INTRODUCCIÓN

La llegada del llamado gobierno del cambio, autodefinido como la Cuarta Transformación (4T), trae consigo fuertes expectativas puestas en las mujeres, si aludimos a los elementos simbólicos, podremos decir que en los hechos ocho mujeres ocuparon de inicio las posiciones de toma de decisiones gubernamentales más elevadas en las Secretarías de Estado, donde suponemos que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 atenderá a cabalidad la mirada puesta en esta Perspectiva de Género.

Por otra parte, no olvidemos que actualmente el Congreso Mexicano, en ambas Cámaras, cuenta con prácticamente condiciones de paridad, 50/50 mujeres y hombres; lo que pudiera favorecer logros reales para políticas públicas y programas de gobierno que se aluden con esta condición indispensable; así como su transversalización, elemento clave del compromiso irrenunciable del Estado mexicano, encaminado a conseguir efectivas condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; así como erradicar la violencia. Sin embargo, no podemos negar las realidades en materia de violencia contra las mujeres como uno de los principales flagelos que vulneran las expectativas de la 4T en el conjunto de su gobierno.

1. ENTENDAMOS LA PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA EL SIGLO XXI

Al ser uno de los aspectos más importantes para los gobiernos, es indispensable identificar en qué consiste la Perspectiva de Género y por qué se incluye como el elemento recurrente de acción afirmativa para promover condiciones de igualdad entre mujeres y hombres; aspecto que ha sido, sin duda, desarrollado y evocado por el feminismo y que, por tanto, cuenta con un fuerte valor teórico, filosófico, conceptual y empírico, es decir, de participación activa y contundente de y por las mujeres, la cual que debe ser introyectada en la mirada de quiénes gobiernan. De este modo nos remitimos a la puesta del término con un elemento singular a tomar muy en cuenta:

“La enajenación entre las mujeres y los hombres no está en el equipaje de las feministas contemporáneas.

El tercer milenio no debe recrear el patriarcalismo. Por el contrario, el capital material y simbólico del feminismo puede constituirse en estos procesos de compromiso y convergencia, de una vez por todas en patrimonio de la humanidad.

Basta con reconocer en la humanidad la posibilidad del encuentro en igualdad entre mujeres y hombres. La igualdad entre los únicos seres equiparables: las humanas y los humanos” (Lagarde, 2018:11).

Sin duda, la propuesta feminista es una de las grandes alianzas para comprender y perfilar las condiciones de igualdad que se pretenden establecer a partir de miradas más profundas y comprometidas en esta expectativa trasformadora de gobiernos con una alta legitimidad democrática, donde el grueso de la población, mujeres y hombres, pondrían su confianza en aras de logros de gobiernos efectivamente incluyentes y no discursivamente prometedores del quehacer administrativo. En este entendido,

“La Perspectiva de Género está basada en la teoría de género y se inscribe en el paradigma cultural del feminismo…El análisis de género es la síntesis entre la teoría de género y la llamada perspectiva de género derivada de la concepción feminista del mundo y de la vida. Esta perspectiva se estructura a partir de la ética y conduce a una filosofía poshumanista, por su crítica de la concepción y androcéntrica de la humanidad que dejó fuera a la mitad del género humano: las mujeres…” (Lagarde, 2018:13).

En esta tesitura no esperaríamos una Perspectiva de Género anquilosada en las miradas de estructuras patriarcales en la toma de decisiones o verticalizadas y acordes a propuestas o políticas de gobierno con una mirada limitada, dejando de lado las condiciones que actualmente reclaman las mujeres, por tanto, reposicionar la Perspectiva de Género desde su dimensión original, el feminismo, obliga, per se, a las mujeres y hombres que ocupan cargos de toma de decisión estatal enfoques de género afinados y certeros para atender las problemáticas sociales más apremiantes para las mujeres en el espacio privado y público. Así “…la perspectiva de género tiene como uno de sus fines contribuir a la construcción subjetiva y social de una nueva configuración a partir de la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y la política desde las mujeres y con las mujeres” (Lagarde, 2018:13).

Si tenemos prevista esta ruta de ascenso de la Perspectiva de Género para el siglo XXI, con su propio asiento en la década de los años noventa del siglo XX y a su vez, el encuadre desde el feminismo con su tradición de poco más de 200 años, por tanto, su incursión no puede ser tersa, lejos de ello. En sus términos:

“Entendemos el feminismo como una teoría crítica¹ y, en tanto que tal, se inserta en la tradición de las teorías críticas de la sociedad…Así pues, la teoría feminista, en cuanto teoría, se relaciona con el sentido originario del vocablo teoría: hacer ver. Pero, en cuanto teoría crítica, su hacer ver es a la vez un irracionalizar, o si se quiere, se trata de un hacer ver que está en función del irracionalizar mismo” (Amorós; De Miguel; 2005, 2010:5-16)

Es pues dentro del amplio espectro de la teoría crítica feminista que encontraremos expectativas más claras de comprensión de realidades diversas y complejas con altas posibilidades de efectividad en la explicación del hecho o fenómeno puesto desde el análisis de género.

Desde la visión de Celia Amorós y Ana de Miguel, tenemos que:

“En este sentido, puede decirse que la teoría feminista constituye un paradigma, al menos en el sentido laxo de marco interpretativo que determina la visibilidad y la constitución de hechos relevantes de fenómenos y aconteceres que no son pertinentes ni significativos desde otras orientaciones de la atención. Ahora bien, la teoría feminista es militante, y en este sentido no puede decirse que se le adecuen las connotaciones relativistas que la noción de paradigma ­­­-en el sentido que lo utiliza Kuhn- lleva consigo: la teoría feminista, precisamente, es crítica con esas orientaciones de la atención desde las que no se percibe los hechos que son objeto de su teoría, trata de poner en evidencia sus sesgos en cuanto sesgos no legítimos que obvian o distorsionan lo concerniente a la mitad de la especie con la pretensión, además -como ocurre en el discurso filosófico tradicional- de autoinstituirse en expresión histórica de su <>…”(Amorós; De Miguel; 2005, 2010:17) (Amorós; 1985).

Con esta construcción, que, si bien parece inicial, ya involucra un profundo cuestionamiento a las formas y actuares que se han ejecutado en términos de aplicación efectiva para atender los temas que más aquejan y violentan a las mujeres, mismos que no logran ser resueltos paulatinamente, mucho menos de tajo, por parte de la responsabilidad gubernamental. Las mujeres y los hombres a cargo de los puestos de alto nivel de la Administración Pública Federal mexicana en todos sus órdenes de gobierno, así como en la Cámara de Diputados, el Senado de la República y los Congresos locales, con el apelativo de Cuarta Transformación, requieren invariablemente una seria y extensa mirada de género asentada en el feminismo y su teoría crítica feminista, de otro modo, los esfuerzos por hacer un trabajo asertivo para y por las mujeres en México, de nueva cuenta se podrían ver frustrados. Recordemos que los términos de la igualdad es entre mujeres y hombres, no es plausible que uno avance sin el concierto del otro. Así, “La perspectiva de género permite analizar y comprender las características que definen a las mujeres y a los hombres: el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, así como los conflictos institucionales y cotidianos que deben enfrentar y las maneras en que lo hacen…” (Lagarde, 2018:15).

