Este artículo se propone discutir, a través de la comparación de dos casos, los mecanismos de regulación extralegal (MISSE, 2007; BECKERT; WEHINGER, 2013; SKARBEK, 2000, 2014; LESSING, 2021) de la venta de sexo en Caracas. En el mercado callejero de sexo, las trabajadoras sexuales encaran riesgos y conflictos cotidianos que no solo perturban sus transacciones, sino que amenazan su integridad. Sin embargo, en tanto en la práctica funciona como un mercado al margen de la ley, las agraviadas no tienen cómo recurrir a instancias formales en búsqueda de protección frente a estas amenazas ni para arbitrar estos conflictos, requiriendo agenciarse mecanismos propios, generalmente de naturaleza extralegal, para capear las dificultades que acechan sus actividades. Nos preguntamos entonces por cómo las trabajadoras sexuales lidian con los riesgos, las amenazas, las tensiones y la incertidumbre propios de su actividad, pero sobre todo relacionados con un mercado que opera al margen de las formas de protección y regulación legal. Para comprender estos mecanismos, describimos las dinámicas de dos plazas de prostitución cercanas a una conocida zona de ocio de Caracas. Aunque separadas por poco menos de un kilómetro, estos dos mercados presentan patrones de violencia y conflictividad, pero sobre todo formas de regulación, marcadamente diferentes entre sí. Estas distintas estrategias de regulación estarían en buena medida, aunque no exclusivamente, explicadas por la mayor o menor rentabilidad económica de cada uno de estas dos locaciones de prostitución callejera, lo que nos permite introducir variables económicas para explicar las formas y viabilidad de la gobernanza extralegal, dimensión generalmente poco considerada o simplemente asumida de manera implícita.

Esta discusión empalma con el debate sobre la naturaleza de los mercados ilícitos, en particular sobre su asociación con prácticas violentas y las formas de gobernanzas que operan en estos contextos económicos fuera de la ley. Cuando iniciamos este proyecto a mediados de 2020 con Chelina Sepúlveda y Verónica Zubillaga, cerca de un 80% de la población de Venezuela vivía con ingresos declarados menores a los $10 mensuales. La sobrevivencia habría sido imposible si buena parte de esta población que chapotea en la pobreza más extrema no contase con ingresos provenientes de la economía sumergida, sustraída de los registros formales y las regulaciones legales. La mayor parte de la vida de la gente y de la economía discurre en zonas grises, incluyendo el acceso a distintos mercados ilícitos, que deben confiar su protección y regulación a actores y prácticas que suspenden el precepto weberiano del monopolio estatal de la fuerza.

Aun cuando sean regidos por los mismos principios económicos que otros mercados, las condiciones de ilegalidad y la persecución por parte del Estado operan como factores extraeconómicos que definen la organización social de los mercados ilegales y moldean las interacciones sociales que se dan a su interior. La persecución penal expone a los actores y sus transacciones a riesgos de asaltos, violencia y ataques de grupos criminales y policías, amenazas sanitarias y accidentes asociados con la opacidad y exposición en que se realizan sus actividades, mientras que, en el caso específico de la prostitución, se hace más probable la violencia machista y transfóbica, los asaltos sexuales y riesgos de transmisión de enfermedades sexuales. Por su parte, las condiciones de ilegalidad impiden a las partes acudir a instancias legales para protegerse o arbitrar sobre contenciosos propios de las transacciones económicas, como vulneración de derechos de propiedad, quebrantamiento de contratos, competencia desleal o defraudación de confianza (ARLACCHI, 1998; BECKERT; WEHINGER, 2013; para la prostitución: PORTER; BONILLA, 2010; SANDERS, 2005; MURPHY; VENKATESH, 2011).Se trataría de mercados fragmentados e inestables, con alto grado de incertidumbre, proclives a la violencia, la desconfianza entre las partes y el uso de recursos criminales para sacar provecho de las vulnerabilidades o protegerse de ellas. Los participantes deben pagar unos “costos morales de entrada” que los obliga a deponer sus escrúpulos y asumir disposiciones favorables a quebrantar la ley, mientras protegen su identidad, o, por el contrario, los conduce a un desplazamiento de su marco normativo para convertir su nuevo estatus en fuente de reputación y reconocimiento (DELLA GIUSTA; DI TOMMASO; STRØM, 2005; HODGSON, 1997; BECKERT; DEWEY, 2017). Los costos de operación aumentan sensiblemente por la situación de ilegalidad y persecución, pero a la vez, por los altos costos fijos de entrada, su rentabilidad se acrecienta. El secreto y la opacidad, que protegen otras actividades ilegales deben coexistir con la visibilidad y acceso para permitir la concurrencia de los agentes, a la vez que debe brindarse ambientes pacificados y relativamente seguros para la realización de los intercambios. Los problemas de coordinación se multiplican y se vuelven inmanejables ante la ausencia de mecanismos legales de regulación y resolución de conflictos.

Ante las dificultades de acceso a las regulaciones formales, el funcionamiento de los mercados ilícitos demanda mecanismos extralegales de regulación para capear estas amenazas y reducir la incertidumbre, tales como el prestigio, el uso de redes personales, la participación de grupos criminales y la corrupción de agentes estatales. El prestigio personal frecuentemente se sostiene sobre la capacidad para desplegar violencia pero, al igual que las redes de confianza, resulta poco efectivo para mercados de mayor escala e inestable frente a cambios sociales y al surgimiento de competidores agresivos. Algunas formas de proxenetismo a pequeña escala, como el chulo o alcahueta, y mecanismos de explotación basados en redes familiares y relaciones patrimoniales, son expresión, en el caso de la prostitución, de este tipo de regulación (LEVITT; VENKATESH, 2007; PORTER; BONILLA, 2010; HODGSON, 1997).

Mientras mayor complejidad, incertidumbre y riesgos, que harían insuficientes y demasiado costosas la regulación basada en relaciones personales o en el prestigio, mayores probabilidades de que las operaciones, o parte de ellas, estén en manos de grupos criminales con distinto grado de organización (BECKERT; WEHINGER, 2013; SKARBEK, 2000). Estos grupos pueden combinar capacidades financieras (financiamiento), políticas (acceso a la policía y al Estado en general) y armadas (uso de la violencia para protegerse de los cuerpos de seguridad, castigar a competidores y pacificar mercados) (ARLACCHI ,1998. Ver, también, CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO, 2014). Para Skarbek (2000, 2014), las “gobernanzas extralegales”, que suponen que un grupo criminal ejerce formas -generalmente violentas e ilegalesde control, son el resultado de una demanda de orden y regulación no cubierta por la gobernanza estatal. Los altos costos de las operaciones, acicateados por la falta de garantía de los derechos de propiedad y contrato (que se ve agravada por la naturaleza de las operaciones y actores involucrados) y la ausencia de otras fuentes de regulación, hacen necesarias formas de autogobierno criminal que mantengan las regulaciones, disminuyan la incertidumbre y los costos. Las estructuras criminales permiten resolver los problemas de valor, competencia y coordinación (BECKERT; WEHINGER, 2013), al actuar como “garantes” y ofrecer conductas y productos predictibles, ofrecer protección contra los competidores y barreras de entrada a grupos rivales, y reforzar los compromisos contractuales entre las partes. En el caso del mercado del sexo, este tipo de organizaciones criminales suelen participar en redes de tráfico y trata de mujeres con fines de explotación sexual, control de zonas de tolerancia y la gestión directa o cobro de protección a locales, bares y otras modalidades de prostitución a gran escala.

