Marco legal como referencia del tratamiento penitenciario

La entrada en prisión, si bien se ha mantenido en América Latina una práctica preeminentemente retribucionista (ARIZA; TAMAYO, 2020), tiene como objetivo prioritario asegurar el retorno de la persona infractora a la sociedad, con las garantías oportunas de respeto a las leyes y a la propia comunidad (CHAMBERLEN; CARVALHO, 2020). Para ello, se requerirá de una serie de intervenciones, más o menos intensivas, ya sean en comunidad o en privación de libertad, que aseguren dicho fin resocializador. Unas intervenciones que, como se recoge en las Reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos A/RES/70/175, no deben agravar los sufrimientos que genera la propia entrada en un centro de rehabilitación social (en adelante CRS). Así pues, los países deben organizar su modelo penitenciario orientando la acción penitenciaria hacia el trabajo de rehabilitación de la persona privada de libertad (en adelante PPL). No obstante, la dualidad del sistema vira entre la consideración de la cárcel como espacio de aislamiento social (SEGATO, 2007; WACQANT, 2010), consolidando así el control social del Estado frente a los marginados (GARLAND, 2005) con la implementación de modelos educativos que, atendiendo a los imperativos legales, apuestan por la educación como estrategia de cambio (MORATA; ENJUANES, 2018).

El propio tratado de Naciones Unidas identifica el fin preventivo general como unos de los fines de la pena, no obstante, entendemos que, si bien en la imposición de la pena existe una finalidad retributiva, es decir, la evidencia de una respuesta sancionadora hacia el daño ocasionado, una vez entrada la persona en prisión, ésta debe convertirse en una orientación educativo-reparadora que posibilite, por un lado, dar cuenta a la persona del daño ocasionado y, por otra, aprender las competencias necesaria para no reiterar en el hecho delictivo (MORATA; ENJUANES, 2018; ENJUANES; MORATA, 2019). Las teorías de la unificación del castigo (ELLIS, 2003) dan cuenta de la importancia de no solo castigar al reo, sino que, si se pretende retornar la persona a la comunidad, éste debe poder mejorar aspectos personales que aseguren un proceso de desistimiento delictivo. Una prevención especial que basa su acción en el tratamiento penitenciario, entendido como aquellas intervenciones, proyectos o programas intencionales que permiten al PPL mejorar sus competencias y asegurar una convivencia y una vida sin delitos una vez fuera de prisión (GALLEGO DÍAZ, 2014; UNODC, 2012). Un tratamiento realizado no solo por los propios profesionales, sino en el que puede y debería implicarse la propia comunidad en la gestión, dinamización y promoción de las actividades tratamentales, y, a su vez, participando también en los programa o proyectos otros agentes sociales como la familia (UNODC, 2012).

La intervención penitenciaria educativa centra la acción en el desistimiento delictivo, es decir, en la voluntad y motivación del PPL en la cesación de la conducta delictiva (LAUB; SAMPSON, 2001), a través de la participación del interno en una serie de actividades o programas que permitan adquirir las competencias necesarias para tal fin (GIORDANO, 2016; MARUNA, 2001). Este trabajo educativo facilitará el posterior retorno a la comunidad con las garantías necesarias, reduciendo de forma notable la reincidencia penitenciaria (ENJUANES; MORATA, 2019). Existen experiencias exitosas en este aspecto, especialmente con jóvenes (NEBRA, 2020) que refuerzan la idea que una intervención socioeducativa mejora el fin resocializador de la pena (PÉREZ, 2022).

La legislación ecuatoriana no es ajena a este proceso y se evidencia en ella una clara voluntad de rehabilitación y reinserción de los PPL (CASTRO; RENGIFO, 2022). El Código de Ejecución de penas ya señala en su artículo 1 que la pena debe ser orientada al “tratamiento y rehabilitación integral de los internos”, una premisa acorde con la Constitución Política de 2008, donde se identifica como finalidad de la rehabilitación social: el retorno a la sociedad, dando prioridad al desarrollo de las capacidades del y de la interna, que permitan ejercer sus derechos y recuperar su libertad con las condiciones adecuadas. Para ello, la ejecución de las penas privativas de libertad se realizará en los CRS, donde se desarrollarán, como se especifica en el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, los planes, programas, proyectos y/o actividades de tratamiento que favorezcan el proceso de reinserción social. Esta realidad legislativa, con componentes más humanistas, supone un menor impacto negativo para la reincidencia (GAES; CAMP, 2009), próxima a modelos penitenciarios europeos. Pese a este modelo legislativo, la práctica actual parece generar contradicciones en cuanto a su cumplimiento (GARCES; NAVARRETE, 2017). La exportación desde Estados Unidos de la guerra contra las drogas (NORTON-HAWK, 2010), así como los niveles de hacinamiento y vulneración de los derechos humanos (NUÑEZ VEGA, 2006; SALDARRIAGA; CEBALLOS, 2020), junto a las bajas condiciones infraestructurales que impiden el proceso adecuado de tratamiento (SNAI, 2019) y la construcción en el 2007 de centros de internamiento “supermax”, han aumentado la vulneración de derechos, que manifiestan la necesidad de un cambio en la praxis penitenciaria dando de esta forma respuesta a la voluntad del legislador. Si bien la legislación apuesta y promueve un sistema penitenciario orientado al cambio, la práctica penitenciaria nos acerca a un sistema puramente retributivo y centrado en el castigo. La gestión del riesgo y el control sobre aquellos que pueden desestabilizar el sistema social, por ser diferentes o por no formar parte de la comunidad dominante (GARLAND, 2015; WACQANT, 2010) promueven un modelo de cárceles puramente retributivas frente a la necesidad de modelos puramente educativos que presentan mejores datos de reincidencia (ENJUANES; MORATA, 2019). Se destaca que, entre la población implicada, internos y profesionales, la representación social del fin de la pena se centra en la necesidad de conseguir tales fines resocializadores, como estrategia de éxito (RUIZ-PEREZ et al., 2017).

