Introducción

La participación estudiantil ha sido históricamente un componente central en las universidades públicas de América Latina, no solo en la defensa de derechos sociales, sino también en la configuración de agendas de reforma y cogobierno universitario. En este marco, la extensión universitaria no puede reducirse a un mecanismo de proyección académica, sino que debe entenderse como una práctica político–pedagógica que potencia la formación activa del estudiantado como sujeto colectivo de transformación. La universidad pública tiene, por tanto, la responsabilidad de fortalecer la ciudadanía crítica mediante condiciones institucionales que promuevan el involucramiento estudiantil en los procesos sociales, comunitarios y democráticos del país.

Repensar la extensión universitaria implica asimismo cuestionar las jerarquías epistémicas que han subordinado los saberes populares, comunitarios e indígenas a una lógica académica hegemónica. En lugar de reproducir una relación vertical entre universidad y sociedad, es imprescindible avanzar hacia una perspectiva dialógica y horizontal del conocimiento, donde distintas formas de saber convivan y se reconozcan mutuamente. Esta apertura demanda que la universidad pública se comprometa con procesos de co–construcción de conocimiento relevantes para las realidades locales y regionales, que valore los aportes de actores sociales históricamente marginados y abra espacios reales para su participación activa y deliberativa.

Sin embargo, en muchos contextos latinoamericanos —y particularmente en Guatemala— estas aspiraciones enfrentan importantes restricciones estructurales. El caso de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) ofrece un ejemplo paradigmático: pese a su historia de compromiso social, en los últimos años ha experimentado una serie de procesos institucionales que han limitado su autonomía, debilitado su cultura democrática y restringido las oportunidades de participación estudiantil. Estas transformaciones han tenido efectos directos sobre el potencial de la extensión universitaria como herramienta formativa y social.

Uno de los principales obstáculos para la participación estudiantil en la USAC es la intervención político–administrativa que ha dado lugar a una cultura institucional jerárquica, burocratizada y poco receptiva a las iniciativas de base. Aunque los discursos oficiales suelen proclamar que la juventud es un pilar del fortalecimiento democrático universitario, la realidad evidencia una desconexión profunda entre lo enunciado y lo practicado. Ejemplo de ello es el desalojo violento y la criminalización impulsados por las actuales autoridades universitarias hacia estudiantes que exigían procesos transparentes en la universidad (Prensa Comunitaria, 11de junio de 2025). La toma de decisiones continúa concentrada en las altas esferas, mientras que los espacios participativos carecen de mecanismos reales de incidencia y seguimiento.

A ello se suma un entorno político nacional caracterizado por la criminalización de la protesta, la represión de la disidencia y el debilitamiento del Estado de derecho, factores que inciden directamente en la cultura política universitaria. En este contexto, también se ve profundamente amenazada la autonomía universitaria, lo que restringe el pensamiento crítico y debilita la capacidad de la institución para actuar como un espacio plural de debate. El ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la organización colectiva o el activismo estudiantil está constantemente limitado, lo cual desincentiva la participación y genera un clima de apatía, desconfianza e indiferencia en amplios sectores del estudiantado.

Ante este panorama, es urgente reflexionar sobre cómo las actividades académicas, los programas formativos y los dispositivos institucionales pueden —o deciden no— contribuir a la formación de una ciudadanía activa en el ámbito universitario. En este sentido, la pregunta que orienta este artículo no solo es cómo la universidad incide en la participación estudiantil en movimientos sociales y actividades cívicas, sino también por qué debería hacerlo, considerando que, desde una lógica mercantil, dicha función puede ser vista como ajena a su mandato. Esta interrogante exige una mirada crítica, contextualizada y comprometida, que reconozca tanto las barreras estructurales como las potencialidades de la acción estudiantil como forma de extensión universitaria.

El presente artículo se propone poner en tensión las percepciones y experiencias de estudiantes de ciencias sociales de la USAC respecto de la participación estudiantil, en contraste con el discurso institucional y las condiciones que estructuran dicha participación. Desde un enfoque cuantitativo–descriptivo, se examinan las valoraciones sobre los espacios disponibles, los mecanismos de inclusión y el papel formativo de la universidad en relación con la ciudadanía. La elección de esta población responde, por una parte, a la posibilidad concreta de acceder a ella durante el proceso investigativo y, por otra, a su involucramiento activo en debates sobre lo público y lo político en el contexto universitario actual.

