Orientación vocacional, una necesidad en población privada de la libertad vinculada al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) *

Vocational Guidance, a Need in the Population Deprived of Liberty Linked to the Adolescent Criminal Responsibility System (SRPA)

Orientação vocacional, uma necessidade da população privada da liberdade vinculada ao Sistema de Responsabilidade Penal para Adolescentes (SRPA)

Héctor Alonso Díaz Bonilla** profe.hector80@gmail.com

Fundación Universitaria de San Gil (Unisangil), Colombia

Doris Lidia Gutiérrez González*** doris.gutierrez@unad.edu.co

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Colombia

Juan Carlos Benjumea Gutiérrez**** cbenjumeag@unadvirtual.edu.co

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), Colombia

Gelber Yecid Roa Pinto***** gelber.roa28@gmail.com

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Colombia

El abordaje de la orientación vocacional, en población privada de la libertad vinculada al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), debe ser asumida como una imperiosa necesidad de atención y como respuesta adecuada, integradora y óptima de los procesos pedagógicos desarrollados por quienes asumen la responsabilidad de su implementación, sin dejar de lado aquellos actores corresponsables de la educación de los adolescentes en medidas como el Centro de Atención especializada (CAE) y demás respuestas de carácter resocializador ( Instituto de Bienestar Familiar, 2020a).

El SRPA es “el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años” ( Ley 1098 de 2006, art. 139). Su finalidad se centra en la educación y orientación del adolescente como ser humano con derechos, lo cual le da especial énfasis al carácter pedagógico y formativo, como se contempla en la Ley 1098 de 2006, así “las autoridades judiciales deberán siempre privilegiar el interés superior del niño y orientarse por los principios de la protección integral, así como los pedagógicos, específicos y diferenciados que rigen este sistema” (art. 140).

La orientación se encuentra inmersa en el quehacer pedagógico, cuyos fundamentos buscan la realización del ser humano y el sentido de la existencia, según Ormaza (2019) “desde los inicios de la humanidad, la orientación —en el sentido estricto de la palabra— ha sido una reacción a la constante búsqueda de un horizonte y a la necesidad de construir certezas sobre la propia existencia” (p. 88).

El contexto, la realidad que se vive, la mejora del comporta- miento, la percepción social, las dificultades sociales circundantes, la resolución de problemas, la complejidad y heterogeneidad de las poblaciones y comunidades, entre otros aspectos, son factores que inciden en la orientación y la actividad educativa, así como en la búsqueda de sentido de vida ( Hernández, 2020; Velásquez et ál., 2020).

Pensar en implementar el SRPA y sus medidas pedagógicas incluye necesariamente su orientación y educación. Ormaza (2019) afirma con respecto a la orientación actual y su aplicación en los diversos ambientes que:

se ha constituido en una respuesta integral para el reconocimiento de las potencialidades que tienen todas las personas, quienes —a través del autoconocimiento, información y toma de decisiones— pueden fortalecer la interacción social, cultural y económica de su contexto relacional. (p. 93)

Para esto es de vital importancia comprender que los programas de responsabilidad penal para adolescentes, caracterizados por su sanción pedagógica, acompañan, guían, orientan y dirigen a jóvenes y adolescentes hacia su autoconocimiento y reformulación de sus proyectos de vida, respaldados y acompañados de nutridos equipos psicosociales y pedagógicos que buscan garantizar la interiorización e introspección de estos objetivos. En su incorporación y consecución juegan un papel determinante no solo profesionales, sino también las redes de apoyo familiares, institucionales e interinstitucionales como parte de un abordaje psicosocial, educativo, transdisciplinario, basado en los derechos ( Ministerio de Educación, 2017).

Resulta de carácter imprescindible partir de la trascendencia que los derechos humanos poseen en la edificación y, en este caso, de la reedificación de las vidas de jóvenes y adolescentes que hacen parte del SRPA, en particular los vinculados a los centros de atención especializada (CAE), al reconocer que la dignidad humana es la base del ordenamiento político, jurídico y social de una comunidad, y se asegura su vigencia mediante la defensa y protección de dichos derechos ( Ley 1098 de 2006, art. 141; Rascovan, 2018).

Una orientación basada en los derechos fundamentales responde directamente a la dignidad de la persona, por tanto, la educación, la salud, la vivienda, la libertad, el trabajo, entre otros, son observados y ratificados por el Estado colombiano y sus entidades para responder de manera directa a las necesidades de la población y, con ellas, propender por su bienestar y buen vivir:

Los derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas. Definen las relaciones entre los individuos y las estructuras de poder, especialmente el Estado. Delimitan el poder del Estado y, al mismo tiempo, exigen que el Estado adopte medidas positivas que garanticen condiciones en las que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos ( Naciones Unidas, 2016, p. 19).

