INTRODUCCIÓN

La gobernanza electoral es un componente esencial de la estabilidad y legitimidad de los sistemas democráticos. Sin embargo, la incidencia de los poderes fácticos representa un desafío crítico para su integridad. Los poderes fácticos, entendidos como actores no institucionales con una capacidad significativa para influir en las decisiones políticas y sociales, actúan a través de mecanismos como la concentración económica, la manipulación de la opinión pública, la intervención de actores internacionales y la alteración de los sistemas electorales. Estas dinámicas afectan de manera directa los principios de transparencia, equidad y representatividad que deben regir los procesos electorales.

Los momentos y escenarios políticos marcan la agenda de los actores públicos y crean un entorno dinámico que obliga a redefinir prioridades y estrategias, marca un rumbo y genera un cambio disruptivo no solo en el tablero político, sino en las expectativas ciudadanas. La agenda pública reúne las prioridades de la sociedad y resalta sus necesidades con una orientación al cambio y la búsqueda de soluciones.

En este contexto, resulta útil plantear ¿Cómo operan estas fuerzas en el ecosistema político? Este engloba las acciones, estrategias y políticas que se relacionan para modelar la toma de decisiones colectivas, también las estructuras que definen su funcionamiento, condicionado por el apoderamiento de los medios, financiamiento y desigualdad de recursos. Por otra parte, la realidad política transmite como estas relaciones se manifiestan en contextos específicos, donde puede variar desde procesos democráticos efectivos a estructuras perfectamente moldeadas hacia intereses individuales, favoreciendo narrativas, y, como consecuencia, lleva al límite la desconfianza hacia los procesos electorales y debilita los sistemas democráticos.

Por lo tanto, para que el sistema democrático de un país sea sostenible, es fundamental reconocer y mantener principios como la participación ciudadana, la cual va más allá del voto en las urnas y se extiende hacia actos de expresión, deliberación y debate que conduzcan a la toma de decisiones sobre asuntos comunitarios. Asimismo, la igualdad debe estar asociada a la práctica y al reconocimiento universal del derecho a participar en la vida política, sin distinción por factores como el origen. Adicionalmente, los derechos humanos deben llegar a ser defendidos y promovidos por parte del sistema democrático activo. Es fundamental la existencia de un Estado de derecho que garantice la aplicación de las normas sin distinción de quién deba cumplirlas.

El propósito general de la investigación es examinar cómo las dinámicas del poder fáctico inciden en los procesos de gobernanza electoral. La metodología de esta investigación se fundamenta en un paradigma constructivista, con un enfoque cualitativo que permite comprender las interacciones complejas entre los poderes fácticos y la gobernanza electoral. Los métodos empleados incluyen la revisión bibliográfica de fuentes académicas relevantes, el análisis teórico y la síntesis. Estas acciones metodológicas permiten construir una visión integral que resalta las implicaciones prácticas y teóricas de sobre los fenómenos estudiados.

DESARROLLO

Poder fáctico

La democracia en América Latina presenta una decadencia continua debido a la capacidad y fuerza de ciertas organizaciones para actuar conforme a sus propios intereses. Estas acciones no se fundamentan en el derecho, sino únicamente en los hechos, por lo que no ejercen un poder iure, sino un poder de facto, cuya existencia las convierte en actores determinantes. El poder de facto empobrece los principios democráticos al influir en decisiones estratégicas de acuerdo con sus objetivos. En consecuencia, se reduce la legitimidad de las instituciones y fomenta la desconfianza ciudadana hacia el Estado. Abordar este poder no solo se sitúa en reconocer su existencia, implica el diseño de estrategias para equilibrar su influencia a medida que prevalezcan los intereses generales sobre los particulares.

Su implementación se enfoca en la sociedad, independientemente de las instituciones políticas, y no necesita la imposición de la fuerza, pues cualquier tipo de expresión en la que sus objetivos se resuelvan la vuelve eficaz. La razón de su aplicación se sustenta en su capacidad de conseguir poder político a través del control de organizaciones, estructuras, mecanismos y ajenos a la política.

De acuerdo con Aceves González (2013), diversos analistas coinciden en que dichos poderes ponen en duda la solidez y estabilidad de la democracia, porque esta no satisface los problemas, necesidades y expectativas de todos, sino principalmente de la oligarquía y los intereses plutocráticos, debido a su intervención, especialmente en aspectos relacionados con la gobernabilidad y la gobernanza. En esta línea, Green (2016) define la plutocracia como el control, la influencia y la distorsión ejercidos por el poder económico, que se manifiestan en su fácil acceso al poder político, gracias a la mayor cantidad de oportunidades disponibles en comparación con los ciudadanos comunes.