Más allá del análisis empírico, este trabajo se inscribe en una reflexión más amplia sobre la necesidad de reconfigurar la extensión universitaria desde una perspectiva crítica. Se sostiene que la participación estudiantil no debe ser entendida como un complemento optativo de la vida académica, sino como una dimensión sustantiva de la formación universitaria. Para ello, es necesario construir dispositivos institucionales coherentes, visibilizar las prácticas democráticas y garantizar condiciones estructurales que permitan a los estudiantes ejercer plenamente sus derechos y responsabilidades ciudadanas. En esta clave, la universidad tiene el desafío de pasar del discurso a la acción, y de la retórica participativa a la transformación institucional efectiva.

Tradiciones democráticas y sentidos históricos de la extensión universitaria

Antes del actual proceso de debilitamiento institucional —caracterizado por la concentración del poder en manos de autoridades ilegítimas, el bloqueo de procesos democráticos internos y la parálisis de funciones sustantivas—, la extensión universitaria en la USAC representaba una función central dotada de profundo sentido democrático. Lejos de ser un simple canal para la transferencia técnica de conocimientos al entorno, la extensión articulaba el saber académico con el compromiso social y la acción política, constituyéndose en una vía legítima para que la universidad dialogara con las realidades del país y contribuyera a su transformación.

En el marco de su misión histórica como universidad pública, la USAC construía un modelo de extensión que, si bien en ocasiones reproducía enfoques transferencistas, también albergaba experiencias profundamente participativas y horizontales. Inspiradas en las corrientes latinoamericanas de educación popular y en los ideales de la Reforma de Córdoba de 1918, estas prácticas afirmaban el papel de la universidad como sujeto colectivo en diálogo con las comunidades y como actor activo en los procesos de transformación social.

El estudiantado desempeñaba un rol clave dentro de esta concepción de la extensión. A través de brigadas, jornadas comunitarias, programas de servicio social y actividades de educación no formal, se promovía una participación concreta y organizada, que desbordaba los límites del aula. Estas iniciativas no solo respondían a demandas sociales, sino que también constituían espacios formativos donde se fortalecía la conciencia crítica, la solidaridad y la capacidad de intervención colectiva.

En este marco, la extensión no era una función periférica ni meramente complementaria, sino una herramienta pedagógica que permitía articular teoría, práctica y compromiso. La participación estudiantil, por tanto, no era vista como una excepción o un privilegio, sino como una práctica política legítima e inherente al proyecto universitario.

Este entramado de experiencias configuró una tradición institucional que, aunque interrumpida en diversos momentos por la represión estatal y las lógicas autoritarias, sigue siendo una referencia fundamental en la memoria colectiva de la universidad pública. La noción de una extensión comprometida, territorializada y políticamente activa formó parte del ethos sancarlista durante décadas, alimentando procesos de organización estudiantil, alianzas con sectores populares y construcción de pensamiento crítico.

Con relación a las interrupciones, es importante destacar que, durante las décadas de 1980 y 1990, la USAC vivió una de las etapas más intensas de represión institucional y estatal contra el movimiento estudiantil. Este contexto, caracterizado por asesinatos, desapariciones forzadas, vigilancia permanente y criminalización de la organización universitaria, impactó profundamente en la vida académica y en las funciones sustantivas de la universidad pública.

Como señala Castillo Regalado (2005), esta violencia no solo buscó neutralizar el activismo estudiantil en el plano político nacional, sino que desarticuló la posibilidad de sostener vínculos comunitarios, procesos de formación cívica y proyectos de extensión comprometidos con las realidades sociales del país. La amenaza constante a la integridad física y a la libertad de pensamiento generó un clima de autocensura, fragmentación organizativa y debilitamiento de la universidad como espacio de producción crítica de conocimiento. En ese período, la extensión universitaria dejó de ser un puente hacia el trabajo con sectores populares y fue desplazada por lógicas defensivas, orientadas a la supervivencia institucional.