Finalmente, la participación de actores estatales ofreciendo formas de regulación extralegal puede sustituir, competir o complementar otras formas de gobernanza. Los agentes estatales encargados de ejercer control pueden refrenarse o actuar selectivamente frente a los actores e intercambios ilegales, sea por extorsión o incluso como medio espurio pero efectivo para mantener el orden (SNYDER; DURAN-MARTINEZ, 2009; VENKATESCH, 2006). De igual forma, pueden cooperar con las estructuras ilegales o las redes informales que ofrecen protección y regulan estos mercados, o convertirse en sí mismos en agentes participantes, poniendo la fuerza de la ley de su parte, al enfrentar a competidores, regular el valor de los bienes transados o garantizar que se honre un contrato (BECKERT; WEHINGER, 2011; SNYDER; DURÁN-MARTINEZ, 2009).

Metodología

Este trabajo es parte de una investigación etnográfica iniciada en agosto de 2020 en áreas de prostitución en el centro-noreste de la ciudad, próximas a la avenida Libertador y el boulevard de Sabana Grande, áreas tradicionales de comercio sexual. Nuestra entrada fue gracias a personas en situación de calle con las que habíamos trabajado anteriormente, junto con un grupo de estudiantes universitarios y jóvenes activistas. Dedicamos varias horas a la semana durante más de 15 meses a trabajo de campo con prostitutas que desempeñaban su oficio en distintos lugares de una extensa área dedicada a esta actividad, en jornadas que podían extenderse hasta ocho horas, observando su cotidianidad, participando en sus conversaciones, comiendo con ellas, visitando sus casas, acompañándolas a distintas actividades tanto en su trabajo como fuera de él. Además, durante ese tiempo promovimos junto con ellas distintas actividades sociales, como celebraciones navideñas, cursos y talleres o las acompañamos en gestiones personales o a reclamos por detenciones arbitrarias. Se combinó la observación participante con entrevistas informales no estructuradas y otras semiestructuradas. Aunque, como en todo trabajo etnográfico, nuestra aproximación fue orientada por la atención flotante a temas emergentes en las situaciones concretas (interacciones entre trabajadoras, con clientes, manejo del estigma, vida familiar y relaciones personales, etc.), prestamos particular interés a los conflictos y peligros derivados de las transacciones comerciales a la sombra y las formas de gestión, respuesta y protección frente a estos. Los resultados de las observaciones y las entrevistas informales fueron vaciados en diarios de campo, mientras las entrevistas semiestructuradas se grabaron y transcribieron posteriormente. A partir de los diarios de campo y de las entrevistas se hizo un análisis de las interacciones y prácticas, comparando entre sí distintas situaciones y contextos. Aunque los datos que presentamos corresponden a un arco temporal que va de finales de 2020 hasta principios de 2022, coincidiendo con el periodo en que estuvieron vigentes restricciones de movilidad como medidas preventivas frente al covid-19 y una aguda recesión de la economía venezolana a la que la pandemia se vino a sumar, nuestro trabajo de campo de prolongó por un año más, hasta 2023.

La investigación se enmarca en un proyecto más amplio que tiene como objetivo identificar las relaciones entre mercados ilícitos, violencia y grupos criminales. En este trabajo en particular, nos proponemos discutir las formas de regulación entre dos mercados de sexo callejero y sus efectos sobre su funcionamiento y las dinámicas de violencia, delitos predatorios y conflictos que los afectan. En la siguiente sección, intentaremos justificar por qué tratamos el mercado de sexo callejero como un mercado al margen de la ley, para luego describir y comparar nuestros dos casos de estudio. Finalmente, intentaremos discutir las diferentes formas de regulación, y su eficacia, considerando la “rentabilidad diferencial” que existe entre la oferta de comercio sexual en las dos áreas. Concluimos con una actualización sobre los cambios más recientes que remecieron la dinámica de trabajo sexual que estudiamos.

Sexo forajido

Apenas existen datos y trabajos rigurosos sobre la prostitución en Venezuela (DAKDUK, 2007: ALVAREZ SUÁREZ, 2021; RAMÍREZ RODRÍGUEZ, 2015). Sin embargo, es posible presumir que, en medio de una aguda crisis económica y la reducción de oportunidades económicas, sobre todo para mujeres jóvenes con poca calificación profesional, el trabajo sexual se haya convertido en una opción relevante como medio de sobrevivencia (RAMÍREZ RODRÍGUEZ, 2015; UNFPA, 2022). El número de mujeres que trabajan regular o esporádicamente en distintas formas de comercio sexual, sea prostitución de alta gama, en locales o promocionándose por redes sociales y páginas web, habría crecido significativamente durante estos años. En el caso de la prostitución que se desarrolla en mercados abiertos callejeros, que fundamentalmente reclutaría a mujeres (cis y trans) de bajo recursos y con pobres capitales culturales y sociales como para acceder a mercados menos riesgosos y más atractivos (DAKDUK, 2007), la crisis económica (y, durante el tiempo en que desarrollamos la mayor parte de nuestro trabajo de campo, también las restricciones por la pandemia del covid-19) contribuyó a la expansión de la oferta, con numerosas mujeres que buscaban en el comercio sexual una manera de mantenerse a flote frente a la contracción de los mercados laborales formales. Sin embargo, la caída de la economía también puede operar de manera inversa, al comportar un declive de la demanda de sexo por dinero (a diferencia de otros mercados ilegales de demanda inelástica, como los de droga y comida, que se mantienen o incluso crecen en medio de la recesión), por lo que la rotación de las mujeres, frente a un mercado tan inestable, suele ser alta.

Las plazas de sexo en Caracas se concentran en dos áreas bastante definidas: el eje del boulevard de Sabana Grande y sus alrededores (Chacao, El Rosal, Chacaíto, la Libertador, etc.), una zona de recreo y esparcimiento conocida por sus bares y locales nocturnos, y el centro de la ciudad. Ubicadas en las proximidades de hoteles y locales recreativos, en avenidas transitadas donde las trabajadoras se exhiben y los clientes, generalmente hombre de mediana edad en vehículos, contratan sus servicios, algunas de estas plazas se remontan a varias décadas atrás (OCHOA, 2011). Aunque anteriormente existían delimitaciones que separaban los espacios destinados a chicas trans de aquellos en que se concentraba la oferta cis, hoy en día los contornos no son tan precisos y más bien operan otros clivajes, como intentaremos mostrar al comparar las dos locaciones que estudiamos.

Un problema preliminar es establecer si el mercado de sexo es un mercado ilícito, y en qué sentido lo sería. Aunque no existe una sola definición, en la mayor parte de la literatura se apunta a la naturaleza ilegal de las mercancías intercambiadas o del intercambio en sí. De esta manera, los mercados ilegales pueden ser definidos como dispositivos económicos socialmente organizados, en que ocurren intercambios por dinero de bienes y servicios que, por su naturaleza, origen, producción, términos del intercambio o consumición, son contrarios a definiciones legales, generalmente de carácter penal (BECKERT; WEHINGER 2013; BECKERT; DEWEY, 2017; ARLACCHI, 1998, MISSE, 2007).