Este artículo presenta un estudio sobre la realidad penitenciaria en dos CRS ecuatorianos, donde, a través de la voz y la percepción de los implicados, tanto PPL como profesionales del CRS, se pretende identificar cómo éstos entienden el fin de la pena, cómo se realiza el proceso de motivación y promoción al cambio del interno, facilitando, de esta forma, la participación en actividades que permitan procesos de reinserción eficaces.

Intervención educativa como herramienta para la reinserción

La entrada en prisión es la acción punitiva de mayor impacto de la que disponen los estados ante la infracción de los ilícitos penales. Más allá del castigo al daño cometido, es necesario desarrollar una serie de acciones, programas o proyectos que fomenten y mejoren el desistimiento delictivo (ELLIS, 2003). Así pues, junto al proceso retributivo, es necesaria la presencia de acciones preventivo-especiales que mejoren las capacidades de los PPL. Una intervención centrada en la mejora de las competencias personales y sociales que permitan al PPL no solo no cometer nuevos delitos, sino, especialmente, aprender a vivir en sociedad respetando las leyes y la propia comunidad (ENJUANES; ESCRIBANO; SÁNCHEZ, 2016).

El proceso de retorno a la sociedad requiere de una intervención intensiva que mejore la relación del interno con la comunidad, convirtiendo a la persona en ciudadano comprometido y activo con su comunidad (NOVELLA et al., 2013; MORATA Y ENJUANES, 2018) y, para ello, la entrada en prisión no es suficiente, para provocar dichos cambios es necesario el acto educativo. Un proceso que debe ser motivado, promocionado y acompañado por los propios profesionales penitenciarios. Así pues, la condena pasa a tener fines preventivo-especiales, en cuanto se pide a la institución que posibilite espacios de educación donde el interno aprenda a ser, a la vez que mejore sus competencias. La pena deja de tener una connotación negativa y de castigo y pasa a tener sentido en cuanto se orienta sus acciones, proyectos y actividades a la reinserción (CUTIÑO RAYA, 2013). Pero para que ello sea posible, se requiere de una actitud proactiva por parte de los profesionales penitenciarios. Su labor queda lejos de la vigilancia y el castigo exclusivamente, y se convierten en agentes de promoción al cambio y acompañamiento (GÜERRI, 2019). Una labor que debe ser ejercida desde la intencionalidad, y situando al interno como centro de la acción, donde, además, entienda que la intervención no es individual o cerrada, sino que es necesario la participación de toda la comunidad, tanto la familia como las entidades sociales, a lo largo de todo el proceso.

A través del proceso de acompañamiento (ALONSO; FUNES, 2009) y de la vinculación (HIRSCHI, 2003; MILLER; ROLLNICK, 2018), se iniciará el proceso de desistimiento. Así pues, la acogida, la entrada y los primeros días en el centro penitenciario, cobra una especial significación en cuanto que es el momento en el que el interno se vincula o se mantiene alejado de los fines de la institución (MORATA; ENJUANES, 2019). Las entrevistas iniciales, pero especialmente el trabajo de acompañamiento también realizado por los pares iguales (NIXON, 2019), así como el mantenimiento de los lazos familiares con el exterior, bien sea físicamente o en videollamadas (DUWE; MCNEELEY, 2021; MARTÍ; CID, 2015), permitirán un doble objetivo, por un lado, entender, comprender y participar en el nuevo espacio y cultura en el que entra, y, en segundo lugar, mantener el vínculo exterior que refuerza la voluntad de reinserción. Los acompañamientos individuales deben centrarse en establecer un vínculo, desde la profesionalidad, para poder identificar los objetivos a trabajar (MILLER; ROLLNICK, 2018). Esta tarea es de vital importancia ya que se identifica, de forma consensuada, el camino a seguir y el proceso que permitirá a la persona mejorar sus competencias y, posteriormente, reinsertarse.

Es a través de su participación en programas, proyectos y actividades planificadas e intencionales, donde el interno adquiere las competencias necesarias para su salida en comunidad (AYUSO, 2000; GALLEGO DÍAZ, 2014). El tratamiento penitenciario, no solo se centra en la etiología delictiva, sino que ofrece una intervención más integral, abordando todos los aspectos de la vida e incidiendo en la prevención de la comisión de nuevos delitos (ORTEGA CAMPOS et al., 2012), pero, también, en la prevención de situaciones de exclusión social (PEREZ, 2022). Junto a los programas de tratamiento, el trabajo de motivación y prevención al cambio se centra en dos aspectos más que son relevantes y claves en el proceso de inclusión. Por un lado, la mejora de la salud es esencial especialmente en población reclusa (MURO et al., 2016). Los altos índices en consumo de drogas en las cárceles ecuatorianas (PALADINES, 2016), se unen a una salud deficiente de los PPL debido a las causas de baja salubridad existentes (CHONG; MARIN; PEREZ, 2019), situación común al sistema carcelario latinoamericano y que genera procesos de exclusión graves una vez la persona sale en libertad (CORONEL Y FARJE, 2020). Se desprende de la literatura internacional que la existencia de condiciones adecuadas de salud, tanto en las instalaciones como para el propio interno favorecen los procesos de inclusión social (GARCÍA; PRIETO; MARTÍNEZ, 2020), así pues, una mejora de la calidad de vida repercute directamente en una mejora en la participación del tratamiento, los conflictos internos y los procesos de reinserción (RODRIGUEZ et al., 2018).

