INTRODUCCIÓN

La vigencia de los gobiernos sin mayoría²a nivel federal en México, entre 1997 y 2018, significó el establecimiento de una dinámica del régimen político que se reflejó en dos aspectos centrales. El primero es que, habiéndose terminado la hegemonía de un solo partido en las instituciones públicas, las distintas fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo tuvieron la necesidad de negociar y entrar en acuerdos para tomar sus decisiones, en tanto que ninguna de ellas contó con la mayoría absoluta para aprobar por si sola leyes reglamentarias y menos la mayoría calificada para reformar la Constitución. El segundo aspecto es que la pluralidad instaurada en el Congreso permitió la activación del sistema de pesos y contrapesos que es propio de un régimen de poderes separados³, pues al no contar ya con mayoría parlamentaria de su mismo partido, el Ejecutivo dejó de ser el actor determinante en materia de legislación y el Legislativo adquirió autonomía en sus resoluciones.

La pluralidad y autonomía del Poder Legislativo, a su vez, tuvieron como efecto que las organizaciones sociales dejaran de acercarse exclusivamente a la Presidencia de la República para expresar sus intereses y demandas en temas de legislación, como ocurría en el viejo régimen autoritario que prevaleció en el siglo XX⁴. Dichas organizaciones ahora procuran vincularse directamente con los diputados y senadores porque saben que ellos ostentan el poder político para definir las leyes. La transición democrática significó, en efecto, el establecimiento de un modelo de representación que permite a los ciudadanos organizados vigilar el quehacer gubernamental y participar con propuestas en la hechura de políticas públicas. Es común que organizaciones de empresarios, sindicatos, asociaciones profesionales, grupos de causa y agencias de cabildeo establezcan relaciones permanentes con los representantes populares con el propósito de presentarles sus demandas e influir en sus decisiones⁵. No es posible, por supuesto, afirmar que estos actores sociales hayan dejado de acudir a las diferentes instancias del Poder Ejecutivo para externar ciertas preocupaciones y demandas legislativas; sin embargo, es sobre todo en el Congreso donde dirigen sus esfuerzos de persuasión porque son conscientes de que es ahí donde se decide, finalmente, el contenido de una ley o reforma.

Sin embargo, tratándose especialmente de los grupos empresariales, se creó en las últimas dos décadas una idea negativa de su participación en la toma de decisiones públicas en general, y en la fase de su formulación legislativa en particular. En el periodo en que gobernó el PAN en México (2000-2012), a estos grupos se les llamó, sin mucho rigor conceptual, “poderes fácticos”, y se extendió la opinión de que lograban imponer sus preferencias tanto al Ejecutivo como al Legislativo en la toma de sus decisiones. Se dijo que el mexicano era un Estado débil, capturado por intereses creados, por un sistema de privilegios largamente incubado durante la doble transición hacia la democracia y la apertura económica, lo cual dio pie a que se formase una economía oligopólica, un “capitalismo de cuates”. Los ejemplos para respaldar esta idea fueron el causimonopolio en la telefonía, el “duopolio televisivo” y la incapacidad del Estado para recaudar impuestos debido a que se mantenía un “régimen de consolidación fiscal” que beneficiaba a los más ricos del país⁶.

Los actores políticos que constituyeron el Pacto por México (gobierno federal, PRI, PAN y PRD), en el año 2012, partieron del diagnóstico anterior para impulsar su programa de gobierno. El sentido político del Pacto fue aprender de la experiencia de negociación política en gobiernos sin mayoría para tratar de trascender la práctica de alianzas legislativas coyunturales e inestables, como había ocurrido en los sexenios panistas, porque ello se consideraba causa de la incapacidad de los poderes públicos para sacar adelante las reformas estructurales⁷ frente a las cuales oponían resistencia los “poderes fácticos”. Había entre la clase política cierta conciencia de que la transición y los años de la alternancia habían producido una dispersión del poder político a tal punto que la fuerza del Estado había disminuido en relación con los intereses particulares. Trataron, en consecuencia, de conformar una coalición legislativa amplía y estable para recuperar la rectoría del Estado en la vida nacional. En esta coyuntura, los grupos empresariales enfrentaron retos muy importantes para legitimar su participación en los procesos legislativos y hacer válidas sus demandas.

El propósito de este ensayo es analizar el papel jugado por los grupos empresariales en el Congreso mexicano durante la LXII Legislatura, tomando como ejemplos los procesos legislativos correspondientes a las reformas fiscal y de telecomunicaciones. Se escogieron estas reformas porque ellas son emblemáticas del intento del gobierno y la oposición por cambiar la relación de fuerzas entre el Estado y el sector privado: en el área de telecomunicaciones, los mercados de la televisión y la telefonía estaban sumamente concentrados en dos grandes empresas, mientras que en el área fiscal siempre fue conocida la incapacidad del Estado para recaudar impuestos suficientes. Para construir el trabajo se acude al método de recrear los procesos legislativos, conjuntando el aparato conceptual con las informaciones consignadas por la prensa y los documentos oficiales. Se trata de hilar los hechos para descubrir en ellos el sentido de la acción política de los participantes.

Para afinar el análisis, identificamos a los grupos empresariales como una especie del género “grupos de interés” y ubicamos sus estrategias de acción bajo el concepto de “cabildeo” (lobbying). La hipótesis principal del ensayo es que si bien los grupos empresariales echaron mano de diversas técnicas de cabildeo para lograr que sus demandas fueran tomadas en cuenta en la hechura de las reformas fiscal y de telecomunicaciones, tuvieron un éxito limitado porque se enfrentaron a un contexto político e institucional desfavorable frente al cual no lograron articular una estrategia eficaz. La firma del Pacto por México por parte del gobierno federal y los principales partidos políticos de oposición, implicó la adopción de fuertes compromisos políticos que llevaron a formar una coalición legislativa más o menos resistente al cabildeo. Frente a ello, los grupos empresariales actuaron de forma aislada e incluso enfrentados entre sí, lo que hizo más difícil defender sus posiciones como sector productivo.

El ensayo se divide en cinco apartados. El primero aborda los conceptos de instituciones políticas, proceso legislativo, grupos de interés y cabildeo utilizados en el análisis; además, se hace un brevísimo recuento de los estudios de los grupos de interés y cabildeo en México. El segundo apartado revisa el marco institucional de la relación de los grupos de interés con el Congreso mexicano. El tercer y cuarto apartados analizan las estrategias de cabildeo directo de los grupos empresariales, consistentes en reuniones privadas con actores políticos y en su participación en las audiencias organizadas por las comisiones legislativas. El quinto apartado comprende las estrategias de cabildeo indirecto y las presiones. En las conclusiones se hacen algunos apuntes sobre el alcance del cabildeo de los empresarios en el Congreso mexicano.

1. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES: INSTITUCIONES POLÍTICAS, PROCESO LEGISLATIVO, GRUPOS DE INTERÉS Y CABILDEO

Los grupos empresariales en México se involucran constantemente en los procesos legislativos porque reconocen que, a partir de ellos, se deciden normas que afectan sus intereses particulares y el interés general. Fácilmente se puede ver que dichos grupos emplean energía y recursos en relacionarse con los poderes del Estado, especialmente con el Presidente de la República, diputados y senadores, con el fin de convencerlos o incluso presionarlos para que escuchen y acepten sus demandas. En un régimen de corte pluralista, como es el mexicano, se puede comprender la influencia de los grupos empresariales en los procesos legislativos bajo el esquema teórico que aborda la relación entre los grupos de interés y las instituciones públicas.

Al hablar de esta relación, conviene tener siempre presente la distinción entre influir en el poder y ejercer el poder político. El poder político –el que ejerce el Estado- es la clase de poder que es capaz de emitir “decisiones colectivizadas soberanas”, esto es, órdenes predominantes y vinculadoras erga omnes, dictados que se aplican a la totalidad de los miembros de una sociedad circunscrita en un territorio determinado⁸. Son actos del poder político emitir normas válidas para todos los ciudadanos de un país y la extracción y distribución de recursos de un sector a otro de la sociedad. Una cuestión clave es que las decisiones soberanas deben ser generales, es decir que habrán de sustraerse a la discrecionalidad de los grupos sociales particulares, quienes sólo aspiran a influir en el poder político pero no a tomarlo en sus manos.

El Poder Legislativo es el poder público encargado de emitir las normas que habrán de acatar todos los habitantes de un país. En México, el ejercicio de este poder se deposita en el Congreso federal, que es una institución política conformada por una serie estructuras, símbolos, reglas y prácticas normalizadas⁹ que ordenan y canalizan las demandas sociales y la pluralidad política para el correcto ejercicio de la representación y la toma decisiones colectivizadas. En este sentido, recuérdense las funciones esenciales que cumple el Poder Legislativo en una democracia, a saber: 1) representación política, 2) vigilancia y limitación del poder del gobierno, 3) legislación y 4) aprobación del presupuesto nacional¹⁰. El establecimiento de los gobiernos sin mayoría en nuestro país hizo que en el Congreso se formara una nueva institucionalidad consistente en que las mencionadas funciones del Legislativo se cumplieran a partir de la negociación entre partidos políticos y el cabildeo de las agrupaciones de la sociedad civil. Esto puede verse con claridad en los procesos legislativos.

Un proceso legislativo comprende el conjunto de hechos políticos y procedimientos jurídicos que se desenvuelven en la producción de una ley. Concebido como fenómeno amplio, el proceso legislativo es tanto una sucesión de actos jurídicamente preordenada como un conjunto de patrones de interacción entre partidos políticos y grupos sociales que pugnan porque sus intereses se vean reflejados en una resolución legislativa¹¹. En los regímenes democráticos, dicha pugna se produce de manera abierta y más o menos transparente: los argumentos e intereses de cada fuerza política y social se presentan y discuten en las instituciones y ante la opinión pública. Por este motivo vemos que los diversos grupos de la sociedad civil (empresarios, sindicatos, asociaciones civiles y profesionales, etc.) están en contacto permanente con los legisladores y se hacen escuchar por ellos para proponerles la mejor manera de diseñar una ley según convenga a sus preferencias.

Dentro del amplio espacio de la sociedad civil¹² se encuentran los grupos empresariales a los cuales -para propósitos del estudio de su relación con el Poder Legislativo- puede comprendérseles como grupos de interés. Dennis S. Ippolito y Thomas G. Walker han proporcionado una definición útil de este concepto. Los autores señalan que el “interés” es el deseo consciente -ya sea de carácter material o moral- que comparten personas con afinidades sociales, mismas que se asocian voluntariamente para conseguir su propósito. Cuando estas personas comprenden que sólo pueden satisfacer su deseo mediante la acción colectiva, participando en el espacio público para mantener o producir cambios en los arreglos sociales existentes, se constituyen en grupo de interés. Aunque estos grupos defienden intereses privados, su acción tiene un carácter político en tanto que buscan influir en los dirigentes de las instituciones del Estado para que tomen decisiones favorables a sus deseos¹³. A nuestro juicio, es preferible usar el término “grupo de interés” que el de “grupo de presión” por la razón que ha aducido Lorenzo Arrieta en el sentido de que la “presión” es sólo un método de influencia que implica constreñimiento y que suele usarse después de agotar otros métodos, como la persuasión o convencimiento¹⁴.

Existen dos grandes tipos de grupos de interés. Uno ha sido denominado “grupo de vocación ideológica”, “de causa” o “promoción” y tiene como propósito la defensa de posiciones morales y el impulso de causas sociales (v.g. despenalización del aborto). El otro se conoce como “grupo sectorial” o “de interés económico especializado” y tiene como objetivo “la conquista de ventajas materiales para sus adherentes o la protección de situaciones adquiridas, es decir, que tienden a acrecentar el bienestar de la categoría que representan”¹⁵. Miguel Jerez ubica dentro de los grupos de interés económico a las organizaciones empresariales y de inversionistas, a los sindicatos y a ciertas clases de asociaciones profesionales¹⁶. En este ensayo nos concentramos específicamente en las estrategias de acción política de las organizaciones empresariales.

En términos generales, el conjunto de estrategias y tácticas que utilizan estos actores privados para influir en las decisiones públicas se engloban en el concepto de lobby o cabildeo. Éste se refiere a “la ejecución de ciertas acciones planificadas que un individuo, grupo u organización realiza ante los poderes públicos, directamente o mediante un tercero, para influir en la toma de decisiones a fin de defender y promover sus propios intereses o los de su representado”¹⁷. Los cabilderos de los grupos de interés suelen realizar análisis minuciosos tanto de los temas que promueven como del contexto político e institucional al que buscan tener acceso, con el fin de elegir la mejor estrategia posible; esto implica conocer los procedimientos legislativos, seleccionar a los actores políticos clave que se abordarán, preparar la información y los mejores argumentos que respalden sus posiciones, así como evaluar las mejores tácticas para influir en el ánimo de los tomadores de decisiones¹⁸.