Esta definición es lo suficientemente genérica para incorporar ejemplos tan dispares como los mercados de droga, prostitución infantil, comercio de órganos, materiales peligrosos o falsificaciones. Pero, en tanto pone el énfasis en la dimensión normativa (la existencia de una prohibición penal expresa sobre algunos de los aspectos involucrados en la transacción), no se ajustaría para el caso del mercado de sexo callejero en Venezuela. En efecto, la legislación venezolana no prohíbe la prostitución, aunque sancione el proxenetismo o la prostitución infantil. Sin embargo, en términos prácticos, la dinámica de los casos estudiados coincide con los rasgos de los mercados ilegales. Por ejemplo, la persecución policial recurrente. Con frecuencia las trabajadoras sexuales de los mercados cubiertos por nuestra investigación eran arrestadas sin razón y llevadas a establecimientos policiales, donde pasaban varias horas detenidas. A veces se trataban de redadas y arrestos masivos, y las obligaban a estar toda la noche bajo arresto sin cargo alguno. Al ver venir al “perolón”, como llaman al furgón de la policía, la reacción automática era correr a esconderse.

En ocasiones estas detenciones arbitrarias podían conducir al encausamiento criminal por los más variados y disparatados motivos, como por haber roto la cuarentena del covid-19, por tener pequeñas cantidades de droga que no traspasan el umbral necesario para el procesamiento legal o por acusaciones difusas de haber participado en delitos sin comprobar. Aunque las acusaciones la mayor parte de las veces no llegan a ningún lado, obligan a las acusadas a largos, tediosos e incómodos trámites, pero sobre todo las degradan moralmente tanto al ser procesadas penalmente por un delito que además las exponen como prostitutas, así como a aparecer como sometidas a una investigación criminal cada vez que la policía las detienen y verifican su documentación.

Aun sin terminar en arresto, el abordaje policial siempre busca molestar y exponer a las prostitutas y sus clientes a través de métodos agresivos y denigrantes: revisiones corporales invasivas (especialmente degradantes en tanto que se realiza en plena calle, de mano de un funcionario policial hombre, y con frecuencia incluyen desnudos parciales), verificaciones de documentos, obligación de abandonar el lugar, amenazas, intimidaciones e incluso golpes, o sencillamente un despliegue amenazante frente a sus puestos de trabajo para espantar cualquier potencial cliente.

La vigilancia continua y el hostigamiento policial contrasta con la situación de indefensión y vulnerabilidad a la que están expuestas este grupo de prostitutas. Son habituales los robos (de clientes, grupos de delincuentes, otras prostitutas e incluso de los mismos policías), las golpizas y agresiones, las peleas, incluso con cuchillos. En ninguno de los casos de los que fuimos testigos, las agredidas denunciaron el hecho. También los clientes pueden ser víctimas de asaltos, robos o defraudación por parte de las prostitutas. Tampoco en estos casos se denuncia debido al escarnio que significa admitir haber pagado por sexo.

La violencia a la que se exponen las prostitutas en la calle puede desembocar en resultados fatales. Durante el tiempo de nuestro trabajo de campo, conocimos de al menos cinco casos de prostitutas asesinadas, incluyendo el de Yara, nuestra principal colaboradora y vía de ingreso al mundo del trabajo sexual callejero.

Pero la amenaza más presente en las preocupaciones de las trabajadoras sexuales, que más desasosiego y temor les produce y más les afecta, es la violación. La mayoría de las mujeres que conocimos en el negocio del sexo callejero había sido forzada a tener algún tipo de acto sexual contra su voluntad por uno o más hombres al menos alguna vez durante su carrera, generalmente con desmedidos despliegues de crueldad y violencia. A pesar de la brutalidad y el impacto de este tipo de acto, a los que las prostitutas tienen una denominación específica y elocuente (“hacer lo malo”), en ninguno de los casos de los que tuvimos conocimiento la víctima interpuso alguna denuncia. “¿Para qué?”, nos decía una con resignación, “no van a hacer nada porque saben que somos putas”.

Curiosamente, el término “hacer lo malo” se extiende hacia otro tipo de eventos cuando, aunque sin mediar violencia y coacción, el cliente no paga lo acordado. Por ejemplo, cuando paga con un billete falso o no realiza la transferencia bancaria ofrecida como medio de pago. En esos casos, en que se podría hablar de fraude o “defraudación de contrato”, el sexo es consentido, pero no se recibe la retribución convenida por el servicio. De este modo, “hacer lo malo” articula dos experiencias distintas pero concurrentes, ambas asociadas con las condiciones en que se realiza la prostitución de calle. Por un lado, el sexo bajo coacción, la violencia sexual a la que están expuestas las prostitutas en tanto mujeres vulnerables. Por el otro, una especie de fraude transaccional, en que el sexo, aunque consentido, se intercambia a cambio de un pago acordado que luego no es honrado por el cliente. Implica tanto un atentado contra la integridad sexual y una infracción de los términos del intercambio. Tanto en uno como en otro caso los riesgos son maximizados por los efectos de la persecución, que obliga a las prostitutas a trabajar en condiciones desventajosas y de mayor vulnerabilidad, y de ilegalidad, que ofrece impunidad al perpetrador. Agredir, violar o estafar a una prostituta es fácil y sin consecuencias.

El mercado de sexo callejero, aunque no legalmente proscrito, encara las mismas dificultades de otros mercados ilegales. Beckert y Wehinger (2013), por ejemplo, identifican tres problemas de coordinación que perturban los mercados ilegales como resultado de la persecución estatal y de la ausencia del Estado en funciones de regulación y protección de derechos de propiedad y regulaciones del intercambio: el establecimiento de valor (creación endógena de valor, dificultades para comparación con otras mercancías dentro y fuera del mismo mercado, imposibilidad de certificación y estandarización de la calidad de la mercancía ofrecida, información asimétrica sobre precios y productos), la competencia (competencia desleal, ausencia de protección frente a rivales y prácticas agresivas, dificultades para la competencia debido a la falta de transparencia en precios y productos) y la cooperación entre los actores participantes (defraudación de contrato, desconocimiento de los derechos de propiedad).Un problema habitual sobre el establecimiento del valor en el mercado de sexo callejero son los conflictos, que con frecuencia derivan en violencia, en torno a la tarifa y al servicio. El cliente regatea el precio previamente acordado argumentando una performance por debajo de la esperada, o demanda servicios distintos a los acordados (en los casos más extremos, violencia, coacción para consumir drogas o sexo sin protección). Otro problema asociado a la definición de valor y estandarización del intercambio son los riesgos de transmisión de enfermedades venéreas. Mientras que la prostitución en establecimientos controlados está sujeta a estrictas regulaciones sanitarias, que incluyen exámenes periódicos para despistaje de ETS y suministro de preservativos, estas prescripciones no operan en la prostitución callejera. Esto se agrava por la carencia de preservativos, o el uso de profilácticos de mala calidad o vencidos, o el sexo inseguro, sea forzado o consentido por el incentivo de un pago adicional. Remite tanto a un problema de estándares sanitarios que garantizaría la seguridad del intercambio sexual, y a la asimetría de la información, característico de los mercados ilegales (BECKERT; WEHINGER, 2013).