Desde la perspectiva de la orientación basada en los derechos, cada uno de los actores involucrados en el acompañamiento de esta población del SRPA asumen el rol inherente a su profesión y se convierte también en garante de dichos derechos, lo que permite responder a la finalidad de la norma al focalizar las acciones interdisciplinarias educativas al adolescente y su realidad.

Jiménez y Chaparro (2018) direccionan la importancia del enfoque en derechos para los profesionales en el SRPA desde dos líneas a saber:

1. 1. Guiar sus políticas, acciones y procedimientos, a fin de que siempre apunten a brindar el más alto estándar de disfrute de derechos a la población privada de su libertad. Esto podría traducirse en una pregunta constante: “Aquello que voy a hacer, decidir o dejar de hacer, ¿afecta algún derecho o por el contrario lo fortalece?”. Siempre debería fortalecerlos.
2. 2. Reconocer en los adolescentes verdaderos sujetos de derechos, sujetos que deben ser respetados, consultados y atendidos como personas con derechos. Esta mirada también podría traducirse en una pregunta: “La atención que brindaré, ¿reconoce al adolescente como un sujeto activo o pasivo de sus derechos?”. Siempre debería vérsele de forma activa (p. 18).

En la actualidad es cada vez más visible la participación en delitos por parte de los adolescentes, lo que en definitiva hace reflexionar sobre el rol de la familia en el desarrollo del mismo. Para esto, se ha de tener en cuenta cómo los adolescentes se han involucrado en estas conductas, las cuales han ido en aumento y se hacen presente particularmente en las grandes núcleos sociales, donde los adolescentes se ven inmersos en prácticas de violencia como un mecanismo de defensa y supervivencia, como un modo a través del cual obtener y dar respuesta a sus necesidades personales ( Parra, 2014).

La adolescencia, entendida como una etapa del ciclo vital, posee características especiales como una mayor tendencia al riesgo, búsqueda de experiencias estimulantes, imitar conductas impulsivas y patrones problemáticos, entre otras, con el propósito de encontrar una identidad y un espacio propio en la comunidad ( Palacios, 2019).

También se han de tener en cuenta la influencia y presión que generan los grupos sobre los adolescentes, en este sentido. Méndez y Peiró (2019) sustentan que:

Los jóvenes suelen tener sus modelos de identificación en los entornos más cercanos: familia y grupo de iguales. Para muchos jóvenes, el grupo de iguales es el centro preferente y único de su desempeño social, y es aquí donde se desarrollan muchos aspectos cruciales en relación a su identidad personal. El grupo es parte integrante de las conductas porque asegura la mayoría de los logros que parecen perseguir. Pero la violencia grupal juvenil representa un comportamiento estructurado en un sistema de normas, actitudes y recursos conductuales que determinan los contextos y los motivos que la justifican. (p. 36)

La conducta antisocial debe entenderse como la actuación caracterizada por la manifestación de conductas en contra del orden social, de la norma socialmente establecida, transgrediéndolas en menor o mayor medida; al incrementar su intensidad, frecuencia y gravedad aparece un patrón de comportamiento que infringe las normas legales, los cuales se denominan como delitos y hechos punibles que conllevan como consecuencia una sanción ( Peña y Graña, 2006).

Las sanciones aparecen como una forma de control social, de acompañamiento y redireccionamiento de la conducta, se regulan las acciones de los ciudadanos y se trata de evitar nuevos hechos que dañen el bien jurídico protegido por la justicia.

La conducta antisocial se puede presentar y detectar según las especificaciones que muestra un diagnóstico, tal es el caso del CIE-10, en el cual se catalogan como un trastorno de la conducta, “caracterizados por un patrón repetitivo y persistente de conducta asocial, agresiva o desafiante” ( Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, 2003).

Cuando los comportamientos van en contra de la norma jurídica establecida y se atente evidentemente contra el bien, la seguridad y los derechos de sí mismo y de los demás, la Ley 1098 de 2006, denominada Ley de infancia y adolescencia, prevé, con respecto a dichos adolescentes, sanciones y restricciones como la privación de la libertad para evitar se haga más daño y se salvaguarden los derechos.

