INTRODUCCIÓN

En el contexto en que se escriben estas líneas, son varios los temas que invitan a la reflexión sobre la forma en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador configura su posicionamiento en torno a ciertas problemáticas centrales para la agenda de género en México^[1]. Este escrito aborda el conflicto que representó la elección de la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) a mediados de 2018 y el primer trimestre de 2019.

Se utiliza este caso como objeto de estudio con el fin de articular algunas líneas del debate sobre la conformación de los mecanismos de género en México, tomando como eje de análisis la conceptualización desarrollada por el feminismo institucional y la institucionalización de las políticas a favor de las mujeres en el Estado. Se destaca la importancia de revisar las principales variables políticas que salieron a escena en la confrontación entre actores políticos y sociales vinculados al tema, y los efectos que la alternancia del gobierno tiene en la conformación de los liderazgos institucionales asociados a la igualdad de género en el Estado.

A través de la realización de entrevistas a expertas y actores claves, y del seguimiento del debate en la prensa, se intenta reconstruir el proceso en función de la hipótesis que da cuenta de las controversias que emanan de los componentes prescriptivos de la participación ciudadana inserta en la normatividad del Inmujeres, frente a los procesos político-partidarios que frenan y distorsionan el sentido de dicha participación. Se demostrará que los mecanismos de género en el Estado, como espacios rectores de las iniciativas públicas a favor de las mujeres, son campos políticos en disputa, donde distintos grupos de interés se confrontan para definir cuáles son los criterios que encarnan la representación feminista legítima dentro del Estado.

Para dar un encuadre conceptual al debate, se inicia con la revisión de la literatura anglosajona y latinoamericana sobre feminismo institucional. Se continúa con una breve descripción del desarrollado de la institucionalidad de género en México desde el 2000 a la fecha, para concluir con el debate que rodeó el nombramiento de la nueva titular del Inmujeres, destacando el conflicto, los actores y los discursos.

1. FEMINISMO INSTITUCIONAL

En términos generales podemos señalar que el feminismo institucional se ha desarrollado en función de dos vertientes interconectadas. Por una parte, destacan los aportes que desde el nuevo institucionalismo planteó una revisión crítica a las instituciones, enfatizando las lógicas de distribución desigual de poder asociadas a las relaciones de género. Es decir, las instituciones operan bajo esquemas de género expresadas en reglas formales e informales que tienen eco en las dinámicas políticas y los efectos de los objetivos institucionales^[2]. El género, en tanto relaciones de poder, está enraizado en el tejido político de las instituciones, más que ser un agregado externo. Una rama importante de esta vertiente es el estudio de los procesos de cambio en los diseños organizacionales que influyan en los resultados de la política pública^[3].

El otro eje de análisis deriva de la experiencia de los países europeos en los últimos treinta años, mediante la incorporación en las agendas políticas las demandas de no discriminación e igualdad de género^[4]. Lovenduski (1997, 1998) señala que este avance ha significado la integración política de las mujeres y su mayor presencia en la dirección de instituciones políticas, así como el desarrollo del feminismo institucional a partir de la creación de nuevos organismos para la igualdad.

Fue principalmente a través de los partidos políticos que algunas feministas se constituyeron en grupos de interés organizados, con el fin de cambiar la legislación discriminatoria, así como crear instituciones con la responsabilidad de trabajar en beneficio de las mujeres. El énfasis del análisis está puesto en la posición que el feminismo, como corriente de pensamiento y movimiento social, logra ocupar dentro del aparato estatal.

Uno de los trabajos pioneros en el análisis del feminismo de Estado fue el desarrollado por McBride Stetson y Mazur^[5] en 1995. Las autoras sostienen que los mecanismos de género surgen bajo la hipótesis de que el Estado, a través de sus instituciones puede llegar a ser un actor clave en la promoción de acciones a favor de reducir las desigualdades entre hombres y mujeres.