La consolidación del poder político por parte de las élites se evidencia cuando el gobernante primero rinde cuentas a los plutócratas antes que al pueblo. Además, cuando la capacidad de revocatoria de gobernantes electos y los poderes públicos están sometidos a directrices de las élites económicas, entendidas como el poder de las desigualdades económicas para socavar la igualdad de oportunidades. Se entiende como la capacidad para llevar a cabo un proyecto político mediante la colaboración entre diversos actores políticos y sociales a través de alianzas y gobernanza (Avalle, 2023).

Los grupos de presión, los grupos de interés y los poderes fácticos no son iguales ni persiguen los mismos objetivos; entenderlos como equivalentes implica un retroceso y un empobrecimiento conceptual. Los grupos de interés están conformados por académicos, expertos y especialistas que expresan sus demandas mediante la diplomacia y el diálogo, buscando que sus intereses sean considerados. Al contrario, los grupos de presión, al no poder realizarlo de esa forma, recurren a la acción pública para hacerse escuchar. Por otro lado, los poderes fácticos buscan controlar y moldear estas disputas entre grupos de interés y presión para alcanzar sus propios objetivos.

En Latinoamérica, los Estados han perdido el poder frente al corporativismo político, económico y financiero de orden local e internacional. Esto demuestra que la influencia que tienen los poderes fácticos es cada vez más evidente y su accionar se vuelve cotidiano. Es así como el gobierno no es el único influyente en las políticas públicas aplicadas a los ciudadanos (Durand, 2020). De esta manera, la hegemonía y el papel protagónico recaen en quienes, con una agenda privada, se creen dueños de la verdad por encima del Estado y la sociedad.

Concentración del poder político, económico y financiero

La concentración del poder amerita profundizar la definición del poder que en ocasiones se lo llega a interpretar como un concepto negativo, ligado al autoritarismo, imposición, coacción y amenaza. Estos calificativos se originan por la decadencia de los representantes que con limitaciones formativas, educacionales y culturales ponen en riesgo la democracia y el destino de las naciones. Lo que aumenta la desigualdad entre las clases, reduce la diversidad de ideas el desarrollo y el bienestar colectivo.

De acuerdo con Montbrun (2010) el poder es la energía vital que toda estructura emplea para formular estrategias de Estado y de gobierno para el cambio y la transformación, orientado a fortalecer la institucionalidad del Estado y la estructura social y productiva enmarcadas en el desarrollo sostenible y su innovación social.

El poder político se encuentra correlacionado con los sectores económicos y financieros debido a la necesidad absoluta del Estado y su gobierno por actuar bajo un orden de estabilidad. Para que el sector económico funcione de manera eficiente necesita un claro sistema de políticas y equipos multidisciplinarios y competentes (Chletsos & Sintos, 2024) Estos actores económicos mantienen el poder político mediante el uso de estratagemas —ideas, tácticas diseñadas con astucia con el fin de conseguir sus objetivos como lo son financiamientos y lobby— con el objetivo de mantener una línea política que les permita moldear las leyes y las políticas públicas a su favor.

El poder político regula el poder económico y financiero, tanto su manifestación como su accionar, con el fin de lograr un equilibrio que favorezca a intereses específicos y un sistema donde cada poder se beneficia del otro. A esto se le denomina como el ‘‘sistema de favores’’, deduciendo así que las personas quienes manejan el poder político también intervienen en el poder económico y financiero, existiendo así una concentración del poder. De no tomar medidas en contra de estas acciones antidemocráticas o antipatria, no sería una casualidad la destrucción de los Estados. Según lo mencionado por Quintero et al. (2021), los Estados nacionales llegan a ser meramente herramientas del poder fáctico, lo que destruye los derechos de soberanía, autodeterminación, los principios de la democracia y la esperanza de una población escuchada y respetada.

Mecanismos del poder fáctico

Los medios estratégicos y operativos del poder fáctico conducen a las entidades y organizaciones con ausencia de poder formal a contribuir en las decisiones, económicas, sociales y políticas sin tener la competencia o legitimidad democrática. Como mecanismos del poder fáctico podemos considerar los hechos de los cuales este se beneficia e implementa a la hora de asegurar el cumplimiento de sus objetivos en favor de los grupos involucrados, sin importar los medios haciendo referencia a Maquiavelo.

· Manipulación de la opinión pública

Este mecanismo consiste en influir y controlar la perspectiva y la actitud de los ciudadanos ante eventos locales e internacionales, mediante instrumentos de comunicación y propaganda ligados directamente a los medios de comunicación. De acuerdo con Serra (2021) es una realidad reconocer que la gestión de la información dada por parte de los medios de comunicación, verdadera o falsa, influye en la opinión de la ciudadanía. La expresión de un consenso o deseo colectivo constituye un instrumento vital en la aplicación de la democracia; esto se conoce como voluntad popular, donde el poder emana del pueblo y se ejerce en su nombre y para su beneficio.

