Actores y víctimas del conflicto armado colombiano: batallas por la memoria en estudiantes

Actors and victims of the Colombian armed conflict: battles for memory in students

Atores e vítimas do conflito armado colombiano: batalhas pela memória em estudantes

Diego H. Arias Gómez** dhariasg@udistital.edu.co.

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia

El largo conflicto armado colombiano ha sido sumamente complejo en su nacimiento, por la confluencia histórica de aspectos de orden social, económico y político, lo que ha llevado a la dificultad de establecer consensos entre la comunidad académica sobre sus causas reales ( AA.VV., 2015), también lo agrava el hecho de ser tan heterogéneo respecto a sus dinámicas, “sus actores, sus víctimas y sus repertorios violentos” ( CNMH, 2013, p. 111). Según el CNMH (2013) los actores armados han derrochado el uso de la violencia, además,

[…] la reconstrucción de la memoria histórica de los casos emblemáticos estudiados […] muestra que guerrillas, paramilitares y miembros de la Fuerza Pública recompusieron y ajustaron sus prácticas de violencia de acuerdo con los cambios en las lógicas de la guerra y en los objetivos que cada uno de estos grupos perseguía. Algunas prácticas fueron usadas más recurrentemente por unos que por otros y se volvieron distintivas de su accionar. ( pp. 34-35)

Así, los paramilitares han recurrido sobre todo a asesinatos selectivos, desapariciones, masacres, desplazamientos masivos y violencia sexual. Las guerrillas se han caracterizado por el uso de asesinatos, secuestros, amenazas, desplazamientos discriminados, violencia contra bienes civiles, reclutamiento ilícito y daños por la puesta masiva de minas antipersonales. Por su lado, los grupos legales amparados por el Estado han priorizado detenciones arbitrarias, asesinatos selectivos, desapariciones, torturas, bombardeos y abuso de la fuerza ( CNMH, 2013).

Las víctimas en Colombia no solo cuentan por efecto de su asesinato a manos de variados actores, también su padecimiento produce efectos incuantificables e intangibles, “estos daños han alterado profundamente los proyectos de vida de miles de personas y familias; han cercenado las posibilidades de futuro a una parte de la sociedad y han resquebrajado el desarrollo democrático ( CNMH, 2913, p. 259). Para el CNMH existe un conjunto de daños morales vinculados al desprecio de los valores de las comunidades afectadas, de dignidad y de sus proyectos colectivos. También existen unos daños socioculturales, pues se afectó la dinámica cultural de las poblaciones victimizadas, sus relaciones sociales, costumbres y creencias, lo que produjo aislamiento y desconfianza de los vecinos, además de la instalación a la fuerza de nuevos órdenes autoritarios. Además, también hubo daños políticos por cuenta del sometimiento, aniquilación y cooptación de organizaciones sociales, movimientos políticos o activistas, en este mismo sentido se cercena la pluralidad política y el pensamiento crítico. Todos estos perjuicios son difíciles de enumerar y ponderar, aunque hacen parte inevitablemente de las consecuencias del conflicto armado colombiano. Tampoco se ha medido suficientemente el impacto en términos de la incidencia en los imaginarios, de la sociedad colombiana no afectada por el conflicto, respecto al proyecto de país o al balance de la dinámica política del pasado y el presente que atañe al conflicto ( CNMH, 2012). El presente texto busca hacer una contribución al respecto.

Pese a que en Colombia existe un número importante de investigaciones sobre el campo del conflicto armado en relación con su tratamiento curricular y educativo ( Cyberia, 2009; Rodríguez, 2009; Pinilla y Lugo, 2011; Ortega y Herrera, 2012; Aponte, 2012; Pérez, 2014; González, 2015; Arias, 2016; Cuervo y San Martin, 2016; Montaño, 2015; Escobar, 2017; Alarcón, 2018; Arias, 2018; Mejía y Balvín, 2019; Ibagón, 2020), existen muy pocas investigaciones realizadas con estudiantes, centrados concretamente en la manera como estos asumen los discursos sobre los actores, los hechos más destacados y las víctimas de tantas décadas de confrontación ( Parra, 2010; González, 2013; Higuera, 2015; Bermeo, 2017; Ramos, 2017; Sánchez, 2017, González, 2018). De cualquier manera, este último conjunto de trabajos recalca el carácter incompleto y fragmentado que portan las ideas de los escolares, ya que la mayoría de estos estudios señala que los jóvenes confunden los actores, guardan huellas imprecisas de los hechos violentos y poco referencian procesos de larga duración en los cuales ubicar la dinámica de la guerra en Colombia. El presente estudio se distancia de esta crítica ya que intenta leer las memorias de los escolares sobre el prolongado conflicto colombiano como parte de las batallas por la memoria (Jelin, 2004), bajo el entendido que las representaciones que los sujetos construyen sobre su realidad, en buena medida, depende de su entorno social, máxime si se trata de un pasado condicionado por el peso de los apuros políticos sobre el presente, como sucede en Colombia.