La literatura ubica las técnicas de cabildeo en dos clases: las directas o internas y las indirectas o externas¹⁹. Las primeras operan “directamente ante el actor político que se desea influir y se ejecutan en su ámbito de trabajo o competencia”²⁰; se incluyen aquí los encuentros informales, las entrevistas “cara a cara”, llamadas por teléfono, envío de cartas o correos electrónicos, invitación a almuerzos, cenas o cocteles, participación en foros y audiencias, invitación a impartir conferencias y el apoyo de personas cercanas al funcionario público (key contacts). Las técnicas indirectas o externas son aquellas que se ejecutan a través de la opinión pública, es decir que buscan influir en la percepción de los ciudadanos sobre el quehacer gubernamental. Aquí se contemplan, por ejemplo, las inserciones pagadas en los periódicos, conferencias y boletines de prensa, declaraciones de personalidades con fama pública, levantamiento de encuestas de opinión y difusión de spots²¹. Según Anne Binderkrantz, estudiosa destacada en este tema, las tácticas de cabildeo más usadas por los grupos de interés en las democracias occidentales son el establecimiento de una red de contactos con legisladores afines y la participación en audiencias públicas²².

Los estudios sobre grupos de interés y cabildeo que se han producido en México abordan cuatro grandes vertientes de investigación. En primer lugar se encuentran los trabajos históricos y politológicos que utilizan la teoría clásica de los grupos de presión para analizar las estrategias de influencia de grupos concretos en procesos políticos de coyuntura o de mediana duración²³. Una segunda vertiente -más actual- ha conjugado la mencionada teoría clásica con las teorías de las políticas públicas, con resultados fructíferos²⁴. La tercera trata el asunto desde un punto de vista jurídico, haciendo énfasis en la necesidad de regulación del cabildeo legislativo²⁵. Por último, la cuarta vertiente sistematiza las estrategias y tácticas de cabildeo con vistas a profesionalizar esta actividad²⁶. Este ensayo toma elementos de la primera y segunda vertientes; su aporte radica en dejar constancia de las tensiones entre los grupos empresariales y las autoridades públicas que intentaron -seriamente por primera vez- hacer compatible la pluralidad política con el imperativo de contar con un Estado fuerte.

2. CONTEXTO INSTITUCIONAL DEL CABILDEO EN EL CONGRESO MEXICANO, LXII LEGISLATURA

Suele decirse que el fundamento constitucional del cabildeo de los grupos de interés en México se encuentra en los artículos 8o y 9o que establecen, respectivamente, el derecho de petición y la libertad de asociación. Ciertamente el artículo 9o es esencial para que puedan constituirse dichos grupos, porque señala el derecho de los ciudadanos a asociarse y tomar parte en los asuntos políticos, además de que prohíbe considerar ilegal toda reunión o asamblea que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta a una autoridad. Sin embargo, el derecho de petición se concibe de forma extraña en las normas mexicanas, al menos en lo que atañe a su relación con el cabildeo legislativo.

Por una parte, el artículo 8o constitucional indica expresamente que toda petición se formula por escrito, de manera pacífica y respetuosa, y corresponde a la autoridad a la que haya sido dirigida responder de la misma manera. Por otra parte, los reglamentos del Congreso regulan el cabildeo y el derecho de petición en forma separada, como si fuesen asuntos distintos. Por ejemplo, los artículos 132 y 133 del Reglamento de la Cámara de Diputados facultan a las personas físicas o morales a presentar peticiones que pueden ser legislativas (contienen alguna opinión o propuesta de modificación sobre normas legales vigentes), de gestión (solicitan la mediación de la Cámara ante otras instancias), quejas (presentan alguna inconformidad por actos u omisiones de una autoridad) y de información. Luego, para encontrar las normas sobre cabildeo en el mismo Reglamento hay que remitirse a los artículos 263 a 268, los cuales presentan otros conceptos y procedimientos. El Reglamento de la Cámara de Senadores replica lo anterior al señalar que todas las peticiones se dirigen por escrito a la Mesa Directiva para que las turnen a los órganos que correspondan (art. 278, numerales 1, 2 y 3), mientras que las reglas sobre cabildeo están aparte (arts. 298 y 299).

La regulación del cabildeo legislativo en México, en efecto, se encuentra todavía en el nivel de los reglamentos y no en el de las leyes generales, como ocurre en países como Estados Unidos, Chile y Perú, por mencionar ejemplos²⁷. Dado que la Ley Orgánica del Congreso General faculta a cada una de sus Cámaras a expedir su reglamento sin la intervención de la otra (art. 3o), se tienen reglas diferentes sobre cabildeo en cada recinto parlamentario. La Cámara de Diputados resulta ser la más “exigente”. De acuerdo con su Reglamento, todo individuo que busca cabildear ahí por más de una vez debe inscribirse, al inicio de la legislatura, en un registro público que elabora la Mesa Directiva, siendo veinte el número máximo de cabilderos por cada comisión y dos por cada persona moral inscrita, con posibilidades de incrementarse según lo estime la propia Mesa (art. 264, numerales 1 y 4). Para realizar la inscripción sólo se pide el nombre del solicitante, copia de identificación vigente, domicilio, lista de comisiones en las que está interesado y, en el caso de personas morales, relación de quienes se acreditan como representantes legales. Con esto se obtiene una credencial con la que se puede cabildear por toda la legislatura. En el Senado, hasta 2015 no había registro público, número máximo de cabilderos, ni mayores trámites, sólo se indicaba que las comisiones deben informar a la Mesa Directiva sobre las actividades de los cabilderos (art. 298, numeral 2)²⁸.