En este aspecto destaquemos que el SRPA tiene ciertos fines como son el protector y el restaurador; cuando se trata de la sanción por imponer, la finalidad protectora de todas las sanciones apunta a alejar al menor transgresor y a prevenir a la sociedad de nuevas conductas delictivas por parte de éste; su carácter educativo o pedagógico está orientado a que asuma consciencia acerca del daño causado, y en función de ello adopte valores y principios que le permitan discernir la importancia del respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. ( Torres y Rojas, 2013, p. 129)

El SRPA es el encargado de investigar y determinar si dichos comportamientos caben dentro de una tipificación jurídica y, luego de una investigación formal, se establezca la responsabilidad de un adolescente para vincularlo a sanciones pedagógicas privativas o no de la libertad ( Ley 1098 de 2006).

Los CAE son espacios a los cuales se remite un adolescente para desarrollar un proceso pedagógico por medio de una sanción establecida por un juez con un tiempo específico ( Ley 1098 de 2006). Dicho proceso pedagógico es complementado y enriquecido con profesiones como la psicología, el trabajo social, educadores y formadores de vida, así como docentes e instructores ( Instituto Colombiano de Bienestar Familair, 2020a).

Los medios institucionales se especializan según sus acciones educativas y la población que atienden. Así, surgen preguntas orientadoras, como las presentadas por Orjuela (2017), que focalizan las acciones y la reflexión pedagógica así:

las formas de institucionalización que se han venido configurando,en el medio colombiano, en torno de la educaciónde poblaciones diferenciales. Estas se conformana partir de dos preguntas suscitadas por estos grupos depoblación: la primera por lo que se sabe acerca de ellos; la segunda, cuestiona acerca de lo que se puede hacer conellos. La forma en que se han resuelto estas cuestiones dacuenta de la creación de una serie de saberes, profesiones, cargos, especialistas. (p. 94)

La orientación vocacional ha sido enmarcada, generalmente, desde la óptica de la educación y sus instituciones al brindar formación académica y profesional en los distintos niveles, sin embargo, también posee un complemento disciplinario desde la psicología, el cual conjuga sus quehaceres con la meta de conocer y potencializar las capacidades de la persona, en especial para los adolescentes y mucho más si ellos presentan conductas antisociales ( Ovares y Washburn, 2018).

La población en riesgo social debe ser acompañada a partir de procesos socioeducativos y psicológicos, que contemplen la realidad jurídica y legal que incide en ellos. Los modelos de orientación psicopedagógicos utilizados en el ámbito educativo pueden enriquecer las prácticas desarrolladas en los contextos ( Velásquez et ál., 2020). Aparece el rol de orientador, quien ofrece su acompañamiento para el aprendizaje y su mejoramiento constante, participa con el adolescente y permite el encuentro de intereses e indicadores de interés, de manera que se potencian las capacidades y destrezas particulares ( González, 2018).

El adolescente infractor puede adoptar nuevas rutinas y hábitos acordes a las necesidades de la sociedad y de la comunidad, respondiendo al desarrollo de habilidades que le posibiliten un desempeño ocupacional que no le cause daño a la sociedad, por el contrario, enriqueciéndola y convirtiéndose en un miembro productivo ( Barrionuevo, 2019). Ver al adolescente infractor como un sujeto de derechos lo convierte en titular de su futuro y de su realidad, lo hace parte de la sociedad y de la comunidad como ser autónomo y responsable de sí mismo, explota sus habilidades, destrezas, capacidades y conocimientos al hacerlo práctico en lo laboral u ocupacional ( Da Silva et ál., 2011).

Padres de familia, acompañantes, profesionales, instructores y tutores tienen una gran responsabilidad en este proceso de orientación, puesto que solo con la guía oportuna se podrán conducir las acciones hacia el autoconocimiento del adolescente y la posibilidad de encontrar su vocación en la vida. Por tanto, se convierten en orientadores, aunque dicha responsabilidad se encuentre de manera directa en los educadores y docentes cuya preparación académica y práctica le exige dicha labor e interpretación histórica de las realidades. Las circunstancias, la humanidad, el conocimiento y las prácticas pedagógicas cobran forma desde la perspectiva social en la figura del educador como profesión y especialista en la tarea de enseñar ( Méndez, 2018).

Se presentan factores externos e internos que afectan o inciden en la orientación vocacional, dichos factores pueden potencializar o, por el contrario, disminuir la posibilidad de realizar y llevar a cabo procesos de acompañamiento vocacional a nivel personal, familiar y social de forma adecuada, su propósito inmediato en la población infractora de la ley es fortalecer y promover una reinserción al medio en óptimas condiciones, con un proyecto de vida real y práctico, así como con expectativas objetivas de crecimiento y desarrollo ( Marcuschamer, 2005).