El presente artículo condensa apartes de una investigación ocupada de analizar relatos de estudiantes bogotanos sobre el reciente conflicto armado colombiano desde la perspectiva de la memoria social ¹, aquí se exponen los resultados vinculados a las miradas sobre los actores más negativos, los hechos más memorados y las víctimas de este pasado cruento. Para ello se recurrió a 450 cuestionarios cerrados, producción específica de relatos y entrevistas virtuales a escolares de octavo y décimo grado de colegios públicos y privados de la capital. El artículo está organizado en tres grandes partes: algunos elementos teóricos e investigativos sobre la memoria y su relación con la educación, los principales resultados encontrados en el trabajo con los estudiantes y un cierre o discusión final.

En occidente, a partir del siglo XVIII, se dio una articulación compleja entre los procesos políticos de construcción de nación y las dinámicas culturales preocupadas por la configuración de una memoria común. En otras palabras, fue fundamental la creación o el rescate de aspectos destacados del pasado con miras al impulso de sentimientos comunes de filiación y pertenencia. Esta invención de la tradición ( Hobsbawm, 1983) echó mano de elementos sociales, culturales, militares y políticos claves para la generación de identidades nacionales, en las que la escuela, los medios de comunicación y la burocracia del Estado ayudaron a consolidar la nación, entendida como comunidades imaginadas ( Anderson, 1993).

Desde la segunda mitad del siglo XX, por diferentes circunstancias, estos ideales románticos de lealtad a la patria entran en choque con ciertas propuestas ilustradas ( Carretero y Kriger, 2004), pues a tono con los discursos de la globalización y el concomitante replanteamiento del rol de los Estados, sucede una orientación de la sociedad hacia nuevos horizontes, ahora sensibles hacia la ciudadanía, el cosmopolitismo, las competencias y el emprendimiento. En medio de este desplazamiento, el tema de la memoria histórica surge como un campo en conflicto en la medida en que las luchas por las versiones legítimas del pasado no se buscan exclusivamente en los lejanos eventos del siglo XIX, sino en décadas recientes, en pasados más cercanos, cuyo efecto aún lacera las imágenes de la nación que se quiere proyectar y cuyas víctimas o sus herederos exigen justicia y/o reconocimiento. Países que padecieron dictaduras, guerras prolongadas o violaciones sistemáticas a los derechos humanos con la anuencia del Estado y de élites políticas y económicas, enfrentan hoy el dilema de hacer visibles memorias o alternativas que difieren de las oficiales.

En estas memorias aflora un pasado reciente que se resiste a pasar ( Arias, 2018). Estas memorias en conflicto ( Jelin, 2017), activadas especialmente por la sociedad civil y por los movimientos sociales ( Herrera y Pertuz, 2016; Sánchez, 2019), son tramitadas en diferentes espacios sociales e instituciones oficiales con algunas dificultades que intentan ser reguladas por medio de las políticas públicas. Las sociedades contemporáneas, atravesadas por el interés de asumir este pasado doloroso, estas memorias polémicas, enfrentan la asunción de la memoria social como una cuestión de la que es imposible abstraerse y cuya carga política se busca neutralizar ( Rubio, 2016), banalizar o canalizar por variados medios.

La escuela, en tanto institución social, ha tenido que lidiar con estas representaciones conflictivas sobre el pasado, a veces con el respaldo de normas educativas y casi siempre con la voluntad y las apuestas de subjetividades docentes, en colectivo o a nivel personal, que deciden abordar estos temas pese a las dificultades y los riesgos. En Colombia, el campo de estudios que pone a dialogar la violencia política como insumo educativo es relativamente reciente ( Rodríguez, 2009), su núcleo de producción investigativo ha estado en pocos centros universitarios e institucionales y ha girado en torno a lo documental, lo político y lo didáctico ( Arias, 2018). Adicionalmente, ha contado con el agravante de la persistencia del conflicto, aspecto que no solo complica la reflexión pedagógica con la distancia necesaria sobre ese pasado ominoso, sino que pone en riesgo la vida de agentes educativos en zonas de guerra ( Gómez, 2020) ² , o se estigmatiza al cuerpo docente desde ciertos sectores por el tratamiento educativo dado a temas polémicos de la historia reciente ( El Tiempo, 2020) ³ . Por su parte, la llamada Cátedra de la paz ( Presidencia de la República, 2015), prescribe algunas temáticas relacionadas con el pasado reciente, concretamente con los títulos de justicia y derechos humanos, memoria histórica e historia de los acuerdos de paz nacionales e internacionales.