Por ello, aun teniendo en cuenta este aspecto, es imprescindible ser claros en la construcción diferencial del Género, puesto en los distingos culturales y sociales determinados de forma no natural; así como en las claras demandas de uno y otro. Asunto que es por demás complejo, ya que “…cada mujer y cada hombre sintetizan y concretan en la experiencia de sus propias vidas el proceso sociocultural e histórico que los hace ser precisamente ese hombre y esa mujer: sujetos de su propia sociedad…y de los lugares en que su vida se desarrolla” (Lagarde, 2018:29).

En estas condiciones la efectiva Perspectiva de Género cobra un sentido más auténtico para un gobierno marcado por cambios medulares en su composición y estructura, un gobierno en estricto sentido democrático, legitimado con elementos de paridad institucional en el ámbito Legislativo y paridad en las labores que le competen a la estructura del Ejecutivo. Sin duda, como mencionada Gloria Ramírez, feminista y académica, coordinadora de la Cátedra UNESCO en Derechos Humanos de la UNAM; “…El movimiento feminista ha reconocido la importancia de empatar las agendas feministas con las agendas democráticas. En este sentido, el feminismo plantea la urgencia de construir una democracia que tome en cuenta a las mujeres, sus intereses, aspiraciones y necesidades, lo que ha llevado a afirmar que lo que no es bueno para la democracia no es bueno para las mujeres” (Ramírez, 2018:47). Veamos pues hasta dónde los alcances.

2. POSIBILIDADES DE INCIDENCIA DE LA 4T EN LA EFECTIVA TOMA DE DECISIONES GUBERNAMENTAL ANTE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

De esto podemos derivar las posibilidades de una incidencia significativa en materia de Género en las acciones de gobierno a emprender, pero las condiciones no parecen ser tan favorables a la Perspectiva de Género que hemos establecido como condición asociada al propio feminismo y a la búsqueda de efectivas condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, adentrémonos en ello.

En este primer año del Gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, se hubieran esperado acciones absolutamente afirmativas en favor de las mujeres. De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, la población de México es de 119,938,473, personas, donde el 51.4% (61,648,375.10) son mujeres y un 48.6% (58,290,097.9) son hombres. (INEGI, 2015), derivado de la alta proporción de mujeres al frente del gabinete, en ambas Cámara, y en la presidencia de Comisiones Ordinarias del Senado y de la Cámara de Diputados, al día de hoy pudiéramos haber supuesto un abierto y franco apoyo a las políticas públicas que favorecieran condiciones de igualdad sustantiva para las mujeres en una lógica democratizadora. Sin embargo, impera el toque de verticalidad por parte del presidente de la República, ante temas sensibles que afectan a poco más del 52% de la población, las mujeres.

El tema más álgido del día a día es la creciente muerte de mujeres por feminicidio y que de acuerdo con las cifras oficiales, asciende de enero de 2019 a la fecha a 10 muertes de mujeres a diario por este artero crimen. Las cifras además de desgarradoras ponen en el centro de atención al gobierno, que se asumió con un alto nivel de legitimidad por lo copioso de la votación en el proceso electoral del pasado 1º. de julio 2018. La propia condición democrática de las mujeres y hombres que otorgaron su confianza al gobierno, debería ser compromiso amplio y suficiente para que el tema de violencia contra las mujeres sea atendido, investigado y resuelto.

La Convención para la Eliminación de las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), instó al Estado Mexicano en julio de 2018 a atender el feminicidio que se vive a nivel nacional. La CEDAW, coloca como una de sus principales preocupaciones y observaciones al Gobierno Mexicano, lo siguiente:

“Las mujeres mexicanas pertenecen a diversos grupos de atención prioritaria, como: indígenas, rurales, migrantes, discapacitadas, privadas de su libertad, afrodescendientes, lesbianas, etc. De manera particular, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) observa con preocupación la existencia de un alto nivel de violencia; no obstante que desde 2012 el Co CEDAW emitió 4 recomendaciones específicas en la materia, en los últimos años la violencia contra las mujeres se ha incrementado. Según datos del INEGI, de enero de 2015 a diciembre de 2016, se registraron un total de 5,118 defunciones femeninas por homicidio. Mientras que, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicadas en enero de 2018, registran un aumento en el número de presuntas víctimas de homicidio doloso, de 2015 a 2017 y en enero de 2018 se registraron 272 asesinatos de mujeres. Es decir, en el primer mes de este año se registraron en promedio casi 9 asesinatos de mujeres al día. Al respecto, la CNDH se ha pronunciado en contra de esta violencia; y forma parte de los grupos de trabajo que atienden las solicitudes de alertas de violencia de género en contra de las mujeres (AVGM) en 27 de las 32 entidades federativas. (CNDH/CEDAW, 2018:4-5).

Este aspecto impacta directamente al cumplimiento que debe darse a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y que no se ha atendido si tomamos en cuenta que se advirtió por parte de la CEDAW tal recomendación para implementarse a fondo, independientemente de quién ocupe el gobierno, lejos de ello. Sumado a esto, Amnistía Internacional ha declarado que las víctimas por feminicidio se han incrementado a 10 por día en el territorio nacional.

“En los primeros dos meses de 2019 la cifra pasó de nueva a 10. Hasta febrero de 2019 se contabilizaron 568 mujeres asesinadas, es decir, un promedio de 10 feminicidios cada día. En ese sentido, la filial en México de AI, presentó la campaña ‘Juntas hasta la vida’. Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, advirtió que el Estado aún no es capaz de identificar, procesar y sancionar a los responsables de los asesinatos de mujeres; ‘tampoco ha podido estructurar acciones de reparación del daño a las familias de las víctimas’. (Amnistía Internacional, 2019a)

Por otra parte, están los programas sociales destinados directamente a ser un apoyo sustantivo para las mujeres, como lo han sido dos Programas que promueven mejores condiciones de vida para las mujeres, las estancias infantiles para madres trabajadoras y los Refugios para mujeres y sus hijos que sufren situaciones de violencia por parte de su pareja; ambos programas fueron calificados de corrupción, de desviación de recursos e inoperantes, por el actual gobierno, con el consecuente efecto negativo y el riesgo de ser cancelados. La suspensión de la Convocatoria para apoyar a los refugios fue anunciada por el presidente de la República el 21 de febrero del 2019, con la consecuente molestia y reclamo de parte de las organizaciones civiles, de los propios refugios, de las mujeres, de la sociedad mexicana y por supuesto de las víctimas.

“¡En México se asesina a diez mujeres diariamente!”, es la voz de alerta de Wendy Figueroa, quien desde 2013 es presidenta de la Red Nacional de Refugios, en entrevista con Crónica, la activista explica su manera de externar su preocupación al presidente López Obrador y a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero: Ideó lanzar una campaña y video para que se conozcan los testimonios de las mujeres que han vivido en carne propia la furia machista, y los refugios civiles como forma de eludirla…” (Crónica, 2019).