La familia se destaca como un factor determinante en la consolidación de las decisiones, de la elección de los caminos y de la educación desde valores, principios y normas. Los cambios que se ha dado a través de la historia con respecto a esta institución han sido enormes, tanto así que los países y sus marcos normativos han tenido que evolucionar al intentar comprender esta realidad, aparecen por tanto conceptos como familia ensamblada.

La familia “reconstituida” o “ensamblada” constituye una estructura en la que confluyen varios subsistemas familiares en la medida en que comprende los vínculos entre padres e hijos (aquel que detenta la guarda y el que no convive), la nueva pareja de cada uno de ellos, los hijos tenidos en la nueva unión, las respectivas familias de origen, entre otros. ( Puentes, 2014, p. 61)

La orientación vocacional se convierte en una necesidad fundamental para ser implementada en las personas privadas de la libertad, en especial para los adolescentes cuyo propósito de vida se encuentra en construcción. Así, descubren en dicha orientación un camino acompañado donde sus capacidades, destrezas y habilidades cobran protagonismo ( Torres y Rojas, 2013).

La formación con enfoque de orientación vocacional se dirige a la adecuada socialización de los protagonistas del proceso educativo, en este caso los adolescentes. La socialización política promueve la participación desde los derechos, con el reconocimiento de la sociedad y la comunidad, lo cual le da características diferenciales, específicas y con atención especial a las necesidades; la educación se convierte en un factor fundamental para la construcción de identidad, la interpretación de las realidades y su posible transformación ( Herrera, 2017).

Un proyecto de vida debe contemplar, entre otras cosas, la orientación vocacional y su práctica, así mismo, la realidad y condiciones propias de cada adolescente para posibilitar su reinserción al medio social y consolidar así un proceso de desarrollo e integración acorde a las necesidades que tenga presente dimensiones como la profesional, educativa, laboral, personal, espiritual, socioeconómica, familiar, entre otras ( Roa, 2018).

El proyecto de vida con orientación vocacional es una necesidad que aporta beneficios en la adopción de hábitos, rutinas y desarrollo de habilidades, destrezas, capacidades académicas y ocupacionales, personales, familiares y sociales que transformen las conductas que antes causaron daño a sí mismos y a otros ( Barrionuevo, 2019).

El presente estudio da cuenta de una investigación de tipo cualitativo descriptivo, se pretende con ello entrar en un plano de análisis de las subjetividades y de la percepción de los participantes a partir de sus propias y singulares experiencias en un contexto específico, identificando y describiendo la realidad ( Guerrero y Guerrero, 2014). Las características y aspectos representativos de la orientación vocacional en el CAE se identifican por medio de la categorización y posterior triangulación de la información ( Ñaupas et ál., 2018). Los objetivos son: identificar las características generales de la población que inciden en la orientación vocacional de adolescentes del sistema de responsabilidad penal con sanciones pedagógicas privativas de la libertad en la medida de atención especializada, así como describir alternativas que posibiliten la orientación vocacional y enriquezcan los procesos institucionales.

Los participantes fueron 19 personas vinculadas al SRPA, las cuales tienen conocimiento directo de la sanción privativa de la libertad denominada CAE, estipulada en la Ley 1098 de 2006 “son sanciones aplicables a los adolescentes a quienes se les haya declarado su responsabilidad penal […] la privación de libertad en centro de atención especializado” ( Ley 1098 de 2006, art. 177).

De los diecinueve participantes, diez de ellos son profesionales que laboran como acompañantes, formadores o educadores y nueve son adolescentes egresados que han culminado satisfactoriamente la sanción privativa de la libertad y se encuentran con sus familias o redes de apoyo por más de tres meses de estabilidad en el medio social.

Sobre las características generales de los profesionales, cinco de ellos son psicólogos, tres son trabajadores sociales y dos son educadores o formadores de vida, todos ellos con años de experiencia en el contexto del SRPA y con amplia formación y actualización en procesos sociales, en la tabla 1 se exponen los meses de experiencia reportada en el momento de la toma de datos.

Tabla 1
Experiencia profesional relacionada

Fuente: elaboración propia.

Los profesionales interactúan directamente con los adolescentes, llevan procesos individuales y grupales sobre las problemáticas identificadas desde el ingreso al medio institucional, realizan encuentros y equipos técnicos programados para dar a conocer avances y debilidades en los procesos, formulan estudios de casos con las diversas visiones de las distintas disciplinas, su jornada laboral transcurre junto con la supervisión y acompañamiento de los adolescentes, con lo cual tienen la oportunidad de observarlos en sus quehaceres cotidianos.