Frente al vaciamiento actual de los sentidos democráticos de la vida universitaria, retomar esta tradición no implica una mirada nostálgica, sino una recuperación crítica de su potencial transformador. Rescatar la historia de la extensión universitaria como práctica democratizadora puede aportar claves para reimaginar una universidad comprometida con el bien común, la justicia social y el fortalecimiento de la ciudadanía.

Rupturas contemporáneas: extensión y participación en el contexto neoliberal

En la actualidad, la universidad pública guatemalteca —y particularmente la USAC— transita un momento de profunda tensión institucional marcado por la consolidación de una racionalidad tecnocrática, instrumental y funcionalista. Bajo el predominio de una lógica neoliberal, la educación superior ha sido progresivamente vaciada de sus componentes ético–políticos y reducida a un espacio de circulación de competencias para el mercado.

Esta transformación ha tenido efectos concretos en la vida universitaria: la participación estudiantil se ha desplazado hacia los márgenes de la agenda institucional, y la extensión universitaria ha perdido centralidad como práctica formativa. En este nuevo paradigma, el énfasis recae en la acreditación individual, la empleabilidad y la productividad, debilitando los vínculos entre conocimiento, territorio y transformación social.

Esta situación ha reconfigurado los sentidos de la vida académica. Las demandas de inserción laboral, la presión por cumplir requisitos curriculares y el debilitamiento de la organización estudiantil han contribuido a una cultura universitaria centrada en la competencia individual más que en la acción colectiva.

La universidad ha sido paulatinamente convertida en un espacio de consumo académico, donde se valora más la eficiencia administrativa que la deliberación crítica o la participación democrática. La extensión, en este contexto, ha dejado de ser concebida como una función sustantiva articulada a la ciudadanía activa, y se ha transformado en una práctica subordinada, fragmentada e instrumentalizada, muchas veces limitada a actividades puntuales sin impacto sostenido ni vocación transformadora.

Al mismo tiempo, las condiciones estructurales del país —marcadas por el autoritarismo institucional, el debilitamiento del Estado de derecho y la criminalización de la protesta— han erosionado aún más las posibilidades de construir espacios democráticos dentro de la universidad. La participación estudiantil, cuando ocurre, se enfrenta a prácticas de vigilancia, represión o cooptación, lo que restringe su legitimidad y eficacia.

En este escenario, pensar una extensión universitaria crítica, comprometida y emancipadora resulta particularmente desafiante. Las redes latinoamericanas de debate sobre extensión universitaria, que en otros países avanzan hacia modelos dialógicos e integrales, encuentran en Guatemala un terreno adverso. No obstante, este contexto también abre la posibilidad de reactualizar la lucha por una universidad pública como bien común, capaz de rearticular conocimiento, comunidad y justicia social.

La percepción de los estudiantes sobre la extensión universitaria

Para explorar las percepciones estudiantiles sobre el papel de la extensión universitaria en la formación de ciudadanía activa, se desarrolló un estudio de tipo cuantitativo–descriptivo centrado en una población específica de la USAC. El trabajo se llevó a cabo con estudiantes de la Escuela de Ciencia Política, una unidad académica no facultativa e independiente, que ofrece las carreras de Ciencia Política, Sociología y Relaciones Internacionales. Esta unidad fue seleccionada por razones de viabilidad operativa y por su reconocida implicación en procesos de reflexión crítica y participación estudiantil. El estudio buscó identificar cómo el estudiantado percibe las oportunidades institucionales de participación, los dispositivos de inclusión y la función formativa de la universidad en relación con la ciudadanía.

La población objetivo estimada fue de entre 1500 y 1600 estudiantes activos al momento de la recolección de datos. Se trabajó con una muestra no probabilística de tipo intencional, determinada por el acceso a estudiantes disponibles y dispuestos a participar. El levantamiento de datos se realizó entre abril y mayo de 2024 mediante un formulario digital autoadministrado que fue distribuido por medios redes sociales estudiantiles. Se obtuvo un total de 93 respuestas válidas, correspondientes a estudiantes de los tres programas académicos mencionados. Esta muestra permitió captar una diversidad de trayectorias académicas y niveles de involucramiento institucional.