La manipulación de la opinión pública puede tener profundos impactos políticos, sociales y económicos al dirigir la narrativa pública y las decisiones colectivas. En este sentido, Collado (2023) señala que, desde la antigua Grecia, las élites han buscado controlar genuina y eficazmente la aceptación ciudadana en la toma de decisiones, con el fin de preservar sus propios intereses. Frente a este desafío, la clave radica en una ciudadanía empoderada, capaz de fortalecer la democracia, la justicia social y de participar activamente en la construcción de una sociedad justa, consciente, crítica y promotora de derechos.

Los medios de comunicación en goce de su ámbito de acción influyen no solo en la agenda pública y política, sino que actúan como un “suprapoder”: una entidad que, sin estar formalmente constituida como institución, ejerce una influencia tal que desafía la autoridad de los gobiernos y las leyes. Este poder se manifiesta al controlar recursos, distorsionar la información o intervenir en la política fuera del control del Estado y al margen de las normativas constitucionales. Factores como la globalización, el avance tecnológico y el exceso de poder contribuyen a esta dinámica, generando un impacto significativo en la estabilidad política y social de las naciones.

· Intervención de actores internacionales y trasnacionales

De acuerdo con Lenz (2017), la relación entre actores geopolítico-económicos, así como la influencia directa o indirecta que todo tipo de organismos internacionales tienen sobre las decisiones de poder de un país, puede afectar su soberanía. Las corporaciones transnacionales operan considerando lo geopolítico, político y económicos, superando la actuación nacional y local. Estas intervenciones se pueden dar por gobiernos extranjeros quienes como herramientas usan sus relaciones diplomáticas con organismos internacionales, e incluso locales, los cuales, mediante la imposición de estándares o intereses, podrían llegar a condicionar o manipular las políticas nacionales, especialmente en territorios con riqueza natural.

Estos actores intervienen principalmente de forma económica, a través de presiones que ejercen una influencia directa, como el financiamiento, la intromisión cultural e ideológica, y la divulgación y promoción de narrativas y valores con el fin de moldear ideologías y promover una homogeneización cultural. Asimismo, se manifiestan mediante el control e infiltración del poder local, utilizando acuerdos internacionales, relaciones diplomáticas y la manipulación de recursos estratégicos del mercado internacional. Todo esto reduce la capacidad del Estado para regular y tomar decisiones sobre su soberanía y sus políticas internas.

El premio Nobel en Economía 2001 Joseph Stiglitz señala que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, por medio de sus programas para la estabilidad económica, condicionan la soberanía de los países subdesarrollados, los cuales se obligan a tomar medidas que suelen exacerbar la desigualdad (Stiglitz, 2002).

Según Duarte & González (2014), la cooperación internacional fue fundada en la promoción del desarrollo a través del crecimiento económico, por lo tanto, el apoyo económico, recursos políticos ayudan a afianzar la influencia geopolítica e ideológica del norte global en el mundo, y al mismo tiempo, buscan evitar los obstáculos que el Sur, en medio de su subdesarrollo, causa al proyecto modernizador.

Para neutralizar estos impactos negativos se debe fortalecer la soberanía del Estado, promover transparencia en las relaciones diplomáticas del Estado y el desarrollo de normativa que priorice un equilibrio entre las necesidades locales y los intereses externos. El colonialismo moderno o neocolonialismo refleja un continuo dominio de cualquier organismo externo sobre un país, aún cuando este sea un Estado independiente y autónomo. Este no refleja el colonialismo tradicional; más bien, se manifiesta a través de mecanismos indirectos. En lugar de una ocupación territorial, se imponen acuerdos comerciales desiguales, lo que evidencia la dependencia de ciertos países que se encuentran en una situación de sometimiento frente a las potencias. La soberanía de un país radica en su autonomía para tomar decisiones, legislar y fiscalizar sus propias leyes. Sin embargo, las intervenciones externas generan un impacto significativo en el Estado. Según Deineko y Golikov (2022), dichas intervenciones provocan dependencia económica y, en algunos casos, erosión cultural, afectando las costumbres y tradiciones que definen las identidades locales.

· Manipulación del sistema electoral

Los sistemas políticos determinan el funcionamiento de un Estado, esto incluye normas, instituciones y procesos a seguir; “las reglas del juego”, que determinan las normas de la vida política, los mecanismos para crearlas o eliminarlas, la descripción de determinados procesos, así como también el precepto sobre el cual va a funcionar. De esta forma surge el sistema electoral (Nohlen, 2012).

Las estructuras electorales son complejas, formadas por diversos componentes técnicos que pueden ser clasificados en cuatro áreas: la asignación de las circunscripciones electorales, el método de postulación y votación, la transformación de votos en puestos y el obstáculo legal. Cada uno de los diferentes componentes tiene impactos muy diversos en el sistema electoral en general y en el desenlace de una elección. Los impactos políticos de un sistema electoral se basan en la mezcla de estos componentes únicos, que pueden ser fortalecidos, disminuidos o neutralizados mediante su diseño específico.