En el marco de la presente investigación, respecto a la percepción que los estudiantes tienen de los actores más negativos del conflicto armado, se presentaron importantes diferencias entre los estudiantes de décimo y octavo. Para los mayores, los agentes más nocivos son los políticos y dirigentes (45 %); en segundo lugar, la guerrilla (29 %); en tercer lugar, los paramilitares (19 %) y, por último, las bandas delincuenciales y las fuerzas estatales (3 % cada uno).

Figura 1
Actores más negativos del conflicto armado según estudiantes de décimo grado de Bogotá.
Fuente: elaboración propia.

A su vez, para los estudiantes de octavo grado, el actor más nefasto es la guerrilla (51 %), seguido de los paramilitares (18 %), los dirigentes políticos (14 %) y, finalmente, las bandas delincuenciales y el ejército y la policía (8 % y 5 % respectivamente).

Respecto al lugar negativamente destacado que los jóvenes de décimo dan a los dirigentes del país, este resultado está en sintonía con las notas consignadas atrás en este capítulo, en el que se asocia el origen del conflicto, las prácticas clientelares y las raíces de la guerrilla con los hábitos corruptos y antiéticos de la clase política. También se alinea con el reiterado tono escéptico con el que juzgan la historia del país: “existen muchos grupos armados que han dañado mucho al país, todo debido a la clase política en la que vivimos” (Estudiante décimo, relato escrito, 5 julio 2020).

La desazón por los movimientos guerrilleros, que se presenta en los estudiantes de octavo (51 %) y que se da con menos frecuencia en los de décimo (29 %), también fue replicada permanentemente en la mención del origen de la guerrilla y en los diálogos de paz, abordada atrás. Sin embargo, persisten solapamientos e indiscriminación entre los actores del conflicto armado colombiano. Veamos un relato en este sentido:

Todos los grupos han sido muy nocivos, ya sea el Estado, las guerrillas o el narcotráfico, pues cada uno alimentó y alimenta la violencia, y estos han sido responsables de muchos hechos trágicos como lo son la masacre de Las Bananeras, la bomba al DAS, o la toma y retoma del Palacio de Justicia, los cuales afectaron al pueblo colombiano de una manera irreversible y siempre marcarán la historia del país. (Estudiante décimo, comunicación personal, 10 julio 2020)

Aquí, como en tantas reacciones escritas de los estudiantes, vuelve a incluirse a todos los actores en el mismo nivel de maldad. Por otra parte, la baja ponderación obtenida en los cuestionarios a los paramilitares (19 %) unida a su escasa mención en las respuestas escritas pone en evidencia cierta invisibilización de estos grupos como protagonistas de la tragedia del conflicto de las últimas décadas en Colombia, ya que no solo no aparecen con nombre propio, sino que su relevancia es sobradamente relegada frente a la guerrilla como agente nefasto, tanto para los estudiantes de octavo como de décimo, tal como se corrobora en los guarismos citados.

Por otra parte, es llamativo que de los 450 relatos escritos producidos por los estudiantes en el marco del presente estudio, solo 50 de ellos (11 %) mencionaron explícitamente al paramilitarismo como factor relevante de la guerra en el país, mientras todos (100 %) hicieron alusión directa a la insurgencia armada como elemento determinante de esta.

Esta centralidad de la guerrilla como actor del conflicto concuerda con el hallazgo de Sánchez (2017), no obstante, los estudiantes de su investigación la califican como el principal actor, sin la connotación negativa que sí obtiene en el presente estudio; también con lo encontrado por Pérez (2018), quien indica que los estudiantes de su estudio no solo reconocen el protagonismo de la guerrilla como principal actor del conflicto, sino que omiten preocupantemente la responsabilidad de los paramilitares y de los agentes del Estado en tanto protagonistas de la guerra.

El dato sobre el silencio relativo acerca de los grupos paramilitares como actores destructivos del conflicto en las memorias juveniles no es menor, ya que, según el CNMH (2013):

[…]la violencia contra la integridad física es el rasgo distintivo de la violencia paramilitar, mientras que la violencia contra la libertad y los bienes define la violencia guerrillera. En otras palabras, los paramilitares asesinan más que las guerrillas, mientras que los guerrilleros secuestran más y causan mucha más destrucción que los paramilitares. ( p. 35)

Además, según esta misma fuente, los grupos paramilitares son responsables de la mayoría de las masacres ocurridas entre 1980 y 2012 (1166, frente 343 de la guerrilla y 158 de la fuerza pública). Para el mismo periodo, también cometieron el 38.4 % de los asesinatos selectivos, mientras la guerrilla fue responsable del 16.8 % y el Estado del 10 %. Respecto a la desaparición forzada, la fuerza pública aparece como responsable del 42 % de los casos reportados, entre tanto, los paramilitares aparecen en el 35.7 % de los casos y la guerrilla en el 2.3 %.