Los conflictos por competencia son también habituales. Durante el periodo en que hicimos nuestro trabajo de campo, la combinación de la aguda crisis económica y las restricciones derivadas de las medidas sanitarias frente a la pandemia, contribuyeron a incrementar la competencia y los conflictos violentos en estos mercados de sexo. Mujeres que empezaron a ejercer la prostitución debido al cierre de las fuentes de trabajo legítimo, trabajadoras de locales de sexo que se vieron de la noche a la mañana con sus lugares de trabajo clausurados, prostitutas que laboraban en las cercanías de hoteles que pasaron a ser utilizados como centros de hospitalización y debieron migrar hacia otras plazas, alimentaron la oferta de sexo callejero local y la competencia agresiva entre las trabajadoras sexuales. Al mismo tiempo, las restricciones de circulación, la presión policial y la caída de la capacidad de consumo de la población redujeron significativamente la demanda.

Por otra parte, existen importantes conflictos por la competencia entre edades y géneros. La llegada de prostitutas más jóvenes, incluso adolescentes, reduce las posibilidades de las más inveteradas, y las prostitutas trans ven decaer su mercado al crecer la presencia de mujeres cis. La competencia por segmentos, por aumento de la oferta y por caída de la demanda, conduce a cruentas peleas e intentos de desplazar a las recién llegadas o explotar a las competidoras más aventajadas.

Los conflictos de coordinación entre actores suponen graves problemas de integridad y violencia en el caso del mercado de sexo callejero, donde el objeto del intercambio es el sexo y se pone en disputa la “propiedad” de la mujer sobre su cuerpo. Violaciones, sexo no consentido o bajo engaño y otras habituales formas de abuso y violencia, dan cuenta de las brutales implicaciones de un mercado desregulado donde la mercancía que se intercambia es el propio cuerpo. Adicionalmente, dos rasgos propios del mercado del sexo callejero, no comunes a otros mercados ilegales, agravan estos riesgos: el dominio del cliente sobre el cuerpo de la mujer (o el cuerpo feminizado, en el caso de las prostitutas trans), con sus distintos gradientes de disposición sobre este como objeto del intercambio (más que el pretendido placer sexual) y la consumación final del intercambio en lugares ocultos y alejados de la supervisión y control de terceros. ¿Cómo entender estas similitudes y convergencias con las dinámicas de los mercados ilícitos, cuando la prostitución no es una actividad penalmente prohibida? Distintos trabajos señalan las fronteras difusas y las zonas grises que proliferan entre mercados ilegales, economía informal y economía legal (VENKATESH, 2006; PORTES; HALLER, 2005; BECKERT; WEHINGER, 2013). Mercados informales como la prostitución son ambientes favorables para actividades delictivas. Robos, tráfico de drogas y prostitución de adolescentes son habituales en las plazas que observamos. Un mercado informal puede convertirse en ilegal al violentar cláusulas infrapenales y administrativas (BECKERT; WEHINGER, 2013). En el caso de la prostitución callejera, sería fácil demostrar infracciones a normas sanitarias, ordenanzas municipales sobre el espacio público o incluso a ciertas normas atávicas referidas a la moral y las buenas costumbres. Durante la pandemia, por ejemplo, la persecución y judicialización de las trabajadoras sexuales acudió a difusas e imprecisas normas excepcionales relacionadas con el confinamiento sanitario. Pero aún esto no explica del todo el carácter sumergido y al margen de la ley de este mercado, dejando tanto a prostitutas y a clientes en estado de desamparo en caso de agravio. Justamente la estructura de la ley permitiría diferenciar entre casos donde se quebranta algún dispositivo legal, sea penal o administrativo, y los casos en que no. Pero la actuación de las agencias formales es indiferenciada y uniforme, condenando a este mercado a operar, de facto, al margen de la ley.

La hipótesis que proponemos es que, más que por las prescripciones legales, el efecto de normas informales relativas a la prostitución y las desventajas sociales de las participantes configuran el mercado de sexo callejero como desregulado y desprotegido. Tomando en préstamo las variables situacionales que para Gabaldón y Birkbeck (1988) permiten predecir el uso de la coerción policial, serían la reprobación moral y el bajo poder de reclamo las que ponen a las prostitutas y su actividad al margen de la ley.

Sobre la prostitución recae un fuerte estigma social (GOFFMAN, 1970; DELLA GIUSTA; DI TOMMASO; STRØM, 2005) que condena tanto a las prostitutas como a sus clientes al ocultamiento y la invisibilidad. La mayoría de las mujeres que conocimos usan nombres ficticios y no dan información personal más allá de la estrictamente necesario. Evitan las calles transitadas y se ocultan cuando creen identificar a algún conocido. Estas desvaloraciones, que implican un severo descrédito y censura moral, son compartidas tanto por las prostitutas, sus clientes, sus contextos sociales y por audiencias más amplias, como el público y las agenciales de control. La reprobación moral tiene como efecto, cuando se devela la identidad oculta, la pérdida de la reputación, la desaprobación del grupo de pertenencia y la ruptura de redes personales y afectivas (DELLA GIUSTA; DI TOMMASO; STRØM, 2005; EDLUND; KORN, 2002).

La policía aprovecha este estigma como palanca de gobierno y coacción. Ser arrestada, aun sin cargos, y pasar una noche en una comisaría, representa una exposición innecesaria y costosa que la mayoría preferiría evitar. Lo mismo ocurría con los clientes. El costo de entrar en contacto con la policía y ser expuesto es demasiado alto para afrontarlo. Una de las chicas nos lo explicaba en estos términos: “El problema es el ´daño moral´. Yo vivo por aquí cerca. Imagínate que cuando esa policía (aludía al encontronazo con una uniformada) me quería llevar, pase la mamá de uno de los amiguitos de mis hijos, y después le diga que no se junte con mi hijo porque soy una puta… ¿Cómo quedo yo?”. Cuando preguntábamos, ante cualquiera de las frecuentes situaciones de daño que enfrentaban las mujeres, por qué no denunciaban, una vez más, la respuesta era la misma: “¿Quién nos va a hacer caso, si somos putas?”. Por lo demás, parece poco probable que decidan activar mecanismos formales de reclamo por eventos que expondrían su actividad.

El bajo poder de reclamo refiere a la capacidad de articular denuncias legítimas y activar mecanismos informales, como la opinión pública, o formales, como las instancias judiciales y de control, frente a sus quejas. Ambas dimensiones estarían vinculadas, en tanto que la devaluación moral hace más difícil emprender con éxito reclamos legítimos para una eventual audiencia, pero el bajo poder de reclamo subraya las desventajas estructurales y las posiciones sociales relegadas de las trabajadoras sexuales callejeras. Procedentes de contextos depauperados, sin capitales sociales y culturales, sin relaciones políticas o institucionales, sabían de antemano que cualquier intento de denunciar un daño o hacer un reclamo tendría un resultado improbable.