El sistema electoral se compone de reglas, procedimientos e instituciones quienes serán los responsables de planificar y llevar a cabo la toma de decisiones políticas mediante elección popular. Las debidas autoridades que conforman el Estado con sus poderes actúan bajo los principios de universalidad, igualdad, transparencia y libertad. Todos los ciudadanos tienen derecho al voto y este tendrá el mismo valor de cualquier otro, reflejará claridad y verificabilidad del proceso, además que asegurará que este derecho no se ejerza bajo coacción que pueda alterar su elección.

Autores como Al Izzati et al. (2024) destacan que un sistema electoral, transparente y confiable fomenta confianza en las instituciones, contribuye a la estabilidad política y la participación de la ciudadanía debido a una aplicación igualitaria de la normativa existente a partidos y candidatos. De esta manera, un sistema electoral bien diseñado no solo asegurará y brindará elecciones justas y transparentes, sino que también promoverá la representación equitativa y la paz social. Lamentablemente los sistemas electorales son cooptados por los gobiernos de turno e incluso por embajadas.

Al respecto, la manipulación del sistema electoral altera la voluntad popular y consolida intereses ajenos a la democracia. Esta situación distorsiona los procesos democráticos y prolonga su influencia al subordinar su imparcialidad a agendas privadas que deslegitiman el sistema y debilitan la confianza pública.

Gobernanza electoral

Los sistemas políticos han evolucionado a lo largo de la historia según cómo la humanidad ha percibido las mejores estrategias para ejercer el control en sus sociedades. Esto ha llevado a la necesidad de establecer un enfoque que contemple el rol de diversos actores, desde grupos de poder e influencia hasta la sociedad en general, reconociendo que el equilibrio y la colaboración entre ellos; son importantes para el control del sistema político. En este contexto, el nuevo pensamiento político introduce el concepto de gobernanza, centrado en la gestión colaborativa y eficiente de los asuntos públicos.

La gobernanza facilita a los actores gubernamentales generar gobernabilidad al fomentar la colaboración entre personas, instituciones y empresas en la formación de políticas y la emisión de decisiones con relevancia pública. Este enfoque no solo permite coordinar esfuerzos para cubrir las necesidades de todo un territorio, sino que también enriquece los criterios necesarios para mantener la estabilidad y adaptarse al contexto de distintos sistemas políticos, ya sean democráticos, autocráticos, monárquicos u otros.

Particularmente dentro del sistema democrático, la gobernanza no solo implica una gestión eficiente y colaborativa de los asuntos públicos, sino también una forma de coordinación política que responde a las dinámicas de la democracia. En este sentido, sobresalen dos formas principales de democracia: la democracia representativa y la democracia participativa, las cuales se complementan y armonizan.

La democracia representativa se fundamenta en la elección de representantes encargados de ejercer funciones en nombre de la ciudadanía. Su objetivo es tomar decisiones en representación de la mayoría, con la confianza de que dichos representantes reflejarán sus intereses y valores. Por otro lado, la democracia participativa promueve la intervención activa de los ciudadanos en la toma de decisiones, con el propósito de que la sociedad no solo participe durante las elecciones, sino también en la formación de políticas públicas, fiscalización de gobiernos y resolución de problemas comunitarios (Salazar & Woldenberg, 2020).

Desde una perspectiva descriptiva, se considera a la gobernanza como resultado de la interacción, comunicación y mecanismos entre organizaciones y sociedades con el fin de adoptar y llevar a cabo decisiones de interés público en un entorno social determinado (Báez, 2023). En todo caso, se establece un modelo de gestión horizontal, en el que no se destaca al gobierno por sobre las demás organizaciones sociales para un trabajo conjunto, sino que se mantienen en un mismo nivel, siendo el institucional, pero con el propósito de la ejecución de adecuadas decisiones políticas para la sociedad.

En esta misma línea, se puede añadir que la manera en que se gestionan los asuntos comunes para obtener beneficios colectivos es a través de la gobernanza, la cual, incluso en presencia de intereses diversos y conflictivos —propios de individuos e instituciones, tanto públicas como privadas—, permite conciliar intereses y sumar distintos enfoques y recursos (Acharya, 2024).

De este modo, la discrepancia entre prioridades públicas y privadas puede desencadenar conflictos sobre la atribución de recursos y determinación de objetivos comunes. La tolerancia a intereses individuales debe prevalecer entre las partes, siempre con la prioridad en la búsqueda del bien social sobre las diferencias entre instituciones privadas, públicas, organizaciones y la sociedad.

Uno de los ámbitos donde la gobernanza adquiere una relevancia crucial es en el terreno electoral. La gobernanza electoral, como aplicación específica de los principios generales de la gobernanza, se centra en la coordinación conjunta de los organismos encargados del poder electoral, con la expectativa de que esta garantice una gestión transparente, responsable, inclusiva, eficaz y sostenible de los procesos electorales, promoviendo la participación social. Como afirma la autora Miquel (2023) la gobernanza electoral se manifiesta a partir de la formación y ejecución de las reglas legales, la manera en cómo se resuelve conflictos electorales, gestiona la jornada electoral, resultados y la estabilidad política durante todo el proceso electoral.