El instrumento de recolección consistió en un cuestionario estructurado diseñado en formato digital (Google Forms) compuesto por 18 preguntas cerradas distribuidas en tres bloques temáticos. El primer bloque abordó aspectos sociodemográficos y académicos básicos; el segundo, la percepción sobre espacios y mecanismos de participación institucional; y el tercero, la valoración de la universidad como agente de formación ciudadana. Las preguntas fueron de opción múltiple, con posibilidad de respuesta única o múltiple, y se incorporaron escalas tipo Likert para medir niveles de acuerdo en afirmaciones clave. El cuestionario fue revisado por pares académicos para validar su coherencia temática y su adecuación al contexto universitario guatemalteco. Los datos se analizaron mediante técnicas de estadística descriptiva básica (frecuencias y porcentajes).

Resultados y discusión

Andersen (2007) sostiene que las universidades constituyen espacios privilegiados para practicar la “democracia a pequeña escala”, permitiendo que los estudiantes participen activamente en los procesos que les afectan. En este estudio, los hallazgos revelan que solo el 16,10 % de los estudiantes considera que “siempre” es incluido en las decisiones universitarias (ver Figura 1). Este dato muestra una participación reducida que limita la construcción de ciudadanía activa y disminuye la apropiación de los espacios universitarios.

Figura 1
Frecuencia de participación estudiantil en la toma de decisiones universitarias
Fuente: elaboración propia a partir de datos del estudio, 2025.

Este pequeño grupo que percibe inclusión constante podría tener una visión más positiva del rol democrático de la universidad, respecto de lo cual Cruz Martínez, González Durán y Mancera Narváez (2024) afirman que el programa actúa como un estímulo para el liderazgo juvenil y la proyección social. No obstante, al representar menos de una quinta parte del estudiantado, este sector no logra arrastrar al conjunto de la comunidad, dejando a la mayoría en posiciones de participación esporádica o nula.

El 43 % que reporta participación “a menudo” sugiere que existen mecanismos de integración estudiantil, pero estos no son consistentes. Vega (2022) sostiene que la intermitencia en los espacios de participación genera desconfianza en los procesos institucionales y debilita el sentido de pertenencia. Esta percepción puede desincentivar la continuidad en el involucramiento cívico y limitar la formación de una cultura democrática sostenible.

Un 40,8 % de los estudiantes encuestados indica que “raramente” o “nunca” participa en los procesos de toma de decisiones dentro de la universidad, lo que plantea un desafío significativo para la institución. Esta acotada participación no necesariamente responde a desinterés, sino que puede estar asociada a restricciones estructurales, normativas o culturales que dificultan el acceso efectivo a espacios deliberativos. Como señalan Mack Echeverría y Herrera (2022), la exclusión estudiantil favorece el desapego institucional y refuerza la percepción de que las decisiones se toman de manera unilateral por las autoridades.

Los datos sobre la percepción limitada del papel formativo de la universidad en relación con la ciudadanía activa deben leerse a la luz de los marcos normativos e históricos que configuran el concepto mismo de ciudadanía. Landau (2012) plantea que construir ciudadanía no implica únicamente el acceso formal a derechos, sino la configuración de sujetos colectivos capaces de disputar sentido en el espacio público y ejercer agencia política de manera activa y situada. Desde esta perspectiva, las respuestas de los estudiantes que denuncian exclusión, simulación participativa y desconfianza institucional revelan un contexto universitario en el que las condiciones para el ejercicio real de la ciudadanía están severamente debilitadas. Lejos de promover la formación de sujetos democráticos, las prácticas institucionales actuales tienden a despolitizar al estudiantado, privándolo de los recursos simbólicos y materiales necesarios para ejercer su ciudadanía de forma plena y transformadora.

Esta situación afecta no solo la vida académica, sino también el desarrollo de competencias ciudadanas fundamentales. En cuanto a las oportunidades para participar en actividades cívicas, Mair (Román Marugán, 2016), refiriéndose a Tocqeville, argumenta que, sin espacios reales de participación, la democracia se vacía de contenido. En este contexto, apenas el 15,10 % de los estudiantes considera que la universidad ofrece suficientes espacios para involucrarse en iniciativas cívicas (ver Figura 2). Esta baja percepción denota un vacío en la oferta institucional para el ejercicio de la ciudadanía.

Figura 2
Percepción estudiantil sobre oportunidades cívicas ofrecidas por la universidad
Fuente: elaboración propia a partir de datos del estudio, 2025.