Para los adolescentes egresados se aplica el instrumento de encuesta, puesto se intenta con preguntas abiertas que puedan expresar espontánea y ampliamente sus experiencias y vivencias con respecto a la sanción privativa de la libertad; en relación con los profesionales se opta por el instrumento de la entrevista, el cual posibilita obtener información más profunda y argumentada desde sus perspectivas teóricas y prácticas.

Se identifica que las respuestas y participaciones de los adolescentes se centran en la conducta delictiva antes que en la orientación vocacional, puesto que como lo dice el adolescente 5: “antes de pensar en el qué hacer del futuro, la mente se detiene en pagar rápido la sanción, después de un tiempo en la institución es que se empieza a pensar en cómo se va a ganar la vida una vez se salga” (comunicación personal).

En la información de los adolescentes se pueden establecer categorías de análisis, las cuales se resaltan como causas y consecuencias, puesto que sus discursos giran en torno a justificaciones del por qué y del cómo se presentaron las conductas delictivas. Posteriormente de la culminación del proceso resocializador, son vistas como una consecuencia, junto con el distanciamiento de la familia y la perdida de la pareja sentimental, lo cual ratifica que dicho proceso fue una oportunidad de cambio.

Las causas o los factores más relevantes y repetitivos que se identificaron como detonante de la conducta antisocial fueron: el abandono, la desescolarización, el conflicto familiar constante, la influencia de los grupos de pares, la gran cantidad de tiempo utilizado en la calle, el consumo de sustancias psicoactivas y su “normalización”. Al respecto el adolescente 3 manifiesta “No estudiaba, consumía y pasaba mucho tiempo en la calle, allí conocí muchos amigos que me hicieron creer que la vida era más fácil, considero que no contaba con amistades ‘reales’ pero me encontraba rodeado de pares negativos, que atravesaban la misma situación” (comunicación personal).

Con respecto a la desescolarización, es importante resaltar que, en la gran mayoría de los adolescentes, el proceso de educativo fue una alerta evidente, pasar de la educación formal diurna, de lunes a viernes, a la sabatina o nocturna propició su abandono total del sistema educativo.

Las categorías analíticas que se desatacaron en las entrevistas realizadas a los profesionales giran en torno a los factores de riesgo que propiciaron la conducta delictiva, así mismo, los factores de protección que deben trabajarse para realizar una orientación vocacional. Dichas categorías fueron: soledad y abandono por parte de la familia (especialmente de la figura paterna), conflictos familiares (violencia, agresión y amenazas), necesidades económicas y pobreza, falta de oportunidades educativas (red de apoyo, padres e hijos) y, por último, tiempo progresivo en la calle y consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales.

Las estrategias o tareas más importantes a realizar para una orientación vocacional y, por tanto, consolidar los factores de protección son: vinculación educativa según la edad, preparación laboral y técnica según el contexto, ocupación adecuada del tiempo libre (desarrollo de destrezas, habilidades y capacidades), vinculación razonable de la familia o la red de apoyo en el proyecto de vida, desarrollo del proyecto de vida medible, tratamiento especializado en el consumo de drogas, habilidades sociales y resolución de conflictos (lenguaje, comunicación asertiva y diálogo), como también la articulación entre cada uno de los profesionales e instituciones que pasan en los procesos formativos y velan por la garantía de sus derechos fundamentales.

En el ejercicio de triangulación de la información, los aspectos que se observan de manera constante giran en torno a considerar que los adolescentes infractores pertenecen a entornos familiares bastante problemáticos e, incluso, disfuncionales, generalmente carentes de recursos económicos suficientes para satisfacer las necesidades básicas. Una “razón” y “excusa” por la que muchas madres y padres no dedican tiempo suficiente a la crianza de sus hijos y, mucho menos, a la educación y acompañamiento de los mismos; de este modo, ellos transcurren su día a día bajo la “compañía” y “acompañamiento” de terceros, o en su defecto en el desamparo solitario de sus casas o de la calle. Así, se privan de oportunidades para socializar sanamente con sus pares, sentirse reconocidos y disfrutar de espacios adecuados para la utilización del tiempo libre, de contacto con la naturaleza, de juego, recreación y oportunidades para sentirse aprobados y reconocidos por sus semejantes.

La gran mayoría de los adolescentes encuestados coincidió en pertenecer a las llamadas familias ensambladas o reconstituidas ( Puentes, 2014). Igualmente, manifiestan carecer de un referente afectivo y de autoridad a causa del debilitamiento de vínculos familiares, la aparición de graves dificultades en su desarrollo físico, afectivo y cognitivo, así como, la consecuente imposibilidad para educarse y desarrollar las habilidades y aptitudes propias de su edad y de su estado de socialización.