Afortunadamente la medida no fue aplicada y tanto las estancias infantiles como los refugios subsisten, fue sustancial la intervención de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, así como de la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Flora Gasman Zylbermann. Con la encomienda de revisar el caso de la Red de Refugios, así como las estancias infantiles, pero no retirarles el apoyo, ya que son espacios vitales para atender a las mujeres madres trabajadoras y a las víctimas de violencia. La mirada crítica de otras feministas y de la sociedad, hizo que el titular del Ejecutivo tomara con precaución la decisión.

Sin duda, el número importante de mujeres que colaboran en los espacios más altos de la toma de decisiones gubernamental deben, en los hechos, ser aliadas de esta lucha frontal contra la violencia que impera contra las mujeres; sin embargo, se ha notado cierta “prudencia” de su parte de frente a la autoridad del presidente López Obrador. Tanto las legisladoras, Diputadas y Senadoras, de morena y de la oposición, ya dieron cuenta de la ausencia de la Perspectiva de Género en el discurso y el actuar del Ejecutivo, para las Legisladoras, las Secretarias de Estados y para el Presidente, sería no sólo un error, sino una profunda falta de sensibilidad humana y política que se desatendieran o desestimaran las millones de voces y reclamos de mujeres ante las situaciones y grados de violencia que van desde el acoso callejero hasta el feminicidio, pasando por todas sus formas y expresiones, violencia sexual, violencia económica, violencia psicológica, violencia verbal, violencia política, que se vive en el país.

El hecho en sí es la violencia contra las mujeres y sus formas, así como la indignación que genera. Sólo hay que voltear a ver la marcha del 8 de marzo en la Ciudad de México, así como escuchar las consignas, reclamos y manifestaciones del pasado 12 de agosto de 2019 en la CDMX, denominadas #Nomecuidanmeviolan, y Diamantina Rosa, de lo cual derivó el Plan de Acción del Gobierno de la CDMX, prácticamente inmediato y que contempla cinco ejes fundamentales: transporte público, espacio público, instituciones de seguridad y justicia, atención a víctimas y campañas permanentes. También destaca la aplicación de un Botón de Auxilio; instalación de 20 mil 875 luminarias en la capital; iniciativa de ley para la creación de un Banco de ADN; y la campaña “No es costumbre, es violencia”.

A ello, no podemos omitir que a lo largo de todo 2019 las expresiones de indignación, que algunos tachan de furia incomprensible, ante hechos tan atroces y humillantes en conta de las mujeres, niñas y adultas, han hecho del movimiento feminista en México y del resto del mundo un canal de lucha reivindicativa por los derechos y la vida de las mujeres. Ahí tenemos el performance de “Un violador en tú camino”, surgido en Santiago de Chile por el colectivo Feminista “Las Tesis” en 2018, y que dio a las mujeres un himno de unidad para hacer visibles las formas de violencias incrustradas en los espacios institucionales. Nada más en la Ciudad de México el 29 de noviembre de 2019, se reunieron en la plancha del Zócalo capitalino cerca de 3500 mujeres que, al grito de “Nunca más silencio”, “Ni una más, ni una más, ni una asesinada más”, “Vivas se las llevaron, vivas las queremos”, dieron vida al performance.

La intensidad del movimiento feminista recuperado por las mujeres jóvenes, activistas o no, han puesto en el centro de la acción y el debate fuertes cuestionamientos a las políticas gubernamentales poco efectivas. Incluso, han generado las condiciones para que estas formas de acción sean las detonantes en el diseño de políticas públicas que salen al paso ante la crudeza del reclamo y van destinadas a atender de manera “inmediata”, el flagelo socialmente más lacerante, la violencia contra las mujeres en todos sus rubros y, sustantivamente, la violencia feminicida.

Los detonantes son muchos y ponen en tela de juicio las expectativas de un gobierno que pretende ser “sensible” a la grave problemática, pero que también en sus entrañas ha manifestado formas contrarias a lo que las mujeres esperarían como acciones de un gobierno aludido como progresista en los dichos y su correspondencia con los hechos.

Sin embargo, hay un dato que es importante no perderlo de vista como aspecto sustantivo de los análisis serios que se han realizado por parte del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU, y expuestos en el Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, presentado en el 41er. período de sesiones del 24 de junio a 12 de julio de 2019, y que en sus numerales 20 y 21 expresa lo siguiente:

“… 20. Al mismo tiempo, existe una creciente oposición y retroceso de los derechos de las mujeres en todas partes, incluido un aumento de los movimientos regresivos y una reacción contra el feminismo, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. En ese contexto, el término "género" también está siendo malinterpretado como "ideología de género" y ha llevado a un aumento de la violencia de género contra las mujeres.

21. El aumento del autoritarismo, el populismo y el fundamentalismo ha tenido repercusiones negativas en los esfuerzos por eliminar la violencia contra las mujeres y se han visto reforzados por una tendencia creciente de negar y desafiar las normas internacionales relativas a los derechos humanos y la violencia de género de las mujeres. Una creciente ola de conservadurismo también amenaza con renunciar a las normas y normas establecidas de derechos humanos de las mujeres. A nivel nacional, algunos Estados están aprobando leyes y estatutos que restringen los derechos, el albedrío y la movilidad de las mujeres, incluidas las autoridades estatales que permiten a la llamada "policía de moralidad" utilizar la violencia contra las mujeres”² (Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU, 2019).

Esta observación no es asunto menor si tomamos en cuenta la fuerte proliferación de posturas conservadoras en materia de legislación para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y que han sido estigmatizadas o sometidas a procesos penales. Recordemos que el 15 de octubre el Congreso del Estado de Nuevo León, aprobó “La objeción de conciencia” en la Ley Estatal de Salud. "La objeción de conciencia es el derecho consistente en la negativa a realizar determinados actos o servicios derivados de una orden de autoridad o de una norma jurídica cuando éstos contradicen los propios principios éticos o morales…" (Congreso del Estado de Nuevo León, 2019). O bien, la discusión en la Cámara de Diputados y el Senado de la República sobre extender para todo el territorio nacional la Ley de Interrupción Legal del Embarazo y las negativas conservadoras al respecto. En buena medida, siguiendo la tendencia de la prohibición para las mujeres que desean interrumpir el embarazo por diversas causas no lo lleven a cabo, Dicha Ley fue aprobada en marzo de 2019 por el mismo Congreso del estado de Nuevo León, donde sólo por casos de violación, peligro de muerte o riesgos de salud de la mujer es posible practicarlo, lo que en términos reales y normativos penaliza a las mujeres que, en derecho a tomar la decisión sobre su propio cuerpo, no le es permitido. De tal suerte que:

“Con 30 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó la reforma al artículo 1 Constitucional de Nuevo León para garantizar el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte.

Es decir, que el aborto ahora es motivo de cárcel para las mujeres que recurran a esta práctica en Nuevo León; el dictamen tuvo ocho votos en contra y cuatro abstenciones.

…

Su aprobación reformará el artículo 1 de la Constitución de Nuevo León; se estipula que el Estado reconoce, protege y tutela el derecho a la vida de todo ser humano desde la concepción.

Al respecto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo un llamado al Congreso para rechazar el dictamen, al considerarlo como una contradicción a la Carta Magna y diversos tratados internacionales.