Más de la mitad de los estudiantes (54,80 %) percibe que existen “algunas” oportunidades, pero las considera insuficientes. Ruiz (2020) explica que este tipo de percepción suele estar vinculada a actividades que no responden a los intereses o necesidades reales de los estudiantes, o que no son suficientemente visibles o accesibles. Esta brecha entre oferta y demanda limita el impacto transformador que las universidades podrían tener en la sociedad.

El hecho de que el 29,10 % de los estudiantes no identifique oportunidades cívicas o las considere inexistentes pone de manifiesto una desconexión estructural entre la universidad y su entorno social. Esta brecha puede fomentar la apatía estudiantil y la percepción de que el activismo carece de relevancia. Para abordar esta problemática, es esencial rediseñar las estrategias de participación, incorporando acciones que visibilicen y reconozcan el compromiso cívico de los estudiantes. Como señalan Van den Wijngaard et al. (2024), el desarrollo del interés político y la agencia cívica en los estudiantes está influenciado por factores educativos, lo que resalta la responsabilidad de las instituciones de educación superior en fomentar entornos que promuevan la participación activa y significativa.

Los resultados que muestran una desconexión entre la universidad y la formación de ciudadanía activa pueden ser comprendidos mejor a la luz de lo que Wursten (2021) denomina la necesidad de una “extensión crítica y una educación superior comprometida”, que no solo transmita conocimientos, sino que habilite espacios de producción colectiva de sentido, de organización y de acción transformadora. Esta concepción implica pensar la universidad como una institución inserta en procesos sociales más amplios, donde la extensión no sea periférica, sino estructuralmente integrada a la docencia y la investigación. En contraste, las percepciones estudiantiles recogidas en este estudio muestran cómo la lógica tecnocrática y autoritaria vigente ha desplazado estas funciones, debilitando el potencial democrático de la universidad pública. La formación ciudadana, lejos de ser un resultado incidental, debe ser una apuesta política central del quehacer universitario.

Con referencia al fomento de la colaboración en proyectos de impacto social, el 19,40 % de los estudiantes señala que la universidad “siempre” promueve estas iniciativas. Este dato, aunque bajo, refleja la existencia de núcleos activos que podrían potenciarse si se ampliaran las estrategias de convocatoria y acompañamiento, como sugiere (González Minero et al., 2024).

El 45,10 % que percibe este fomento como algo que ocurre “a menudo” señala que la universidad realiza esfuerzos intermitentes, pero carece de políticas estables que aseguren continuidad. Según Vega (2022), esta falta de consistencia limita el alcance de los proyectos sociales y reduce su sostenibilidad en el tiempo.

Un preocupante 35,50 % afirma que la universidad “raramente” o “nunca” promueve la colaboración estudiantil en proyectos de impacto social. Esta percepción revela carencias en el apoyo administrativo y en la visibilización de estos espacios. Fortalecer la coordinación entre facultades y organizaciones externas podría revertir esta tendencia y potenciar el rol transformador de los estudiantes en sus comunidades.

La libertad de expresión es vista como “muy promovida” por solo el 24,70 % de los estudiantes. Este grupo percibe un ambiente que favorece el debate abierto y el pensamiento crítico, lo que, de acuerdo con Chomsky (1992), es esencial para el desarrollo de sociedades democráticas. Sin embargo, este porcentaje no alcanza para considerar que la libertad de expresión sea una práctica generalizada.

El 39,80 % la considera como “promovida” de forma parcial o limitada. Vega (2022) advierte que las políticas ambiguas o su aplicación inconsistente generan incertidumbre entre los estudiantes sobre los límites reales de la expresión (p. 33). Esta percepción puede inhibir la participación plena en los debates públicos dentro de la universidad.

El 35,50 % que cree que la libertad de expresión es “poco promovida” o “no promovida” revela un clima preocupante que puede estar alimentando el temor a represalias o a la censura. Bello Ramírez (2018) señala que estas percepciones minan la confianza en las instituciones educativas como espacios seguros para el ejercicio del pensamiento crítico (p. 77).