La proscripción de facto de la prostitución callejera nos recuerda que el funcionamiento de la ley y de las agencias encargadas de su cumplimento depende más de relaciones de fuerza y posiciones estructurales que de consideraciones puramente formales y legaliformes. La persecución, violencia institucional y exclusión de los mecanismos de regulación, son el resultado del entrecruzamiento de distintas formas de dominación y múltiples condiciones de desigualdad (de sexo, clase, raza, género) que perpetúan y amplifican la vulnerabilidad social previa de las mujeres que se dedican a la prostitución. No todos los mercados de sexo reciben el mismo tratamiento. Existe, por ejemplo, una prostitución de lujo protegida por la policía y mimada por grupos de poder. Pero incluso mercados sexuales más asequibles, como burdeles y páginas de internet, son perturbados muy rara vez por la policía. Las trabajadoras sexuales callejeras suelen tener dificultades para acceder a estos mercados por sus precarios capitales culturales y sociales, características étnicas o identidad de género, en el caso de las prostitutas trans. La “ilegalidad” no debe verse como un asunto de categorías jurídicas sino de interseccionalidad (CRENSHAW, 1991; MCCALL, 2005), en tanto confluencia de múltiples formas de opresión y subjetivación. Más que en la naturaleza de la actividad, es la superposición de estrategias de segregación y poder sobre las identidades socialmente relegadas de las trabajadoras sexuales (mujeres, pobres, racializadas, trans) lo que condiciona su persecución y vulnerabilidad. Estos cuerpos segregados y proscritos permiten a su vez reforzar las desigualdades sociales, la dominación masculina, el poder de la policía, la explotación económica y la exacción de rentas.

¿Cómo lidian las trabajadoras sexuales con este contexto de incertidumbre, peligro, desregulación e indefensión? Por un lado, “estrategias” individuales. Las mujeres intentan descifrar las intenciones de los clientes antes de subir a un vehículo, atendiendo a cábalas o informaciones compartidas por sus compañeras. Otras se encomiendan a Dios y los santos. La religiosidad siempre está a flor de piel, conviviendo con sortilegios y “hechizos” (que “venden” las mujeres más veteranas) para la protección y para conseguir clientes. Unas pocas mujeres cuentan con una red de clientes regulares que les permite ejercer el oficio minimizando riesgos. Muchas andan armadas de navajas y cuchillos de dudosa efectividad a la hora de un combate cuerpo a cuerpo, pero que les brinda seguridad y quizás sirva para disuadir a un potencial asaltante. Candy, una chica trans con más de 20 años en la calle, lleva en su boca una hojilla que maneja con una pericia asombrosa. Cuando la policía la detenía, se cortaba los brazos y chorreando sangre, gritaba a toda voz que era enferma de VIH. Algunas se imponen a través del prestigio, la autoridad o la violencia. Cuando conocimos a Yara, despertaba respeto y temor entre sus compañeras, lo que le permitía cierto poder de regulación sobre el grupo que le era más cercano. Pero su trágico final muestra lo precario de estos recursos personales en un contexto tan violento y desregulado.

La solidaridad grupal también funciona como soporte, al permitir compartir información (de la demanda oscilante, lugares más rentables, clientes “malapaga” y peligrosos, compañeras problemáticas, etc.), brindar apoyo emocional y físico ante conflictos y agresiones, ofrecer posiciones ventajosas frente a competidoras, atacantes, policías o un mercado voluble. Las relaciones de amistad, familiares (no son pocos los casos de madres e hijas que trabajan juntas, o grupos de hermanas y primas), comunitarias etc., permiten coaliciones que ayudan a sortear peligros y lograr posiciones ventajosas. Un grupo de amigas y primas provenientes de un barrio cercano ejercía un cierto poder informal frente a las otras mujeres, cumpliendo eventualmente papeles de regulación y pacificación. Sin embargo, la respuesta gregaria tiene limitaciones: aunque andar en grupo protege y reduce la incertidumbre, al mismo tiempo es una mala estrategia para captar clientes, que rehúyen los grupos de mujeres. Además, la competencia, especialmente en momentos de caída de la demanda, o los conflictos personales, por droga o por clientes, generan fricciones que con frecuencia debilitan la cohesión y la solidaridad.

Pese a la importancia documentada en otros contextos (HODGSON,1997; LEVITT; VENKATESH, 2007), la figura del proxeneta tradicional, el chulo o alcahueta, es prácticamente inexistente en estos mercados. Sin embargo, como veremos más adelante, algunas de las prostitutas más antiguas pueden cumplir un papel parecido.

En general, la efectividad de estos recursos es más bien limitada. La alta rotación del mercado, el rápido deterioro de las trabajadoras sexuales, el fuerte anclaje territorial de la prostitución (LEVITT; VENKATESH, 2007) que limita el desplazamiento y obliga a competir por el espacio, las oscilaciones en la demanda y la propia naturaleza precaria del mercado, contribuyen a que la inestabilidad y la violencia sean un dato común. Cambios recientes también erosionaron estas formas de regulación basada en recursos personales y redes sociales. Además del crecimiento reciente de la oferta de servicio sexual, sobre todo con muchachas jóvenes e inexpertas, ajenas a las formas convencionales de regulación de las prostitutas más antiguas, se sumaron indigentes y adictas que, debido a la presión económica y la pérdida de otros medios de subsistencia, se dedicaron de manera más activa al sexo por subsistencia o intentaban hacerse de algún dinero o de droga de las otras prostitutas. La policía, también privada de otros medios de rentas ilícitas y extorsión durante la pandemia, empezó a extorsionar a las prostitutas y sus clientes, práctica que había desaparecido al menos desde 2008, cuando se suprimió la Policía Metropolitana. Por otra parte, la demanda de sexo cae abruptamente por la contracción económica y las restricciones impuestas por el covid-19. Finalmente, las prostitutas de mayor experiencia, que podrían permitir una cierta regulación del mercado (y que de hecho lo hacían antes) o están demasiado deterioradas o han emigrado a otros países.

En palabras de Skarbek, en contextos al margen de la ley, el quiebre de formas previas de regulación basadas en códigos de honor, redes sociales o el prestigio personal, y cambios demográficos y económicos como los que operan en estos contextos de prostitución callejera, generan una demanda de gobernanza extralegal, es decir, la búsqueda de mecanismos, por lo general en mano de terceros actores, que regulen e impongan normas que permitan el funcionamiento del mercado inestable (SKARBEK, 2000, 2014).

Calle Aracataca: amor de madre

Aracataca es una calle secundaria de apenas dos cuadras, a lo largo de las cuales se apilan viejas y elegantes viviendas, vestigio de una ya lejana época de opulencia, en su mayoría abandonadas, y unos pocos edificios residenciales, terminando en un hotel que hace esquina con la avenida principal y que seguramente (al igual que en otras plazas de prostitución cercanas) es la razón para que un grupo variable de trabajadoras sexuales (en las horas flojas no más de un par, en los momentos más concurridos, hasta 20) use esta calle desolada y apenas transitada como lugar de trabajo.

Precisamente por poco transitado y periférico es el emplazamiento preferido para las prostitutas usuarias de drogas, que pueden consumir sin necesidad de ocultarse ni ser molestadas, para las que no tienen edad legal para el oficio, para las que recién se inician en la prostitución y prefieren dar sus primeros pasos lejos de las miradas indiscretas de las transitadas avenidas centrales, o simplemente para aquellas que quieren evitar la feroz competencia de las calles más concurridas. También es un lugar frecuentado por vendedores de drogas (generalmente exprostitutas o prostitutas activas que completan así sus ingresos), adictas indigentes que buscan aprovecharse de los atracones de droga o hacerse de algún dinero de las mujeres más afortunadas…y por las madres.