No se trata de minimizar la culpabilidad de otros representantes armados, legales o ilegales, sino de señalar lo llamativo que resulta el perfil bajo que toman los grupos paramilitares como principales protagonistas de la violencia en la historia reciente del país en las memorias de los jóvenes, por lo menos de aquellos participantes en esta investigación. Esta omisión también coincide con el estudio de Sánchez (2017), en el que ni siquiera fueron mencionados por los jóvenes de las regiones más golpeadas por estos grupos ilegales.

Este ocultamiento se corresponde con la propagación de cierta memoria oficial ( Mendlovic, 2014), que tomó fuerza en Colombia luego de la aparente desmovilización de los grupos paramilitares que inició en 2003 y concluyó en 2006; esta condujo a que facciones de estas tropas entraran a la vida civil y algunos de sus líderes fueran extraditados a Estados Unidos sin el compromiso con la verdad y la reparación. Este proceso transmitió la falsa idea que todas las estructuras paramilitares se habían desarmado en el país, y que, en cambio, con el tiempo habían emergido de manera marginal grupos residuales de carácter delincuencial sin el mismo soporte, fuerza y letalidad que los otrora paramilitares, ahora denominados Bacrim (bandas criminales). Sin embargo, está suficientemente documentado que, aunque carentes de un sistema centralizado, estos grupos provienen de los antiguos paramilitares y sobreviven en buena parte de la geografía del país con suficientes redes de apoyo militar y político para causar zozobra en las regiones donde se asientan ( CNMH, 2015). En este sentido, para Valencia y Montoya (2016):

[…] la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia tuvo un carácter parcial y los mandos medios y los reductos paramilitares que persistieron después de cerrado el ciclo de negociación fueron el reservorio de las nuevas bandas criminales. Estas fuerzas florecieron en la mayoría de los territorios donde dejaron las armas los bloques paramilitares, sólo que ahora ponen mayor atención a los centros urbanos y han cambiado sus modalidades organizativas acudiendo a un funcionamiento en red en vez de las estructuras verticales que habían tenido en la fase anterior. Persisten en el negocio del narcotráfico, pero derivan con gran eficacia hacia el microtráfico en las grandes ciudades y al tiempo han ampliado su participación en la minería ilegal, en el contrabando de muy diversos productos, en la trata de personas, en la extorsión, en el robo de celulares y de autopartes, componiendo un portafolio diverso y potente. (s. p.)

El hecho de que la nominación de paramilitares desapareciera en las permanentes alocuciones estatales y televisivas instaló una memoria colectiva jalonada por la sensación de que el problema del conflicto armado en la última década es autoría fundamental de los grupos guerrilleros y de una lista innumerable de grupos residuales sin conexión clara son las lógicas de las que nacieron. Tal representación parece tener asidero en las nuevas generaciones, según el presente estudio. Curiosamente, después de la desmovilización del grueso de las FARC los medios siguen denominando como disidencias de las FARC a los reductos que no se adscribieron a la desmovilización y siguieron delinquiendo en el país.

Sobre la poca connotación que tiene para los estudiantes el ejército y la política como actor negativo del conflicto, excepto por los casos de falsos positivos apuntados esporádicamente en sus respuestas, parece notarse el éxito de las reiteradas campañas mediáticas por posicionar la imagen de la fuerza pública, exponiendo permanentemente a los soldados como “héroes de la patria”, con piezas publicitarias en radio y televisión en horario premium y con la presencia de los militares con el dedo pulgar en alto en las carreteras del país, transmitiendo la idea de garantía de seguridad y libre circulación. Este imaginario persiste pese a sonados escándalos de reciente conocimiento, investigados más por sectores de la prensa independiente que por la justicia y la Fiscalía del país, que involucran a mandos medios y altos del cuerpo militar y policial en hechos de corrupción, venta ilegal de armas, asociación con la delincuencia y el narcotráfico, venta de influencias, interceptaciones y seguimiento a periodistas y líderes de oposición, así como ejecuciones extrajudiciales, abuso de fuerza, alianza con sicarios y violaciones. Al momento de la escritura del presente informe, el país se escandaliza con la denuncia sobre abuso sexual a una niña indígena perpetuada por un grupo de soldados. El comandante general del ejército reconoce que se investigan 118 casos en los últimos cuatro años ( Pardo, 2020).

Por otra parte, en el marco del presente estudio, se percibió que para los estudiantes participantes el hecho más trágico de la historia reciente lo constituye el asesinato de líderes políticos y sociales (46 %), seguido de las muertes sucedidas en el marco de la toma del Palacio de Justicia, así como El Bogotazo (22 % cada uno); en menor grado, la muerte de agentes del Estado (8 %) y en último lugar el asesinato de los miembros de la Unión Patriótica (2 %).

Figura 2
El hecho más trágico del pasado reciente según estudiantes de Bogotá
Fuente: elaboración propia.