Otro aspecto es la intervención integral, bajo criterios de modelos penitenciarios educativos, donde el profesional, así como el grupo de pares, son agentes de cambio en el proceso de acompañamiento. Un modelo donde el PPL se sitúa en el centro de la intervención como sujeto activo de su propio cambio, realizando actividades intencionales dirigidas a la mejora de sus competencias, aportando resultados positivos y alentadores en los procesos de inclusión (ENJUANES; MORATA, 2019). Se destaca la importancia del apoyo entre los iguales en los procesos de reinserción, tanto por su capacidad empoderadora, como por su capacidad de co-construir el propio futuro (PEREZ, 2022). Estos resultados necesitan del apoyo de la propia comunidad en el proceso de salida. Las comunidades, como las personas, poseen capacidad de transformación (LOOR, 2019), y es por ello por lo que un cambio en el sistema penal debe ir acompañado de cambios en el entramado social, que faciliten el reingreso de la persona privada de libertad a la comunidad. Así pues, la transparencia y la participación de la comunidad dentro de los CRS será importante para consolidar el trabajo realizado durante la privación de libertad.

El modelo que hemos descrito reúne los requisitos necesarios para convertir los centros penitenciarios en espacios educativos que posibiliten la transformación de las personas que están cerradas en su interior. Existen modelos de éxito en este sentido, y en el presente artículo nos acogeremos al modelo de pedagogía social comunitaria (MORATA, 2014) y los modelos penitenciarios educativos (MORATA; ENJUANES, 2018), ambos modelos exitosos en la intervención con personas en exclusión social y en privación de libertad (ENJUANES; MORATA, 2019). Así pues, las evidencias aportadas por PPL y usuarios las pasaremos por el filtro de dichos modelos con el objetivo de evidenciar y destacar los aspectos fuerza, así como los aspectos a mejorar, que permitan un avance en la ejecución penal en Ecuador.

Método

Diseño

En esta investigación se optó por un modelo de corte mixto de diseño concurrente comparativo de los resultados cualitativos, con apoyo de los resultados cuantitativos, para una mejor comprensión del fenómeno (CREAMER, 2017). Se llevó a cabo un estudio de carácter participativo con la implicación de las personas participantes en las experiencias analizadas, siendo este un elemento básico que garantizó el logro de los objetivos propuestos. El estudio, pues, presenta los resultados de la percepción subjetiva entorno al proceso de rehabilitación de los participantes implicados en el estudio, tanto internos como profesionales penitenciarios. El estudio es preeminentemente cualitativo, por lo que quiere es entender las representaciones subjetivas construidas entorno al modelo. El proceso dialéctico entre profesionales, internos y marco teórico permite dar orientaciones concretas sobre los cambios necesarios que mejoren e impulsen un modelo penitenciario educativo. Por un lado, la recogida de información sobre la realidad investigada, su funcionamiento y los resultados de los proyectos actuales; y por otro, la propuesta de intervención orientada a solucionar los problemas de los grupos y organizaciones, generando, de este modo, procesos de aprendizaje en la comunidad (PLANAS LLADOS et al., 2014).

Así mismo, se utilizó un diseño de triangulación (BERGMAN, 2008) en el que los datos de carácter cuantitativo y cualitativo aportados por diversidad de agentes se recopilaron y analizaron en paralelo, y posteriormente se buscó la convergencia entre estos para profundizar en la información recogida y comparar los diferentes resultados, además de reforzar la validez de estos.

Procedimiento/Fases

El estudio se secuenció en dos fases consecutivas en las que se aplicaron las técnicas de carácter cuantitativo y cualitativo para la recogida de información. Las dimensiones de estudio se establecieron a partir de la revisión de fuentes bibliográficas especializadas.

En la primera fase participaron internos de los dos centros de rehabilitación social objeto de estudio en la que se recogió información referente a las dimensiones de la investigación, mediante el cuestionario Calidad de Vida PPL, realizado a partir del cuestionario de calidad de vida Measuring quality of prison life - MQPL, cedido por la Universidad de Cambridge (LIEBLING; HULLEY; CREWE, 2011). La segunda fase se centró en la recogida de información de profesionales de dichos centros y permitió recoger datos más micro respecto a las mismas dimensiones, a partir de entrevistas en profundidad.

El trabajo de campo se llevó a cabo en los grupos naturales y cotidianos de los informantes y en sus espacios de referencia, los dos CRS seleccionados. La administración de los instrumentos corrió a cargo de las investigadoras en un proceso de trabajo que se desarrolló durante 12 meses.

Población y muestra

El trabajo se ha realizado en dos CRS de la zona 3 de Ecuador. Los CRS son establecimientos encaminados a la motivación al cambio y al fomento de los procesos de reinserción social, por ello, los presos más peligrosos o con procesos desistores nulos, no están ubicados dentro de estos establecimientos. Ambos CRS están ubicados en la Zona 3, ambos con población mixta. Ecuador divide el país en 9 zonas geográficas donde se sitúan los diferentes CRS, permitiendo así una gestión departamental más eficaz. Para el estudio se ha optado por identificar dos centros, uno de grandes dimensiones con un total de 5.474 PPL, lo que significa el 80% de los internos de la Zona 3, y otro de dimensiones reducidas con un total de 463 PPL, y que supone el 7% de la población de la Zona 3. En ambos casos, el hacinamiento es una realidad preocupante con un 21% de hacinamiento en el primer CRS, y un 52% en el segundo CRS (SNAI, 2019).