Las prostitutas callejeras envejecen mal. El prolongado desgaste físico y emocional, la progresiva ruptura con sus redes y aislamiento social, la historia de abuso de sustancia que acompaña una autodestructiva carrera moral, terminan hundiéndolas aún más en el pantano de exclusión, al tiempo que pierden posibilidades en el mercado sexual, condenándolas a la indigencia y dependiendo de unos fieles pero escasos clientes de sus mejores tiempos, o cambiando favores sexuales por comida y droga. La llegada de prostitutas jóvenes reduce significativamente sus posibilidades, pues los clientes prefieren a las recién llegadas. Frente a esto, las prostitutas mayores, incluyendo las trans, optan por echar a las muchachas recién llegadas o, lo que es lo más frecuente, establecer sobre ellas una relación de patronazgo, en que las protegen, aconsejan y administran, a cambio de algún tipo de recompensa.

Generalmente, una nueva prostituta llega de la mano de alguna conocida, que la introduce en la prostitución y la ayuda a vencer las resistencias morales iniciales. Lo habitual es que sea una mujer mayor la que se encargue del reclutamiento, pues las más jóvenes suelen ser reacias a traer compañeras que puedan arrebatarles mercado. La mujer responsable de introducir en la prostitución a la neófita asume sobre ella un conjunto de derechos y obligaciones que la definen como su madre. La orienta, educa en el oficio, prepara y protege. Le enseña los consejos y artes de la prostitución, le busca clientes, le advierte peligros, le dice cuánto cobrar, cómo desempeñarse, le compra ropa y le enseña cómo vestirse. Se queda con ella mientras trabaja, inspecciona y da el visto bueno a quienes procuran sus servicios, se pelea con otras mujeres que intentan aprovecharse de la novata, afirmando al mismo tiempo su “derecho de exclusividad” sobre esta.

Una tarea importante de las prostitutas veteranas que ejercen de madres es brindar apoyo emocional y justificaciones morales que reduzcan el peso tormentoso del estigma y los prejuicios. Una amalgama de discursos moralizantes sobre la abnegación y sacrificio como madre (la maternidad es una dimensión central en los discursos autojustificatorios de todas las prostitutas que conocí, una especie de inversión de la figura de la “mala madre” que se les asocia como estigma), la promesa difusa de una vida de lujos y placeres, la reivindicación de ser mujer y el poder que les da el sexo, y ocurrentes chanzas sobre la torpeza y credulidad de los hombres, ofrece, sino un marco de motivos, sí recursos retóricos para disminuir la vergüenza y los prejuicios. En los corrillos que se organizan en torno a las prostitutas mayores, las jóvenes aprenden cómo lidiar con el estigma, qué hacer en caso de ser descubiertas, y escuchan divertidas historias de malentendidos o relatos fabulosos donde la puta despreciada se queda con el marido opulento. También, en los habituales casos que luego de un servicio la novata llega deprimida y cabizbaja, la madre y las otras mujeres le dan ánimo con frases hechas o con chistes en que satirizan la estupidez masculina y ensalzan el ingenio de las mujeres. Todo esto le da al grupo de mujeres que gravitan en torno a las madres un tono feliz y relajado, de confidencias de mujeres fuera del control masculino. “En esto se sufre pero se goza”, sentencian las veteranas para dar por saldadas las cuitas de las inexpertas.

El consumo colectivo de drogas juega un papel importante en esta dinámica. La madre generalmente se encarga de recaudar entre sus “hijas” el dinero para la compra, cuando no es ella la propia proveedora, y organiza el reparto y consumo. Además de las ganancias que le deja por intermediaria, este consumo colectivo refuerza los vínculos del grupo, permite superar diferencias y da valor o aplaca las penas de las jóvenes. Por supuesto, también puede traer inconvenientes y conflictos cuando alguna de las otras prostitutas mayores, o las adictas que merodean la plaza, quieren participar en el convite sin pagar su parte, o alguna de las participantes se niega a compartir el consumo con las otras o consume más de lo que le correspondería. Las riñas por pérdida o robos de droga son habituales, en especial luego de largos atracones que terminan entumeciendo el raciocinio de las participantes o provocando arrebatos de ira y paranoia.

Una madre suele contar con dos o tres “hijas”. Pero no siempre las adoptadas son reclutadas antes de llegar a la calle. En ocasiones llegan muchachas solas o de mano de otra madre que “las descuida”. Las madres tienen la obligación de velar permanentemente por sus pupilas, y cuando descuidan sus deberes en este sentido, sea porque se ausentan por una temporada, sea porque pasan el tiempo entregadas al consumo, demasiado aturdidas para velar por sus chicas, otra veterana puede ocupar su lugar. Esto da lugar a no pocos malentendidos y peleas entre las mujeres mayores por los “derechos” sobre las jóvenes.

Por este papel de protección y asesoría, la madre espera recibir un “regalo” cada vez que su pupila “se monte” (es contratada para un servicio), que por lo general es una pequeña parte de lo que cobra por servicio ($10 por sexo oral y $20 por “completo”, precio a negociar). Las “hijas” también le compran comida o pagan el consumo de droga de sus protectoras. A pesar del trasfondo de coacción, el regalo no necesariamente se entiende como una retribución, pues se puede hacer de manera espontánea y no inmediata. Pero esta indefinición y no reciprocidad pueden ser ocasión de fuertes peleas cuando la madre, generalmente apremiada por la necesidad de consumo o por alguna urgencia, le exige a su pupila un dinero con que no cuenta.

La figura de la madre permite aliviar algunas de las tensiones e incertidumbre que encaran las prostitutas en un mercado desregulado. Reduce los “costos morales de entrada”, a través de justificaciones y apoyo emocional, protege de los principales peligros, físicos y emocionales, reduce la asimetría de información propia de las transacciones en los mercados ilegales, regula la competencia desleal, al proteger a las novatas de las conductas maliciosas de las de mayor experiencia, pero también al apropiarse -e incluso redistribuir entre las otras veteranas a través de prebenda, drogas o comidade parte de las ganancias que las chicas jóvenes obtienen en desmedro de los chances de las de más edad. En este último sentido, las madres compensan la pérdida de oportunidades en el mercado del sexo explotando a las prostitutas jóvenes. Pero al mismo tiempo, la indefinición de las reglas y los términos de la relación (¿cuándo cesan los “derechos” de la madre sobre sus aprendices? ¿cómo se tasan las retribuciones de las pupilas a sus cuidadoras?, etc.), el hecho que esta figura se sostenga en el prestigio de mujeres de menguadas capacidades y dificultades para ejercer autoridad, la pelea entre ellas por el control de las jóvenes prostitutas, hacen que, lejos de mantener el orden y el buen funcionamiento del mercado, el papel de las madres contribuya más bien a la violencia y el conflicto.

Avenida Primavera: las que llevan el volante

La avenida Primavera es una vialidad elegante y amplia que comunica dos de las principales arterias viales de la ciudad, flanqueada por hermosos edificios de mediados del siglo pasado. A diferencia de la calle Aracataca, el flujo de vehículos es permanente y nutrido. Las mujeres que trabajan a la vera de los centenarios árboles que dan sombra a la avenida son, en su mayoría, jóvenes y mejor arregladas que sus pares de la calle vecina. Se distribuyen en grupos de dos o tres a lo largo de la extensa avenida. Son excepcionales los robos, el consumo de alcohol y drogas de manera ostensible y la violencia.