Las llamadas maquinarias, mecanismos o agencias de género en el Estado, son dependencias creadas con el propósito de promover políticas para la equidad de género. Aun cuando pueden ser acusados de marginar los problemas que intentan solucionar, estos mecanismos dan expresión institucional en áreas de la política que antes no eran consideradas, ya que supone la presencia de funcionarios y burócratas que actúan en nombre de los intereses oficialmente definidos como intereses de las mujeres. En esta investigación, las autoras realizan un análisis comparado de los institutos u oficinas gubernamentales de algunos países europeos, para conocer si éstos establecen los intereses feministas en las políticas y marcos normativos. Para ello exploran sistemáticamente dos aspectos: por un lado el desarrollo de políticas feministas, y el segundo, hasta qué punto los diferentes países analizados han permitido a organizaciones feministas y de mujeres el acceso al proceso político^[6]. De esta manera, las autoras clasifican a los países de acuerdo a si los temas feministas se convierten en los temas que han sido planteados por el movimiento feminista.

Las conclusiones del estudio apuntan a que en contextos donde el feminismo institucional está fuertemente establecido, los gobiernos socialdemócratas crearon oficinas poderosas con la autoridad suficiente para incorporar los intereses de las mujeres en el proceso político, estos son países con un amplio consenso en que el Estado es un actor adecuado para promover estrategias para la igualdad. El feminismo institucional más arraigado parece por tanto estar relacionado con una constelación de factores asociados con niveles relativamente altos de representación de las mujeres^[7].

Otro indicador importante del lugar que ocupan las mujeres en un sistema de representación democrática es el grado de institucionalización de los conflictos de género, es decir, en qué medida las problemáticas vinculadas con la desigualad de género son objeto de debate público con miras a establecer acciones institucionales a su favor. En este sentido, el feminismo institucional sería la manifestación organizativa de su institucionalización.

Aquí es importante destacar, siguiendo la corriente del institucionalismo sociológico, que el origen de las instituciones que tienen como objetivo representar los intereses de las mujeres se ha cimentado en la necesidad de legitimación de la problemática, más que por criterios de funcionalidad del quehacer político. Es decir, se intenta construir un consenso sobre el valor de la igualdad entre hombres y mujeres y enraizarlo a las prácticas organizacionales del Estado.

Otro estudio pionero en la materia fue el desarrollado por Joyce Gelb (1989). A partir de un análisis comparado del caso de Gran Bretaña, Estados Unidos y Suecia, la autora intenta demostrar cómo el feminismo institucional se ve condicionado por el sistema y la cultura política en cada uno de estos países^[8]. Así mismo, la noción de estructura de oportunidades políticas es central para su análisis, en tanto factor presente en la delimitación de las metas, los valores y el modelo de actuación frente al Estado. Una de sus principales conclusiones es que las características que adquiere el feminismo en cada uno de estos países (su orientación hacia al sistema político, los valores que sustentan y su identidad como movimiento) difieren considerablemente, y ello se traduce en las posibilidades que han tenido para establecer políticas a favor de las mujeres. Asimismo, el desarrollo, la eficacia y el impacto del movimiento feminista se considera, en gran parte, dependiente de factores externos, tales como: el ambiente político, los recursos disponibles, el tipo de gobierno en ejercicio del poder, la estructura del proceso administrativo central/federal y el Estado de la economía nacional.

El estudio que Gelb (1989) desarrolla se fundamenta en tres dimensiones para el análisis: el contexto sociopolítico en el cual cada movimiento funciona, la organización y las estrategias utilizadas y su impacto en el proceso político, en las acciones públicas y en el espacio público. La comparación, a su vez, resulta de la distinción de tres formas de expresión feminista: el feminismo de grupos de interés de Estados Unidos, el feminismo ideológico de izquierda de Inglaterra y el de Igualdad del Estado en Suecia^[9].

Una de las conclusiones a las que llega Gelb (1989) es que aquellos grupos que se definen con mayor independencia de los partidos u otras organizaciones tienen una mayor capacidad de desarrollar estrategias y de definir su propia agenda. Sin embargo, esta independencia contrae la posibilidad de impacto político, es decir, afecta negativamente en la capacidad de interlocución y participación en la toma de decisiones.

