INTRODUCCIÓN

La sociedad contemporánea ha visto proyectados sus logros y avances, en parte, gracias a la creatividad y talento de mujeres y hombres en la generación de tecnología multifuncional, cuyas aplicaciones le han dado a la humanidad una visión universal del suceder histórico. Los medios de comunicación y el avance tecnológico han fortalecido el compromiso y el impulso renovador de la educación. En los inicios del siglo XXI la información y el conocimiento han representado grandes oportunidades para generar y fortalecer habilidades, competencias, actitudes y aptitudes, a favor de la sociedad y el bienestar colectivo. El mundo atraviesa en la actualidad la Cuarta Revolución Industrial. De acuerdo con Klaus Schwab (2016), son muchos los desafíos a los que se enfrenta la sociedad contemporánea.

No obstante a ello, y desde la perspectiva teórica, el reto más complejo de todos consiste en comprender la nueva revolución tecnológica y las implicaciones que genera en la humanidad debido a la vertiginosa convergencia de sistemas digitales, físicos, biológicos y sociales. Las nuevas tecnologías están cambiando de forma radical la manera en la que vivimos, trabajamos y nos relacionamos los unos con los otros.

Hoy más que nunca, los mexicanos requerimos ampliar nuestros horizontes educativos para estar a la vanguardia de nuestros propios anhelos. Puede citarse en cuanto a logros, la trascendencia de los medios de comunicación y las tecnologías de la información, en la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento del tejido social y cultural. Ante ello, el Estado Mexicano ha hecho suya la premisa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), donde se estipula una Educación para todos, lema cuyo significado establece el compromiso universal de hacer llegar la educación a todos y cada uno de los seres humanos.

En el marco de la Cuarta Revolución Industrial y de acuerdo con Schwab (2016), son cuatro los principios que se desarrollan a gran velocidad. El primero, se basa en la concepción del desarrollo científico y tecnológico en términos de sistemas, no en el desarrollo de tecnologías aisladas e independientes. El segundo, consiste en la oposición a la visión fatalista de que el progreso está predeterminado, por lo que resulta de gran importancia el generar educación y empoderamiento en los individuos y comunidades, con la finalidad de conocer y desarrollar ciencia y tecnología de vanguardia. El tercero, se basa en diseño de tecnologías y sistemas nuevos con visión de futuro a través de la integración de las tecnologías transformadoras en los sistemas sociales y económicos en beneficio de la comunidad. Por último, el cuarto principio se basa en los valores de la sociedad como baluartes del buen desarrollo cívico y moral del individuo, y como elemento central en el desarrollo de las nuevas tecnologías.

La Cuarta Revolución Industrial traerá consigo transformaciones sistémicas que demandan la participación colaborativa de todos los sectores de la sociedad, y nos obliga a repensar en nuevos esquemas y formatos de colaboración entre la esfera pública y privada. Por lo anterior, actualmente se experimentan cambios fundamentales en el modo en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos unos con otros, a través del uso de la tecnología aplicada a la educación y la comunicación.

A partir de 1921, con la creación de la Secretaría de Educación Pública, se inició un proceso de federalización de la educación en México, con un fuerte sentido centralizador. Estos esfuerzos desarrollados por parte del Estado dieron estructura a las diferentes etapas que caracterizaron al sistema educativo en el país a lo largo del siglo XX, y principios del siglo XXI.

1. CENTRALISMO Y FEDERALISMO: UN EJERCICIO DIALÉCTICO DE GOBERNANZA EDUCATIVA

Es importante reconocer que desde los años setenta del siglo XX se iniciaron algunas acciones con el objetivo de descentralizar el sistema educativo mexicano¹. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en el marco de la reforma del Estado y la administración pública, se puso en marcha el proceso de transferencia de la educación básica y educación normal a los gobiernos de los estados. El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) fue el instrumento que impulsó la descentralización de la educación.

Otro elemento de suma relevancia en la transformación del sistema educativo, fue la reforma curricular y pedagógica en el país, aplicada tanto en la educación primaria y secundaria, así como para la formación y capacitación de los maestros. Es a partir de 1993, cuando se hizo una revisión exhaustiva de los planes y programas de estudio, y se retomó la organización curricular por asignaturas, lo que generó también la diversificación de producción de materiales educativos para alumnos y docentes, y se inició el trabajo pedagógico con un enfoque constructivista.

