Introducción

Desde 2014, Venezuela atraviesa una profunda crisis económica, política y social. Entre 2014 y 2020 el Producto Interno Bruto (PIB) del país sufrió una contracción acumulada de cerca del 80% con respecto a 2013. Esta contracción de la economía estuvo acompañada de una fuerte hiperinflación interanual, experimentando un pico inflacionario de 130.060,24% en 2018, aunque reduciéndose considerablemente desde entonces (PUENTE; RODRÍGUEZ, 2020).

La compleja situación que afecta a Venezuela ha producido un éxodo masivo de personas. Para noviembre de 2023, unos 7.722.579 ciudadanos venezolanos habrían salido del país. La mayor parte de los migrantes venezolanos ha buscado instalarse en otros países suramericanos (ver Tabla 1):

Tabla 1

Número de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos en Colombia, Perú, Brasil, Ecuador y Chile.

Colombia ha recibido más de dos millones de venezolanos (PLATAFORMA REGIONAL DE COORDINACIÓN INTERAGENCIAL, 2023). Los migrantes que llegan a Colombia enfrentan la difícil situación socioeconómica del país de acogida: 9,3% de desempleo (DANE, 2023) y una tasa de pobreza monetaria de 42,5% (DANE, 2021). Además de enfrentar estos problemas, los venezolanos en Colombia deben encarar situaciones relacionadas con su estatus migratorio, como por ejemplo las dificultades para recibir un pasaporte nacional (ALIAGA; FLÓREZ DE ANDRADE; GARCÍA; DÍAZ, 2020, p. 46).

Uno de los grupos sociales más vulnerables socialmente en Colombia es el de los niños, niñas y adolescentes (NNA) venezolanos, los cuales constituyen un 40% del total de migrantes venezolanos llegados a Colombia (PROYECTO MIGRACIÓN VENEZUELA, 2019). Se trata de una población altamente vulnerable que a menudo enfrenta diferentes formas de violencia y abusos (ALIAGA, FLÓREZ DE ANDRADE; VILLA, 2022).

El Estado colombiano tiene una extensa legislación interna relacionada con la protección de NNA. La Constitución Política Colombiana (1991) establece claramente los derechos de niños y niñas en territorio colombiano:

Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión (CPC, 1991. Art. 44).

Colombia también es signataria de múltiples tratados y convenios internacionales de protección a la niñez. El gobierno colombiano ha ratificado la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas; la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989; los Convenios 5, 138 y 182 sobre trabajo infantil; entre otros (ICBF, 2022).

La protección de NNA en Colombia no solo compete legalmente al gobierno central. Al ser Colombia una República descentralizada, las entidades departamentales y locales tienen la obligación de asignar y ejecutar recursos a la población, tanto colombiana como extranjera presente en su territorio (COLOMBIA, 1991). Por tanto, las gobernaciones de departamentos y las alcaldías tienen una responsabilidad a la hora de proteger a la niñez migrante.

Dada la difícil situación socioeconómica en Colombia, tanto para adultos como para NNA, en el país operan múltiples organizaciones de acción humanitaria (OAH). Las organizaciones de acción humanitaria incluyen organizaciones privadas como las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), y organizaciones intergubernamentales - por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) -, dedicadas a proveer ayuda para salvar vidas, aliviar el sufrimiento y promover la dignidad humana antes y durante situaciones de emergencia a gran escala (PRINGLE; HUNT, 2015).

Debido al rol que tienen tanto gobiernos locales como OAH en la prevención de riesgos y cuidado de NNA en Colombia, vale la pena preguntarse ¿cuáles son los riesgos que atraviesan niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos en Colombia bajo la perspectiva de los gobiernos locales y de las organizaciones de ayuda humanitaria? ¿Los agentes sociales consultados manifiestan la existencia de diferencias al respecto según el lugar del país donde se encuentren estos NNA? ¿Cuáles son las acciones estratégicas de intervención que implementan para mitigar y/o prevenir dichos riesgos? ¿Los actores entrevistados establecen la necesidad de una intervención diferenciada en función del perfil de los NNA?

Para tratar de responder a dichas cuestiones, en el presente trabajo, nos planteamos el objetivo de conocer las percepciones y discursos sobre los riesgos que corren NNA migrantes venezolanos en Colombia, desde las experiencias de estas instituciones; así como sus pareceres en torno a la influencia del territorio en la incidencia de los riesgos, las actuaciones que implementan para afrontarlos y sus valoraciones sobre la necesidad de intervenciones diferenciales entre el colectivo de NNA migrantes venezolanos. Para ello, en primer lugar, realizamos una aproximación a la situación de riesgo y vulnerabilidad de NNA migrantes en el momento actual en diversos contextos. En segundo lugar, avanzamos los lineamientos teóricos de nuestra investigación, anclados en las nociones de riesgo y sociedad del riesgo. En tercer lugar, presentamos la metodología de investigación, de carácter cualitativo, seguida en la realización de este trabajo. A continuación, mostramos los principales resultados obtenidos, en términos de “riesgos identificados y percibidos” por parte de los agentes sociales consultados, la “importancia del territorio” en la ocurrencia de dichos riesgos, las “acciones implementadas” para afrontarlos y “la percepción de necesidad de intervención diferenciada” según los perfiles de los NNA. Finalizamos el trabajo con unas reflexiones analíticas sobre las implicaciones de los riesgos identificados en los procesos migratorios de los NNA venezolanos en Colombia.

Contextualización de la investigación: riesgos y situaciones de vulnerabilidad de menores migrantes

Los riesgos y la vulnerabilidad de las niñas y niños quedan de manifiesto en estudios en diferentes contextos. En Colombia destaca el trabajo realizado por Páez, Corzo y Rodríguez (2019). En dicho estudio los autores identifican una serie de riesgos relevantes y urgentes en los menores venezolanos, tales como violencia sexual, explotación sexual comercial, mendicidad, trabajo infantil, maltrato, abandono, entre otros.

Por su parte, la investigación sobre niñez migrante venezolana realizada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO (HERRERA, ÁLVAREZ; CABEZAS, 2020) en Colombia, Ecuador, Perú y Brasil reconoce que la desigualdad estructural y la pobreza afectan a los cuatro países.

En el estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (2016) en torno a riesgos y necesidades de atención de mujeres migrantes en Centroamérica.