A reserva del cúmulo de experiencias que han sido parte de las investigaciones en los últimos años, el hecho de que los Estados conformen una estructura burocrática encargada del tema de la igualdad de género es percibido como un signo de legitimidad muy importante sobre la trascendencia pública de los fenómenos asociados con la desigualdad de género. Sin embargo, la relación que el feminismo tenga con dicha estructura vuelve a poner en escena el éxito o no del movimiento en otros aspectos, tales como la agenda cumplida, la capacidad de interlocución, participación en la toma de decisiones, etc. Es decir, el acceso de los grupos que antes estaban excluidos es de suyo un éxito, sin embargo, y considerando las características de los mecanismos de género en México, creemos que por sí sólo, ello no basta.

En efecto, la experiencia y práctica política del feminismo norteamericano y europeo muestran diferencias al desarrollado en los países latinoamericanos. No sólo por el período de tiempo que las separa, sino por el contexto en que surge y se hace visible como fuerza social: países en dictadura o con sistemas autoritarios, el tipo de acción colectiva que han desplegado, la relación con el sistema político, y la capacidad de mantenerse con un dinamismo crítico ante las fuerzas partidarias y sociales.

En América Latina, la politización de las demandas de género se da en el escenario político de transición y democratización, con una fuerte influencia de organizaciones internacionales que han impulsado que las instituciones del Estado creen mecanismos y promuevan cambios legales y políticas públicas a favor de la no discriminación contra las mujeres. Esto es parte del entramado internacional que se hace presente en la Cuarta Conferencia Internacional de las Mujeres en 1995^[10], a través del papel de las agencias internacionales y la aprobación de la Plataforma de Acción de Beijing.

Como bien lo describe Celia Valiente (2007), para el caso de las democracias en desarrollo, cobran relevancia otras variables en el análisis de los efectos que los mecanismos de género en el Estado han tenido en el desarrollo de la agenda de derechos de las mujeres: capacidad del gobierno, inestabilidad política, legados políticos (o enclaves autoritarios) y los recursos humanos y financieros con los que se cuente. De igual forma, es preciso delimitar conceptualmente lo que se entiende por movimiento de mujeres y movimiento feminista, porque no son sinónimos. Las mujeres no son un grupo homogéneo, al entrecruzar variables como raza, etnia, clase social, preferencia sexual, las diferencias se complejizan a la hora de pensar en políticas de género^[11].

Además de ello, y que para nuestro caso de estudio se torna significativo, no siempre se observa una separación tajante entre movimiento y el gobierno en turno como actores claramente delimitados, más bien existe un continuo en la relación. La experiencia ha demostrado que muchas activistas y grupos que trabajan en la defensa de los intereses de las mujeres han sido parte de las estructuras del Estado como funcionarias públicas, así como activistas y organizaciones sociales que son subvencionados por las administraciones de gobierno, lo que en muchos casos resta autonomía e independencia frente a una agenda propia que se confronte y demande al poder público.

Asimismo, hay ciertas organizaciones que gozan de mayores privilegios al constituirse en las únicas interlocutoras con los actores políticos^[12]. En otros casos, reformas a favor de las mujeres se debaten en coaliciones que no necesariamente incluyen a los actores sociales representativos^[13].

En resumen, el feminismo institucional consiste en las estructuras, procesos y prácticas que resultan de la institucionalización del feminismo en el gobierno. Los temas tratados por el feminismo institucional se han clasificado de conflictos de género, y se definen como conflictos construidos en función de los roles opuestos de hombres y mujeres, al contrario de nociones como “temas de mujeres”, “derechos de mujeres” o “necesidades de mujeres”, el conflicto de género no presupone intereses comunes de todas las mujeres y todos los hombres. El conflicto de género no requiere una identidad social amplia, sino que requiere que la disputa se construya en función de diferencias entre mujeres y hombres concretos (Lovendunski, 1997: 207). El análisis se dirige a explicar la capacidad del movimiento feminista en poner sus temas en el debate de las políticas, así como su participación en el proceso político que les da vida, tomando en cuenta las características que adquieren las maquinarias de género^[14].