A todo esto se agrega la opacidad con que se puede manejar la información generada por las actividades de cabildeo. El Reglamento de la Cámara de Diputados ordena publicar esta información en el micrositio de internet de cada comisión legislativa (arts. 244 y 266 numeral 2), pero en general no se cumple esta norma. El Senado no previene publicación alguna. Como puede verse, este marco institucional representa una invitación al frenético cabildeo directo, “cara a cara”, sin transparencia ni rendición de cuentas, como en efecto suele ocurrir en los procesos legislativos. Con todo, hay disposiciones que buscan prevenir los actos de corrupción. Los diputados, por ejemplo, están obligados a informar de los asuntos en los que tengan intereses y excusarse de participar en su tratamiento (art. 8, fracc. VI); además, deben renunciar a obtener beneficios económicos o en especie para sí, sus parientes, socios o empresas por las actividades inherentes a sus funciones (art. 8, fracc XIII). También tienen prohibido hacer recomendaciones que equivalgan a cabildeo cuando ello les represente algún beneficio económico y no pueden aceptar dádivas de parte de ningún cabildero (art. 265, numerales 1 y 2).²⁹ Los senadores, por su parte, están obligados a informar y excusarse de los asuntos parlamentarios en los que tengan intereses privados (art. 10, numeral 1, fracc. VII), así como a rechazar cualquier dádiva de algún cabildero (art. 299, fracc. 1). Sin embargo, para todo lo que tiene que ver con el conflicto de interés, el Reglamento del Senado remite a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Otro aspecto importante a considerar es el conjunto de reglas que permiten a los órganos del Congreso contar con espacios para organizar foros y audiencias en los que participen los grupos de interés. Los Reglamentos de ambas Cámaras depositan en las comisiones legislativas la atribución de celebrar, si lo estiman conveniente y por una decisión de la mayoría de sus integrantes, consultas, audiencias, entrevistas o foros con el fin de escuchar a funcionarios públicos, grupos de interés y especialistas respecto de un tema que se halle en trámite (art. 177 Reglamento de C.D.; art. 133 Reglamento del Senado). Cuando el Poder Legislativo se encuentra decidiendo sobre un asunto que causa polémica, suele abrir estos espacios para escuchar a todos los interesados y distender el clima político. Las audiencias constituyen la cara más institucional de las relaciones entre los legisladores y los grupos de interés.

A pesar de estas reglas tan flexibles, para los grupos empresariales no es tan sencillo influir en los procesos legislativos, como pudiera pensarse. Porque no solamente se enfrentan a la competencia de otros grupos con intereses divergentes y hasta contrarios a los suyos, sino que también tienen la necesidad de adaptarse a un arreglo institucional diseñado para que los partidos políticos tengan pleno control del procedimiento legislativo. La normatividad interna del Congreso mexicano permite a las fracciones parlamentarias, a través de las comisiones, la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva en ambas cámaras, manejar la agenda legislativa, decidir los ritmos de la negociación parlamentaria y determinar el modo en que culmina el proceso (con una decisión o no-decisión)³⁰. Ello implica que los grupos empresariales tienen un rango más o menos amplio de incertidumbre, porque no siempre pueden conocer el contenido de los acuerdos y compromisos a los que llegan los legisladores. De ahí que busquen siempre aprovechar los “puntos de acceso”³¹ de la política legislativa, esto es, todo resquicio institucional para cabildear lo más posible en la fases de formación, revisión y aprobación de las leyes, además de procurar incidir en la opinión pública con el fin de ganar legitimidad en sus posturas.

2. CABILDEO DIRECTO DE LOS GRUPOS EMPRESARIALES EN LAS CÁMARAS DEL CONGRESO. CONTACTOS PERSONALES Y REUNIONES PRIVADAS

En el año 2012, los líderes políticos que participaron en el Pacto por México sostenían, como una de las claves de su diagnóstico del país, que los últimos 15 años de gobiernos divididos se habían caracterizado por una franca improductividad legislativa en áreas estratégicas de política económica, debido a la resistencia que oponían los grupos de interés³². Para ese momento ya era un lugar común entre los analistas y líderes de opinión la idea de que nuestra democracia era “defectuosa” debido a que los “poderes fácticos” se habían impuesto a la institucionalidad del Estado mexicano. En particular, se decía que los gobiernos de la alternancia no habían sido capaces de impulsar las reformas estructurales, en parte por la incapacidad de operación política del Presidente y su partido, y en parte porque los grupos de interés se las arreglaban para impedir que las autoridades públicas acometieran dicha tarea. Los miembros del Pacto se hicieron eco de este planteamiento y declararon lo siguiente en el documento donde plasmaron sus acuerdos:

La creciente influencia de poderes fácticos frecuentemente reta la vida institucional del país y se constituye en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del Estado mexicano. En ocasiones, esos poderes obstruyen en la práctica el desarrollo nacional, como consecuencia de la concentración de riqueza y poder que está en el núcleo de nuestra desigualdad. La tarea del Estado y de sus instituciones en esta circunstancia de la vida nacional debe ser someter, con los instrumentos de la ley y en un ambiente de libertad, los intereses particulares que obstruyan el interés nacional³³.

La creciente influencia de poderes fácticos frecuentemente reta la vida institucional del país y se constituye en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del Estado mexicano. En ocasiones, esos poderes obstruyen en la práctica el desarrollo nacional, como consecuencia de la concentración de riqueza y poder que está en el núcleo de nuestra desigualdad. La tarea del Estado y de sus instituciones en esta circunstancia de la vida nacional debe ser someter, con los instrumentos de la ley y en un ambiente de libertad, los intereses particulares que obstruyan el interés nacional³³.

El Presidente de la República, su equipo de colaboradores más cercano y los dirigentes de los partidos políticos (Partido Revolucionario Institucional PRI, Partido Acción Nacional PAN y Partido de la Revolución Democrática PRD), agrupados en el Pacto por México, se imaginaban un Estado fuerte pero no interventor de la economía, uno que fuera árbitro y regulador de las condiciones de competencia del mercado abierto. En este sentido puede entenderse que el segundo de los acuerdos del Pacto proclamara que el Estado mexicano era el responsable de generar condiciones para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad. En particular, el acuerdo señalaba, por una parte, la necesidad de intensificar “la competencia en todos los sectores de la economía, con especial énfasis en sectores estratégicos como telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y energías”; por la otra, se proclamaba el imperativo de “fortalecer la capacidad financiera del Estado” a partir de eliminar los privilegios fiscales³⁴. Resulta claro que las reformas fiscal y de telecomunicaciones eran herramientas especialmente importantes para conseguir el objetivo de fortalecer al Estado frente a los grupos de interés económico³⁵.