En el caso de México, Hernández (2016) señala que los menores migrantes que transitan la frontera Tamaulipas - Texas se exponen a situaciones de riesgo como “ser víctimas del crimen organizado, […] contactarse con coyotes, […] estar en ‘casas de seguridad’, […] cruzar el río Bravo y […] ser detenidos por la Patrulla Fronteriza” (p.78). Por otro lado, también para el caso mexicano, Silva y Cruz (2013) indican que los niños, niñas y adolescentes migrantes en Tijuana se exponen a los mismos riesgos que los adultos, pero son más vulnerables por la falta de redes familiares y de apoyo.

Ortega (2015), en un análisis sobre estándares nacionales e internacionales de protección de los niños y niñas en condición de irregularidad en América y Europa, argumenta que los niños enfrentan riesgos, una alta vulnerabilidad y en general no denuncian situaciones de discriminación por miedo a ser expulsados.

En el contexto europeo, y en concreto para el caso español en tanto que frontera suroccidental de Europa, el informe realizado por la APDHA (2019) sobre infancia migrante indica que “Los niños, niñas y jóvenes que viven procesos migratorios, solos o acompañados por sus familias, se ven expuestos a multitud de riesgos y experiencias que atentan contra sus derechos y sus vidas” (p.10).

En el campo de las afectaciones a la salud, Hacking (2010) describe los problemas médicos que sufrieron algunos niños y niñas de varias nacionalidades que buscaban ser reconocidos como refugiados en Suecia. En particular expone que entre 2001 y 2007 cerca de 452 niños y niñas que presentaron su solicitud de asilo en Suecia entraron en estado catatónico, dejando de reaccionar ante estímulos físicos externos.

A pesar de las particularidades contextuales, hay una serie de constantes en las investigaciones existentes sobre riesgos de niños y niñas migrantes. Por un lado, la especial vulnerabilidad de los sujetos, específicamente por su condición de menores de edad que les hace no contar con los recursos -en sentido amplio- suficientes para enfrentar la dureza del proceso migratorio, frente a otros sujetos migrantes adultos. En segundo lugar, una mayor posibilidad de ser víctimas de trata de personas y todo tipo de violencias y agresiones, riesgos que se incrementan cuando los menores de edad viajan no acompañados y cuando están en situación administrativa irregular. Y la tercera cuestión es que, aunque la legislación internacional en materia de protección de derechos de los NNA (y las normativas estatales de los distintos países) otorguen formalmente el reconocimiento de derechos básicos para mitigar las situaciones de vulnerabilidad mencionadas, de facto no se consigue garantizar la aplicación de dichos derechos.

Lineamientos teóricos: riesgos, sociedad del riesgo y migraciones internacionales

Para este artículo abordaremos algunos elementos teóricos de la sociología del riesgo (Beck, 2009; Giddens, 1993; Luhmann, 2006). Al respecto Giddens (1993) plantea dos elementos del riesgo que tomaremos en consideración, relacionados con la globalización del riesgo: 1) El sentido de intensidad; y 2) El número de sucesos contingentes.

En cuanto al primero, “el sentido de intensidad”, el autor indica que hay riesgos que implican una intensidad que trasciende diferenciales sociales y económicos, aunque sin embargo existen otros riesgos que “son distribuidos diferencialmente entre los privilegiados y los no privilegiados” (p.121). A este respecto, Luhmann (2006), añade otras dimensiones analíticas al afirmar que también debe considerarse cómo “el umbral de riesgo puede fijarse de manera muy diversa, según sea el caso de que uno participe en el riesgo como portador de decisiones o como afectado por las decisiones riesgosas” (2006, p. 47).

A partir de estos aportes podemos plantear que en el plano de las migraciones se abre espacio a la reflexión sobre la necesidad del reconocimiento de los umbrales de riesgo que corre la niñez migrante, por un lado; y del posible impacto de estos sobre este colectivo, por otro. Y ello habida cuenta de que los procesos migratorios en muchas ocasiones no son procesos voluntarios sino forzados, y que además los NNA - en tanto que menores de edad - tienen un poder aún más diluido que los adultos sobre las decisiones a tomar sobre dicho proceso migratorio. Esta característica la enlazamos con la idea de Beck sobre los riesgos como proposiciones fácticas y a la vez valorativas, que “se refieren directa e indirectamente a definiciones y estándares de una vida tolerable o intolerable” (2009, p.219). Por lo tanto, la tarea es observar hasta dónde los riesgos adquieren intensidad en un umbral de situaciones que pueden hacer que la vida de los niños y niñas venezolanos se pueda llegar a transformar en intolerable.

El otro aspecto que reconoce Giddens (2009) relacionado con la globalización del riesgo es el número de “sucesos contingentes” que afectan a todos, o a una gran parte de la población en el planeta. A este respecto Luhmann nos recuerda que lo importante de la idea de riesgo es precisamente “que el posible daño sea algo contingente; esto es, evitable” (2006, p. 62). De esta forma, también se abre camino la observación de los elementos contingentes que afectan a la niñez migrante venezolana.

Dichos riesgos pueden resultar como “consecuencias no deseadas de la lógica de control que domina la modernidad” (BECK, 2009), especialmente en lo relacionado con la figura de control ejercida -en el caso que nos ocupa- por el Estado-nación en Venezuela y Colombia. Aquí es posible identificar la falta de control y protección en torno a la población migrante, ya que como indica Beck, la generación de cambios, por ejemplo, en la industrialización de la naturaleza o la revisión de la tradición, puede dar como resultado “incertidumbres fabricadas” (2009). En este caso las transformaciones económicas, políticas y sociales que han desencadenado el fenómeno migratorio, implican decisiones, actores y situaciones que pueden amplificar las incertidumbres, ya sea en el Estado emisor o receptor de los flujos migratorios.

En este sentido, se vuelve fundamental conocer a partir de los relatos de los funcionarios del Estado colombiano y de las organizaciones humanitarias la conciencia de la existencia de los riesgos que atraviesan los NNA migrantes, en términos de Giddens, para observar cómo se asume una “consciencia del riesgo como riesgo” (1993). Todo esto resulta clave para la identificación de los riesgos y la capacidad de transformarlos en certezas o seguridad; o lo que Giddens plantea como “la consciencia del riesgo ampliamente distribuida. Muchos de los peligros a los cuales nos enfrentamos colectivamente, son conocidos por amplios sectores del público en general” (1993, p.120); y ello se mantiene independientemente de que tomemos en consideración que “parte de lo riesgoso del riesgo es que [su] evaluación varía con el tiempo” (LUHMANN, 2006). En otras palabras, muchos de los riesgos son vox populi, incluso cuando la apreciación de estos pueda ser estimada de forma diferente en diferentes momentos y por diferentes agentes.