Así pues, en el estudio cuantitativo que proponemos han participado un total de 124 internos que han contestado al cuestionario MQPL, del total de 6.000 que configuran el universo muestral de la investigación, correspondiente a la suma de los dos centros penitenciarios estudiados. Los participantes fueron escogidos de manera aleatoria por conglomerado o clúster, en el caso de los PPL. Esto supone que existe en la muestra propuesta un margen de error del 9% con un margen de confianza del 95%, correspondiente a los dos centros penitenciarios investigados. Si bien no puede ser generalizable a todas las cárceles del país, la muestra tiene representatividad para apoyar los argumentos cualitativos esgrimidos en el artículo.

Los internos han sido escogidos de los diferentes módulos de vida y que mostraran voluntad en participar del estudio, siendo requisito previo la participación en actividades dentro del centro. En cuanto al perfil general, son internos que llevan más de un año en el centro actual, en un 70%, de origen mestizo en un 60% y con edades entre 30 y 45 años en el 75% de los encuestados. El 84% de los que han participado son sentenciados y en el 90% de los casos están en grupos de mediana o baja seguridad.

En relación con el estudio cualitativo, han participado un total de14 profesionales, todos ellos funcionarios de vigilancia y control interior, si bien algunos de ellos (en total 5) realizaban también actividades de corte educativo y de acompañamiento más personal a los internos. En todos los casos los profesionales debían ser personas que llevaran más de un año en el centro ocupando su actual destino. En este caso la elección fue por conveniencia, en el caso de los profesionales que han participado, distribuida de la siguiente manera:

Todas las personas que forman parte de la muestra participaron libremente y firmaron el consentimiento informado. En ninguno de los casos, la participación en el cuestionario ha supuesto beneficios en el proceso de reinserción, así como su abandono no supuso prejuicios ni respuestas sancionadoras. En todo momento los PPL, así como las personas entrevistadas, han sido conocedoras de dichos principios éticos.

Técnicas

En función del carácter y tipo de información a recoger, se emplearon técnicas cualitativas y cuantitativas, que se administraron a diferentes perfiles de participantes. Se optó por una triangulación de datos provenientes de diferentes actores: personas privadas de libertad y profesionales CRS y también por una triangulación metodológica, entre métodos cuantitativos y cualitativos. Con esta doble triangulación se aumenta la fortaleza y la calidad del estudio al converger las diversas informaciones recogidas.

Instrumento cuantitativo

Cuestionario Measuring Quality of Prison Life (MQPL): Se aplicó el instrumento modificado a la realidad del Ecuador realizada por el equipo investigador. El objetivo principal de esta herramienta es medir la calidad de vida de las PPL en los CRS. La formulación final consta de 97 ítems, con opciones de respuesta en escala de Likert de 5 ítems, en la que se valoraba desde muy de acuerdo con la afirmación hasta muy en desacuerdo. Los resultados del cuestionario, y de acuerdo con Prison Rating System (HMPPS, 2017) se presentan en valoración de 1 a 5 con la correlación siguiente:

Los ítems están organizados en dos partes diferenciadas: a) Parte 1 formada por 27 ítems que aportan información sobre el perfil personal y penitenciario de la persona participante y b) Parte 2 formada por 50 ítems orientados a recoger información sobre la valoración subjetiva de la calidad de vida de la persona participantes en el Centro de Rehabilitación Social en el que cumple la pena, unas preguntas que se presentan en orden aleatorio dentro del cuestionario, y que serán analizadas por el equipo investigador agrupadas en códigos.

Dado que el cuestionario sufrió modificaciones con relación al MQPL original, debido a peticiones expresas de los organismos oficiales, se ha analizado mediante la Alpha de Cronbach la fiabilidad del conjunto de ítems para la medida de la calidad de vida.

Con todo podemos afirmar que existe coherencia interna en cuanto a la propuesta realizada, la agrupación de las preguntas mantiene una coherencia dentro de los parámetros exigidos. El cuestionario no es representativo de la población privada de libertad, sino que apoya y complementa la información cualitativa reflejada en el presente artículo. La imposibilidad, por parte de las autoridades penitenciaras, de dar acceso a todos los PPL, no ha permitido alcanzar una muestra suficiente para ofrecer unos resultados representativos.

Instrumento cualitativo

Consta específicamente de entrevistas realizadas a profesionales de los CRS, en concreto a funcionarios y a abogados que mantienen una relación constante y seguida dentro del CRS. No se han permitido las entrevistas a los PPL, por lo que éstos han participado únicamente a través del instrumento cuantitativo. Los profesionales han sido seleccionados por la técnica de bola de nieve/conveniencia, se aplicó el mismo guion de 19 preguntas a todos ellos, con el fin de recabar información lo más completa y profunda posible, en relación con los siguientes temas: Finalidad del centro de rehabilitación social [7 preguntas], metodología y actividades [9 preguntas] y Objetivos de intervención [4 preguntas]. Las entrevistas fueron grabadas y transcritas por el equipo de investigadores y, posteriormente, analizadas a través del programa Atlas.ti.

Análisis de datos

Para analizar la totalidad de la información recabada se identificaron, de manera deductiva a partir de la literatura especializada, los códigos y subcódigos de análisis del estudio. Los códigos se han agrupado en familias, a través de procesos de top-down, que han permitido un mejor análisis de la información aportada.