La CEDH advirtió en un comunicado que la aprobación del dictamen limitaría el principio de autonomía de las personas y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, además de colocarlas sólo como un “medio” para el desarrollo del embrión y restringiendo sus derechos” (La Jornada, 2019b).

En estas condiciones las posibilidades de una vida libre de violencia de y para las mujeres es muy restringida en términos de salud sexual y reproductiva en el estado neolonés. Los derechos ganados hacen justicia; sin embargo, esta restricción por sí misma nos habla de un retroceso democrático dentro del llamado Estado de derecho y lo ponen en tela de juicio.

Mientras que, en el estado de Oaxaca, el pasado 25 de septiembre, el Congreso local aprueba la despenalización del aborto y es, junto con la Ciudad de México, las únicas entidades federativas que cuentan con este derecho.

“Con 24 votos a favor y 10 en contra, el Congreso de Oaxaca aprobó el decreto que reforma el Código Penal del estado para despenalizar el aborto.

Las bancadas de Morena, Partido del Trabajo (PT) y legisladoras independientes votaron a favor, mientras en contra lo hicieron diputados del PRI, PAN y Encuentro Social” (Animal Político, 2019).

Como se puede leer, uno de los partidos aliados del actual gobierno, Encuentro Social, vota en contra de la iniciativa. Por tanto, no podemos aludir que la mirada gubernamental concede apertura. Estos avances tan restringidos, lejos de darle contención a los reclamos de miles de mujeres, lo exacerba. De esto podemos decir que la búsqueda de una Ley Federal para despenalizar el aborto también ha sido un tema de discusión en el Senado de la República, donde senadoras de la propia bancada del partido del gobierno en turno, han declarado abiertamente su negativa por apoyar tal iniciativa incluso en contracorriente con legisladoras del mismo partido en la Cámara de Diputados. Tema donde tanto el Coordinador parlamentario del Senado como el propio presidente de la República han declarado “no ser un tema prioritario y que al tocarse siempre causa polémica” (Expansión Política, 2019).

“… la senadora Lilly Téllez, de Morena, advirtió este viernes que presentará una iniciativa para penalizar el aborto en el país.

La legisladora de Morena ha coincidido con el Congreso de Nuevo León –que aprobó un dictamen para penalizar el aborto– y ha dicho que buscará que a nivel nacional se castigue la interrupción del embarazo…

…

La propuesta de Téllez iría en contracorriente con la iniciativa que presentó en octubre pasado la morenista Lorena Villavicencio Ayala en la Cámara de Diputados, con la que busca despenalizar el aborto a nivel federal…

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado, Wendy Briceño, de Morena, lamentó que en la despenalización del aborto haya retrocesos, pues, defendió, es un tema de derechos humanos (Expansión Política, 2019).

Estas contradicciones entre las mujeres que supondríamos cuentan con una postura progresista y evitarían a toda costa retrocesos en los derechos ganados para las propias mujeres, en especial en la Ciudad de México, confunden a la población; acción que de suyo ya constituye un acto de violencia y discriminación. Estos actos dejan en claro que las observaciones que puntualiza el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU, señalado en páginas previas, cobra real y valioso sentido. Sin duda, las muertes de mujeres por abortos inducidos a nivel nacional, es muy preocupante y tal parece que, como problema de salud pública, y de impacto psicosocial, éste no es uno de los temas de política pública más importantes en la agenda de gobierno. De un estudio relativamente reciente, realizado en 2012 por el Hospital Infantil de México, los datos y las cifras ya eran alarmantes:

El aborto como causa de muerte materna en México es poco notorio dentro de las estadísticas vitales (6% según los datos del INEGI para 2009). Esto representa, de acuerdo con los datos oficiales, que solo murieron 74 de 1207 mujeres por esta causa durante ese año. Sin embargo, de acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, dicho porcentaje es de 13% de la mortalidad materna global y de 24% en la región de América Latina. El importante subrregistro y, sobre todo, el mal registro de la causa se debe, entre otros factores, a la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Según opiniones especializadas, muchas de las muertes atribuidas a las hemorragias son provocadas realmente por complicaciones de abortos que se practican en condiciones de riesgo³. De acuerdo con los estudios realizados por CONAPO, los familiares hablan de "hemorragias" o "infecciones", pero rara vez de aborto. En general, se sabe que las mujeres de los niveles sociales más desprotegidos se ven expuestas en mayor medida a morir a causa de un aborto inseguro (el doble de riesgo) que las de mejores condiciones socioeconómicas…” (Fernández, e tal, 2012:77).

De acuerdo con esta información,

“El comité promotor de ‘Maternidad sin Riesgo’ estima que en México ocurren aproximadamente 4’200,000 embarazos por año, de los cuales solamente 60% llega a término de la gestación; los demás embarazos terminan con abortos espontáneos o abortos inducidos. Otras investigaciones afirman que durante 2006, en México, se realizaron 874 mil abortos inducidos …” (Fernández, e tal, 2012:78).

Como cifras de alto impacto, en este estudio se reportaron los egresos hospitalarios en el sector salud por aborto. (Fernández, e tal, 2012:80):

Cuadro tomado de (Fernández, e tal, 2012:80).

Por tanto, el asunto no puede ser calificado de un mal menor o tema que no se atiende y resuelve porque “genera polémica” como se ha dicho. La trasgresión al derecho para las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo arroja, dentro de todas las violencias, cifras tan escalofriantes como las que evidencian la pérdida de las vidas de las mujeres en México por feminicidio y por homicidio doloso. Una ausencia de legislación y de mirada asertiva en materia de interrupción legal del embarazo para perfilarse como una política pública a nivel nacional, sólo nos puede hablar de un gobierno que es omiso a las problemáticas de fondo por las cuales transitan las mujeres en el país, el Estado mexicano no se puede jactar de Estado de derecho, si el número de muertes de mujeres por abortos clandestinos, por homicidios dolosos y por feminicidios llegaran a ser equiparables.

Figura tomada de (Fernández, e tal, 2012:78).

La razón de muerte materna (RMM) sigue siendo una constante a nivel nacional. El caso de la Ciudad de México, sui generis, en el entendido de la aplicación de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), aprobada y puesta en marcha en 2007, no puede recibir amenazas de un revés. Es muy importante hacer la siguiente mención de otros estudios realizados hacia 2018 por Ciencias de la vida y bioética:

“…hemos encontrado que la mortalidad materna a nivel nacional por aborto ha disminuido, pero resulta interesante que en nuestro análisis de las cifras de muertes por aborto en la ciudad de México no ha tenido impacto alguno en la disminución de la mortalidad materna por aborto con la aplicación de la interrupción legal del embarazo. Lo que sí se ha presentado, es que con la despenalización del aborto en la ciudad de México se han reportado del 2007 hasta la fecha, un total de 202,698 abortos legales.” (ILE,2018), (Madrazo, e tal, 2018).