En este sentido estudiar hasta dónde alcanza esta consciencia del riesgo entre los actores que son consultados en este trabajo se muestra esencial. Esto es así incluso compartiendo la idea de Luhmann de que “no existe ninguna conducta libre de riesgo […] que no existe la absoluta seguridad [y que] los riesgos son inevitables cuando tomamos decisiones” (2006, p. 73). Más al contrario, lo anterior se establece como base para observar qué tipo de acciones y decisiones se toman sobre los riesgos, ya que los riesgos “únicamente sugieren que no debería hacerse, no qué debería hacerse” (BECK, 2009, p.224). Ver hasta dónde la identificación de los riesgos plantea posibles escenarios de acción por parte de los funcionarios frente a las amenazas que supone los tipos de riesgos y sus niveles de intensidad es esencial, ya que “la percepción de los riesgos que nos amenazan determina el pensamiento y la acción” (BECK, 2009, p.214). Y, en este sentido, qué tipo de percepción y definición cultural existe frente al propio riesgo se vuelve fundamental.

Por último, vale la pena apuntar que los nuevos riesgos, según Beck, son glocales, es decir, se presentan local y globalmente de manera simultánea, frente a los cuales se hace necesario tomar conciencia clara, ya que “sabemos, al menos en principio, que los impactos de los riesgos aumentan precisamente porque nadie sabe o desea saber de ellos” (p.227), o como nos dice Luhmann, porque “la negación de un riesgo, cualquiera que sea su índole, constituy[e] también, a su vez, un riesgo” (2006, p.63).

Metodología

El enfoque de esta investigación es cualitativo. El objetivo ha sido conocer las percepciones y discursos que distintos agentes encargados de la atención a NNA migrantes venezolanos en Colombia tienen sobre los riesgos que corren. Para ello se han considerado las percepciones de, por un lado, representantes de organizaciones de ayuda humanitaria en Colombia; y, por otro, de representantes de gobiernos locales colombianos. El objetivo de considerar estos dos tipos de agentes fue tener visiones del objeto de estudio desde distintos puntos de vista del plano institucional.

Se realizaron 14 entrevistas semiestructuradas y un grupo focal durante los meses de mayo y diciembre de 2021. El total de personas consultadas a través de estos instrumentos de investigación fue 21. La selección de los participantes se realizó de forma intencional, atendiendo a los objetivos de la investigación. La invitación a participar de las entrevistas se realizó por medio de cartas enviadas vía correo electrónico.

En el caso de los representantes de los gobiernos locales, aunque se realizaron 7 entrevistas, vale la pena mencionar que en total se enviaron 32 cartas y que se reiteró varias veces la invitación a participar de la entrevista. El total de cartas entregadas tiene que ver con el hecho de que Colombia está dividida en 32 departamentos. Los gobiernos departamentales se ejercen desde cada una de sus capitales (CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN, 2022). Dada la importancia política y económica de cada una de las capitales departamentales, durante esta investigación se contactó a los secretarios encargados de la política social de la capital departamental (COLOMBIA, 1991). Tan solo 7 de los 32 secretarios designaron a un funcionario de las entidades para ser entrevistados. Ningún secretario de política social aceptó ser entrevistado.

Para la selección de los miembros de las OAH entrevistados (un total de 8, más 1 grupo focal), se recurrió a organizaciones -tanto intergubernamentales como no gubernamentales- que trabajan con niñez y adolescencia del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM)¹. Se siguió el mismo procedimiento de contacto que con los representantes de los gobiernos locales, a través de una carta de invitación. Las organizaciones que decidieron participar de las entrevistas fueron International Rescue Committee (1 entrevista), World Vision (1 entrevista), Save the Children (1 entrevista), Consejo Noruego para Refugiados (2 entrevistas colectivas, en la que participaron dos de sus miembros), Sesame (2 entrevistas a miembros de esta organización) y Aldeas infantiles (1 entrevista). Adicionalmente se realizó un grupo focal con 6 integrantes de la mesa de niñez migrante del GIFMM, representando a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Save the Children.

La entrevista se articuló a partir de las siguientes preguntas: 1) ¿Cuáles serían las principales amenazas o peligros que enfrentan, o que puede llegar a enfrentar la niñez migrante en el país?; 2) ¿Identifica diferencias en las distintas zonas del país?; 3) ¿Qué acciones realizan ustedes para mitigar situaciones de riesgo y propiciar medios de sustento a NNA?; 4) ¿Qué mecanismos de protección de derechos deberían estar diferenciados para los distintos tipos de NNA migrantes?

Con permiso de los entrevistados, el material fue grabado y transcrito. Se realizó un análisis de contenido cualitativo (SCHREIER, 2012), a través de un procedimiento de codificación de carácter inductivo (SCHREIRER, 2014). El tratamiento del material empírico producido se realizó por medio del software MAXQDA. Para dotar de validez el proceso de codificación, los autores del presente trabajo codificaron primero individualmente para posteriormente recodificar grupalmente, para poder finalmente contrastar los resultados (SALDAÑA, 2009).

Resultados

A continuación, se presenta el material producido tras el análisis de las entrevistas. Se exponen las preguntas en el mismo orden en el que fueron enunciadas a los entrevistados, mientras que los resultados se ordenan teniendo en cuenta las categorías con mayor nivel de concentración semántica en el material, aportando paralelamente la visión de los distintos agentes consultados.

1.1 Principales riesgos identificados en torno a la niñez y adolescencia migrante

Con relación a las principales amenazas que enfrentan, o que puede llegar a enfrentar la niñez migrante en el país, los miembros de las organizaciones de acción humanitaria identificaron como principales riesgos la violencia directa ejercida por actores armados ilegales, la desescolarización, la desintegración familiar, la violencia sexual, desnutrición y la explotación económica no sexual.

Por su parte, los entrevistados de los gobiernos locales identificaron como principales riesgos la explotación económica no sexual, la violencia sexual, la violencia directa ejercida por actores armados ilegales, la desescolarización, la desintegración familiar, la desnutrición y la violencia familiar. Véase el siguiente cuadro (Cuadro 1):

Cuadro 1

Riesgos identificados por los distintos actores consultados.