Para los objetivos de este escrito se pone de relieve el amplio espectro de actores que participan en nombre de la representación de los intereses de las mujeres, su capacidad de liderazgo, cercanía al poder formal, y el contexto político en que se desenvuelven, así como los procesos de cambios de los actores políticos en el gobierno.

2. CREACIÓN DE MECANISMOS DE GÉNERO EN MÉXICO

Como ampliamente lo ha documentado la literatura especializada en el tema, el desarrollo del feminismo institucional ha ido de la mano de la implementación de mecanismos de género en el Estado para el adelanto de las mujeres. Ya sea como Secretarías, Oficinas o Institutos de la Mujer, la principal tarea de estos mecanismos ha sido impulsar el proceso de formulación y coordinación de las políticas de equidad de género, así como poner en marcha la agenda de género del gobierno (Verloo, 2002).

Como se mencionó más arriba, es a mediados de los noventa en que varios países de América Latina empiezan a establecer mecanismos institucionales asentados en el nivel ejecutivo. En gran parte como resultado del impulso generado por la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing en 1995 y los acuerdos internacionales, los gobiernos se comprometieron con los objetivos prioritarios derivados de la Plataforma de Acción, entre los cuales se contaba con la creación y fortalecimiento de instancias encargadas de impulsar políticas públicas de género a nivel gubernamental.

Para el caso de México, la presencia feminista en la esfera de la política partidaria, así como el impacto que han tenido en la política pública (referida a temas como participación política, despenalización del aborto y violencia de género) ha sido resultado de lobbys emprendidos por grupos de presión que constituyen redes, poniendo énfasis en la formación de coaliciones con una relativa apertura del sistema político a los grupos participantes. La creación del Instituto Nacional de las Mujeres, en 2001 responde a esta dinámica; el debate sobre su creación, es decir la propuesta de Ley que da vida al Inmujeres, se desarrolló en el Legislativo durante los meses de octubre y noviembre de 2000, e inicia como institución con el mandato de Vicente Fox (2000-2006)^[15].

Repasando brevemente el análisis político que envuelve la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, es preciso señalar que el contexto de su instauración da cuenta del clima político de desconfianza entre los partidos políticos y la pugna por el control de poder dentro del mecanismo, en el marco de la alternancia política del año 2000^[16]. Esto se refleja en la importancia que se le otorga en la Ley a los Consejos Consultivo y Social, quienes representan distintas posiciones en el espectro ideológico^[17]. En este debate, prevaleció la necesidad de control político bajo la consideración de transparencia en el funcionamiento y administración del nuevo mecanismo (Cerva, 2006).

En efecto, la revisión de los antecedentes que forman parte de la creación del Inmujeres demuestran que los mecanismos de género se constituyen en campos políticos en disputa (Guzmán, 2001). Es decir, además de fungir como los representantes “naturales” de las demandas de equidad de género dentro del Estado, también son espacios en donde los intereses políticos, el juego partidario y la confrontación ideológica tienen lugar. La construcción de la legitimidad del mecanismo también se ve condicionada por el grado de aceptación de la igualdad de género como un valor institucional.

De esta manera, el análisis de los mecanismos de género a nivel institucional puede ser entendido en función de las relaciones de poder y predominio ideológico, tanto en la orientación de las decisiones de política pública, como de los actores que en él participan. De igual forma, las posibilidades y limitaciones, en materia de políticas de género, estarán condicionadas por el contexto político en el que se asienta el aparato administrativo del Estado y por los actores que tengan un mayor peso en las decisiones políticas (Cerva, 2006).