El dato además de revelador da certeza de una política pública local efectiva en términos de la atención a las mujeres y el respeto a su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Será pertinente valorar la política pública en la ciudad de México con el ánimo de que se aplique de manera adecuada, como mecanismo de atención a un problema público bien identificado y no como una medida anticonceptiva, que ocuparía otra disposición para su atención en materia de salud reproductiva; ya que, en esos términos, sería un acto retrogrado en el entendido de la responsabilidad pública y de salud que implica en todos los sentidos. Lo que de suyo obligaría a voltear a ver y ponderar lo que se está haciendo en términos de educación sexual para niñas, niños y adolescentes; asunto que también choca de frente con posturas conservadoras que hacen de una política pública de salud sexual integral, un tema tabú en pleno siglo XXI.

3. DEL PROYECTO DE NACIÓN DE MORENA AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, 2019-2024. ¿QUÉ HAY EN MATERIA PARA ESTABLECER LA PERSPECTIVA DE GÉNERO?

Durante la campaña 2018, el entonces candidato a la presidencia mostró su Proyecto de Nación con algunos aspectos en materia de “Equidad de Género”:

“Se ha buscado que este Proyecto de Nación considere en todas sus partes el principio de la equidad de género. La patria con justicia y democracia a la que aspiramos debe respetar, promover y garantizar los derechos de las mujeres con políticas públicas incluyentes que aseguren la equidad efectiva entre mujeres y hombres y que atiendan las intolerables expresiones de violencia, abuso y acoso a las que están expuestas las mujeres en todos los entornos sociales, en todas las regiones del territorio nacional, a todas horas del día. Aunque la seguridad de las mujeres y su igualdad de derechos con respecto a los hombres se encuentren enunciadas en la ley, es un hecho que enfrentan mayores grados de violencia y discriminación y que sus derechos son regularmente denegados en la práctica. Por ello, un proyecto incluyente como el nuestro se propone eliminar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, así como eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres en todos los ámbitos para avanzar en su autonomía física, económica y política, para asegurar su integridad física y emocional” (morena, 2018:8-9).

De inicio resultó muy preocupante que el Proyecto de Nación aludiera a la “Equidad de Género” y no a la Igualdad; ya que, después de lograda las condiciones de mejora significativa en materia de paridad de representantes en el Congreso Mexicano, en lo que menos se puede pensar es en un retroceso.

Las situaciones que al gobierno con apenas un año de asentamiento en el Palacio Nacional le generaron sacudidas, son, sin duda, las violaciones, los homicidios y feminicidios perpetrados contra las mujeres y niñas, los cuestionamientos sobre la interrupción legal del embarazo para todas las entidades federativas, y los retrocesos que se han dado en esta materia en estados como el de Nuevo León, que ya lo referimos, el desatino con las estancias infantiles, los refugios para mujeres víctimas de violencia, el hostigamiento y acoso sexual en todos los espacios, la discriminación laboral y la discriminación por razón de género, sumado al factor pobreza. Es muy alarmante que prácticamente durante el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de enero a octubre de 2019, se contabilizaron 3,142 mujeres asesinadas a lo largo y ancho del país, de acuerdo con las cifras que presentó el pasado 12 de diciembre la Geofísica y creadora del mapa de feminicidios de la República Mexicana, María Salguero. (Salguero, 2019). A esto, es importante destacar otro dato, el 30 de diciembre se da a conocer por el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, que:

“En México hay registro de más de 507 mil casos de violencia contra la mujer cometidos en 2019, y en más de nueve de cada diez hechos, el agresor es un familiar de la víctima … De acuerdo con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) de la Secretaría de Gobernación (SG), el promedio de edad de las mujeres víctimas es de 33 años, y de 36 años el de los agresores, quienes en su mayoría tienen estudios de secundaria” (La Jornada, 2019a).

La violencia que viven las mujeres es de carácter estructural y proviene de su entorno familiar. El instrumento que presenta el funcionario, conocido como Banavim, es una herramienta para la identificación de agresores y que permite, en lo inmediato, trazar políticas de atención, lo que no significa resolver el problema. Así el “… el Banavim, … es una herramienta que permite a las autoridades conocer el perfil de las víctimas y de los agresores, para delinear estrategias públicas a escala federal, estatal y municipal… Los agresores son 341 mil 726 hombres, 17 mil 356 mujeres y en 96 mil 366 casos no se tiene el dato del género del victimario”. (La Jornada, 2019a). Por tanto, el gobierno mexicano se encuentra en una alarmante y creciente crisis relacionada con la violencia que sufren las mujeres en los espacios tanto privados como públicos.

Si bien los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo tienen contemplado tres ejes generales de acción:

“… que permiten agrupar las problemáticas específicas cuya atención será prioritaria en los próximos seis años:

• Justicia y el Estado de derecho,

• Bienestar y

• Desarrollo económico.

Asimismo, contiene tres ejes transversales que se refieren a los problemas públicos comunes a los ejes generales y cuya atención será prioritaria en todas las políticas públicas de esta administración:

• Igualdad de género, no discriminación e inclusión,

• Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública y

• Territorio y desarrollo sostenible…”⁴ (SHCP, 2019).

Esto no es garantía de que se logre revertir la tendencia, resulta “esperanzador”, por decir lo menos, que se coloque la palabra “Igualdad” en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Ahora bien, en los hechos, por una parte, tenemos la reforma a los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad entre Géneros, de fecha 06 de junio del 2019, propiamente esta Ley de Paridad ampliada a todos los poderes del Estado, marca en el artículo 41 de la Constitución Política, lo siguiente: “…La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretaria del despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el mismo principio…” (DOF, 2019a:2). Efectivamente, el principio de paridad ya se concibe como un mandato normativo para toda la estructura de gobierno, incluyendo a la Suprema Corte. La propia reforma marca en el Artículo 94 constitucional que “La Suprema Corte se compondrá de once integrantes, Ministras y Ministros, funcionará en Pleno o en Salas…La ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género…” (DOF, 2019a:2). Y del mismo modo para cada Municipio, respetando también su condición de autonomía. En el Cuarto Transitorio se establece que: “Las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán realizar las reformas correspondientes en su legislación, para procurar la observancia del principio de paridad de género en los términos del artículo 41”. (DOF, 2019a:3).

Por otra parte, como una aspiración de gobierno, resulta significativo que se conserve el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género para el ejercicio fiscal 2020, emitido el pasado 24 de diciembre de 2019 y que encabeza INMUJERES para contribuir a la política nacional de igualdad entre mujeres y hombres (INMUJERES, 2019). Sin duda, éste tendrá que ser uno de los ejes rectores de la promoción a corto, mediano y largo plazo de una efectiva Perspectiva de Género democratizadora en todas las instancias públicas y privadas a nivel nacional, impulsado por el propio Plan Nacional de Desarrollo y con el propósito de defender el derecho a la igualdad sustantiva en todos sus rubros entre mujeres y hombres, así como rechazar toda forma de discriminación (DOF, 2019b:1).