El principal riesgo identificado por parte de las personas entrevistadas en nuestra investigación fue la violencia directa ejercida por actores armados ilegales. Este riesgo fue más mencionado por parte de las personas pertenecientes a las organizaciones de acción humanitaria (OAH), y en menor medida por los representantes de los gobiernos locales. Siendo así, once de los entrevistados del grupo de las OAH identificaron la violencia física ejercida por los grupos armados ilegales como uno de los principales riesgos que enfrentan NNA migrantes en Colombia. Esta violencia física, manifestaron los entrevistados, es causada por grupos ilegales armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), entre otras. Bajo esta categoría se incluye reclutamiento forzado, daño físico o psicológico, utilización de los menores para actividades ilegales como tráfico de drogas, hurtos, asaltos, entre otros.

Según indicaron los representantes de las OAH consultados, las organizaciones armadas ilegales colombianas no solo utilizarían a los NNA migrantes venezolanos para combatir, también los obligarían a realizar otras actividades delictivas: “hay riesgos de seguridad, hemos identificado robos y bandas delincuenciales, hemos identificado riesgos relacionado… con la venta y consumo de drogas en la ruta a los cuales los niños y niñas están expuestos” (Hombre, OAH, entrevista #3, 27 de mayo de 2021). Otro de los riesgos identificados por los entrevistados de las OAH, relacionados con la violencia física causada por grupos armados ilegales a NNA son las minas antipersonales y artefactos explosivos: “[…] agregaría un par de cosas en cuanto a los riesgos asociados al conflicto armado, agregaría el riesgo por minas antipersonales, artefactos explosivos improvisados, en zonas como Arauca” (Mujer, OAH, entrevista #2, 03 de junio de 2021). En el caso de los representantes de los gobiernos locales, cuatro de las personas entrevistadas señalaron el peligro de la violencia directa por parte de grupos armados ilegales y el reclutamiento forzado como riesgos que corre la niñez migrante venezolana en Colombia: “En la etapa de infancia y adolescencia al verse vinculados a ciertos factores de riesgo como posible vinculación [sic] a grupos […] y vinculación posiblemente con algunas actividades delictivas” (Mujer, gobierno local, entrevista #4, 10 de julio de 2021).

El segundo riesgo identificado - en este caso, en mayor medida por los representantes de los gobiernos locales (siete de los entrevistados) que por los de organizaciones de acción humanitaria (tres entrevistados) -, es la explotación económica. Bajo esta categoría se incluyeron riesgos como la mendicidad y la explotación laboral: “En primera medida son temas de protección de niñez… indigencia, situaciones asociadas a uso de niños y niñas para usos laborales” (Hombre, OAH, entrevista #6, 08 de junio de 2021). De acuerdo con las respuestas obtenidas, uno de los grupos poblaciones con mayor riesgo de ser explotados laboralmente son los indígenas: “entre los […] principales son el riesgo de mendicidad, reclutamiento, trata, trabajo infantil y apatridia, estamos evidenciando casos de niños nacidos vivos en los que sus padres son provenientes de pueblos indígenas como los yukpas, wayuu, barí” (Mujer, gobierno local, entrevista #7, 14 de agosto de 2021).

El tercer riesgo más mencionado por los entrevistados fue el de desescolarización. En total aparece mencionado por ocho personas, la mayoría de estas (cinco) eran miembros de las OAH:

[…] el tema de educación, la alimentación y la salud y la vivienda, tal vez en términos de definir por qué asocio educación como el primero, sabemos que la escuela son espacios protectores por naturaleza, en la medida en que los niños y niñas estén por fuera del sistema escolar, los hace muy vulnerables (Hombre, OAH, entrevista#6, 08 de junio de 2021).

Según los testimonios recopilados, la pandemia y el confinamiento obligatorio impuesto por el gobierno colombiano influyeron negativamente en los riesgos de desescolarización de NNA migrantes venezolanos en Colombia. Debido a las modalidades de aislamiento preventivo, buena parte de las clases en escuelas y colegios del país se tuvieron que realizar de manera virtual o por medio de materiales de apoyo. Sin embargo, algunos de los niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos no tenían acceso a internet:

[…] con el COVID, los niños venezolanos son los que tienen menos acceso a la conectividad, aunque hayan estado vinculados a espacios escolares, hubo deserción masiva, otra tendencia es que vemos adolescentes no acompañados que se exponen a riesgos (Mujer, entrevista#4 gobierno local, 01 de junio de 2021).

El riesgo de desescolarización aparece tres veces en el testimonio de los representantes de los gobiernos locales entrevistados, los que expresaron una gran preocupación frente a las dificultades que enfrentaron los estudiantes: “hay peligro de desescolarización… acá el pensum académico es distinto” (Mujer, gobierno local, entrevista#7, 14 de agosto de 2021)”. La desescolarización supone, según los entrevistados, la necesidad de crear herramientas y mecanismos de prevención en donde se articulen tanto las instituciones educativas, organizaciones de acción humanitaria y las instituciones del Gobierno, debido a que la educación es uno de los derechos fundamentales para asegurar el bienestar de NNA.

En cuarto lugar, el riesgo más mencionado fue la violencia sexual, la cual también se consideraría con un alto grado de violencia física y psicológica. Así lo afirmaba una de las personas entrevistadas, cuando señalaba que los NNA migrantes venezolanos “presentan algunos riesgos que repercuten en su seguridad… básicamente lo que tiene que ver con el posible riesgo a ser víctimas de abuso sexual y violencias basada en género” (Mujer, gobierno local, entrevista #4, 10 de julio de 2021). Los actores perpetradores de la violencia sexual contra NNA migrantes venezolanos en Colombia serían, según testimonios de las personas entrevistadas, principalmente los grupos armados ilegales:

Alta situación de vulnerabilidad en términos de seguridad, para los niños y sus familias, esto tiene tres razones: en las familias en tránsito se ha evidenciado es que se mueven por una cantidad de rutas y escenarios en donde terminan siendo expuestos a temas de…explotación sexual comercial (Hombre, OAH, entrevista #1, 14 de mayo de 2021).

En quinto lugar, tanto entrevistados de las organizaciones de acción humanitaria como los delegados de los gobiernos locales identificaron la desnutrición como un riesgo que corren NNA venezolanos en Colombia: “En algunos casos no tienen todos los nutrientes y alimentos necesarios para su buen desarrollo, ese es un tema bastante complejo” (Hombre, OAH, entrevista# 9, 20 de mayo de 2021).