Aunque algunas mujeres mayores ejercen de madre sobre jóvenes que ellas mismas reclutan o captan en la propia calle, la figura es mucho menos relevante que en el ejemplo anterior. No es común la coacción como ocurre en la Aracataca, y en caso de asaltos de otras prostitutas, las que llevan el volante (gobiernan la calle) actúan inmediatamente echando a la agresora e impidiéndole que trabaje en la zona. El control de las interacciones, la imposición de regulaciones y la sanción a las transgresoras están en mano de Berenice, una exprostituta de cierta edad, Maya, su corpulenta hija, que es capaz de liarse a golpes con mujeres y hombres y salir victoriosa, Agripina, su cuñada, y Candy, una trans. Todas veteranas de la calle, y además con relaciones estrechas con policías y delincuentes que movilizan en caso de necesidad.

Berenice y su grupo mantienen el orden, protegen a las mujeres, evitan altercados y perturbaciones que molesten a los vecinos, llamen la atención de las autoridades o espanten a los potenciales clientes, y expulsan a las que incumplen sus mandatos. También acuerdan con la policía el pago de una tarifa que permite trabajar a las mujeres sin ser molestadas y pedir auxilio a la fuerza pública en caso de necesidad.

Aunque hay menos violencia, incertidumbre y conflictos, es, justamente por el alto volumen de tráfico y de transeúntes, una plaza de mayor exposición de las mujeres, que les cuesta mantener a salvo su identidad. Esto se compensa con mejores ingresos por la mayor demanda y los menores costos asociados a los riesgos de operación.

El ambiente de trabajo, aunque sigue siendo de camaradería y fraternización entre las chicas, es mucho más impersonal. No se ven las francachelas y consumo colectivo de drogas, y las chicas están durante la mayor parte del tiempo, que pueden ser jornadas de muchas horas, a la caza de los potenciales clientes, a diferencia de la actitud displicente y relajada con las que pasan la jornada sus compañeras de unas cuadras más allá. De hecho, algunas mujeres de la Aracataca prefieren mudarse temporalmente a la Primavera cuando tienen necesidad de trabajar duro para hacer dinero. La mayor demanda y cierta disciplina autoimpuesta y reforzada por el grupo de Berenice hace de la plaza mucho más productiva, a pesar que el número de mujeres es mayor (pueden llegar en un día movido a ser más de 30, incluso 50 prostitutas) y la competencia es más intensa.

Las mujeres están obligadas a pagar hasta 20 dólares semanales por el derecho de pararse en la avenida. Esto resulta afrontable a mujeres que podrán ganar hasta 400 en una buena semana. Las que no pagan no se les deja trabajar, y con frecuencia son desplazadas bajo amenaza de violencia.

En los meses anteriores a terminar este artículo, la regulación del mercado cambió significativamente. Maya se fue del país, Candy cayó en desgracia con las otras mujeres y la propia Berenice, por razones inciertas (algunas mujeres dicen que tuvo un problema con la banda que controla el tráfico de drogas en el boulevard comercial cercano, otras que se peleó con la amante de un policía que ejercía de prostituta) dejó de visitar asiduamente la avenida. Aunque a veces hace rondas y cobra algún dinero, el control de la prostitución pasó, en los últimos meses de nuestra investigación, a manos de la policía, que exigen un pago extorsivo a las prostitutas a cambio de dejarlas trabajar.

Las rentas del sexo

Quisiéramos discutir algunas hipótesis en torno a estas diferencias tanto en la violencia y conflictos, como en las formas de regulación, en dos plazas de prostitución tan próximas. Una primera explicación atendería a las características de las prostitutas en cada uno de los sitios. Mientras en la avenida Primavera las mujeres parecen más integradas, con mayores recursos para autocontenerse y menos deterioradas, en la calle Aracataca se congregan prostitutas adultas deterioradas y violentas, consumidoras compulsivas y mujeres con dificultades para autorregular su comportamiento. Sin embargo, estas diferencias no son tan claras. Ambas plazas fueron afectadas por el rápido crecimiento reciente de la oferta y con la llegada de prostitutas jóvenes ajenas a los códigos de conducta que rigen la calle. Incluso, en la Aracataca llegaron jóvenes menos comprometidas con la ilegalidad, que prefieren ejercer en una calle secundaria y menos transitada para evitar ser descubiertas. Además, las mujeres que trabajan en la Aracataca con frecuencia se desplazan a la Primavera, incluyendo las que presentan conductas más problemáticas, de la misma forma que las habituales de la Primavera en ocasiones trabajan en Aracataca.

Una segunda hipótesis advertiría sobre las características situacionales de ambos emplazamientos: mientras la avenida Primavera es una calle concurrida, con un importante flujo de tránsito y regularmente patrullada por distintos cuerpos de seguridad, en la calle Aracataca el público (tanto de vecinos de la zona, policías y transeúntes) es significativamente menor. Esto podría favorecer el desorden y la violencia en la segunda, con menor vigilancia, control informal más débil y menos reclamantes (menor “poder de reclamo”, en este caso de los residentes), mientras que en la primera la atención de vecinos y personas en tránsito haría más riesgosos comportamientos inapropiados. Sin embargo, en contraste, en la Aracataca se trabaja más de día, incluso en las mañanas, cuando el tránsito y la visibilidad es mayor, mientras que las horas de mayor actividad y con presencia de más mujeres en la avenida Primavera son por el contrario las horas de la noche.

Estas hipótesis entroncarían con distintas tradiciones criminológicas que enfatizan en el peso de los factores individuales, situacionales o la desorganización social y el control informal. Pero las perspectivas recientes sobre gobernanzas informales más bien señalan la insuficiencia de estas explicaciones e insisten que factores como los mencionados, en vez de desencadenar mecánicamente cuadros de desorden y violencia, pueden operar como fuente de demandas de gobernanzas extralegales. Skarbek, por ejemplo, describe cómo el quiebre de las formas tradicionales de regulación informal dentro de las prisiones norteamericanas por el aumento de la población encarcelada y el ingreso de delincuentes más jóvenes y violentos, o el efecto de las economías desreguladas y los conflictos dentro de empresas criminales, favorecen el surgimiento de formas de gobernanza que suplen las ausencia de otros mecanismos para mantener la paz y el buen funcionamiento de los órdenes ilegales (SKARBEK, 2000, 2014).

Sin embargo, estas premisas solo parecen válidas para la avenida Primavera, donde Berenice y su pandilla mantienen al menos parcialmente el orden y garantizan el buen funcionamiento del mercado. En cambio, en la calle Aracataca, las madres como figura de regulación no parecen capaces de evitar la violencia y ellas mismas se vuelven una fuente de conflictos. Quedaría aún la interrogante sobre qué conduce a estas soluciones distintas al problema del orden y la ilegalidad.

Nuestra propuesta es que lo que distingue uno y otro contexto es la renta (en una “versión libre” de la categoría ricardiana, entendida como ganancias diferenciales que resultan de una determinada ubicación) asociada con el comercio sexual. Las diferencias de funcionamiento del mercado y de las formas de regulación serían función de las rentas diferenciales entre ambos lugares. Las rentas del comercio sexual son más altas en la Primavera, aun cuando el valor del servicio sea igual. Una prostituta en la avenida puede conseguir, en una buena jornada, hasta $200. En cambio, en promedio, las chicas en la calle Aracataca obtienen unos $40 cuando logran trabajar, y no más de 100 si tienen una racha de buena suerte. El papel de la renta podría también permitir comprender el papel que juegan las otras variables señaladas (las chicas más “competitivas” trabajan en la avenida, para así aprovechar la mayor rentabilidad, mientras que las que tienen menos chances, como las adictas y las de más edad, se refugian en la calle periférica, aprovechando un mercado menos rentable pero también menos competitivo; el mayor flujo de personas en la avenida significa tanto una mayor exposición pero también una mayor demanda; la avenida más prospera supondría un mayor “poder de reclamo” de los residentes y por ello un comportamiento más discreto de las prostitutas; ofrecer un ambiente “pacificado” aumenta la rentabilidad, y por ende las ganancias, en la avenida), pero también las distintas formas de regulación y gobernanza.