El análisis supuso diversas fases de categorización y recategorización a partir del contraste por pares: a) Análisis a partir de un conjunto de categorías extraídas de la literatura existente; b) Análisis iterativo para identificar posibles temas emergentes de las temáticas del estudio, c) Identificación por consenso de los códigos definitivos y d) Validación de los códigos y subcódigos definitivos por interjueces. Tanto el análisis cualitativo como el cuantitativo ha permitido ordenar la información a partir de la codificación inicialmente propuesta. Así, en el análisis cuantitativo, las preguntas del cuestionario resultante de la modificación del MQPL se ha sistematizado a partir de dichas categorías, con los resultados de coherencia interna antes propuestos. En relación con la información cualitativa, esta se ha organizado y analizado a partir de los códigos establecidos y que se muestran en la tabla 4.

Resultados

A continuación, presentamos los resultados del estudio realizado en los CRS estudiados. Como se ha descrito anteriormente, se recoge la voz y valoración de los diferentes agentes, tanto los PPL en su participación en el cuestionario como de los funcionarios que han dado su voz a través de las entrevistas, que identificaron los elementos fuerza o situaciones críticas a modificar. Para ello, ordenaremos este apartado en tres bloques:

• Objetivos de la ejecución penitenciara. A través de los resultados de las técnicas cuantitativas y cualitativas, y más allá del ordenamiento jurídico, se identifican la finalidad del paso por el CRS y los elementos fuerza destacados.

• Motivación al cambio. En este punto se estudian, a través de los resultados de las entrevistas, así como también del cuestionario, las acciones favorecedoras del proceso de motivación al cambio, describiendo prácticas que se realizan en el interior del CRS.

• Intervención educativa. Se describen, a partir de los resultados de las técnicas cualitativas, las acciones, proyectos o programas que se realizan en el interior del CRS favorecedoras para la adquisición de competencias personales y sociales, así como aquellos aspectos que deben ser mejorados.

Objetivos de la ejecución penitenciaria

A continuación, se analiza cual es la finalidad de la privación de libertad según los datos aportados por los agentes. Ha quedado explicitado en el marco teórico que el sistema legislativo ecuatoriano mantiene una clara vocación rehabilitadora y reinsertadora, pero en este punto analizaremos si esta realidad es percibida también por parte de los principales agentes implicados en el proceso, tanto los mismos PPL como los funcionarios de vigilancia, y cuáles son aquellos puntos críticos que debieran ser mejorados.

En las entrevistas realizadas, los profesionales destacan un modelo de intervención humanitario y justo, si bien en algún caso se reconoce que, debido a la especial dificultad de los propios internos por su procedencia y proceso socializador, el trato debe mejorar por parte de los funcionarios.

“Los internos es un grupo de personas vulnerables y como funcionarios públicos debemos velar por su bienestar” (CP1_Funcionario8).

“Por ser un grupo vulnerable, se les debería tratar de forma correcta, muchos aspectos del trato fallan (…) ya que vienen de contextos sociales complicados, y con el respeto se mejora” (CP2_funcionario4).

No obstante, en las mismas entrevistas se destaca la necesidad de aplicar mejoras en relación con la dotación de recursos e infraestructuras, que repercutan directamente en el bienestar de los PPL, su calidad de vida, y, por extensión, en su proceso de cambio y reinserción. Especialmente, se señala la necesidad de incrementar acciones y programas formativos y educativos y mejorar los vínculos con el exterior. La necesidad de mejora de este último aspecto es compartida también por los internos, así como también la importancia de cambios en la alimentación de los PPL, como garantía para la salud de las personas.

“Se debe mejorar en el tratamiento psicológico y en la vinculación con los familiares” (CP1_Funcionario3).

“La comida es muy simple y no cumple con la nutrición que necesita un PPL” (CP2_Funcionario8).

Finalmente, en relación con la vinculación familiar, existe consenso entre los funcionarios sobre la importancia de las visitas familiares y la repercusión positiva de las mismas en los internos. Desde los CRS se facilita el acceso telefónico y en vis a vis, si bien, como así denotaran los PPL en el cuestionario, los propios funcionarios indican que la duración de éstas es limitada. Las visitas se dan en festividades y cuentan con el apoyo de entidades religiosas, pero se reducen a una hora sin tener en cuenta la zona geográfica de procedencia.

“Mediante los procesos de visitas familiares y la comunicación telefónica permiten que los PPL estén conectados o vinculados a sus familias, y así de esta manera colaboran en la reinserción del PPL” (CP2_Funcionario2).

“No existen actividades de integración y convivencia familiar, solo tenemos unas horas de visita familiar. Muchas personas vienen de lugares apartados para una hora de visita” (CP1_Funcionario8).

En el estudio de la valoración subjetiva de los internos, estos mantienen un discurso similar al presentado por los profesionales. Los PPL identifican la entrada y su vida diaria en los CRS dentro de parámetros equidistantes entre la reinserción, entendiendo que el CRS es un espacio con voluntad de cambio (con una valoración de 2’67 de media) y la retribución, un espacio normativo, sancionador que genera un efecto intimidatorio en la persona (con una valoración media de 2’63). En los dos casos la valoración está situada en un nivel 2, lo que comporta que no se percibe por parte de los PPL un cumplimiento evidente en el proceso de rehabilitación, sino que existen signos de mejora que deben ser tratados y señalados. Dicha valoración negativa evidencia conflictos en el proceso de acompañamiento y situaciones de vulneración de derechos. Destaca, no obstante, una buena valoración parcial entorno al acompañamiento que reciben los internos por parte de la institución y sus profesionales (con una valoración parcial situada en nivel 3). Si bien este hecho, contrasta con una valoración alta y significativa de una aplicación normativa y de problemas de seguridad que dificultan el acompañamiento.

