Los acontecimientos, tal como lo plantea la autora de esta obra, además de ser un lugar de análisis académico, son una herramienta de comprensión para los sujetos por las interrogantes que abren en el espacio público. En esta medida, la experiencia de los actores sociales y políticos se halla interpelada por las consecuencias de un hecho indignante que, debido a su contexto, se transforma en acontecimiento.

Así, gracias a los efectos de largo aliento que tuvo, el Caso Paulina no ha dejado de adquirir relevancia si se piensa que el infortunio de una joven rebasó la experiencia individual para convertirse en un lugar desde el cual se reclama el reconocimiento y ejercicio de los derechos ciudadanos; no obstante, y a pesar de los avances logrados en liberalizar las leyes que penalizan el aborto en México, tanto las posturas ideológicas de los distintos actores sociales y políticos (regularmente inconciliables), como las lógicas del poder entre ellos, siguen obstaculizando los procesos democráticos y equitativos en términos de género.

En un intento por escapar de las explicaciones fundamentalistas, Alicia Márquez apuesta por una reflexión del Caso Paulina como un acontecimiento cuyos detonantes y consecuencias son múltiples en el marco de la transición democrática y la laicidad del Estado. La pregunta que guía su investigación es ¿cómo explicar las resistencias a practicar un aborto que cumplía con todas las condiciones establecidas por la ley, la reglamentación y los recursos para aprobarse, y que finalmente no se realizó?

El libro se propone el análisis del Caso Paulina, una niña de 13 años que en 1999 sufre, primero una violación física y luego una violación a su derecho a la interrupción del embarazo reconocido por la Constitución de Baja California Norte. Ello no sólo implicó un acto de injusticia que vulneraba un derecho constitucional, sino que se trasladó a la arena pública, en tanto experiencia íntima-personal, dando lugar a las más diversas interpretaciones sobre lo sucedido, interfiriendo en las decisiones de los actores clave responsables de resolverlo. De esta manera, la experiencia de Paulina y su familia dio paso a una intensa polémica pública que, a su vez, predispuso el comportamiento de los actores involucrados en un proceso temporal limitado y determinado tanto por el periodo de gestación, que impidió que se aplicara la ley, como por el contexto electoral que predecía el triunfo del candidato panista Vicente Fox. A partir de un análisis que capta su complejidad y las reticencias frente a la autonomía de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, el libro explica paso a paso cómo este escenario influyó en la postura de funcionarios, organizaciones civiles, autoridades y representantes de los diversos ámbitos de la vida social, administrativa y política.

El libro está compuesto por seis capítulos organizados en dos apartados. El primero, “La configuración de un acontecimiento”, se focaliza en el caso como tal, y el segundo, “Disponibilidad pública del Caso Paulina. Sus usos en un contexto específico”, presenta una reflexión más amplia en torno al debate sobre el aborto en nuestro país y su relación con el caso estudiado.

Se trata de una investigación rigurosa que reconstruye y describe el proceso a través del cual una serie de eventos en la biografía de una adolescente pobre, indígena y migrante tomaron con el tiempo la forma de un problema público de amplia resonancia. Dicho conflicto movilizó a diversos actores sociales que llevaron la experiencia de Paulina a un debate nacional e internacional, poniendo en cuestión problemas nodales como la salud de las mujeres, el respeto a los derechos humanos, la legalidad y la democracia.

Con el apoyo de su familia, Paulina denuncia ante el ministerio público el delito del que fue víctima y solicita un aborto a las autoridades correspondientes. En la ciudad de Mexicali, donde ocurrieron los hechos, el aborto por violación es legal y la solicitud fue realizada en los tiempos y formas establecidos por las leyes. Sin embargo, el aborto no fue practicado debido a una serie de irregularidades e incumplimientos por parte de las autoridades y del personal médico designados para hacer cumplir la norma.

Dos mujeres provenientes de organizaciones feministas de larga trayectoria en la entidad denunciaron los hechos ante la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California (PDHPC), institución que emitió una recomendación luego de realizar la investigación correspondiente. En esta denuncia se responsabilizaba a las autoridades y a los médicos involucrados por haber impedido a la joven el ejercicio de su derecho a un aborto legal. Los hechos relatados son sólo el inicio de una historia que convocó durante los siguientes meses a intensos debates que trascendieron la esfera estatal, involucrando a actores e instituciones nacionales e internacionales.