Una forma de aproximarnos al estudio de los mecanismos de género como un campo político en disputa es a través del nombramiento de su titular. La Ley de creación del Instituto Nacional de las Mujeres^[18] señala en su artículo 13 que la Junta de Gobierno (integrada por 15 dependencias gubernamentales y 16 mujeres representantes de la sociedad civil), así como los consejos Consultivo y Social^[19], deben consensuar una terna de las candidatas para ser presentada al Presidente de la República.

Un vacío importante de la Ley ha sido el proceso de selección de la terna de candidatas que será sometida a consideración por el presidente en turno. Los requisitos^[20] para la presidencia son claros, sin embargo, han transcurrido cuatro procesos de selección y en cada uno de ellos se ha cuestionado la opacidad en las propuestas de las candidatas a la terna, a partir del papel preponderante que juegan las mujeres militantes de los partidos políticos.

En el inicio del Inmujeres, Vicente Fox designó a Patricia Espinosa Torres, con Felipe Calderón fue designada Rocío García Gaytán^[21], y en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Lorena Cruz Sánchez, quien fue la más cuestionada por el movimiento de mujeres.

Como en su momento lo documentó Anayeli García Martínez^[22] (2013), “el gobierno de Enrique Peña Nieto incurrió en un proceso turbio y simulado para renovar la presidencia del organismo rector de la política de equidad de género”. A la poca transparencia del proceso se agregó el cuestionamiento del perfil de Lorena Cruz Sánchez, que si bien fue la ex directora del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social en el Estado de México (Cemybs), su gestión fue seriamente desacreditada por la inacción en torno a los feminicidos y la violencia desatada contra las mujeres cuando lideró la política de género en el Estado de México.

La imposición de Lorena Cruz fue gestada por Rosario Robles (antigua militante del PRD), quien fungió como operadora política del proceso, restando incidencia en la negociación de los sectores organizados de mujeres. Para algunas de las integrantes de los Consejos, el proceso fue antidemocrático al ser excluidas las voces de la sociedad civil, por lo que se inconformaron frente a la terna presentada con cinco candidatas, todas militantes priistas, sin perfiles adecuados.

A lo anterior se añade la desconfianza que generaba la nueva administración priísta a las organizaciones sociales de mujeres; es decir, más allá de si Lorena Cruz poseía las credenciales adecuadas para dirigir el Inmujeres, el temor estaba puesto en la propia institucionalidad, su permanencia y capacidad de acción como el órgano rector de la política de género del nuevo gobierno. Y es que la experiencia demostraba que la administración de Peña Nieto, como gobernador del Estado de México, significó la transformación y debilitamiento del mecanismo de género en esa entidad federativa, restándole capacidad político administrativa, autonomía e influencia de la agenda de género en la política general.

3. LA ELECCIÓN DE LA TITULAR DEL INMUJERES EN LA NUEVA ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE AMLO

Antes de iniciar el análisis, es menester hacer un recuento de los hechos que forman parte del proceso, a través de la revisión de la prensa nacional, así como de los testimonios de feministas, militantes políticas, representantes de organizaciones de mujeres y funcionarias del Inmujeres^[23].

Desde el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de julio de 2018, las organizaciones civiles comienzan a proponer candidatas a la presidencia del Inmujeres, exigiendo un proceso transparente que le dé prioridad a un perfil feminista, apartidista, y con amplia trayectoria a favor de los derechos de las mujeres.

La ex magistrada, Olga Sánchez Cordero, fue la encargada de coordinar el proceso de renovación del liderazgo del Inmujeres^[24]. Activistas, mujeres militantes, de organizaciones y académicas comienzan a enviar cartas de adhesión a ciertas candidatas desde agosto de 2018^[25].

A la propuesta de perfiles para la presidencia del Inmujeres se añade la demanda de transformar el rango institucional del Inmujeres a Secretaría de Estado, con el objetivo de que el organismo tenga mayor incidencia en la implementación de las políticas de género en México^[26].