A través de la concreción de las preguntas realizadas, podemos ver como la percepción de los PPL en relación con el objetivo y finalidad de la ejecución de la pena es ambivalente. Por un lado, perciben la institución penitenciaria como un espacio agresivo y altamente punitivo, destacando una inadecuación del sistema penitenciario (26’6% aseguran que es adecuado), así como una falta de imparcialidad en la aplicación de la norma por parte de los funcionarios (23’4% de los PPL aseguran que se aplica de forma justa). El 65’3% de los PPL aseguran que el paso por el centro es percibido como un castigo social y señalan a los profesionales como agentes que deben cambiar la forma de relacionarse y entender su cometido, siendo tan solo el 17’8% de los PPL aseguran que realizan su tarea de forma adecuada. No obstante, se destaca el uso de alternativas a la disciplina, previas al castigo por parte de los funcionarios. Por otra parte, los propios PPL entienden que el CRS no es solo un espacio de castigo, sino que vivencian mayoritariamente el paso por éste como una oportunidad para el cambio (en un 72’6% de los casos), y destacan, en un 46’3% que a lo largo del tiempo de paso por el CRS se motiva a redirigir su comportamiento, evitando así comportamientos conflictivos. Pero es la relación y el fomento de los vínculos sociales donde aparece uno de los aspectos más preocupantes y que deben ser tenidos en cuenta. Casi la totalidad de los internos aseguran no poder mantener vínculos familiares adecuados en su paso por el CRS, elemento que debe valorarse, ya que el proceso de cambio depende especialmente del apoyo del entorno familiar. La baja percepción de la calidad de las visitas familiares mantiene una correlación positiva con la percepción de un modelo penitenciario reinsertador (Chi cuadrado .01 y .03 respectivamente). Por ello, un impulso de las mismas es un elemento esencial en el marco de modelos penitenciarios educativos. Por su parte, la percepción que la norma es justamente aplicada mantiene cierta correlación en cuanto a la percepción de un modelo educativo (Chi cuadrado .05).

Respecto a los profesionales, la percepción general es que se brinda un buen trato y una atención adecuada.

Motivación al cambio

El segundo aspecto para valorar, más allá del propio objetivo de la ejecución de la pena, es la motivación y el acompañamiento que ofrece la institución y los profesionales a los internos en relación con su propio proceso de cambio. En este punto analizamos la percepción de los los profesionales y los PPL entorno al apoyo que la institución y sus profesionales, por extensión, brindan a los internos a lo largo del cumplimiento de la condena.

Los profesionales confirman que el proceso de motivación al cambio debe ser uno de los ejes de la intervención. Si bien se acepta que la relación con los funcionarios ayuda a la motivación, existe consenso general en afirmar que los procesos de transición a la libertad, permisos y salidas a la comunidad, previa observación de los requisitos legales, son un elemento motivador central, más que el apoyo que se pueda ofrecer en la intervención educativa.

“Estos beneficios están contemplados en la ley y actualmente aplicados dentro de los CRS del país y también les brinda las facilidades a los PPL ya que existen defensores públicos que les ayudan a aplicarlos” (CP1_Funcionario5).

En cuanto a la relación de ayuda de los funcionarios hacia los PPL, ésta se centra en el apoyo para la participación en actividades. Existe consenso entre los profesionales en afirmar que la voluntad de cambio pasa por la participación en actividades y grupos propuestos, y que, por tanto, si bien los funcionarios pueden motivar, depende del PPL la decisión de su participación. Sin embargo, es una ayuda más bien dirigida a internos primarios y con delitos poco graves. Existe un discurso generalizado entorno a la importancia de retornar a la sociedad los recursos invertidos a través de procesos capacitadores. Si bien, este retorno no es posible en todos los casos. Según valoración de los funcionarios, aquellos que gozan de vínculos o factores protectores son los que mejor y mayor probabilidad tienen y a los que se dedican mayores esfuerzos.

“No se posibilita el acompañamiento, existen casos aislados de tutoría motivacional, depende de los casos por la que este internado el PPL para ejecutar el acompañamiento” (CP1_Funcionario8).

“Si hablamos de rehabilitación aplicaremos en todos los campos eso ya depende del interno, ya que las facilidades se las presta a cada uno de ello” (CP2_Funcionario2).

Existe un consenso generalizado entre los funcionarios sobre el cometido de sus funciones, centradas estas, de forma casi exclusiva, en la vigilancia, el control y la seguridad del CRS. Sin embargo, estas tareas no impiden prestar apoyo a los PPL ya sea en trámites o peticiones expresas que necesitan de apoyo profesional, y que, tal y como se ha visto anteriormente, es un elemento clave en el proceso de vinculación y motivación al cambio. También es importante la participación de los funcionarios en charlas y actividades de tipo cultural o rehabilitador y la motivación hacia otro tipo de actividades formativas y laborales. Tareas, todas ellas, que ofrecen herramientas a los PPL en su proceso de transición a la libertad.

“Todos los días estamos en contacto con las internas al desarrollar las actividades que día a día realizan” (CP2_Funcionario10).

“De forma diaria ya que somos el nexo directo para su participación en todos los ejes de tratamiento, ellos colaboran con su participación, ideas y colaboración podrá la realización de estos” (CP1_Funcionario4).

Si analizamos los resultados del cuestionario, observamos como los PPL valoran de forma satisfactoria, como así identifican los profesionales en las entrevistas, el trabajo de motivación al cambio que se realiza dentro de los CRS. Situado en el nivel 3 (con una valoración media de 3,0) se puede afirmar que las acciones llevadas a cabo dentro del CRS cumplen el objetivo de motivar al interno a un cambio y mejorar, de este modo, los procesos de desistimiento. Se destaca la vinculación y la valoración general sobre los profesionales (con una valoración situada en 3,1 de media). Si bien en el punto anterior se identificaba el funcionario como agente de control en sus labores de vigilancia, en labores de tipo educativo éstas son muy bien valoradas por parte de los PPL. Si entramos en detalle en las preguntas, se puede percibir como este acompañamiento y labor educativa es valorada de forma positiva por parte de los PPL.