La mayoría de los participantes manifiestan que el adolescente al iniciar su proceso resocializador posee conocimiento insuficiente de hábitos de higiene y de habilidades básicas y comunicativas, pero sí se destacan por saber y manejar códigos bastante “sofisticados” de calle, obviamente aprendidos por la imperiosa necesidad de sobrevivir en el peligroso, inclemente y riesgoso mundo de la calle.

Adolescentes y profesionales concuerdan en señalar que, las familias reproducen dinámicas de exclusión y marginación, en parte porque están conformadas por parejas muy jóvenes e inexpertas, o en el caso de las familias monoparentales, existe una alta tendencia a la tenencia de un número considerable de hijos, en la mayoría de casos de diferentes padres. Esta razón genera un desarraigo familiar bastante marcado y una propensión alta a la aparición de otras problemáticas aledañas como el abandono, el trabajo infantil y adolescente, la vida nocturna en las calles, el rebusque, el pandillismo, los embarazos adolescentes, el consumo abuso de sustancias psicoactivas (SPA), legales e ilegales, entre otras prácticas en las que se pone en peligro la integridad de los adolescentes.

Otro aspecto que deja el análisis de los instrumentos aplicados a jóvenes egresados y a un número considerable de profesionales funcionarios del CAE es que se encuentran en estado de desescolarización en su gran mayoría, fruto del abandono del que son víctimas. Por esta razón, a sus 16 años en promedio, siendo los 14 años la edad mínima con la que ingresan al sistema según la Ley 1098 del 2006, algunos de ellos no conocen un aula de clase y otros muchos han fracasado académicamente y engrosan los altos índices de deserción escolar del país y de la región. Esta situación, a corto o largo plazo, introduce a los jóvenes en actividades y dinámicas propias de los adultos, tales como los espacios laborales relacionados con el rebusque (trabajo informal) y otros escenarios productivos que forzosamente les privan de cualquier tipo de seguridad y de garantías, al menos mínimas, para una vida digna.

La situación de pobreza, violencia, ausencia de redes de apoyo públicas y privadas, además de la vulneración de las familias, sumado al tremendo problema que causa la desescolarización, se convierten en un detonante de las prácticas que alejan a los adolescentes de su condición y les impulsan a muy temprana edad a entrar en unas dinámicas cotidianas bastante complejas. Muchos de ellos terminan como víctimas de redes organizadas de delincuencia, especialmente de expendio de sustancias ilegales, de prostitución, de grupos o bandas organizadas dedicados al hurto, el fleteo, la extorción y otros tipos de delincuencia.

Según el concepto del personal profesional encuestado, especialmente del área de trabajo social, es importante destacar, como un factor común relevante en este análisis la precariedad con la que acceden estos adolescentes al sistema de salud, el derecho vulnerado en casi todos los casos. Según la fuente entrevistada, se considera que más del 70 % de los adolescentes que ingresan al SRPA no registran afiliación al sistema de salud, se evidencia una situación de desatención bastante alta, en parte por el descuido del que son víctimas y por las dificultades en atención derivadas de trámites burocráticos en las empresas prestadoras de salud. Por esta razón los adolescentes apenas conocen el servicio de salud “clínica”, es decir, de atención en casos graves de enfermedad, accidente o riñas. Su participación es mínima en algún tipo de servicio de medicina general, menos aún de programas o campañas de medicina preventiva.

Generalmente el estado físico y de salud de los adolescentes al llegar al SRPA se encuentra afectado por algún tipo de patología; por esta razón la atención en salud constituye, especialmente al comienzo de sus procesos, una prioridad al igual que la recuperación de sus cuerpos, frecuentemente afligidos por la desnutrición, la enfermedad, diferentes tipos de infecciones, especialmente de origen sexual y el desgaste ocasionado por el consumo de sustancias psicoactivas.

Dentro del contexto del SRPA los derechos juegan un papel fundamental para la implementación de las distintas sanciones sean privativas o no de la libertad ( Ley 1098 de 2006). Los seres humanos optaron por regirse mediante normas y reglas que condicionan el actuar y las conductas; los derechos más allá que una norma se consideran un horizonte de humanidad, por medio del cual se recuerda constantemente la necesidad de mínimos no negociables como la vida, la libertad, la igualdad, la salud, la educación, entre muchos otros. Según la doctrina de los derechos humanos:

Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. ( Naciones Unidas, 2013, p. 19)

El choosing a vocation u orientación vocacional promueve desde hace muchos años el derecho por elegir aquello que libremente se quiere hacer en la vida; no solo defiende a otros derechos como fundamentales, sino que en sí mismo debe ser considerado como un derecho universal ( Rascovan, 2018). El SRPA y su enfoque pedagógico privilegia dicha posición al impulsar como derecho la capacidad que tiene el ser humano de decidir, de fortalecer los procesos en la toma de decisiones, el críterio, la identidad y la reflexión desde el aprendizaje y la educación.