Factores que influyen en la gobernanza electoral

La ejecución de cada uno de los procesos depende de la preexistencia de características o condiciones que se llega a cumplir para que se manifieste la gobernanza electoral. Es decir, factores tales como la independencia institucional, la presencia de un marco legal electoral, participación ciudadana, la supervisión electoral, rendimiento de cuentas, protección de derechos políticos y la equidad en campañas electorales.

Al respecto, Buquet y Yaffé (2024) señalan que la plena existencia de independencia institucional permite evaluar la producción de resultados justos y legítimos, evitando así la manipulación política por parte del gobierno o de los partidos políticos. Su ausencia, en cambio, erosiona la confianza ciudadana, debilita los cimientos democráticos y facilita la manipulación de los procesos electorales mediante prácticas como el fraude, la injerencia directa en la normativa, la falsificación de resultados y la distorsión del sistema electoral en general.

Por otra parte, la presencia de un marco legal previo es de suma importancia debido a que sirve como base que regula y controla algunos aspectos de la gobernanza electoral, como el proceso electoral, mecanismo para resolución de conflictos o asignación económica por partidos políticos. El mismo, actúa como una barrera para delimitar las decisiones arbitrarias de algunos sectores, permitiendo que prevalezca la legitimidad sobre los resultados.

En este contexto, la participación ciudadana adquiere un significado especial, puesto que hace referencia al involucramiento que tiene la sociedad en la vida política, es decir, en la toma de decisiones de interés público; además aporta legitimidad y aceptación social hacia los resultados electorales. Para Castellanos (2022), la forma en que se expresa la participación ciudadana es a través de mecanismos que garanticen espacios formales en los que se puedan dar propuestas y debatirlas, presentar opiniones para llegar a decisiones de interés público.

La supervisión electoral, a su vez, desempeña un rol crucial al garantizar la integridad de las elecciones. El mencionado factor está ligado a la preparación previa en términos de gestión operativa y control sobre las jornadas electorales para evitar irregularidades o injerencia y garantizar la confianza de la ciudadanía. Según Strickler (2025), la supervisión electoral y la percepción de equidad en los procesos electorales están fuertemente influenciadas por la participación de actores sociales y la confianza en las instituciones democráticas.

Así mismo, es importante reconocer la rendición de cuentas y la transparencia como pilares esenciales de la gobernanza electoral. La transparencia es importante para llegar a asegurar que cada etapa propia de la gobernanza electoral, como la aplicación de la normativa, sea efectiva. Por otra parte, la rendición de cuentas surge después del proceso electoral en la que acorde a lo mencionado por la autora (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2021), es el diálogo entre los ciudadanos y representantes que llega a actuar como contrapeso para exigir correcciones o sanciones directas en caso de conclusiones que arrojan hacia un mal manejo de fondos en campañas o actos ejercidos en contra de la normativa vigente. Como lo manifiestan Galiano et al. (2023), la falta de transparencia y rendición de cuentas puede generar situaciones en las que se restrinjan derechos y se oculte información, lo que afecta significativamente la calidad de la gobernanza electoral.

La equidad en las campañas electorales es igualmente relevante, especialmente como una forma de garantizar la competitividad entre las organizaciones políticas. Esta diversidad asegura la libertad ideológica de la ciudadanía y el respeto a su voz. En la mayoría de las democracias, se establece un aporte gubernamental con este propósito.

Como lo afirma Delgado et al. (2024), la importancia de una equidad durante la contienda electoral radica en una forma de enfrentar las desigualdades atribuidas al poder económico por medio de financiamiento público. De este modo, se promueve un sistema de partidos pluralista y se evita la influencia del financiamiento proveniente de grupos de interés.

Finalmente, la protección de los derechos políticos es un factor esencial para que la participación viva de la ciudadanía se manifieste, así como también la confianza en la gobernanza electoral. Nallino (2024) afirma que los derechos políticos forman parte de un contexto más amplio relacionado con la participación política, e incluyen el derecho a intervenir en la elección del sistema de gobierno, elegir y ser elegido, participar en la gestión pública y desempeñar cargos en el gobierno. Asimismo, implican el ejercicio de libertades asociadas tales como el derecho a la expresión, reunión y asociación. Por lo que, su protección y preservación es de importancia como pilares para garantizar la democracia participativa y representativa.

Al considerar estos factores, se puede observar cómo la gobernanza electoral es crucial para garantizar la estabilidad y legitimidad de los procesos democráticos. Además, cumple una función social clave, pues trasciende el ámbito institucional para convertirse en un proceso de interacción y articulación entre actores públicos, privados y comunitarios; en el caso de la gobernanza electoral, entre las instituciones vinculadas al poder electoral. La gobernanza electoral, cumple un papel determinante en la estabilidad de las democracias modernas. Sin embargo, su aplicación no está exenta de aspectos que quedan al margen del análisis; comprender estos aspectos permitirá evaluar mejor su impacto en el desarrollo político y social.