Este riesgo se relaciona con el hecho de la desescolarización, ya que en las instituciones educativas las familias podían tener acceso a los alimentos requeridos por los NNA, y en muchos casos, ya sea por el confinamiento obligatorio o por la necesidad de buscar recursos financieros no pudieron acceder a estos alimentos provistos por el Estado, en otros casos se tuvo que recurrir a la solidaridad entre connacionales o apoyos esporádicos de la comunidad o del Gobierno para obtener alimentos.

En sexto lugar, los participantes de las entrevistas también aseguraron que los NNA migrantes venezolanos sufrían alto riesgo de desintegración familiar. Este riesgo aparece en un total de seis personas entrevistadas, de manera equitativa tanto en la perspectiva de los representantes del gobierno como en las organizaciones de acción humanitaria: “A nivel familiar uno logra identificar unos riesgos… puede ser el mismo tema de la desintegración del núcleo familiar” (Mujer, gobierno local entrevista#4, 10 de julio de 2021). Según el material analizado, la ruptura familiar dejaría a los NNA sin su red de apoyo y cuidado familiar, dejándolos más vulnerables:

Lo que más preocupa es cuando los niños y las niñas no cuentan con una red de apoyo o cuando su red de apoyo, de cuidadores y familiares no puede mantenerlos… el tema de desintegración familiar nos preocupa mucho, niños siendo cuidados por tías, abuelas, se mueven en la ruta, hay niños que están perdiendo esa red de apoyo y cuidado (Hombre, OAH, entrevista#3, 27 de mayo de 2021).

Por último, se indicaron - en menor medida - otra serie de riesgos. Entre una y tres personas entrevistadas hicieron referencia a alguno de ellos. Uno de estos sería el consumo de sustancias psicoactivas: “se evidencia que ellos están viviendo en un ambiente de consumo de sustancias, se vuelven consumidores pasivos” (Mujer, OAH, entrevista#2, 25 de mayo de 2021). Otro de esos riesgos mencionados con menor frecuencia por ambas clases de entrevistados fue la xenofobia, el cual puede estar asociada a comentarios ofensivos que se presentan en el ambiente escolar o en el barrio. Un aspecto que aparece mencionado por dos representantes de los gobiernos locales tiene relación con la violencia intrafamiliar, en tanto que situaciones que han tenido que atender.

Otro de los riesgos identificados por las OAH, aunque mencionadas únicamente por uno de los entrevistados fue la debilidad institucional del gobierno colombiano, esta debilidad -según el relato - “impediría que el Estado garantizase el cumplimiento de derechos básicos de NNA migrantes venezolanos en Colombia” (Mujer, OAH, entrevista#5, 15 de julio de 2021). Este aspecto también se relacionaría con la apatridia, ya que por un lado el Estado debe velar por el goce de los derechos de los niños, pero también hay responsabilidad por parte de los padres o cuidadores, en este caso podría haber NNA a los cuales no se les ha realizado el procedimiento administrativo para la nacionalidad, se menciona el caso de niños indígenas.

[…] apatridia, estamos evidenciando casos de niños nacidos vivos en los que sus padres son provenientes de pueblos indígenas como los yukpas, wayuu, barí, que por su mismo comportamiento cultural ellos no presentan identificación alguna que los acredite y que puedan acceder a decretos que evitan la apatridia (Mujer, gobierno local, entrevista #7, 14 de agosto de 2021).

1.2 Incidencia del territorio en los riesgos

Las personas entrevistadas identificaron riesgos diferenciales en dos zonas del país: los departamentos fronterizos, por un lado, y las grandes ciudades del interior del país, por otro.

Los riesgos identificados en las ciudades más pobladas del país tienen que ver con riesgos socioeconómicos asociados a desnutrición y situación de calle, por ejemplo:

Yo siento que esta situación o estos factores de riesgo se exacerban pues en unos contextos particulares, sobre todo cuando estos NNA llegan a, pues digamos, a las grandes ciudades o a las capitales porque sabemos que ya hay unas condiciones de exclusión…Uno se imaginaría que una zona de gran riesgo sería… Bogotá, Barranquilla, donde se ha volcado la cooperación (Mujer, entrevista #4, gobierno local, 10 de julio de 2021).

En los departamentos colombianos ubicados en la frontera con Venezuela, los NNA migrantes venezolanos estarían expuestos a riesgos socioeconómicos, pero también a riesgos ligados al conflicto armado colombiano. En las entrevistas se mencionan puntualmente los casos de los departamentos de Norte de Santander, Arauca y La Guajira:

El contexto de frontera es bastante complejo, en este momento para esta región, siete departamentos, es un territorio en zona de conflicto, con alto nivel de movilidad, con necesidades humanitarias y de protección, es una zona controlada por grupos armados y grupos de delincuencia común, actividad de contrabando, economías ilícitas, reclutamiento de niños y niñas de adolescentes y el cobro de vacunas, el cierre de los pasos legales fronterizos aumenta los riesgos de la niñez migrante que debe moverse en trochas (Mujer, entrevista #4, gobierno local, 01 de junio de 2021).

La Guajira, lo menciono por un asunto histórico del país asociado a la alimentación, educación, prácticas de indigencia, asociados a temas culturales, hace que sea una zona de mayor riesgo, por su posición geográfica y su distribución rural dispersa… En Norte de Santander hay un tema en torno a la presencia del conflicto armado (Hombre, OAH, entrevista #6, 08 de junio de 2021).

1.3. Acciones estratégicas en materia de prevención de riesgos

Frente a las acciones realizadas para mitigar situaciones de riesgo y propiciar medios de sustento a los NNA migrantes, las respuestas obtenidas se clasificaron entre respuestas conjuntas y diferenciales entre gobiernos locales y organizaciones de ayuda humanitaria.

Según los testimonios recopilados, existen varias áreas de trabajo comunes, ambos tipos de instituciones trabajan principalmente en materia de refuerzo escolar, apoyo psicológico, orientación a la llegada, apoyo financiero y creación de medios de vida:

Nosotros vamos a comunidades de difícil acceso, y pueden decir que las escuelas abren, pero para nosotros, según la población que atendemos, las escuelas no han abierto y los niños siguen por fuera de la escuela. Tenemos diversos proyectos con el ministerio de educación, como la escuela abierta, postprimaria, modelo etnoeducativo en las zonas del pacifico colombiano, incentivar la matrícula escolar, hacemos un proceso de censo, donde hacen una focalización de casa a casa sobre los derechos de los niños y las familias, y ahí se identifican a niños y niñas para matricularlos (Mujer, entrevista #4, gobierno local, 01 de junio de 2021).