En cuanto las iniciativas de reforma en materia fiscal y de telecomunicaciones fueron presentadas a la consideración del Congreso³⁶, los grupos empresariales se dispusieron a actuar y elaboraron estrategias muy minuciosas de cabildeo directo. En ambos procesos legislativos las empresas afectadas optaron ya sea por intentar bloquear las disposiciones que consideraban más dañinas o bien presentar ante los legisladores propuestas para modificar el sentido de las iniciativas. Estos actores sociales se encargaron de elaborar estudios técnicos y argumentos políticos para defender sus posiciones; además, por medio de sus cabilderos se las arreglaron para tener encuentros privados con las autoridades en cuyas manos estaba la posibilidad de cambiar las piezas legislativas, sobre todo los coordinadores parlamentarios en ambas Cámaras, los presidentes de las comisiones legislativas y los Secretarios de Estado. Las técnicas de persuasión más utilizadas fueron el suministro de información, el aprovechamiento de amistades y redes de contacto personal y los ofrecimientos de beneficios en especie a los legisladores³⁷.

Una vez que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados recibió para su estudio y dictamen la iniciativa de reforma fiscal, los cabilderos de empresas nacionales y extranjeras comenzaron a hacer contacto personal con los comisionados y con todas las fracciones parlamentarias. No obstante que solicitaron e hicieron valer su derecho de audiencia en dicha Comisión, dada la enorme cantidad de solicitantes, sólo dispusieron de pocos minutos para exponer sus puntos de vista. Cometieron el error de saturar la capacidad de atención de la Comisión de Hacienda. Ante estas circunstancias, se vieron obligados a pasar jornadas de 12 a 14 horas en la Cámara de Diputados, tiempo en el cual invitaban a legisladores a tomar café o a comer en el restaurante del recinto de San Lázaro, perseguían a los coordinadores y vicecoordinadores de los grupos parlamentarios y buscaban a los presidentes y secretarios de distintas comisiones para conversar “en corto”. Prácticamente vivieron en la Cámara durante los meses de septiembre y octubre en que se tramitó la reforma³⁸.

Sin embargo, en medio del proceso sucedieron acontecimientos que enrarecieron el ambiente político y colocaron un manto de sospecha de corrupción sobre la Cámara de Diputados. En primer lugar, trascendió que ex funcionarios públicos aprovechaban sus contactos políticos, familiares o de negocios para hacer cabildeo a favor de empresas privadas. Por ejemplo, se acusó al entonces Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Sebastián Lerdo de Tejada, de incurrir en conflicto de interés porque la agencia cabildera LGT-Lobbying, de la que era socio fundador y dirige su sobrino, Ángel Lerdo de Tejada, operaba en la Cámara a favor de empresas interesadas en revertir diversas medidas de la reforma fiscal³⁹. También se supo que Max Correa, ex diputado por el Partido Nuevo Alianza (PANAL), se había convertido en cabildero de empresas refresqueras y operaba en San Lázaro, aprovechando sus contactos políticos, para revertir el impuesto de 1 peso por litro a las bebidas de alto contenido calórico que se proponía en la iniciativa⁴⁰.

En segundo lugar, entre los diputados circuló un documento en el que se indicaba que la agencia cabildera PriceWaterhouseCoopers (PwC) ofrecía a empresas nacionales y extranjeras “tirar” o “modificar” artículos de la reforma fiscal, servicio por el cual supuestamente cobraba 1 millón de dólares más IVA⁴¹. Por si fuera poco, a lo anterior se agregó el fuerte rumor de que los cabilderos ofrecían canonjías a los diputados, como viajes al extranjero con todos los gastos pagados, pases para asistir a peleas de box en “ring side”, a partidos de futbol americano en primera fila y a carreras de Fórmula 1⁴².

Estas circunstancias obligaron a los diputados a hacer una pausa en la discusión de la reforma fiscal para abocarse a modificar el Reglamento de la Cámara de Diputados con el objetivo de poner mayores restricciones al cabildeo. El cambio consistió en limitar el número de cabilderos a 20 por cada comisión, impedir que cualquier servidor público y sus cónyuges y parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado lleven a cabo actividades de cabildeo; asimismo, prevenir que el personal de apoyo de la Cámara acepte dádivas de los cabilderos. Esto se hizo con base en una iniciativa de la diputada de Movimiento Ciudadano Merilyn Gómez Pozos, en ese momento Secretaria de la Mesa Directiva⁴³. Hubo un momento en que la aprobación de esta reforma al Reglamento se retrasó y los diputados de Movimiento Ciudadano acusaron al PRI de congelar el dictamen porque, según ellos, eran los miembros de éste último partido los que más incurrían en conflicto de interés. No obstante, el 15 de octubre de 2013 los diputados aprobaron los cambios al Reglamento con 457 votos a favor⁴⁴. Diversas agencias cabilderas criticaron las nuevas regulaciones, especialmente la restricción de tener sólo 20 cabilderos por comisión, argumentando que ello podía abrir la puerta al cabildeo “fuera de las Cámaras y del escrutinio público”⁴⁵.

Mientras lo anterior ocurría, los grupos empresariales no cejaron en su actividad y procuraron sostener reuniones privadas con los coordinadores parlamentarios y presidentes de comisiones dentro y fuera del Congreso. Por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE-C) se reunió en Cancún con el coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, para plantearle su rechazo a la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a congresos y convenciones, Impuesto sobre la Renta (ISR) en tiempos compartidos, IVA a créditos para la vivienda y 16% de IVA a estados fronterizos⁴⁶. Por su parte, el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, y el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, José Yunes Zorrilla -también del PRI-, tuvieron reuniones con representantes del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) y Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Vivienda (CANADEVI); asimismo con Juan Pablo Castañón, entonces dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), y con Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Los empresarios expresaron a los legisladores su preocupación de que la reforma fiscal desincentivaría la inversión nacional y extranjera, así como la creación de empleos; en especial, rechazaban la homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en estados fronterizos, los impuestos a los dividendos de las empresas y a las utilidades de las personas físicas, el límite a la deducibilidad de prestaciones laborales y el nuevo monto de ISR que tendrían que pagar⁴⁷.

Desde luego, por la propia naturaleza de la reforma fiscal, las estrategias de cabildeo directo también incluyeron muchas reuniones privadas con el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Fácilmente puede notarse que la estrategia de los grupos económicos consistía en convencer al Secretario de sus demandas para que éste, a su vez, girara instrucciones al grupo parlamentario del PRI en ambas Cámaras para que aplicara los cambios demandados. Trascendieron los encuentros que Videgaray sostuvo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Asociación de Bancos de México (ABM), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación CANACINTRA y la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera (CNIAA). Entre los asuntos que trataron se encuentran la inconformidad con los nuevos impuestos a los créditos hipotecarios, el impuesto de 7.5% a las regalías de las empresas mineras, el límite a la deducción de las prestaciones sociales, el IVA a las colegiaturas, los impuestos a las importaciones temporales, la homologación del IVA en la frontera y el impuesto especial a bebidas azucaradas⁴⁸.