Respecto de la efectividad de la enseñanza sobre la participación ciudadana, solo el 16,10 % la califica como “muy efectiva”. Vega (2021) argumenta que este grupo probablemente ha tenido acceso a programas que combinan teoría y práctica, permitiéndoles comprender el impacto de su participación en la vida pública.

El 45,20 % la considera “efectiva”, pero reconoce que todavía falta profundizar en la aplicación práctica de estos aprendizajes. Ortiz Salazar (2019) sostiene que las universidades deben ir más allá de la teoría e integrar metodologías como el aprendizaje–servicio (ApS) o la participación en procesos reales.

Un 38,80 % la califica como “poco efectiva” o “inefectiva”, lo que evidencia una brecha significativa entre el discurso institucional y la experiencia estudiantil (ver Figura 3). Castillo–Bustos, Rojas–Mesa y Yépez–Moreno (2023) advierten que, sin una formación práctica y contextualizada, los estudiantes no desarrollan las competencias necesarias para ser agentes de cambio.

Figura 3
Percepción sobre la efectividad de la enseñanza en ciudadanía
Fuente: elaboración propia a partir de datos del estudio, 2025.

El 18,30 % de los estudiantes que afirman estar “siempre motivados” para participar en procesos electorales externos refleja un nivel significativo de compromiso cívico. Este entusiasmo puede ser fortalecido mediante programas educativos que vinculen el aprendizaje académico con el servicio a la comunidad, como los proyectos de ApS. Estas iniciativas han demostrado fomentar la participación activa y el sentido de responsabilidad cívica entre los jóvenes. Según Van den Wijngaard et al. (2024), el desarrollo del interés político y la agencia cívica en los estudiantes está influenciado por factores educativos, lo que resalta la responsabilidad de las instituciones de educación superior en fomentar entornos que promuevan la participación activa y significativa.

El 44,10 % de los estudiantes que se sienten motivados “frecuentemente” para participar en elecciones indica una disposición positiva que requiere ser sostenida en el tiempo. Para evitar que esta motivación decaiga, es crucial implementar estrategias que mantengan el interés y la participación activa de los jóvenes. Según el Instituto Nacional Demócrata (NDI), las estrategias nacionales de políticas para la juventud deben ser implementadas con un compromiso sostenido desde su desarrollo hasta su ejecución, asegurando que las iniciativas no solo sean simbólicas, sino que también tengan un impacto real en el compromiso cívico y político de la juventud.

El 37,70 % de los estudiantes que manifiestan desinterés o falta de motivación para participar en elecciones externas a la universidad constituye un reto importante para la promoción de la ciudadanía activa. Este nivel de apatía puede estar asociado a una percepción generalizada de ineficacia de las instituciones políticas. Pérez–Verduzco y Tapia Muro (2018), en su estudio comparativo sobre México y Chile, evidencian que la desconfianza hacia las instituciones gubernamentales se correlaciona directamente con bajos niveles de participación electoral, lo que refuerza la urgencia de articular la formación ciudadana con procesos políticos nacionales significativos que restablezcan la confianza pública y el sentido de agencia en los jóvenes.

Figura 4
Grado de motivación estudiantil para participar en elecciones externas
Fuente: elaboración propia a partir de datos del estudio, 2025.

Por todo lo expuesto, los resultados muestran que, aunque existen esfuerzos institucionales por fomentar la participación estudiantil y la ciudadanía activa, estos son percibidos como insuficientes o inconsistentes por una parte significativa del estudiantado. La comparación con estudios previos confirma que la universidad enfrenta retos importantes en la promoción de una cultura democrática integral. Es necesario fortalecer las estrategias de participación, garantizar la libertad de expresión y articular programas formativos que conecten la teoría con la práctica, para formar estudiantes capaces de influir de manera efectiva en la sociedad.

Conclusiones

La USAC atraviesa una de las crisis institucionales más graves de su historia reciente, caracterizada por la consolidación de prácticas autoritarias, antidemocráticas y excluyentes que socavan su misión histórica como espacio de pensamiento crítico, participación plural y transformación social. En los últimos años se ha instaurado una lógica de control institucional que responde a intereses políticos ajenos al quehacer académico, evidenciada en procesos opacos de elección de autoridades, la criminalización de la protesta estudiantil, el cierre de espacios deliberativos y la censura de voces disidentes.