Sobre estos datos se resalta el hecho de que los estudiantes muestran una fuerte sensibilidad hacia un fenómeno reciente, como lo es el asesinato de líderes sociales, aspecto de alguna manera reconocido y publicitado fundamentalmente después de la desmovilización de las FARC en 2016 y con una fuerte notoriedad en los medios de comunicación y las redes sociales. Por otro lado, le siguen, con el mismo nivel de reiteración, la toma del Palacio de Justicia y El Bogotazo (levemente más apuntado en los estudiantes de octavo grado). Este último evento está en correspondencia con la respuesta de los jóvenes a la pregunta por el germen del conflicto armado, analizada en un apartado anterior, y que se ha convertido en el lugar común para explicar el origen de la violencia política de las últimas décadas. Imaginario que se refuerza con el Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas que se conmemora los 9 de abril, día del asesinato de Gaitán, de acuerdo con la Ley 1448 de 2011.

El Bogotazo encarna, así, una memoria literal ( Bárcena, 2001) remembrada en sus minucias y particularidades, en sus detalles espaciotemporales y en sus motivaciones históricas, pero como un evento algo lejano, distante, quizá detonante de una larga noche que aún se padece, sin conexiones evidentes con las contradicciones actuales y sin vínculos estructurales con las problemáticas políticas contemporáneas. El homenaje a las víctimas que el poder convoca anualmente los 9 de abril se ilustra en monocromáticas imágenes de rostros lastimeros sin nombre ni identidad, útiles para la propaganda oficial proyectadas en las pantallas, mientras poco se hace para desbaratar los aparatos criminales que asesinan sistemáticamente a los líderes sociales y víctimas cotidianas de la actualidad.

En cambio, lo del Palacio de Justicia de 1985, surge como un recuerdo emblemático que no está vinculado a las experiencias personales de estos jóvenes, que, por cierto, nacieron en el presente siglo. Este hecho también ha sido silenciado por los medios de comunicación de masas, salvo por esporádicas noticas sobre la aparición de nuevos restos y la impunidad que aun rodea a muchos de los desaparecidos de aquel macabro suceso. Quizá este porcentaje de respuestas (22 %) se debe, en buena parte, a la información que reciben en las clases de ciencias sociales, al impacto mediático que eventualmente toma el juicio de los máximos comandantes militares de la retoma, y/o al hecho que un exalcalde de Bogotá (2012-2015) y candidato presidencial en las más recientes elecciones es un reputado político que perteneció al M-19, organización que se tomó la sede del órgano judicial.

Por otro lado, la omisión en las memorias escolares sobre la masacre de la Unión Patriótica es sintomática. Sucedida entre 1985 y 1989, dejó una secuela de entre cuatro mil o seis mil asesinatos dependiendo de la fuente, así como la muerte de dos candidatos presidenciales, cinco congresistas, once diputados, 109 concejales, ocho alcaldes en ejercicio, ocho exalcaldes, y decenas de exiliados. La alianza de grupos paramilitares, fuerzas del Estado y narcotraficantes ocasionó la física anulación de esta alternativa política surgida de los primeros diálogos del gobierno de Betancur con las FARC en la década del ochenta. Esta experiencia política constituye una memoria que el poder quiere que se olvide (Todorov, 2000), pero no como el ejercicio consciente y terapéutico de sobreponerse a una pérdida irreparable, sino como una imposición, como el deliberado silenciamiento de un conjunto de prácticas de gobierno y de relaciones sociales que pudieron ser, pero que fueron truncadas violentamente como casi todas las iniciativas de los vencidos ( Benjamin, s. f.).

Otro ejemplo de este olvido impuesto en la relación con esta organización lo constituye la reciente orientación del director del Centro de Memoria Histórica, que entró a orientar este importante ente con el último cambio de presidente, en el sentido de mandar a quitar las alusiones a la Unión Patriótica tanto en los afiches como en el guion impreso en una exposición itinerante que va por todo el país, Voces para transformar a Colombia, por considerar la presencia de esta organización como inadecuada y panfletaria.

Pasando a otro tema, respecto a la pregunta sobre los sujetos más afectados por el conflicto armado, los estudiantes de octavo y décimo grado participantes en el presente estudio consideran que, en primer lugar, están los campesinos (40 %), y muy cerca también está la categoría de todos los colombianos (39 %), le siguen los desplazados (13 %) y la población civil (6 %).

Figura 3
Personas más afectadas por el conflicto armado según estudiantes de Bogotá.
Fuente: elaboración propia.