Durante el mandato de Ernesto Zedillo, la Secretaría de Educación Pública impulsó la capacitación y actualización de los docentes, a través del Programa Nacional para la Actualización de los Maestros de Educación Básica en Servicio, puesto en marcha en mayo de 1996 ². De igual forma, se diseñó un programa de incentivos económicos denominado Carrera Magisterial, basado en un mecanismo de promoción horizontal de los docentes. Con este programa, se logró favorecer las buenas prácticas de los docentes frente al grupo, directivos escolares, supervisores de zona, y personal de apoyo técnico pedagógico. Finalmente, se logró un incremento real en el salario base.

Por ejemplo, mientras que en 1988 los maestros ganaban 1.5 veces el salario mínimo, en 2001 esta relación se elevó cuatro veces. Y en caso de que un docente se viera favorecido por la Carrera Magisterial, el salario promedio de los maestros tuvo un incremento de poco más de 5 salarios mínimos ³.

Es para 1997 cuando se puso en operación la reforma de la educación normal, dando inicio con el cambio en los planes y programas de estudio de la licenciatura en Educación Primaria. Fue así como entre 1998 y 2006, se han llevado a cabo reformas correspondientes a las licenciaturas de Educación Secundaria, Educación Preescolar, Educación especial, Indígena, Artística, Física e Inicial.

Es durante el mandato de Vicente Fox, cuando se planteó como uno de sus objetivos programáticos una reforma integral del nivel de educación secundaria en todo el país. El Programa Escuelas de Calidad (PEC) nace en el año 2001 con el propósito de fomentar la democracia y mejorar los resultados de aprendizaje en los estudiantes, especialmente aquéllos que padecen condiciones de marginación. En su segundo año, el PEC atendió casi a 10,000 escuelas urbanas marginadas, beneficiando a 2.6 millones de alumnos de educación básica (20 por ciento de la población estudiantil total en educación primaria pública). Por esta razón, la expansión de las oportunidades educacionales para los grupos sociales desfavorecidos se ha convertido en uno de los temas prioritarios de la agenda pública en Méxicom⁴. Dicha reforma se vio materializada mediante el Acuerdo Secretarial 384, aplicándose en agosto de 2006 en todas las escuelas secundarias en el primer grado.

La facultad que tiene el estado de ejercer la rectoría de la educación en nuestro país, está estipulada en el Artículo 3° de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, así como en las Leyes Estatales de Educación.

Por ello, el Estado debe diseñar y controlar los mecanismos institucionales para garantizar el óptimo funcionamiento de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades, desde la formación inicial a la superior ⁵. No obstante, en el caso de las universidades e instituciones de educación superior que la misma ley otorga autonomía, deberán cumplir con los objetivos de educar, investigar y difundir la cultura en armonía con los preceptos del Artículo 3° Constitucional, siempre con estricto sentido de respeto a la libertad de cátedra, investigación, elaboración de planes y programas de estudio, promoción y permanencia del personal académico, evaluación, y administración de su patrimonio.

Una Política de Estado, se dirige a atender los asuntos que interesan a la sociedad en su conjunto, que están sintonizadas con las preocupaciones y urgencias nacionales. Por ello, la Reforma Educativa es una política de gran calado, que no corresponde sólo al Poder Ejecutivo, sino a la sociedad en conjunto en general. En un sistema federal, de lo que se estaría hablando es de Políticas de Estado con mayúsculas, porque, más que ser del gobierno nacional se trata de “políticas nacionales”, indispensables para atender problemas complejos que a afectan a todos.

De igual manera, estas acciones van encaminadas a fortalecer la rectoría de la educación por parte del Estado, proteger los intereses nacionales, pero con un sólido sentido de responsabilidad y respeto a la soberanía de los estados, desde la perspectiva federal. Héctor Rincón (2015) argumenta que una gobernanza adecuada optimiza el funcionamiento del sistema político administrativo y establece reformas en la administración pública, donde el ciudadano adquiere mayor poder al tener voz en las decisiones del gobierno, por lo que en la gobernanza digital, el ciudadano a partir del aprovechamiento tecnológico se convierte en un ente activo, que vota, innova, opina y se involucra en la toma de decisiones. Esta búsqueda del equilibrio entre la toma de decisiones centralizada y el proceso gradual de descentralización a nivel nacional, se ha manifestado en el ajuste de la distribución de facultades, recursos y presupuesto entre el gobierno federal y los gobiernos estatales en materia educativa.