Otro punto en común entre las organizaciones de acción humanitaria y las instituciones gubernamentales locales entrevistadas es el trabajo en temas psicológicos y psicosociales: “casos especiales de acompañamiento intentamos estar cerca de las rutas de activación psicosocial… nosotros hacemos atención psicosocial” (Hombre, OAH, entrevista#3, 27 de mayo de 2021). A este respecto, además, se señala el trabajo conjunto con diferentes tipos de organizaciones que tienen fines de acción similares:

Nosotros realmente trabajamos con toda la cooperación internacional y con todas las secretarías del Distrito. Nosotros como Secretaría de Integración no tenemos unas metas para atender a niños o migrantes. En el cuatrenio debemos atender a 60.000 personas en orientación psicológica... Venimos realizando esta labor de forma periódica (Hombre, OAH, entrevista # 9, 20 de mayo de 2021).

El trabajo conjunto entre OAH y organizaciones gubernamentales locales por generar medios de vida económicos para las familias queda reflejada en la siguiente cita: “Hemos trabajado con World Vision en temas de medios de vida para que los papás tengan unas mejores condiciones y así lo puedan replicar en sus familias y con sus hijos” (Hombre, OAH, entrevista# 9, 20 de mayo de 2021).

Además de lo mencionado, se encontraron áreas de trabajo únicamente reseñadas por las organizaciones humanitarias. En este sentido, dos de los temas de trabajo más mencionados entre los entrevistados que hacen parte de las OAH, pero que no aparecen testimoniados entre los miembros de las organizaciones gubernamentales locales, son el trabajo por el empoderamiento femenino y la creación de espacios de acomodamiento para los migrantes recién llegados al país:

Hay una mirada de género, poblacional y de discapacidad que hay que mantener muy presentes, la situación de población indígena migrante es preocupante porque no hay ningún tipo de servicio relevante en el país que tenga esas capacidades (Mujer, OAH, entrevista #8, 20 de mayo de 2021).

Por su parte, las organizaciones gubernamentales destacan su trabajo en áreas como el establecimiento de rutas de atención y el apoyo jurídico para la regularización del status migratorio, temas que no son mencionados durante las entrevistas realizadas entre miembros de las OAH:

Una de las estrategias de regularización es que se flexibilice una parte del registro civil, pero eso ya no corresponde al orden departamental, eso escala al orden nacional, que se diseñen estrategias de búsqueda activa de casos de apatridia sobre todo en poblaciones indígenas que no tienen identificación, necesitamos que se generen esas estrategias desde la registraduría nacional, para poder identificar cuáles son los niños y niñas nacidos en Colombia que no tienen registro civil (Mujer, entrevista #7, gobierno local, 14 de agosto de 2021).

Vale la pena destacar que las acciones estratégicas emprendidas tanto por las organizaciones de ayuda humanitaria como por los miembros de gobiernos locales tienen consonancia con los riesgos identificados (ver Cuadro 1). Así, acciones como el apoyo psicológico y la orientación a la llegada son acciones transversales que pueden servir de soporte al migrante luego de sufrir violencia directa, explotación económica, violencia sexual o riesgo de consumo de sustancias psicoactivas.

A su vez el refuerzo escolar constituye una acción encaminada a reducir la posibilidad de desescolarización, mientras que el apoyo financiero y la creación de medios de vida podrían ayudar a reducir la posibilidad de desnutrición o la explotación económica. Véase el siguiente cuadro (Cuadro 2):

Cuadro 2

Principales riesgos identificados en torno a la niñez y adolescencia migrante (1) frente a Acciones estratégicas en materia de prevención de riesgos (2).

1.4 Atención diferencial en torno a la niñez y adolescencia migrante

Existen diferentes mecanismos de protección de manera diferenciada según los distintos tipos de NNA migrantes. En este apartado se presentan las respuestas analizadas y codificadas en orden, de mayor a menor frecuencia. Véase el siguiente cuadro (Cuadro 3):

Cuadro 3

Grupos de NNA que deben contar con mecanismos de prevención y protección diferenciales según los distintos actores consultados.

Siete de los entrevistados afirman que los gobiernos locales deberían promover mecanismos de protección de derechos particularmente enfocados a los adolescentes, en especial en relación con nutrición, educación y medios de vida:

[…] para adolescentes y jóvenes es fundamental el tema de acceso a educación, es muy complejo, es como un embudo, es mucho más fácil para primaria, pero de ahí en adelante las posibilidades de acceso son cada vez menores, faltan esfuerzos para las necesidades de estos jóvenes (Hombre OAH, entrevista #3, 27 de mayo de 2021).

El segundo grupo percibido como más necesitado de una atención diferenciada, fue el de primera infancia. Tanto entrevistados de las OAH como de los gobiernos locales afirmaron que, si bien existen varios programas enfocados en la primera infancia, aún es necesario promover mejores condiciones de vida para este grupo poblacional, particularmente en temas de nutrición y salud: “en términos de edades, creo los más críticos están en infancia […] en cuanto a la primera infancia son problemas de alimentación y salud” (Hombre, OAH, entrevista #6, 08 de junio de 2021). Atendiendo además a aquellos territorios donde se concentre especialmente esta población migrante:

Nosotros en el Departamento estamos uniendo la política de primera infancia con la de infancia para tratar de mirar todos los ciclos de vida en una política, además de eso, no solo es la diferenciación, sino garantizar que esas políticas lleguen a los territorios a donde está la población infantil migrante, de lo contrario van a ser políticas sin impacto (Mujer, gobierno local, entrevista #7, 14 de agosto de 2021).

Tan solo una de las personas entrevistadas afirmó que fuese necesario incluir una perspectiva de género a la hora de garantizar los derechos de las niñas y adolescentes: “[…] hay que pensarse la respuesta frente al género… organizaciones como Save The Children están incluyendo la migración y el género, en el trabajo con las niñas y adolescentes migrantes…” (Hombre, OAH, entrevista#3, 27 de mayo de 2021).

Y otra lo hizo con respecto a los NNA indígenas:

Los sujetos de especial protección por edad tenemos a los niños niñas y adolescentes, son sujetos de especial protección desde la constitución y los lineamientos de la institucionalidad, es necesario que se den lineamientos claros con respecto a los niños y sobre ese doble enfoque como lo son los niños migrantes indígenas (Mujer, gobierno local, entrevista#7, 14 de agosto de 2021).