Sumado a lo anterior, tenemos el recientemente publicado PROTOCOLO para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual para la Administración Pública Federal, presentado por la Secretaria de Gobernación, la Secretaría de la Función Pública y la Presidencia del INMUJERES el pasado 3 de enero, y que en sus trazos generales señala:

1. 1. “El presente protocolo tiene como propósito establecer las bases de actuación para la implementación uniforme, homogénea y efectiva de los procedimientos para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento sexual y acoso sexual en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF).
2. 2. Son objetivos del presente protocolo:

   • Establecer medidas específicas para prevenir conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual en las dependencias y entidades de la APF y promover una cultura institucional de igualdad de género y un clima laboral libre de violencia;

   • Definir mecanismos para orientar y, en su caso, brindar acompañamiento especializado, ante las autoridades competentes a la presunta víctima de hostigamiento sexual y acoso sexual, a fin de garantizar la no revictimización y el acceso a la justicia;

   • Señalar las vías e instancias competentes al interior de las dependencias y entidades de la APF, que pueden conocer y, en su caso, investigar o sancionar el hostigamiento sexual y acoso sexual;

   • Establecer las pautas de elaboración para que cada dependencia y entidad de la APF cuente con un registro de los casos de hostigamiento sexual y acoso sexual, a fin de permitir su análisis, facilitar su seguimiento, identificar patrones e implementar acciones que las inhiban y erradiquen, y

   • Contribuir a la erradicación de la impunidad que propicia la ocurrencia del hostigamiento sexual y acoso sexual en la APF…” (DOF, 2020:1,2).

Insistimos, los elementos normativos siguen siendo la piedra de toque para un claro y frontal ataque a las formas primigenias que han marcado las profundas desigualdades entre mujeres y hombres. Podríamos decir que la ley es incuestionable, el problema son las formas culturales arraigadas y vinculadas a esquemas de comportamiento patriarcal y su expresión en el machismo, acción que deriva en actos de violencia en todas sus dimensiones en contra de las mujeres, hasta el feminicidio, y que se exponen en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (Cámara de Diputados, 2007; 2018b:3) El problema, es la realidad extrema y las posibilidades que tiene la norma para cambiarla.

4. PATRIARCADO, CONDUCCIÓN DE GOBIERNO Y EXPECTATIVAS PARA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. A MANERA DE REFLEXIÓN ¿CABE LA IGUALDAD Y LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DE LA 4T?

Debemos señalar que ninguna Perspectiva de Género será plausible y posible si prevalecen prácticas patriarcales en la conducción del gobierno, de nada servirían condiciones claras de ventaja paritaria en el Congreso mexicano y en la conducción de las Secretarias de Estado, si las propias encargadas y encargados de los despachos del más alto nivel gubernamental se pliegan a los dictados de la mirada patriarcal. Quizá, a escaso un año de gobierno, ya es inminente marcar los límites a tendencias que emanan del Ejecutivo cuestionando derechos ganados para las mujeres, y que el propio feminismo, como movimiento, ha ganado en la discusión teórica y en la acción.

Sería muy costoso para el gobierno con mayor votación en la historia de México desestimar los derechos ganados por y para las mujeres; y a la vez sería un despropósito no poner atención a las situaciones de violencia extrema, feminicida, que se recrudece día a día. Aquí, no podemos dejar de lado a manera de seria y lamentable preocupación que, como problema público, nada más en el 2019 la violencia en México arrojó los siguientes datos funestos:

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN

INSTRUMENTO PARA EL REGISTRO, CLASIFICACIÓN Y REPORTE DE DELITOS Y LAS VÍCTIMAS CNSP/38/15

Víctimas de delitos del fuero común1/ Nacional, 2019

Elaborado con la información remitida por las Procuradurías y/o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas. Datos preliminares al 20 de enero de 2020, con corte al 31 de diciembre de 2019.1/ Se refiere al número de presuntas víctimas registradas en carpetas de investigación iniciadas.

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (2020), 20 de enero de 2020. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1KJuYxujjYP4KPYWbuxPRtrpVnu2inzMy/view

Las cifras son realmente escalofriantes en términos de datos duros, ya que hablamos de un total de 330,944 víctimas objeto de la violencia, y que se convirtieron en carpeta de investigación por la agresión recibida. Dentro de los homicidios dolosos se contabilizan 34,582 y de homicidio culposo, 17,420, para hacer un total de 52,002 homicidios perpetrados en 2019. Por separado, se contabilizan los feminicidios con un total de 1,006 casos.

Llama la atención que dentro de este cuadro se contabilice el aborto como un delito del fuero común, alusivo a las entidades federativas donde es considerado como tal, y así puesto, criminaliza a las mujeres, que, por alguna circunstancia, decidieron interrumpir su embarazo, asunto que nos remite al tema sobre las inminentes discusiones que deben darse en el ámbito legislativo en materia de salud sexual y reproductiva, asociada al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

El panorama y la aplicación efectiva de política pública para atender este flagelo a parecer distante. Es importante decir que la masculinidad está basada en condiciones estereotipada de género, sexo-genéricas, que establece posición de dominación de los hombres sobre las mujeres atado a un patrón cultura de género que ha hecho de estas condiciones, un perfil de supremacía de lo masculino sobre lo femenino y que se ha encarnado en formas típicas de ser, actuar y pensar dependiendo del rol asignado según sexo, mujer-hombre, y cultural femenino-masculino. Esta relación impone mandatos y el mandato de la masculinidad alude a formas exacerbadas del comportamiento violento que tienen y profieren los hombres en contra de las mujeres. El mandato de la masculinidad, como nos dice Rita Segato, antropóloga feminista que nos ayuda a comprender esta problemática, alude de fondo al problema “…hoy el hombre es una víctima también del mandato de masculinidad…” (Segato, 2019). De manera muy rápida tendremos que decir que: el montaje cultural de las formas de discriminación, desprecio y violencia hacia las mujeres está instalada como una máxima antropológica universalista. Esta primera afirmación se vuelve crucial cuando autoras como Sherry B. Orter (1979), nos plantea la universalidad de la subordinación femenina. Con esta perspectiva pan cultural de las condiciones que representa desde un punto de vista antropológico el sometimiento de las mujeres a patrones de comportamiento socialmente reconocidos, aceptados, practicados y reproducidos que se transmiten de forma generacional (Alejandre, 2017). Y donde el papel que tienen los hombres, en este concierto, es el ejercicio del poder, de un poder que en nota violenta ha derivado en los aspectos más trasgresores de la especie humana, es decir, el exterminio. Las formas que le ocupan a la violencia masculina llegan a grados de violencia cruenta, propias en su máxima expresión en la violación y su subsecuente escala, el feminicidio.

Esta violencia cruenta que se da en todos los espacios, público y privados, alude la misma Segato que se propagan y extienden entre los mismos hombres que deben sentirse en condición de pertenencia no sólo al género, denominado masculino, sino sentirse parte del mismo mandato y darle cumplimiento a ello. A decir de Segato:

“El estatus masculino, como lo demuestran en un tiempo filogenético (hijos) los rituales de iniciación de los hombres y las formas tradicionales de acceso a él, debe conquistarse por medio de pruebas y la superación de desafíos que, muchas veces, exigen incluso contemplar la posibilidad de la muerte. Como este estatus se adquiere, se conquista, existe el riesgo constante de perderlo y, por lo tanto, es preciso asegurarlo y restaurarlo diariamente. Si el lenguaje de la femeneidad es un lenguaje performativo, dramático, el de la masculinidad es un lenguaje violento de conquista y preservación activa de un valor…” (Segato, 2003:38).