La participación de los gobiernos estatales, las organizaciones sociales, la comunidad escolar, alumnos, padres de familia y maestros, así como la vinculación con el sector productivo, son cada vez más activos y participativos en los procesos de reforma que nuestro país emprende en la actualidad.

Uno de los rasgos de las políticas de Estado que merece mención especial, es su carácter transversal. Que consiste en una acción integral que articula la ejecución de múltiples medidas desde diferentes ángulos y niveles distintos; es decir, respuestas de carácter interinstitucional e intersectorial.

En un sistema federal, los problemas o asuntos de estado además de ser transversales, al involucrar a distintos ministerios y sectores, son intergubernamentales porque también atañen a las autoridades locales subnacionales y municipales. Una definición más de política de estado dice que son normas avaladas por el más alto nivel de conducción política del Estado y respaldadas por un amplio consenso social o político, para que un determinado sector o actividad pueda alcanzar sus objetivos con un horizonte de cierta estabilidad y permanencia en el tiempo. Se fundamenta en los intereses superiores de la Nación y no en la coyuntura ni en metas de corto plazo.

En México, se han alcanzado importantes logros en las últimas décadas. La cobertura en educación primaria en México ha llegado a ser casi universal, lo que representa un indudable logro de la política pública nacional en los últimos años. No obstante los importantes avances, aún persisten retos importantes en la educación. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2007 señala que todavía hay un número importante de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años que no asisten a la escuela (cerca de 1.7 millones de niños y 1.4 millones de niñas). Se estima que de la población de seis a once años, a nivel nacional, aún no asiste a la escuela entre 1 y 2% por motivos de trabajo agrícola o debido a impedimentos físicos.

2. LA EDUCACIÓN DESDE LA VISIÓN DE LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA Y EL BUEN GOBIERNO

Desde esta perspectiva, y desde una visión de sociedad moderna en el marco de la Nueva Gestión Pública y del Buen Gobierno, un concepto fundamental en este proceso de transformación y cambios en el modelo educativo nacional, es el de gobernabilidad. Este concepto alude a la medida en que el ejercicio de la autoridad y la toma de decisiones permiten orientar el funcionamiento del Sistema Educativo nacional hacia los objetivos de una educación pertinente, de calidad y con equidad, en los términos que claramente establece el Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese sentido, se comprende que la gobernabilidad es una condición necesaria en el mejoramiento de la educación y en el proceso de fortalecimiento y evolución del Sistema Educativo Nacional en su conjunto⁶. Sumado a ello, el interés por fortalecer a la comunidad estudiantil y satisfacer sus necesidades de educación para la vida y el trabajo, ha vuelto a ser el eje central y primordial en los procesos de reforma educativa, en la toma de decisiones por parte del Estado, como rector de la educación, y de las políticas de inclusión social en México. Hoy en día, el modelo educativo atiende la perspectiva de la eficacia y eficiencia educativa a través de la planeación de objetivos y metas, la evaluación continua de desempeño y resultados, así como el esfuerzo constante en la reducción de brechas tecnológicas y educativas en las diferentes regiones del país⁷. Esto ha puesto en marcha un proceso de aptitudes por parte del Sistema Educativo Nacional, con la finalidad de evaluar su capacidad real de transformación.

Es importante mencionar, que en el modelo de educación superior, participan una serie de elementos adicionales a la gobernabilidad en el país: la naturaleza jurídica de autonomía o centralidad, sus cuerpos u colegios académicos, las organizaciones sindicales y estudiantiles, los procesos de modernización emprendidos por los gobiernos estatales, y las necesidades específicas de los habitantes de las diferentes regiones del país.

Por su parte, la política educativa y administrativa en la que se desenvuelve la educación media superior es similar a la educación superior, sobre todo en los centros educativos vinculados directamente a las instituciones de educación universitaria. Ante esto, la creación de la Subsecretaría de Educación Superior, como resultado de la reestructuración de la Secretaría de Educación Pública en 2005, fue una medida sumamente relevante para el fortalecimiento de la gobernabilidad de este nivel educativo.

No obstante, la educación básica atraviesa por escenarios político administrativos muy diferentes. En este nivel educativo, las autoridades educativas federales y locales actúan de manera directa, por lo que la gestión escolar y la labor docente suele estar subordinada a marcos curriculares y normativos que se establecen en la SEP de manera homogénea para todo el país, con márgenes estrechos de decisiones locales. Esto explica la razón de las múltiples solicitudes por parte de las autoridades estatales de educación, docentes y directivos, de ampliar sus facultades y atribuciones en sus estados.