A inicios de diciembre, días antes de la reunión oficial de la Junta de Gobierno del Inmujeres, algunas candidatas a conformar la terna difundieron una carta donde exhortaron transparentar el proceso de selección^[27], exigieron claridad en la forma y los criterios a seguir. Este es un antecedente muy importante, debido a que en el proceso de transición Cordero, Micher y Eternod realizaron varias entrevistas a candidatas sin la participación de las integrantes de los Consejos.

Iniciada la reunión de la Junta de Gobierno del Inmujeres, el 14 de diciembre de 2018, la Secretaría de Gobernación presentó una terna a la Junta de Gobierno, la que no fue ratificada por las consejeras del Inmujeres, quienes en su totalidad se abstuvieron de votar. Actuando como coalición, las integrantes del consejo consultivo y social señalaron requerir los criterios que justificaban los perfiles de dicha terna. Frente a ello propusieron crear una metodología y lanzar una convocatoria pública.

El 29 de enero de 2019 las Consejeras del Inmujeres abren la convocatoria para formar la terna, que además de dar cumplimiento al artículo 15 de Ley del Inmujeres, integran una serie de criterios que deben cumplir las aspirantes a fin de contar con perfiles idóneos para dirigir el Instituto^[28].

Treinta candidatas respondieron al llamado de la convocatoria, y se escogieron siete mejores perfiles previo análisis, por parte de una comisión conformada por integrantes de ambos consejos, revisaron los documentos entregados por las candidatas, que incluyeron currículums, planes de trabajo y cartas de intención de motivos y entrevistas presenciales.

Cabe señalar que frente a esta iniciativa de las Consejeras, la secretaria ejecutiva y encargada de despacho del de Inmujeres Marcela Eternod presentó una denuncia contra los Consejos en la Secretaría de la Función Pública. Algunas feministas consultadas señalan que este hecho no sólo demuestra el rechazo de parte de la autoridad vigente a la participación ciudadana en el proceso, sino que además carece de lógica normativa ya que los consejos actúan de manera honorífica, representan a la ciudadanía, no son funcionarios públicos sobre los cuales imputar alguna sanción.

Varios periódicos de circulación nacional hicieron puntual seguimiento del proceso, destacando no sólo el conflicto subyacente, sino la capacidad de articulación de las consejeras para proponer una estrategia documentada y formal. Se incorporó recursos de evaluación^[29] que incluyeron metodologías probadas en otros procesos de designación, los cuales fueron adaptados a éste. La novedad fue el énfasis en el carácter feminista de los perfiles, su conocimiento, trayectoria, impacto de su labor y compromiso con los derechos humanos de las mujeres y la igualdad sustantiva^[30].

Ahora bien, centrándonos en la abstención de las consejeras frente a la terna propuesta por Sánchez Cordero el 14 de diciembre de 2018, y la posterior iniciativa de elaborar criterios para la selección de las candidatas a la terna, surgen varias interpretaciones según el posicionamiento político que se tenga.

Retomando como fuente de análisis el testimonio de mujeres entrevistadas, es posible afirmar que, además de existir una presión por no retrasar la elección dada la urgencia de contar con el mecanismo de género en funcionamiento^[31], el conflicto expresó el papel del feminismo que proviene de organizaciones de la sociedad civil - pero que también ha sido parte de las estructuras institucionales- plantea en torno a la necesidad de no retroceder en la agenda progresista de género, y esa disputa se materializó en los requisitos exigidos hacia quien liderará la institucionalidad en el Estado.

De parte de las voces críticas hacia la actuación de las integrantes de los Consejos se destacan dos elementos centrales. El primero, es que los consejos no tienen las atribuciones para exigir criterios específicos para las candidatas, porque la Ley de creación del Inmujeres ya los contempla. En segundo lugar, se considera que esta acción fue una muestra de “golpeteo” político hacia AMLO, es decir, los Consejos actuaron en función de intereses partidistas para cuestionar el papel que tendrán las organizaciones de la sociedad civil en el nuevo gobierno. La propia representatividad de los Consejos fue cuestionada, sus integrantes fueron acusadas de “corporativismo” y de no representar los intereses feministas, sino buscar posiciones y cargos dentro del gobierno.