Por lo tanto, la orientación vocacional es uno de los asuntos esenciales, según la doctrina de los derechos humanos, la Ley de Infancia y Adolescencia ( Ley 1098 de 2006), los Lineamientos técnicos de atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y demás documentos reguladores del servicio de atención a la población adolescente que hacen parte del SRPA; así mismo, es un supuesto explícito en los proyectos de atención institucional de todos los centros de atención especializados del país, tanto en medidas privativas de la libertad como en aquellas relacionadas con medios abiertos ( Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2020a).

En los procesos pedagógicos se realizan algunas prácticas resocializadoras conexas con la orientación vocacional, tendentes al fortalecimiento y desarrollo de la persona en relación con sus capacidades individuales, el descubrimiento de sus potencialidades y la gestión de sus iniciativas; sin embargo, estas experiencias poco se documentan y la información respecto al abordaje de estas temáticas se torna restringida. Podría afirmarse que esto limita la prestación del servicio pedagógico, terapéutico y restaurativo, entre otras cosas, porque al no tenerse sistematizado este trabajo, se carece de un norte en la orientación de este tipo de herramientas, las que se realizarían de acuerdo con el parecer del profesional de turno y sin perseguir un fin específico y diferenciado ( Barrionuevo, 2019; Méndez, 2018).

La definición de orientación vocacional en el contexto del SRPA gira en torno al proceso que desarrolla el adolescente como autor y dueño de sus decisiones para elegir carrera, trabajo, ocupación, intereses, entre otros; esto apoyado y guiado por un profesional que busque su formación y, por medio de la participación y diálogo, se respeten y garanticen los derechos al conjugar la perspectiva subjetiva con el contexto, la realidad y la sociedad ( Illanes et ál., 2018; Marcuschamer, 2005).

El sistema de responsabilidad para adolescentes se enmarca en sanciones pedagógicas que poseen como finalidad:

En materia de responsabilidad penal para adolescentes tanto el proceso como las medidas que se tomen son de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de adultos, conforme a la protección integral. El proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño. ( Ley 1098 de 2006, art. 140)

La finalidad el SRPA se concreta y evidencia en la vida de cada uno de los adolescentes que, al retornar a la sociedad luego de un proceso pedagógico, han encontrado el lugar como miembros activos y productivos de la sociedad superando la conducta antisocial ( Peña y Graña, 2006).

Es evidente que en los resultados se cierne un manto abiertamente negativo de la realidad en torno a la orientación vocacional de los adolescentes infractores de la ley, especialmente antes de asumir y cumplir con la sanción pedagógica impuesta, en este caso la privativa de la libertad en el CAE. Después del egreso del adolescente, muchas veces convertido en adulto, se observa una visión no del todo negativa, pero sí con falencias frente a las herramientas aportadas institucionalmente para enfrentar la vida, lo que evidencia un enfoque educativo pobre con perspectiva de futuro contrastado con aquello que se debe realizar en el centro ( Jiménez y Chaparro, 2018).

En los resultado han sobresalido algunos factores personales como la desescolarización, la influencia del grupo de pares, los comportamientos que van en contra de la norma, la agresividad, el consumo de sustancias psicoactivas, el contexto y noción de “normalidad” que contamina a la población de los adolescentes frente a comportamientos y conductas problema; estos merman la importancia de poseer un direccionamiento vocacional acorde a las capacidades y, en respuesta a las necesidades personales, familiares y sociales, tienen presente que la etapa de la adolescencia se caracteriza por los cambios físicos, psíquicos y cognitivos, dicha orientación merece especial y urgente observancia para esta población ( Torres y Rojas, 2013).

Factores familiares como el bajo nivel académico, la desestructuración familiar, la presencia de sustancias psicoactivas, violencia y agresividad en las relaciones afectivas, abandono y falta de diálogo en los miembros de la familia, así como el marcado conflicto en las relaciones interpersonales son aspectos eminentemente nocivos y dañinos para la orientación vocacional y, con esto, se acentúan las posibilidades del aumento de conductas antisociales. Estos aspectos deben observarse dentro del marco del cambio y transformación social que ha tenido el concepto de familia y su estructura ( Puentes, 2014).