Desde esta perspectiva, la descentralización es indispensable para que en los sistemas estatales de educación se puedan encontrar caminos y crear nuevos puntos de equilibrio, a fin de alentar y promover una innovación favorable a la calidad y la pertinencia con nuevos marcos de actuación y de rendición de cuentas⁸. Por ello, y ante la búsqueda del equilibrio entre los procesos de descentralización desde el centro, la gobernabilidad se fundamenta en el desempeño de cuatro elementos trascendentales, con el único objetivo de mejorar la condiciones de los educandos: la estructura organizacional del Estado en materia de educación, la participación activa de los gobiernos estatales, la organización sindical, y la participación activa de los padres de familia. Aquí entra un elemento trascendental en el proceso de descentralización y rectoría de la educación por el Estado Mexicano: el financiamiento estatal a la educación.

La realidad de fuertes disparidades y exclusión social del país se refleja todavía en niveles desiguales de cobertura en educación primaria, con brechas importantes en el nivel preescolar y fundamentalmente en la secundaria y en la media superior, donde una proporción significativa de los sectores pobres o más vulnerables no accede y muchos de los que ingresan no pueden concluir. Asimismo, existe desigualdad en la oferta del servicio que se brinda en las diferentes entidades federativas, en zonas rurales y urbanas, así como en escuelas privadas, públicas y al interior de estas últimas: escuelas generales, indígenas, educación comunitaria y educación para migrantes.

El reto de lograr una educación inclusiva y de calidad supone también la consideración de aquellos factores que tienen que ver con la creación de un clima de tolerancia y respeto en el ámbito escolar; el combate a todo tipo de discriminación; el establecimiento de canales de participación, sobre todo para los adolescentes, así como de mecanismos efectivos de participación de los niños, niñas y adolescentes en las cuestiones escolares que les afectan.

Este reto se relaciona directamente con la construcción de una articulación más fluida entre todos los actores de la comunidad educativa, particularmente acercando a los padres de familia a la escuela en un necesario proceso de fortalecimiento democrático de la educación.

De ahora en adelante, los padres de familia son corresponsables de la educación de sus hijos y tienen el derecho y la obligación de organizarse en cada escuela. Se incorpora por primera vez, como un componente del Sistema Educativo Nacional, a los padres de familia para darles participación dentro de los procesos de apoyo a la educación de sus hijos.

3. EL PRESUPUESTO PARA EDUCACIÓN EN MÉXICO: HACIA UNA MAYOR PROFESIONALIZACIÓN MAGISTERIAL

Es importante mencionar, que una de las previsiones de la Reforma consistía en incrementar la participación estatal en el gobierno y el financiamiento del servicio educativo a nivel estatal. Por ejemplo, de 1990 a 1998 el gasto real total de la SEP se duplicó, mientras que de 1990 a 1996 la participación relativa de los gobiernos estatales al gasto público en educación se redujo. Esta situación ha tendido a mantenerse en el tiempo, independientemente de los supuestos actos por parte de gobernadores que afectan el gasto en educación para destinar recursos a otros rubros de mayor visibilidad en el corto plazo.

Los recursos federales asignados a la educación con frecuencia se administran en las secretarías estatales de finanzas, lo cual dificulta el acceso a los ahorros y a los rendimientos financieros⁹. Ante estas disyuntivas, las autoridades educativas federales y estatales, deben establecer estrategias de incorporación en sus planes de trabajo, la participación sindical. Ante ello, la autoridad educativa deberá ser capaz de atender las diferentes solicitudes en términos laborales, sindicales o educativos. Por ello, es importante fortalecer la profesión magisterial. De acuerdo con Latapí (2003), un sindicato nacional fuerte puede controlar el mercado laboral del magisterio, como por ejemplo, tráfico de plazas, y mediatizar todos los aspectos del desempeño de los maestros: su formación, el sistema escalafonario, los premios, becas, créditos y licencias, la evaluación de su trabajo, la libertad para presentar iniciativas o la creatividad para innovar y con ello asumir una representatividad global en la interlocución con el Estado.

En ese sentido, Latapí (2004) advierte que, con frecuencia, las discusiones que preceden a una decisión se llevan a cabo a puerta cerrada entre el sindicato y las autoridades locales, y en ellas los asuntos académicos se entreveran y confunden con intereses político-sindicales¹⁰.