El planteamiento central del libro tiene su cimiento en dos conceptos clave: el de “acontecimiento” y el de “caso público” inspirados en la etnometodología francesa. Un acontecimiento se distingue de un hecho por la capacidad del primero para trastocar o dejar huella en un sujeto o sociedad, como ocurrió con el Caso Paulina. La aproximación a la noción de acontecimiento se funda en la idea de desnaturalizar lo ocurrido y se trata de una de las propuestas más interesantes de la obra, en la que se suspende por un tiempo el carácter evidente de este caso paradigmático para preguntarse: ¿cómo llegó a estabilizarse una versión de lo ocurrido, a adquirir una cierta normalidad o acuerdo común?, ¿qué hace posible la visibilidad de un hecho, no para un público especializado, sino para múltiples, en diversas escenas públicas?, ¿cómo se hace posible que una comunidad sepa qué quiere decir “el Caso Paulina” con sólo nombrarlo? y ¿qué genera la percepción de una situación como problemática y la posterior movilización de un colectivo para apaciguar dicha problemática?, entre otras interrogantes que surgen de la deconstrucción del caso estudiado.

El concepto de “caso público”, asociado a la denuncia pública, que Márquez retoma de Elisabeth Claverie, implica “que un actor imparcial retome lo ocurrido y dirija su alegato a un público capaz, a su vez, de establecer un juicio” (Márquez, 2013: 26). Un caso público establece un sistema actancial de cuatro posiciones: la víctima, el culpable (o los culpables), el denunciante y el juez. Conforme avanza el capitulado, se describe cómo los distintos actores y grupos involucrados en el Caso Paulina fueron colocándose en alguna de las posiciones de dicho sistema actancial y en esa medida se conformaron como caso público. La utilización de este modelo es un aporte sugerente en tanto puede ser retomado ―como señala Elsa Conde en la presentación del libro― para el análisis de otros casos de aborto en México, en particular de aquellos que involucran denuncias en el ámbito judicial y de los derechos humanos.

Asimismo, vale la pena detenerse en la propuesta metodológica. Los resultados de investigación provienen principalmente del análisis de documentos escritos desde una aproximación etnometodológica, aunque también se recurre a la realización de entrevistas. Márquez penetra en los textos de la misma forma en que un/a antropólogo/a se adentra en una comunidad. Su estilo nos recuerda el permanente sentido de extrañamiento de un/a etnógrafo/a en campo y su preocupación por detenerse en los detalles cuestionando aquello que se da por hecho.

Quizá la primera parte del libro concentra los resultados más importantes de la investigación.¹ Expone el proceso a través del cual los sucesos vividos por Paulina alcanzaron un alto grado de visibilidad, sobre todo a partir de su difusión pública en medios de comunicación que permitió a diversas comunidades construir un “mundo en común” en torno a los sucedido.

La amplia difusión que adquirió el caso a través de la prensa posibilitó que fuera articulándose un público. La noción de público o de públicos, al igual que el resto de los elementos mencionados, es fundamental para la conformación de un acontecimiento. Los públicos ―nos dice Márquez― son colectivos que al verse interpelados por una situación que se considera problemática, actuarán con el fin de resolverla. Es en este sentido que el Caso Paulina motivó el surgimiento de múltiples públicos, que a partir de estrategias discursivas y distintos cursos de acción dieron resonancia al caso, llevándolo de lo particular a lo general, de lo privado a lo público, de lo específico a lo universal.

En el transcurso de los meses que siguieron a la violación de Paulina emergieron distintas interpretaciones de los hechos, muchas de ellas en tensión e incluso opuestas; Márquez encuentra, sin embargo, que por encima de todas las versiones, hubo una que logró estabilizarse, cobrando centralidad. Dicha interpretación contribuyó a su configuración como caso público a través de la definición del sistema actancial. Inicialmente, las feministas que emitieron la queja son consideradas el denunciante, el lugar de la víctima lo ocuparon la joven y su familia, las autoridades se ubicaron en la posición de los culpables, sobre todo a partir de la intervención del ombudsman de Baja California y, finalmente, el lugar del juez fue ocupado por la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con el tiempo algunas de estas posiciones se modificaron, sumándose nuevos actores al escenario de disputa.

