derechos son consecuentes y dependientes entre sí, siendo fundamentales para el análisis contextual de las deficiencias del programa PAE en las regiones objeto de estudio.

En Colombia, se consagran y salvaguardan una serie de derechos fundamentales destinados a los niños, niñas y adolescentes. Estos derechos, respaldados por la Constitución Política, diversas leyes, así como tratados y convenciones internacionales de derechos humanos, se revelan como pilares cruciales para el bienestar y el desarrollo integral de la infancia (ver tabla 1).

Tabla 1.
Derechos fundamentales de los niños en Colombia

Fuente: elaboración propia con base en Constitución Política de Colombia (1991).

Ampliando el concepto de garantías fundamentales, se entienden como los mecanismos y acciones otorgados por el Estado para proteger y tutelar diversos bienes o valores, ya sean derechos fundamentales u otros intereses que merezcan resguardo. Esto implica que estas garantías no se limitan únicamente a la protección de derechos fundamentales, sino que se extienden a otros aspectos cruciales para el bienestar de la sociedad, como el derecho a la propiedad o a un medio ambiente sano. Este enfoque integral busca asegurar un entorno propicio para el desarrollo de los individuos, especialmente de los niños (De los Ríos, 2004).

La importancia de las garantías fundamentales radica en que constituyen un pilar esencial para la salvaguarda de los derechos de los niños. Aunque los derechos fundamentales son vitales, no deben considerarse de manera aislada; más bien, se respaldan en estas garantías. Estas últimas desempeñan diversas funciones en el contexto de los derechos de los niños (ver tabla 2).

Tabla 2.
Funciones cruciales en el marco de los derechos de los niños

Fuente: elaboración propia con base en Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2017).

Las garantías fundamentales y la efectividad de los derechos de los niños son intrínsecas. Estas son esenciales para asegurar que los derechos de los niños no sean meras declaraciones en papel, sino que sean efectivos en su vida cotidiana. Garantizan que los derechos se respeten, cumplan y proporcionan mecanismos para corregir violaciones cuando estas ocurran.

En sí, las garantías fundamentales juegan un papel crucial en la protección y promoción de los derechos de los niños en Colombia. No solo protegen derechos fundamentales, sino que también abarcan otros derechos y valores esenciales para la sociedad. Su comprensión y aplicación efectiva son esenciales para crear un entorno donde los niños puedan crecer y desarrollarse de manera saludable y segura. Como se evidencia, estas garantías, en primer lugar, son derechos que cuentan con mecanismos de protección, muchos de ellos preferentes. El Estado tiene limitaciones ante estos derechos, y los poderes legislativo, ejecutivo y judicial desempeñan funciones protectoras. Esto brinda a los niños una verdadera libertad para disfrutar de sus derechos, aunque no de manera perfecta ni ilimitada en comparación con otros, lo que les permite ejercer sus derechos de manera efectiva (Pauli, 2014).

El derecho a la vida, consagrado con primacía en la Constitución Política de 1991 en su artículo 11 (Constitución Política de Colombia, 1991) y enfocado en los niños, se convierte así en uno de los fundamentos primordiales para exigir una correcta distribución presupuestal. Esto está vinculado precisamente al principio de eficiencia en la distribución y aplicación de los procesos operativos de contratación. A pesar de las dificultades para llegar a poblaciones como La Guajira, donde la geografía complica la continuidad de los programas, se percibe como una garantía incompleta. Se entiende como una funcionalidad para perfeccionar el ejercicio de los derechos a la vida y la salud, pero su implementación puede verse afectada por desafíos logísticos y geográficos.

Otra falencia identificada y que, más allá de la distribución y promoción del programa de alimentación escolar, persiste de manera específica en los menores indígenas y en los niños con características particulares, es el desconocimiento e irrespeto de la idiosincrasia y costumbres alimenticias, como lo ha señalado la Corte Constitucional en varias de sus sentencias con relación a las poblaciones de especial protección cultural (Ríos, 2021).

También consideramos prioritario en el derecho a la vida valorar que los recursos y su ejecución estén siendo distribuidos a través del PAE a las poblaciones que lo necesitan, sin distingo alguno de su localización o lejanía con las urbes. Por ello, es importante que todos los derechos que rodean esa garantía de existencia basada en una buena alimentación con calidad y cobertura se vean afectados ostensiblemente por la ineficacia del Estado para ejercer el control sobre los contratistas. Exigir el cumplimiento en los procesos y dar seguimiento a las diferentes instancias de control es esencial para lograr una articulación diferencial que permita evaluar positivamente la existencia de este programa en los diferentes territorios alejados del país.