En este sentido el mandato de la masculinidad tiene su expresión puesta en el machismo. La ideología del macho, siguiendo a nuestra autora, es: “Aquello que hace pensar al hombre que si él no puede demostrar su virilidad, no es persona. Está tan comprometida la humanidad del sujeto masculino por su virilidad, que no se ve pudiendo ser persona digna de respeto, si no tiene el atributo de algún tipo de potencia…” (Segato, 2019). La condición de potencia no sólo se remite a lo puramente sexual, se refiere a lo físico, a lo bélico, a la fuerza económica, política e intelectual, y a este mandato deben responder los hombres, por ello alude Segato, son víctimas del propio mandato que ocupan, ejecutan y reproducen para darle valor a la virilidad.

Es muy importante tener presente esta reflexión no sólo teórica, sino de efectos prácticos, ya que en la violencia que vivimos, dice Segato, las primeras víctimas son los hombres. Parece una contradicción, pero el mandato impone normas, que en la lógica simbólica de no alcanzarse las condiciones que dan muestra de virilidad y potencia, se revierte en violencia.

A decir de Segato:

“la primera víctima son los propios hombres, pero no lo saben porque no consiguen verse o colocarse como víctima, porque sería su muerte viril. Lo que llamo mandato de masculinidad, es el mandato de tener que demostrarse hombre y no poder hacerlo por no tener los medios… [las] potencias que les permite mostrarse viriles ante la sociedad lleva a la desesperación a los hombres, que son victimizados por ese mandato y por la situación de falta absoluta de poder y de autoridad a que los somete (por ejemplo) la golpiza económica que están sufriendo, una golpiza de no poder ser por no poder tener…” (Segato, 2019).

Por tanto, la potencia se ve restaurada en las acciones propias de la violencia contra las mujeres, sumariamos, y en el control de la vida de las mujeres de su entorno en todo lo que ello implica. De este modo, la violencia contra las mujeres no es un problema propio o que sólo le ocurra a las mujeres, sino de toda la sociedad. El problema se recrudece con la precariedad de la existencia que lleva también a la violencia, la pobreza en este sentido es un detonante de la radicalización de la violencia volcada contra las mujeres, las niñas, los niños y los propios hombres.

Siendo esto así, y teniendo presentes las evidencias de la profundización de la violencia que crece en nuestro país, entonces la igualdad y la erradicación de la violencia contra las mujeres parece no encontrar espacio en la 4T. Los resultados que arroja el Secretariado Ejecutivo dan elementos para afirmar que existen fallas en la estrategia de seguridad para combatir el crimen en todas sus dimensiones y en especial la violencia feminicida.

Por otra parte, si bien las condiciones de paridad están establecidas normativamente para ocupar los espacios gubernamentales, esperemos que no sean espacios a modo, acotados o restringidos, se requiere que la efectiva Perspectiva de Género permita:

“…hacer evidente la real desigualdad entre las mujeres y los hombres, al plantear la vigencia y vitalidad de la dominación y la opresión, y además la evidencia de múltiples maneras de su desestructuración en la vida de las mujeres y en el mundo, conduce a descubrir lo negado o a chocar con quienes están en la dominación. Lleva también a desmontar las bases de la concepción del mundo mágica y mítica y al abandono de creencias acendradas, antiguas y sólidas de las personas de los grupos sociales. Conduce igualmente a invalidar la concepción binaria del mundo y la lógica formal, …” (Lagarde, 2018:37-38).

Esto esperaríamos de una efectiva Perspectiva de Género desde el actuar democrático gubernamental para la sociedad y con una seria responsabilidad institucional, tanto del presidente, como de las mujeres y hombres que están posicionados en los espacios tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo y Judicial, conduciendo los destinos de la nación. Si el mayor valor de la democracia es la justicia, apelativo propio de los Derechos Humanos, asentados en el artículo Primero de la Constitucional Federal, supondríamos que su manifestación, por sí misma, garantizaría mejores condiciones para las mujeres en un lugar donde la constante, ha sido la indiferencia.

BIBLIOGRAFÍA

Alejandre, Gloria Luz (2018) “Género y buen gobierno. Claves de una Administración Pública comprometida con la participación integral de las mujeres en ejercicio del servicio público”, en revista Buen Gobierno No. 24, México, enero-junio, pp. 86-106. Disponible en: http://revistabuengobierno.org/home/wpcontent/uploads/2018/06/BG_24_4.pdf

Alejandre, Gloria Luz (2017) “La efectividad del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra la subordinación, exclusión y violencia de género. Alcances y retos gubernamentales. En Pérez Correa, Fernando y Alejandre Ramírez, Gloria Luz. Revista de Administración Pública No. 142, Volumen LII, No. 1 (enero-abril) Administración Pública: Mujer y Trabajo, avance hacia la consolidación de la igualdad de género. Una aspiración y un compromiso. Ed. INAP, México, Pp. 99-129. Disponible en: www.inap.mx/portal/images/pdf/rap142.pdf

Amnistía Internacional (2019a) (https://noticaribe.com.mx/2019/04/11/alerta-ai-se-cometen-hasta-diez-feminicidios-al-dia-en-mexico-lanzan-campana-juntas-hasta-la-vida/?fbclid=IwAR20oiJ4fIiXAiHdt3IDN1emIkLApX2tuOPJTVHNWsJk3qifII3eHvR0G6w

Amnistía Internacional (2019b) http://vivanlasmujeres.org.mx/#Ancla

Amorós, Celia y De Miguel, Ana (2010). Teoría feminista: De la ilustración a la globalización. De la Ilustración al Segundo Sexo. Volumen 1. 2da. Ed. Minerva Ediciones, Madrid, España.

Amorós, Celia (1985) Hacia una crítica de la razón patriarcal. Anthropos. Barcelona, España.

Animal Político (2019) “La marea verde gana en Oaxaca: Congreso local aprueba despenalizar el aborto” 25/09/19. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2019/09/congreso-oaxaca-aprueba-despenalizar-aborto/

Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión (2019) Álbum de integración de Comisiones 2018-2021. Primer año de ejercicio constitucional, 11 de abril de 2019. Disponible en: http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/album_comisiones_tc.pdf

Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión (2018a) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Últimas Reformas DOF 30-11-2018. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_301118.pdf

Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión (2018b) Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Última reforma publicada DOF 13-04-2018. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130418.pdf

Comisión Nacional de Derechos Humanos (2017) Estudio sobre la igualdad entre mujeres y hombres en materia de puestos y salarios en la Administración Pública Federal 2017. Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres. CNDH, Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU. Méxi­co. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/si­tes/all/doc//Informes/Especiales/Estudio-igualdad-20180206.pdf

CNDH/CEDAW (2018) Principales preocupaciones sobre la situación de las mujeres que presenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante el Comité de la CEDAW derivadas del Noveno Informe Periódico de México (70º Periodo de Sesiones, del 2 al 20 de julio del 2018). Ed. CNDH, México. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe-CEDAW-2018.pdf