Esta respuesta mayoritaria indica que, según los jóvenes participantes, si bien todos los connacionales han sufrido de alguna manera las secuelas de la guerra, hay unos que la han padecido más que otros, tal como se confirma en algunos relatos escritos:

Todos los colombianos hemos sido afectados, unos en mayor medida que otros, sin embargo, los más afectados han sido los inocentes que deben vivirlo en carne propia, es decir, los campesinos, los indígenas y las zonas marginadas del país, pues si estos ya se encontraban en una brecha social muy grande, el conflicto armado los terminó de afectar notoriamente. (Estudiante décimo. Comunicación personal, 10 julio 2020)

Los campesinos son los más afectados, porque son los que han debido abandonar sus tierras, regalar sus cultivos, entregar sus hijos, escuchar los estruendos de las armas. Son los que han debido emigrar a otros lugares. (Estudiante décimo. Comunicación personal, 10 julio 2020)

Las personas más afectadas por esta guerra son las que viven en zonas rurales vulnerables (terrenos manejados por fuerzas corruptas), ya que son obligados a abandonar sus hogares, incluso abandonar familiares reclutados por estas fuerzas para fortalecer sus ejércitos, también a las masacres que son libradas allá y sobre todo a la desesperanza, ya que el futuro no pinta nada bueno y el gobierno, en lugar de ayudar, parece que mantiene el conflicto. (Estudiante décimo. Comunicación personal, 10 julio 2020)

Para el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013), las últimas décadas de confrontación han dejado un saldo de 5'700.000 desplazados, todos ellos parte de la población no armada, que en su momento correspondía al 15 % del total de la población colombiana. Por otra parte, entre 1985 y 2012, de los 220 000 muertos documentados por el Centro, el 81.5 % corresponde a la población civil y el 18.5 % a combatientes. Estos datos “permiten rebatir la aseveración de que solo uno de cada diez homicidios es producto del conflicto armado, pues en realidad este ha generado una de cada tres muertes violentas” ( p. 32).

La falta de reacción social sobre el conflicto se explica porque las víctimas son campesinos y líderes, en su mayoría pobres, ocultos, silenciados ( Wills, 2015), cuyo rango de acción está fuera de la esfera de las grandes ciudades. Salvo algunos magnicidios:

[…] la cotidianización de la violencia, por un lado, y la ruralidad y el anonimato en el plano nacional de la inmensa mayoría de víctimas, por el otro, han dado lugar a una actitud si no de pasividad, sí de indiferencia, alimentada, además, por una cómoda percepción de estabilidad política y económica. ( CNMH, 2013, p. 14).

Esto es ratificado por algunos estudiantes al escribir que:

[…] los ciudadanos que nos encontramos en las urbes, lejos del alcance de los grupos armados y gozando de una mayor seguridad por parte de las fuerzas del Estado, no podemos dimensionar el sufrimiento de las personas que viven en medio del conflicto armado. (Estudiante décimo. Comunicación personal, 10 julio 2020)

Profundizando un poco sobre las víctimas del conflicto, de acuerdo con la respuesta en el cuestionario, los estudiantes participantes de la presente investigación, en su mayor parte, creen que ellas deben ser reparadas por los daños recibidos (72 %); una menor proporción se identifica con la frase que les merece respeto y admiración (11 %), y unas minorías de los encuestados afirman que solo buscan la asistencia del Estado (8 %), o que no se sabe quién las representa (4 %).

Figura 4
Opinión sobre las víctimas del conflicto armado según estudiantes de Bogotá
Fuente: elaboración propia.

Esta empatía con las víctimas que expresan la mayoría de los estudiantes, que no reporta diferencias significativas entre grado octavo y noveno, muestra un importante grado de solidaridad con aquellos que han padecido directamente los estragos de la guerra en el país:

Muchas víctimas. Los que causaron parte del daño perdieron el rumbo del propósito de su creación. Un gobierno que se suple del daño provocado y usa el conflicto como cortina de humo, se beneficia del dolor y no es capaz con el país mismo. (Estudiante décimo. Relato escrito, 5 julio 2020)

Como anticipa el anterior fragmento, la mayoría de las memorias escolares enlazan su mirada sobre las víctimas con una crítica a los actores armados que los utilizan y agreden, así como con el Estado que los abandona, relega y empobrece. A continuación, un relato en extenso en este sentido:

Simplemente trágico. Es deleznable todo lo que puede hacer el hombre simplemente por frívolos intereses políticos. Todo deja de tener valor cuando se trata de vidas humanas, aún más, vidas humanas inocentes. Personas que ya de por sí la tenían difícil viven con el miedo y desgaste moral que provocan los grupos armados. El día a día se torna una pesadilla cuando personas con poder, armas y sed de sangre te pisa los talones. La vida para ellos se vuelve una miseria al ver que los altos mandos de este país no hacen nada para ayudarlos, y aún peor, que los pocos que quieren justicia y hacen algo para ayudar son asesinados. También estoy consciente de que muchos de los que conforman estos grupos armados están ahí en contra de su voluntad. Es triste que los pocos que logran salir de eso la tengan aún peor al salir e intentar sobrevivir en una sociedad prejuiciosa e ignorante. Ellos también son víctimas, víctimas de estos grupos, víctimas de este gobierno corrupto, víctimas de esta sociedad podrida. En mi opinión esto es un círculo vicioso. Está el problema (las guerrillas) que se encarga fervientemente en destruir todo a su paso por sus ideales e intereses; están las víctimas (la población de esas zonas), las cuales no pueden hacer nada porque les costaría la vida; están los que deberían hacer algo (el gobierno), pero en lugar de solucionar esto se esmeran en mantenerlo; y por último, los que sí hacen algo o tienen la intención de hacerlo (los líderes sociales), pero en este país intentar hacer justicia es un suicidio, aquí es donde retomamos el problema, las víctimas. Los que deberían hacer algo, los que hacen, pero mueren por ello y así sucesivamente. Es simplemente trágico. (Estudiante décimo. Comunicación personal, 10 julio 2020)