Para los procesos sobre las reformas constitucional y legal en telecomunicaciones no se cuentan con datos tan precisos como en el caso anterior, pero sí existen algunos indicios. Por ejemplo, el presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani, acudió personalmente a la Cámara de Diputados y al Senado a presentar un estudio en el que rechaza los términos de la iniciativa de reforma constitucional y pide que el Estado mexicano ponga a disposición del sector privado el uso del espectro radioeléctrico en las bandas de 700 MHz, 1.7/2.1, 2.3, 2.5 y 3.5 GHz, elimine los impuestos especiales en telecomunicaciones, reduzca los impuestos en servicios y equipos e incentive esquemas de participación público-privada para la inversión en infraestructura del sector^49.

Cuando las leyes reglamentarias se presentaron al Senado, el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Cervantes Andrade (PRI), recibió sendas cartas de los directivos de las principales empresas telefónicas del país. Una de ellas la envió el Director de Telmex, Héctor Slim Seade, en la que se queja de que el Estado mexicano creó monopolios regionales al otorgar concesiones para televisión de paga, lo cual impide la competencia, la convergencia en telecomunicaciones⁵⁰ y la participación de Telmex en la prestación de ése servicio⁵¹. Días después, Francisco Gil Díaz, Director de Telefónica México (a la sazón, aliada de Televisa), envió otra carta de para rebatir lo que Slim Seade había dicho en la primera, señalando que México pierde en crecimiento económico cada año 2% del PIB a causa de Telmex-Telcel y que este consorcio cumple con los “cuatro mandamientos del monopolio: 1) Niega, 2) Retrasa, 3) Deteriora y 4) Estrecha el margen del competidor”⁵².

La receptividad que tuvieron los legisladores con las demandas de las empresas de telecomunicaciones no fue la misma en ambas Cámaras. En general, los diputados presentaron mayor resistencia a los cabilderos que los senadores. Un día después de que la iniciativa de reforma constitucional se turnara a comisiones en la Cámara de Diputados, el Presidente de la Mesa Directiva, Francisco Arroyo Vieyra (PRI), marcó la pauta con que se daría el procedimiento legislativo al declarar que si las reformas estructurales servían “para abundar las ya enormes panzas de los monopolios y los capitostes, entonces no deben contar con nosotros”⁵³. De alguna manera, esta actitud se reflejó en la celeridad del trámite legislativo, porque el día 12 de marzo de 2013 la iniciativa se turnó a comisiones y para el día 22 ya había sido aprobada por el pleno.

En contraste, en el Senado se le dio mucho mayor margen al cabildeo directo gracias al impulso de los senadores panistas que antes habían formado parte del equipo de gobierno de Felipe Calderón. El tono lo dio Javier Lozano, quien hizo notar que no había manera de impedir “encuentros en corto” de los senadores con los concesionarios de la televisión⁵⁴. Los hechos mostraron que los senadores panistas fueron los más sensibles a las demandas de las televisoras. Ellos decidieron, en el caso de la reforma constitucional, defender el que un juicio de amparo indirecto suspenda las resoluciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) y Comisión Federal de Competencia (COFECE) cuando éstas perjudiquen a las empresas, y en el caso de las leyes reglamentarias, que la declaración de preponderancia de las empresas en telecomunicaciones se haga tomando en cuenta el sector en el que operan y no los servicios que prestan⁵⁵. En general, el grupo de senadores calderonistas hicieron todo lo que estuvo a su alcance para romper los consensos legislativos emanados del Pacto por México debido a una disputa que sostenían con su dirigente nacional, Gustavo Madero.

4. PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS EMPRESARIALES EN AUDIENCIAS DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS

Otra forma de cabildeo directo que utilizan los grupos económicos en el Congreso es participar en los foros y audiencias organizadas por las comisiones legislativas. Estos encuentros constituyen la práctica formal más característica de las relaciones entre los legisladores y los grupos de interés en la institucionalidad del Congreso mexicano. Se trata de reuniones públicas en las que los grupos empresariales, académicos, intelectuales, periodistas, consultores y asociaciones civiles tienen la oportunidad de presentar sus argumentos técnicos, políticos y hasta morales sobre proyectos de ley y reforma ante los coordinadores parlamentarios y los presidentes de las comisiones dictaminadoras.

En el caso de la reforma fiscal, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados realizó 86 audiencias repartidas en cuatro días (24 y 25 de septiembre y 1 y 2 de octubre de 2013) para atender a los 252 cabilderos solicitantes. Esto implicó que cada día se celebraran en promedio 21 audiencias, que cada una durara entre 30 y 40 minutos, que participaran 100 ponentes -pero cada uno con muy poco tiempo disponible para expresar sus planteamientos- y que se trabajara en jornadas de más de 13 horas en la Comisión⁵⁶.

Con respecto a la reforma constitucional en telecomunicaciones fueron los senadores panistas más identificados con el expresidente Calderón los encargados de impulsar los foros de consulta. Cabe recordar que la Cámara de Diputados aprobó con celeridad la iniciativa proveniente del Pacto por México, a través de dictaminar en una sola comisión y sin hacer ningún tipo de consulta pública, con la pretensión de proteger los acuerdos políticos de la influencia de los grupos de interés. Sin embargo, al llegar la minuta al Senado, el Presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero Arroyo y otros senadores panistas pugnaron porque se organizaran foros y se diera turno a cuatro comisiones dictaminadoras (Puntos Constitucionales; Estudios Legislativos Segunda; Radio, Televisión y Cinematografía; y Comunicaciones y Transportes) aun cuando el Reglamento señala que deben ser hasta tres (art. 178, numeral 1). Esto fue visto como un intento del grupo calderonista por retrasar la aprobación de la reforma para contraponerse a la estrategia del Pacto por México, desautorizar la línea política dictada por la dirigencia nacional del PAN y beneficiar a los empresarios⁵⁷. En todo caso, se organizaron foros de consulta los días 10, 11 y 12 de abril de 2013, todos dirigidos por el senador panista Javier Lozano⁵⁸. En el caso de las leyes reglamentarias, la cámara de origen fue el Senado de la República, por lo cual las mismas cuatro comisiones del caso anterior siguieron el mismo método de trabajo y organizaron el “Foro para el análisis sobre las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión” los días 2, 3 y 4 de abril de 2014, donde hubo 49 ponencias; también éstos encuentros fueron moderados por Lozano Alarcón.