Amenazas a la gobernanza electoral

La presencia de actos de corrupción supone una amenaza a la efectividad conceptual de la gobernanza electoral, esta puede manifestarse por medio de prácticas como sobornos hasta llegar a modificaciones de la norma. De acuerdo con el autor Norris et al. (2019), la mayor parte de las veces para facilitar la corrupción y manipulación electoral a favor de un candidato en específico, la legislación electoral es trastocada, es decir, que la normativa reglamentaria bajo la cual opera todo el proceso electoral es inducida a favorecer agendas específicas y omitir la soberanía popular, rumbo contrario a el de los principios de la democracia.

Además, prácticas como el uso de recursos públicos para redes clientelares, alianzas con el crimen organizado y el aumento de la violencia en zonas opositoras agravan la percepción de ilegitimidad en las elecciones (Nieto, 2024). En países con contextos de pobreza, estas redes clientelares son muy comunes; donde conseguir el poder político socava la transferencia y la calidad de la democracia, bajo la lógica de que el fin justifica los medios. Estas redes se definen como estructuras informales vinculadas al denominado “sistema de favores”, lo que perpetúa los procesos de corrupción y la desigualdad social, debido al debilitamiento de las instituciones democráticas del Estado.

Los criterios manifestados ponen en duda la confianza en las instituciones que conforman la gobernanza electoral. De igual manera, desde la perspectiva social, Nieto (2024) señala que prácticas corruptas como el soborno a votantes, la recaudación de fondos de campaña mediante promesas de beneficios ilegales a actores específicos —como el sector empresarial, a través de la promesa de adjudicación de contratos gubernamentales— y, en el caso específico de candidatos de la oposición, la prevalencia de amenazas o el uso de violencia, afectan gravemente la integridad electoral.

Mecanismos para fortalecer la gobernanza

Para que todo el proceso sea legítimamente aceptado, debe centrarse en la soberanía ciudadana, fortaleciendo así la salud democrática del Estado, pilar fundamental de la República. Esta se basa en el reconocimiento de la ciudadanía como la única autoridad capaz de influir en el aparato público y ejercer control sobre el gobierno, manifestando su voz a través de la representatividad, elemento esencial del sistema democrático. Sin embargo, este presenta un continuo debilitamiento en consecuencia de la desigualdad, desinformación, intervención de poderes fácticos y las redes clientelares que limitan su accionar.

Frente a estas desventajas que amenazan la legitimidad y sostenibilidad de los procesos electorales, es fundamental establecer mecanismos que fortalezcan la gobernanza electoral. Estos mecanismos no solo buscan contrarrestar los factores negativos, como la corrupción y la falta de independencia, sino también garantizar que los procesos democráticos se lleven a cabo de manera transparente, inclusiva y eficaz.

SegúnBovero & Ferrajoli (2020) los regímenes democráticos también deben garantizar la separación de poderes e implementar contrapoderes eficientes para garantizar competencia equitativa, generar consensos, incentivar pluralismo partidario y no menoscabar visiones opuestas. Por lo tanto, si se emite o modifica una acción, decisión o norma por parte de los organismos de la gobernanza electoral, debe existir la posibilidad de corregirla mediante un contrapeso legal, con el fin de preservar la legitimidad y la efectividad del proceso.

La presencia de observadores nacionales e internacionales se añaden como mecanismo que brinda veracidad al proceso creado por las instituciones de gobernanza electoral. (Boneo et al., 2007) resalta que la evidencia de legitimidad en los comicios tiene un factor más relevante cuando se pone en duda la imparcialidad del gobierno y de las autoridades electorales por parte actores nacionales o extranjeros.

La legitimidad se da debido al cumplimiento adecuado de la normativa vigente y también la nula intervención de actores políticos, como partidos políticos o la parte operativa de instituciones encargas de ejecutar la gobernanza electoral, que podrían manipular el proceso. Esta legitimidad se basa en la defensa de la soberanía popular reflejada en los resultados.

Para este propósito, es necesario fortalecer la independencia tanto de las instituciones que conforman el Estado como de los organismos reguladores. Según Bulmer (2021), se debe priorizar el fortalecimiento de las instituciones existentes por encima de la creación de nuevas con funciones regulatorias menores, que bien podrían ser asumidas por las ya establecidas. Además, es fundamental garantizar su sostenibilidad, alejándolas de las influencias del poder económico y político, mediante mecanismos que aseguren la transparencia en su gestión, como concursos de selección basados en la meritocracia. De este modo, se construye un sistema sólido que, con el tiempo, puede mejorar sus resultados.