Sin embargo, otro grupo de respuestas de los estudiantes, pese a manifestar cierta sensibilidad hacia las angustias y padecimientos de las personas que son víctimas del conflicto, las perciben como un problema individual que no está vinculado con la compleja realidad sociopolítica del país ni las dinámicas de una larga e histórica confrontación armada. Para algunos, las víctimas son un grupo cuya suerte está más asociada a su pobreza, su ignorancia y una supuesta falta de oportunidades:

Es una población vulnerable, humilde, que no tiene las mismas oportunidades, la cual no merece que les hagan esto. Estas personas en ciertas ocasiones se dirigen a las grandes ciudades y desafortunadamente no tienen el estudio suficiente para tener algo sustentable, por tal motivo piden ayuda al gobierno o quizá a algún conocido, esta ayuda no es inmediata y estas personas son familias numerosas. (Estudiante décimo. Comunicación personal, 10 julio 2020).

Esta imagen despolitizada de las víctimas se asocia a la figura de los desplazados, que los grupos de jóvenes de las grandes ciudades solo reconocen en las personas que en cientos de semáforos piden limosna, venden baratijas y miran con conmiseración a los transeúntes. Para aquellos que son ajenos a los suplicios del conflicto, las víctimas representan lástima y repudio, en ocasiones, son estigmatizados como grupos dependientes, carentes de iniciativa y atenidos a la asistencia del Estado.

Afortunadamente, en la presente investigación, esta tendencia no se expresó en forma mayoritaria porque para estos jóvenes lo que esperan las víctimas de la sociedad “no es pedir una disculpa y otorgarles unos pesos, es dejar que sus vidas puedan volver a ser vividas” (Estudiantes décimo. Comunicación personall, 10 julio 2020).

Esta especie de solidaridad con los directamente afectados por la guerra concuerda con lo hallado por Parra (2011), García y Rodríguez (2019), García (2019), Laverde et ál. (2016), Bravo y Arce (2019) y Laketa (2015) en contextos nacionales e internacionales. En los tres primeros trabajos se evidencian esta solidaridad por medios de las posibilidades que brinda el arte y la cultura en su trabajo con niños y jóvenes, y en los tres últimos, a través de las experiencias personales vinculadas con los hechos de violencia de los sujetos investigados. Estos estudios no diferencian el tipo de empatía con las víctimas (asistencialista o ética) que se encontró diferencialmente en el presente acápite.

En cualquiera de los casos, la memoria de las víctimas ( Bárcena, 2001; Reyes Mate, 2008) que traslucen los estudiantes es despojada de su proyección de justicia y de su dimensión política, porque ellos son relatados por otros, porque esas víctimas no tienen nombre propio, rostro, historia, y porque se anulan las causas sistémicas de su padecimiento. Además, su drama no interpela a la sociedad vigente, salvo la imputación a los ‘malos dirigentes’, y sus batallas no son reconstruidas para imaginar cómo sería un país si sus proyectos y sueños se hubiesen realizado.

En Colombia se difunde un discurso lastimero sobre las víctimas del conflicto que, incluso, como se anotó atrás, tienen un día especial en el calendario patrio. Se promueve una sacralización de las víctimas ( Richard, 2017) que suscita pundonor en su individualidad y ante cuyo drama todos expresan rechazo y se conduelen, pero no hay reflexiones sobre las redes que explican su dolor, mucho menos sobre las estructuras que los despojan ni sobre los nombres de las personas que los victimizan.

Los estudiantes saben cosas de las víctimas, les acongoja su calvario, pero no han tenido un encuentro con ellas. No se hallaron huellas de memorias ejemplares ( Bárcena, 2001), que reconstruyeran las historias de los violentados por la guerra para convocar el redireccionamiento de proyecto de vida de estudiante alguno. Esta memoria de las víctimas que no se identificaron, convocaría a lo que Jimeno (2019) denomina comunidades emocionales, que constituyen mecanismos narrativos para sobreponerse a la violencia mediante eventos públicos donde los que no han padecido los estragos de la violencia no solo se compadezcan profundamente del dolor de las víctimas, sino que emprendan acciones conjuntas de verdad y justicia, allí radica el carácter político del encuentro.