Uno de los entrevistados de las organizaciones de acción humanitaria también planteó la necesidad de entender las diferencias culturales internas de Venezuela, para poder crear políticas públicas que incluyan la diversidad entre NNA venezolanos migrantes provenientes de distintas regiones del país:

Venezuela es un país grande que tiene diferencias regionales y culturales, las personas que vienen de zonas fronterizas son muy diferentes a las personas que vienen del sur, o las personas que están más alejadas de la frontera, nosotros estamos tratando de entender la migración desde las diferentes culturales que hay al interior de Venezuela (Hombre, OAH, entrevista#3, 27 de mayo de 2021).

Finalmente, uno de los entrevistados sugirió la creación de políticas de protección particulares para NNA separados de su familia:

Lo que pasa es que digamos, creo que mayoritariamente en temas de protección se da más entre infancia y adolescencia. En este caso también frente a temas de protección es más si la niña o el niño... ha sido separado de su núcleo familiar, verificar las condiciones de esa familia [Mujer, gobierno local, entrevista#4, 10 de julio de 2021].

Discusión y conclusiones

El trabajo realizado nos ha permitido indagar en la percepción, identificación y discursos institucionales (gobiernos locales y organizaciones de ayuda humanitaria) sobre los riesgos que afectan a los NNA migrantes venezolanos en Colombia. Siendo así, con la investigación realizada, hemos obtenido un diagnóstico de las principales situaciones de riesgo que afectan a este colectivo, desde la perspectiva de los agentes sociales implicados en su atención social.

Para las personas entrevistadas, los NNA migrantes en Colombia están expuestos a diversas formas de violencia y conflictos que les vulneran sus derechos, frente a lo que manifiestan que hay que establecer medidas articuladas entre las diferentes organizaciones de la sociedad civil, el Gobierno, las personas colombianas, las personas migrantes, refugiadas y retornadas, con el fin de proteger a los NNA migrantes. Encontramos en este diagnóstico una percepción de los riesgos (y posicionamiento de actuación ante los mismos) en línea con la visión que nos ofrece Beck (2009), sobre el funcionamiento de estos en las sociedades globalizadas contemporáneas:

[…] para reconocer los riesgos como riesgos en general y para configurarlos como punto de referencia del propio pensamiento y acción, es necesario creer, por principio, en las relaciones invisibles de causalidad entre condiciones objetivas, temporales y espaciales, muy divergentes en la mayoría de casos, así como más o menos en las proyecciones especulativas, que tienen que estar directamente inmunizadas contra las siempre posibles contraargumentaciones (p. 81).

Entendemos que ello supone -aunque no implique garantizar resultados precisos- un adecuado punto de partida para articular, desde los distintos agentes implicados, una gestión pertinente de las situaciones y procesos de vulnerabilidad de los NNA migrantes en el contexto estudiado.

Giddens (1993) indicaba cómo algunos riesgos cuentan con un “sentido de intensidad” que trasciende las diferencias sociales y económicas; mientras otros claramente afectan más a colectivos vulnerables. A este respecto, nuestro trabajo nos ha permitido observar cómo los agentes sociales consultados reconocen -en las experiencias que viven NNA migrantes venezolanos- mayores niveles de intensidad de los riesgos, lo que desafía esa noción de riesgo transversal-globalizado que no discriminaría entre sujetos y/o contextos. Sería el caso de las situaciones de peligro e inseguridad extrema a las que pueden verse expuestos durante el tránsito, por ejemplo, debido a la existencia de grupos armados ilegales, especialmente en zonas de frontera. Esta realidad puede ocasionar diferentes formas de violencia directa sobre los NNA, en sus cuerpos, mediante el reclutamiento forzado; pero también la posibilidad de sufrir una exposición a minas antipersona o explosivos, que los puede llevar a sufrir fuertes daños corporales o la muerte. En estas circunstancias los NNA se ven afectados por decisiones riesgosas (LUHMANN, 2006) tomadas por actores externos, los cuales los obligan a trabajar en actividades ilegales, como el robo o la venta de drogas, o los pueden explotar sexualmente, estando afectados por diferentes formas de trata de personas.

Adicionalmente, los NNA pueden verse inmersos en situaciones de mendicidad y explotación laboral, ya sea por grupos criminales o en ocasiones por familiares que pueden exponerlos a experiencias en la cuales no logren dimensionar el nivel de riesgo, tanto en el presente como en el futuro. Ello coincidiría con la reflexión que aporta Luhmann (2006) respecto a la fijación de los umbrales de riesgo, que serían muy diversos en función de si se es “portador” o “afectado” por las decisiones riesgosas (p. 47). En este caso los NNA pueden ser “afectados” en mayor medida que “portadores”, lo que podría implicar una percepción menor de riesgo, constituyéndose como sujetos “en riesgo” más que “de riesgo” (ALIAGA, 2013).

Por otro lado, se encontró que la pandemia desencadenó una serie de sucesos contingentes (GIDDENS, 1993) que aumentaron los niveles de intensidad del riesgo (BECK, 2009) que afectó a la niñez y adolescencia migrante, al verse expuestos a desescolarización, desnutrición, conflictos familiares, y a diferentes tipos de violencia. En este sentido el daño ocasionado por la pandemia y los riesgos desencadenados por la contingencia no logran ser evitados (Luhmann, 2006), se presentan como un proceso incontrolable que genera daños, ya que no se evidencia claramente en los discursos de los entrevistados estrategias consolidadas de prevención frente a los riesgos derivados tanto de la pandemia, así como de las acciones de grupos armados o criminales. En este sentido, el actor que ocasiona el riesgo se presenta de manera abstracta y el Estado o las organizaciones de la sociedad civil operan principalmente en la atención y en la contención de las consecuencias no deseadas, pero de menor manera en la prevención de las mismas.

La consideración del riesgo en el escenario de pandemia y de sus impactos pudo traspasar el estándar de tolerancia (BECK, 2009) frente a los mínimos de subsistencia o de una vida digna debido a los altos niveles de sufrimiento de las personas migrantes, ya que muchas perdieron familiares; en el caso de los NNA enfrentaron pérdida de condiciones de seguridad humana en cuanto recursos económicos y riesgos de enfermedad y muerte. También la desnutrición afectó a este sector de la población, como un factor que resulta de la falta de control frente al aseguramiento de un derecho humano fundamental, lo cual se puede plantear como desprotección institucional, incrementada en ocasiones por la desintegración y formas de violencia familiar, impactando en la falta de estabilidad emocional de esta población, debido a su alto nivel de vulnerabilidad. De esta forma, la pandemia puso en evidencia la falta de lógica de control (BECK, 2009), que enfrentó la sociedad, pero que en el caso de los NNA les afectó especialmente aumentando la incertidumbre frente a la continuación de la vida y la falta de seguridad del proceso migratorio. Ello deja como interrogante si se trata de una incertidumbre fabricada, llegando a constituirse en un proceso de necropolítica de las migraciones.