La mayor parte de la bibliografía apunta el efecto de las rentas del lado de la “demanda” de orden: la circulación de rentas desreguladas exige imposición de regulaciones y gobernanza que eviten los conflictos que pueden generar, como los problemas de coordinación, competencia violenta y disputas por los derechos de propiedad (SKARBEK, 2000, 2014). Sin embargo, la renta parece también tener un efecto sobre la “oferta” de gobernanza: una mayor rentabilidad acrecienta las ganancias del grupo encargado del control (en la avenida laborarían unas 70 mujeres, cada una pagando unos $20 semanales, mientras que la Aracataca el número no supera las 20) y una fuente de financiamiento de los costos operativos (pago de mano de obra, sobornos a policías, etc.) de suministrar gobernanza. De esta forma, alta rentabilidad e ilegalidad se convierten en una combinación propicia para la existencia de estructuras ilegales en contextos al margen de la ley.

Post-scriptum

Este artículo se terminó de escribir a principios de 2022 aunque nuestro trabajo de campo se extendió por un año más, y aún durante 2023 visitábamos esporádicamente el terreno. Todavía hoy mantengo contacto con algunas de las chicas que conocí durante la investigación, algunas de ellas aún activas en la prostitución. Posterior al cierre del artículo mucho cambió tanto en el país como en la dinámica de los mercados estudiados. Luego de una tímida pero inocultable recuperación, hacia finales de ese año se produce un nuevo desplome económico y retorna una severa recesión. Muchas de las trabajadoras sexuales intentaron buscar plazas más rentables o se dedicaron a otras actividades, generalmente ilegales. La violencia entre las que quedaron trabajando en la calle se hizo habitual y desaparecieron las estructuras que aun de modo precario regulaban estos mercados.

Muchas de las chicas migraron hacia otras zonas buscando mejores condiciones para su oficio, mientras otras fueron reclutadas por redes internacionales de trata para trabajar en países de la región, sobre todo Perú. Generalmente eran captadas por alguna compañera (incluso amigas sometidas a explotación ya en el lugar de destino, que no tenían empacho en mentirles para enrolarlas bajo engaño y así disminuir el pago de su propia “multa” a cambio de proporcionar nuevas reclutas), viajando bajo la promesa de un trabajo bien remunerado en un “chongo” o burdel. La organización que las reclutaban les pagaba el traslado en autobús desde Caracas hasta Lima, donde llegaban a una vivienda con otras chicas y recibían ropa apropiada, lencería, eran acicaladas en salones de belleza, etc. Una vez allí, las obligaban a prostituirse en distintos lugares (calles, locales, zonas mineras o pequeños pueblos de provincia) bajo el pretexto de pagar una “multa” a la que se cargaban los gastos del viaje. Con el tiempo el monto de la deuda, lejos de reducirse, se incrementaba, sumándole el cobro del alquiler, la comida, el cupo por el derecho a trabajar en determinado local, ropa y calzado, etc. A las chicas las vendían e intercambiaban entre distintos grupos, por lo que eran acarreadas continuamente de un lugar a otro. Aquellas que no aportaban lo suficiente, intentaban escapar o mostraban actitud desafiante eran severamente castigadas.

Luego de varios meses en cautiverio, desesperadas y posiblemente aprovechando el debilitamiento de las redes de trata de mujeres venezolanas en Perú, varias de ellas decidieron escapar. Pudimos acompañar por teléfono a un grupo que decidió caminar medio Perú durante más de diez días hasta llegar a la frontera con Ecuador, donde una ONG local las auxilió. Un par de semanas más tarde, ansiosas ante la falta de respuesta sobre su retorno a Venezuela (los apremios económicos de su familia aquí, la cercanía de las fechas decembrinas y el deseo de pasarla con sus hijos aumentaban la impaciencia), decidieron reemprender el viaje a pie hasta Colombia y de ahí a Venezuela. Otras fueron rescatadas por la policía peruana. Al menos unas quince chicas de las que conocimos durante nuestra investigación pasaron por estas redes.

Quedarse tampoco resultaba una alternativa particularmente alentadora. La reversión de la leve mejoría económica de principios de 2022 supuso una drástica caída de la demanda de sexo pago y la llegada de nuevas mujeres que se refugiaron en la prostitución como forma de sobrevivencia. Aumentaron los casos de violencia y robos: Una tarde, mientras acompañábamos a una chica joven a quien conocíamos desde hace un par de años y que se había mantenido hasta entonces al margen de las dinámicas más predatorias de la calle (no las necesitaba: al ser joven y atractiva no le faltaban clientes), nos percatamos de cómo se confabulaba con otras prostitutas veteranas para atracar a una recién llegada a la que le había tocado una buena jornada. Descubierta en su apenas disimulada maniobra, intentaba justificarse argumentando que, ante la mala racha del negocio, ´todas tienen que poner de su parte´. Varias chicas cayeron presas por robo y un par de ellas resultaron abaleadas, aparentemente por una venganza de un cliente expoliado. Las mujeres se quejan de no poder trabajar por la actitud de la policía, que ha sido particularmente severa como consecuencia de esta ola de robos, o porque las chicas jóvenes espantan a los clientes al confabularse con los funcionarios para extorsionarlos. La caída de la rentabilidad como efecto de la contracción del mercado no solo opera como factor de desorganización y violencia, sino que erosiona los ya frágiles mecanismos de regulación preexistentes. Las mujeres adultas se dedican a atracar abiertamente a las más jóvenes y a los clientes, el grupo de Berenice se fue ante el declive del mercado, la policía abandonó su práctica de extorsión a cambio de seguridad para dedicarse al despojo sin miramientos de clientes y prostitutas.

Algunas chicas han probado suerte en los mercados de droga cercanos, revendiendo pequeñas cantidades de crack que les quedan al servir de intermediarias a clientes que no conocen o no se atreven a incursionar dentro del barrio. Pero las recientes disputas entre los dealers tradicionales y la policía para controlar las plazas de drogas al detal (uno de los pocos mercados ilícitos que siguen creciendo en condiciones de recesión) han hecho demasiado riesgosa esta actividad. Otras intentan ofrecer sus servicios en las páginas de internet que al parecer han proliferado durante los últimos años, aunque reconocen que a duras penas les da para malvivir.

Agradecimientos

Esta investigación no habría sido posible sin el apoyo de Antonio Hernández, Mariángel Monterrey, Jesmig López y Wuadimir “Guarapo” Parra. También debo agradecer las sugerencias de los profesores Wilmen Romero, José Luis Fernández-Shaw y Luis Gerardo Gabaldón. Este proyecto recibió el apoyo y financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y de la Red de Investigación por la Convivencia (REACIN).

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