Pero este desencuentro no es su culpa, no es responsabilidad de las nuevas generaciones el descubrir el mundo de sufrimiento de las víctimas cuando los jóvenes no lo han experimentado. No basta manejar datos para imaginar que así se crea empatía, tampoco es culpa de un currículo escolar restringido y enciclopédico que pasa muy rápido o superficialmente sobre este tema de la historia reciente, como algunos estudios sentencian. Mantegazza (2006), en una visita a Auszchwitz, alerta sobre la insensibilidad que observa en un grupo de adolescentes en un lugar cargado de tanto dolor, ante ello indica que el llamado no es a la impertinencia de estos jóvenes, sino a los adultos, quienes no hemos sabido transmitirles lo que significa y representa un campo de exterminio nazi.

Respecto a las memorias de actores, acontecimientos y víctimas del conflicto, el presente estudio encontró que los actores más negativos son los políticos y dirigentes para los estudiantes de décimo grado, mientras la guerrilla lo es para los de octavo. Empero, en unos y otros se da cierta invisibilización de los paramilitares y las fuerzas del Estado como responsables de las tragedias de las últimas décadas, hecho que remarca la eficacia en la producción de memorias oficiales ( Mendlovic, 2014) elaboradas por los gobiernos de los últimos años, que junto a la multiplicada culpabilización a la insurgencia, minimiza y silencia la responsabilidad y participación de los otros actores armados.

Sin embargo, el anterior imaginario choca con otras memorias; varios estudiantes de uno y otro grado creen que el acontecimiento más terrible del pasado reciente lo constituye el reciente asesinato de líderes sociales y políticos. Además, con alguna mención a otros hechos menos publicitados como la toma y retoma del Palacio de Justicia y el Bogotazo, llama la atención la poca alusión al exterminio de la Unión Patriótica. Adicionalmente, los estudiantes consideran que los campesinos son los más afectados por este largo conflicto. En todo caso, en relación con el sector social de las víctimas, la mayoría de los estudiantes cree que deben ser reparadas por los daños recibidos, dado que son objeto de los desmanes de los actores armados y han sido legendariamente relegados por los gobiernos de turno. En este punto, como muchos otros, es mencionada por los escolares una incisiva crítica a un estado indolente y sordo frente a los reclamos ciudadanos.

Pese a esta solidaridad con los sufrientes del conflicto expresada por los estudiantes, este sentimiento no alcanza a expresar una memoria de las víctimas ( Bárcena, 2001) que permita una comprensión estructural de su padecimiento en clave política, a falta de conexiones históricas entre las lógicas que dieron origen a su despojo y el presente nacional, y por la ausencia de una interpelación manifiesta a los proyectos de vida personal. Pero estos vacíos no pueden ser interpretados como carencias individuales o falta de formación escolar sobre la historia reciente, como la mayoría de producciones lo considera, sino como parte de la sacralización de las víctimas ( Richard, 2017) que circula en Colombia gracias al discurso oficial, y que aborda el dolor desde una perspectiva lastimera y distante que deja intactas las tramas de poder que han motivado y aún motivan su desgracia, tales como el despojo de tierras, los proyectos agroindustriales, la minería legal e ilegal, los megaproyectos ambientales, la negación de movimientos sociales y políticos alternativos y el fallido proceso de reincorporación de la insurgencia, entre otros.

En síntesis, estos resultados han procurado entender las ideas de los estudiantes sobre la historia reciente de su país desde las memorias sociales que circulan por múltiples medios, y de las cuales los jóvenes se nutren; en otras palabras, se considera reduccionista endilgar a la escuela o a los mismos estudiantes las supuestas falacias o tergiversaciones a sus respuestas que exhiben sobre el conflicto armado que, por cierto, la mayoría de las investigaciones les atribuyen. Las memorias sobre estos actores, procesos y hechos de reciente ocurrencia que despiertan sensibilidad y cuyos protagonistas copan las noticias contemporáneas, son construcciones sociales ( Berger y Luckman, 1997), que dependen mayormente de los discursos que circulan sobre nociones como violencia, guerrilla, víctimas, paz, justicia, terrorismo, entre otros, más aún, si no se han tenido experiencias directas y si se trata de expresiones de sujetos menores de edad, como en esta investigación. Dichos discursos con los cuales los estudiantes arman sus esquemas mentales de la historia reciente no son planos ni monolíticos, ya que están permeados por intereses, fragmentos y pugnas por imponer significados ( Jelin, 2017), de allí que este escrito intente mostrar los vestigios de esas batallas en la que diferentes versiones sobre la memoria social del conflicto armado colombiano se (des)encuentran con los deseos y pensamientos de los jóvenes participantes.

Citar como: Arias Gómez, D. H. (2022). Actores y víctimas del conflicto armado colom biano: batallas por la memoria en estudiantes. Revista Interamericana De Investigación Educación Y Pedagogía RIIEP, 15(1). https://doi.org/10.15332/25005421.6375