CONCLUSIONES

Los poderes fácticos —actores no institucionales con gran capacidad de presión, como los medios de comunicación, las élites económicas y las corporaciones transnacionales— han minado progresivamente las bases de la gobernabilidad democrática en América Latina. Esta situación ha provocado una pérdida de soberanía popular, debilitamiento institucional y crisis de representación, distorsionando así la legitimidad electoral. La ausencia de contrapesos eficaces permite que estos poderes impongan sus agendas, erosionando los principios de participación e igualdad política. Este fenómeno conduce a una desconfiguración del sistema democrático, en la que el “poder de hecho” suplanta al “poder de derecho”, afectando directamente la credibilidad del proceso electoral.

Se destaca la manipulación de la opinión pública como un mecanismo de poder estratégico que, a través de medios masivos, redes digitales y tecnologías de la información, distorsiona la percepción ciudadana. Este control sobre la narrativa pública socava la deliberación democrática al reemplazar el debate informado por emociones polarizadas y consensos artificiales. El suprapoder mediático actúa como un actor político sin regulación formal, influenciando procesos electorales, agendas legislativas y decisiones gubernamentales, lo cual profundiza la dependencia de los sistemas políticos hacia intereses privados, relegando el bien común a segundo plano.

El sistema electoral, fundamento de la democracia representativa, se encuentra amenazado por prácticas sistemáticas de manipulación, como la reforma interesada de normativas, el uso clientelar de recursos públicos y la intervención de gobiernos extranjeros. Estas distorsiones no solo invalidan la voluntad popular, sino que promueven la consolidación de regímenes autoritarios con apariencia democrática. La investigación subraya cómo, ante la falta de transparencia y de independencia institucional, las elecciones dejan de ser un mecanismo de legitimación ciudadana y se convierten en herramientas para la perpetuación de élites en el poder, generando un déficit democrático estructural.

La gobernanza electoral, entendida como un proceso horizontal y articulado entre actores estatales y sociales, ha sido vulnerada por la concentración del poder político-económico. Factores como la corrupción, la captura institucional, la exclusión de actores sociales y la ausencia de fiscalización efectiva minan la legitimidad de los organismos electorales. Esta situación impide construir una democracia efectiva y participativa, debido a que la rendición de cuentas, la equidad en las campañas y la protección de derechos políticos no se garantizan, lo cual compromete la estabilidad del Estado de derecho y debilita la confianza ciudadana en el sistema político.

Frente al avance del poder fáctico y el deterioro institucional, el artículo concluye que es imperativo reforzar la soberanía ciudadana mediante el fortalecimiento de la independencia institucional, la transparencia electoral, y la participación de la sociedad civil. La observación nacional e internacional, la meritocracia en la designación de autoridades, y la garantía de derechos políticos son elementos clave para reconstruir la legitimidad democrática. En esta línea, la gobernanza electoral debe consolidarse como un espacio de articulación plural y contrahegemónica que priorice el bien común frente a los intereses de las élites, revalorizando la función deliberativa y transformadora de la ciudadanía en la vida política.

REFERENCIAS

Aceves González, F. (2013). Revista mexicana de ciencias políticas y sociales. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 58(217), 269-280. https://n9.cl/ixy6gf

Acharya, S. (2024). Governance: An Analytical and Conceptual Synthesis. PAAN Journal, 30(1), 1753-1759. https://doi.org/https://doi.org/10.3126/paanj.v30i1.66102

Al Izzati, R., Dartanto, T., Suryadarma, D., & Suryahadi, A. (2024). Direct elections and trust in state and political institutions: Evidence from Indonesia’s election reform. European Journal of Political Economy, 85, 102572. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2024.102572

Avalle, G. (2023). Gobernabilidad y gobernanza. Enfoques en tensión. Estudios Políticos, (66), 28-47. https://doi.org/10.17533/udea.espo.n66a02

Báez, A. (2023). Gobernanza: estado del arte. Estudios de La Gestión: Revista Internacional de Administración, 13, 125-148. https://doi.org/10.32719/25506641.2023.13.6

Boneo, H., Carrillo, M., & Valverde, R. (2007). La observación (internacional y nacional) de las elecciones. En Nohlen Dieter, Zovatto Daniel, Orozco Jesús, & Thompson José (eds.). Tratado de derecho electoral comparado de América Latina. (2da Ed.). (pp. 1072-1117). Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral. https://n9.cl/ufcat

Bovero, M., & Ferrajoli, L. (2020). Teoría de la democracia. Dos perspectivas comparadas. Instituto Nacional Electoral. https://n9.cl/tvdbc

Bulmer, E. (2021). Instituciones reguladoras y de supervisión independientes (de la cuarta rama). Guía Introductoria 19 para la Elaboración Constitucional. International Institute for Democracy and Electoral Assistance. https://doi.org/10.31752/idea.2021.59