La segunda parte del libro se caracteriza por una escala de análisis más amplia que busca establecer correlaciones entre el caso estudiado y su contexto histórico. El principal planteamiento es que una vez que el Caso Paulina adquirió suficiente difusión, éste fue utilizado como una prueba para reforzar ciertos argumentos al interior de debates más generales. Ocurrió así, sobre todo, en relación al tema del aborto en México, pero también en discusiones sobre los derechos de las mujeres. El Caso Paulina fue retomado como evidencia para mostrar los vacíos de las leyes sobre el aborto en el país, pues uno de los problemas constatados fue que las leyes locales no especificaban quién debía autorizar un aborto legal y en qué instituciones debía practicarse.

Otros temas también adquirieron relevancia, como la relación entre el curso que tomó la historia de Paulina y la probabilidad de que un partido conservador gobernara el país. El desarrollo del caso tuvo lugar en el periodo de la elección presidencial de 2000 que apuntalaba a Vicente Fox como el candidato favorito en las encuestas. Márquez señala que para mayo de ese año la versión de los hechos que había logrado estabilizarse responsabilizaba a las autoridades panistas del estado de Baja California de haber involucrado sus creencias religiosas en el ejercicio de la función pública, impidiendo el cumplimiento de las leyes que otorgaban a Paulina el derecho a un aborto legal. Este proceder fue retomado en los debates posteriores como ejemplo de una tendencia que se anunciaba si el Partido Acción Nacional (PAN) ganaba las elecciones federales.

Debe reconocerse el esfuerzo de la autora por ofrecer una perspectiva histórica de las pugnas en relación con el aborto que han tenido lugar en México, así como de las distintas reformas jurídicas en la materia. En un ejercicio de revisión que va de finales del siglo XIX hasta la primera década del XX, identifica a los grupos e instituciones que han encabezado las principales posiciones en disputa, y reconstruye sus argumentos y estrategias discursivas.

Si bien es cierto que el Caso Paulina ha sido ampliamente retomado, sobre todo en publicaciones del ámbito periodístico y, en menor medida, del académico, la cualidad de la obra presentada estriba en una labor de totalización, pues reúne información que se encontraba dispersa y la presenta de una forma ordenada siguiendo una línea temporal. Conserva vigencia, no sólo porque el caso aún se retoma como ejemplo de aquello que no debe repetirse, sino también porque ―como afirma Márquez― sigue siendo una realidad en nuestro país que la práctica del aborto despenalizado no cuenta con procedimientos claros que hagan posible ese derecho.

Sin embargo, tendríamos que preguntarnos en qué medida es suficiente hacer una apuesta por las transformaciones en el terreno jurídico. Si bien es cierto que los vacíos en las leyes de Baja California Norte influyeron en que el aborto no fuera practicado, el asunto va más lejos pues toca cuestiones de tipo cultural y político. El Caso Paulina es una prueba de que las creencias religiosas y tradicionalistas de los funcionarios involucrados pesaron más que la ley. Un elemento fundamental (poco analizado en la obra) es la manera en que la cultura patriarcal influye en las decisiones e instituciones de gobierno. La despenalización del aborto y su respectiva reglamentación no es suficiente en el marco de dispositivos culturales que siguen controlando el cuerpo y la sexualidad de las mujeres, al mismo tiempo que promueven identidades femeninas especializadas en la reproducción.

En relación con el desenlace de este caso, es importante mencionar que por iniciativa de un conjunto de organizaciones feministas fue llevado, en el año 2000, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este hecho tenía como antecedente la negativa del gobernador del estado para aceptar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de su homóloga en Baja California. En 2005, tras largas negociaciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno del estado, la CIDH y las organizaciones involucradas, lograron llegar a un acuerdo que tuvo efectos positivos: a) el reconocimiento público por parte del gobierno de Baja California de que los médicos habían cometido una falta, afectando el ejercicio de los derechos humanos de Paulina; b) el pago de una indemnización y de otros gastos relacionados con la salud y la educación de la joven, así como de la manutención de su hijo; c) el compromiso del gobierno para presentar ante el congreso local un proyecto de modificación de las leyes sobre el aborto; y d) el envío por parte de la Secretaría de Salud de una circular a las Secretarías de Salud de todo el país, en donde se establecían los lineamientos y procedimientos a seguir ante los abortos permitidos por los códigos penales estatales.

Como conclusión, observamos un doble resultado: por un lado la dolorosa experiencia de una joven que vio su vida trastocada de manera irreparable y, por el otro, los limitados frutos de la acción colectiva ante los desafíos que plantea la construcción de la ciudadanía de las mujeres.

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