En los foros de consulta sobre la iniciativa de reforma constitucional en telecomunicaciones el principal foco de tensión fue el que se manifestó entre las empresas privadas y las autoridades públicas por el grado de intervención y regulación que éstas tendrían en el mercado. Ahí, los empresarios expresaron su preocupación por las propuestas de que un juicio de amparo no pudiera suspender los actos de IFETEL y COFECE; que el Estado manejara por completo la banda ancha de 700 MHz; y que el IFETEL tuviera facultades para regular los contenidos que se transmiten en televisión, radio e internet⁵⁹. Entre otras cosas, lo que ellos dijeron fue que estas medidas los dejaban en la “indefensión jurídica”, que los actos de autoridad podrían ser “violatorios de garantías y derechos humanos”, que la infraestructura de telecomunicaciones en manos del Estado generaría “costos incalculables para la productividad y competitividad” y que la regulación de contenidos llevaría a la “censura o autocensura” ⁶⁰.

En los foros sobre las leyes reglamentarias, Luisa Béjar ha hecho notar que se manifestaron dos ejes de conflicto: en el primero, la confrontación entre los oligopolios de radiodifusión y telecomunicaciones, por un lado, y las pequeñas empresas que buscaban la nivelación de las condiciones de competencia en el mercado, por el otro; en el segundo eje, la pugna entre los representantes de los medios de radiodifusión de uso público y social y los voceros de la radio y la televisión de uso comercial⁶¹.

En el caso de la discusión sobre la reforma fiscal, como era de esperarse, la pugna se dio entre todos los empresarios descontentos con los nuevos gravámenes y la autoridad pública. Los representantes del sector privado defendieron sus intereses ante los legisladores argumentando en las audiencias en términos de lo que ellos concebían como el “interés público” que debía tutelarse. Por tal motivo, sus frases más recurrentes fueron que la reforma “afecta a la clase media y no a los más ricos”, “encarece el empleo”, “acentúa la desaceleración económica de México”, “fomenta la informalidad” y “ahuyenta a las inversiones”. Un caso curioso que ilustra la índole de esta clase de aseveraciones fue la participación de las empresas refresqueras, embotelladoras y de pequeños comerciantes que se quejaron del impuesto de 1 peso por litro a las bebidas de alto contenido calórico. Cuauhtémoc Rivera Rodríguez, dirigente de la Alianza Nacional de Pequeños Comercios (ANPEC), argumentó que el impuesto “es duro para el pueblo” porque el refresco “es una fuente de energía para la gente más pobre”⁶²

5. CABILDEO INDIRECTO Y PRESIONES DE LOS GRUPOS ECONÓMICOS A LOS LEGISLADORES

Los grupos empresariales suelen utilizar estrategias de cabildeo indirecto que consisten en todo tipo de expresiones a través de los medios de comunicación. Sabedores de que a los legisladores les importa mucho su imagen pública, estos grupos se esfuerzan siempre por utilizar los medios para influir en la opinión pública a favor de sus preferencias. Por esa vía buscan disuadir a los diputados y senadores de adoptar medidas que los afecten. Sin embargo, la táctica que resultaría mucho más eficaz, a saber, los spots en radio y televisión, ha caído en desuso desde hace una década a raíz de que la reforma electoral de 2007 prohibió que personas físicas y morales contraten propaganda en dichos medios para influir en las preferencias electorales. Quedaron a su disposición tácticas como inserciones pagadas en los diarios de circulación nacional, conferencias prensa, levantamiento de encuestas, recolección de firmas y campañas a través de las redes sociales. Con todo, cuando la combinación de cabildeo directo e indirecto resulta insuficiente, según la valoración que tengan los grupos empresariales del proceso legislativo, se llega a echar mano de acciones directas que solemos pensar como propias de los movimientos sociales, tales como marchas, bloqueos y plantones, lo cual representa ya formas de presión hacía los legisladores. Por el carácter público y abierto de esta clase de tácticas, revisamos en este apartado el uso de los medios de comunicación y las acciones de presión que utilizaron diversos grupos empresariales en los procesos legislativos aquí tratados.

Un seguimiento de la prensa entre 2013 y 2014, periodo en el cual se confeccionaron y discutieron las iniciativas de reforma constitucional y de leyes secundarias sobre telecomunicaciones y competencia económica, nos ilustra que el recurso predilecto de las empresas interesadas fue el de publicar desplegados en los periódicos. En general, fueron dos tipos de mensaje los que se vertieron en estas publicaciones: por un lado se exhortó a las autoridades públicas a escuchar las demandas del sector privado antes de decidir sobre las piezas legislativas; por el otro, se atacaron entre sí las empresas de la televisión y la telefonía para persuadir tanto a los legisladores como a la opinión pública de sus posiciones.

Ejemplo del primer tipo de mensaje fueron los desplegados del CCE y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión CIRT. El 10 de abril de 2013 el CCE publicó una inserción en los principales diarios de circulación nacional que fue muy comentada por la clase política y los analistas; en ella, el organismo empresarial expresa su preocupación por el artículo 28 de la iniciativa de reforma constitucional que deja “en estado de indefensión” al sector productivo debido a la propuesta de que los particulares sólo cuenten con un juicio de amparo indirecto, sin posibilidad de suspensión del acto reclamado, ante las resoluciones que tome la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). Por su parte, el 3 de abril de 2014 la CIRT publicó un comunicado en el que “celebra” la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pero pide a los legisladores que revisen las multas propuestas (que le parecen “desproporcionadas”) y especifiquen que el operador preponderante en telecomunicaciones (Teléfonos de México Telmex-Telcel) no debe beneficiarse de la gratuidad de contenidos radiodifundidos⁶³.

En cuanto a los ataques que las empresas de telecomunicaciones y radiodifusión se hicieron entre sí, merece destacarse que casi todos los días de febrero a julio de 2014 la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (CANITEC) publicó desplegados muy duros en contra de Telmex. El objetivo era persuadir a los legisladores y a la opinión pública de que las medidas antimonopólicas contempladas en las leyes debían dirigirse en contra del gigante de la telefonía. La CANITEC acusó al consorcio de Carlos Slim de “simulación”, “falta de transparencia”, “mentirle a las autoridades mexicanas”, “presionar al Estado mexicano para poder eliminar a las empresas de televisión de paga” y causar al pueblo de México “una pérdida de 129 mil millones de dólares al año”. Además publicó fragmentos de un supuesto documento confidencial titulado “Proyecto Confidencial Alpha de Telmex-Dish” en el que se indica que la empresa telefónica adquirió derechos corporativos y accionarios sobre el 51% de Dish⁶⁴. Para enfrentar tales acusaciones, Telmex y Dish respondieron, también por medio de desplegados, que entre ambas empresas sólo existe un contrato por servicios de facturación, cobranza y arrendamiento; que es falso que haya participación accionaria entre una y otra; que Televisa debe ser declarada preponderante en televisión de paga; y que toda la información publicada por CANITEC es parcial y malintencionada⁶⁵.