Según se desprende de la tabla presentada, existe un amplio consenso entre los PPL sobre la motivación al cambio en el proceso de privación de libertad. Se identifican prácticas próximas a niveles óptimos, cumpliendo de forma mayoritaria los objetivos propuestos. Es decir, la relación de los PPL con la institución y los profesionales es una relación que, si bien está marcada por procesos retributivos y de control, como hemos desarrollado en el punto anterior, ésta mantiene relaciones de apoyo y colaboración entre las partes, que permiten motivar y preparar al interno para su vida en comunidad. Se destaca la valoración de los internos entorno a la motivación al cambio, que no solo se centra en la propia persona y su proceso desistor (con niveles de actuación adecuados, como afirma casi el 40% de la población reclusa), sino que se motiva a respetar a los miembros de la comunidad, actuación esta última con niveles óptimos de actuación, como así afirman el 66’1% de la población. Se destaca el apoyo de los profesionales en momentos de necesidad como un elemento clave en el proceso de vinculación (así lo afirman el 55’1% de los PPL) y que sitúa la intervención dentro del CRS en niveles excepcionales. Finalmente, hay que señalar que el 54’1% de los PPL valoran que la actuación dentro del CRS va encaminada a conseguir procesos de rehabilitación. Observamos, por tanto, que la valoración de los PPL, a diferencia de lo que se mostraba en el punto anterior, es alta y cuenta con consenso general en relación con su actuación de motivación al cambio. Existe además una correlación significativa entre el apoyo percibido por parte de los profesionales y el inicio en el proceso de motivación al cambio (x²= .000), así como la sensación de ser ayudado en el proceso de rehabilitación y mantener la motivación al cambio (x²= .018). Finalmente, destacamos como la experiencia de los profesionales (x²= .008) y la ayuda en problemas concretos en el proceso de privación de libertad (x²= .030) correlacionan de forma significativa con la identificación del CRS como espacio de cambio y reinserción social.

Intervención educativa

Partiendo de una acción penitenciaria que combina la retribución, el control y la sanción por el daño ocasionado junto a procesos de rehabilitación y promoción al cambio, definiremos, a partir de la voz de los profesionales, las actividades y acciones principales que se llevan a cabo para conseguir el fin reinsertador.

El apoyo de los profesionales, los grupos de trabajo y, especialmente, la construcción de nueva identidad a través del acceso a la cultura, la alfabetización y la formación laboral son elementos claves en el tratamiento. Para ello, es necesario un trabajo previo de motivación que asegure un aprovechamiento de los recursos propuestos.

A su vez, en las entrevistas realizadas, se destaca la construcción de itinerarios individualizados de trabajo, donde el PPL pueda abordar y trabajar sus necesidades. Un plan de trabajo que va más allá de la participación en actividades, y que dota de sentido a esta participación, para mejorar las habilidades y las competencias necesarias para el retorno a la comunidad.

“Contribuir a la Rehabilitación Social y reinserción de las personas privadas de libertad mediante la construcción de un PLAN DE VIDA, seguridad penitenciaria, cumpliendo con las obligaciones en el sistema progresivos” (CP1_Funcionario9).

No obstante, este proceso de planificación del trabajo individual no se lleva a cabo de igual forma por todos los internos, como afirman de forma mayoritaria los funcionarios entrevistados. La falta de motivación de los internos, la peligrosidad, el no acceso a procesos rehabilitadores, la realidad de cada unidad, así como la falta de personal, son impedimentos recurrentes que en las entrevistas los profesionales destacan y que denotan una falta de concreción en el diseño del proceso de tratamiento.

“Que yo conozca no existe un plan individualizado para cada interno, esto por la falta de profesionales técnicos en estos dos centros penitenciarios” (CP2_Funcionario6).

“No existe un plan de trabajo individualizado, solo está en papeles escrito, muy bonito, pero no se ejecuta y es un tema muy importante para la salida de los compañeros internos” (CP1_Funcionario11).

Más del 50% de los internos encuestados afirman que el CRS aporta el apoyo y recursos necesarios para solucionar el problema con las drogas, principal causa en la etiología delictiva. La intervención educativa, cuando se da, se centra en el trabajo entorno el problema etiológico principal: la prevención y desistimiento en el consumo de drogas, que es uno de los problemas principales, según señalan los propios funcionarios. Para ello, se proponen talleres y programas donde los internos pueden participar y, de la mano de las entidades sociales, iniciar procesos de rehabilitación.

“Existe consumo, ya que este es un problema real dentro de los CRS del país pero que se trata de combatir” (CP1_Funcionario5).

“En el área de psicología se dictan talleres de prevención de consumo, así como también talleres de narcóticos anónimos” (CP2_ Funcionario14).

Esta intervención se complementa con acciones de apoyo en las áreas laborales, educativas, culturales y deportivas, que, junto a la intervención en salud, antes mencionada, son consideradas como principales por los funcionarios en el proceso de reinserción social. Sin embargo, se evidencia por parte de los profesionales que este trabajo no es generalizado en todos los PPL, sino que se centra en aquellos que tienen realmente voluntad de cambio. Por otra parte, existe un grupo de profesionales que entienden que las actividades realizadas en el interior de los CRS son esenciales en el proceso de cambio y reinserción social.

“No se trabaja de manera general con todos ellos, sino con los que tienen ánimos de rehabilitarse” (CP2_Funcionario12).