En las elecciones federales del 2006, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE) actuó como partido político a través del Partido de Nueva Alianza (PANAL) y estableció compromisos con otros frentes políticos a nivel nacional.

Al ingresar con nuevo reconocimiento al escenario educativo, gracias a la apertura propiciada por la reforma, los padres y madres de familia están adquiriendo las competencias necesarias para concretar sus demandas de una educación escolar pertinente para sus hijos. Lamentablemente, los padres y madres de familia han tenido dificultad para participar y valorar los cambios, pues no tienen los instrumentos ni el poder para exigirlos.

Sin embargo, la ley establece el funcionamiento de los consejos de participación social en los ámbitos escolar, municipal, estatal y nacional.

Con ello, se busca que los padres y madres de familia participen de manera activa y decisiva en proyectos escolares innovadores, que atienden los problemas de absentismo, prevención de adicciones, seguridad escolar, desnutrición, bajo aprovechamiento, deserción y reprobación.

Finalmente, la intervención de los actores sociales, tales como la opinión pública, las acciones específicas de las autoridades locales, la aprobación de leyes y reglamentos, la organización sindical, y la vida cotidiana en las escuelas, se traducen en la manifestación de intereses diversos, y con frecuencia divergentes ante las diferentes instancias de la administración pública en materia educativa.

Ejercer la autoridad educativa es una actividad compleja para las instituciones responsables tanto en el gobierno federal y los gobiernos estatales, pues dicha labor se ve afectada por condicionamientos y presiones coyunturales y estructurales, provenientes de distintos grupos de interés que funcionan con sus propias lógicas de acción, como lo hemos explicado con anterioridad.

En estas circunstancias, el gobierno del sistema educativo en todos los niveles de su gestión, enfrenta desafíos de distinta índole, mismos que deben ser identificados para llevar a cabo una rectoría eficiente y eficaz cuya orientación responda de manera plena a las necesidades de los grupos sociales.

Debemos recordar que la educación, también refiere la UNESCO, es una herramienta de gran utilidad que permite a niños y adultos que se encuentran social y económicamente marginados, salir de la pobreza por su propio esfuerzo y participar libremente en la vida de la comunidad a la que pertenecen. Para lograr este cometido tanto la ONU como la UNESCO, cuentan con instrumentos normativos que estipulan las obligaciones jurídicas internacionales del derecho a la educación. Estos instrumentos, promueven y desarrollan el derecho de cada persona a disfrutar de acceso a educación de calidad, sin discriminación, ni exclusión. Estos instrumentos constituyen un testimonio de la gran importancia que los Estados Miembros y la comunidad internacional le asignan a la acción normativa con miras a hacer realidad el derecho a la educación.

Por ejemplo, el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han sido estratégico en el fortalecimiento de distintos sectores vinculados con la educación, la capacitación, el desarrollo y conformación de la sociedad actual. De acuerdo con el 12° Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México, se estima que nuestro país cuenta con 65 millones de usuarios en Internet (AMIPCI, 2016). De estos 65 millones de usuarios, el 37% de la población se encuentra en un rango de entre los 19 y los 34 años de edad y un 77% accede desde un Smartphone. En cuanto a las actividades que realizan con mayor frecuencia, se encuentran el acceso a redes sociales, envío, recepción y búsqueda de información, ver y escuchar radio y televisión por streaming, jugar y comprar en línea, así como realizar cursos a través de distintas plataformas. También el Banco mundial hace mención de que si bien se han registrado avances durante la última década, pues muchos más niños acceden a la escuela y el acceso de las niñas a la educación ha mejorado, lamentablemente todavía hay 58 millones de niños fuera del sistema escolar y 250 millones no saben leer ni escribir, aunque muchos han asistido a la escuela.

CONCLUSIONES

Para comprender a la Reforma Educativa como una política de estado, es imprescindible mencionar lo que la Real Academia Española define como educación: formación destinada a desarrollar, la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas, de acuerdo con la cultura y normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), afirma que la educación fomenta la libertad y la autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo y como derecho humano fundamental es esencial para poder ejercitar todos los demás derechos, Sin embargo, millones de niños y adultos siguen privados de oportunidades educativas, en muchos casos a causa de la pobreza.