En el caso de la reforma fiscal, las tácticas de los empresarios fueron algo diferentes. Algunos optaron por realizar actos políticos de demostración de fuerza, como fue el caso de organismos empresariales de Baja California que convocaron a la prensa para anunciar la formación de “un bloque opositor” y una “Reunión Ciudadana de Emergencia” para que cualquier persona se sumara al rechazo de la homologación del IVA en los estados fronterizos⁶⁶. También fue el caso de los empresarios del sureste, quienes formaron el “Grupo Quintana Roo” (con 16 asociaciones empresariales y 250 compañías turísticas) que es, según sus promotores, “un movimiento inédito en la historia de la entidad ante la amenaza de una reforma fiscal que, desde la óptica empresarial, dañará principalmente a la clase media y a la pequeña y mediana empresa”⁶⁷.

Por su parte, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) llevó a cabo 4 acciones de cabildeo indirecto en contra del impuesto a las bebidas azucaradas: 1) en septiembre de 2013 levantó una encuesta a 1278 personas de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México que supuestamente demuestra que 92% de las personas está en contra del impuesto, el 70% cree que las “élites políticas” deben bajarse los salarios y 72% cree que la situación económica del país está peor que el año anterior; 2) recopiló e hizo llegar a los legisladores 1 millón 150 mil cartas de ciudadanos que rechazan el impuesto al refresco; 3) recolectó 1 millón 200 mil firmas de propietarios de tienditas que se pronunciaron en contra del mismo impuesto; y 4) publicó una historieta en la que dos personajes, un abarrotero y una ama de casa, piden a los legisladores “¡Que no se metan con el chesco!”⁶⁸.

Otros empresarios recurrieron a las campañas en redes sociales. Por ejemplo, el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX) realizó la campaña “Despertador Social”, que consistió en programar la alarma de los celulares de todas las personas que trabajan en dicha industria, sus amigos y familia, el 14 de octubre de 2013 a las 12 del día, para luego tomar fotos y videos de los sucedido y enviárselas a los legisladores como un mensaje de su rechazo a la reforma fiscal⁶⁹. Asimismo, la COPARMEX de Nuevo León lanzó en twitter la tendencia #tuvotomivoto para “recordarle” a los legisladores que deben representar los intereses de los ciudadanos y votar en contra de los nuevos impuestos que perjudican al sector privado⁷⁰.

Cuando algunos empresarios valoraron que todas sus estrategias de cabildeo directo e indirecto no estaban dando los resultados que esperaban, recurrieron a las presiones. El Presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR), Roberto Díaz Ruíz, ordenó que más de 100 vehículos pesados se apostaran en las calles aledañas al recinto de San Lázaro para protestar en contra de la reforma fiscal. El dirigente de la mencionada ANPEC llevó a su gente a la Cámara de Diputados para realizar un plantón de protesta contra el impuesto al refresco. Por su parte, empresarios de distintos giros de Tamaulipas, Baja California y Ciudad Juárez organizaron marchas en contra de la homologación del IVA en los estados fronterizos; otro tanto hicieron los empresarios de la industria maquiladora y manufacturera en Nuevo León, Baja California y Chihuahua para protestar por los impuestos a las importaciones temporales. Las presiones más graves, a modo de venganza, llegaron una vez que la reforma fiscal fue aprobada. Con motivo de la homologación del IVA en los estados de la frontera, distintos grupos organizaron lo que fue calificado como “una campaña de odio” en contra de los diputados y senadores que votaron a favor de la reforma, declarándolos en espectaculares personas non gratas y destruyendo sus oficinas de gestión⁷¹.

CONCLUSIONES

El presente ensayo ha querido mostrar la complejidad de la relación entre los legisladores y los grupos de interés en la institucionalidad del Congreso mexicano. La enorme cantidad de actores sociales desplegando estrategias muy variadas de cabildeo directo e indirecto en los procesos legislativos no hace sencillo discernir sus resultados. No obstante, se puede hacer un apunte que indique los alcances reales que tuvo la influencia de los grupos empresariales en las reformas y leyes aquí estudiadas.

Una comparación entre las iniciativas y los decretos publicados indica que, entre la serie de incrementos en impuestos planteados por la reforma fiscal, los grupos empresariales lograron, por ejemplo, mantener la exención del pago del IVA en compra, renta y pagos de hipoteca de casa habitación y en colegiaturas de escuelas privadas, pero no consiguieron detener el impuesto a bebidas azucaradas y sólo obtuvieron que el régimen de diferimiento del pago de ISR quedara en 5 años (ya no en 10, como antes ocurría con la consolidación fiscal). En la reforma de telecomunicaciones casi no lograron nada excepto que el must carry no aplicara para empresas cableras que están asociadas con otras empresas de telecomunicaciones que fueran declaradas preponderantes.

En suma, puede decirse que, como siempre ocurre en la política que se hace en los regímenes pluralistas y democráticos, ningún actor gana y pierde todo de una vez y para siempre. Aunque los grupos empresariales no obtuvieron todo lo que hubieran deseado, algo lograron, ya sea en la forma de un beneficio nuevo o en la de lograr detener un perjuicio sobre sus intereses. Su tarea en lo inmediato deberá ser aprender de los aciertos y errores cometidos en estos episodios de la vida parlamentaria mexicana y ajustar sus formas de actuación de modo que sean cada vez más transparentes, con argumentos mejor elaborados y más eficaces políticamente. Esto sin duda enriquecería la discusión pública y legitimaría su participación en la toma de decisiones legislativas.

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Notas

Notas de autor

Información adicional

Cómo citar: Hernández Gutiérrez, Luis Rubén “Cabildeo de los grupos empresariales en el Congreso mexicano, LXII Legislatura” Revista Buen Gobierno No. 25. Julio– Diciembre 2018 E-ISSN: 2683-1643 Fundación Mexicana de Estudios Políticos y Administrativos A.C. México

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