“Más que el tipo de delito cometido depende de la actividad del privado de libertad para rehabilitarse” (CP1_Funcionario7).

Finalmente, el apoyo de la comunidad, o la falta de este, es el tercer elemento clave destacado por los profesionales para la consolidación de la intervención educativa. Cuando esta se da, especialmente en internos motivados al cambio, la salida al exterior supone un freno al proceso de reinserción, dada la dificultad que tienen debido al rechazo social. El estigma del paso por un centro penitenciario supone un obstáculo al proceso de cambio, ya que no se encuentran las redes y vínculos sociales dentro de la comunidad para asegurar y consolidar el proceso de reinserción.

“La sociedad destruye a la persona, cuando salen de un CRS les discriminan antes de saber porque delito estuvieron detenidos” (CP1_ Funcionario6).

“Existe un estigma de la sociedad frente a las personas que salen (…) no se muestra el plan de trabajo del interno para conseguir su rehabilitación” (CP2_Funcionario6).

Conclusiones

La legislación penitenciaria ecuatoriana insta a los poderes públicos a favorecer procesos de reinserción social de las personas privadas de libertad. No obstante, este mandato legal necesita de revisión y modificaciones sustanciales en su práctica que permitan una transformación real de la ejecución penal ecuatoriana, pasando de modelos de corte retributivo y sancionador, a modelos donde, sin olvidar el fin preventivo general, se incida de forma eficaz y eficiente en la reincorporación social de los PPL. Para ello, se ha analizado, a través del testimonio de los agentes implicados: internos y profesionales, la percepción que tienen éstos de la finalidad del sistema penitenciario, como éste motiva y acompaña en el proceso al cambio y sobre qué tipo de actividades basa su intervención. Éstas se han triangulado con modelos penitenciarios de éxito contrastados que nos permiten identificar los aspectos fuerza y las mejoras en el sistema penitenciario ecuatoriano.

La propia administración ecuatoriana ha identificado la necesidad de cambios esenciales en su funcionamiento, que mejoren la calidad de vida de los PPL e incida en la participación en los programas educativos (SNAI, 2019). Sin embargo, quedan pendientes a considerar otros aspectos necesarios para la mejora de la intervención penitenciaria. En primer lugar, se percibe como necesario un cambio en la formación de los funcionarios del servicio de interior, especialmente centrada en formación sobre gestión de conflictos, mediación y educación emocional en situaciones de crisis que permitan acompañar de forma más eficaz a los PPL. La formación en competencias ayuda no solo a mejorar la intervención, sino a aportar mayores y mejores herramientas en el proceso de cambio (SARRADO; FERNANDEZ-DÍAZ, 2012). Una formación que lleva implícito un cambio en la cultura penitenciaria, dando un nuevo rol al funcionario, donde, además de sus tareas en el control y la vigilancia, se proponga un acompañamiento y tutorización de los PPL en la gestión de las necesidades y la orientación en su proceso de cambio. La tutorización y motivación es un elemento fundamental en el proceso de rehabilitación y reinserción, ya que permite un acompañamiento adecuado en la construcción de nuevas identidades (ENJUANES; ESCRIBANO; SÁNCHEZ, 2016; MILLER ROLLNICK, 2018)

A su vez, este cambio en la concepción del trabajo del funcionario de vigilancia debe ir acompañado de una mejora de las condiciones de vida, tanto materiales (infraestructura), como de necesidades básicas (higiene y alimentación), así como del trato recibido. Una mejora en la calidad de vida supone de forma directa una mejora del clima social y un mayor impacto de la acción educativa (RODRIGUEZ et al., 2018). Una intervención que permita la participación de la comunidad en el proceso de tratamiento y que identifique un itinerario específico de cambio y motivación para todas las personas. No solo aquellos que están motivados deben ser receptores de la intervención, sino, especialmente, deben ser objeto de trabajo aquellos que, inicialmente, no muestran interés en el cambio, fomentando y animando estos procesos (ENJUANES; ESCRIBANO; SÁNCHEZ, 2016)

Finalmente, se destaca la importancia del apoyo comunitario, en concreto de la familia como agente de protección ante la comisión de nuevos delitos (MARTÍ; CID, 2015). La participación de las familias en el CRS dando apoyo a sus familiares es un elemento esencial que debe ser facilitado por el propio centro. La familia, como agente de protección, debe contar con el apoyo y acompañamiento de los profesionales, a la vez que tener un espacio adecuado que favorezca la relación con sus familiares (CID MOLINÉ et al., 2019). Las videollamadas se presentan como una herramienta de calidad en tiempos actuales, que aseguran el apoyo necesario, mejoran el desistimiento y reducen la victimización terciaria (DUWE; MCNEELEY, 2021).

Con todo, podemos afirmar que, si bien el modelo penitenciario ecuatoriano mantiene un marco legal adecuado para asegurar procesos de cambio, es necesario una reforma profunda que incida en la mejora de la calidad de vida, los procesos educativos y la participación comunitaria como herramienta para la mejora de los procesos de desistimiento y reinserción. Unos cambios que deben ser impulsados por la propia administración penitenciaria, pero que deben contar con el apoyo de entidades sociales y administraciones. La propuesta del artículo marca, a partir de la percepción de los agentes implicados, aspectos generales de cambio que deben ser considerados.

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Author notes

JORDI ENJUANES LLOP (jenjuanes@gencat.cat)EVA PALASÍ LUNA (epalasi@peretarres.url.edu)TXUS MORATA GARCÍA (tmorata@peretarres.url.edu)MONTSERRAT GARCIA OLIVA (mgarcia2@peretarres.org)