Estas dinámicas se inscriben en una deriva fascista que busca desarticular toda forma de organización colectiva dentro del ámbito universitario, restringiendo severamente la autonomía universitaria y anulando su capacidad para cumplir con sus funciones sociales. Ante este panorama, la universidad corre el riesgo de transformarse en una estructura meramente administrativa y funcionalista, desprovista de su rol emancipador, y alejada de las demandas históricas de justicia, equidad y democracia que dieron origen a su existencia.

Esta situación exige una lectura crítica y urgente sobre el presente y futuro de la universidad pública, así como una reflexión profunda sobre las condiciones necesarias para reconstruir su sentido como bien común y como herramienta de transformación social. Los hallazgos de este estudio permiten afirmar que la participación estudiantil en la USAC está condicionada por una serie de limitaciones estructurales y culturales que restringen su ejercicio como práctica significativa de extensión universitaria. A pesar de la existencia de discursos institucionales que reconocen la importancia de la ciudadanía activa, estos no se traducen en acciones sostenidas, mecanismos estables o políticas públicas universitarias orientadas a fortalecer la agencia del estudiantado. Esta brecha entre el discurso y la práctica es uno de los principales obstáculos para consolidar una universidad verdaderamente democrática.

Los datos analizados muestran que las actividades académicas, en su forma actual, no logran articularse plenamente con los procesos de formación cívica y compromiso social. Si bien los estudiantes valoran ciertos contenidos relacionados con la ciudadanía, identifican como problemáticas la falta de espacios reales de participación, la debilidad de los canales de comunicación institucional y la escasa aplicación práctica del conocimiento adquirido. Esta situación contribuye al debilitamiento del vínculo entre el sujeto estudiantil y el proyecto político–pedagógico de la universidad pública y transforma la experiencia formativa en un proceso despolitizado.

En este sentido, la universidad debe asumir un rol más proactivo y coherente en la generación de condiciones para la participación estudiantil, no como un accesorio institucional, sino como parte constitutiva de su misión extensionista. Esto implica revisar críticamente sus dispositivos organizacionales, sus prácticas pedagógicas y sus estructuras de gobernanza, de modo que permitan construir espacios de deliberación, acción colectiva y transformación. Solo desde un enfoque que reconozca a los estudiantes como actores políticos podrá consolidarse una extensión universitaria con sentido social y emancipador.

Además, es imprescindible que las universidades aborden la dimensión afectiva, simbólica y cultural de la participación. El miedo a represalias, la desconfianza hacia las autoridades y la percepción de inutilidad de la participación son obstáculos que no pueden superarse únicamente con reformas formales. Se requiere un cambio profundo en la cultura institucional que valore el disenso, fomente el pensamiento crítico y garantice el respeto a los derechos fundamentales dentro del campus. Este cambio cultural debe ser impulsado desde una pedagogía de la participación, capaz de interpelar a toda la comunidad universitaria.

A partir de este análisis, se propone repensar la extensión universitaria no solo como un puente entre universidad y sociedad, sino también como un campo estratégico para la formación política del estudiantado. La extensión debe entenderse como un proceso de doble vía, donde el conocimiento se construye en diálogo con los territorios, y donde la participación estudiantil emerge como vehículo para articular teoría, práctica y transformación social. En este marco, el fortalecimiento de la ciudadanía universitaria no es un fin aislado, sino una condición necesaria para el desarrollo democrático del país.

Finalmente, este trabajo invita a las universidades públicas latinoamericanas a reflexionar colectivamente sobre el sentido de sus prácticas extensionistas y su vínculo con las juventudes. Los desafíos que enfrentan los sistemas democráticos en la región demandan instituciones educativas comprometidas con la formación de sujetos críticos, autónomos y solidarios. Superar la fragmentación entre funciones universitarias y promover la integralidad entre docencia, investigación y extensión será clave para construir universidades capaces de responder éticamente a las demandas sociales contemporáneas.

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Notas

Información adicional

Para citación: Arévalo, F. (2025). Democracia, universidad pública y participación estudiantil: limitaciones y retos en Guatemala. +E: Revista de Extensión Universitaria, 15(23), e0003. https://doi.org/10.14409/extension.2025.23(Jul-Dic).e0003

Información adicional

redalyc-journal-id: 5641