Plantear la mejora de la educación desde la perspectiva de la gobernabilidad y el proceso de descentralización adquiere relevancia frente a la Reforma Educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto. Por esta razón, es preciso resaltar la necesidad de avanzar en la estructura de un federalismo con signo descentralizador y cuidar que exista equilibrio entre la unidad e integración nacional, por una parte, y el desarrollo de las identidades regionales, estatales y comunitarias, por el otro, al atender diferentes condiciones y necesidades por medio de la construcción de nuevas bases para el ejercicio de la autoridad y la toma de decisiones en educación y el bienestar humano al que ella está referida.

Por esta razón, la gobernabilidad en la educación exige también nuevas formas de relación entre la Secretaría de Educación Pública, las secretarías de educación o sus equivalentes en las entidades y la organización sindical de los trabajadores de la educación, de modo que la prioridad sea el desarrollo personal y comunitario. Aunado a lo anterior, es importante tomar en cuenta que el aseguramiento de la gobernabilidad de la educación requiere marcos jurídicos idóneos en distintos niveles jerárquicos de la administración que se apoyen en los aprendizajes que los años de la reforma han propiciado.

¿Qué factores contribuyen al desarrollo de una política de Estado, más allá de una política de gobierno? Latapí responde a esta pregunta con las siguientes respuestas: a) compromiso político de los actores involucrados, b) coyunturas especiales, c) base legal, y d) posición del legislativo¹¹. No obstante la importancia de las premisas anteriores y su prioridad lógico- política, no debe olvidarse la necesaria articulación de las dimensiones pedagógica y curricular con la gobernabilidad general del sistema. Es en el ejercicio de la autoridad educativa en los niveles macro -y meso- del sistema que deben garantizarse las condiciones materiales, laborales y políticas que favorezcan que los centros educativos ligados a sus comunidades puedan hacer su trabajo concentrando sus esfuerzos en una tarea específica: la formación de ciudadanos.

Reglamenta la educación, las normas relativas a la organización y funcionamiento de la Secretaría de Educación Pública; la cual tiene como propósito crear las condiciones para asegurar el acceso de todos los mexicanos a una educación de calidad, que constituya el eje fundamental del progreso cultural, científico, tecnológico, económico y social. En la construcción de una nación que responda a los valores de honestidad, honradez, respeto, compromiso, solidaridad, integridad, liderazgo, actitud de servicio, disciplina e igualdad.

La educación y como consecuencia el proceso enseñanza-aprendizaje, se encuentran regulados en materia federal como la principal función de la Secretaría de Educación Pública, tomando en consideración los sujetos que aquí intervienen, las relaciones entre ellos, la vinculación con las autoridades y sociedad. Por esta razón, la reforma educativa de 2013 es la respuesta del gobierno de la República a los retos que plantea mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje, colocando a los alumnos en el centro del sistema educativo, para transformar la relación entre autoridades, maestros, alumnos, padres de familia y la sociedad en general.

Corresponde a los gobiernos el cumplimiento de las obligaciones, tanto de índole jurídico como político, relativas al suministro de educación de calidad para todos y la aplicación y supervisión más eficaces de las estrategias educativas. Ahora, bien el Banco Mundial refiere que la educación, es un factor poderoso que impulsa el desarrollo, además de ser uno de los instrumentos con mayor eficacia para reducir la pobreza y mejorar la salud, la igualdad de género, la paz y la estabilidad.

En conclusión, el cambio en la educación mexicana, como producto de la reforma, es un proceso abierto. Su eficacia depende del compromiso de los actores sociales y políticos con el fin primordial de toda acción educativa: el desarrollo humano. Elemento fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; proceso permanente que contribuya al progreso de los estudiantes y a la transformación de la sociedad, factor determinante para la adquisición de conocimientos y para la formación de ciudadanos con sentido de solidaridad social; Emile Durkheim destaca “la sociedad determina los fines de la educación, a través de ésta se cultiva lo mejor del ser humano”. Durante el siglo XX, nuestro país fue formando un sistema educativo de grandes dimensiones y con diversidad de sus funciones sociales. El tema educativo es responsabilidad de todos y cada uno de los mexicanos, por lo que por honor y amor a la Patria, estamos obligados a participar activamente en la construcción de un mejor país.

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Notas

Notas de autor

Información adicional

Cómo citar: Villasana-Rangel, Patricia “Retos y perspectivas de la sociedad del conocimiento en el marco de la Nueva Gestión Pública y del Buen Gobierno” Revista Buen Gobierno No. 25. Julio– Diciembre 2018 E-ISSN: 2683-1643 Fundación Mexicana de Estudios Políticos y Administrativos A.C. México

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