Por su parte, quienes respaldaron la acción de los Consejos esgrimen argumentos sustentados en las experiencias de las tres elecciones pasadas, y por el componente simbólico que rodea la creación del mecanismo de género como una victoria de las luchas sociales de las feministas mexicanas. Las Consejeras se opusieron a la imposición de una terna no con el fin de anular a alguna aspirante en particular, sino en función de legitimar un proceso a partir de estándares fundamentados en nociones prescriptivas sobre lo que corresponde a un liderazgo feminista en el Estado.

Ese fue el sentido de introducir una metodología para la selección de parte de quienes fungen como expertas en los temas de género. Legitimar estos criterios también supuso una estrategia de restar peso a la tradicional influencia partidista, exigiendo, por ejemplo, profesionalización en temas de género y políticas públicas, independencia y autonomía, y comprobar su defensa al Estado laico. Este último aspecto se considera fundamental para el debate sobre la despenalización del aborto a nivel nacional, un tema sumamente álgido en la nueva administración de López Obrador.

En palabras de Lucia Laguna Huerta, “apelar para que la conformación de la terna para la designación de la cuarta presidenta de Inmujeres emanara de un proceso abierto y transparente, fue para algunas dentro y fuera del Inmujeres, no bien visto… lo que hasta ahora han hecho los Consejos Social y Consultivo en congruencia con el feminismo y las exigencias actuales –de democracia y transparencia-”^[32].

Para algunas mujeres entrevistadas, el núcleo del conflicto fue que no se contaban con reglas claras para definir la terna que diera como resultado la presidencia del Instituto “…demostramos que se podía establecer un procedimiento en un tiempo corto si estableces reglas claras, más allá de lo que establece la Ley”.

Como fue expuesto en el segundo apartado de este escrito, la designación de las titulares era un proceso en donde negociaba-imponía el partido político en turno. Para el feminismo institucional, representado en el papel de las Consejeras, el liderazgo feminista es un componente esencial para tener mecanismos de género eficaces y que representen los intereses de las mujeres.

Como lo he señalado desde 2006, el análisis del papel desempeñado por los mecanismos de género daba cuenta de la permanencia de relaciones de amiguismo o exclusión en lo que se denominaría feminismo institucional. Varias integrantes exigían la necesidad de transformar los canales de comunicación entre los espacios institucionales y las organizaciones de mujeres con miras a que los temas fueran tratados bajo una apuesta democrática, plural y participativa.

Sin duda que este tema no es privativo de los mecanismos de género y su relación con la sociedad civil. Al parecer esta dinámica estaría operando en otras esferas sociales que abren paso a la existencia de una suerte de corporativización de las organizaciones sociales, en donde la cultura política tradicional aún deja sentir su influjo en la forma en que la autoridad se relaciona con la ciudadanía.

Para algunas de nuestras entrevistadas, este proceso refleja la heterogeneidad del feminismo institucional y cómo la correlación de fuerzas está supeditada al partido de gobierno. Es decir, participar en el gobierno sigue siendo considerado un botín en competencia; hay un continuo entre el movimiento feminista institucionalizado y el Estado mediante la profesionalización de ciertos grupos, que dada su cercanía al gobierno cuentan con mayores privilegios. Ciertamente que los cambios de administración abren y a la vez cierran oportunidades y ello opera mediante la sospecha y desconfianza sobre la posición que los distintos grupos representan.

Se desprende que para las integrantes de los Consejos, el proceso puso nuevamente en la agenda la necesidad que el Inmujeres fuese dirigido por un liderazgo legítimo que incluya la participación ciudadana en las políticas de género en México, ya que su creación fue fruto de ese movimiento. Poner en escena esta capacidad de interlocución produjo un embate hacia estas instancias de participación ciudadana^[33].