Congreso del Estado de Nuevo León, Septuagésima Legislatura (2019) “APRUEBAN INCLUIR LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN LA LEY ESTATAL DE SALUD”. Monterrey, 15 de Octubre 2019. Disponible en: http://www.hcnl.gob.mx/sala_de_prensa/2019/10/aprueban_incluir_la_objecion_de_conciencia_en_la_ley_estatal_de_salud.php

Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU (2019) Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. 41er. período de sesiones del 24 de junio a 12 de julio de 2019. Publicado el 29 de junio de 2019. A/hrc/41/42. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/Issues/Women/SRWomen/Pages/AnnualReports.aspx https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/317/42/PDF/G1931742.pdf?OpenElement

Crónica (2019) “Red Nacional de Refugios ayuda a mujeres víctimas de violencia” (02/04/2019). Disponible en: http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1115082.html?fbclid=IwAR2eA7iwr8JLGKvjCJFimRP6kmqGFr8XgeYcNPpMI9ERLnhnhkcbQKhhn8s

Diario Oficial de la Federación (2019a) “DECRETO por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad entre Géneros”. 06/06/19. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5562178&fecha=06/06/2019&print=true

Diario Oficial de la Federación (2019b) “ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género para el ejercicio fiscal 2020”. 24/12/19. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/519746/DOF_-_Diario_Oficial_de_la_Federaci_n.PDF

Diario Oficial de la Federación (2020) “PROTOCOLO para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual”. 03/01/20. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583420&fecha=03/01/2020

Expansión Política (2019) “Lilly Téllez presentará una iniciativa para ‘castigar’ el aborto”. 08/03/19. Disponible en: https://politica.expansion.mx/congreso/2019/03/08/lilly-tellez-presentara-una-iniciativa-para-castigar-el-aborto

Fernández Cantón, Sonia; Gutiérrez Trujillo, G. y Viguri Uribe, R. (2012) “Estadísticas Vitales. La mortalidad materna y el aborto en México”, Boletín Médico del Hospital Infantil de México, Vol. 69, Enero-Febrero, México pp. 77-80. Disponible en: http://www.espolea.org/uploads/8/7/2/7/8727772/mortalidad_materna_y_el_aborto_en_mxico.pdf

INMUJERES (2019) “Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género”, México. https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/fortalecimiento-a-la-transversalidad-de-la-perspectiva-de-genero

INEGI (2015) https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/

Jefatura de Gobierno de la CDMX (2019) “Presenta Gobierno de la Ciudad de México Plan de Acciones Inmediatas para Atender la Violencia Contra las Mujeres”(28/08/2019) https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-plan-de-acciones-inmediatas-para-atender-la-violencia-contra-las-mujeres

Jiménez, Eugenia (2018) “Gobierno Federal relega a mujeres…y les paga menos”. 06/02/18. Sección POLÍTICA, MILENIO.COM, México. Disponible en: http://www.milenio.com/politi­ca/administracion-publica-equidad-mujeres-cndh-salarios-secretarias_de_esta­do_0_1117088687.html

Lagarde, Marcela (2018) Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia. México, siglo XXI, editores, 269 pp.

La Jornada (2019a) “En 2019, 507 mil casos de violencia contra mujeres”, 30/12/19. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2019/12/30/en-2019-507-mil-casos-de-violencia-contra-mujeres-4480.html

La Jornada, (2019b) “Congreso de Nuevo León aprueba penalización del aborto”, 06/03/19. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2019/03/06/mujeres-que-aborten-iran-a-la-carcel-en-nuevo-leon-6386.html

Madrazo Cabo, José Manuel; Hernández Sánchez, Edith Jocelyn y León Durán, Grecia Ana (2018) “Ciencias de la vida y Bioética. Mortalidad materna en México y la despenalización del aborto en la Ciudad de México”, UPRESS, UAPEP, 26 de noviembre de 2018, Ciudad de México.

Disponible en: https://upress.mx/index.php/opinion/editoriales/ciencias-de-la-vida-y-bioetica/3873-mortalidad-materna-en-mexico-y-la-despenalizacion-del-aborto-en-la-ciudad-de-mexico

Movimiento de Regeneración Nacional (morena) (2018) Proyecto de Nación 2018-2024. Disponible en: http://morenabc.org/wp-content/uploads/2017/11/Plan-de-Nacion-de-Morena.pdf

Pérez Correa, Fernando y Alejandre, Gloria Luz (Coordinadores) (2018) Perspectivas sobre las mujeres en México: historia, administración pública y participación política. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. UNAM/La Biblioteca, México.

Ramírez, Gloria (2018) “Mujeres, derechos humanos y política desde una perspectiva feminista”. En Pérez Correa, Fernando y Alejandre, Gloria Luz (Coordinadores) (2018) Perspectivas sobre las mujeres en México: historia, administración pública y participación política. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. UNAM/La Biblioteca, México.

Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (2020) 20 de enero de 2020. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1KJuYxujjYP4KPYWbuxPRtrpVnu2inzMy/view

Seyla Benhabid y D. Cornell (eds.) (1990) Teoría feminista y teoría crítica. Edicions Alfons el Magnánim, Institució Valencia D’Estudis I Investigación, Generalitat Valenciana, Valencia, España.

Segato, Rita (2019) “El mandato de la masculinidad. Por qué la masculinidad se transforma en violencia”. 14 de agosto de 2020. Entrevista de Josefina Edelstein con Rita Segato, reconocida antropóloga y feminista, referente internacional en el estudio del machismo y de los violadores. Disponible en: https://www.lahaine.org/mundo.php/segato-por-que-la-masculinidad

Segato, Rita (2003) Las estructuras elementales de la violencia. Ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos. Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, Argentina.

SHCP (2019) “Comunicado No. 021, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”. Disponible en: https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-021-plan-nacional-de-desarrollo-2019-2024

Senado de la República (2019) LXIV Legislatura, Primer Año de Ejercicio. Disponible en: http://www.senado.gob.mx/64/

Salguero, María (2019) “En México son asesinadas 10 mujeres al día”. W Radio (16/12/2019) http://wradio.com.mx/programa/2019/12/16/asi_las_cosas_con_carlos_loret_de_mola/1576533522_098897.html?fbclid=IwAR0RuEgNbYm1Cd2cfong6chV5isPpENCSPqf1YZ-nz44_4OY29_TiNPGw2s

ONU Mujeres México (2018) México ante la CEDAW. Fondo de Población de las Naciones Unidas en México. Disponible en: http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2019/04/MEXICO-ANTE-LA-CEDAW-2018-web.pdf

Orter, Sherry (1979) “Es la mujer con respecto al hombre lo que la naturaleza con respecto a la cultura” En Olivia Harris y Kate Young (Compilados y prologados). Antropología y feminismos. Barcelona Anagrama. Barcelona, pp.109-131.

Notas

Notas de autor

Información adicional

Cómo citar: Política pública e intervención con Perspectiva de Género en la agenda de la Cuarta Transformación. Expectativas, hechos y realidades ante la violencia contra las mujeres” e-ISSN:2683-1643 Revista Buen Gobierno 28. Enero –Junio 2020 Fundación Mexicana de Estudios Políticos y Administrativos A.C. México