Factores sociales y comunitarios como la falta de oportunidades laborales, educativos, estigmatización y señalamiento social, falta de participación y poca presencia de entornos libres y amigables para el acceso al conocimiento y la utilización del tiempo libre, impulsan la rebeldía del adolescente a crear sus propios espacios, alejarse de los adultos. Así consolidan grupos sin acompañamiento, los cuales acrecientan la distancia con la sociedad y la comunidad, alimentan las emociones de incomprensión, soledad, sin sentido, depresión, agresividad, ensimismamiento, impulsividad, preocupación y desconfianza, entre otras ( Barrionuevo, 2019).

Los profesionales responsables de acompañar los procesos pedagógicos y jurídicos que contempla la Ley de infancia y adolescencia ( Ley 1098 del 2006), ya sean educadores, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros, fomentan la orientación vocacional al considerarla una necesidad en la atención e intervención de los adolescentes. Su visión de futuro debe contemplar la reinserción y vinculación social de egreso, con todo lo que ello representa, instituciones, leyes, normas, creencias, cultura, educación, riesgos, condicionamientos, entre otros. La articulación del trabajo interdisciplinario cobra relevancia ante la prioridad de hacer del adolescente un ciudadano garante y respetuoso de los derechos propios y ajenos, así mismo, al acompañar todas las etapas del proceso de atención integral tanto de dicho adolescente como de su familia y comunidad ( Ministerio de Justicia, 2015).

Los componentes inmersos en el marco de la atención del CAE para jóvenes y adolescentes requieren ser asumidos de forma incisiva a través de mecanismos que articulen y potencien las acciones interdisciplinarias y psicosociales dispuestas para la optimización de la atención en medio de la complejidad que estos contextos representan, en particular lo concerniente a la vinculación productiva tanto al medio familiar como al comunitario ( Méndez y Peiró, 2019).

Los programas de atención especializada requieren, en su estructura pedagógica, estrategias de orientación vocacional acordes a estos entornos, de tal modo que se logren afectar los proyectos de vida en una medida significativa. Finalmente, lo que se debe pretender desde estos programas es acrecentar su eficacia a través de la conexión del sujeto con las redes de apoyo prosocial, al entender a estas como el intento de satisfacer las necesidades de apoyo físico y emocional, y responder a la norma establecida para tal fin ( Ley 1098 del 2006; Orjuela, 2017).

Este estudio ha de posibilitar, posterior a sus resultados, el diseño de programas contextuales educativos que contemplen estrategias psicopedagógicas y sociales, las cuales permitan la orientación vocacional de adolescentes infractores, vinculados al (SRPA) enColombia, especialmente en el departamento de Casanare.

Este estudio posee la limitación de no contar con la participación de directivas, familias y personal encargado de la enseñanza educativa y de formación técnica, lo cual lo hubiesen enriquecido desde su quehacer.

Los adolescentes vinculados al sistema de responsabilidad penal, así como los profesionales que trabajan con ellos, manifiestan la necesidad expedita de tener procesos de orientación vocacional que complementen la implementación de las sanciones pedagógicas impuestas por la justicia, para fortalecer los procesos personales, familiares y sociales de crecimiento y desarrollo de la identidad, así como el poder decidir y elegir.

Las instituciones socioeducativas donde se implementan las sanciones y medidas pedagógicas que contempla el SRPA deben tener en cuenta la orientación vocacional como proceso transversal, con objetivos claros de capacitación laboral, educación básica y media, así como la profesionalización, esto como una apuesta a la potenciación de las habilidades, destrezas, conocimiento práctico y capacidades.

La orientación vocacional responde a la necesidad de preparar a los adolescentes infractores a una reinserción adecuada a su realidad, familiar y comunitaria, por medio de proyectos de vida acordes a las condiciones propias, que visualicen y construyan perspectivas personales y sociales de bienestar y felicidad desde el fomento de la capacidad humana.

Es necesario seguir consolidando e implementando procesos de orientación vocacional de carácter psicosocial, interdisciplinario y participativo, los cuales integren a cada uno de los actores institucionales de manera que se fortalezcan los modelos pedagógicos de atención familiar y comunitaria que se desarrollan en los centros que implementan el sistema de responsabilidad penal para adolescentes privados de la libertad en la modalidad de CAE.

Citar como: Díaz Bonilla, H. A., Gutiérrez González, D. L., Benjumea Gutiérrez, J. C. y Roa Pinto, G. Y. (2022). Orientación vocacional, una necesidad en población privada de la libertad vinculada al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). Revista Interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía, 15(2), 97-126. https://doi.org/10.15332/25005421.7858