Algunas integrantes de los Consejos sufrieron de descalificación y agresión en las redes sociales; recordemos que incluso fueron denunciadas ante la Secretaría de la Función Pública por “usurpación de funciones”.

Este análisis nos lleva a afirmar que son recurrentes los conflictos que se manifiestan en torno al mecanismo de género en cada proceso de cambio de administración en el gobierno. Se pone en tela de juicio quienes serán parte de los grupos de expertas, como interlocutoras autorizadas para vigilar la política de género, la transparencia en los procesos y la legitimidad de los liderazgos. Sigue incomodando que detrás de la politización de las demandas haya organizaciones sociales de mujeres.

Ahora bien, las integrantes del Consejo actuaron bajo la hipótesis que: si se llega al consenso en la forma de la selección de la terna, el mecanismo tendrá mayor legitimidad y representará efectivamente los intereses de las mujeres. Sin embargo, este cálculo olvida que el nuevo gobierno de AMLO llega al poder con el apoyo de grupos religiosos conservadores, lo que plantea un escenario difícil para el feminismo y su resistencia a que grupos de ultra derecha influyan en la institucionalidad de género.

Tal vez ello explique la insistencia por agregar como criterios la calidad ética de las aspirantes, demostrar compromiso con el estado laico y la defensa de las libertades civiles, la libertad sexual y los derechos sexuales y reproductivos.

Finalmente, el 20 de febrero de 2019, Andrés Manuel López Obrador nombra a Nadine Gasman Zylberman^[34] como la nueva titular del Inmujeres. En todo el proceso siempre estuvo presente su perfil, y a todas luces se conocía que era la candidata del nuevo gobierno.

CONCLUSIONES

Son dieciocho años de la creación de una institucionalidad a favor de las mujeres en México. Desde un análisis sociológico y de política pública, son varias las dimensiones susceptibles de una revisión crítica. Este artículo se concentró en un aspecto que ha sido constantemente evocado en el estudio del feminismo institucional: la creación de organizaciones destinadas a atender las demandas por la igualdad de las mujeres en el Estado.

Más allá de su carácter normativo, procesual o de eficiencia, el análisis de las instituciones permite matizar ciertas creencias que operan en el sentido de colocar al cálculo racional como la lógica central de las organizaciones. Los mecanismos de género contienen aspectos afectivos que son evocados como parte de la historia de las luchas de las mujeres por hacerse presente en los espacios de poder masculino, en este caso, las instituciones de Estado.

Sin embargo, la existencia de una instancia destinada a defender los intereses de las mujeres no significa que su lógica de actuación sea diferente a la forma habitual de operar de las instituciones públicas. Exigir horizontalidad, participación, y en último caso intervención en las decisiones, está más próximo a ideales democráticos que no siempre se empatan con las prácticas políticas que feministas o no, reproducen en la esfera del poder político.

En efecto, contamos con un sistema político que hoy en día se anuncia sumamente centralista, dejando en manos del ejecutivo las principales iniciativas de desarrollo y transformación institucional. La gestión de las políticas públicas a favor de las mujeres no significa un consenso dentro del Estado de cuáles son sus prioridades, ni tampoco refleja la homogeneidad de intereses por parte de la sociedad civil organizada.

De esta manera, las instancias de género tienen un doble componente, que podríamos denominar fallas de origen. Por una parte, nacen con una exigencia de participación, pero a la par, conviven con fallas o vacíos legales que dan pie a procesos discrecionales que son parte de las formas habituales de hacer política en México: centralismo del ejecutivo, afinidad con grupos de interés, enunciación de participación ciudadana pero condicionada a la cercanía del gobierno en turno.

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Notas

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Información adicional

Cómo citar: Cerva Cerna, Daniela “El juego político detrás del nombramiento de la titular del Inmujeres en la inaugurada administración de AMLO: Análisis desde el feminismo institucional.” e-ISSN: 2683-1643 Revista Buen Gobierno No. 27. Julio– Diciembre 2019 Fundación Mexicana de Estudios Políticos y Administrativos A.C. México

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