Los agentes entrevistados señalan también que observan toda una serie de otras formas de violencia producto de la xenofobia, la discriminación, el desarraigo y la debilidad institucional que puede derivar en formas de desprotección, tales como la apatridia. Nos encontramos, en definitiva -y pese a las definiciones de la sociedad del riesgo como contextos de peligros generalizados, globales y transversales (BECK, 2009; GIDDENS, 1993)- con una situación que “no debería cegarnos ante el hecho de que, en las condiciones de la modernidad, como en el mundo premoderno, muchos riesgos [siguen siendo] distribuidos diferencialmente entre los privilegiados y los no privilegiados” (GIDDENS, 1993, p.121).

En términos geográficos, se ha encontrado que -según los entrevistados- los NNA migrantes en los departamentos fronterizos están más expuestos a sufrir riesgos, en concreto los relacionados con las consecuencias del conflicto armado, además de exclusión económica y desigualdad social; mientras que los NNA migrantes ubicados en las grandes ciudades del interior del país -como Bogotá o Medellín- están menos expuestos a sufrir las consecuencias del conflicto armado, pero no dejan de enfrentar las consecuencias de la desigualdad social. Vale la pena mencionar aquí, por lo tanto, que el umbral de riesgo (LUHMANN, 2006) aumenta en la zona de frontera, en donde la intensidad de estos procesos forzados puede hacer que la vida se vuelva más intolerable (BECK, 2009). De esta manera, se reconoce por parte de los actores entrevistados una exposición a riesgos que conllevan altos grados de violencia. Si los tomadores de decisiones de política pública, tanto locales, como el gobierno nacional colombiano tienen en cuenta esta diferencia como una prioridad en la atención a los riesgos, quizás podrían mejorar las condiciones de vida de NNA migrantes que llegan y viven en las fronteras de Colombia.

Citamos de nuevo a Beck para recordar que “la percepción de los riesgos que nos amenazan determina el pensamiento y la acción” (BECK, 2009, p.214). Como estamos mostrando, los actores sociales consultados, perciben la existencia de una gran cantidad de riesgos asociados a los NNA migrantes venezolanos, lo que sería el punto de inicio para trabajar sobre dichos riesgos, es decir, el reconocimiento y toma de conciencia por parte de los propios actores consultados, pero también en su labor de multiplicadores de acciones de atención, mitigación y prevención de los riesgos. Siendo así, señalamos que -con respecto a las acciones estratégicas de intervención que implementan- el análisis de resultados refleja cómo a pesar de los muchos puntos de acción comunes entre ambos tipos de organizaciones (como refuerzo escolar, apoyo psicológico, orientación a la llegada, apoyo financiero y creación de medios de vida), existen particularidades propias de las organizaciones de acción humanitaria y propias de las organizaciones gubernamentales locales. Los miembros de OAH destacaron su trabajo en materia de empoderamiento femenino y de creación de espacios de acomodamiento para los migrantes recién llegados al país. Por su parte, los trabajadores de los gobiernos locales resaltan en mayor medida trabajar en materia de establecimiento de rutas de atención y el apoyo jurídico para la regularización del estatus migratorio. El lugar de la experiencia, por lo tanto, determina la percepción de los riesgos dado que el limen de los mismos puede fijarse de manera muy diversa (LUHMANN, 2006).

Por último, hay que señalar que el análisis del material empírico producido en la investigación demuestra que los entrevistados de los gobiernos locales y de las OAH expresan una preocupación por crear mecanismos de protección diferenciales para adolescentes y niños de primera infancia. Mientras, los entrevistados pertenecientes a los gobiernos locales manifiestan la necesidad de mecanismos de protección diferenciales para NNA que están en tránsito, y que debe existir un enfoque diferencial de género y se debería tener en cuenta las diferencias culturales subnacionales venezolanas; los entrevistados de las organizaciones de acción humanitaria, expresan la necesidad de contar con mecanismos de protección diferenciales para NNA indígenas y menores no acompañados. Sin embargo, de ambos tipos de discursos se desprende que los distintos perfiles de NNA cuentan con una serie de elementos diferenciadores del riesgo que hacen que sus necesidades sean más específicas, y que es necesario evidenciar ya que “los impactos de los riesgos aumentan precisamente porque nadie sabe o desea saber de ellos” (BECK, 2009, p.227). Por ejemplo, los adolescentes enfrentan situaciones de contingencia que los afectan, puesto que, así como pueden tener necesidades relacionadas con la nutrición, educación y medios de vida, también se ven expuestos a riesgos de fuerte violencia física al ser reclutados de manera forzada y sometidos a diferentes formas de explotación. De una manera más grave, la primera infancia se ve expuesta a un nivel de intensidad muy alto de riesgo, ya que su vulnerabilidad es mayor, los cuidados de la salud y alimentación quedan totalmente en manos de un tercero, por lo que no pueden contrarrestar voluntariamente la falta de una vida digna.

Los testimonios de los entrevistados demuestran que dentro de la categoría NNA hay grupos especialmente vulnerables como NNA indígenas, las niñas/adolescentes o los menores no acompañados. Investigaciones futuras podrían abordar más a profundidad los riesgos de estos grupos poblacionales, ya que también puede haber una transformación en torno a la intensidad de estos, lo que requiere una evaluación constante a lo largo del tiempo (Luhmann, 2006), para dotarnos de un contexto traducible en insumos para la creación de políticas públicas y acciones de prevención y protección de NNA con un enfoque diferencial. Dicho enfoque proporcionaría una intervención más personalizada e interseccional, necesidad que se desprende de los resultados obtenidos del diagnóstico realizado a partir del presente trabajo. Finalmente queda como desafío seguir desentrañado los momentos, lugares y responsables de la producción de los riesgos, para evitar el daño y la catástrofe.

Referencias

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Notes

Author notes

ANGELO FLÓREZ DE ANDRADE (aflorezdeandrade@usta.edu.co)ANTONIA OLMOS ALCARAZ (antonia@ugr.es)FELIPE ALIAGA SÁEZ (felipealiaga@usantotomas.edu.co)