Aleatoriamente, pasando de una visión simplista de la importancia del derecho a la vida en los niños, niñas y adolescentes, nos transportamos hacia el derecho a un desarrollo óptimo y la protección del Estado a esta población. Como mencionamos anteriormente, es de protección especial y de mayor atención frente a sus necesidades nutricionales en el PAE, en el que se identifica la concepción profusa en algunas materias simples cuya génesis son los procesos precontractuales. Como hemos disertado con las cifras presentadas inicialmente a partir de acciones de corrupción, acciones inconsultas de contratistas en los cambios de los puntos esenciales de la alimentación para los menores, de los cambios en el ente de control a conveniencia de las mismas autoridades, con lo cual se pierde en esencia un seguimiento efectivo que acuña de manera directa la protección de ese desarrollo que merecen tener los niños, niñas y adolescentes en sus primeros años de vida. Dejamos entrever que se falla por parte del Estado en la protección del futuro del país.

Las cifras han revelado múltiples fallas en la apropiación de recursos y ejecución de los programas por parte de las entidades responsables, incumpliendo así un postulado principal de la contratación pública: la eficiencia y la eficacia (Ley 80, 1993; Matallana Camacho, 2015). Estas deficiencias se evidencian en la operacionalización de un programa tan significativo, concebido primordialmente con un nivel de cobertura en todo el país. Actualmente, esta situación se confirma al observar las cifras que han surgido en nuestro proceso de investigación cuantitativo, demostrando las fallas a pesar de los controles ejercidos por entidades de orden nacional y local.

No se han encontrado avances significativos en los cambios necesarios que deben implementarse en los programas que benefician a poblaciones vulnerables, no solo dentro de sus comunidades, sino también teniendo en cuenta su contexto cultural. Los procesos de contratación parecen no considerar las diferentes costumbres alimenticias, y mucho menos permiten la participación de las comunidades en la creación y planificación contractual. Se desconoce que la modernidad facilita las tecnológicas de la información, lo que permitiría construir contextos permanentes y modificar los programas de alimentación escolar con un enfoque más focalizado en el territorio.

Se destaca que los derechos fundamentales de los niños en los departamentos de La Guajira, Cesar y Santander se ven comprometidos debido a las fallas de eficiencia y eficacia en los procesos de contratación del PAE. La problemática es más evidente en La Guajira, donde los altos niveles de desnutrición infantil denotan la deficiencia en la operacionalización del programa. Esta situación impacta directamente en la insuficiente disminución de las muertes por desnutrición, afectando tanto a las poblaciones escolares como a las desescolarizadas que no acceden directamente al PAE en centros educativos. Aunque de manera menos significativa, estas deficiencias también afectan a los departamentos de Cesar y Santander, donde la corrupción en la contratación se convierte en un enfoque crítico.

Además, se evidencia que las entidades del orden nacional y local no han desplegado adecuadamente el desarrollo del PAE, lo que conlleva a la vulneración de los derechos fundamentales de los niños. Especialmente en comunidades con escasa o nula presencia estatal, así como en zonas rurales remotas o de difícil acceso debido a la falta de infraestructura vial, se limita la disponibilidad de ejecución de recursos económicos. Este escenario resulta en una alimentación desequilibrada y desbalanceada para los niños, afectando significativamente su derecho a la educación. Además, se observan bajos niveles de apropiación comunitaria de veeduría ciudadana al programa.

La contratación del PAE se convierte en un obstáculo para garantizar los derechos de los niños debido a la corrupción en los procesos precontractuales, evidenciada en acciones inconsultas de contratistas que modifican aspectos esenciales de la alimentación para los menores. Los cambios en el ente de control, realizados a conveniencia de las autoridades locales y nacionales, resultan en la pérdida de un seguimiento efectivo. Esta situación afecta directamente la protección especial y prioritaria que la Carta Magna preconiza para el desarrollo de los niños en sus primeros años de vida y en el ámbito escolar, sin importar la modalidad de su desarrollo.

Las cifras presentadas revelan fallas significativas en las partidas presupuestales, apropiación de recursos y ejecución por parte de las entidades obligadas desde la estructura orgánica alineada a la normatividad. Este incumplimiento atenta contra el postulado principal de la contratación, que es la eficiencia. Ante esta realidad, se proponen medidas para prevenir la corrupción y mejorar la calidad del servicio del PAE. Estas acciones no solo contribuirían a una mejor nutrición, sino que fortalecerían las estructuras alimenticias de los niños en estos departamentos.

En última instancia, se busca proteger el interés superior de los niños, un principio fundamental en la defensa de sus derechos. El cumplimiento principal del objetivo del PAE debe ser garantizar que los NNA tengan acceso a una alimentación adecuada y equilibrada, fundamental para su desarrollo físico y mental. En este sentido, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la alimentación adecuada a esta población de especial protección. Se requiere la adopción de medidas para prevenir la corrupción y mejorar la calidad de los servicios, especialmente en el despliegue del Programa PAE, un área donde el Estado ha descuidado su ejercicio estructural de control y sanción de las personas jurídicas y naturales intervinientes.