Buquet, D., & Yaffé, J. (2024). A propósito del centenario de la Corte Electoral de Uruguay: gobernanza electoral y democracia en América Latina. Introducción al número temático: Número temático: A 100 años de la creación de la Corte Electoral en Uruguay. Organización, administración y gobernanza electoral en América Latina y el mundo. Revista Uruguaya de Ciencia Política, 33. https://doi.org/10.26851/RUCP.33.18

Castellanos Claramunt, J. (2022). Participación ciudadana en contextos digitales. En Sierra Rodríguez, J., Reviriego Picón, F. & Tudela Aranda, J., (Eds.), Escenarios de la participación ciudadana: una visión multinivel. (pp. 1-30). Fundación Manuel Giménez Abad. https://doi.org/10.47919/fmga.oc22.0107

Chletsos, M., & Sintos, A. (2024). Political stability and financial development: An empirical investigation. The Quarterly Review of Economics and Finance, 94, 252-266. https://doi.org/10.1016/J.QREF.2024.02.003

Collado, I. (2023). Manipulación y sociedad masa. Societas, 25(2), 106-124. https://n9.cl/t2a5le

Deineko, O., & Golikov, A. (2022). The Erosion of Sovereignty During the UN Peacekeeping Missions. Romanian Political Science Review, 22(2), 264-284. https://n9.cl/z7g6u

Delgado Artavia, A. M., Sáenz Meléndez, D., & Ureña Fernández, U. F. (2024). Financiamiento público de los partidos políticos: posibilidades de mejora para procurar una contienda electoral más equitativa. Revista Derecho Electoral, 37, 149-164. https://doi.org/10.35242/rde_2024_37_11

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. (2021). Guía de Gobierno Abierto. IV Plan de Gobierno Abierto (Guía No. A‑942). Ministerio de la Presidencia. https://n9.cl/hkhht1

Duarte Herrera, L. K., & González Parias, C. H. (2014). Origen y Evolución de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. Panorama, 8(15), 117-131. https://n9.cl/j4uhy

Durand, F. (2020). El debate sobre la captura del Estado en América Latina y la vuelta del instrumentalismo, con referencia especial a Perú. En L. North, R. Blanca, & A. Alberto (Eds.). Concentración económica y poder político en América Latina. (pp. 43-92). CLACSO. https://n9.cl/wieebb

Green, J. E. (2016). Liberalism and the Problem of Plutocracy. Constellations, 23(1), 84-95. https://doi.org/10.1111/1467-8675.12147

Galiano Maritan, G., Morffi Collado, C. L., Bravo Pláceres, I., & Marriot Zurita, G. A. (2023). La participación ciudadana: fundamento esencial de la democracia en Ecuador. Uniandes Episteme. Revista de Ciencia, Tecnología e Innovación, 10(4), 500-522. https://doi.org/10.61154/rue.v10i4.3207

Lenz, T. (2017). The Rising Authority of International Organisations. German Institute of Global and Area Studies, (4). https://n9.cl/zpp4h

Miquel Hernández, M. (2023). Gobernanza electoral en los plebiscitos de las juntas auxiliares del municipio de Puebla. Regiones y Desarrollo Sustentable, 23(44). https://n9.cl/yi261p

Montbrun, A. (2010). Notas para una revisión crítica del concepto de “poder.” Revista de La Universidad Bolivariana, 9(25), 367-389. https://doi.org//10.4067/S0718-65682010000100022

Nallino, M. (2024). Los derechos políticos en el sistema Interamericano de derechos humanos. Anuario Del Centro De Investigaciones Jurídicas Y Sociales, (22), 225-240. https://n9.cl/zm4by

Nieto Flores, N. Z. (2024). Corrupción y procesos electorales en América Latina. Politai, 15(25), 113-128. https://doi.org/10.18800/politai.202402.006

Nohlen Dieter. (2012). Gramática de los sistemas electorales. Instituto de la Democracia. https://n9.cl/fd5l3

Norris Pipa, Cameron Sarah, & Winter Thomas. (2019). Electoral Integrity in America. Oxford University Press. https://n9.cl/ze6yc

Quintero Leguizamón, J. F., Baleta López, E., & Rodríguez Beltrán, R. (2021). Perspectivas institucionales sobre la democracia en América Latina en los tiempos actuales. Tabula Rasa, (37), 217-233. https://doi.org/10.25058/20112742.n37.10

Salazar, L., & Woldenberg, J. (2020). Principios y valores de la democracia. Instituto Nacional Electoral. https://n9.cl/5tce1

Serra, C. R. (2021). De falsedades, mentiras y otras técnicas que faltan a la verdad para influir en la opinión pública. La Revista Teoría y Realidad Constitucional, (47), 199-235. https://doi.org/https://doi.org/10.5944/trc.47.2021.30712

Stiglitz, J. (2002). Globalization and its discontents. W. W. Norton & Company. https://n9.cl/8kio0d

Strickler, R. (2025). Getting and Cross-Party Support for Electoral Fairness. Political Behavior, 47(2). https://doi.org/10.1007/s11109-025-10056-0

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